El Intendente Marcelo Orazi y el Secretario de Estado de Cultura de Río Negro Ariel Ávalos firmaron este viernes el convenio de mutua adhesión al Programa “Más Cultura” para el desarrollo de dos programas municipales ‘GastroArte’ y ‘Desde el Galpón’ durante la temporada invierno 2021 con el fin de difundir y promover el arte y la cultura de la ciudad. Del acto de firma participó también la Directora de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina Silvia Alvarado.
El objetivo principal es revalorizar e impulsar a los artistas musicales y emprendimientos gastronómicos locales, a través del programa ‘GastroArte’. El eje de las ediciones serán diferentes menús que resalten la identidad reginense.
‘Desde el Galpón’ propone contratar un servidor de streaming, para realizar transmisiones y difundir hacedores culturales de diferentes disciplinas artísticas: artes visuales, danza (bailarines, coreógrafas y coreógrafos), literatura y espectáculos de la disciplina teatral (monólogos, stand up, títeres y demás).
Por su parte la Secretaría de Estado de Cultura se compromete a realizar un aporte de $330.000 para la financiación de dichas actividades.
En la oportunidad, el Intendente Orazi expresó que “lo que estamos firmando hoy es una acción más de las que venimos trabajando relacionada con la revalorización local de la cultura y de sus actores. En una época muy difícil para el desarrollo de esta actividad seguimos adelante, la pandemia no nos ha frenado y, de una u otra forma, hemos avanzado”.
“Agradezco a Ariel por su presencia y su acompañamiento permanente a la gestión municipal. Lo hago extensivo a todo el gabinete provincial y, por supuesto, a la Gobernadora Arabela Carreras, con quien estuve la semana pasada en Viedma ratificando así el trabajo mancomunado que venimos desarrollando”, manifestó.
Por su parte, Ávalos indicó que “uno de los ejes del programa es la articulación con los municipios, lo que nos ha permitido firmar distintos convenios, y de esta manera estos dos proyectos locales puedan financiarse. Estoy muy contento de seguir fortaleciendo estos vínculos para que haya más cultura, más oportunidades y más trabajo”.
Finalmente, Alvarado indicó que “el proyecto de ‘GastroArte’ tiene que ver con el desarrollo de una identidad turístico-cultural, que no sólo nos represente como reginenses sino que sea también una oferta para el turismo de paso y para quienes nos elijan como referentes turísticos y culturales. En primera instancia se trabajará con músicos con los protocolos vigentes y luego ampliar a otras disciplinas”.
Mientras tanto, ‘Desde el galpón’ presentará la diversidad artística de nuestra ciudad en materia de teatro, literatura, plástica, danza, de forma virtual para acercar los trabajos de nuestros artistas”.
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Seis policías de un grupo táctico de la provincia de Santa Fe fueron condenados a penas de prisión efectiva por una secuencia demencial de delitos que los delatan en tres facetas: mejicanear partidas de cocaína a distribuidores para después venderlas, realizar allanamientos ilegales que hacían pasar como actos regulares para descubrir la droga, y también torturar con picana eléctrica a un par de dealers para que estos cantaran quiénes eran sus proveedores.
La secuencia se asemeja a una película hardcore donde efectivos de la policía rosarina se burlan de los fiscales, asaltan una casa donde saben que hay droga y se la llevan después de someter a una pesadilla a los que estaban en la vivienda. Lo que pasó en esa casa fue contado hasta por un nene de ocho años que estaba durante el allanamiento ilegal, que declaró en cámara Gesell desde una ciudad del norte del país donde se encontraba, porque después de sufrir esta brutalidad las personas involucradas como víctimas fueron sacadas de Rosario.
Los condenados pertenecen a un escuadrón especializado de la policía de Santa Fe, el Grupo Alfa de la Policía de Acción Táctica de la Regional Rosario. Abrumados por las pruebas estos aceptaron su responsabilidad en distintos hechos en juicios abreviados donde reconocieron ser culpables de torturas, allanamiento ilegal, falsificación de actas y venta de drogas. Queda con destino a juicio oral y público pendiente el jefe de todos ellos. Los fiscales federales actuantes consideraron que por la gravedad institucional del caso el máximo responsable del grupo, que es un oficial con solo ocho años de antigüedad en la fuerza, debe comparecer en una audiencia abierta.
Algunos detalles de lo ya probado entran en el terreno del delirio. El máximo jefe habla y se ríe de cómo el grupo acechó con el paso de electricidad a dos pequeños distribuidores para que delataran a los que les suministraban la droga. Disfrutan contando cómo les arrancaron la información con un sadismo naturalizado. Comentan entre risas lo que le hicieron a una persona a la que llevaron a un baldío. «Jajaja. Cómo lloraba el de la vía» dice uno de los policías. «No tiene desperdicio», le responde su colega. Finalmente el primero dice que necesita «dar otra sesión de masajes eléctricos».
Los hechos que motivan las condenas son tres. El primero ocurrió el 13 de agosto de 2024 cuando seis suboficiales del grupo ALFA fueron en dos móviles -los 10.065 y 10.533-a una casa de calle Forest 5624. Llegaron sin orden judicial ni motivo que lo justifique. Allí redujeron a Diego Andrés Inturias y José Luis Linares y los retuvieron a éstos junto con Perla Requejo y dos nenes de 8 años y un año. Fue durante 50 minutos sin dar aviso a ninguna autoridad judicial para apropiarse, según Inturias de más de una decena de panes de cocaína que había en el lugar, que eran entre 12 y 15 kilos de sustancia. También se llevaron armas de fuego y cuchillos de colección, cincuenta mil dólares e indumentaria que los ocupantes de la vivienda tenían para la venta.
El segundo hecho es que los mismos que participaron de ese allanamiento trucho y violento se ocuparon de vender al menos cuatro de esos ladrillos de cocaína días después en la ciudad de Santa Fe según consta en sus propios teléfonos. Por este hecho tres familiares del jefe del grupo policial -su esposa y dos cuñados- también fueron condenados.
El tercer incidente, el más negro de una secuencia impactante, fue el de los tormentos con picana y golpes contra Daniel Yufra y Jonatan Leiva. A quienes los policías le pasaron electricidad en el cuerpo para obtener datos del proveedor del ladrillo de cocaína que tenían. Yufra y Leiva fueron detenidos en la vía pública el 13 de agosto de 2024, en la calle Jean Jaures 5526 de Rosario. Tras conseguir de esa manera los datos que buscaban una hora después irrumpieron sin conocimiento judicial en la casa donde encontrarían la mayor partida de cocaína, y hacia donde según el seguimiento por GPS los móviles se trasladaron sin detenerse después de apretar a los dealers.
El único que después de estas condenas queda con un juicio oral pendiente es el aludido jefe del grupo, el oficial Guillermo Toledo. Que en una pormenorizada crónica de gangsters le cuenta a su colega Juan Angel Balais cómo obtuvieron la información para encontrar los 15 ladrillos de cocaína.
Encontramos a un loco en la puerta de un búnker. Le entramos a revisar el celular y tenía fotos de una metra, fierros. Lo secuestramos. Lo llevamos al medio del campo. Se llevó una cagada a palos.
«Encontramos a un loco en la puerta de un búnker. Le entramos a revisar el celular y tenía fotos de una metra, fierros. Lo secuestramos. Lo llevamos al medio del campo. Se llevó una cagada a palos. Con todo lo que le hicimos, no dijo ni una palabra. Le rompimos la cabeza a pistolazos, lo cagamos a palos con un fierro, lo meamos, lo ahorcamos. No sabés todo lo que le hicimos. Lo dejamos tirado en el medio de la nada, medio en pelotas. No dijo una palabra. Alto soldado era», dice Toledo.
Este audio está en un intercambio del 17 de septiembre de 2024. Unos meses antes, en abril del año pasado, Toledo le explica a un subalterno cómo obtener información en forma ilícita. «Los fierros que metimos la guardia pasada en el oeste, paramos a uno que tenía droga, a ver el teléfono… y es esa foto con los fierros. Y así es, ya le vas a encontrar la vuelta. Depende la dotación que te toque. Tenés que ir viendo cómo laburan los que están con vos», explica Toledo. Al imputar el caso el año pasado la fiscal María Virginia Sosa dijo de Toledo y la metodología de los operativos contada por él mismo: «Un verdadero pedagogo de la ilegalidad».
La reconstrucción de estos hechos surge a partir de que un equipo fiscal conducido por Javier Arzubi Calvo encontrara a los dos dealers torturados por los hombres de la PAT, a partir de testigos que dijeron que el día de los hechos vieron llorando a dos hombres adentro de una camioneta. Allí se estableció que habían sido torturados con picana eléctrica, hasta escupir lo que pedían, con el fin de llegar hasta el proveedor. Torturaban para obtener datos para llegar «al pescado gordo»
Que tenían una picana eléctrica quedó probado por las propias conversaciones de los policías. En un momento en que producían operativos efectivos del mismo grupo mencionaron la dirección de un lugar donde «volvieron a activar». Un integrante pregunta dónde es la acción y otro le responde: «Donde Balais hizo el secuestro de la picana». Ese lugar era un bunker y de allí lo robaron. ¿Dónde se encontró la picana? «En la mochila de suboficial Balais cuando fue allanado», dijeron los fiscales en la audiencia judicial del año pasado.
Un dato relevante es la juventud de los efectivos condenados. Son viejas prácticas de la policía, remarcaron los fiscales, encarnadas por uniformados nuevos. El que más trayectoria tenía en la fuerza santafesina al momento de los hechos llevaba ocho años de servicio. Ninguno era al momento de los hechos mayor de 36 años.
Ellos nos agarraron en la vía pública, en Jean Jaures, esa calle era una cortadita. Eran un montón… eran como cuatro patrulleros, tres seguro. Ahí nomás nos empezaron a picanear.
El testimonio en la causa de uno de los dealers torturados por la policía está volcado en las actas de acusación. «Ellos nos agarraron en la vía pública, en Jean Jaures, esa calle era una cortadita. Eran un montón… eran como cuatro patrulleros, tres seguro. Ahí nomás nos empezaron a picanear. A sacar la remera ¿viste? y a mostrarle acá la parte de la cola, a picanearnos. El primero fue un toquecito y ya de afuera, continuo nos dejaban y nosotros decíamos ¿por qué nos están haciendo eso? Si nosotros no estamos ni resistiendo a la autoridad ni faltando el respeto. Nos hacían agachar la cabeza, nosotros agachamos la cabeza y se reían. Se reían y a mi compañero después lo agarraron aparte. Y le dijeron a dónde había sacado. Nos pedían que les dijéramos dónde estaba el pescado gordo».
Los relatos de los que tenían la droga son impactantes y transparentes. La admisión de que tenían droga en su casa no les merecerá condena a raíz de la completa ilegalidad de los operativos policiales que son nulos para un trámite judicial. Quizá por eso hablaron con tanta elocuencia.
Uno de los tenedores de la cocaína, Diego Inturias, reveló lo que pasó cuando la brigada le tiró la puerta abajo en su casa de la calle Forest. «A los diez minutos que entraron pedí hablar con el jefe. Y ahí me sientan en la mesa con un policía gordito y me dice que él es el jefe». «Tenes huevo negrito eh, para hablar conmigo»…
Lo que sigue contado por el distribuidor es una película de mercenarios. «Ahí me sacaron del piso, me sentaron en la mesa de la cocina, el gordito se sentó en frente mío, cara descubierta, mía y de él, ahí yo le dije que ya perdí, dejá de lado mi familia, te entrego todo. Me dijo «¿pero qué tenes?» Hay de todo le dije, hay droga, dólares y pesos. Ahí ya habían encontrado las armas que estaban en el placard empotrado. Me dijo «tenes un montón de armas, ya estás re complicado con esto, me llevo una parte de las armas, lo otro lo dejo en la mesa, te dejo medio kilo de droga en la mesa así te dan poco tiempo, como mucho un año preso y vos le sacas toda culpa y todo cargo a tu familia». Le pregunté si estaba seguro si podía salir así, y me dijo que estaba seguro y que él sabía que como mucho en un año me daban la libertad. Me dijo «confía en mí que yo sé de esto». Ahí el gordito me dijo por qué habían llegado, «me dijo un amigo tuyo al que lo agarramos con un kilo te vendió. Tenía una camioneta gris. Lo agarramos con un kilo, cantó como un pajarito tu amigo»».
El equipo de investigación fue liderado por los fiscales federales Javier Arzubi Calvo y María Virginia Sosa. En el juicio abreviado aceptaron condena el policía Jesús Angel Balais a 7 años de prisión efectiva e inhabilitación absoluta por vejaciones y apremios ilegales, violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, sustracción de elementos, falsificación de instrumento público y comercio de estupefacientes agravado.
También Fernando Nicolás Ferreira a seis años y medio por violación de domicilio y comercio de estupefacientes. Iván Severino Schneider a 4 años y seis meses por iguales delitos. Gerardo Sebastián Pérez a igual pena por mismos delitos. Sergio Nicolás Robledo a tres años y seis meses por la violación de domicilio y comercio de estupefacientes y Miguel Alberto Aguilar a dos años de prisión por incumplimiento de deberes de funcionario público. Todas las penas son de cumplimiento efectivo. Asimismo fueron sentenciadas a tres años de prisión tres familiares de Guillermo Toledo que participaron de la comercialización de la droga llevada de Rosario a Santa Fe.
Guillermo Toledo negocia el cierre de su caso con un acuerdo parcial de reconocimiento de culpa aunque habrá con él, jefe del operativo, lo que se llama un juicio de cesura donde la pena se discutirá en una audiencia oral y pública.
Los detalles que dieron los fiscales en las audiencias preliminares fueron increíbles. «La preocupación de Toledo no era que se descubriera su accionar ilegal. Queda muy claro en su teléfono que lo que más temía era que le robaran la droga que él había robado», dijo uno de los acusadores.
Las revelaciones surgidas de lo que contaron los involucrados en esta historia son abrumadores. Resalta lo que terminó de contar Inturias cuando llegaron a su casa a sacarle la droga y lo interrogaron por la plata que tuviera en la casa.
«Fui a buscar los dólares en una vitrina donde había fotos y demás, los dólares estaban entre unos libros de esa vitrina, los había guardado ese mismo día. Los escondí apenas tocaron el timbre los policías. Eran más de cincuenta mil dólares. Fui ahí mismo a buscarlos para entregárselos y no estaban. Ahí el gordito ya me empezó a decir que le mentía, que no había nada ahí. En ese momento se acerca el policía que tenía cara de viejo, lo codea al gordito y le dice que se calle en voz baja, que ya tenía la plata él, que ya la había agarrado. Ahí el gordito me dice a mí que me quede en el molde».
Sobre la cocaína que tenía en la vivienda, dijo Inturias sobre los policías. «Me llevaron a buscar la droga, todos estaban buscando, pero no habían encontrado droga todavía. Habían buscado hasta en las ventanas, fui a la pieza y les mostré dónde estaba la droga debajo de la cama. Estaban todos los policías ahí. Cuando vieron la droga, el gordito dice «Ya estamos chicos, ya estamos. Coronamos».
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El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, firmó con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, un acuerdo por el cual el gobierno libertario se compromete a saldar una deuda de 48.000 millones de pesos por deuda con la caja provisional de esa provincia patagónica.
A partir de este acuerdo, Anses transferirá los fondos adeudados a la provincia de Chubut, en concepto de financiamiento del sistema previsional. El gobierno de Javier Milei había cancelado las transferencias destinadas a cubrir el déficit de las cajas previsionales de 13 provincias que en la década del ‘90 no transfirieron sus regímenes previsionales a la Nación.
El gobierno de Torres había presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una demanda para reclamar el pago de la deuda por parte del Estado nacional. «Después de mucho tiempo, y tras años en los que el Estado nacional no avanzó en el pago de esta deuda millonaria, hoy logramos que se reconozca y se empiece a saldar lo que le corresponde a los jubilados de nuestra provincia», dijo el gobernador.
El acuerdo entre Torres y el gobierno de Milei tuvo un impacto directo en la provincia de Buenos Aires toda vez que días atrás, la Corte convocó a funcionarios de la ANSES y al gobierno de Kicillof a una audiencia para buscar una solución con el mismo tema. En el caso de Buenos Aires, la deuda asciende a unos 2,2 billones de pesos.
Axel Kicillof.
En esa audiencia, la Corte le preguntó al Estado nacional si tenía algún ofrecimiento para hacer y fijó un nuevo encuentro para el 11 de abril. El gobierno de Kicillof busca aprovechar estos días para enviar información técnica.
Al igual que Chubut, la provincia de Buenos Aires, es una de las 13 jurisdicciones que no transfirieron sus regímenes provisionales a Nación. Por lo que el Estado Nacional debe compensar los déficits. Eso se realiza a través de un sistema de simulaciones y auditorias que debe hacer el Estado Nacional sobre las cuentas provinciales.
En La Plata aseguran que vienen enviando toda la documentación sin demoras. Sin embargo, desde el primer día de enero de 2024 que dejaron de recibir las transferencias.
Los argumentos que plantearon los representantes de la ANSES en la audiencia con la provincia fueron que no estaban terminadas las auditorías sobre la provincia. En tanto, los enviados por Kicillof dijeron que todo estaba presentado en tiempo y forma, pero que estaban dispuestos a reenviar toda la documentación. En función de eso, la Corte convocó a una nueva audiencia para el 11 de abril.
Esta semana, el gobierno provincial presentó su octava demanda ante la Corte Suprema. En este caso reclama más de 1,13 billones de pesos por el incumplimiento del Consenso Fiscal 2017 y el convenio firmado en 2023.
Este último reclamo incluye el saldo impago correspondiente al acuerdo de 2023 y las diferencias proyectadas para el período 2023-2025 por el Fondo del Conurbano, según precisa la administración provincial. Con la presentación, también se solicita una medida cautelar que ordene al gobierno nacional la restauración del método de cálculo original, a fin de reparar los perjuicios futuros.
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