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Con mucha emoción, más de 80 estudiantes recibieron sus diplomas.

El Instituto Crecer, hace años cuenta con un gran equipo de trabajo, que a cargo de su directora, Miriam Troncozo, apuesta a brindar herramientas para el acceso al mercado del trabajo.

Dichas capacitaciones, están destinadas a personas en situación de vulnerabilidad y son de vital importancia para quienes quieran y necesiten insertarse en el mundo laboral.

Las egresadas, en su gran mayoría, accedieron gracias al convenio firmado entre el Área de mujer y diversidad y el Instituto, donde se acordaron becas al 50% y al 100%.

En el acto, además de familiares y amigos, estuvieron presentes, la Legisladora Provincial, Marcela Ávila, la Secretaria de Desarrollo Social, Luisa Ibarra, y la Responsable del Área Mujer y Diversidad, Fabyola Parra.

Felicitaciones egresadas/os.

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    Cramaco es, en realidad, DBT, ya que tras un cambio de dueños en 1999, adoptó su nombre actual en referencia a los apellidos Druetta, Bearzotti y Talano. En 2003 se asoció con la multinacional española Himoinsa, consolidándose como líder del mercado local, con una participación del 85%, y exportaciones a América, Europa y Asia.

    El martes la empresa anunció el despido de 35 trabajadores, lo que representa cerca del 90% de su grilla de empleados. Fuentes gremiales explicaron que la lista de despedidos incluye a personas con décadas de dedicación, incluyendo personal con 40, 37 y 28 años de antigüedad. La empresa se comprometió a pagar indemnizaciones.

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    En la planta santafecina se fabricaban íntegramente los alternadores, que ahora, se estima, pasarán a importarse. La reducción es un nuevo golpe para Sastre, una ciudad de alrededor de 6.000 habitantes donde la planta de DBT era uno de los principales motores económicos.

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    No es la primera vez que la empresa recorta personal. A fines de septiembre del año pasado ya había despedido a 16 trabajadores por la caída en las ventas y la paralización de la actividad. En aquel momento, los empresarios advirtieron que la apertura de importaciones ponía en riesgo la producción local.

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    «Ahora se venderá la importación; no se va a producir más nada acá», confirmó un allegado a la empresa. Agregó que «la firma no cerrará, sino que operará como un depósito y centro de ensamblaje. Solo quedarían dos o tres empleados de logística, que son los que bajan las cosas que vienen de China, las limpian y se las cargan al camión», destacó.

     

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    Publican DNU que abre la puerta a un apagón de soberanía energética: Milei habilita la liquidación del FONDESGAS

     

    En silencio y bajo el paraguas del DNU 849/2025, Milei entregó al Ministerio de Economía un poder inédito: modificar, transformar o directamente liquidar el FONDESGAS, el fondo fiduciario que financia las obras estratégicas del gasoducto argentino. La medida, camuflada entre planillas presupuestarias, puede paralizar proyectos claves, favorecer negocios privados y dejar a provincias enteras sin certezas sobre su infraestructura energética.

    Por Celina Fraticiangi para Noticias La Insuperable

    Un poder a medida del desguace

    Entre cientos de números, anexos y planillas técnicas, el artículo dedicado al Fondo de Desarrollo del Gas (FONDESGAS) pasa casi desapercibido. Pero es, en verdad, el corazón político del DNU 849/2025.

    El decreto faculta al Ministerio de Economía a “modificar, transformar o extinguir” el fondo fiduciario destinado a financiar obras de transporte y almacenamiento de gas. Traducido: pueden borrarlo de un plumazo, sin debate parlamentario y sin rendir cuentas.

    El FONDESGAS fue creado para sostener obras críticas como ampliaciones de gasoductos, infraestructura troncal, plantas compresoras y todo lo que permite que el gas llegue a hogares, industrias y centrales eléctricas. Es, en la práctica, el resguardo financiero de la soberanía energética.

    Con este DNU, queda a merced de un funcionario.


    ¿Por qué es tan grave tocar ese fondo?

    Porque en el ecosistema energético argentino hay una verdad básica: sin financiamiento estable, no hay obras. Y sin obras:

    • No avanzan los gasoductos troncales.
    • Se frena la capacidad de transporte desde Vaca Muerta.
    • Se encarecen los costos para las provincias alejadas.
    • Aumentan las importaciones de GNL en invierno.
    • Se compromete la estabilidad del sistema eléctrico.

    El FONDESGAS es la garantía de que esos proyectos no dependan del humor del ministro de turno ni de la billetera de empresas privadas cuyos intereses pueden no coincidir con los del país.

    Con la potestad otorgada por el DNU, Economía puede vaciarlo, redireccionarlo o entregarlo a operadores privados, rompiendo el mecanismo diseñado para proteger inversiones de largo plazo.


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    En los últimos meses, diversos fondos fiduciarios ligados a transporte, obras públicas y energía fueron desfinanciados, “reordenados” o absorbidos. Cada cambio dejó un patrón: recortes, reducción de funciones y apertura a negocios privados.

    Si el FONDESGAS sigue ese camino, las provincias productoras —Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz— podrían ver suspendidos proyectos pactados hace años, y las provincias de alto consumo energético podrían terminar pagando tarifas más altas para suplir la falta de infraestructura.

    Las distribuidoras privadas, en cambio, podrían hacerse con negocios hoy regulados.


    El truco legal: esconder una reforma estructural en un decreto presupuestario

    El DNU se presenta como una ampliación de partidas para distintas áreas. Pero el artículo que habilita la intervención total sobre el FONDESGAS no tiene nada que ver con el presupuesto. No asigna fondos, no corrige créditos, no compensa diferencias salariales.

    Es un cambio estructural, escondido en un decreto de otra naturaleza.

    La lógica: si se hubiera enviado como proyecto de ley, el Congreso podía rechazarlo. Dentro de un DNU gigantesco, la posibilidad de que pase inadvertido es mucho mayor.


    ¿Qué puede pasar si lo eliminan?

    Si el Gobierno decide ejecutar lo que el decreto le habilita, las consecuencias son directas:

    • Paralización de obras en marcha (gasoductos regionales, ampliaciones del sistema troncal).
    • Riesgo de falta de oferta en picos invernales, obligando a importar GNL a precio internacional.
    • Demora en la expansión de Vaca Muerta, que depende de nueva infraestructura.
    • Incremento del costo energético para hogares e industrias.
    • Mayor dependencia de empresas privadas en el manejo del transporte de gas.
    • Pérdida de control estatal sobre un segmento estratégico del sistema energético.

    En otras palabras: una transferencia silenciosa de poder y recursos desde el Estado hacia el mercado, con impacto directo sobre la vida cotidiana.

     

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