Este fin de semana, la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina puso en marcha el ciclo ‘Domingos de Plaza’ para que los vecinos puedan disfrutar de distintas expresiones de la mano de artistas reginenses.
Rey David, Alicia Triviño y Zule Vega animaron la primera entrega en la Plaza de los Próceres.
El área de Cultura a cargo de Silvia Alvarado agradece a los músicos por su participación y a quienes se acercaron por respetar los protocolos establecidos.
La licitación de una nueva Obligación Negociable (ON) de EDEMSA despertó el interés de operadores financieros por una particularidad poco habitual de la emisión: permitirá suscribir en dólar MEP, pero el bono cotizará y pagará en dólar cable.
La estructura abrió la puerta a una estrategia de arbitraje que varios participantes del mercado consideran una oportunidad de ganancia rápida en moneda dura, sin necesidad de mantener el título hasta su vencimiento.
La colocación está prevista para el 4 de junio y corresponde a una ON bajo ley de Nueva York. El monto mínimo de inversión será de 10.000 dólares.
Según explicó un operador financiero a LPO, el atractivo no está tanto en el rendimiento de largo plazo del bono sino en el diferencial cambiario implícito entre el dólar MEP y el dólar cable. «Hoy el canje entre MEP y cable ronda el 4 por ciento, pero en esta licitación se puede acceder prácticamente a costo cero. Ahí aparece la oportunidad», señaló.
La estrategia consiste en suscribir la ON utilizando dólares MEP, esperar la salida a cotización en el mercado secundario y vender el título una vez que comience a operar normalmente.De acuerdo con los cálculos que circulan entre operadores, la diferencia entre ambas cotizaciones podría traducirse en una ganancia de entre 2 y 3 por ciento en dólares en un plazo relativamente corto, de apenas algunas semanas.
El cronograma previsto contempla una liquidación cercana al 10 de junio. A partir de ese momento, quienes ingresen a la colocación podrán negociar el bono en el mercado secundario y buscar capturar el spread generado por la diferencia entre el valor implícito del dólar MEP y el dólar cable.
Toto Caputo.
Los especialistas recuerdan que históricamente este tipo de activos tendió a negociar en el mercado local tomando como referencia el dólar cable más una prima vinculada al costo del canje entre ambas divisas financieras.
Por eso, la expectativa es que, una vez que el instrumento empiece a cotizar, el mercado incorpore rápidamente ese diferencial en el precio del bono.
El atractivo no está tanto en el rendimiento de largo plazo del bono sino en el diferencial cambiario implícito entre el dólar MEP y el dólar cable. «Hoy el canje entre MEP y cable ronda el 4 por ciento, pero en esta licitación se puede acceder prácticamente a costo cero. Ahí aparece la oportunidad», señaló un operador financiero
La operación aparece además en un contexto de fuerte búsqueda de rendimientos en dólares, en un mercado donde los inversores siguen atentos a cualquier mecanismo que permita obtener ganancias financieras sin asumir riesgos excesivos ni inmovilizar capital durante largos períodos.
Detrás de la emisión se encuentra EDEMSA, la principal distribuidora eléctrica de Mendoza, encargada de abastecer de energía a hogares, comercios, industrias y organismos públicos en gran parte de la provincia. Pero en esta ocasión, para buena parte del mercado, el foco no está puesto en la empresa sino en la posibilidad de aprovechar un nuevo rulo financiero con sello mendocino.
Mientras el Gobierno vende la derogación de normas “ridículas” como parte de una limpieza burocrática, en el paquete aprobado en Diputados aparecen leyes vinculadas a soberanía tecnológica, producción pública de medicamentos y control estatal sobre contratos con multinacionales. Detrás de la motosierra administrativa emerge otro objetivo: desmontar herramientas históricas de regulación sobre sectores estratégicos.
Por Celina Fraticiangi para NLI
Federico Sturzenegger eligió una puesta en escena eficaz. Habló de leyes sobre palomas mensajeras, registros absurdos, microfilmaciones olvidadas y regulaciones de otra época para justificar la llamada “Ley Hojarasca”. El relato oficial funciona porque mezcla normas efectivamente obsoletas con otras que, lejos de ser decorativas, todavía expresan una determinada idea de soberanía económica y tecnológica.
Entre esas normas aparece una de las menos discutidas públicamente pero más sensibles del paquete: la Ley 22.426 de Transferencia de Tecnología, sancionada en 1981 y orientada a regular contratos entre empresas locales y compañías extranjeras vinculados a patentes, marcas, licencias industriales, asistencia técnica y know how. La norma obligaba a registrar esos acuerdos y permitía al Estado intervenir frente a cláusulas consideradas abusivas o perjudiciales para el interés nacional. En otras palabras, el Estado conservaba capacidad de supervisión sobre relaciones comerciales donde históricamente existieron enormes asimetrías entre corporaciones multinacionales y empresas argentinas.
La derogación podría pasar inadvertida si no fuera porque uno de los sectores más atravesados por contratos de transferencia tecnológica es justamente el farmacéutico. Patentes, fórmulas, licencias, propiedad intelectual y derechos de fabricación forman parte del corazón económico de los grandes laboratorios internacionales. Y ahí es donde el proyecto libertario empieza a mostrar una coherencia política mucho más profunda que la simple eliminación de “normas viejas”.
El Gobierno no sólo impulsa la caída de la Ley 22.426. También busca derogar la Ley 26.688, que declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos y respalda jurídicamente a laboratorios estatales nacionales y provinciales. La combinación resulta difícil de leer como una casualidad: menos capacidad estatal para controlar contratos tecnológicos, menor respaldo político a la producción pública y una apertura cada vez más amplia a corporaciones extranjeras en sectores estratégicos.
La cuestión farmacéutica ocupa desde hace décadas un lugar central en la política exterior de Estados Unidos. Washington históricamente impulsó esquemas de protección de propiedad intelectual favorables a grandes laboratorios multinacionales, especialmente en debates sobre patentes, genéricos y regulación sanitaria. En Argentina, esas tensiones reaparecieron una y otra vez alrededor del acceso a medicamentos, la fabricación estatal y la capacidad del país para desarrollar tecnología propia sin depender completamente de compañías extranjeras.
En ese contexto, las derogaciones promovidas por Milei adquieren otra dimensión. Ya no se trata solamente de “desregular”. Lo que emerge es un cambio de paradigma: pasar de un modelo donde el Estado retenía herramientas de control sobre sectores estratégicos a otro donde esas relaciones quedan prácticamente libradas al mercado y a la capacidad de negociación de grandes actores privados.
La narrativa de la “hojarasca” cumple entonces una función política precisa. Mientras la discusión pública gira alrededor de leyes extravagantes y normas olvidadas, avanzan modificaciones sobre estructuras sensibles vinculadas a medios de comunicación, soberanía tecnológica, patrimonio cultural y producción sanitaria. El paquete aparece diseñado para licuar el debate político detrás de una estética antipolítica basada en la idea de “limpiar privilegios” y eliminar regulaciones absurdas.
La Ley 22.426 nació en un período marcado por discusiones sobre dependencia tecnológica y fuga de divisas. En aquellos años, buena parte de América Latina debatía cómo impedir contratos abusivos donde empresas extranjeras imponían regalías excesivas, restricciones productivas o mecanismos de subordinación económica a compañías locales. Con el tiempo, varias de esas herramientas fueron perdiendo peso práctico por reformas posteriores, pero su existencia seguía representando una concepción política concreta: entender la tecnología y el conocimiento como áreas estratégicas y no simplemente como mercancías sujetas al poder del mercado.
Ahí aparece el verdadero núcleo ideológico del proyecto libertario. Muchas de las normas incluidas en la “Ley Hojarasca” no son derogadas porque hayan quedado inútiles, sino porque expresan principios incompatibles con la lógica política de Milei: intervención estatal, regulación económica, protección de sectores estratégicos y defensa de herramientas de soberanía nacional.
Por eso, detrás de la supuesta limpieza administrativa, empieza a asomar algo bastante más profundo que una depuración burocrática. Empieza a discutirse qué margen de autonomía conserva un país cuando renuncia voluntariamente a regular áreas donde se juegan salud, tecnología, comunicación y poder económico.
La promesa libertaria de una supuesta “modernización” del mercado laboral empieza a mostrar sus verdaderos efectos sociales. Un informe elaborado por el área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires expuso un escenario alarmante: caída sostenida del empleo formal, destrucción del salario real y crecimiento de la informalidad laboral en toda la Argentina.
El trabajo, coordinado por los investigadores Roxana Maurizio y Luis Beccaria, analiza datos oficiales del SIPA, la EPH y el INDEC y desarma uno de los principales relatos del gobierno libertario: que el “ajuste” generaría inversiones y empleo privado. Por el contrario, los números muestran un deterioro persistente del mercado laboral desde la llegada de Milei a la Casa Rosada.
Caída del empleo y salarios cada vez más bajos
Según el informe, el empleo asalariado formal acumuló una pérdida cercana a los 300 mil puestos respecto de noviembre de 2023. El fenómeno afecta tanto al sector privado como al público y refleja una economía paralizada, con consumo deprimido y cierre constante de pequeñas y medianas empresas.
Los datos muestran además que las remuneraciones continúan perdiendo frente a la inflación. El salario mínimo, vital y móvil sufrió un derrumbe histórico de poder adquisitivo durante la gestión libertaria. El propio informe sostiene que el deterioro ya ubica al salario mínimo por debajo de los niveles previos a la crisis de 2001.
Entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, el salario mínimo perdió cerca de un 38% de capacidad de compra. En paralelo, el salario promedio registrado también retrocedió en términos reales, especialmente en el sector público.
El discurso oficial insiste en mostrar desaceleración inflacionaria como sinónimo de recuperación económica. Sin embargo, el informe de la UBA deja en evidencia que gran parte de esa desaceleración se explica por el desplome del consumo popular, producto directo de salarios pulverizados y destrucción del empleo.
La Argentina de Milei: cuatro de cada diez trabajadores en la informalidad
Otro de los puntos más graves del trabajo académico es el crecimiento de la informalidad laboral. El estudio determinó que el 43% de los trabajadores argentinos se desempeña en condiciones informales, es decir, sin cobertura previsional, derechos laborales ni protección social.
Eso implica que más de cuatro de cada diez personas trabajan “en negro” en un contexto donde además aumentan la pobreza y la vulnerabilidad social. El informe remarca que el 32% de los trabajadores informales vive en hogares pobres.
La situación golpea especialmente a los jóvenes. Entre quienes tienen entre 16 y 24 años, la informalidad alcanza niveles extremos: alrededor de siete de cada diez trabajadores jóvenes están fuera del sistema formal.
Lejos de tratarse de un fenómeno aislado, los investigadores advierten que el deterioro atraviesa a casi todas las provincias y ramas de actividad. Comercio, industria y servicios aparecen entre los sectores más afectados por la pérdida de puestos registrados.
El fracaso del “derrame” libertario
Mientras Milei insiste con una narrativa de recuperación macroeconómica, los indicadores laborales muestran otra realidad: menos empleo, peores salarios y mayor precarización. La lógica del ajuste permanente y la licuación de ingresos funcionan como mecanismo de transferencia de recursos hacia los sectores concentrados, pero destruyen el mercado interno y profundizan la desigualdad.
El informe de la UBA también desmiente otra de las promesas libertarias: que la flexibilización laboral mejoraría el empleo. Hasta ahora, lo que se observa es exactamente lo contrario. La pérdida de derechos y el debilitamiento del salario no generaron crecimiento económico ni inversión productiva sostenida. Lo que sí avanzó fue la informalidad y la fragilidad social.
En términos políticos, el deterioro del empleo empieza a convertirse en uno de los principales puntos débiles del gobierno. La caída del poder adquisitivo ya no afecta solamente a trabajadores informales o sectores vulnerables: también impacta sobre asalariados registrados y capas medias que durante 2024 y parte de 2025 acompañaron electoralmente a Milei esperando una mejora económica que nunca llegó.
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Esteban Paulón, Maximiliano Ferraro, Pablo Juliano, Nicolás Massot y los diputados del FIT, entre otros, abortaron este miércoles la convocatoria a la sesión prevista para este jueves con el objetivo de emplazar a las comisiones con el propósito de impulsar la interpelación a Manuel Adorni.
Pasadas las 20, los legisladores solicitaron por nota a Martín Menem que «tenga a bien dejar sin efecto el pedido de convocatoria a sesión especial oportunamente requerido, en virtud de lo establecido en los artículos 35 y 36 del Reglamento de esta Honorable Cámara, con fecha jueves 14 de mayo de 2026 a las 11».
La explicación que ofrecieron los diputados que promovían la sesión fue que se trató de «una suspensión» para «agregar algunos temas de la agenda social y poder reforzar el quórum». En rigor, la oposición estaba lejos de arrimarse a los 129 integrantes de la Cámara Baja para abrir el debate.
Tal como informó LPO, los bloques vinculados a los gobernadores aliados a la Casa Rosada estaban en contra de la interpelación a Adorni. «La interpelación es un error, si lo hacemos se va a victimizar», fue la respuesta de una diputada gravitante de Provincias Unidas.
Por otra parte, Cristian Ritondo y buena parte de la bancada del PRO desoyó el mandato de Mauricio Macri para votar contra el jefe de Gabinete. En una reunión por Zoom, el jefe del bloque ratificó el criterio de que no se sientan a sus bancas cuando la convocatoria corre por cuenta de la oposición a Javier Milei. «Que junte el quórum el que convoca», resumieron.
Maximiliano Ferraro.
Las miradas también apuntaron al peronismo, que no contó con ninguno de sus diputados entre los firmantes de la convocatoria a la sesión. Si bien se daba por hecho que la tropa parlamentaria liderada por Germán Martínez estaría en el recinto para buscar el quórum, un grupo numeroso de legisladores de esa fuerza política considera que la permanencia de Adorni en el gabinete de Milei es beneficiosa para la oposición, bajo la premisa de no interrumpir al adversario cuando se está equivocando.
Como sea, uno de los legisladores que sí agitó la convocatoria le dijo a LPO que intentarían colar la interpelación en el temario que se está preparando para la sesión que pretende el oficialismo para el miércoles 20 de mayo, acaso una empresa difícil. Menem está dispuesto a sesionar para sancionar el PCT y el proyecto de recorte a las Zonas Frías, entre otros, y los libertarios no tendrían razones para aflojar el blindaje contra Adorni.
Al cierre de esta nota, ingresaba el pedido formal a la secretaría parlamentaria para sesionar efectivamente el miércoles con la interpelación a Adorni con temario pero también pedidos de informes a Sandra Pettovello y Luis Caputo por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, proyectos de modificaciones a las licencias parentales, la creación del programa «Remediar» y restablecimiento de prestaciones para los afiliados al PAMI. Esa solicitud sí contaba con las firmas de peronistas como Martínez, Cecilia Moreau, Paula Penacca y Vanesa Siley.
Con motivo de la celebración del 74° Aniversario de la República de Italia (02 deJunio), y del día del Inmigrante Italiano (03 de Junio) el Agente Consular Honorariode Italia en Villa Regina, Martín Vesprini, informa que por instrucciones precisas delConsulado General de Italia en Bahía Blanca SE ENCUENTRAN SUSPENDIDOStodos los actos Oficiales conmemorativos que se…
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