Durante tres días, niños y niñas de Villa Regina disfrutaron de las actividades propuestas en las Jornadas de recreación artística para la niñez que se desarrollaron en los barrios 25 de Mayo, 201 Viviendas y Progreso.
La propuesta estuvo destinada a chicos y chicas de entre 5 y 13 años y fueron organizadas por la Municipalidad de Villa Regina con el acompañamiento de la Secretaría de Estado de Cultura de Río Negro.
Las mismas consistieron en juegos teatrales, talleres de pintura y manualidades, de escritura creativa y lectura y de máscaras.
Mientras crecen las preguntas sobre la declaración jurada de Manuel Adorni y avanzan expedientes sensibles para el oficialismo, el juez Ariel Lijo compartirá una misión oficial con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Ambos integrarán la delegación argentina que defenderá ante el GAFI las políticas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La coincidencia genera ruido político y vuelve a poner bajo la lupa la relación entre el poder político y los tribunales federales.
Por Roque Pérez para NLI
La política argentina suele regalar imágenes difíciles de explicar. Y una de ellas comenzará a tomar forma la próxima semana, cuando el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el juez federal Ariel Lijo compartan una misión oficial en París para exponer ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) los avances de la Argentina en materia de prevención del lavado de dinero.
En términos formales, se trata de una actividad institucional vinculada a una política de Estado. Sin embargo, la presencia de Lijo en la misma comitiva que el principal funcionario judicial del Gobierno adquiere otra dimensión política porque el magistrado tiene bajo su órbita algunas de las investigaciones más sensibles para la administración de Milei, entre ellas el expediente vinculado a la situación patrimonial de Manuel Adorni.
La delegación viajará entre el 15 y el 19 de junio y también estará integrada por el juez Sebastián Casanello, autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF), funcionarios del Banco Central, ARCA y especialistas en materia antilavado. El objetivo será presentar ante el organismo internacional los avances realizados por la Argentina dentro del régimen de seguimiento intensificado que enfrenta desde la evaluación de 2024.
Un viaje técnico en medio de una tormenta política
El problema para el Gobierno no es el viaje en sí, sino el contexto. La noticia se conoce en momentos en que la administración libertaria atraviesa semanas incómodas por los cuestionamientos sobre las declaraciones juradas de funcionarios, las investigaciones judiciales abiertas y las disputas internas entre distintos sectores de poder que orbitan alrededor de la Casa Rosada.
Según trascendió, dentro del propio universo político y judicial la coincidencia despertó suspicacias. No sólo porque Lijo conserva una enorme influencia dentro de Comodoro Py, sino porque el magistrado quedó asociado en los últimos años a distintos sectores de poder que mantienen tensiones con figuras centrales del oficialismo.
Desde el entorno de la misión oficial rechazaron cualquier lectura política y sostuvieron que se trata de una actividad habitual en la que jueces y funcionarios presentan información técnica sobre investigaciones vinculadas al lavado de activos. También remarcaron que este tipo de exposiciones ya se realizaron en años anteriores con otros magistrados y fiscales.
El GAFI, las inversiones y la necesidad de mostrar resultados
Más allá de las controversias locales, el viaje tiene importancia estratégica para el Gobierno. El GAFI es el organismo internacional encargado de evaluar las políticas de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. La posición de la Argentina dentro de ese sistema influye directamente en su reputación financiera internacional y en la capacidad para atraer inversiones.
La administración de Milei necesita exhibir avances concretos luego de que el país quedara sometido a un esquema de seguimiento reforzado. Durante los próximos años deberá demostrar mejoras sustanciales en los mecanismos de control, investigación y sanción de delitos económicos complejos.
Por esa razón, el Gobierno busca presentar una imagen de coordinación entre organismos judiciales, financieros y administrativos. El problema es que la foto que pretende transmitir fortaleza institucional puede terminar generando exactamente el efecto contrario cuando uno de los protagonistas del viaje es el juez que investiga asuntos delicados para el propio oficialismo.
La escena resume una de las contradicciones más persistentes de la política argentina: mientras el discurso oficial reivindica la independencia de los poderes del Estado, las coincidencias entre funcionarios y magistrados siguen alimentando sospechas. Y cuando esas coincidencias involucran a un juez que tiene expedientes sensibles sobre la mesa, la discusión deja de ser únicamente técnica para convertirse inevitablemente en un problema político.
El Intendente Marcelo Orazi firmó en la tarde de este lunes con la Gobernadora Arabela Carreras el convenio específico para la ejecución de infraestructura para la provisión de servicios al loteo Barazzutti en el marco del programa provincial ‘Suelo Urbano’. Se trata de las obras de redes de agua potable, red eléctrica y alumbrado público…
El Slack llega a Villa Regina de la mano de innovadores, de curiosos; hace cinco años Polo Alencastre, trajo consigo desde Neuquén una cinta e invitó a sus amigos a la plaza a conocer el Slack. “Hace 5 año miraba como caminaban la cuerda y no entendía cómo podían dar dos pasos seguidos, ninguno de…
El gobierno de Javier Milei apura la entrega de nuevos permisos para expandir la pesca del calamar, actualmente la especie más rentable. Busca hacerlo en tiempo récord, lo que desató sospechas de actores del sector sobre la transparencia del proceso y el rechazo del gobierno de Axel Kicillof, que acusa discriminación.
En el Consejo Federal Pesquero (CFP) que integra con las provincias del litoral marítimo, Nación informó a mediados de mayo que estaba elaborando una propuesta para sumar nuevos buques poteros y expandir la explotación del calamar.
Dos semanas más tarde ya tenía listo el texto de 21 artículos y seis anexos. Ahí, se estableció un plazo exprés de 20 días hábiles para la presentación de proyectos para obtener alguno de los 18 nuevos permisos de explotación por hasta 30 años.
La celeridad fue tal que la resolución fue aprobada en votación directa en la misma sesión del CFP en la que se presentó. Eso, a pesar de no encontrarse en el orden del día previamente establecido.
En el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas señalaron que el plazo exiguo que se determinó para presentar propuestas «solo determina que, no todas, sino algunas empresas que hayan tenido conocimiento de la medida implementada con anterioridad se encontrarán en condiciones de realizar la presentación».
Pero la aprobación no fue por unanimidad. El representante de la provincia de Buenos Aires, Carlos Liberman, advirtió sobre la inexistencia de instancias previas de análisis del proyecto, alertó sobre el impacto que esa expansión podría tener el stock de calamar y denunció una situación de «gravedad inusitada».
Ahí, sostuvo que, en las condiciones que estableció Nación para la selección de propuestas, aquellos interesados que propongan descargar el calamar en la provincia de Buenos Aires tienen solo por esa razón un puntaje inferior al de aquellos que propongan hacer sus descargas en otro puerto del país.
«Esta discriminación es injustificada, choca con la Ley Federal de Pesca, es arbitraria e inconstitucional», denunció Liberman, según consta en las actas de la sesión del CFP donde se debatió el proyecto.
En esa disparidad, el mayor perjuicio lo focalizan en Mar del Plata, donde este jueves el gremio Supa y la Federación de Cooperativas Portuarias presentaron una demanda contra la resolución que definieron como una «acción de gobierno que aparece deliberadamente en contra de los intereses marítimos de los marplatenses».
El apuro por sacar los nuevos permisos fue tal que la resolución fue aprobada en votación directa en la misma sesión del CFP en la que se presentó. Eso, a pesar de no encontrarse en el orden del día previamente establecido.
Más directo fue el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA), la entidad empresaria del sector más fuerte de Mar del Plata, que apuntó contra los tiempos acotados para presentarse por uno de los 18 permisos y reclamó modificar los plazos para llevarlo a un periodo no menor a los 180 días corridos.
«El exiguo plazo contenido en esta normativa viola el principio de concurrencia y hace pensar que la misma podría estar dirigida», dijo la gerenta del Cepa, María Fernanda Grimaldi, en una nota dirigida al subsecretario de Pesca nacional y titular de CFP, Juan Antonio López Cazorla a la que tuvo acceso LPO.
El subsecretario de Pesca y titular del Consejo Federal Pesquero, Juan López Cazorla.
Y agregó: «Dicho plazo solo determina que, no todas, sino algunas empresas que hayan tenido conocimiento de la medida implementada con anterioridad se encontrarán en condiciones de realizar la presentación, mientras que el resto no».
Algunas fuentes del sector consultadas por LPO ven el fantasma de lo sucedido hace dos años, cuando este medio dio cuenta de las versiones de coimas que sobrevolaron la cuotificación de la merluza hubbsi.
Ahora, en el entramado portuario hay quienes señalan que este proceso habilitará una mayor presencia de intereses chinos en la pesca nacional, reforzando lo que ya sucede con la pesca de calamar.
Un informe reciente del investigador especializado en pesca ilegal y conservación marina Milko Schvartzman reveló que, de los 84 barcos poteros (especializados en captura de calamar) que operan dentro de las 200 millas marinas de jurisdicción argentina, 53 (más de un 63% el total) están controlados por firmas de origen chino.
Se trata de empresas constituidas en el país, que operan con buques de bandera argentina -como todos los que pescan en la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA)- pero que tienen origen de capital chino.
En el sector que advierten que lo correcto hubiese sido medir en sendos informes científicos el impacto de esta medida sobre las cuatro poblaciones de calamar que pueden ser capturados en el mar argentino y no la nota de dos carillas del Inidep.
Para sumar 18 barcos a los 84 existentes, en Nación se ampararon en una nota de una página y media del Inidep, el Instituto de Desarrollo Pesquero que asesora en el uso racional de los recursos.
En esas dos carillas, el Inidep expuso que la flota potera nacional llegó a tener 150 buques, por lo que sumar hasta 20 más no implicaría un riesgo para el recurso.
Ese argumento fue tajantemente objetado por la Provincia de Buenos Aires, donde expusieron que los buques actuales tienen una capacidad promedio de 550 toneladas, mientras que los 18 que se sumarían pueden llegar a pescar hasta 900.
En Nación argumentaron que el calamar que no se pesca en la ZEEA es capturado por buques extranjeros en la milla 201. Pero en el gobierno bonaerense señalaron que las dos poblaciones de calamar que más se pescan, no salen de la ZEEA.
Los buques poteros que hoy operan tienen una capacidad promedio de 550 toneladas, mientras que los 18 que se sumarían pueden llegar a contener hasta 900 tn.
Hay actores del sector que advierten sobre el riesgo para el recurso y reclamaron que lo correcto hubiese sido medir en sendos informes científicos el impacto de esta medida sobre las cuatro poblaciones de calamar que pueden ser capturados por estos buques, y no la nota de dos carillas del Inidep.
Por eso, el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense a cargo de Javier Rodríguez interpuso un recurso de reconsideración ante el CFP que entró en la sesión de este jueves. El planteo fue girado para su análisis, pero en la Provincia no se hacen demasiadas expectativas y, de ser rechazado el planteo, analizan ir a la Justicia.
No queda mucho tiempo. El plazo establecido por el CFP para presentar propuestas vence en los primeros días de julio. «Quieren hacer todo antes de que termine el Mundial», dijo una fuente del sector que alertó que, de avanzar el otorgamiento de estos permisos, una mecánica similar tendrá la cuotificación del langostino.
La ruptura de relaciones diplomáticas entre el gobierno de Javier Milei y el régimen de Nicolás Maduro generó consecuencias inesperadas. La brigada de búsqueda y rescate urbano de Bomberos Voluntarios de Santa Fe permanece desde el fin de semana en condiciones de partir hacia la zona devastada por el terremoto en Venezuela, pero la ausencia de representación diplomática argentina en Caracas dificulta la coordinación del operativo.
Según pudo saber LPO de fuentes diplomáticas, los rescatistas fueron activados apenas se produjo el desastre y completaron toda la documentación exigida para laa misión internacional.
Sin embargo, el despliegue quedó sujeto a la autorización de Cancillería y a las garantías que debe ofrecer el gobierno venezolano para el ingreso del contingente. Los 40 bomberos de elite requieren que alguien los reciba, ubique una zona para campamentos y se les pueda proveer víveres mínimos para sus tareas de rescate, explicaron a este medio fuentes al tanto del operativo.
El despliegue quedó sujeto a la autorización de Cancillería y a las garantías que debe ofrecer el gobierno venezolano para el ingreso del contingente. Los 40 bomberos de elite requieren que alguien los reciba, ubique una zona para campamentos y se les pueda proveer víveres mínimos para sus tareas de rescate
La situación expone las profundas consecuencias que pueden tener las rupturas diplomáticas intempestivas que por ello representan un último recurso en la relación entre los Estados. Por eso, en 2015 el gobierno de Mauricio Macri suspendió los vuelos directos hacia Venezuela, pero nunca llegó a romper romper con Maduro.
La administración de Alberto Fernández tampoco restableció esas conexiones aéreas y con la llegada de Milei se decidió el retiro del personal de Caracas y la Argentina quedó sin embajada ni consulado operativo en ese país.
Rescatistas vietnamitas ya están en Venezuela
Mientras tanto, 40 bomberos voluntarios especializados en catástrofes urbanas y con equipamientos de alta tecnología para encontrar sobrevivientes estuvieron concentrados el fin de semana en Rosario aguardando la orden de partida pero el Hércules que debería trasladarlos con los equipos y vehículos no apareció.
40 bomberos voluntarios especializados en catástrofes urbanas y con equipamientos de alta tecnología para encontrar sobrevivientes estuvieron concentrados el fin de semana en Rosario aguardando la orden de partida
Los rescatistas ahora se encuentran en alerta amarilla esperando la nueva convocatoria esperando la orden de partida. Muchos debieron suspender sus trabajos, reorganizar sus familias y dejar en pausa todas sus actividades porque el llamado puede llegar en cualquier momento.
La brigada santafesina integra el reducido grupo de equipos USAR – Urban Search and Rescue- certificados bajo las normas INSARAG, el sistema creado por Naciones Unidas para coordinar las tareas de búsqueda y rescate en grandes catástrofes.
Esas normas unifican procedimientos, señalización, protocolos de seguridad y equipamiento para que brigadas de distintos países puedan trabajar de manera conjunta en escenarios de derrumbes masivos, explicó a LPO una alta fuente de Bomberos Voluntarios de la provincia.
Los rescatistas se guían por estos protocolos a través de los cuales las estructuras inspeccionadas quedan marcadas con símbolos internacionales que indican si se detectaron personas con vida, víctimas fatales, sectores ya revisados o zonas peligrosas. Esa estandarización permite que equipos de distintas nacionalidades continúen un operativo sin perder información crítica.
Personal del Ejército Argentino que llegó a Caracas
La brigada santafesina obtuvo la acreditación internacional en mayo del año pasado y fue registrada como ARG-15. Junto con la brigada USAR de la Policía Federal, integra el reducido grupo de equipos argentinos de capacidad media reconocidos por Naciones Unidas.
Esa categoría implica que puede operar entre diez y quince días de manera completamente autónoma, trasladando su propio campamento, comunicaciones, logística, atención sanitaria y equipamiento especializado.
Buena parte de ese equipamiento fue incorporado recientemente por el gobierno de Santa Fe. Entre otros dispositivos, la provincia adquirió sistemas de búsqueda técnica capaces de detectar movimientos, golpes e incluso latidos cardíacos bajo estructuras colapsadas, herramientas de alta complejidad que hoy poseen muy pocas brigadas del país y que pueden ser claves en la zona de catástrofe arrasada por los terremotos.
Rosario aporta seis de los 40 integrantes al contingente entre ellos, ingenieros civiles, arquitectos, especialistas en higiene y seguridad y rescatistas con años de experiencia en emergencias complejas.
La movilización de la brigada comenzó el viernes, cuando la Agencia Federal de Emergencias elevó el nivel de alerta tras monitorear la evolución del desastre. Como ocurre en todas las emergencias internacionales, el organismo coordinó la presentación de manifiestos de carga, inventario de equipamiento y disponibilidad del personal.
Brigadistas y equipos qataríes que llegaron a prestar colaboración en Venezuela
Argentina envió un primer vuelo en un Hércules con personal del Ejército, vehículos y equipos, pero tuvieron grandes inconvenientes para instalarse. Ese avió volvió el domingo y todavía no volvió a viajar hacia Caracas.
Ahora los bomberos santafesinos permanecen listos para partir apenas llegue la confirmación definitiva de Cancillería, que además deberá coordinar con las autoridades venezolanas las condiciones de ingreso y el traslado de varias toneladas de equipamiento especializado hacia la zona afectada.
Durante sábado 18 y domingo 19 se podrá disfrutar de una nueva edición de la Fiesta del Inmigrante, espacio en el que Villa Regina celebrará y rendirá homenaje a la diversidad de costumbres de nuestro país. De esta manera, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Estados Unidos, Italia, Medio Oriente, y Venezuela desplegarán su gastronomía y…
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