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«GastroArte» y «Desde el Galpón» son las dos propuestas, con las que Regina adhirió al programa provincial ‘Más cultura’

El Intendente Marcelo Orazi y el Secretario de Estado de Cultura de Río Negro Ariel Ávalos firmaron este viernes el convenio de mutua adhesión al Programa “Más Cultura” para el desarrollo de dos programas municipales ‘GastroArte’ y ‘Desde el Galpón’ durante la temporada invierno 2021 con el fin de difundir y promover el arte y la cultura de la ciudad. Del acto de firma participó también la Directora de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina Silvia Alvarado.

El objetivo principal es revalorizar e impulsar a los artistas musicales y emprendimientos gastronómicos locales, a través del programa ‘GastroArte’. El eje de las ediciones serán diferentes menús que resalten la identidad reginense.

‘Desde el Galpón’ propone contratar un servidor de streaming, para realizar transmisiones y difundir hacedores culturales de diferentes disciplinas artísticas: artes visuales, danza (bailarines, coreógrafas y coreógrafos), literatura y espectáculos de la disciplina teatral (monólogos, stand up, títeres y demás).

Por su parte la Secretaría de Estado de Cultura se compromete a realizar un aporte de $330.000 para la financiación de dichas actividades.

En la oportunidad, el Intendente Orazi expresó que “lo que estamos firmando hoy es una acción más de las que venimos trabajando relacionada con la revalorización local de la cultura y de sus actores. En una época muy difícil para el desarrollo de esta actividad seguimos adelante, la pandemia no nos ha frenado y, de una u otra forma, hemos avanzado”.

“Agradezco a Ariel por su presencia y su acompañamiento permanente a la gestión municipal. Lo hago extensivo a todo el gabinete provincial y, por supuesto, a la Gobernadora Arabela Carreras, con quien estuve la semana pasada en Viedma ratificando así el trabajo mancomunado que venimos desarrollando”, manifestó.

Por su parte, Ávalos indicó que “uno de los ejes del programa es la articulación con los municipios, lo que nos ha permitido firmar distintos convenios, y de esta manera estos dos proyectos locales puedan financiarse. Estoy muy contento de seguir fortaleciendo estos vínculos para que haya más cultura, más oportunidades y más trabajo”.

Finalmente, Alvarado indicó que “el proyecto de ‘GastroArte’ tiene que ver con el desarrollo de una identidad turístico-cultural, que no sólo nos represente como reginenses sino que sea también una oferta para el turismo de paso y para quienes nos elijan como referentes turísticos y culturales. En primera instancia se trabajará con músicos con los protocolos vigentes y luego ampliar a otras disciplinas”.

Mientras tanto, ‘Desde el galpón’ presentará la diversidad artística de nuestra ciudad en materia de teatro, literatura, plástica, danza, de forma virtual para acercar los trabajos de nuestros artistas”.

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  • La crisis del PAMI complica a Bornoroni: los intendentes cordobeses reclaman una deuda de 9 mil millones

     

    El jefe del bloque libertario en Diputados, Gabriel Bornoroni, atraviesa uno de los momentos más complejos desde que le toca ser el referente de los hermanos Milei en Córdoba. Porque, más allá del microclima de crisis libertaria, hay una cuestión que lo deja en una posición incómoda a la hora de sumar aliados en territorio cordobés: la demanda de los intendentes por la deuda de Pami en el interior provincial.

    Cifra que, según estiman los alcaldes cordobeses, alcanza casi un total de 9.000 millones de pesos en concepto de -entre varios ítems- atenciones en hospitales y dispensarios que se brindaron a cargo de los municipios, pero que todavía no logran cobrar desde la obra social estatal.

    El problema es que para que eso ocurra, Karina le tiene que soltar fondos al caputista Mario Lugones, el ministro de Salud que responde al asesor presidencial y a quien la hermana del Presidente tiene en la mira. Y, como casi con seguridad es difícil que esto suceda en lo inmediato, el reclamo de intendentes a Bornoroni, el dueño de la botonera de Pami y Anses en Córdoba, seguirá creciendo.

    LPO reveló la semana pasada que Lugones le está reclamando a Toto Caputo fondos para el PAMI por un equivalente a mil millones de dólares, ante la amenaza de proveedores de empezar a cortar servicios y cobrar copagos. La tensión es tal que este lunes la oficina anti fake news que dirige Santiago Caputo tuvo que salir a negar la renuncia del ministro de Salud.

    Otra guerra en el gabinete: Lugones le exige a Caputo mil millones de dólares para el PAMI

    Por esto, en un intento por recuperar la iniciativa y volver a levantar el perfil después de varios días de hermetismo, el libertario cordobés concretó este lunes un pase que se venía anunciando hace rato: la incorporación del radical de Río Cuarto, Gabriel Abrile. El excandidato larretista en la elección municipal del 2021 se sumó a las filas libertarias de la mano de la radical Soledad Carrizo, la exdiputada y actual directora del Inaes que ejerce la pata UCR dentro del armado opositor a Llaryora en Córdoba.

    Según estiman los alcaldes cordobeses, la deuda del PAMI alcanza casi un total de 9.000 millones de pesos

    Abrile llegó con la otra concejala del radicalismo en Río Cuarto, Ana Laura Vasquetto, dos heridos de la elección del 2024, sobre todo después de la derrota en la interna UCR de Abrile frente a Gonzalo Parodi.

    El edil de Río Cuarto, además, tiene un pie en el Pami de esa ciudad. Organismo convulsionado por una causa que se heredó de gestiones anteriores, pero repercutió con fuerza hace un par de años, ya dentro de la gestión libertaria y derivó en la investigación por una defraudación millonaria por sobrefacturación. Causa que involucró a la obra social nacional y a un sanatorio del sur cordobés, y que llegó al fuero federal tras iniciarse en la Justicia provincial por una denuncia de abuso sexual.

     Vasquetto, Abrile, Bornoroni y Carrizo 

     

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  • Denuncian a dos camaristas por maniobras para favorecer a Bunge en una mega causa por evasión

     

    La Justicia federal de Córdoba está en estado de shock. Fiscales ordenaron investigar a Abel Sánchez Torres y su pareja, Graciela Montesi, ambos camaristas sospechados de manipular la conformación de las salas para intervenir en dos expedientes por evasión tributaria que involucran a ejecutivos de la cerealera Bunge.

    El planteo promovido por los fiscales Nicolás Turano y Maximiliano Hairabedián incluye delitos como abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público, falsedad ideológica y coacción.

    El juez Alejandro Sánchez Freytes, a cargo del caso, ya decretó el secreto de sumario y deberá definir si avanza con las indagatorias. El punto neurálgico del caso remite a una práctica tan técnica como decisiva: quiénes integran el tribunal que juzga.

    En la estructura de la Justicia Federal, las cámaras de apelaciones se dividen en salas que deben conformarse con sorteos y subrogancias reguladas por ley. Ese mecanismo busca garantizar imparcialidad y evitar que los jueces elijan -o sean elegidos- para fallar en determinados expedientes.

     Según los fiscales, Montesi y Sánchez Torres habrían retenido o hecho circular expedientes hasta que la rotación de subrogancias les permitiera coincidir en la misma sala y votar en los casos «Padilla» y «Humanes», que tenían en común su conexión con la causa Bunge . 

    Sin embargo, la denuncia sostiene que esas reglas habrían sido alteradas en 2023 aprovechando vacantes en la Cámara. Según los fiscales, Montesi y Sánchez Torres habrían retenido o hecho circular expedientes hasta que la rotación de subrogancias les permitiera coincidir en la misma sala y votar en los casos «Padilla» y «Humanes».

    Ambos expedientes, radicados en Río Cuarto y Villa María respectivamente, tenían en común su conexión con la causa Bunge y su alto contenido económico.

    En una de las causas, Sánchez Torres habría emitido su voto en apenas un minuto, en coincidencia plena con el criterio de Montesi, lo que derivó en una falta de mérito para el imputado.

    El dato que más ruido genera en Tribunales es la velocidad con la que se resolvió uno de esos expedientes.

    En la causa «Padilla», Sánchez Torres habría emitido su voto en apenas un minuto, en coincidencia plena con el criterio de Montesi, lo que derivó en una falta de mérito para el imputado.

    Para los investigadores, ese nivel de sincronización refuerza la sospecha de que la integración del tribunal no fue azarosa. La gravedad institucional del caso radica en las consecuencias de una eventual manipulación.

    En la cabecera, Abel Sánchez Torres y, a su derecha, su pareja y también camarista Graciela Montesi. Ambos, están sospechados de ejecutar maniobras para favorecer a la cerealera Bunge.

    Si se altera la composición de una sala, se rompe el principio del juez natural. En un expediente como el de Bunge, esa distorsión puede traducirse en beneficios concretos para los imputados, desde demoras hasta resoluciones favorables.

    La existencia de vocalías sin cubrir en la Cámara Federal de Córdoba habría facilitado -según los fiscales- una concentración de poder interno a la pareja Sánchez Torres-Montesi que permitió estas maniobras.

    La denuncia original fue presentada por la secretaria de Cámara Celina Laje Anaya, quien se habría negado a convalidar la integración de salas que consideraba irregular. A partir de allí, según el relato fiscal, comenzó una escalada de hostigamiento atribuida a Sánchez Torres.

     En los últimos meses, Sánchez Torres hizo un fuerte lobby para meterse en la lista corta de candidatos para la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

    El expediente describe un cuadro de presión sistemática que incluyó gritos, humillaciones y decisiones administrativas que afectaron la carrera de la funcionaria.

    Incluso se detalla que fue forzada a aceptar un cambio de cargo que implicó una degradación salarial y profesional. Los fiscales encuadraron estos hechos como lesiones graves en un contexto de violencia de género.

    En paralelo, la investigación sumó a otros actores del tribunal. El secretario penal Mario Olmedo fue señalado por su presunta participación necesaria en las maniobras, mientras que el secretario de superintendencia Gustavo Flores fue imputado por falso testimonio, ante inconsistencias detectadas en su declaración.

     La denuncia original fue presentada por la secretaria de Cámara Celina Laje Anaya, quien se habría negado a convalidar la integración de salas que consideraba irregular. A partir de allí, según el relato fiscal, comenzó una escalada de hostigamiento atribuida a Sánchez Torres. 

    En los últimos meses, Sánchez Torres hizo un fuerte lobby para meterse en la lista corta de candidatos para la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Según le contó a un importante empresario con el que se reunió en un bar de Nueva Córdoba, su plan A era que los gobernadores de Provincias Unidas lo propongan.

    El resultado electoral tiró por tierra la estrategia. Entonces, «el Gordo Abel» recurrió a sus contactos con importantes empresarios para que hagan fuerza por él. 

     

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  • Entrega de insumos informáticos a la Escuela N° 196

    El Secretario de Coordinación de la Municipalidad de Villa Regina Ariel Oliveros participó de la entrega de insumos informáticos a la Escuela N° 196 de Villa Alberdi que fueron adquiridos a partir del convenio que el Municipio firmó con el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro. En este caso, el establecimiento educativo…

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