Este fin de semana, la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina puso en marcha el ciclo ‘Domingos de Plaza’ para que los vecinos puedan disfrutar de distintas expresiones de la mano de artistas reginenses.
Rey David, Alicia Triviño y Zule Vega animaron la primera entrega en la Plaza de los Próceres.
El área de Cultura a cargo de Silvia Alvarado agradece a los músicos por su participación y a quienes se acercaron por respetar los protocolos establecidos.
La extranjerización de las tierras es una realidad en la Argentina y varios casos prueban el riesgo que entraña la falta de controles. Pobladores que deben viajar dos horas de más para no atravesar propiedad privada, un pueblo que no puede expandirse porque una empresa compró toda la tierra o magnates que bloquean el acceso a puntos turísticos son algunos de los casos que podrían volverse más comunes con el proyecto que, por el momento, Milei puso en pausa.
El más conocido es Joe Lewis, el millonario que bloquea el acceso a Lago Escondido. En los años ’90 logró saltear la legislación que impedía la compra de tierras a extranjeros y construyó una fabulosa mansión con vista al lago. Durante años organizaciones intentaron que reabriera el camino que pasa en medio de sus 12 mil hectáreas, pero no lo consiguieron. Para visitar la zona hay que realizar una caminata que lleva varios días.
En medio de la discusión por la ley que impulsa Milei se conoció el caso del intendente de Puerto Libertad, un pueblo en Misiones donde el 80% de las tierras rurales está en manos de Arauco, una empresa chilena.
El intendente local busca desde hace años comprar 10 hectáreas de las 62 mil que posee Arauco para armar un parque industrial que de trabajo a los vecinos. Hasta ahora no tuvo mucha suerte: el proceso de adquisición lleva más de tres años, pero lo logra que la empresa firme la operación. «El problema es que el directorio no está en la Argentina», explicó Fernando Ferreira.
Baguales es otro lugar icónico para la extranjerización de tierras. El complejo de 10 mil hectáreas, ubicado en la Cordillera a 50km de Bariloche, pertenece a la realeza qatarí que incluso construyó una represa que se abastece de agua de dominio público para darle electricidad al emprendimiento. La autorización la firmó el gobierno de Río Negro.
A pocos kilómetros, sobre el Paraje el Manso, la casa real de Abu Dhabi adquirió más de 50 mil hectáreas. Los terrenos incluyen bosque nativo y ríos con vista a la cordillera, recursos naturales que son imposibles de visitar. Incluso los pobladores deben hacer un largo rodeo para trasladarse a pueblos cercanos.
Joe Lewis.
El departamento de Lácar, en Neuquén, tiene más de la mitad de sus tierras en manos extranjeras. En Collón Curá, otro departamento neuquino, el 8% de las tierras están manos de familias y empresas de EEUU, según un informe del Observatorio de Tierras.
La mayor parte de esas tierras están en los márgenes del río Collón Curá, un afluente del Limay. La familia de Ted Turner, los herederos de las papas Lay’s y la familia Sharp controlan la zona y hacen casi inaccesible el acceso al río.
«La tierra es un bien escaso y necesario para la vida. No es una mercancía, pero cuando está controlada por grandes poderes extranjeros, perdés la capacidad de desarrollar los recursos», le dijo a LPO el investigador Matías Oberlin, parte del Observatorio de Tierras.
El Gobierno nacional modificó por Decreto de Necesidad y Urgencia la Ley de Migraciones e incorporó nuevas causales para impedir el ingreso, cancelar residencias y expulsar extranjeros del país. Bajo el argumento de combatir los «mensajes de odio» contra los argentinos y proteger los símbolos patrios, el DNU 681/2026 introduce conceptos amplios cuya interpretación queda en manos del Estado, abriendo interrogantes sobre sus alcances y el impacto que podría tener sobre la libertad de expresión y los derechos de la población migrante.
Por Ignacio Álvez Alcorta para NLI
El Gobierno amplía las causales para impedir el ingreso y expulsar extranjeros
Con el DNU 681/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el gobierno de Milei volvió a modificar la Ley de Migraciones Nº 25.871 mediante un decreto de necesidad y urgencia, profundizando el endurecimiento de la política migratoria iniciado meses atrás. La norma incorpora un nuevo inciso al artículo 29 de la ley, que establece las causales para impedir el ingreso al país, y otro al artículo 62, referido a la cancelación de residencias ya otorgadas. A partir de ahora, podrán rechazarse solicitudes de ingreso o dejar sin efecto residencias cuando el Estado considere que un extranjero incurrió en determinadas conductas vinculadas con discursos de odio o actos contra los símbolos nacionales.
El nuevo texto establece que no podrán ingresar ni permanecer en la Argentina quienes hayan dirigido mensajes de odio en forma oral o escrita, quienes inciten a la violencia contra el pueblo argentino o contra un ciudadano argentino por motivos de nacionalidad, quienes participen en actos de ultraje contra los símbolos patrios nacionales o quienes inciten a cometer cualquiera de esas acciones. Paralelamente, el decreto modifica el artículo 63 para establecer que la cancelación de la residencia por estas nuevas causales podrá derivar en la obligación de abandonar el país o directamente en la expulsión, según determine la autoridad migratoria.
Conceptos abiertos que dejan amplios márgenes de interpretación
Aunque el decreto incorpora una cláusula que aclara que no podrán considerarse comprendidas las expresiones de disenso ideológico ni la crítica política, académica o ciudadana, la redacción deja numerosos interrogantes abiertos que probablemente terminarán siendo objeto de discusión judicial.
El primero de ellos es que la norma no define qué constituye exactamente un «mensaje de odio». No se establecen parámetros objetivos ni se remite a una tipificación penal específica. Tampoco se determina qué características debe reunir una manifestación para ser considerada incitación a la violencia contra los argentinos. Esa ausencia de definiciones deja un margen de interpretación muy amplio para la Dirección Nacional de Migraciones y, eventualmente, para los tribunales.
Otro aspecto que permanece en una verdadera nebulosa jurídica es el concepto de «ultraje a los símbolos patrios». El decreto no enumera conductas concretas ni explica si el ultraje debe encontrarse previamente acreditado mediante una sentencia judicial o si bastará con una valoración administrativa. No queda claro, por ejemplo, si una intervención artística, una protesta pública, una performance, la quema de una bandera o una publicación en redes sociales podrían ser consideradas comprendidas dentro de esa figura, ya que el texto evita cualquier precisión.
La misma incertidumbre aparece respecto de la prueba. El DNU no explica quién determinará que una persona emitió mensajes de odio ni cuál será el estándar probatorio exigido. Tampoco establece si será necesaria una condena penal previa, una resolución judicial, un expediente administrativo o simplemente informes elaborados por organismos estatales. En consecuencia, queda abierta la discusión sobre cuáles serán las garantías de defensa para los extranjeros alcanzados por la medida.
Entre la libertad de expresión y las facultades discrecionales del Estado
El propio decreto intenta anticiparse a esas objeciones al sostener que la medida no afecta la libertad de expresión, ya que excluye expresamente el disenso ideológico y la crítica política. Sin embargo, la delimitación entre una crítica protegida constitucionalmente y un supuesto mensaje de odio aparece como uno de los puntos más delicados de toda la reforma.
La dificultad radica en que la decisión sobre dónde termina una opinión política y dónde comienza una conducta que habilite la expulsión quedará inicialmente en manos de la administración pública. Esa amplitud interpretativa podría derivar en cuestionamientos sobre el alcance de las facultades discrecionales del Estado y sobre el respeto de los principios de legalidad y seguridad jurídica.
A ello se suma que la norma tampoco distingue si los hechos deben haber ocurrido dentro del territorio argentino o en el extranjero. La redacción permitiría, en principio, considerar publicaciones realizadas fuera del país o manifestaciones efectuadas años antes del ingreso, sin que el decreto establezca límites temporales ni criterios para valorar la gravedad de cada caso.
Una nueva vuelta de tuerca en la política migratoria de Milei
La modificación se inscribe dentro del endurecimiento de la política migratoria impulsada por la administración libertaria durante el último año. Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, el Ejecutivo avanzó mediante distintos decretos sobre el régimen migratorio, restringiendo derechos y ampliando las facultades de la Dirección Nacional de Migraciones, una estrategia que ya generó presentaciones judiciales y cuestionamientos por parte de organismos especializados en derechos humanos y asociaciones de migrantes.
Con el DNU 681/2026, el Gobierno vuelve a recurrir al mecanismo del decreto para introducir modificaciones en una ley sancionada por el Congreso. Más allá del argumento oficial de proteger a los argentinos frente a expresiones violentas o discriminatorias, la incorporación de conceptos jurídicos abiertos y la ausencia de precisiones sobre su aplicación concreta anticipan un escenario de fuerte debate constitucional. El verdadero alcance de estas nuevas facultades dependerá, probablemente, de cómo las aplique la autoridad migratoria y de las decisiones que adopten los tribunales cuando comiencen a llegar los primeros casos.
El canciller Pablo Quirno confirmó que el gobierno de Lula da Silva echó al embajador argentino en Brasil como parte de la decisión de reducir la relación diplomática a nivel de encargado de negocios, el mínimo posible.
La invitación a irse de Brasil del embajador argentino, Daniel Raimondi, se daba por descontada con el anuncio del martes, pero a nivel diplomático se requiere el retiro de las credenciales o la declaración como persona no grata para expulsar a un diplomático de alto nivel. Evidentemente el gobierno de Lula no quiso escalar a ese punto y le recomendó a Raimondi que vuelva a Buenos Aires.
«La Cancillería brasileña llamó a nuestro embajador, determinó que la relación es a nivel de encargado de negocios y pidió que nuestro embajador se retire de Brasil. Es una decisión unilateral que lamentamos», dijo Quirno.
El canciller argentino volvió a culpar a Lula de la escalada diplomática, aunque todo empezó con Milei yendo a San Pablo a insultarlo en un acto de campaña de Bolsonaro. El libertario volvió a atacarlo después en varias entrevistas que dio a medios argentinos.
«Es lamentable que se quejen de injerencias en procesos electorales cuando Lula visitó, previo a las elecciones del año pasado, a Cristina Kirchner en la prisión domiciliaria y no hubo de nuestra parte ningún tipo de problema, ni ninguna queja de injerencia. Son las reglas del juego», señaló Quirno.
Es lamentable que se quejen de injerencias en procesos electorales cuando Lula visitó, previo a las elecciones del año pasado, a Cristina Kirchner en la prisión domiciliaria y no hubo de nuestra parte ningún tipo de problema, ni ninguna queja de injerencia. Son las reglas del juego
«Lula ha proferido insultos a nuestro presidente, que no han sido contestados», agregó sin especificar cuáles fueron los supuestos insultos.
Daniel Raimondi.
El canciller además acusó a Lula de poner en riesgo vidas de ciudadanos argentinos cuando retiró la representación diplomática en Venezuela, una decisión que en su momento había tomado ante el asedio del régimen de Nicolás Maduro a la embajada argentina. Sin embargo, Brasil tuvo que hacerse cargo de los intereses argentinos en Caracas cuando Milei rompió con el régimen sin medir consecuencias.
«Nosotros fuimos informados, a cinco días de que Maduro fue retirado del poder, que Brasil dejaba la representación nuestra en Venezuela. Cuando Argentina tenía ciudadanos en riesgo de vida, presos políticos en riesgo de vida», se quejó Quirno, que luego confesó que fue una reacción de Brasil ante otro ataque de Milei.
Nosotros fuimos informados, a cinco días de que Maduro fue retirado del poder, que Brasil dejaba la representación nuestra en Venezuela. Cuando Argentina tenía ciudadanos en riesgo de vida, presos políticos en riesgo de vida
«Eso fue resultado de una foto que reposteó el presidente de Lula con Maduro. Ahí se nos fue informado que por esa razón se retiraba la representación, yo creo que eso es un hecho mucho más grave que cualquier cosa que haya pasado», completó.
En la embajada argentina en Brasil dicen que Raimondi no fue expulsado porque para eso hay que declararlo persona no grata pero los hechos confirman que la salida fue decisión de Brasil en una crisis inédita en 203 años de historia de las relaciones bilaterales.
Sebastián Pareja sigue padeciendo la sangría de su armado en territorio bonaerense tras el ascenso de Diego Santilli a la jefatura de gabinete y se empaña su sueño por pelear la gobernación en 2027.
El armador de Karina Milei en la provincia, que además preside la sucursal bonaerense de La Libertad Avanza, ahora sufrió la caída de Tomatito y Bigotón, dos de sus referentes en el Conurbano que perdieron el control de las delegaciones distritales de Anses.
En el armado de Pareja admitieron a LPO que recientemente le «cepillaron» la zona a Fabrizio «Tomatito» Martínez en la jefatura regional Conurbano IV de Anses. Y eso que Tomatito no suele achicarse: fue jefe de la barrabrava de Deportivo Laferrere.
Tomatito fue investigado en varias oportunidades por la Justicia bonaerense y tiene un prontuario que incluye un ataque en 2022 en el que su vehículo recibió la friolera de 35 balazos.
El periodista Gustavo Grabia, especializado en el tema de las barrabravas, reveló en su momento que en el armado de Pareja en Avellaneda pisa fuerte Alejandro Caiño, alias ‘Terremoto’, mano derecha de Pablo ‘Bebote’ Álvarez, ex líder de la barra de Independiente. Bebote lideraba la barra del Rojo cuando la senadora libertaria Florencia Arietto se hizo cargo de la Seguridad del club, durante la gestión de Javier Cantero.
Arietto se fue del club dejando como legado el nacimiento de otras dos barrabravas además de la de Bebote. «Fue como tirarle agua a uno de los Gemlins», recuerdan con rencor en el club que preside Néstor Grindetti.
Otro de los libertarios damnificados por el avance de Santilli fue Raúl «Bigotón» Ávila, ex coordinador de Pareja en San Fernando al que le sacaron el control de la delegación del organismo previsional para el que se preparó toda la vida.
El doctor Raúl «Bigotón» Ávila
El asedio a Pareja se expandió en los últimos meses por el acuerdo entre Santilli y los Menem, revelado por LPO. Este medio adelantó que los Menem intervinieron Anses Tigre, donde corrieron al dirigente que encabezó la boleta libertaria en las últimas dos elecciones, Claudio Baumgarten, para poner a la ex concejal del PRO Vanina Pignata.
La doctora Pignata responde al concejal Juan Furnari, con llegada a los riojanos, y asumió este miércoles formalmente en la Anses regional.
También se dieron cambios recientes en la Jefatura Regional de Anses con base en Mercedes, donde fue designada la concejal PRO de San Andrés de Giles Mercedes Condesse, una de las referentes de Santilli en esa región y que estuvo en Casa Rosada para presenciar la jura como jefe de Gabinete de su referente político.
El movimiento como libertad quizás sea una lectura posible en tiempos de una desesperante calma. Hay tantas formas de libertad como maneras de comprenderla. Las opciones se ramifican hasta que le perdemos el rastro en los imprecisos y puntiagudos bordes de la nada. En ese movimiento libertario los cuerpos se encuentran o se separan, y…
Kicillof, Massa y Máximo Kirchner se reunieron junto a gobernadores y legisladores peronistas para defender las PASO y comenzar a reconstruir la unidad opositora.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
El peronismo dio este miércoles una señal política que, hasta hace apenas unas semanas, parecía difícil de imaginar: Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner volvieron a compartir una mesa, acompañados por gobernadores, senadores y diputados de distintos sectores del justicialismo. El encuentro, realizado en un hotel de Retiro y extendido durante más de tres horas, tuvo un objetivo concreto: construir una posición común frente al intento del Gobierno de Javier Milei de eliminar o suspender las PASO. Pero detrás de esa discusión electoral aparece una cuestión mucho más profunda: la posibilidad de que el peronismo empiece a reconstruir una unidad capaz de disputar el poder en 2027.
La escena tiene un peso político que excede largamente la defensa de un mecanismo electoral. Durante más de un año, las diferencias entre el kicillofismo, La Cámpora, el massismo y distintos sectores del PJ se profundizaron hasta convertir la interna en una disputa que amenazó con quebrar definitivamente al principal espacio opositor. Kicillof y Máximo Kirchner habían quedado enfrentados luego del cierre de listas de las elecciones legislativas, mientras Sergio Massa reconstruía su propio espacio y varios gobernadores reclamaban una conducción que pudiera trascender las peleas internas. Ahora, esos mismos sectores volvieron a encontrarse ante un adversario común.
Una foto que hace unos meses parecía imposible
La importancia de la reunión no reside solamente en quiénes estuvieron, sino también en quiénes lograron sentarse juntos después de meses de enfrentamientos. Además de Kicillof, Massa y Máximo participaron Gildo Insfrán, Ricardo Quintela, Sergio Ziliotto, Gerardo Zamora y Gustavo Melella, junto con los jefes de bloque del peronismo en el Congreso, José Mayans y Germán Martínez. La convocatoria buscó reunir a prácticamente todas las terminales del peronismo que mantienen una posición de oposición frente al Gobierno nacional.
No se habló de candidaturas. Y esa ausencia probablemente sea uno de los datos políticos más importantes del encuentro. En una fuerza atravesada por dirigentes con aspiraciones presidenciales, comenzar una discusión sobre nombres habría significado volver inmediatamente al terreno de la disputa interna. En cambio, la decisión fue concentrarse en una cuestión institucional y electoral: impedir que la reforma impulsada por el Gobierno termine eliminando una herramienta que podría permitirle al peronismo ordenar democráticamente sus diferencias.
Las PASO, en este contexto, son mucho más que una elección previa. Para una fuerza que hoy contiene distintas corrientes, desde el kirchnerismo hasta el massismo y el kicillofismo, pasando por los gobernadores y sectores sindicales, una primaria puede funcionar como mecanismo de resolución de las diferencias sin necesidad de una ruptura. Eliminarla, en cambio, obligaría a construir acuerdos de candidaturas antes de que esas diferencias hayan encontrado un mecanismo legítimo para resolverse.
Por eso el argumento utilizado por los dirigentes reunidos en Retiro fue directo. Según trascendió, uno de los participantes planteó que quienes acompañen la eliminación o suspensión de las PASO deberán hacerse responsables de “ayudar a Milei a tener 4 años más”. La frase expresa una definición estratégica: para una parte importante de la oposición, la discusión sobre las primarias no puede separarse de la disputa por la sucesión presidencial.
El Gobierno quiso ordenar la oposición y consiguió el efecto contrario
La paradoja política es evidente. El Gobierno busca modificar las reglas electorales antes de la próxima gran disputa nacional, mientras el peronismo interpreta esa iniciativa como una amenaza a su capacidad de competir unido. La reforma electoral, entonces, empieza a funcionar como un factor externo de cohesión para una fuerza que hasta hace poco parecía incapaz de encontrar un punto de encuentro.
Incluso el PRO mantiene una posición que complica todavía más el escenario oficialista. Aunque todavía no definió su postura definitiva, dentro del partido consideran valiosas las PASO y algunos dirigentes comenzaron a explorar la posibilidad de mantenerlas pero convertirlas en voluntarias. Es decir, el Gobierno no tiene garantizado que su propuesta de eliminación encuentre un consenso amplio ni siquiera entre sus aliados o potenciales aliados.
La cuestión adquiere otra dimensión si se observa lo ocurrido recientemente en el Congreso. La derrota oficialista en el Senado alrededor de distintos capítulos de la legislación sobre tierras y manejo del fuego mostró que, cuando existen coordinación política y voluntad de negociación, la oposición puede reunir votos suficientes para bloquear iniciativas centrales del Ejecutivo. Según elDiarioAR, esa experiencia de trabajo conjunto fue uno de los factores que ayudó a generar las condiciones para el reencuentro entre sectores peronistas que venían enfrentados.
La unidad, por supuesto, todavía está lejos de estar consolidada. Una cena no borra un año de conflictos políticos, ni resuelve las diferencias entre Kicillof y el kirchnerismo, ni determina quién conducirá el espacio en los próximos años. Tampoco significa que las aspiraciones presidenciales de Massa, Kicillof u otros dirigentes hayan desaparecido. Lo que cambió es algo más elemental: por primera vez en mucho tiempo, distintos sectores aceptaron que necesitan volver a hablar entre ellos.
Y eso, en la política argentina, no es un dato menor.
La unidad como condición para 2027
El desafío que enfrenta el peronismo es considerable. No alcanza con resistir una reforma electoral ni con coincidir circunstancialmente en el Congreso. Para convertirse nuevamente en alternativa de gobierno deberá transformar una unidad defensiva en una propuesta política capaz de hablarle a una sociedad que atravesó un profundo cambio desde 2023.
Pero ningún proyecto opositor puede construirse si sus principales dirigentes se mantienen permanentemente enfrentados. La reunión de Retiro parece haber producido, al menos por unas horas, una tregua entre quienes representan tradiciones y electorados diferentes dentro del mismo universo político. El dato significativo es que Kicillof, Massa y Máximo Kirchner comprendieron que pueden seguir disputando liderazgo, pero que primero necesitan preservar el espacio donde esa disputa pueda resolverse.
El Gobierno de Milei, mientras tanto, pretende avanzar sobre las reglas electorales con la mirada puesta en su propia continuidad. El peronismo empieza a responder con otra lógica: conservar las herramientas que le permitan dirimir sus diferencias y evitar que la fragmentación termine convirtiéndose en una ventaja automática para el oficialismo.
Todavía no hay una candidatura, ni una conducción común, ni un programa de gobierno. Hay algo más modesto, pero políticamente decisivo: una mesa que volvió a reunir a quienes durante meses parecían destinados a competir entre sí antes que contra Milei.
Si esa mesa consigue mantenerse abierta, el encuentro de Retiro puede terminar siendo recordado no por las PASO, sino como el primer capítulo de una reconstrucción mucho más grande. Si vuelve a romperse, quedará apenas como una fotografía pasajera. La política argentina, una vez más, acaba de entrar en esa zona donde una tregua puede convertirse en alianza o terminar siendo apenas un paréntesis.
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