‘Coloreando mi ciudad’ en las 201 Viviendas

‘Coloreando mi ciudad’ en las 201 Viviendas

‘Coloreando mi ciudad’ en las 201 Viviendas

La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina informa que este jueves 25 la actividad denominada ‘Coloreando mi ciudad’ se desarrollará en el barrio 201 Viviendas.

Para ello se convoca a niños y niñas de entre 8 y 12 años a participar para disfrutar de una mañana llena de aprendizajes, dibujos y colores. El punto de encuentro será la Plaza del Comahue a las 10 horas.

La actividad es gratuita y para más información o consultas, los interesados pueden comunicarse al 2984904350.

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  • Denuncian que Jalil acordó leyes con el Gobierno a cambio de rutas para «el Lázaro Báez catamarqueño»

     

    Hizo ruido en Catamarca la entrega de la concesión por 20 años de buena parte de la autopista Rosario-Córdoba a la unión de empresas integrada por Guido Mogetta S.A., empresa que tiene el dominio absoluto de la obra pública catamarqueña y que es sindicada como la «preferida» del gobernador Raúl Jalil.

    La empresa de la familia del ex secretario de Transporte de Milei, Franco Mogetta, se quedó con los peajes del tramo Centro de la Red Federal de Concesiones promovida por Toto Caputo. Son 682 kilómetros que además incluye tramos de las rutas 19 y 34.

    Fuentes al tanto de estas licitaciones advierten que la adjudicación en cuestión fungió como prenda de negociación de Jalil con el Gobierno para definir el voto de legisladores catamarqueños en próximas leyes de interés de Milei, entre ellas la eliminación de las PASO.

    Jalil con Franco Mogetta cuando era el secretario de Transporte de Milei.

    «Mogetta es el Lázaro Báez catamarqueño», sostuvo una fuente de esa provincia que enumeró una serie de obras clave que el gobierno de Jalil otorgó a Guido Mogetta S.A. La más significativa fue la Ruta Provincial N.º 43, por casi 1.500 millones.

    Luego, aparecen la Ruta 1 -por casi 878 millones y donde Mogetta fue el único oferente-, el Paseo Religioso Virgen del Valle -por casi 250 millones- y hasta lo que se presentó como «el puente más largo de Catamarca», inaugurado la semana pasada sobre el río Santa María.

    Los cálculos de las obras más recientes exponen que el gobierno de Jalil adjudicó a Mogetta obras por más de 3.500 millones.

    Hay casos, como la remodelación del Dique Jumeal (por más de 160 millones) donde la licitación quedó desierta y la gestión Jalil recurrió a contratar directamente a Mogetta.

    Los cálculos de las obras más recientes exponen que el gobierno de Jalil adjudicó a Mogetta obras por más de 3.500 millones.

    Como contó LPO, el grupo Mogetta también está asociado con la poderosa empresa cordobesa Boeto y Buttigliengo Constructora (BBC) como contratistas en la explotación de Galaxy Lithium, en la puna catamarqueña.

    Crisis del litio en Catamarca: la empresa de Mogetta se sumó a la ola de despidos 

    Un dato que ponen en Catamarca para ilustrar el estrecho lazo que une a Jalil con la contratista es que, a través de un «convenio de colaboración» entre el Ministerio de Educación y Mogetta se lanzó un «Campus de Entrenamiento Laboral» para formar a operadores de maquinaria vial. 

    «La provincia pone recursos para formar a los empleados de Mogetta», cuestionan en Catamarca.

    Para la concesión otorgada por Caputo días atrás, Guido Mogetta se impuso sobre otras seis ofertas proponiendo una tarifa de 1.399 + IVA para el peaje.

    A la semana siguiente de la entrega de la concesión de la autopista Rosario-Córdoba a Mogetta, el Gobierno logró aprobar en Diputados la reforma de la carta orgánica del Banco Central. Ahí, los diputados de Jalil no mostraron resistencia y se abstuvieron. 

     

  • Procesan a las funcionarias de la causa fantanilo y complican la situación de Lugones

     

    El juez federal Ernesto Kreplak procesó a las ex funcionarias Agustina Bisio y Gabriela Mantecón Fumadó en la causa que investiga unas 90 muertes por la administración hospitalaria de fentanilo contaminado producido en los laboratorios HLB y Ramallo.

    El magistrado impuso una inhibición y embargo sobre los bienes de la directora de la ANMAT y la ex titular del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) hasta cubrir los 500.000 millones de pesos, y también dictó una serie de medidas que las imputadas deberán cumplir para permanecer en libertad, entre ellas, no salir del país y presentarse ante las autoridades una vez al mes.

    Para la investigación penal, Bisio y Mantecón Fumadó fueron «partícipes necesarias penalmente responsables del delito de adulteración de sustancias medicinales».

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    «A partir de las probanzas colectadas a lo largo de la pesquisa, es posible concluir que las imputadas Mantecón Fumadó y Bisio realizaron un aporte concreto y necesario a la lesión del bien jurídico salud pública protegido por los artículos. 200 y 201 bis CP así como al bien jurídico integridad personal resguardado por el delito de lesiones leves previsto por el art. 89 CP, a raíz de su decisión de no adoptar las medidas preventivas y correctivas oportunas y eficaces contempladas por la normativa aplicable ya explicadas», explicó Kreplak en su resolución, a la que accedió LPO.

    En la resolución aparece el rol del ministro de Salud Mario Lugones en el entramado que terminó con un escándalo. «A lo largo de la investigación llevada adelante, diversos elementos de convicción permiten poner en escena al Dr. Lugones», dice Kreplak y destaca los descargos efectuados por Mantecón y Bisio donde asoman coincidencias respecto del rol del ministro.

    Por caso, Bisio afirmó que «Lugones hacía reuniones de gabinete y de los institutos venían todos los que de él dependíamos. Allí contábamos las situaciones. Esto era un tema que fue llevado permanentemente, de la situación de los laboratorios e incumplidores. En este caso, estos se llevaban. Y la idea fue siempre que Lugones me daba la instrucción y yo daba la instrucción de cerrar».

    Al ser indagada respecto de una reunión realizada en la sede de la ANMAT el 14 de enero pasado, Bisio dijo: «Yo le avisé al Ministro, ‘van a venir, ¿qué hago?, ¿sigo con lo mismo?’, ‘sí, cerrá, cerrá'».

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    Ese día, Bisio y Fumadó mantuvieron un encuentro con Ariel García Furfaro y otras dos personas de la empresa en «Avenida de Mayo», tal como se la denomina a la sede de la ANMAT. Para esa fecha, Bisio y Fumadó contaban con un informe realizado por inspectoras de la ANMAT en los últimos días de 2025. En el texto alertaban sobre la situación del laboratorio y recomiendan prohibir la producción y retirar del mercado las drogas elaboradas.

    Las dos funcionarias le ofrecen no avanzar contra los laboratorios a cambio de que presenten un plan de acción.

    En el gobierno existe extrema preocupación por el caso. Saben que Lugones podría quedar formalmente involucrado en el expediente durante el transcurso de la investigación. Incluso trascendió que su hijo, Rodrigo Lugones, le habría sugerido que renuncie a su cargo de ministro.

    En una estrategia insólita, desde el gobierno libertario buscaron culpar a los ministros de Salud del gobierno de Alberto Fernández -Carla Vizzoti y Ginés González García- argumentando que tanto Bisio como Mantecón Fumadó ya eran funcionarias por entonces. El problema es que los hechos ocurrieron durante la presidencia de Javier Milei.

    Mantecón Fumadó dijo que previo a firmar la carta de advertencia dirigida a los laboratorios lo consultó a Bisio. «Como todas las decisiones que se toman en esta gestión, hay que consultarlas, porque no había independencia resolutiva de parte de la administración nacional, sin consultar con el Ministerio. Le pedí a Agustina (Bisio) que consultara con el Ministro cómo quería manejar esta situación, en función de si se inhibe por carta de advertencia todo el laboratorio o si inhibían otras líneas productivas. Y el Ministro, después de unos días, informó a Agustina que contestó ‘vaya para adelante pero con cautela'».

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    Bisio contó además que en las reuniones de gabinete convocadas por Lugones intervenían activamente abogados penalistas.

    En marzo de 2025 Lugones ya estaba al tanto de los incumplimientos de HBL. La titular del Iname envía un informe sobre el laboratorio y en un chat, Bisio le consulta si ese texto es suficiente para cerrar las instalaciones. «Solo en dos palabras decime si esto da para cierre porque Mario pregunta. ¿Sólo eso o aún falta?», pregunta la titular de la ANMAT.

    A fines de marzo, Mantecón Fumadó mantiene otra reunión con Furfaro. Tras ese encuentro Bisio le pide información precisa sobre la situación del laboratorio: «¿Podrías mandarme para que le dé al Ministro cuál es la implicancia de esto? Traducción a la práctica. Ej: No puede vender más. Insistir o informarnos sobre el retiro de mercado».

    Kreplak advierte una discrepancia entre el sentido de la decisión política que bajaba del Ministerio con lo que efectivamente ocurría en el seno de ANMAT e INAME. «Si bien considero probado que el Ministro tenía conocimiento al menos de las generalidades relevantes de lo que ocurría con los laboratorios, no menos cierto resulta que todos los elementos de convicción apuntan a que su intervención, lejos de permitir un funcionamiento en tales condiciones, tendía lisa y llanamente a su cierre, esto es, a impedir su operación», dice el juez en su resolución.

    El magistrado destaca que distinta es la situación de Bisio, quien «tenía la responsabilidad máxima sobre el cumplimiento de los cometidos legales y reglamentarios de ANMAT y sus órganos internos y, además, había sido investida políticamente como polea de transmisión de esas directrices políticas».

    El obrar de la funcionaria fue el contrario. A pesar de que tenía conocimiento de las irregularidades de los laboratorios y que había recibido la decisión política de obrar, mantuvo una actitud pasiva y permisiva que culminó favoreciendo el accionar criminal de los laboratorios.

    No sólo eso, sino que participó activamente en algunas de las acciones decisivas que permitieron al laboratorio continuar operando cuando lo correcto hubiese sido impedirlo.

     

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