La Dirección de Tránsito y Protección Civil de la Municipalidad de Villa Regina comenzará a desarrollar los cursos para obtener ‘Mi primer licencia’ y la Renovación de licencias de conducir en distintos sectores de la ciudad para acercar este trámite a los vecinos.
La iniciativa denomina ‘Curso de Educación Vial en mi barrio’ consistirá en dos charlas que se dictarán en el horario de 20 a 22 horas. Los primeros encuentros se realizarán los días 11 y 12 de marzo en el SUM ‘Eva Unaiche’ de barrio Nuevo y alcanzará a los vecinos de Melipal, Aldrighetti, Cipolletti y Nuevo.
Los cupos serán limitados y se requiere previa inscripción, para lo cual deberán contactarse con el presidente de la Junta Vecinal de barrio Nuevo, Germán Rodríguez, al teléfono 2984-241829 o personalmente en Santa Rosa 265.
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El gobierno libertario no para de generar escándalos de corrupción.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para Noticias La Insuperable
El escándalo que sacude a la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) expone irregularidades graves en la gestión de Luis Petri y deja al desnudo las contradicciones de la narrativa de austeridad del gobierno de Javier Milei. Contratos firmados sin aval del directorio, filmaciones de retiros de dinero en efectivo y represalias contra denunciantes configuran un cuadro que compromete a funcionarios y pone en tensión la credibilidad oficial.
Denuncias internas que destaparon el caso
El conflicto comenzó en agosto de 2025, cuando técnicos de FAdeA presentaron denuncias internas ante la gerencia de Asuntos Legales, Ética y Compliance, dirigida por Julia Enríquez. Los expedientes 1/2025 y 2/2025 dieron inicio a una investigación sobre pagos indebidos y la renegociación de contratos con empresas privadas.
El presidente de FAdeA, Julio Manco, asumió en febrero de 2025 tras la renuncia de Fernando Sibilla. Con antecedentes en HSBC, en la gestión de Mauricio Macri y luego en la órbita de Milei, Manco impulsó un giro en la conducción: menos controles, más discrecionalidad y una relación relajada con los mecanismos de aprobación institucional.
Contratos favorecedores y firmas irregulares
El primer alerta. señalan desde EnOrsai, se produjo con la renegociación de un contrato con Alta Aviación. Los términos originales, que establecían un alquiler de hangar por 10.000 dólares mensuales y 45 dólares por hora técnica, fueron modificados unilateralmente por Manco:
Alquiler reducido en un 80%
Hora técnica bajada a 25 dólares
Seis meses de gracia otorgados
El documento fue firmado únicamente por Manco, sin pasar por el directorio integrado por Emilio Magnaghi y el brigadier Francisco Leguiza, lo que en la administración pública representa una forma deliberada de eludir controles y revisiones jurídicas.
Retiros de efectivo y evidencia filmada
La situación escaló cuando se difundió la filmación de una secretaria vinculada al gerente comercial Pablo Salort retirando 10.000 dólares en efectivo de las oficinas de Alta Aviación. El pedido inicial era de 30.000 dólares, pero solo se entregó un tercio.
La grabación mostró que la operación no estaba vinculada a ningún trámite oficial y que la secretaria trabajaba como auxiliar privada de Salort, sin relación institucional con FAdeA. Salort renunció tras la difusión, un gesto que los denunciantes interpretaron como un intento de cortar la cadena de responsabilidades más que una admisión de culpa.
Patrón de irregularidades y represalias
El retiro de los dólares no fue un hecho aislado. La investigación interna reveló un patrón de operaciones irregulares: contratos con beneficios desproporcionados para empresas privadas, movimientos administrativos opacos y solicitudes de dinero en efectivo fuera de los canales oficiales.
Entre los denunciantes más activos se destacó Juan Ronco, del área de Ventas y Compras, quien detectó inconsistencias en acuerdos con Alta Aviación y Hangar Uno, beneficiarias recurrentes de decisiones sospechosas.
La reacción de Manco frente a quienes denunciaron las irregularidades incluyó intentos de despido y amedrentamiento, frenados por Enríquez, quien preservó las pruebas y elevó la documentación a la Oficina Anticorrupción (OA) y a la Dirección de Transparencia del Ministerio de Defensa, dirigida por Martín Camps.
Investigación oficial y repercusión mediática
El 23 de septiembre de 2025, FAdeA remitió toda la documentación a la OA, que abrió la investigación preliminar SISA Nº 23.563. El 14 de noviembre, la Oficina confirmó la apertura formal del expediente, manteniéndolo bajo reserva.
El caso se hizo público el 21 de noviembre, cuando los medios difundieron los detalles más sensibles: filmaciones, renegociaciones sospechosas, intentos de despidos y tensiones internas. Esto generó una alerta política directa sobre el ministro de Defensa, Luis Petri, cuyo manejo del área ya había sido cuestionado por episodios previos como irregularidades en contrataciones por 50.000 millones de pesos y un allanamiento frustrado en IOSFA.
Contexto más amplio: corrupción estructural
El escándalo FAdeA no es un hecho aislado: se enmarca en un patrón de irregularidades en el Ministerio de Defensa, que incluye venta irregular de terrenos, maniobras dudosas en IOSFA, falta de transparencia en el uso de fondos y auditorías que revelaron deudas y faltantes.
La narrativa oficial del “Estado profesionalizado y eficiente” que el gobierno de Milei intenta instalar se desarma ante estos hechos, que muestran un sistema permeado por intereses privados, discrecionalidad y prácticas incompatibles con la austeridad pública.
Impacto político y conclusiones
El escándalo tiene un doble efecto:
Compromete la continuidad de Luis Petri, uno de los ministros más expuestos del gabinete.
Refuerza la percepción de que el ajuste libertario no eliminó la corrupción, sino que abrió nuevos flancos al reducir controles, desfinanciar áreas críticas y concentrar decisiones en pocos funcionarios.
Como señaló un experto en gestión pública consultado por Noticias La Insuperable, “la corrupción no desaparece por decreto; requiere controles reales, transparencia y funcionarios calificados”.
El caso FAdeA demuestra que el ajuste sin institucionalidad genera más discrecionalidad, más opacidad y más oportunidades para la corrupción, y que el gobierno de Javier Milei, lejos de erradicar estas prácticas, comienza a ser señalado como su principal garante.
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