Este fin de semana, la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina puso en marcha el ciclo ‘Domingos de Plaza’ para que los vecinos puedan disfrutar de distintas expresiones de la mano de artistas reginenses.
Rey David, Alicia Triviño y Zule Vega animaron la primera entrega en la Plaza de los Próceres.
El área de Cultura a cargo de Silvia Alvarado agradece a los músicos por su participación y a quienes se acercaron por respetar los protocolos establecidos.
El complejo metalmecánico de Córdoba sigue con señales de alerta por las consecuencias del modelo económico de Javier Milei sobre la economía real.
Ahora, las fábricas de maquinaria agrícola produjeron más durante el segundo trimestre del año, impulsadas por una cosecha récord y la reaparición del crédito, pero ese mayor nivel de actividad no se tradujo en mayores ingresos. Por el contrario, las empresas venden más unidades, facturan menos y comenzaron a ajustar el empleo.
La radiografía surge del último Monitor Estadístico elaborado por la Asociación de Fabricantes de Maquinaria Agrícola y Agrocomponentes (AFAMAC), junto con la consultora Economic Trends, y encendió luces amarillas tanto entre los industriales como en el Centro Cívico cordobés.
Los números muestran una paradoja difícil de ignorar. Mientras la producción de maquinaria agrícola aumentó 15,9% respecto del mismo trimestre de 2025, la facturación en el mercado interno cayó 11,9% a precios corrientes y las exportaciones retrocedieron 14,8%. Es decir, el incremento del volumen fabricado no alcanzó para compensar la pérdida de rentabilidad que atraviesa el sector.
Detrás de ese fenómeno aparece una combinación conocida por los industriales: costos dolarizados, atraso cambiario para exportar, precios internacionales menos favorables y una demanda que, aunque volvió a financiarse, todavía no logra sostener márgenes razonables para toda la cadena. Es el combo por caídas en la facturación del mercado interno, retrocesos en las exportaciones y niveles de utilización de capacidad instalada que permanecen por debajo de los registrados un año atrás.
El impacto resulta todavía más severo entre los fabricantes de agrocomponentes. Allí la producción se desplomó 27,1% interanual y el empleo cayó 3,2%. En el conjunto del complejo metalmecánico vinculado a la maquinaria agrícola, la plantilla laboral se redujo 1,2%, una señal que comienza a preocupar en una provincia donde la industria representa uno de los principales motores económicos.
La preocupación de Llaryora
La maquinaria agrícola constituye uno de los pilares industriales de ciudades como San Francisco, Marcos Juárez, Bell Ville o Villa María, donde la actividad tiene un fuerte peso económico y político y es el enclave de los «farmer», grupo electoral clave para el cordobesismo. Cuando al peronismo le fue mal en la capital provincial, los «farmer» lo sostuvieron en el gobierno.
En el Gobierno provincial observan que el deterioro de la rentabilidad puede terminar erosionando un entramado de pequeñas y medianas empresas que, hasta ahora, había logrado sostenerse pese al ajuste nacional, como pasó con Metalfor.
La inquietud aparece además en medio del delicado equilibrio que Llaryora intenta mantener con la Casa Rosada. El gobernador necesita preservar el canal de diálogo con Javier Milei para garantizar asistencia financiera y recursos para la provincia, mientras procura evitar que el enfriamiento de la economía golpee el empleo industrial, uno de los principales activos de su gestión.
El desempeño de la maquinaria agrícola refleja también las contradicciones que atraviesa el agro argentino. La cosecha récord y la reducción parcial de las retenciones mejoraron el nivel de actividad, pero todavía no alcanzan para recomponer completamente la rentabilidad de productores e industriales.
Durante la última Exposición Rural de Palermo, Milei volvió a prometer la eliminación definitiva de las retenciones, aunque condicionó esa decisión a una mejora de los ingresos fiscales provenientes de la minería y la energía. Para la industria metalmecánica, sin embargo, ese horizonte todavía luce lejano.
Mientras tanto, las fábricas trabajan por debajo de su potencial. Según AFAMAC, las empresas de maquinaria agrícola utilizan apenas el 68,4% de su capacidad instalada, casi ocho puntos menos que un año atrás, mientras que las firmas de agrocomponentes apenas alcanzan el 59%.
Durante este miércoles, la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) realizó controles en los supermercados adheridos al programa ‘Carnes’. El objetivo de estas inspecciones fue verificar que los precios sean los establecidos por el gobierno nacional para la Patagonia, controlar el stock disponible y la calidad ofrecida. El resultado fue positivo en la primera…
Karina Milei y los primos Martín y Lule Menem le tendieron una trampa a Patricia Bullrich con el tratamiento de la ley de inviolabilidad de la Propiedad Privada, el ambicioso proyecto de Federico Sturzenegger que terminó desflecado por el rechazo de los senadores aliados a los capítulos más importantes. La hermana presidencial ordenó al ala política del gobierno que todos se quedaran quietos cuando supo que no estaban los votos y sacrificó la ley para que pierda la ex ministra.
Fuentes cercanas a uno de los gobernadores cercanos a la Casa Rosada aseguraron a LPO que no hubo un solo llamado de los funcionarios para pedir que acompañen al bloque oficialista en la Cámara Alta. A diferencia de lo que sucede cuando se acercan sesiones complicadas para los libertarios, esta vez ningún ministro del gabinete de Javier Milei levantó el teléfono para comunicarse con los jefes territoriales.
LPO había anticipado que Patricia no tenía los votos pero que aseguraba que contaría con el respaldo suficiente para aprobar la iniciativa. Fue Diego Santilli el que se enteró por boca de la salteña Flavia Royón que no estaba dispuesta a inclinarse por la positiva ante el proyecto de Sturzenegger, recién el miércoles a la mañana.
Para ese momento, empezaron a caer como una avalancha los anuncios de los gobernadores Osvaldo Jaldo, Rolando Figueroa y Hugo Passalacqua sobre su rechazo al capítulo de extranjerización de la tierra, lo que redundaba en el voto negativo de la tucumana Beatriz Ávila, la neuquina Julieta Corroza y los misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Omar Arce.
Contra la inacción del gobierno, el peronismo se movió en bloque y fue implacable. Sergio Massa contactó a los gobernadores para persuadirlos de voltear la ley, Máximo Kirchner estuvo en conversaciones con los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, Juliana di Tullio y José Mayans se ocuparon de hablar con sus colegas del Senado y los diputados Germán Martínez y Cecilia Moreau también intervinieron.
Frente a la inacción del gobierno, el peronismo se movió en bloque y fue implacable. Sergio Massa contactó a los gobernadores para persuadirlos de voltear la ley, Máximo Kirchner estuvo en conversaciones con los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, Juliana di Tullio y José Mayans se ocuparon de hablar con sus colegas del Senado y los diputados Germán Martínez y Cecilia Moreau también intervinieron.
Uno de los legisladores que participó de los cabildeos le dijo a LPO que las charlas se produjeron en simultáneo durante dos momentos diferentes, con dos objetivos bien claros. Entre las 7 y las 14 del miércoles, las discusiones del peronismo con los aliados del gobierno giraban en torno de los artículos vinculados a la venta de tierras a extranjeros, mientras que el jueves, desde la mañana y hasta las 23, se enfocaron en la pelea para derribar las modificaciones a la ley de manejo del fuego.
La imagen de seis peronistas pesados interviniendo en una discusión de una ley contrasta con la foto de Patricia, en la conferencia de prensa del martes, acompañada solamente por Nadia Márquez, un alfil de Martín Menem, el fueguino Agustín Coto y el puntano Bartolomé Abdala. Ningún jefe de bloque aliado quiso posar en la foto en el Salón de las Provincias con Bullrich en la tarde del martes, cuando sacaban cuentas entre ellos y veían que los libertarios no podían ganar.
Acaso por eso Bullrich cargó contra los Milei cuando salió del Congreso en la madrugada de este viernes, después del fracaso legislativo con el proyecto deshidratado de Sturzenegger. Su primera respuesta para analizar la derrota fue culpar a los que sostuvieron a Manuel Adorni y la especulación de que, en aquel momento, podrían haber aprobado la ley con los capítulos que esta semana le podó la oposición.
Incluso, el video que la legisladora publicó en sus redes este viernes, donde se la ve moviéndose por el recinto entre los senadores, está musicalizado con el tanto La Rosca. La frase que eligió para el posteo dice: «el tango no se baila solo». El mensaje está dirigido a los Milei.
Contra la inacción del gobierno, el peronismo se movió en bloque y fue implacable. Sergio Massa contactó a los gobernadores, Máximo Kirchner a los santacruceños, Juliana di Tullio y José Mayans se ocuparon de sus colegas Germán Martínez y Cecilia Moreau también intervinieron.
Fuentes de la Rosada contaron a LPO que Karina buscaba que el proyecto se hundiera para que Bullrich perdiera también, sin contemplar que la caída afecta a todo el gobierno. Pero también la ex ministra ensayó un deslizamiento que la perjudicó al final, fruto de su temeridad para ir por todo en la política: cuando desde el entorno de Santiago Caputo le recomendaron que retirase el capítulo de tierras para salvar la ley, la senadora desoyó la recomendación y se embanderó en defensa de la ley de Sturzenegger, justo en la peor semana del ministro de Desregulación.
Para colmo, el vacío que le hicieron desde Balcarce 50 a su jefa de bloque en la relación con los gobernadores lo llenaron sin empacho los peronistas. «Tuvimos muy buena receptividad, incluso entre los que nos decían que no podían votar como planteábamos», comentó uno de los dirigentes que participó de la jugada.
Tanto activismo generó irritación en La Plata bajo la especulación de que la maniobra era para reposicionar a Massa, algo que disfrutan entre cristinistas y massistas. En el entorno de Axel Kicillof están convencidos que cada movimiento de sus rivales en la interna es en contra suya, aunque esta vez el objetivo cumplido de derribar capítulos enteros de la ley desmonta cualquier argumento.
Ningún jefe de bloque aliado quiso posar en la foto en el Salón de las Provincias con Bullrich en la tarde del martes, cuando sacaban cuentas entre ellos y veían que los libertarios no podían ganar.
Incluso, hay quienes adjudican a Massa la detección de los negocios de Joaquín Benegas Lynch que sirvieron como argumento para la impugnación que elaboró Di Tullio contra el entrerriano para que no vote por conflicto de intereses. De hecho, el libertario terminó reconociendo la incompatibilidad denunciada y, en medio del nerviosismo, calificó de tibios e ignorantes a los aliados, detonando la relación de una mayoría parlamentaria resquebrajada.
Fue en ese momento que el santacruceño Carambia le manoteó el teléfono a Gadano para mandar el mensaje de audio diciéndole a Benegas Lynch en el grupo de WhatsApp de «los 44 de Bullrich» que se fuera «a la concha de su hermana».
Al cierre de esta nota, Di Tullio y Gadano compartían un raíd de actividades políticas en Tierra del Fuego junto a la senadora peronista Cándida Cristina López, la anfitriona, y sus colegas Alicia Kirchner, Carlos Linares y Fernando Salino.
Linares, Di Tullio, Gadano, Alicia Kirchner y Salino.
YPF aceptó la oferta de Edenor para quedarse con el 70% de MetroGAS y el 5% de MetroENERGÍA por US$780 millones. La operación implica la salida de la petrolera de mayoría estatal del control de una de las principales distribuidoras de gas del país y consolida al grupo empresario de José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti como un actor cada vez más poderoso del mapa energético argentino.
Por Roque Pérez para NLI
Hay operaciones empresariales que pueden leerse como una simple transacción financiera y otras que, detrás de los números, cuentan una historia mucho más profunda sobre el rumbo de un país. La venta del 70% de MetroGAS por US$780 millones que YPF acordó con Edenor pertenece claramente a la segunda categoría. La petrolera de mayoría estatal decidió desprenderse de su participación controlante en una de las principales distribuidoras de gas de la Argentina, en una operación que todavía debe atravesar las condiciones y autorizaciones regulatorias correspondientes, pero que ya marca una definición estratégica: YPF abandona el control de MetroGAS y el negocio queda en manos de un conglomerado privado encabezado por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti.
El Gobierno y la conducción de YPF presentan la decisión como parte de una reorganización del portafolio de la compañía, orientada a concentrar capital y esfuerzos en la producción de hidrocarburos, especialmente en Vaca Muerta. Desde esa mirada, la distribución de gas no forma parte del núcleo estratégico que la petrolera quiere conservar y la venta permite obtener US$780 millones para destinarlos a otras inversiones. El argumento puede tener una lógica empresarial, pero la pregunta política que inevitablemente aparece es otra: ¿qué significa para la Argentina que una empresa de mayoría estatal abandone el control de una infraestructura energética que llega a millones de hogares y que el Estado había recuperado indirectamente en 2012?
De Gas del Estado a YPF y otra vez al sector privado
Para entender qué está ocurriendo hay que retroceder varias décadas. MetroGAS nació durante el proceso de privatización y fragmentación de Gas del Estado, llevado adelante durante el gobierno de Carlos Menem. Aquella transformación significó el desmantelamiento de la empresa estatal que había concentrado durante décadas buena parte de la actividad gasífera argentina y la transferencia de segmentos del negocio a compañías privadas. MetroGAS quedó como una de las grandes distribuidoras del área metropolitana.
La historia tuvo un giro significativo en 2012, durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner. YPF, que acababa de volver al control estatal tras la expropiación del 51% de las acciones que estaban en manos de Repsol, decidió ejercer una opción de compra sobre el 54,67% de Gas Argentino que pertenecía a British Gas. De ese modo, YPF pasó a controlar indirectamente el 70% de MetroGAS, convirtiéndose en el accionista mayoritario de la principal distribuidora de gas del país. La propia documentación de YPF de aquel año señalaba que el objetivo era hacer de MetroGAS una empresa más eficiente y rentable y recuperar su valor estratégico dentro de la matriz energética nacional.
El contraste con la situación actual es difícil de ignorar. Catorce años después, el camino se invierte: aquello que el Estado había recuperado a través de YPF vuelve a quedar bajo control privado. Por eso, aunque técnicamente no sea correcto decir que el gobierno de Javier Milei “privatizó MetroGAS” —la empresa ya había sido privatizada décadas atrás—, sí es correcto afirmar que el Estado vuelve a retirarse del control de un activo energético estratégico que había recuperado.
Y la diferencia no es menor. La venta tampoco significa que el Estado desaparezca del negocio energético: YPF continúa siendo una pieza central del sistema y conserva activos de enorme importancia. Pero sí expresa una determinada concepción acerca de cuál debe ser el papel estatal: concentrarse en producir hidrocarburos, particularmente en Vaca Muerta, y desprenderse de otras posiciones dentro de la cadena energética.
El comprador no es un actor cualquiera
La otra mitad de la historia está en quién se queda con MetroGAS. La compradora es Edenor, la principal distribuidora eléctrica del país, controlada por un grupo empresario integrado por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti. La oferta de US$780 millones fue seleccionada luego de un proceso competitivo en el que participaron distintos interesados por la distribuidora.
El movimiento tiene una importancia que excede ampliamente a MetroGAS. El grupo que controla Edenor amplía ahora su posición dentro del mercado energético y suma el control de una de las principales distribuidoras de gas a su presencia en el negocio eléctrico. En otras palabras, un mismo entramado empresario pasa a tener una posición mucho más relevante en dos servicios esenciales: electricidad y gas.
Además, Manzano no llega desde afuera de MetroGAS. El empresario ya tenía participación accionaria en la compañía a través de Integra Capital, lo que vuelve todavía más significativa la operación: no se trata simplemente de la llegada de un nuevo competidor, sino de la consolidación del control en manos de un grupo que ya tenía presencia en la distribuidora. Durante el proceso de venta, el grupo encabezado por Manzano, Vila y Filiberti fue identificado como uno de los principales interesados en quedarse con el paquete accionario de YPF.
Aquí aparece uno de los interrogantes centrales que deja la operación. El Gobierno de Milei llegó al poder prometiendo combatir la concentración del poder económico y terminar con supuestos privilegios de la “casta”. Sin embargo, en el sector energético se observa una dinámica en la que activos estratégicos van pasando de manos estatales o de grandes empresas a otros grupos privados con enorme capacidad de concentración.
La discusión, por supuesto, no debería reducirse a nombres propios. Lo verdaderamente importante es preguntarse qué estructura energética está construyendo la Argentina y quiénes tendrán capacidad para decidir sobre ella en los próximos años.
Vaca Muerta como argumento y la concentración como consecuencia
La justificación de YPF tiene un elemento difícil de discutir: la compañía necesita concentrar recursos para desarrollar Vaca Muerta, aumentar la producción de petróleo y gas y transformar ese recurso en una fuente creciente de exportaciones y divisas. En esa estrategia, desprenderse de activos considerados secundarios puede liberar capital para invertir en exploración y producción.
Pero una cosa es reconocer esa lógica y otra muy distinta aceptar que la distribución energética sea un asunto menor. Producir gas es estratégico; distribuirlo también. Las redes que llevan el combustible hasta los hogares, comercios e industrias constituyen una infraestructura esencial de la economía argentina. MetroGAS tiene millones de usuarios y una posición central dentro del sistema de distribución del área metropolitana.
Por eso la operación abre un debate que va mucho más allá de los US$780 millones. ¿Cuánto vale para el país que YPF controle una distribuidora de esta magnitud? ¿Es correcto medir su conveniencia exclusivamente por la rentabilidad financiera que puede obtener la petrolera? ¿Qué ocurre cuando el Estado abandona posiciones dentro de la cadena y esas posiciones son acumuladas por grandes conglomerados privados?
No se trata de sostener que toda empresa energética debe ser necesariamente estatal. El problema es otro: la privatización y la concentración no son sinónimos de eficiencia por sí mismas. El funcionamiento de estos servicios depende también de regulación, tarifas, inversiones, calidad, mantenimiento de las redes y capacidad del Estado para controlar a empresas que operan en mercados donde los usuarios no pueden simplemente elegir otra red de gas o de electricidad.
La historia argentina ofrece demasiados antecedentes como para tratar estos procesos como si comenzaran hoy. La privatización de los servicios públicos durante los años 90 mostró que la transferencia de activos estatales al sector privado no elimina la necesidad de regulación pública. Por el contrario, la vuelve todavía más importante.
Ahora, bajo el gobierno de Milei, el péndulo vuelve a desplazarse con fuerza en la otra dirección. YPF vende MetroGAS, Edenor avanza sobre el negocio gasífero y el Estado concentra su apuesta en la explotación de Vaca Muerta.
La operación puede terminar siendo un buen negocio financiero para YPF. Puede incluso formar parte de una estrategia razonable para convertir a la petrolera en una compañía más enfocada y competitiva. Pero hay una dimensión que el balance contable no puede resolver: quién controla los recursos, las redes y los servicios que sostienen la vida cotidiana de millones de argentinos.
En 2012, YPF había recuperado MetroGAS bajo la premisa de que se trataba de una pieza importante de la matriz energética nacional. En 2026, la misma compañía decide que es un activo del que puede desprenderse por US$780 millones. Entre una decisión y otra pasaron apenas catorce años, pero también cambió profundamente la concepción sobre el papel del Estado en la economía.
Y quizás allí esté la verdadera noticia.
Mientras el Gobierno de Milei habla de convertir a la Argentina en una potencia energética a partir de Vaca Muerta, el Estado se retira de una parte cada vez mayor de la cadena que conecta esa energía con los usuarios. Y en ese proceso, los grandes grupos privados no sólo compran empresas: también acumulan poder sobre sectores estratégicos de la economía.
La venta de MetroGAS es, entonces, mucho más que una operación de US$780 millones. Es otra pieza del nuevo mapa energético argentino. Y esta vez, el Estado vuelve a estar del lado de afuera.
Gran parte de la labor política es interpretar a la sociedad en su conjunto, sus deseos y sus aspiraciones para buscar representarla. Esto lleva en algún punto a preguntarnos ¿qué es lo que quiere la sociedad? ¿Quiere artefactos en cuotas o quiere un dólar barato para poder viajar al exterior? ¿Quiere estabilidad cambiaria e inflación…
Los centros de esquí más importantes de la cordillera rionegrina iniciarán su temporada invernal el próximo 9 de Julio. Si bien El Bolsón había programado la apertura del cerro Perito Moreno para el sábado 3, la fecha se modificó por cuestiones operativas y se unificará con la de San Carlos de Bariloche. Desde su anuncio,…
Difunde esta nota
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.
