La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina informa que este jueves 25 la actividad denominada ‘Coloreando mi ciudad’ se desarrollará en el barrio 201 Viviendas.
Para ello se convoca a niños y niñas de entre 8 y 12 años a participar para disfrutar de una mañana llena de aprendizajes, dibujos y colores. El punto de encuentro será la Plaza del Comahue a las 10 horas.
La actividad es gratuita y para más información o consultas, los interesados pueden comunicarse al 2984904350.
Mientras el oficialismo construyó buena parte de su identidad política alrededor de la idea de combatir los privilegios de la “casta”, la situación patrimonial de Manuel Adorni se convirtió en uno de los episodios más incómodos para la administración de Milei. La demora en la presentación de su declaración jurada, las explicaciones cambiantes y las prórrogas administrativas terminaron transformando un trámite formal en una crisis política de credibilidad.
Por Ramiro C. Ferrante para NLI
Durante meses, el Gobierno hizo de la transparencia una bandera discursiva. Funcionarios, voceros y dirigentes libertarios cuestionaron a gobiernos anteriores por presuntas irregularidades patrimoniales y reclamaron estándares más altos de rendición de cuentas. Sin embargo, cuando el foco comenzó a apuntar hacia el entonces vocero presidencial y actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la reacción oficial fue cualquier cosa menos contundente.
El problema dejó de ser únicamente la declaración jurada. Lo que comenzó como una demora administrativa terminó convirtiéndose en una prueba política. Cada día sin presentación alimentó nuevas preguntas. ¿Por qué un funcionario que prometía transparencia absoluta no mostraba rápidamente su patrimonio? ¿Por qué el Gobierno parecía más preocupado por administrar los tiempos que por despejar las dudas?
La prórroga que agravó las sospechas
La situación se volvió todavía más delicada cuando la Oficina Anticorrupción resolvió extender los plazos para la presentación de declaraciones juradas de los funcionarios nacionales hasta el 31 de julio. Formalmente, la medida fue justificada por cuestiones técnicas vinculadas a vencimientos fiscales. Sin embargo, la decisión coincidió con el momento de mayor presión política sobre Adorni y fue interpretada por amplios sectores como un alivio a medida para el funcionario.
Lejos de cerrar la discusión, la prórroga la amplificó. La oposición comenzó a cuestionar si el organismo encargado de controlar a los funcionarios estaba actuando con independencia o si se había convertido en un instrumento para ganar tiempo político.
La paradoja fue evidente. El mismo gobierno que prometía terminar con los privilegios aparecía beneficiado por una resolución que reducía la presión sobre uno de sus principales dirigentes.
Un funcionario bajo la lupa
En las últimas semanas trascendió que Adorni continuaba trabajando con asesores y contadores para completar la documentación patrimonial y fijó como horizonte el 15 de junio para realizar una presentación pública de su situación económica.
La explicación oficial sostiene que se trata de un proceso complejo y que toda la información será presentada en tiempo y forma. Pero políticamente el daño ya está hecho. Cuando un gobierno construye su legitimidad sobre la idea de que es distinto a los demás, los estándares que se le aplican son más altos.
Ese es el verdadero problema para la Casa Rosada. La discusión dejó de girar alrededor de balances, inmuebles o formularios. Lo que está en juego es la coherencia entre el discurso y la práctica.
El costo de predicar una cosa y hacer otra
La administración de Milei suele responder a los cuestionamientos apelando a la confrontación. Sin embargo, el caso Adorni no es un conflicto externo ni una disputa con gobernadores, sindicalistas o dirigentes opositores. Es una controversia nacida dentro del propio oficialismo.
Por eso genera tanta incomodidad. Resulta difícil acusar de “operación” a quienes simplemente preguntan por qué un funcionario central del Gobierno aún no exhibió plenamente la información patrimonial que se espera de cualquier alto cargo del Estado.
Incluso dirigentes aliados comenzaron a marcar distancia. Algunos referentes libertarios y oficialistas reclamaron que la situación se resolviera cuanto antes para evitar que la polémica siguiera creciendo.
La preocupación es lógica: cuanto más se extiende el tema, más se instala la percepción de que existe algo que ocultar, aun cuando eso no esté probado.
El espejo de la casta
El episodio encierra una ironía política difícil de ignorar. Durante años, Milei y sus dirigentes construyeron su narrativa denunciando privilegios, opacidad y falta de controles sobre la dirigencia tradicional. Ahora es uno de sus funcionarios más importantes quien debe explicar por qué la transparencia prometida tarda tanto en llegar.
El Gobierno todavía tiene margen para cerrar la controversia. Pero cada demora adicional profundiza una contradicción central: la de una administración que llegó prometiendo ser distinta y que, frente a un cuestionamiento sensible, parece recurrir a las mismas maniobras dilatorias que durante años criticó.
Porque al final del día, la discusión no pasa por una declaración jurada. Pasa por la credibilidad. Y en política, cuando la confianza empieza a erosionarse, ningún formulario alcanza para recuperarla.
Luego de la unidad alcanzada a escala provincial, el radicalismo fue a internas en nueve municipios bonaerenses. En los dos más gravitantes, Mar del Plata y Bahía Blanca, este domingo se impusieron los candidatos promovidos por Maximiliano Abad.
Como contó LPO, tras un periodo de ruptura y judicialización que derivó en un comité de emergencia, la UCR bonaerense logró cerrar una lista de unidad para la nueva conducción, con el ex diputado Emiliano Balbín al frente.
Nieto del histórico dirigente radical, el nuevo presidente del radicalismo provincial integra la estructura de Adelante Buenos Aires, el espacio que conduce Abad que, así, recupera el control de la estructura partidaria en terreno bonaerense.
Sin embargo, en algunos municipios no se llegó a un acuerdo y hubo choques internos. El más concurrido fue el de Mar del Plata, donde casi 6 mil afiliados fueron a las urnas. Ahí, se impuso con el 70% el concejal Ricardo Liceaga Viñas, del sector de Abad, que ratifica así su liderazgo partidario en su distrito de base.
«Vamos a trabajar juntos, con la fuerza de los afiliados y vocación de poder, en la reconstrucción del partido y en una alternativa real para la provincia», dijo Abad este domingo al celebrar el triunfo.
En Mar del Plata, Adelante alcanzó un acuerdo con Evolución y el possismo, además de tener la lista de Liceaga Viñas el apoyo del bloque de concejales y consejeros de la UCR. Sin embargo, un grupo opositor al liderazgo de Abad y que tiene al frente a Fernando «Pipi» Herrera, le presentó disputa interna.
La candidatura de Herrera fue impugnada por no cumplir aspectos de la carta orgánica, por lo cual la lista opositora fue encabezada por Jimena Nespral. Esa lista cosechó poco más de 1.800 votos, muy por debajo de los más de 4 mil del abadismo.
En Bahía Blanca, la elección radical no tuvo la participación de Mar del Plata. Apenas el 10% del padrón fue a votar, sin llegar a los 1.000 afiliados. Ahí también ganó Adelante, que retoma el control del comité local, ahora con Fernando Roig al frente.
La lista ganadora obtuvo 555 votos, mientras que la boleta que encabezó Martín Bustos, apoyado por dirigentes como el ex diputado Juan Pedro Tunessi, cosechó 428 voluntades. El reparto de plenaristas es 11 a 9 y de convencionales, 3 a 2.
Roig llega a la conducción con el apoyo del abadismo que, en la Sexta sección tiene como referentes al ahora titular del Comité Provincia Emiliano Balbín, a la senadora Nerina Neumann y, en Bahía, al ex concejal y actual titular de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, Pablo Daguerre. También, tuvo fuerte apoyo de la JR y Franja Morada.
La Fundación Faro, uno de los principales usinas ideológicas del mileísmo y conducida políticamente por Agustín Laje, quedó en el centro de una inesperada tormenta. La Inspección General de Justicia (IGJ) la intimó para que explique el origen de casi $5.000 millones recibidos durante 2024, identifique a sus aportantes y aclare una serie de inconsistencias contables que ponen bajo la lupa el financiamiento de la llamada “batalla cultural” libertaria.
Por Celina Fraticiangi para NLI
La noticia cayó como una bomba en los círculos libertarios. La IGJ otorgó un plazo de diez días hábiles para que la Fundación Faro entregue información detallada sobre quienes realizaron los aportes que permitieron a la entidad declarar ingresos cercanos a los $4.957 millones durante 2024. Según la documentación observada por el organismo, los balances fueron presentados con retraso, sin identificar a los donantes y con diversos puntos que requieren aclaración.
No se trata de una organización cualquiera. Faro se convirtió en los últimos dos años en la principal plataforma de difusión ideológica del oficialismo, impulsando actividades, encuentros empresariales y campañas de comunicación alineadas con el proyecto político de Milei. La fundación tiene a Agustín Laje como figura emblemática y mantiene estrechos vínculos con sectores del gobierno nacional.
De una pequeña fundación a una maquinaria multimillonaria
Uno de los aspectos que más llamó la atención de los organismos de control es la velocidad del crecimiento patrimonial. Hasta 2023 la entidad se llamaba Fundación Valorar y declaraba un patrimonio cercano a los $12 millones. Tras el cambio de autoridades y su transformación en Fundación Faro, el patrimonio informado superó los $4.300 millones y los ingresos rozaron los $5.000 millones.
Los números son impactantes incluso para los estándares de las organizaciones vinculadas a la política. La evolución representa un incremento patrimonial superior a las 350 veces en apenas un ejercicio contable. Esa expansión es precisamente uno de los elementos que motivaron el interés de la IGJ, que ahora exige conocer quiénes financiaron semejante crecimiento.
La intimación también apunta a préstamos sin explicación suficiente, libros contables sin actualizar y la ausencia de información que permita identificar con precisión el origen de los fondos declarados. Según trascendió, el organismo considera indispensable determinar quiénes realizaron las contribuciones más importantes y bajo qué modalidad se efectuaron.
Una interna libertaria que asoma detrás del expediente
La investigación administrativa también alimentó especulaciones sobre las tensiones internas que atraviesan al oficialismo. Distintos análisis periodísticos señalaron que la avanzada de la IGJ ocurre en medio de la creciente disputa entre los sectores alineados con Karina Milei y el espacio que responde políticamente a Santiago Caputo, uno de los dirigentes más influyentes del entorno presidencial.
La particularidad del caso es que Faro fue presentada desde su nacimiento como la herramienta destinada a sostener la denominada «batalla cultural» libertaria. El propio Milei participó de actos y actividades de la fundación, respaldando públicamente su papel dentro de la construcción política oficialista.
Ahora, sin embargo, la discusión ya no gira alrededor de las ideas sino del dinero. La pregunta que busca responder la IGJ es simple y al mismo tiempo explosiva: ¿quiénes aportaron los casi $5.000 millones que permitieron el despegue de la organización?
La respuesta podría convertirse en un problema político de magnitud para un gobierno que llegó al poder prometiendo transparencia y cuestionando los mecanismos de financiamiento que durante años criticó en otras fuerzas políticas. Mientras tanto, la Fundación Faro enfrenta el desafío de justificar el origen de recursos multimillonarios que hasta hoy permanecen envueltos en un manto de opacidad.
Péru se prepara una noche larga. Los boca de urna ubican a Keiko Fujimori en primer lugar pero con un margen mínimo de distancia sobre Roberto Sánchez y dentro del margen de error.
Ipsos ubica a la candidata de derecha arriba con 50,7 contra 49,3 del postulante de la izquierda que busca agrupar al antifujimorismo para llegar al gobierno.
En el conteo oficial empezó lentamente con Keiko en primer lugar pero la paridad entre los dos candidatos auguran un proceso que tardará unos días en confirmar al ganador.
LPO publicó que la consultora Rubikon ubica en la previa a Keiko con 43,2 por ciento de los votos contra 40,1 de Roberto Sánchez, 11,3 de voto blanco y 5,3 de indecisos.
Rubikon sostiene que «con un volumen importante de indecisos y una diferencia entre candidatos que se mantiene dentro del margen de error, el escenario continúa abierto. Ambos postulantes presentan niveles elevados de rechazo, configurando una elección más vinculada a la lógica del «mal menor» que a adhesiones fuertes o identidades políticas consolidadas.
Roberto Sánchez.
«Si bien Keiko muestra una ventaja relativa en algunos indicadores de favorabilidad, ésta no resulta lo suficientemente amplia como para considerar la contienda definida», agrega.
Keiko Fujimori va por su cuarta intención de llegar a la presidencia con el desafío de superar la mayoría social antifujimorista que se impuso con Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynsky y Pedro Castillo en 2011, 2016 y 2021.
Por su parte, Roberto Sánchez busca representar el sector andino rural en una reivindicación de la figura de Pedro Castillo que está detenido por intentar un golpe de estado. Ese clivaje, campo-ciudad se expresa con contundencia en en esta segunda vuelta.
En la campaña de Sánchez reconocen que Keiko tiene más chances de victoria pero en un escenario de extrema paridad.
La Municipalidad de Villa Regina, a través del Área Mujer y Diversidad y organizado por la Comisaría de Familia, continúa con las capacitaciones para los agentes municipales en la temática “Tipos de violencia”. Las mismas se desarrollarán mañana miércoles y el viernes de 14 a 16 horas en el Galpón de las Artes. Estas capacitaciones…
Tras la firma del contrato de obra, comenzó el movimiento en la calle Libertad con la instalación del obrador de la empresa Quidel que tendrá a su cargo la construcción del pavimento, el boulevard y la bicisenda entre Belgrano y Avenida General Paz. El plazo de ejecución es de 5 meses y el presupuesto es…
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