La Dirección de Tránsito y Protección Civil de la Municipalidad de Villa Regina comenzará a desarrollar los cursos para obtener ‘Mi primer licencia’ y la Renovación de licencias de conducir en distintos sectores de la ciudad para acercar este trámite a los vecinos.
La iniciativa denomina ‘Curso de Educación Vial en mi barrio’ consistirá en dos charlas que se dictarán en el horario de 20 a 22 horas. Los primeros encuentros se realizarán los días 11 y 12 de marzo en el SUM ‘Eva Unaiche’ de barrio Nuevo y alcanzará a los vecinos de Melipal, Aldrighetti, Cipolletti y Nuevo.
Los cupos serán limitados y se requiere previa inscripción, para lo cual deberán contactarse con el presidente de la Junta Vecinal de barrio Nuevo, Germán Rodríguez, al teléfono 2984-241829 o personalmente en Santa Rosa 265.
Aunque suene a leyenda rural o a cuento de terror, Argentina es el único país del mundo que conserva una ley nacional vigente inspirada en el miedo popular a los hombres lobo. Mientras en Europa las supersticiones quedaron en tradiciones olvidadas, acá se transformaron en norma escrita, con firma presidencial y todo.
Por Alcides Blanco para NLI
Una superstición que llegó al Boletín Oficial
Durante siglos, en amplias zonas de Europa y América Latina circuló la creencia de que el séptimo hijo varón estaba condenado a convertirse en hombre lobo. En el Río de la Plata, esa figura adoptó nombre propio: el lobizón, una criatura nocturna, maldita y temida, que supuestamente atacaba ganado y personas durante las noches de luna llena.
Ese miedo no era solo simbólico. En comunidades rurales, los séptimos hijos eran marginados, estigmatizados e incluso amenazados, todo por una superstición heredada de la colonización europea y mezclada con mitos guaraníes. El problema no era el monstruo: era la violencia social que generaba el mito.
De la leyenda al Estado
Para frenar esa persecución silenciosa, en 1974 se sancionó la Ley 20.843, conocida como Ley de Padrinazgo Presidencial. La norma establece que el Presidente de la Nación debe apadrinar al séptimo hijo varón o séptima hija mujer, otorgándole reconocimiento oficial y beneficios materiales.
El mensaje era claro: si el Estado reconoce al niño, no hay maldición posible. La ley no menciona hombres lobo, pero su origen está directamente ligado al intento de neutralizar el miedo al lobizón. Fue una forma institucional de combatir la superstición sin nombrarla.
Desde entonces, miles de chicos fueron apadrinados por presidentes argentinos, recibiendo medallas, diplomas y becas. Una política pública nacida del folclore, algo impensado en otros países.
Del mito rural al Congreso Nacional
Lejos de haber surgido de la nada, la Ley 20.843 tiene antecedentes concretos y documentados en la historia argentina. El primer caso registrado de padrinazgo presidencial se remonta a 1907, cuando un matrimonio de inmigrantes alemanes del Volga radicados en Coronel Pringles solicitó al entonces presidente José Figueroa Alcorta que apadrinara a su séptimo hijo varón, siguiendo una tradición heredada de la Rusia zarista, donde se creía que ese nacimiento estaba ligado a la maldición del hombre lobo. El pedido fue aceptado y sentó un precedente informal que se repitió durante décadas. Recién en 1974, durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón, esa práctica fue llevada al plano institucional: el Congreso sancionó la norma que obliga al Presidente de la Nación a asumir el padrinazgo del séptimo hijo varón o séptima hija mujer. El fundamento oficial no hablaba de monstruos ni supersticiones, pero sí de protección social, integración y educación, en un contexto donde el Estado buscaba evitar la discriminación y la violencia simbólica que todavía pesaban sobre estos nacimientos. Así, una creencia popular que había generado miedo y exclusión terminó transformándose en política pública escrita en el Boletín Oficial.
En Francia y Bélgica, existieron tradiciones similares de padrinazgo del séptimo hijo, pero nunca se consolidaron como leyes modernas y permanentes. En Italia, Portugal o Rumania, los hombres lobo —lupo mannaro, lobisomem, vârcolac— formaron parte del imaginario popular, pero la respuesta fue religiosa o comunitaria, no estatal.
En algunos casos, la Iglesia promovía bautismos urgentes; en otros, las autoridades intentaban erradicar las supersticiones. Ningún país llevó el mito al nivel de una ley nacional vigente, como sí ocurrió en Argentina.
Una rareza jurídica con raíz popular
Lo que distingue al caso argentino no es la creencia, sino la decisión política de legislar contra el daño social de la superstición. Sin discursos racionalistas ni campañas educativas, el Estado eligió una solución pragmática: dar protección oficial a quienes podían ser víctimas del mito.
Así, Argentina terminó siendo —al menos en los papeles— el país más seguro del mundo para nacer en luna llena siendo el séptimo hijo. No porque crea en hombres lobo, sino porque decidió enfrentar una superstición con herramientas institucionales.
Una ley insólita, sí. Pero también un recordatorio de que el folclore, cuando se mezcla con el miedo, puede convertirse en un problema político real.
El Gobierno anunció la entrada en vigencia de un nuevo régimen de subsidios energéticos focalizados, como le impuso el FMI, pero aun no ha sido implementado.
A una semana de la publicación del decreto que debía poner en marcha el nuevo esquema, siguen vigentes los precios mayoristas de gas y electricidad del régimen anterior. No hay nuevos cuadros tarifarios. Tampoco hay precisiones operativas. Las categorías por ingresos N1, N2 y N3 continúan activas, pese a que el discurso oficial ya las dio por superadas.
A fines de diciembre, la Secretaría de Energía que conduce María Tettamanti ajustó el precio estacional de la energía (PEST) un 3% y el precio del gas en el ingreso al sistema de transporte (PIST) apenas un 0,53%. Ambos movimientos se hicieron bajo los parámetros del esquema anterior.
Esos dos precios no son un detalle técnico. Son la base sobre la cual los entes reguladores calculan los cuadros tarifarios que llegan a las facturas. El argumento oficial fue que faltaba la norma que ordenara la instrumentación del nuevo régimen.
Esa norma llegó recién el 2 de enero, primer día hábil de 2025, cuando Javier Milei firmó el decreto 943/2025 de subsidios energéticos focalizados. Desde entonces pasaron seis días hábiles y Energía todavía no publicó los nuevos valores de PEST y PIST para usuarios residenciales, ni para los que recibirán subsidios ni para los que quedarán afuera. En la práctica, los hogares de mayores ingresos siguen percibiendo ayuda estatal en sus boletas de luz y gas, algo que el propio Gobierno dice querer eliminar.
Lo que están planteando es desarmar el Plan Gas como si fuera una resolución administrativa más, y no lo es. Son contratos firmados, con plazos, compromisos de inversión y garantías de abastecimiento. Romper eso sería romper contratos, así de simple.
Las demoras no son inocuas. Las distribuidoras tienen cada vez menos margen para adaptar sus sistemas de facturación. Se elimina una categoría. Se incorpora una bonificación adicional del 25% que rige este año y se va reduciendo hasta desaparecer en diciembre. Si el esquema no entra en vigencia este mes, todo el cronograma se corre y el ahorro fiscal prometido también, tal como calculó el portal especializado El Post Energético.
Pero en la industria miran otro frente. Afirman que la indefinición sobre el costo de la energía está íntimamente ligada a las dificultades para desarmar el Plan Gas.
La plata de Fortín de Piedra de Techint en Vaca Muerta.
«Lo que están planteando es desarmar el Plan Gas como si fuera una resolución administrativa más, y no lo es. Son contratos firmados, con plazos, compromisos de inversión y garantías de abastecimiento. Romper eso sería romper contratos, así de simple. Y cuando un Estado rompe contratos, el mensaje al mercado es devastador. Si el Gobierno quiere modificar el esquema, debería sentarse a renegociar, buscar una transición ordenada, no avanzar de hecho. Desarmarlo de un día para otro es jurídicamente muy difícil y económicamente peligroso. No es una perilla que se apaga: atrás hay inversiones, financiamiento y producción en curso», afirmó a LPO un importante empresario petrolero.
En rigor, el nuevo diseño del precio del gas natural introduce un cambio estructural: el valor será el mismo todo el año, sin diferenciar invierno y verano.
El nuevo esquema fija subsidios del 50% del costo del gas entre abril y septiembre, con volúmenes que dependen de la región, y suma la bonificación del 25% el primer año. Con esa lógica, el nuevo PIST debería ubicarse todo el año en 3,79 dólares por millón de BTU. El problema es que los cuadros hoy vigentes fijan 2,98 dólares para el verano. Mientras no se actualicen, los usuarios reciben un subsidio mayor al previsto.
Paolo Rocca, líder del grupo Techint que tiene en Vaca Muerta la operación de gas más importante en el área de Fortín de Piedra, fue y es un gran defensor de esa iniciativa del kirchnerismo.
Ese precio plano obliga a reformular el Plan Gas, que fue diseñado justamente con precios diferenciados por estacionalidad. Y ahí aparece el nudo político y económico. El Plan Gas fue, para las empresas, un negocio redondo. Paolo Rocca, líder del grupo Techint que tiene en Vaca Muerta la operación de gas más importante en el área de Fortín de Piedra, fue y es un gran defensor de esa iniciativa del kirchnerismo.
El Estado compró toda la producción hasta 2028, garantizando un precio dolarizado por encima de la referencia internacional. Además, el esquema incluye cláusulas de take or pay: aunque no necesite todo el gas contratado, el Estado debe pagar al menos el 75% del volumen acordado.
Para el Estado, el acuerdo también tenía una lógica. Le dio previsibilidad al sistema energético. El gas no es solo lo que llega por red o garrafa. Es el insumo clave de la generación térmica que explica buena parte de la electricidad del país.
Ahora el Gobierno busca desarmar ese andamiaje. Para eso, empezó a ofrecer «regalitos» a las petroleras para que acepten salir antes de los contratos. Eliminar el control sobre los planes de inversión. Quitar la obligación de destinar un 30% de la producción al sector industrial. Y pagar un 5% más de adelanto por los volúmenes inyectados, solo con declaración jurada y sin certificaciones.
En el sector deslizan que el «regalito» mayor todavía no se mostró. «Cuando aparezca, el costo no lo van a pagar las petroleras. Como casi siempre, va a terminar en la boleta», afirmó un especialista consultado.
En la tarde del miércoles quedó habilitada la muestra ‘Improntas reginenses’ de María Cristina Bay en el Galpón de las Artes que podrá ser visitada los viernes de 18 a 21 horas y los sábados y domingos de 18 a 22 horas. En la oportunidad, estuvieron presentes la Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad…
Se corre la 4ta fecha del TopRace este fin de semana del 4 y 5 de julio y al igual que la fecha anterior el punto de encuentro vuelve a ser el mítico «Juan y Oscar Gálvez», pero en esta ocasión se utilizará el circuito número 8. Luego de las tres primeras fechas el campeonato…
Ya esta on-line el formulario para tramitar el Certificado Único Habilitante para Circulación (CUHC) – Covid-19. El mismo habilita a transitar por todo el país a aquellas personas que estén exceptuadas del artículo 6 del Decreto Presidencial 297/20, en el marco de la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus. HACÉ CLICK EN ESTE LINK…
La nueva conducción política de Newell’s Old Boys puso al frente de la seguridad del club a dos comisarios retirados con experiencia en la calle y conocimiento del mundo criminal de Rosario. Uno es Aníbal «Popi» Rodríguez, un ex jefe de distintas unidades regionales. El otro es Ernesto «Perro» Andreozzi, un histórico ex integrante de la polémica Dirección de Drogas Peligrosas, que luego tuvo cargos de conducción hasta dejar el servicio.
El Club Atlético Newell’s Old Boys fue durante los últimos 15 años, que distinguieron al estallido de violencia en Rosario, una preocupación fundamental para la seguridad pública de la ciudad, un complicado desafío para el flamante presidente Ignacio Boero, que alcanzó la conducción el 15 de diciembre pasado. Frente al estadio se produjeron asesinatos de tremenda expresividad. Hace tiempo que la institución rojinegra tiene entre su personal a personas que pertenecen a las facciones violentas de la barra. Las que durante años explotaron negocios económicos a expensas del club.
Los dos oficiales nombrados jefes de seguridad de Newell’s concluyeron sus carreras en San Lorenzo, la ciudad pegada a Rosario del influyente senador Armando Traferri, que ahora afronta un proceso penal como organizador de una asociación ilícita. Andreozzi, conocido como «El perro», tiene lazos muy estrechos con el legislador y se retiró como jefe de la Unidad Regional de San Lorenzo.
En 2021 Andreozzi fue imputado en una causa en la que se investigaba el uso de recursos policiales en 2017 para la vigilancia electoral de Traferri, del que antes había sido chofer, caso por el que irá a juicio. La hija del oficial, que es abogada, impulsó denuncias contra los fiscales que investigaron a su padre, que no progresaron.
Rodríguez también se retiró como jefe de la Unidad Regional de San Lorenzo en 2013. Estuvo antes en la Brigada de Investigaciones de Rosario, que se ocupaba de los delitos de las bandas, y también fue jefe de Orden Público, la repartición que estaba a cargo de todas las comisarías de la ciudad. Al retirarse fue jefe de Seguridad Comunitaria de Granadero Baigorria, municipio pegado a Rosario. Y en la gestión de Omar Perotti fue funcionario del ex ministro de Seguridad Rubén Rimoldi, como subsecretario de Control Urbano.
Ignacio Boero (en el medio) junto a los vices de Newell’s, Juan Manuel Medina y Hernán Botta
El reto que impone Newell’s en cuanto al orden público en Rosario es mayúsculo. La tribuna fue sostenidamente un nido ampliado de organizaciones criminales no solamente por resonantes crímenes sino por lo que se ventiló en audiencias judiciales sobre suculentos negocios económicos. En estas últimas fiscales describieron cómo el problema es esencialmente interno. Personas que cobran sueldo del club como empleados y también socios participan de circuitos extorsivos en espacios de la institución y aledaños. También directivos atacados a balazos como manifestación de esos conflictos.
El año pasado hubo una condena a un hombre que concretaba extorsiones sistemáticas contra los mayores productores de espectáculos públicos en la ciudad que traían eventos al estadio cerrado de Newell’s y que les exigían dinero y entradas. Estas investigaciones se expusieron con nitidez a partir de la bandera de un grupo criminal desplegada en ocasión del partido de despedida de Maxi Rodríguez. Que mostraba una alusión al jefe de Los Monos, Ariel Guille Cantero, y a sus socios Damián Toro Escobar y Leandro Pollo Vinardi, todos condenados por comercio de drogas y líderes de la barra leprosa.
En estas audiencias diferentes fiscales de Rosario expusieron en sus alegatos detalles sobre cómo gente ligada a la vida interna del club controlaban los viajes en micro de la Copa Argentina, que es el único torneo que admite público visitante. Hasta la presidencia del saliente Ignacio Astore la barra explotaba el estadio cubierto hasta que dejó de alquilarse, los parrilleros, participaba en representación de jugadores, merchandising, estacionamiento de vehículos, lo que representa ingresos millonarios.
El reto que impone Newell’s en cuanto al orden público en Rosario es mayúsculo. La tribuna fue un nido ampliado de organizaciones criminales no solamente por resonantes crímenes sino por lo que se ventiló en audiencias judiciales sobre suculentos negocios económicos
Frente al estadio de Newell’s se produjeron homicidios concretados con ferocidad. Por ejemplo el de Matías Cuatrero Franchetti en junio de 2016. El de Maximiliano La Rocca al final de ese mismo mes. El temerario ataque a Lorenzo Jimi Altamirano, un músico secuestrado mientras caminaba en la calle y ejecutado de tres tiros delante de la entrada al Coloso del Parque Independencia, el 1º de febrero de 2023. A la víctima le encontraron un mensaje en papel en un bolsillo colocado por sus asesinos dirigido a la barra. «Damián Escobar, Leandro Vinardi y Gerardo Gómez dejen de sacar chicos del club para tirar tiros en Rosario».
La nueva conducción seleccionó a estos ex altos oficiales de Rosario para una tarea difícil por la presencia de actores del campo criminal que no se retiraron de la tribuna. Los nuevos directivos también habían considerado para el cargo al comisario Raúl Hirsch, que durante años fue jefe de Drogas Peligrosas en Rosario de la Policía Federal, aunque finalmente se inclinaron por Rodríguez y Andreozzi.
Boero, nuevo presidente, es un dirigente histórico del club, dueño de una empresa de autopartes. En el elenco ganador participan personas que tienen relevancia institucional y política. El vicepresidente segundo del club es Hernán Botta, decano de la Facultad de Derecho y dirigente muy cercano al intendente rosarino, también leproso, Pablo Javkin. Otro activo impulsor del grupo ganador, aunque no tiene cargo en la directiva, es José Goity, actual ministro de Educación del gobierno de Maximiliano Pullaro.
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