Con el recorte de subsidios, Milei le traslada el costo del ajuste a los gobernadores
El recorte de subsidios energéticos que impulsa el Gobierno nacional es un costo que no desaparece, se traslada. La poda fiscal se ejecuta en el presupuesto nacional, pero el impacto social y político queda radicado en las provincias, que enfrentan facturas impagables, picos de consumo y la presión directa de los usuarios.
En 2026, el objetivo oficial es reducir los subsidios energéticos del 0,9% del PBI en 2025 al 0,5%, una baja de 0,4 puntos del producto, equivalente a varios miles de millones de dólares. Ese ahorro no es neutro territorialmente: golpea más fuerte donde la energía es más cara, más intensiva o directamente no hay alternativas.
El nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) unifica electricidad, gas, Programa Hogar y propano en redes, elimina la segmentación N1-N2-N3 y deja solo dos categorías: usuarios con subsidio y sin subsidio. En los hechos, reduce volumen subsidiado y achica coberturas, sobre todo en los meses de menor consumo «teórico», que en muchas provincias no coinciden con el consumo real.
El 43,9% de los hogares argentinos no tiene acceso a gas natural por redes. Y el ajuste es todavía más crudo en el Programa Hogar, que cubre a los hogares que usan garrafas de GLP. En diciembre de 2025 alcanzaba a 3,9 millones de hogares, con una cobertura que llegó a representar solo el 8,5% del precio final de la garrafa, cuando en 2022 cubría cerca del 80%. El precio promedio nacional de la garrafa rondaba los $20.852, lo que implica que el subsidio efectivo había quedado reducido a un monto marginal .
Con el nuevo esquema, el beneficio pasa a cubrir el 50% del precio, pero con un límite mucho más restrictivo: Hasta dos garrafas mensuales solo entre mayo y septiembre, una garrafa mensual el resto del año.
A esa transferencia silenciosa de costos se suma el capítulo del gas natural, donde el nuevo esquema también introduce tensiones crecientes. Desde 2026, la bonificación al consumo de gas por redes queda acotada a los meses de mayor demanda, entre abril y septiembre, mientras que durante el resto del año los hogares deberán afrontar el precio pleno del PIST.
En términos prácticos, esto implica que en los meses templados, cuando el consumo no desaparece pero deja de estar subsidiado, las facturas pueden registrar saltos interanuales de hasta el 40%, incluso en usuarios de ingresos medios y bajos.
La secretaria de Energía, María Tettamanti
La situación es aún más incierta en las zonas abastecidas por propano en redes: aunque el nuevo régimen de subsidios energéticos focalizados incluye formalmente a este segmento, la Secretaría de Energía todavía no reglamentó el mecanismo de bonificaciones ni el sendero de precios.
Ese vacío normativo deja a miles de usuarios, mayoritariamente en provincias sin acceso al gas natural, expuestos a aumentos discrecionales y sin un marco claro de protección tarifaria, trasladando nuevamente la presión política y fiscal a los gobiernos provinciales.
Eso implica consumos eléctricos estructuralmente más altos, justo cuando el esquema nacional reduce el bloque subsidiado. Con el nuevo esquema, en 2026 la bonificación eléctrica cubre 300 kWh/mes en meses de verano e invierno y 150 kWh/mes en meses templados.
Para un hogar que consume alrededor de 300 kWh mensuales, la consecuencia es directa: en los meses templados, la mitad del consumo pasa a pagarse a precio pleno. Para usuarios subsidiados, eso genera aumentos interanuales de entre 56% y 61% en esos meses, según las proyecciones de un informe elaborado por ex funcionarios de la Secretaría de Energía.
Por eso empiezan a aparecer fondos compensadores provinciales, descuentos transitorios y parches fiscales locales que, en la práctica, reponen parte del subsidio que Nación quitó. E
El caso de Santiago del Estero es ilustrativo. El gobierno provincial anunció un 40% de descuento en la tarifa eléctrica por dos meses, financiado con recursos propios y visible en la factura como «Fondo Compensador Estival Provincial». La medida alcanza a usuarios residenciales de todos los niveles de consumo y busca amortiguar el impacto de las temperaturas extremas.
«Acá hay una decisión nacional de recortar subsidios y el costo se traslada directo a las provincias con menos infraestructura. Lo que antes se financiaba con recursos del Estado nacional hoy se convierte en más presión sobre los presupuestos provinciales y, en última instancia, sobre las boletas que pagan las familias. Por eso es necesario que los gobernadores se pronuncien con claridad: no se puede aceptar en silencio que el ajuste se descentralice para que el costo político lo paguen las provincias», acusó un diputado peronista.
La lectura que hacen desde las provincias es que el recorte de subsidios no es solo una decisión fiscal: es una redistribución territorial del costo. Golpea más fuerte donde no hay gas por red, el consumo eléctrico es estructuralmente alto y los ingresos promedio son más bajos.
