‘Coloreando mi ciudad’ en las 201 Viviendas

Así lo denunció Gastón Alberdi

Por Tomás Palazzo para NLI

Gastón Alberdi, descendiente de Juan Bautista Alberdi y partícipe del armado inicial de La Libertad Avanza, pasó de ser uno de los impulsores simbólicos del proyecto de Milei a convertirse en uno de sus críticos más duros.

Conoció a Milei en 2020 y colaboró en la construcción del espacio libertario, aportando estructura partidaria y hasta dinero de campaña. Con el tiempo, sin embargo, denunció que ese aporte —11.500 dólares entregados en mano a Karina Milei— nunca fue registrado y terminó “perdido” en el entorno del actual mandatario, además de cuestionar el uso del apellido Alberdi como legitimación histórica del discurso libertario.

Tras su ruptura con el espacio, Alberdi acusó a Milei de haber engañado tanto a sus propios colaboradores como al país y señaló supuestos vínculos del libertario con personajes de antecedentes opacos, incluyendo reuniones con empresarios investigados y la admisión de haber asesorado a narcos.

También afirmó que el proyecto de Milei no tiene nada de liberalismo clásico y lo definió como un esquema conservador y autoritario que traiciona la memoria de su antepasado. Según Alberdi, el modelo actual es un retroceso histórico disfrazado de revolución.

Base de datos

Aquellos memoriosos recordarán que, cuando era miembro del Congreso, antes de asumir como presidente, Milei sorteaba mes a mes su sueldo de diputado entre aquellos que se inscribieran para participar. Pues bien, durante una entrevista para Diagonales Stream, Gastón Alberdi, que conocía la «cocina» libertaria como pocos, no solo confirmó la «venta» de candidaturas por parte de Karina Milei, sino que, además, aseguró que el actual presidente vendía la base de datos de los participantes del sorteo a distintas entidades privadas, obteniendo millonarias ganancias.

Si participaste de algún sorteo y te estuvieron llamando por teléfono últimamente para intentar venderte algo, ya sabés a quien agradecerle. En tanto, alguien podría acercarle al mandatario copia de la Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales.

El jefe de Gobierno porteño ordenó el desalojo de una cooperativa de recicladores en Parque Avellaneda y celebró la medida como “recuperación” de un predio. Juan Grabois respondió con una durísima crítica política y social, denunciando un ataque contra trabajadores humildes.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

El conflicto estalló luego de que Jorge Macri anunciara el desalojo de la cooperativa El Amanecer de los Cartoneros, vinculada al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que funcionaba desde hace años en un predio de Parque Avellaneda. Desde la Ciudad justificaron la acción como una recuperación de propiedad pública.

Macri eligió las redes sociales para exhibir la medida como un logro de gestión, asegurando que la cooperativa había “usurpado” el lugar durante una década y que el operativo se inscribía en una política de orden y legalidad. Incluso contabilizó el procedimiento como la propiedad número 553 recuperada, en un mensaje con tono celebratorio.

La respuesta no tardó en llegar. El diputado nacional de Unión por la Patria y referente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, salió al cruce y acusó al jefe de Gobierno de ensañarse con los sectores más vulnerables, en lugar de enfrentar problemas estructurales de la Ciudad.

El desalojo como política

Desde el entorno porteño sostienen que “los usurpadores no tienen lugar” y que el Estado debe garantizar el cumplimiento de la ley. Sin embargo, organizaciones sociales remarcan que se trata de trabajadores de la economía popular que reciclan, generan ingresos y cumplen una función ambiental clave, muchas veces supliendo la ausencia estatal.

La cooperativa desalojada forma parte del entramado cartonero que sostiene el reciclado urbano en la Ciudad, con miles de familias que viven de esa tarea y que, en muchos casos, operan bajo convenios y marcos de reconocimiento institucional.

La reacción de Grabois

Grabois fue directo y sin eufemismos. Calificó a Jorge Macri como una “rata de segunda marca” y sostuvo que el problema no es un ataque personal, sino la decisión de ir contra gente humilde que trabaja y no le hace daño a nadie. En su descargo, subrayó que los cartoneros actúan en el marco de la legalidad y con organización colectiva.

El dirigente social también cuestionó lo que definió como una estrategia política conocida: personalizar el conflicto para ocultar una política de exclusión contra los de abajo, y denunció una lógica de crueldad disfrazada de orden.

Un modelo de Ciudad en disputa

El episodio vuelve a poner en evidencia el choque entre dos modelos. Por un lado, una gestión porteña que prioriza el marketing del “orden” y la recuperación de espacios sin contemplar el impacto social. Por el otro, organizaciones que reclaman reconocimiento, diálogo y políticas públicas inclusivas para quienes sostienen la economía popular.

Lejos de ser un hecho aislado, el desalojo en Parque Avellaneda se inscribe en una avanzada contra cooperativas y organizaciones sociales, mientras la Ciudad evita discutir soluciones de fondo para el trabajo, la vivienda y el reciclado urbano.

En ese contexto, la pelea verbal entre Macri y Grabois expone algo más profundo que un cruce en redes: la disputa por quiénes tienen derecho a la Ciudad y quiénes son expulsados en nombre de una legalidad selectiva.