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Con mucha emoción, más de 80 estudiantes recibieron sus diplomas.

El Instituto Crecer, hace años cuenta con un gran equipo de trabajo, que a cargo de su directora, Miriam Troncozo, apuesta a brindar herramientas para el acceso al mercado del trabajo.

Dichas capacitaciones, están destinadas a personas en situación de vulnerabilidad y son de vital importancia para quienes quieran y necesiten insertarse en el mundo laboral.

Las egresadas, en su gran mayoría, accedieron gracias al convenio firmado entre el Área de mujer y diversidad y el Instituto, donde se acordaron becas al 50% y al 100%.

En el acto, además de familiares y amigos, estuvieron presentes, la Legisladora Provincial, Marcela Ávila, la Secretaria de Desarrollo Social, Luisa Ibarra, y la Responsable del Área Mujer y Diversidad, Fabyola Parra.

Felicitaciones egresadas/os.

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    Revocan los procesamientos por el escrache a la casa de Espert y la Cámara expone a la jueza Arroyo Salgado

     

    La Cámara Federal de San Martín dejó sin efecto los procesamientos contra tres militantes acusados por el escrache a la casa de José Luis Espert y dictó la falta de mérito. El fallo cuestiona con dureza a la jueza Sandra Arroyo Salgado y desarma una causa que había sido presentada como un caso de gravedad institucional.

    Por Ramiro C. Ferrante para NLI

    La Cámara Federal de San Martín resolvió revocar los procesamientos dictados contra Eva Mieri, Alexia Abaigar e Iván Díaz Bianchi, los tres militantes acusados por el escrache realizado en 2025 frente al domicilio de José Luis Espert. En su lugar, los jueces dictaron la falta de mérito, lo que implica que, hasta el momento, no hay pruebas suficientes para sostener las acusaciones penales.

    La decisión judicial representa un giro significativo en una causa que había sido inflada mediática y políticamente, y que había derivado incluso en detenciones con fuerte impacto público. Según surge del fallo, las imputaciones no lograron ser acreditadas y los hechos no encuadran en los delitos graves que se pretendían aplicar.

    Un fallo que desarma la hipótesis de “sedición”

    Los camaristas Néstor Barral y Alberto Lugones fueron contundentes: no existió una organización destinada a imponer ideas por la fuerza, ni se configuraron los delitos de atentado al orden público o incitación al odio que había impulsado el juzgado de primera instancia.

    En ese sentido, el fallo advierte que las acciones dirigidas contra Espert no alcanzan para poner en riesgo la estabilidad institucional ni la tranquilidad social, desmontando así el argumento central de la acusación.

    Tampoco se probó la existencia de una asociación ilícita ni la intención de generar violencia política organizada, elementos que habían sido utilizados para justificar imputaciones de extrema gravedad.

    Duras críticas a Arroyo Salgado

    Uno de los puntos más relevantes de la resolución es el fuerte cuestionamiento a la actuación de la jueza Sandra Arroyo Salgado, a quien la Cámara le reprochó haber excedido el objeto procesal y avanzar con interpretaciones forzadas.

    Los jueces señalaron que la magistrada amplió indebidamente el alcance de la investigación y utilizó figuras penales desproporcionadas para los hechos analizados.

    Además, el fallo deja entrever críticas al tratamiento mediático inicial del caso, que acompañó la construcción de una narrativa judicial de alto impacto antes de contar con pruebas sólidas.

    El origen del caso: un escrache político

    El episodio ocurrió en junio de 2025, cuando un grupo de manifestantes realizó un escrache frente a la vivienda de Espert, colocando un pasacalle, panfletos y arrojando excremento en la vereda.

    El hecho se produjo pocos días después de que el propio dirigente libertario realizara declaraciones insultantes contra Florencia Kirchner en un ámbito público, lo que generó repudio inmediato.

    Desde el inicio, la defensa de los acusados sostuvo que se trataba de una acción política simbólica, sin violencia ni afectación de bienes, y que su criminalización implicaba un avance sobre el derecho a la protesta.

    De “terrorismo” a falta de mérito

    La causa había escalado rápidamente con acusaciones que incluían delitos como atentado contra el orden público, amenazas agravadas e incitación al odio, figuras que incluso suelen aplicarse en contextos de extrema gravedad institucional.

    Sin embargo, la Cámara desmontó esa construcción: no hubo pruebas de que los hechos encuadraran en esos tipos penales, ni de que existiera un peligro real derivado de la protesta.

    El contraste entre la imputación original y la resolución final expone una dinámica cada vez más frecuente en el actual contexto político: la utilización del aparato judicial para disciplinar la protesta social y luego su desarticulación en instancias superiores.

    Un mensaje político-judicial

    Más allá de la situación procesal de los imputados, el fallo deja un mensaje claro: no todo conflicto político puede ser traducido en delito penal, y menos aún mediante interpretaciones expansivas que vulneren garantías básicas.

    En un clima atravesado por la polarización y la persecución selectiva, la resolución de la Cámara Federal de San Martín funciona como un límite —al menos parcial— a los intentos de judicializar la militancia.

    La causa seguirá abierta, pero con un dato central ya establecido: las acusaciones que pretendían convertir un escrache en un caso de gravedad institucional no pudieron sostenerse ante el mínimo rigor jurídico.

     

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  • Bullrich le da más lugares a los aliados y arrincona al peronismo en la Bicameral de Inteligencia

     

    Patricia Bullrich intenta despojar a José Mayans de los lugares que le corresponden al peronismo en la Bicameral de Inteligencia, repartiendo esas sillas entre los aliados del gobierno. La maniobra de la jefa de bloque libertario demora la conformación de la comisión, que debe integrarse con siete senadores y siete diputados.

    La parálisis cobra importancia porque Victoria Villarruel firmó este miércoles el decreto con la formalización de casi todas las comisiones bicamerales, menos la que controla los organismos de inteligencia. La táctica de Bullrich, en consecuencia, sirve para dilatar los tiempos. «La resolución de Villarruel se esperaba para el viernes pasado pero terminó saliendo hoy, está todo trabado», comentaron a LPO.

    Acaso la más interesada para que los plazos se sigan estirando sea, precisamente, Karina Milei, que pretende al frente de esa comisión a Sebastián Pareja, uno de sus laderos. LPO informó que la hermana presidencial iba por todo en la interna contra Santiago Caputo y el control de la SIDE no era ajeno a sus objetivos estratégicos pero, en medio del empate nuclear entre el asesor y la secretaria general de la Presidencia, la neutralización de la Bicameral podría ser un atajo conveniente.

    Fuentes parlamentarias dijeron a LPO que Bullrich terminó ofreciéndole espacios allí al misionero Martín Göerling Lara en representación del PRO, Maximiliano Abad por la UCR, la chubutense Edith Terenzi y los libertarios Agustín Coto y Ezequiel Atauche. O sea, sólo quedarían dos vacantes y el peronismo tuvo hasta el año pasado tres legisladores: Oscar Parrilli, Wado De Pedro y Florencia López.

    Bullrich en crisis por el golpe de poder de Karina, teme que le saquen la jefatura de bloque

    En rigor, el interbloque de Mayans, el puntano Fernando Salino y el santiagueño Gerardo Zamora tiene 25 miembros, mientras que LLA acredita 21. Pero una senadora comentó que Patricia necesita incorporar a un karinista puro, razón por la cual todas las miradas se posan en Nadia Márquez, y al mismo tiempo pretende contener a la peronista Carolina Moisés, que terminó de irse del armado del formoseño en febrero y coronó como vicepresidenta del Senado.

    Desde el entorno de la senadora jujeña contestaron que su lugar es parte de una negociación todavía inconclusa. En cualquier caso, el ingreso suyo o el de Márquez dejaría al kirchnerismo con un solo integrante, algo que vulnera la proporcionalidad de la composición de la comisión en base a la representatividad de cada bloque.

    Nadia Márquez y Enzo Fullone.

    Como sea, el peronismo del Senado esperaba meter allí a De Pedro y López. Pero tienen que doblegar a Bullrich, un objetivo que ni siquiera intentaron en la conformación de las comisiones que se pusieron en funcionamiento para el tratamiento de la reforma laboral. Bajo el furor por la distopía, el PJ optó por evaluar la judicialización del reparto parlamentario que hizo Bullrich.

    Por otra parte, tampoco avanzó más rápido Martín Menem en la Cámara Baja. «Tenemos muchos diputados de viaje», se excusó una fuente libertaria por la excursión de más de 20 legisladores a Estados Unidos con la RAP y los gerentes de empresas mineras y laboratorios.

    Recién este miércoles el oficialismo avisó que estaría dispuesto a cederle una silla a Cristian Ritondo por el PRO y repartirse las seis restantes en partes iguales con el kirchnerismo.

    Patricia necesita incorporar a un karinista puro, razón por la cual todas las miradas se posan en Nadia Márquez, y al mismo tiempo pretende contener a la peronista Carolina Moisés, que terminó de irse del armado de Mayans en febrero y coronó como vicepresidenta del Senado.

    El peronista Germán Martínez, dicen en la bancada de UP, le reclama al riojano precisiones sobre la integración desde el verano pero no habría obtenido ninguna respuesta. Se rumorea que los candidatos justicialistas a ocupar dos de los siete lugares serían Rodolfo Tailhade y Agustín Rossi.

    Gabriel Bornoroni, que está entre los favoritos para sumarse a la comisión, lidera un bloque de 95 y los de UP llegan a 93. Los peronistas del interior, además, ya le habrían hecho saber a Martínez que quieren uno de los suyos en la bicameral.

     

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