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Comenzó el ciclo ‘Domingos de Plaza’

Este fin de semana, la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina puso en marcha el ciclo ‘Domingos de Plaza’ para que los vecinos puedan disfrutar de distintas expresiones de la mano de artistas reginenses.

Rey David, Alicia Triviño y Zule Vega animaron la primera entrega en la Plaza de los Próceres.

El área de Cultura a cargo de Silvia Alvarado agradece a los músicos por su participación y a quienes se acercaron por respetar los protocolos establecidos.

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  • El superávit se achica, pero presionado por los fallos Caputo tuvo que aumentar el gasto en universidades

     

     El Gobierno volvió a mostrar superávit en mayo y Javier Milei salió a celebrarlo: «el granítico ancla fiscal». Pero debajo de ese número prolijo apareció un dato incómodo para el relato oficial. El gasto en universidades fue una de las partidas que más creció en términos reales, una tendencia que se acentuará en los próximos meses cuando comience a ejecutarse el acuerdo que firmó el Gobierno para tratar de evitar un fallo en contra de la Corte.

    El otro gasto que subió fue el destinado a subsidios de servicios públicos que aumentaron nominalmente $784.178 millones. Energía explicó $523.417 millones y transporte $258.687 millones, a pesar de los aumentos tarifarios, o mejor dicho para contenerlos por su presión inflacionaria.

    El Sector Público Nacional registró en mayo un superávit primario de $1.924.367 millones y un superávit financiero de $478.613 millones, después de pagar intereses de deuda por $1.445.754 millones. Con ese resultado, el acumulado de los primeros cinco meses llegó a 0,7% del PBI en el resultado primario y a 0,2% del PBI en el financiero.

    Ese 0,7% tiene valor político. Es la mitad de la meta de superávit primario de 1,4% del PBI que el Gobierno renegoció con el FMI para 2026. La meta original era más exigente: 2,2% del PBI. El Fondo la bajó luego de la revisión del programa y el acuerdo técnico que habilitó un desembolso de 1.000 millones de dólares.

    El número también tiene una lectura menos épica. La meta anual quedó en torno de $16,4 billones. A mayo, el Gobierno acumuló cerca de $6,98 billones de superávit primario. Es decir, llegó con aire a junio, aunque todavía tiene por delante el pago de aguinaldos y una segunda mitad del año donde la recaudación no muestra una recuperación sólida.

    Las universidades acordaron un aumento del 24% con el gobierno pero no retiran el reclamo en la Corte

    De hecho, la consultora Equilibra reveló que el superávit fiscal se achicó en mayo porque los ingresos cayeron más que los gastos. El superávit primario tuvo una caída real del 14,9% y el financiero del 45,7% interanual. En los primeros 5 meses del año, el deterioro acumulado es de 12% para el primario y 25,2% para el financiero, en la comparación interanual.

    La consultora Equilibra reveló que el superávit fiscal se achicó en mayo porque los ingresos cayeron más que los gastos. El superávit primario tuvo una caída real del 14,9% y el financiero del 45,7% interanual. 

    Los ingresos totales de mayo fueron $14.531.657 millones, con una suba nominal de 27,8% interanual. Los recursos tributarios crecieron 30%. El impulso central vino de Ganancias, que saltó 72,5% por el vencimiento de sociedades. En cambio, los derechos de exportación siguieron en baja y cayeron 17,4% interanual.

    La caída de los recursos obedeció fundamentalmente a los impuestos ligados a la actividad interna, como el IVA neto de reintegros con una baja del 11%, los aportes y contribuciones a la seguridad social que cayeron 4,4%, los débitos y créditos y los impuestos internos un 16,7%. Los tributos ligados al exterior también continuaron cayendo, tanto los derechos de exportación como los de importación. 

    Cuando se descuenta la inflación, se ve el deterioro del superávit. Según IARAF, los ingresos totales cayeron 4,1% real interanual. Los tributarios bajaron 2,4% y los no tributarios retrocedieron 22,5%. El gasto primario también cayó, aunque menos: 2,2% real. Por eso, el superávit primario de mayo fue 14,9% menor al de un año atrás.

    Ahí aparece una tensión clave. En abril, el Gobierno había encendido luces amarillas porque el gasto subió en términos reales mientras los ingresos caían. En mayo corrigió esa foto, pero no del todo: los ingresos bajaron más que el gasto. 

    La Justicia le ordenó a Milei que aplique de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario

    El dato más político está en las universidades. IARAF registró que las transferencias a universidades crecieron 78,5% real interanual en mayo. Fue el mayor aumento entre los componentes del gasto. En la ejecución oficial, las transferencias corrientes al sector público subieron 47,4% nominal, explicadas por un salto de 89,1% en las transferencias universitarias.

    Ese movimiento revela que pese a su discurso blindado, el gobierno tocó un límite en el ajuste universitario y es evidente que las masivas protestas terminaron mellándolo. El aumento responde a recomposiciones parciales en medio de la pelea, pero todavía no refleja el reciente acuerdo que incluye una recomposición salarial de 24,33% en dos tramos, una suba de 20% para gastos de funcionamiento, 50.000 millones adicionales para hospitales universitarios y un aumento de 50% para las becas Manuel Belgrano.

    Un acuerdo transitorio mientras se espera el fallo de la Corte Suprema sobre el  incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, avalada por la Cámara Contencioso Administrativo Federal.

    Según el cálculo del economista Ricardo Rotsztein en los primeros cinco meses de 2026, el resultado financiero oficial cercano a 0,3% del PBI se transforma en un déficit de 2,2% si se suman intereses capitalizables.

    La otra cara del superávit está en las partidas que siguen ajustadas. El gasto de capital se ubicó en $183.519 millones, un nivel similar al mes anterior. IARAF marcó caídas reales fuertes en gasto de capital a provincias, otros gastos corrientes y otras funciones (gastos operativos del sector público)

     Los principales recortes se dieron en el gasto de capital (obra pública), que tuvo una caída del 3,8% interanual nominal, siendo los rubros más afectados agua potable y alcantarillado, una hipoteca al futuro sanitario del país.

    El punto más delicado no está en el comunicado de Economía sino en lo que queda debajo de la línea. El FMI ya había advertido que, si se computa el componente real de los intereses capitalizados, el resultado financiero deja de verse tan prolijo. En su staff report, el organismo señaló que el superávit de caja global de 0,2% del PBI de 2025 pasaría a un déficit de 0,8% del PBI si se incorporaran esos intereses.

    La discusión volvió a circular con fuerza en redes. Según el cálculo del economista Ricardo Rotsztein en los primeros cinco meses de 2026, el resultado financiero oficial cercano a 0,3% del PBI se transforma en un déficit de 2,2% si se suman intereses capitalizables por 2,5% del PBI. 

     

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  • En un fuerte gesto de apoyo, habrá 14 gobernadores en la jura de Santilli

     

    Catorce gobernadores irán este martes a la jura de Diego Santilli como jefe de Gabinete, en un fuerte gesto de apoyo que marca un claro giro respecto a la relación que las provincias venían teniendo con el gobierno nacional.

    Fuentes del gobierno adelantaron que ya confirmaron su presencia la mayoría de los gobernadores del PRO, el radicalismo y los peronistas y provinciales aliados a la Casa Rosada.

    Entre los confirmados están Raúl Jalil (Catamarca); Leandro Zdero (Chaco); Juan Pablo Valdés (Corrientes); Carlos Sadir (Jujuy); Alfredo Cornejo (Mendoza); Rolando Figueroa (Neuquén); Alberto Weretilneck (Rio Negro), Marcelo Orrego (San Juan); Claudio Vidal (Santa Cruz); Osvaldo Jaldo (Tucumán); Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Gustavo Sáenz (Salta); Martín Llaryora (Córdoba) y Jorge Macri (CABA).

    Santilli acordó con los Milei sus roles como jefe de Gabinete: vocero, relación con el Congreso y control de gestión 

    Entre los ausentes estarán los seis gobernadores del kirchnerismo, que salvo excepciones han mantenido distancia durante toda la etapa del gobierno libertario. El único de ellos que hizo un mensaje de acercamiento a Santilli fue el fueguino Gustavo Melella, con una serie de tuits que publicó tras su designación en la que se ofrece a un trabajo en conjunto.

    Tampoco estará en la jura el santafesino Maxi Pullaro, que tiene buena relación personal con Santilli pero siempre fluctuante con la Casa Rosada.

    Como contó LPO, Santilli mantendrá la relación con las provincias y lo que era el Ministerio del Interior quedará a cargo de su mano derecha, Gustavo Coria. El nuevo jefe de Gabinete también conservará relación con el Congreso, donde buscará destrabar la reforma electoral para lo cual deberá negociar con los aliados que hoy irán a aplaudirlos.

     

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  • Histórico: 5ta Persona Curada del VIH en Hito Médico

    En un desarrollo monumental para la investigación del VIH/SIDA, los científicos han anunciado el 5to caso confirmado de una persona curada del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). El paciente, apodado el «paciente de Düsseldorf» para proteger su privacidad, es un hombre alemán de 53 años que no ha mostrado signos detectables de VIH en…

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  • La secretaria de Energía criticó a la industria y crece la pelea por el precio del gas

     

     La secretaria de Energía, María Tettamanti, profundizó la pelea del Gobierno con las industrias por el costo del gas en invierno. La funcionaria rechazó los reclamos de las cámaras empresarias y sostuvo que los problemas del sector privado no se explican por el precio de la energía.

    «Si algún sector industrial está complicado en esta transición económica, no es culpa de la energía», afirmó Tettamanti en el Midstream & Gas Day organizado por Econojournal. La funcionaria dijo que la energía argentina es «muy competitiva» y que el aumento de los costos por la guerra afectó a todos los países. «De hecho, en algunos países fue peor porque no tienen energía», agregó. Y cerró con una definición política: «Hay que atacar las causas, no las consecuencias».

    La frase cayó en medio de un conflicto abierto. La Unión Industrial Argentina, la Cámara de la Industria Aceitera y los grandes consumidores de gas venían acumulando reclamos por el aumento inesperado de los costos de abastecimiento, la falta de previsibilidad y el riesgo de cortes en pleno pico de consumo invernal.

    El Gobierno reasumió la importación de GNL a través de Enarsa para evitar un impacto directo sobre las tarifas residenciales. Pero al mismo tiempo decidió que las industrias absorban el costo real del gas importado, sin subsidios directos. La cuenta quedó partida en dos. Los hogares quedaron protegidos del shock. Las fábricas, en cambio, quedaron expuestas al precio pleno.

    Caputo festejó el dato de industria y construcción, pero los números del Indec muestran caídas

    El enojo empresario tiene tres frentes. El primero es el precio. En las subastas de Enarsa por el GNL regasificado, las industrias se encontraron con valores que podían rozar los 20 dólares por millón de BTU, casi cinco veces el valor del gas local. En una primera compulsa, el precio informado fue de 19,76 dólares por millón de BTU y la subasta quedó desierta. Nadie quiso convalidar ese número.

    El caso de CIARA volvió más ruidosa la pelea. La cámara aceitera denunció falta de transparencia después de que Enarsa informara, pocas horas antes de una subasta, un aumento del 47% en el costo de regasificación. El valor pasó de 3,50 a 5,16 dólares por millón de BTU. Para las cerealeras, ese salto alteró la planificación, encareció el costo exportador y golpeó procesos críticos como el secado de granos, la generación eléctrica y la producción vinculada a fertilizantes.

    Si algún sector industrial está complicado en esta transición económica, no es culpa de la energía.

    El segundo frente son los cortes. A fines de mayo, unas 130 fábricas ya sufrían restricciones totales o parciales de gas. El problema pegó sobre todo en Córdoba, el Litoral y el NOA, donde la capacidad de transporte no alcanza cuando sube la demanda residencial. Según los industriales, las interrupciones no se limitaron a contratos interrumpibles. También alcanzaron a empresas con contratos firmes y semifirmes, que pagan más para tener mayor seguridad de suministro.

    El impacto no es administrativo. Una planta que se queda sin gas tiene que parar líneas, reorganizar turnos, usar combustibles alternativos más caros o absorber costos que después aparecen en toda la cadena. La Unión Industrial de Córdoba lo planteó en esos términos: producir bajo incertidumbre diaria y sobrecostos extraordinarios complica el empleo, la inversión y los precios.

    El tercer frente es el traslado del riesgo. ACIGRA, que reúne a grandes consumidores industriales, cuestionó que el nuevo esquema obliga a las empresas a estimar con precisión cuánto gas necesitarán durante el invierno. Si compran de más, pagan un sobrecosto millonario por un insumo que quizás no usan. Si compran de menos, o si el sistema se satura, pueden quedarse sin abastecimiento.

    Por eso las cámaras llevaron el reclamo al Ministerio de Economía. La mesa chica de la UIA se lo planteó a Luis Caputo y a Pablo Lavigne. La propuesta fabril fue pagar el costo real del GNL, pero sin absorber todo el salto provocado por la guerra. En la entidad plantean que pasar de 10 dólares a 22 o 23 dólares por millón de BTU es inviable para una industria golpeada por caída de demanda, presión impositiva, márgenes comprimidos y dificultades financieras.

    El conflicto tiene una historia corta, pero intensa. En febrero, mediante la Resolución 33/2026, Economía había convocado a una licitación nacional e internacional para elegir un «comercializador» privado. Ese operador debía importar GNL, regasificarlo en Escobar y venderlo en el mercado interno. El objetivo era sacar esa carga financiera del Estado y reducir el riesgo fiscal.

    La idea duró poco. A fines de abril, el Ejecutivo dio marcha atrás. La licitación, en la que aparecían jugadores como Trafigura y Naturgy, quedó cancelada y la operatoria volvió a Enarsa. El motivo fue doble. Por un lado, la volatilidad internacional y la suba del gas por la tensión geopolítica. Por otro, las ofertas privadas llegaron más caras de lo previsto. Economía intervino la licitación después de ofertas de 4,91 y 4,95 dólares por millón de BTU, más del doble del costo que venía pagando Enarsa por el mismo concepto.

    El Gobierno eligió entonces una solución intermedia. Enarsa compra, el Estado ordena, pero las industrias pagan. La administración libertaria evita un salto tarifario pleno en hogares para no pegarle a la inflación, cuida el superávit fiscal con subsidios más focalizados y descarga sobre el sector productivo el costo más duro del invierno.

    Tettamanti defendió esa arquitectura con una frase que resume la doctrina oficial. «La eficiencia se logra cuando los precios reflejan los costos», dijo. También insistió en que el sector privado debe «contractualizar» y que el Plan Gas termina en 2028 y no será renovado. Cuando le preguntaron a qué precio, respondió: «No sé a qué precio, la verdad es que no tengo ni idea». Y agregó: «No es mi responsabilidad, no es mi obligación y no es mi rol». Su rol, explicó, es fijar reglas.

    La neutralidad también es reparto. El Estado conserva intacto el poder de cortarle el gas a la industria, desentendiéndose de la obligación de garantizárselo.

    Alejandro Di Palma, del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz, lo resumió con una fórmula incómoda para el discurso oficial: «La neutralidad también es un reparto». Para el especialista, la Secretaría de Energía no puede decir que solo fija reglas y después desentenderse del precio, porque esas reglas ya definen ganadores y perdedores. «El Estado conserva intacto el poder de cortarle el gas a la industria, desentendiéndose de la obligación de garantizárselo», señaló. En su lectura, el racionamiento no se privatizó: lo que se privatizó fue el riesgo.

    La paradoja es que el Estado se retira de la garantía, pero no del mando. Sigue definiendo la demanda prioritaria. Sigue ordenando cortes. Sigue obligando a las distribuidoras a ejecutar restricciones con cuadrillas y controles. 

    El punto físico también desarma parte del relato. Tettamanti admitió que el sistema llega al invierno con la misma capacidad de transporte que el año pasado, igual o mayor producción en Neuquén y una cantidad similar de barcos de GNL. Si la restricción está en los caños y no en la molécula, mandar a la industria a comprar gas no agrega un metro cúbico al sistema. Apenas reordena por precio una escasez que antes se administraba por instrucción. La señal de precios no construye gasoductos.

    Ahí aparece la renta escondida. Vaca Muerta produce gas barato, pero en los picos de consumo el precio lo fija el GNL importado. La brecha entre el gas local y el importado no expresa solo un costo. También expresa la falta de infraestructura. El industrial que paga el sobreprecio no paga únicamente energía. Paga la escasez de transporte que el propio Estado no resolvió, ni este gobierno ni los anteriores.

    El equilibrio actual tiene otro dato incómodo: cierra porque la economía está fría. La red no desborda, en parte, porque buena parte de la industria está de rodillas. Si la actividad se recupera, el límite del transporte va a aparecer con más fuerza. 

    La discusión, entonces, excede el invierno. Vaca Muerta puede ser una plataforma para abaratar la energía de la producción local o una caja de renta exportadora. Son dos países distintos. 

     

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