La Cámara de Diputados le soltó la mano a José Luis Espert este miércoles, cuando votó por unanimidad la habilitación para que el juez de San Isidro, a cargo del juzgado federal N°2, avance con las medidas de prueba contra el economista por los pagos de Fred Machado que habría recibido.
El debate se produjo cuando el secretario parlamentario tuvo que notificar al cuerpo que había llegado un oficio judicial de Mirabelli, solicitando el permiso al Poder Legislativo. Tras un intenso debate, se juntaron 215 votos por la afirmativa y tres abstenciones.
El lilito Juan Manuel López planteó la necesidad de pasar a un cuarto intermedio para analizar en detalle el procedimiento adecuado, en tanto el magistrado no reclamaba el desafuero de Espert sino la autorización de medidas para la investigación.
Sin embargo, el líder de la bancada peronista, Germán Martínez, le salió al cruce y sostuvo que la discusión tenía que ser pública. Su compañero de bloque en representación de Río Negro, Martín Soria, reclamó al secretario parlamentario, Adrián Pagán, que se leyera el oficio, y recordó que la Policía halló el contrato entre Machado y Espert en la casa donde el presunto narco cumplía prisión preventiva en Viedma: «estaba en un tacho de basura», apuntó.
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Por eso, consideró que era fundamental fajar la puerta del despacho del diputado investigado, para preservar posibles elementos probatorios.
La nota judicial cayó como una bomba neutrónica en el recinto. Mientras que Pagán aclaró que el magistrado sentó expresamente en su misiva que la causa se encontraba bajo secreto de sumario y que solicitaba «evitar publicidad del contenido y sus pormenores», Christian Castillo pidió de nuevo que se lo expulse a Espert.
Soria pidió que se faje el despacho de Espert para preservar elementos probatorios.
El radical Pablo Juliano, por su parte, propuso que el cuerpo convocara a una sesión secreta, pero Mónica Frade mocionó que se votara la autorización.
Ex juez formoseño, Fernando Carbajal se negaba a votar algo cuyo contenido ignoraba. El santacruceño José Garrido, el oficialista José Peluc y la ex libertaria Marcela Pagano apoyaban esa postura pero entre Cristian Ritondo y Frade terminaron de empujar la aprobación de la habilitación que demandaba Mirabelli.
