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‘Coloreando mi ciudad’ en las 201 Viviendas

La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina informa que este jueves 25 la actividad denominada ‘Coloreando mi ciudad’ se desarrollará en el barrio 201 Viviendas.

Para ello se convoca a niños y niñas de entre 8 y 12 años a participar para disfrutar de una mañana llena de aprendizajes, dibujos y colores. El punto de encuentro será la Plaza del Comahue a las 10 horas.

La actividad es gratuita y para más información o consultas, los interesados pueden comunicarse al 2984904350.

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  • En La Libertad Avanza suena Marcos Peyrano como candidato a gobernador de Santa Fe

     

     En La Libertad Avanza comenzó a sonar el nombre de Marcos Peyrano como posible candidato a gobernador de Santa Fe el próximo año. Es apoderado del partido en la provincia y de confianza de Romina Diez. Ahora, es una de las alternativas que barajan en el espacio libertario.

    Diez es la candidata natural de La Libertad Avanza para disputar la Casa Gris, pero entre sus allegados dice que preferiría competir por una banca en el Senado. La actual diputada tiene una relación directa con Karina Milei y conserva el control político del partido en Santa Fe.

    Por otro lado, Lule Menem impulsa la candidatura del diputado nacional Nicolás Mayoraz. El legislador aceptaría competir por la gobernación como candidato testimonial, pero quiere que le garanticen un lugar expectante en las elecciones nacionales de octubre. Sin embargo, su postulación tiene que conseguir el ok de Diez.

     Diez es la candidata natural de La Libertad Avanza para disputar la Casa Gris, pero entre sus allegados dice que preferiría competir por una banca en el Senado. La actual diputada tiene una relación directa con Karina Milei y conserva el control político del partido en Santa Fe 

    Ante ese escenario, surgió el nombre de Peyrano que fue convencional constituyente en la reforma de la Constitución provincial y tiene la confianza de la diputada libertaria.

    Los libertarios dicen los objetivos para 2027 son terminar por encima del peronismo y complicar competirle la reelección de Pullaro. En LLA creen que la elección se puede terminar polarizando entre el candidato libertario y el radical Pullaro, relegando el PJ a un tercer lugar.

    Marcos Peyrano es abogado y fue constituyente en la Convención Reformadora 

    En La Libertad Avanza de Santa Fe niegan que exista un acuerdo con el gobernador. «Hay diálogo, pero no hay nada cerrado», dijeron fuentes libertarias a LPO. En ese sentido, se filtra la negociación por la eliminación de las PASO.

    Pullaro es uno de los gobernadores más interesados en que el Congreso derogue las primarias porque, si continúan vigentes, el cierre de alianzas nacionales podría superponerse con el calendario electoral de Santa Fe.

    Ese escenario amenaza con profundizar las tensiones dentro de Unidos, donde conviven radicales, socialistas y dirigentes del PRO. Una alianza nacional de sectores del radicalismo y el macrismo con Milei sería difícil de compatibilizar con la continuidad del frente provincial junto al socialismo.

    Pullaro y Milei el 9 de Julio pasado

    En el entorno libertario dudan de que Unidos llegue intacto a las elecciones de 2027 y ubican al socialismo cada vez más cerca de un eventual acuerdo con Axel Kicillof u otra alternativa progresista nacional.

    Los libertarios también reclaman que Pullaro se pronuncie con mayor claridad a favor de eliminar las PASO. Los gobernadores, en cambio, le plantean a la Casa Rosada que primero debe cerrar un acuerdo político y recién después avanzar con la derogación. El cruce expone la desconfianza que existe entre Milei y los mandatarios provinciales.

    Mientras tanto, Santa Fe debe sancionar una nueva ley electoral y los tiempos comienzan a apremiar. La definición del sistema provincial será clave para ordenar el calendario y los posibles frentes.

     

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  • El caso Fontevecchia complica la estrategia de Cristina para ser candidata

     

    La jugada de los abogados de Cristina Kirchner de apelar a la ONU para pedir una revisión de su condena para que pueda ser candidata en 2027 choca con la doctrina de la Corte Suprema que niega que exista una cuarta instancia internacional contra sus pronuciamientos. En 2017, la Corte Suprema estableció en el fallo Fontevecchia que los tribunales internacionales no tienen competencia para anular decisiones del máximo tribunal.

    El kirchnerismo lanzó un operativo clamor para que Cristina pueda competir por la presidencia en las elecciones del año próximo. Fue tras el anuncio de la integración de un nuevo equipo de abogados para asesorar a la ex presidenta en la búsqueda de un fallo internacional que revierta su condena actual que incluye la inhabilitación de por vida para presentarse en elecciones que disputen un cargo público.

    Javier Borrego, ex juez del Supremo Tribunal de España y el brasileño Rafael Valim, ex abogado de Lula y especialista en Lawfare, que se sumaron al penalista Carlos Beraldi, en la defensa de la expresidenta.

    Ese equipo anunció esta semana que recurriría a la ONU para exigir un pronunciamiento de su Comité de Derechos Humanos contra la condena de Cristina Kirchner y además presentarán un «amparo» ante el comité de expertos que asesora a ese comité, para que se le permita presentarse en las PASO.

    «Cristina se podría presentar a las PASO», advierte el nuevo abogado de la ex presidenta

    Pero tres fuentes judiciales, incluso una cercana a la ex presidenta, afirmaron a LPO que la vía elegida no tiene posibilidades de éxito. El primer escollo es que el Comité de Derechos Humanos de la ONU emite dictámenes que no son vinculantes. Si bien una decisión favorable a Cristina podría generar una gran presión internacional, su aplicación dependerá de la justicia local. De hecho, Lula continuó preso a pesar de haber recibido un dictamen favorable. 

    Menos viable aún es que funcione el «amparo» ante el grupo de expertos que asesora al Comité de la ONU. «Se trata de abogados que emiten un documento de análisis, no es el dictámen del Comité de Derechos Humanos y mucho menos un fallo», afirmó a LPO una de las fuentes consultadas.

    En 2017, con el fallo Fontevecchia la Corte estableció que no hay una cuarta instancia internacional superior a los fallos del máximo tribunal argentino.

    Pero más allá de lo que defina el Comité de Derechos Humanos de la ONU y de las probabilidades inciertas de que lo haga antes de las elecciones del año que viene, en el Poder Judicial creen que la maniobra de Cristina tiene otros dos obstáculos insuperables.

    La primera es una barrera constitucional. La reforma de la Constitución de 1994 le dio rango constitucional a los tratados internacionales y como en ellos está incorporada la adhesión de la Argentina al tratado que dio nacimiento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CNDH), abrió un largo debate jurídico sobre si había adquirido estatus constitucional una «cuarta instancia» de apelación o revisión de los fallos firmes de la justicia argentina. 

    Pero, según estableció la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1997 para el caso Genie Lacayo vs Nicaragua, la CIDH puede señalar «las violaciones procesales de los derechos consagrados», pero «carecen de competencia» para subsanarlas.

    Rafael Valim y Javier Borrego, los nuevos abogados de Cristina. 

    La condena de Cristina en la Causa Vialidad está firme en todas las instancias judiciales de la Argentina: en junio de 2025, la Corte Suprema rechazó el último recurso de queja de la defensa y agotó las vías judiciales internas del país, lo que dejó la condena firme de manera definitiva.

    Y ahí aparece la segunda barrera a la nueva estrategia judicial de la ex presidenta: la jurisprudencia al respecto. En la Justicia recuerdan que esta misma Corte estableció que no existe cuarta instancia en la Argentina el caso de Jorge Fontevecchia y Héctor D’Amico contra el Estado argentino. En 1995, la revista Noticias publicó dos artículos que revelaban la existencia de un hijo no reconocido del entonces presidente Carlos Menem. El riojano le hizo una demanda civil al medio y consiguió que la Corte Suprema dejara firme en 2001 un fallo que obligaba a Fontevecchia a pagar una indemnización de 150 mil dólares por violación del derecho a la intimidad.

    La eventual revisión de la sentencia se llevaría a cabo mediante el procedimiento previsto por el ordenamiento jurídico argentino y sería resuelta por los órganos jurisdiccionales nacionales.

    El dueño de la Editorial Perfil acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el argumento de que la vida privada de un presidente es escrutada legítimamente si involucra el uso de fondos públicos o afecta su idoneidad para el cargo. Además pidieron que se revocara la penalización económica. La CIDH le dio la razón a Fontevecchia en 2011.

    La CIDH dispuso que el dueño de Perfil debía ser indemnizado y además recomendó que se anule el fallo de Corte de 2001.

    Seis años más tarde, en 2017, la Corte actual aceptó la exigencia de indemnizar a Fontevecchia, pero rechazó revocar o anular su propia sentencia de aquel año.

    Ese fallo estableció un límite histórico en la relación de Argentina con los tribunales internacionales. El máximo tribunal determinó que la CIDH no representa una «cuarta instancia» con facultades para anular fallos locales firmes.

    «La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha enfatizado estos principios al manifestar que la protección internacional que otorgan los órganos de supervisión de la Convención es de carácter subsidiario y que no puede hacer las veces de un tribunal de alzada para examinar supuestos errores de derecho o de hecho que puedan haber cometido los tribunales nacionales», argumentó la Corte en el fallo de 2017.

    Ante la consulta de LPO, Valim respondió que la condena a Cristina se inscribe en el ámbito penal y no en el civil, como el caso de Fontevecchia.

    El abogado explicó que ante un fallo favorable, «el Código Procesal Penal Federal prevé la revisión de la decisión interna por parte del propio poder judicial argentino para adecuarlo a las obligaciones internacionales obligatorias por la constitución argentina».

    Y agregó: «La eventual revisión de la sentencia se llevaría a cabo mediante el procedimiento previsto por el ordenamiento jurídico argentino y sería resuelta por los órganos jurisdiccionales nacionales».

    El antecedente de la CIDH le sirvió al kirchnerismo para no recurrir a es mismo tribunal por dos motivos: la posibilidad de no superar esa doctrina y evitar una demora de 16 años como la que padeció Fontevecchia. Acaso por eso recurrieron a la ONU, aunque el final asoma igual de desfavorable.

    Además, en la Justicia aseguraron a LPO que existe un acuerdo para avanzar con el decomiso de los bienes de la ex presidenta antes de que termine el año. La condena de la Causa Vialidad prevé la ejecución de bienes por 685 mil millones de pesos. Los abogados de Cristina aclararon que la cuestión del decomiso no tiene relación con la presentación que realizaron ante Naciones Unidas.

    Si esto se confirma, en la segunda mitad de este año la ex presidenta enfrentará una agenda judicial muy distinta al debate sobre su apelación a la ONU, sino sobre la venta de sus hoteles y otros bienes.

     

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