Este fin de semana, la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina puso en marcha el ciclo ‘Domingos de Plaza’ para que los vecinos puedan disfrutar de distintas expresiones de la mano de artistas reginenses.
Rey David, Alicia Triviño y Zule Vega animaron la primera entrega en la Plaza de los Próceres.
El área de Cultura a cargo de Silvia Alvarado agradece a los músicos por su participación y a quienes se acercaron por respetar los protocolos establecidos.
Con el objetivo de reforzar la concientización sobre las medidas preventivas frente al COVID-19, un grupo de personas coordinado por el Departamento de Protección Civil de la Municipalidad de Villa Regina recorrerá nuevamente espacios públicos de la ciudad entregando folletería, recordando el uso del tapabocas, la importancia del lavado de manos o el uso de…
La Cámara Nacional de Casación Penal rechazó todos los planteos del escribano santafesino Santiago Busaniche, un operador judicial que actúa como lobista de la Justicia Federal que está implicado en causas de corrupción que involucran a jueces federales, financistas y funcionarios del aparato estatal.
Los defensores de Busaniche buscaban que se declaren nulas todas las causas judiciales en su contra, entre ellas las que tiene implicado por extorsión al ex juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, y que se apartaran de las investigaciones a todos los fiscales federales intervinientes.
Según las posiciones de un caso que implica una interna judicial al más alto nivel, la salida se interpretó como la decisión o de bajarle el pulgar o bien de soltarle la mano a Busaniche, un lobista que gravitó en designaciones de empleados a partir del intercambio de influencias y favores con funcionarios de jerarquía en la Justicia Federal, un hombre ligado al aparato de inteligencia estatal que tiene domicilio en el Palacio Paz, y estrecho conocimiento de magistrados de Comodoro Py, Santa Fe y Rosario.
Con su decisión de este martes, Casación mantuvo la pesquisa iniciada por los investigadores aunque con el voto en disidencia del camarista Mariano Borinsky que tuvo planteos a favor de Busaniche, por considerar que la acción penal está extinguida. Los que desnivelaron fueron los vocales Guillermo Yacobucci y Carlos Mahiques, quienes dieron importancia a que la investigación de la que Busaniche supone corrupción institucional y que Argentina es suscriptor de pactos internacionales que imponen perseguirla.
Uno de los casos que más comprometen a Busaniche es el que lo liga a Bailaque, juez federal que el año pasado renunció a su cargo acorralado por una denuncia por extorsión contra dos agentes de bolsa de Rosario, a uno de los cuales exigieron 200 mil dólares para frenar una causa en su contra por lavado de dinero. En esa trama delictiva, según los fiscales del caso, estuvieron también el financista Fernando Whpei y el ex director regional de la AFIP en Santa Fe Carlos Vaudagna. Los tres están con una causa penal. Los dos primeros en prisión domiciliaria y el último en libertad bajo medidas restrictivas.
Los defensores de Busaniche Carlos Pirotta y Débora Lichtmann señalaban que no hay razones para considerar un caso complejo esta investigación y que los fiscales tuvieron una conducta selectiva al formular sus imputaciones «por razones políticas». Para justificar esto dijeron que los acusadores obviaron citar por ejemplo a Héctor Daniel Marchi, ex administrador general de la Corte Suprema, quien según el antiguo director de la AFIP Carlos Vaudagna instigaba a Busaniche a impulsar las extorsiones a los empresarios.
Esa posición chocó contra los argumentos de los jueces que prevalecieron. «En el caso se encuentra involucrado al menos un funcionario público e integrante del Poder Judicial de la Nación, lo que impone reparar en los compromisos internacionales asumidos por Argentina en punto a la lucha contra actos de corrupción, que imponen un deber de debida diligencia reforzada en su investigación, juzgamiento, sanción y erradicación de este tipo de criminalidad en el ámbito público», afirmó Mahiques.
Para el magistrado es un imperativo «habilitar el avance en el juzgamiento de personas sospechadas de haber intervenido en presuntos hechos de corrupción conforme la obligación asumida en compromisos internacionales por el Estado Argentino en relación con dicha materia».
Santiago Busaniche.
En coincidencia con su colega, el camarista Yacobucci sostuvo que las decisiones objetadas, que habían sido validadas en las instancias judiciales previas, «cuentan con fundamentos válidos y suficientes y los agravios de la defensa sólo muestran una mera disconformidad con lo resuelto, habiéndose garantizado en el caso la doble conformidad judicial».
Los fiscales federales cuestionan a Busaniche en diferentes causas. Una es la aludida que tiene implicados también a Bailaque, Vaudagna y Whpei. Bailaque tiene un pedido de de diez años de prisión y a Busaniche le solicitan seis años de pena.
«Los hechos atribuidos fueron originariamente subordinados legalmente a los tipos penales de prevaricato, en concurso ideal con allanamiento ilegal, a su vez en concurso material con falsedades ideológicas de documento público reiteradas, todos ellos en calidad de partícipe necesario. En tales condiciones y a tenor de la imputación efectuada por el acusador público, no merece reparos la modificación a ‘complejo’ del presente proceso. En efecto, en este legajo se investiga a una pluralidad de sujetos, algunos de ellos funcionarios públicos de alto rango, por hechos de significativa entidad criminógena, que conllevan además significativa proyección y gravedad institucional», sostuvo Mahiques.
El segundo hecho analizado por Casación es la gestión atribuida a Busaniche para que el juez federal Gastón Salmain ordenara al BCRA el pago de 10 millones de dólares durante la vigencia del cepo cambiario para que el administrador de un fideicomiso, el ya mencionado Whpei, pagara una deuda con el exterior. A cambio de esa infrecuente resolución, cuestionada por el BCRA, Salmain habría solicitado un retorno del diez por ciento.
Al imputarlo, el fiscal Juan Argibay Molina sostuvo que Busaniche, es el escribano con la matrícula 320 de la provincia de Santa Fe que está ubicada en Hipólito Yrigoyen 2600 de la ciudad de Santa Fe. Según el fiscal desde 2023 la actividad principal declarada al fisco es servicios notariales. Busaniche estuvo en relación de dependencia en distintos poderes del Estado. Entre 1995 y 1997 en el Consejo de la Magistratura Nacional. Luego en relación de dependencia de la Cámara de Diputados de la Nación. Posteriormente en la Cámara de Senadores de Santa Fe. Está casado con una hija del ex diputado santafesino Julio Gutiérrez, que es primo político del ex gobernador Carlos Reutemann y fue su armador en la Legislatura provincial en los 90. Es hermano del camarista federal de Paraná Mateo Busaniche.
«Es importante saber que al inicio de los hechos que se investigan, agosto 2019, Busaniche no era funcionario del poder Judicial de Santa Fe ni del Ministerio Público ni de AFIP. Mantenía un vínculo laboral con la Cámara de Senadores de Santa Fe. Ejercitó este rol por fuera de relaciones laborales», indicó Argibay Molina en audiencia.
En este sentido es significativa la relación que Busaniche construyó según los investigadores con la Justicia Federal donde acredita notoria influencia sin ser ni empleado ni funcionario.
La defensa de Busaniche pedía apartar a los fiscales Federico Reynares Solari, Diego Velasco, Juan Argibay Molina, Matías Scilabra, Sergio Leonardo Rodriguez y Esteban Venditti, que pertenecen a distintas procuradurías y jurisdicciones.
El camarista Borinsky entendió que no es Casación la instancia donde recurrir como hacen los defensores pero sí le reconoce que hubo de parte del trámite acusatorio una «anormal forma de proceder respecto a Busaniche» y que eso «conllevó a que se continuara con el desarrollo de la imputación ampliándose los plazos legalmente previstos -que como se viene explicando la defensa no tuvo la oportunidad real de cuestionar y de recibir una respuesta jurisdiccional adecuada». Quedó en minoría.
Karina Milei empezó a pagar el costo de sostener al frente de la mesa política del gobierno a Manuel Adorni. «No maneja nada», dijeron desde el entorno de uno de los funcionarios que compartió el encuentro de este martes con la hermana presidencial y el jefe de Gabinete.
El fastidio por las reuniones en ese ámbito de la Casa Rosada, donde la secretaria general de la Presidencia delega la conducción en Adorni, empieza a expandirse. Uno de los miembros del selecto grupo habría deslizado en su oficina que el jefe de Gabinete es apenas «un espantapájaros», en referencia a que está plantado en medio de los cultivos de maíz para que los cuervos lo picoteen a él pero no arrasen con la cosecha de la administración libertaria.
Cerca de un diputado libertario hasta se mofan compartiendo por WhatsApp la canción de la película infantil «Trapito», el clásico de la filmografía argentina realizado por Manuel García Ferré en 1975, cinco años antes que naciera el propio Adorni. La historia de ese dibujito animado representa las peripecias de un espantapájaros que se siente solo y busca su identidad, en medio de las inclemencias climáticas. Cualquier parecido de la pieza enviada por un libertario con la realidad tal vez no sea mera coincidencia.
En la cita de este martes, por caso, Adorni profundizó en la agenda parlamentaria, mientras Martín Menem y Patricia Bullrich, autoridades del oficialismo en ambas cámaras del Congreso, lo escuchaban solo por decoro. «Lo escuchan, pero no le dan bola», dijo un funcionario del gobierno a LPO.
A la mesa se sentaron, además de Adorni y Karina, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; su primo Lule Menem; la jefa de la bancada de LLA en el Senado, Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; el asesor Santiago Caputo y el subsecretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.
Santiago Caputo
El jefe de Gabinete planteó la importancia de darle curso al tratamiento del proyecto de Super RIGI, una nueva versión del régimen aprobado con la ley Bases en 2024 y cuyo alcance fue insuficiente hasta para la tropa libertaria que lo defendió en las maratónicas sesiones de entonces. También quiere darle impulso a la ley de Lobby, ludopatía y etiquetado frontal, todo mientras Karina padece la rebelión de los senadores para la aprobación de los pliegos de jueces que mandó Juan Bautista Mahiques y los gobernadores se resisten a eliminar las PASO.
Las victorias legislativas de Menem con la media sanción para la ley Hojarasca y la reducción drástica del alcance de zonas frías para hogares beneficiarios de un alivio en la tarifa de gas no implican, según legisladores de los bloques colaborativos con Javier Milei, que continúe la luna de miel del período extraordinario. Esa ventana de tiempo del verano, cuando se aprobaron el Presupuesto 2026, la reforma laboral y la modificación a la ley de Glaciares, parece haberse cerrado.
Ahora es el momento conveniente para darle salida a Adorni. Tiene que ser antes que lo citen a indagatoria y ahora que la espuma bajó en la gente.
En tal contexto, un legislador libertario sacaba cuentas respecto de que «ahora es el momento conveniente para darle salida a Adorni». «Tiene que ser antes que lo citen a indagatoria y ahora que la espuma bajó en la gente», especulaba.
En Comodoro Py comentaron a LPO que la citación a indagatoria es un paso casi obligado para Ariel Lijo, en base a la prueba reunida. De hecho, deslizaron que el fiscal Gerardo Pollicita, de licencia hasta la semana próxima, iba a dejar escrito el pedido para que el magistrado solo tuviera que habilitarlo.
Hasta que se reincorpore Pollicita, lo releva en su cargo Franco Picardi, el fiscal que lleva adelante la investigación de las coimas de Andis, otra causa sensible para el gobierno. Al cierre de esta nota, no había novedades sobre la situación judicial de Adorni pero tampoco se aflojaba la tensión por su permanencia en el gobierno.
El Gobierno consolida mecanismos para que el sistema financiero cobre primero.
Por Roque Pérez para NLI
El Gobierno nacional oficializó este jueves un nuevo esquema de descuentos automáticos sobre salarios estatales mediante el Decreto 352/2026 publicado hoy, una medida presentada como una “modernización administrativa” pero que, en los hechos, profundiza un fenómeno cada vez más visible en la Argentina de Milei: la financierización extrema del ingreso de los trabajadores públicos.
El mecanismo habilita a bancos, mutuales, cooperativas y otras entidades autorizadas a cobrar créditos, cuotas y consumos directamente desde el recibo de sueldo de empleados estatales nacionales. Es decir: el dinero puede ser retenido antes incluso de que el trabajador vea depositado su salario. En un país donde la caída del poder adquisitivo empuja a millones a endeudarse para sobrevivir, el Estado pasa a convertirse en garante directo del negocio financiero.
La medida aparece en un contexto económico particularmente delicado. Con salarios públicos deteriorados por la inflación, recortes presupuestarios y pérdida sostenida del consumo, el endeudamiento dejó de ser una herramienta excepcional para transformarse en una condición estructural de supervivencia. Tarjetas, préstamos personales, refinanciaciones y créditos de corto plazo son hoy parte del paisaje cotidiano de amplios sectores asalariados.
En ese escenario, el decreto funciona como una señal política clara: en lugar de discutir recomposición salarial o recuperación del ingreso, el Gobierno consolida mecanismos para que el sistema financiero cobre primero.
Un Estado al servicio del cobro automático
El decreto reglamenta un sistema de “códigos de descuento” aplicable a trabajadores de la Administración Pública Nacional. La lógica parece técnica, pero sus consecuencias son profundamente políticas. Cuanto más automatizado y garantizado es el cobro de préstamos y cuotas, menor es el riesgo para financieras y entidades crediticias.
Y cuando el riesgo baja, el negocio crece.
El sistema de descuento por haberes es especialmente codiciado por bancos y mutuales porque reduce casi a cero la posibilidad de incobrabilidad. No importa si el trabajador llega ajustado a fin de mes: la cuota se descuenta antes. El acreedor cobra primero; el asalariado administra lo que queda.
La paradoja es brutal. Mientras el Gobierno sostiene un discurso de “libertad económica” y retiro estatal, el aparato público se transforma en una estructura de aseguramiento para el circuito financiero privado.
En otras palabras: el Estado se corre de áreas sociales, pero permanece firme cuando se trata de garantizar el flujo de pagos hacia bancos y entidades de crédito.
Salarios débiles, deuda fuerte
La financierización del salario no es nueva en Argentina, pero sí adquiere una intensidad particular en esta etapa. La combinación entre caída de ingresos, apertura económica, tarifazos y recesión genera un terreno ideal para la expansión del crédito de supervivencia.
Ya no se toma deuda para crecer o invertir. Se toma deuda para comer, pagar servicios o llegar al día 20.
En ese marco, el decreto oficializa una lógica preocupante: asumir que el endeudamiento permanente del trabajador estatal es un dato normal del funcionamiento económico. La discusión deja de ser cómo mejorar salarios y pasa a ser cómo hacer más eficiente el cobro de las cuotas.
El problema no es solamente económico. También es político y social. Un trabajador altamente endeudado tiene menos margen de conflicto, menos capacidad de organización y mayor dependencia del ingreso mensual. El salario deja de ser una herramienta de autonomía para convertirse en un flujo parcialmente comprometido de antemano.
El trasfondo silencioso del modelo Milei
La medida encaja además con una dinámica más amplia del modelo económico actual: licuación salarial, retracción del consumo y expansión de mecanismos financieros de corto plazo.
En medio de una economía paralizada, muchas entidades encuentran en el descuento automático sobre haberes uno de los pocos negocios relativamente seguros. Y el Gobierno parece decidido a fortalecer ese esquema.
Detrás del lenguaje administrativo del decreto aparece una definición de fondo: frente a una sociedad crecientemente endeudada, el Estado ya no interviene para limitar la dependencia financiera sino para facilitarla.
Porque cuando el salario no alcanza, la deuda deja de ser una excepción. Y cuando el Estado garantiza el cobro de esa deuda, la precariedad económica se institucionaliza.
El intendente Marcelo Orazi participó de la reunión junto a integrantes de la Fundación de Estudios Patagónicos. El objetivo fue interiorizarse del convenio de asistencia técnica en el que se incluye al municipio de Villa Regina en “Puente Circular” un programa integral de desarrollo territorial en la cual se lleva adelante un plan de asistencia…
El Intendente Marcelo Orazi acompañó la firma del acta acuerdo entre la Facultad de Ciencias y Tecnología de los Alimentos de la Universidad Nacional del Comahue y el Ministerio de Producción y Agroindustria de Río Negro con el objetivo de realizar acciones conjuntas orientadas a brindar asistencia científico-técnica para incorporar valor agregado a los productos…
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