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Con mucha emoción, más de 80 estudiantes recibieron sus diplomas.

El Instituto Crecer, hace años cuenta con un gran equipo de trabajo, que a cargo de su directora, Miriam Troncozo, apuesta a brindar herramientas para el acceso al mercado del trabajo.

Dichas capacitaciones, están destinadas a personas en situación de vulnerabilidad y son de vital importancia para quienes quieran y necesiten insertarse en el mundo laboral.

Las egresadas, en su gran mayoría, accedieron gracias al convenio firmado entre el Área de mujer y diversidad y el Instituto, donde se acordaron becas al 50% y al 100%.

En el acto, además de familiares y amigos, estuvieron presentes, la Legisladora Provincial, Marcela Ávila, la Secretaria de Desarrollo Social, Luisa Ibarra, y la Responsable del Área Mujer y Diversidad, Fabyola Parra.

Felicitaciones egresadas/os.

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    El caso de la nutria cruelmente asesinada en Bahía Blanca derivó en un escándalo en el Concejo Deliberante cuando varios concejales recibieron amenazas de muerte y agresiones por negarse a declarar personas no gratas a los dos jóvenes que mataron al animal en el Barrio Universitario mientras se filmaban.

    Fue la presidenta del cuerpo, Gisela Caputo (PRO), quien presentó un proyecto para declarar personas no gratas a Juan Bautista Bravo e Imanol Santerre, los dos estudiantes universitarios oriundos de Coronel Suárez.

    El proyecto de Caputo generó revuelo de inmediato y pareció exagerado. Quienes se negaba a acompañarlo recordaron que la última persona que fue declarada como no grata en Bahía Blanca fue el represor Alfredo Astiz en 1998.

    De modo que la decisión de equiparar, en términos simbólicos e institucionales, el caso Astiz con el accionar de los jóvenes que mataron el animal abrió una polémica que generó una grieta en la ciudad del sur bonaerense.

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    Los concejales consideraron un exceso el proyecto de la concejal del PRO y pidieron avanzar con una disposición similar a la que utilizó la Universidad Nacional del Sur, que repudió el accionar de los jóvenes, pero no tomó medidas al respecto.

    Sin embargo, Caputo insistió e impuso el proyecto en la última sesión. La iniciativa estuvo lejos de conseguir las adhesiones necesarias (necesitaba 16 votos, y sólo consiguió 10). Sin embargo, generó una serie de repudios, agresiones y amenazas de muerte contra los concejales que votaron en contra.

    El clima de tensión y de escarnio público que se generó a partir del proyecto reavivó la polémica sobre el rol de Caputo al frente del Concejo. Ella llegó al organismo como cuarta integrante de la lista de La Libertad Avanza en 2025, pero a comienzos de este año generó una fractura entre los sectores del PRO y los libertarios a nivel local al desplazar de la presidencia del cuerpo a su compañero de lista, Mauro Reyes.

    Según sostuvieron en aquel entonces desde el bloque libertario, la jugada de Caputo fue «una doble traición a los votantes de La Libertad Avanza que la votaron y también a Reyes, por haberse quedado ella con la presidencia del cuerpo tras un acuerdo con el peronismo, a pesar de que estaba él había sido designado para ocupar ese cargo».

    El caso de la nutria conmovió a Bahía Blanca justo en un momento en el que la opinión pública estaba centrada en la investigación por la muerte del abogado Juan Roberto Cafasso en un gimnasio de la ciudad tras caer al vacío por una pared falsa.

    Se trata de un caso delicado para el gobierno de Federico Susbielles por las versiones sobre posibles fallas en las inspecciones realizadas por el área de Planeamiento Urbano, Habilitaciones y Fiscalización.

     

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     Las chances del juez federal de la Seguridad Social Fernando Strasser de ascender a camarista quedaron reducidas por un motivo inesperado. Ocurre que hace diez días otro juez, que se defiende con uñas y dientes de que lo manden a juicio político, lo mandó al frente. Sostuvo que en su momento Strasser, en el concurso con el que buscaba ser magistrado, ocultó que había tenido una sanción como funcionario judicial. Y eso ahora tiene consecuencias que pueden sacarlo de carrera.

    En 2014 Strasser concursó para ser juez subrogante. En ese momento no consignó que cuando era secretario del juzgado federal 8 de la Seguridad Social había recibido una sanción de 30 días por un proceso disciplinario. El que recordó eso hace diez días fue el juez federal de Rosario Gastón Salmain. Que hizo lo mismo cuando concursó en 2017: omitió decir que en 2002 la Corte Suprema de la Nación lo dejó cesante de su cargo de empleado de la Justicia Federal por haber ofrecido una coima a una secretaria de tribunal para direccionar un expediente.

    ¿Por qué Salmain botoneó así a Strasser? Para tener un argumento defensivo. Lo que dijo es que el reglamento de concursos exige hacer constar antecedentes de los últimos diez años de la compulsa, y que cuando él era examinado había pasado más tiempo. Pero además dijo que otros candidatos habían tenido sanciones y eso no les había impedido ser designados. Ahí dio el ejemplo de Strasser. Sin nombrarlo, pero dando datos inequívocos de que hablaba de su caso.

     [Salmain delató a un colega que también llegó a juez pese a haber sido sancionado]

    La referencia difícilmente ayude a Salmain, porque el Consejo de la Magistratura decidió el jueves llevar su caso al plenario, donde pueden suspenderlo e iniciar el proceso para su destitución. Pero los dichos pusieron en alerta a los consejeros, que dijeron que si se comprueba lo que dijo el polémico juez de Rosario, el Senado no deberá aprobar el pliego de Strasser.

    Con buenas relaciones con el macrismo, ahora impulsado por el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, Strasser es un magistrado oriundo de la ciudad de Buenos Aires con reiterados cuestionamientos de sectores políticos y jurídicos amplios que lo califican de tener un sesgo marcadamente contrario a los derechos de jubilados. Lo han llegado a llamar «el Bonadío de la seguridad social».

     Strasser fue cuestionado por sectores políticos y jurídicos que lo calificaban de tener un sesgo marcadamente contrario a los derechos de jubilados. Lo han llegado a llamar el Bonadío de la seguridad social

    Lo que dijo Salmain implicó que esta semana le abrieran un expediente en la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura. Fue a partir de una presentación de Yamil Castro Bianchi, abogado de Salmain, en referencia a la omisión del dato de la sanción del juez de Rosario. Y a las constancias del descargo de Salmain, donde señala que Strasser también pasó de largo en su momento de su primer concurso, cuando no dijo que lo habían sancionado.

    Salmain conocía bien el ejemplo que daba. Antes de que lo echaran por ofrecer un soborno en 2002, trabajaba también, con el cargo de secretario, en el juzgado federal 8 de la Seguridad Social. Era el mismo donde sancionaron a Strasser con un mes de suspensión y el congelamiento de haberes. Según dos miembros la Justicia Federal y del Consejo dijeron a LPO, Salmain fue despedido en el mismo año cuando trabajaba allí.

    El abogado de Salmain hizo algo más: pidió al Consejo la nulidad «absoluta e insanable» del concurso 253 con el que Strasser fue nombrado juez subrogante, por haber omitido las sanciones disciplinarias que tuvo.

    En 2014 el Consejo fue advertido de esa omisión. Pero por una rosca de los consejeros, contaron desde adentro, todos menos uno consideraron que no haber dicho nada de que lo habían sancionado no sería motivo de objeción. Con eso terminó nombrado.

     [La Magistratura dejó al juez federal Salmain al borde del Juicio político y puede ir preso

    Difícilmente este manotazo de Salmain –defenderse de una irregularidad señalando a alguien que cometió otra– vaya a salvar al juez federal de Rosario. Pero su señalamiento sí dejó bajo análisis lo que hizo su colega y antiguo compañero de juzgado.

     Difícilmente este manotazo de Salmain –defenderse de una irregularidad señalando a alguien que cometió otra– vaya a salvar al juez federal de Rosario. Pero su señalamiento sí dejó bajo análisis lo que hizo su colega y antiguo compañero de juzgado 

    Sobre todo porque en 2023, cuando tuvo la entrevista en el Consejo de la Magistratura, a Strasser le volvieron a preguntar si había tenido sanciones. El que hizo la pregunta, directa, fue Guillermo Tamarit. Strasser respondió que no y así lo atestigua el registro en audio de esa sesión del organismo que evalúa a los jueces y a los que son candidatos a serlo.

    Ahora el Consejo tiene en una carpeta la resolución 31 del Tribunal de Superintencia de la Cámara Federal de la Seguridad Social que en 2001 sancionó por 30 días con suspensión sin goce de haberes a Strasser. Un año después la Corte ratificó la medida aunque excluyó afectarle su sueldo.

    Si fuera por la letra estricta del reglamento 11 del reglamento de concursos, solo hay que mencionar antecedentes de los últimos diez años a la fecha de la prueba. El senador nacional y consejero Luis Juez descalificó este jueves la entidad de esa normativa y, sobre todo, su lógica política. «¿A ustedes les parece que da lo mismo que el Senado cuando evalúa a alguien que va a ser juez hasta los 75 años sepa que esa persona tuvo sanciones o no sepa?», fue su pregunta. Justamente lo decía porque él se comió la situación de avalar a Salmain en 2017 sin tener idea que lo habían echado 15 años antes del Poder Judicial por intentar armar un caso de fórum shopping.

    Lo que pide el abogado de Salmain parece inviable porque el concurso está terminado. Sin embargo sí habilita la discusión política que probablemente se dé en el Senado si los pilegos se tratan este jueves. ¿Es viable nombrar a un juez que omite señalar una sanción disciplinaria que recibió? Es la misma pregunta que el Consejo, con Salmain, hace tres días consideró algo inaceptable.

     

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