El Instituto Crecer, hace años cuenta con un gran equipo de trabajo, que a cargo de su directora, Miriam Troncozo, apuesta a brindar herramientas para el acceso al mercado del trabajo.
Dichas capacitaciones, están destinadas a personas en situación de vulnerabilidad y son de vital importancia para quienes quieran y necesiten insertarse en el mundo laboral.
Las egresadas, en su gran mayoría, accedieron gracias al convenio firmado entre el Área de mujer y diversidad y el Instituto, donde se acordaron becas al 50% y al 100%.
En el acto, además de familiares y amigos, estuvieron presentes, la Legisladora Provincial, Marcela Ávila, la Secretaria de Desarrollo Social, Luisa Ibarra, y la Responsable del Área Mujer y Diversidad, Fabyola Parra.
En la Casa Rosada crece la bronca con Federico Sturzenegger porque complicó los complejos acuerdos políticos para sacar la reforma laboral, con los artículos que introdujo para que las licencias por enfermedad se paguen a la mitad y los sueldos puedan liquidarse vía Mercado Pago, en lo que todo indica fue un pedido directo de Marcos Galperin.
«El artículo de las licencias lo metió Sturzenegger, pero nadie se anima a decirlo en voz alta por su relación con Milei», afirmó a LPO un senador libertario.
El ministro Derregulador, definido por Milei como «El Coloso», es una máquina de sumar escándalos y polémicas que ya no resultan divertidas en la Mesa Política del gobierno libertario. «Además de complicar las leyes con artículos de último minuto, ahora no para de hundirnos con escándalos de presunta corrupción como el de su esposa o el de su segundo Lucas Llach», reconoció a LPO un funcionario del ala política.
Llach fue procesado y embargado por el mega desfalco del crédito Vicentín que dejó al Banco Nación una deuda incobrable de 250 millones de dólares. Ese escándalo que viene de la gestión macrista le impidió a este economista asumir un cargo formal en el equipo de Sturzeneggr, pero en todas las reunione se presenta y funciona como se segundo, comentó a LPO un funcionario que interactúa con él. «Sturzenegger incluso quiso volver a meterlo en el Banco Nación», agregó otro de los funcionarios consultados.
La fijación de Sturzenegger con algunos negocios también empezó a despertar suspicacias en la Casa Rosada. A su persistente lobby en favor del dueño de Mercado Libre, Marcos Galperín y el dueño de Uala, Pierpaolo Barbieri, se suma la pelea por la vacuna de aftosa, que monopoliza Hugo Sigman.
Además de complicar las leyes con artículos de último minuto, ahora no para de hundirnos con escándalos de presunta corrupción como el de su esposa o el de su segundo Lucas Llach.
Detrás de su relato desrregulador, Sturzenegger viene presionando fuerte para el gobierno permita el ingreso de la vacuna contra la aftosa del laboratorio brasileño Tecnovax. Una fijación notable del ministro que lo llevó a dar una durísima batalla contra el Senasa, que bloqueó cuatro veces su ingreso. Se trata de una pelea d epesos pesados. Sigman y su socio Sielecki fueron los principales aportantes de la campaña presdiencial de Milei.
Los integrantes de la Mesa Política, Bullrich, Santilli, Santiago Caputo y Lule Menem.
La bronca contra el ministro desrregulador escaló en los feriados de carnaval cuando trascendió que el canciller Pablo Quirno contrató de manera directa a su esposa, María Josefin Roulliet, por 115 millones de pesos para que de cursos de inglés al personal diplomático, que se supone debería hablara. la perfección ese idioma.
Ante el escándalo, Quirno quiso mitigar el daño y agrandó el problema, al postear: «no hay absolutamente ninguna irregularidad sino todo lo contrario». Luego de ese desafortunado tuit dispuso que se active «el procedimiento de integridad previsto con la intervención de la Oficina Anticorrupción y la SIGEN».
Pero más allá de lo que terminen dictaminando esos organismos colonizados por los libertarios, la contratación de Roulliet golpea al gobierno en el centro de su narrativa contra la casta, aún si no termina siendo objeto de un reproche penal o administrativo.
Sturzenegger dispuso además que el gobierno le alquile cuatro pisos y 24 cocheras en un edificio de Diagonal Norte, por un monto total de 720 millones, cuando el gobierno se la pasa cuestionando los gastos inútiles.
Así las cosas, al desastre de las licencias, que está forzando al gobierno a encarar trabajosas negociaciones contra reloj en Diputados, se suma el artículo Galperín, que habilitaba a las billeteras virtuales a convertirse en proveedoras de cuentas sueldo para el pago de salarios, lo que abrió una pelea con el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, porque le quita a los bancos fondos para otorgar créditos, una de las pocas palancas para reactivas.
Ese fragmento fue barrido del proyecto antes de la media sanción del Senado por orden de Luis «Toto» Caputo, pero le permitió al PRO levantar la bandera del libre mercado en defensa de Galperin y mortificar a Milei. «Sturzenegger nos enquilombó la reforma», se quejan en la Casa Rosada.
La localidad cordobesa de Marcos Juárez, entró en un serio conflicto a raíz de la crisis económica que envuelve a la fábrica de maquinaria agrícola Metalfor. Este viernes los trabajadores de las plantas de Marcos Juárez y Noetinger decidieron parar porque no se les terminó de abonar la primera quincena de febrero, como así tampoco tuvieron completo el pago de la segunda.
Situación que preocupa al sudeste cordobés, pero esencialmente a la ciudad de Marcos Juárez que este año tiene la elección municipal y donde la intendenta Sara Majorel, de origen en el PRO, y actualmente en las filas libertarias, se juega la reelección.
El contexto en cuanto a la masa salarial es muy similar al que LPO contó la semana pasada de Pauny, la cooperativa que fabrica tractores en Las Varillas, también en el interior cordobés. Con una notoria salvedad: casi en simultáneo con el comienzo de la crisis, que incluye cheques rechazados por cientos de millones de pesos como reveló este medio, Metalfor anunció un crédito internacional de 50 millones de dólares de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos.
Por fuera de ello, las similitudes. En Pauny son 500 empleados, pero si se contempla los puestos indirectos están alrededor de las 800 fuentes de trabajo. Mientras que en Metalfor, entre las dos plantas mencionadas, suman alrededor de 600 trabajadores.
La crisis de Metalfor preocupa especialmente a la ciudad de Marcos Juárez que este año tiene la elección municipal y donde la intendenta Sara Majorel, de origen en el PRO, y actualmente en las filas libertarias, se juega la reelección.
La cuenca productiva del sudeste cordobés acompañó en diferentes ocasiones al PJ cordobesista; sin embargo, en cada parada electoral nacional votó las opciones en contra del peronismo: primero con Cambiemos y en 2023 con Javier Milei. Por lo que, de igual manera que ocurrió en 2023 con Las Varillas, dentro del departamento San Justo, en el departamento Marcos Juárez, Milei también arrasó en la segunda vuelta frente a Sergio Massa y se quedó con el 75% de los sufragios del balotaje.
Y no sólo esto. El año pasado, en las Legislativas, la lista libertaria con Gonzalo Roca a la cabeza y apadrinada por Gabriel Bornoroni le sacó 20 puntos al armado de Provincias Unidas que lideró el exgobernador Juan Schiaretti.
Por lo que, con este escenario la intendenta exlarretista Majorel pasó primero al esquema de Patricia Bullrich, y desde esa puerta desembarcó en La Libertad Avanza. Sello con el que, probablemente busque su reelección entre los dos alfiles que tiene el cordobesismo: la schiarettista Verónica Crescenti, excandidata y derrotada en 2022; y el hombre del PRO, actual funcionario llaryorista, el exintendente Pedro Dellarossa.
Con lo cual, el impacto de la crisis en la industria metalmecánica puede incidir en el voto agro en el único test electoral cordobés del 2026. «Si esto no mejora después de ExpoAgro se complica», reconoció un intendente de la zona tras la charla con un empresario del campo.
El Gobierno confirmó que insistirá en modificar el régimen de licencias por enfermedad durante las sesiones ordinarias. Qué busca cambiar, qué impacto tendría sobre los trabajadores y por qué el tema vuelve a tensar la relación con la CGT y la oposición.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
El oficialismo confirmó que volverá a impulsar cambios en el régimen de licencias por enfermedad durante las próximas sesiones ordinarias del Congreso de la Nación Argentina. Tras haber retirado el polémico artículo 44 de la reforma laboral ante la presión política y sindical, ahora el espacio de La Libertad Avanza anticipa que no abandona el objetivo de modificar el esquema vigente.
La señal la dio el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, quien sostuvo que el tema deberá debatirse en una ley específica. En otras palabras: el Gobierno perdió esa batalla en Diputados, pero no la guerra legislativa.
Qué quiere cambiar el oficialismo en las licencias médicas
El artículo eliminado planteaba una reducción en el salario durante el período de licencia por enfermedad o accidente. Actualmente, la Ley de Contrato de Trabajo garantiza que el trabajador cobre el 100% de su remuneración durante el período establecido por antigüedad.
Desde el entorno de Milei argumentan que el sistema actual genera “abusos”, fomenta certificados médicos irregulares y aumenta el costo laboral para las empresas. Bajo ese diagnóstico, el oficialismo busca introducir un esquema que —según su visión— “corrija distorsiones”.
Pero el punto central es otro: no se trata solo de combatir fraudes, sino de redefinir el equilibrio entre protección del trabajador y reducción de costos empresariales. Y ahí es donde aparece la tensión estructural.
Para el Gobierno, modificar las licencias médicas es parte de su programa de “modernización laboral”. Para amplios sectores sindicales, es un intento de recortar derechos históricos en nombre del ajuste fiscal y la competitividad.
El conflicto político que se abre en sesiones ordinarias
La eliminación del artículo 44 no fue técnica: fue política. La presión de bloques opositores y la advertencia de la Confederación General del Trabajo obligaron a retroceder. Reabrir el debate implica volver a encender ese conflicto.
El oficialismo apuesta a que, con el clima legislativo más ordenado en sesiones ordinarias, pueda construir mayorías parciales o negociar una redacción menos frontal. Sin embargo, el costo político no es menor: tocar las licencias por enfermedad impacta directamente en el bolsillo y la seguridad económica de millones de trabajadores formales.
Además, en un contexto de caída del consumo, salarios deteriorados y ajuste en el sector público, cualquier iniciativa que afecte ingresos durante períodos de enfermedad puede leerse como un nuevo endurecimiento del programa económico.
No es casual que el Gobierno haya optado por fragmentar el debate. Al retirar el artículo de la reforma laboral general, evita que el rechazo a las licencias contamine otras reformas. Pero al anunciar que insistirá, deja claro que forma parte de su núcleo ideológico.
Qué está realmente en juego
Más allá del tecnicismo legislativo, la discusión es profunda. Se debate:
El rol del Estado en la protección ante la enfermedad.
El equilibrio entre productividad y derechos laborales.
El modelo de relaciones laborales que quiere consolidarse en Argentina.
Si prosperara una modificación que reduzca ingresos durante licencias médicas, el impacto no sería homogéneo. Golpearía con más fuerza a trabajadores con enfermedades crónicas, patologías prolongadas o menor estabilidad laboral.
Para el oficialismo, el argumento es fiscal y empresarial. Para los sindicatos y la oposición, el eje es social y constitucional. La disputa no es administrativa: es sobre el modelo de país.
Las sesiones ordinarias del Congreso serán el escenario donde esta tensión vuelva a expresarse. Y el resultado marcará hasta dónde puede avanzar el Gobierno en su agenda laboral sin romper equilibrios políticos más amplios.
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