El Instituto Crecer, hace años cuenta con un gran equipo de trabajo, que a cargo de su directora, Miriam Troncozo, apuesta a brindar herramientas para el acceso al mercado del trabajo.
Dichas capacitaciones, están destinadas a personas en situación de vulnerabilidad y son de vital importancia para quienes quieran y necesiten insertarse en el mundo laboral.
Las egresadas, en su gran mayoría, accedieron gracias al convenio firmado entre el Área de mujer y diversidad y el Instituto, donde se acordaron becas al 50% y al 100%.
En el acto, además de familiares y amigos, estuvieron presentes, la Legisladora Provincial, Marcela Ávila, la Secretaria de Desarrollo Social, Luisa Ibarra, y la Responsable del Área Mujer y Diversidad, Fabyola Parra.
En las últimas semanas, los intendentes del conurbano reforzaron contactos con curas y sacerdotes con quienes buscan contener la creciente demanda de comida y ayuda social en los barrios más humildes.
La Iglesia también sufre el ajuste del gobierno nacional y los recursos que llegan desde Desarrollo Social no alcanzan para comedores y espacios de contención comunitaria. Por su cercanía con los barrios, son los intendentes quienes ahora cargan con la responsabilidad de resolver esa falta de recursos.
«Estamos trabajando mucho con personas en situación de calle. Vemos un crecimiento de la demanda, en particular de personas muy jóvenes que pierden su trabajo, no pueden pagar el alquiler y terminan en la calle», explica a LPO Leonardo Silio, responsable de la parroquia San Martín de Porrés, ubicada en el sur de Moreno.
Silio arroja una cifra alarmante. Asegura que en las primeras semanas del año se duchaban en los espacios de Cáritas unas 25 personas en situación de calle por día. Hoy esa cifra asciende a 60.
Vemos un crecimiento de la demanda de personas muy jóvenes que pierden su trabajo y terminan en la calle. En enero se duchaban en los espacios de Cáritas unas 25 personas por día. Hoy esa cifra asciende a 60.
Además, afirma que las personas en situación de calle quedan atravesadas por otros factores muy complejos como los consumos de droga y alcohol y también la inseguridad.
«Los actores que tienen responsabilidad empiezan a trabajar fuerte sobre el tema y ahí es donde aparecen los intendentes. La ayuda social es un conjunto de todos», dice Silio.
El párroco dice que los envíos de alimentos se vienen manteniendo por parte de Capital Humano, pero hubo otros recursos que fueron recortándose. «La alimentación es sólo una parte de la contención. Nosotros le damos el plato de comida, pero después vuelve a la calle», explica.
Federico Otermin, recorrió el barrio El Cocho junto al obispo de Lomas de Zamora, Jorge Lugones, con quien recorrió la finalización una la obra de saneamiento hídrico. El barrio el Corcho forma parte del Registro Nacional de Barrios Populares y está compuesto por ocho manzanas donde viven más de 4.500 personas.
«Nosotros creemos que la salida es en comunidad y este es un ejemplo de eso, una obra que surgió desde el obispo, desde la capilla, desde la comunidad, y que entre todos pudimos hacer», dijo Otermin.
En tanto, Gabriel Katopodis estuvo al frente de un encuentro entre intendentes con el presidente del Episcopado, Marcelo Colombo.
Katopodis instó a todos a fortalecer una red para sostener a la gente en los barrios. «El Gobierno nacional está desconectado y sin reacción. No hay plan de salida y lo que abandonan lo están sosteniendo las parroquias, las organizaciones, los municipios», dijo el ministro de Axel Kicillof.
Estuvieron Jorge Ferraresi (Avellaneda), Ariel Sujarchuk (Escobar), Andrés Watson (Florencio Varela), Pablo Descalzo (Ituzaingó), Fernando Espinoza (La Matanza), Mariel Fernández (Moreno) y Mariano Cascallares (Almirante Brown).
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La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Adorni sumó un nuevo capítulo con una medida que podría aportar información clave sobre el origen de los fondos utilizados para remodelar su vivienda en el country Indio Cuá. La Justicia comenzó a analizar conversaciones extraídas del teléfono celular del contratista Matías Tabar, incluyendo intercambios con una secretaria de la Jefatura de Gabinete y con el propio funcionario.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La medida profundiza una causa que ya había generado fuerte repercusión luego de que el contratista declarara bajo juramento que la obra demandó unos 245.000 dólares, pagados en efectivo y sin facturación, un dato que abrió interrogantes sobre la consistencia patrimonial del actual jefe de Gabinete.
Una pericia que puede cambiar el rumbo del expediente
De acuerdo con la información conocida, la extracción del contenido del teléfono del contratista se realizó de manera completa y el material quedó incorporado al expediente judicial. Ahora los investigadores revisan mensajes de WhatsApp, llamadas y otras comunicaciones que podrían reconstruir cómo se desarrolló la contratación, la ejecución de la obra y los pagos realizados.
Entre los elementos bajo análisis aparecen conversaciones con una secretaria del jefe de Gabinete, una circunstancia que amplía el universo de personas involucradas en la reconstrucción de los hechos y que podría aportar detalles sobre la coordinación de los trabajos y los contactos entre las partes.
La expectativa de la fiscalía es determinar si las comunicaciones son compatibles con la versión oficial o si revelan inconsistencias respecto de las fechas, los montos abonados o la modalidad de contratación.
La declaración que abrió nuevas preguntas
El avance judicial se produce después de que Tabar brindara un testimonio que colocó a Adorni en una situación delicada. Según su declaración, las refacciones se extendieron durante aproximadamente diez meses y tuvieron un costo total de 245.000 dólares, abonados en dos etapas y siempre en efectivo.
El contratista sostuvo además que durante la ejecución de las obras el funcionario alquiló otra vivienda dentro del mismo country y explicó que las remodelaciones incluyeron cocina, baños, pisos, quincho y pileta, además de otros trabajos complementarios.
Ese relato impulsó nuevas medidas de prueba y derivó en la incorporación del teléfono celular como una de las evidencias centrales de la investigación.
Una causa con creciente impacto político
Mientras la Justicia revisa los chats y la documentación obtenida, el expediente mantiene bajo observación la evolución patrimonial del funcionario y la correspondencia entre los gastos declarados y las obras realizadas en la propiedad de Indio Cuá.
La aparición de conversaciones entre el contratista y una integrante del equipo de la Jefatura de Gabinete agrega un nuevo elemento de análisis, ya que permitirá reconstruir la dinámica de la relación entre las partes y verificar si existieron gestiones administrativas o coordinaciones vinculadas con la millonaria remodelación.
Con la información digital ya incorporada al expediente, la fiscalía avanza sobre una etapa que puede resultar determinante para establecer si las explicaciones ofrecidas hasta el momento alcanzan para despejar las dudas sobre el origen de los fondos y la forma en que se desarrolló la contratación.
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