La Municipalidad de Villa Regina, junto al Consejo de las Personas con Discapacidad, definieron en conjunto el cierre de todas las Colonias de Vacaciones. El evento se desarrollará el 11 de febrero de 14 a 17 horas en el Albergue Municipal del Balneario de la Isla 58.
Cabe destacar que dicho encuentro contará con la participación de más de 250 personas, quienes podrán disfrutar de diferentes actividades recreativas e inclusivas, espectáculos culturales y una merienda como cierre de la jornada.
En la reunión realizada en la Oficina de Promoción Turística, participaron la Directora de Turismo, María Luján Musso, el Director de Deportes, Damián Álvarez, la Directora de Comunicación, Angie López Fernández, y por el Consejo de las Personas con Discapacidad, Sandro Morales y Norma Moya.
Esta crisis desatada por el coronavirus ha dejado en evidencia varias cosas.Entre otras, que muchas personas quieren ayudar pero no encuentran elespacio, o que somos propensos a no corroborar si la información que tenemosy compartimos es cierta. Algunos de estos temas intentamos abordar conPensaRegina, pero hay algo subyacente que no podemos abordar y que másque…
Por primera vez en 20 años, el sindicato docente más fuerte de la provincia de Buenos Aires, Suteba, fue a elecciones sin Roberto Baradel al frente de la boleta oficialista. En su reemplazo, encabezó la lista Celeste-Violeta María Laura Torre, que este miércoles se convirtió en la nueva secretaria General.
Con el 80% de las mesas escrutadas, la candidata oficialista se impuso con el 76% de los votos, seguida por la lista Multicolor que lideró la titular de la seccional Tigre, María Elisa Salgado, que obtuvo un 19%. La lista Azul y Blanca encabezada por Myriam Marinozzi sacó un 4%.
Sin embargo, el festejo no es pleno para el armado de Baradel en Suteba, ya que la Multicolor, de la mano de la diputada del Frente de Izquierda Romina Del Plá, está logrando imponerse con el escrutinio avanzado en la relevante seccional La Matanza.
«Vamos a darle un mensaje a los compañeros de la Celeste: la cuenta es clara estamos por lo menos 200 votos arriba», dijo Del Plá a la militancia que aguarda el cierre del escrutinio, ya entrada la noche de este miércoles.
Ante eso, la dirigente del Partido Obrero sostuvo: «La docencia resolvió que la Multicolor-Azul y Blanca ganó en La Matanza». Del Plá lideró Suteba La Matanza hasta 2022, cuando la Multicolor perdió la seccional a manos de la Celeste.
Queda claro o Romina tiene que hacerles un dibujo?La Multicolor ganó Suteba Matanza y la docente matancera, Romina Del Plá, será la próxima secretaria general de la seccional. Luego de los fraudes celestes del pasado, las cosas vuelven a su lugar. Felicitaciones a la… pic.twitter.com/DXY73EUDTF
Ahora, de formalizarse ese resultado, el caso de La Matanza cobra mayor relevancia considerando que se trata del distrito de base de Torre, la flamante sucesora de Baradel en el mando provincial de Suteba.
Como contó LPO, en sus últimos años al frente del Suteba, Baradel tuvo que hacer equilibrio entre su estrecho vínculo político con Axel Kicillof y el malestar creciente de las bases por el salario docente.
En marzo pasado, el líder del Suteba cedió a la presión de las bases y permitió una huelga, pero en los argumentos del paro dirigió el malestar hacia Javier Milei y no hacia el gobernador. Torre, que venía ejerciendo como Adjunta de Baradel junto a Silvia Almazán, se posiciona como una continuidad.
Por su parte, más allá de lo que suceda con La Matanza, la Multicolor logró retener las tres seccionales que tenía: Marcos Paz, Tigre y Bahía Blanca, mientras que destacaron buenas elecciones en seccionales como General Rodriguez, Ensenada y San Isidro, donde estuvieron cerca de quitarle el mando a la Celeste.
Previo a la elección, en la Multicolor salieron a denunciar irregularidades en la confección de los padrones en algunos distritos.
«La Multicolor mejoró la elección por mucho respecto de 2022. Hay mucha bronca con la Celeste. Si la elección fuera con mesas en todas las escuelas, el resultado era otro», dijo a LPO una dirigente de la lista opositora a Baradel, que hizo hincapié en el volumen de la estructura del oficialismo que lograr acaparar toda la provincia.
Es que, previo a la elección, en la Multicolor salieron a denunciar irregularidades en la confección de los padrones en algunos distritos.
El caso paradigmático fue La Plata donde la lista opositora denunció la inclusión de 137 casos de afiliados con «inconsistencias objetivas», sea por pertenecer a otro distrito o región educativa, o bien por no acreditar actividad docente (ver documento abajo).
Ante el reclamo sin respuesta por parte de la Junta Electoral del gremio, controlada por el oficialismo, las apoderadas de la lista Multicolor hicieron una presentación ante la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo reclamando que se intime a la Junta a excluir del padrón definitivo esos casos.
En sus últimos años al frente del Suteba, Baradel tuvo que hacer equilibrio entre su estrecho vínculo político con Axel Kicillof y el malestar creciente de las bases por el salario docente.
Frente a esa presentación, los camaristas definieron en fallo dividido «admitir la vía jurisdiccional interpuesta», sin desestimar el planteo de fondo.
Aunque decidieron no admitir la suspensión de los comicios de este miércoles -como había propuesto la magistrada Diana Cañal-, el dictamen de mayoría se hizo «sin abrir juicio sobre la eventual procedencia de las impugnaciones, hasta la apertura del debate a las partes de la contienda».
De acuerdo a la sentencia a la que tuvo acceso LPO, la jueza Cañal había propuesta suspensión de los comicios por quince días, «para que durante ese lapso la Junta Electoral dé curso y pertinente tratamiento a las presentaciones de la impugnante».
Más allá de este caso, fuentes de la Multicolor señalaron a LPO que se registraron «faltantes grandes» de boletas opositoras en distritos como San Fernando y General Rodríguez.
Era 15 de agosto de 2023. Silvio Casadío, geólogo prestigioso en su campo, profesor e investigador universitario en Río Negro, recibía el video por Whatsapp y los algoritmos de las redes se lo mostraban a cada rato. Javier Milei, aún candidato a presidente, explicaba su proyecto para achicar y ajustar el Estado desde la pantalla de La Nación+ junto a Jony Viale. El periodista le preguntaba al candidato que haría, ministerio por ministerio:
—Ciencia, Tecnología e Innovación…
Milei tacha con un fibrón. Viale dice “uff”. Sigue Milei:
—Eso que quede en manos del sector privado.
—¿Ciencia y tecnología?
—Obvio.
—¿Y el Conicet?
Milei abre sus brazos e insiste:
—Que quede en manos del sector privado. Que se ganen la plata sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad o mejor precio, como hace la gente de bien.
Mirando hacia atrás para reconstruir los motivos que lo llevaron a dejar la Universidad Nacional de Río Negro para instalarse en una universidad en Chile, Silvio Casadío recuerda ese video como el primer “mazazo”.
En diciembre, Milei asumía la presidencia y Casadío recibía un correo del otro lado de la cordillera: la oferta hablaba de investigación, docencia, conducción de equipos. Buena paga. El geólogo conversó con su pareja y prefirieron esperar “a ver qué pasaba”.
Casadío se licenció en Geología en la Universidad Nacional de La Pampa, hizo un doctorado en Ciencias Geológicas de la Universidad Nacional de Córdoba y luego estudios postdoctorales en la Universidad de Kent en Ohio, Estados Unidos. Entró como investigador al Conicet en 2004 y en 2018 llegó a investigador principal. Como docente se inició en La Pampa hasta que en 2010, junto con otros geólogos se radicó en Río Negro, donde a lo largo de 14 años armaron carreras de grado, de posgrado y un equipo robusto de investigación que llegó a tener 70 miembros. Hoy Casadío vive en Chile y de ese equipo algunos investigadores partieron entre 2024 y 2026 a Brasil, España, Italia, Canadá y Bélgica.
Pero el movimiento es mayor. La casuística y los datos de lo que está ocurriendo a esta altura de 2026 son demoledores: una decana de Humanidades de una universidad del conurbano dice que en la última semana se fueron dos, una profesora de historia a una universidad de España y otro —con doctorado en marcha— a trabajar a un call center. En la Facultad de Exactas de la UBA, su decano Guillermo Durán, dijo que “438 docentes e investigadores renunciaron entre diciembre de 2023 y abril de 2026”. Un filósofo joven y divulgador de una universidad pública tradicional fue tentado por una universidad privada con campus en zona norte del conurbano: salario triplicado a cambio de dedicación exclusiva. Un físico destacado, especializado en ciencia de datos e inteligencia artificial aplicada, también fue captado por una universidad privada: en el acuerdo logró que le permitieran seguir dando clases en la universidad pública pero no dirigiendo una carrera. La Federación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (FAGDUT) dijo que cerca de mil profesores ya abandonaron sus cargos en la UTN. ¿A dónde van los que renuncian? A universidades privadas de Argentina y del extranjero. Del Río Colorado para abajo, a Vaca Muerta. En muchos casos a engrosar las filas del cuentapropismo de actividades varias: emprendimientos en soledad, con sus parejas o algún amigo, trabajos de consultorías, choferes en aplicaciones. En algunas provincias, los docentes universitarios pasan a dar clases en escuelas secundarias, porque hay gobiernos locales que pagan mejores salarios que Nación.
—Lo económico fue determinante para irme —dice Casadío—, pero no fue lo único. Yo pasé otras crisis de presupuesto en ciencia y universidad, en el 82, en el 89, en el 2001… fueron tremendas ¿eh? Las viví todas. Pero a nadie se le ocurría decir que un investigador científico era un parásito o era un inservible.
Juan Ignacio Doberti, doctor en Ciencias Económicas de la UBA, profesor universitario, se ha especializado en presupuestos y modelos de financiamiento de educación superior, haciendo estudios comparados en la región, tanto en educación pública como privada. Sus análisis ratifican lo que dice el geólogo emigrado: “En 1976 al asumir el último gobierno dictatorial, en 1982 debido a la guerra de las Malvinas, en 1989 con el fenómeno hiperinflacionario al finalizar el gobierno de Alfonsín y en 2002 con la crisis del final del régimen de convertibilidad: en todos estos casos la merma de recursos fue transitoria y el presupuesto en pocos años recuperó los niveles previos”. Y además, en todos los casos los gobiernos plantearon abiertamente que eran recortes requeridos por las circunstancias, pero nunca deseados o, peor aún, festejados.
Doberti atiende el teléfono un sábado, luego de dar clases de 9.30 a 14.30 en la Universidad Nacional de Hurlingham. Explica que la degradación es en todos los frentes: las universidades no pueden retener a sus docentes, por supuesto no atraen a docentes a sumarse, el Estado Nacional paralizó todo tipo de obra de infraestructura, no hay presupuesto para viajes de estudio, los gastos de funcionamiento no se actualizaron acorde a los aumentos tarifarios.
En otro de sus trabajos, Doberti define a la política universitaria de Milei como “un esquema Ponzi”: un gobierno que prometió bajar impuestos, no endeudarse, no emitir y al mismo tiempo no provocar ningún perjuicio en los servicios prestados por el Estado, como la educación pública, la salud pública, el mantenimiento de las rutas o el pago de las jubilaciones. “Es un ardid que dura un tiempo hasta que se diluye el encantamiento del beneficio por la baja de impuestos y los servicios públicos tienen una baja en su calidad”, escribió Doberti.
—Y además ocurre algo inédito —dice ahora el economista al teléfono— históricamente, por cómo se compone el sistema tributario y de recaudación de Argentina, el Estado Nacional financió a provincias y municipios. En las universidades está ocurriendo que las provincias, como Buenos Aires o Río Negro, financian obras de infraestructura en universidades (obras que el gobierno nacional decidió abandonar), incluso hay municipios haciendo aportes para terminar obras.
La idea de “tirarles” las universidades a las provincias, como ya ocurrió con la educación primaria y secundaria, estuvo —o sigue estando— en la cabeza de funcionarios nacionales a cargo de la educación. Se lo comentaron en alguna reunión a los rectores, a modo de amenaza: sepan que todo puede ser peor.
Por ahora, no prosperó.
En otras reuniones, los funcionarios a cargo de educación y política universitaria sugirieron la posibilidad de que la paritaria docente y nodocente se defina entre las universidades y los gremios, sin presencia de la secretaría de Educación. “Otro delirio que por ahora no avanzó”, explicó un rector hace unos días.
Desde el retorno de la democracia en 1983, el sistema universitario argentino ha expandido y aumentando proporcionalmente su matrícula estudiantil más que su población: en 1983 había unos 350 mil estudiantes universitarios y hoy ese número se multiplicó por siete, superando los 2,7 millones de estudiantes (según el anuario publicado por la Subsecretaría de Políticas Universitarias). Mientras que la población total de Argentina no llegó a duplicarse en el mismo período (de 29 millones en el 83 a 47 millones en la actualidad). El 80% de los estudiantes de grado cursan en universidades públicas (en posgrado es el 68%). También creció la cantidad de universidades. Si tomamos la última década, en 2015 había 130 entre públicas y privadas; para 2024 el número llegaba a 143.
Graciela Giménez, a cargo de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad de la Universidad Nacional de Río Negro, aporta un dato clave: “Mientras que la matrícula de estudiantes aumentó un 38,5% entre 2015-2024, la planta docente creció un 23%. La masificación del sistema aumentó a una velocidad superior a la creación de nuevos puestos de trabajo docente”. Y ese aumento, de por sí inferior al que se necesitaría, se dio sobre todo en cargos de dedicación simple. “Las dedicaciones exclusivas, fundamentales para la investigación, aumentaron apenas un 3,5%”. El dato positivo es que mejoró la calidad de la formación de los docentes: el porcentaje de profesores con título de posgrado pasó del 15% al 21%.
La pérdida salarial de los trabajadores universitarios (docentes y nodocentes) es del 34% en términos reales desde noviembre de 2023. Mientras que el total presupuesto universitario cayó un 28,9% entre 2023 y 2025 (alrededor del 90% del presupuesto de cada universidad se destina al pago de salarios). Dicho de otro modo: el incremento acumulado de los salarios para profesores y trabajadores nodocentes universitarios entre diciembre de 2023 y principios de 2026 fue del 144,2%. En el mismo período, la inflación acumulada medida por el INDEC alcanzó aproximadamente el 280,5%. Ese es el motor principal de la marcha convocada a Plaza de Mayo (y plazas de todo el país) para el martes 12 a las 17 horas: que el gobierno aplique la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso y ratificada en dos instancias por la Justicia. De aplicarse la ley, el gobierno debería actualizar salarios y becas estudiantiles para compensar la pérdida.
Para el geólogo Casadío, tanto como lo salarial pesaron otros aspectos en su decisión de emigrar. En 2024, un colega suyo, geólogo, profesor e investigador, estaba haciendo un trabajo de campo cerca de San Antonio Oeste. Cuando volvió a la camioneta, que tenía ploteado el logo del Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología del Conicet-Universidad Nacional de Río Negro, la encontró llena de basura. Alguien había desparramado desechos en la caja y en el interior del vehículo. Semanas después, otro geólogo que viajaba en transporte público y tenía puesta una campera con el mismo logo fue insultado por un hombre. Por la misma época, fueron noticia las agresiones a un grupo de geólogos que hacía trabajo de campo en Potrerillos, Mendoza.
El discurso contra las universidades no es nuevo ni exclusivo de la Argentina. Ocurrió con Bolsonaro presidente en Brasil (sobre todo contra las ciencias sociales y humanas), pasa en Estados Unidos con Trump y ahora también con Kast en Chile. Y está dentro de una narrativa (de un programa político) más amplia. La narrativa antiestatal suele ser más belicosa contra las universidades y no es casual: la universidad es en su esencia intelectual, inconformista y cuestionadora del orden vigente.
—A fines de 2024, la Universidad Andrés Bello insiste con una propuesta. Y ahí decidí irme.
El 18 de febrero de 2025, Silvio Casadío envió un correo a algunas personas de la UNRN para contarles que había aceptado la propuesta de radicarse en Chile.
En 2025, los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional ( órgano institucional que agrupa a más de 70 universidades nacionales y provinciales) hicieron un relevamiento que arrojó un dato contundente: más de 10.000 profesores universitarios habían renunciado o reducido al mínimo su dedicación docente. En muchos casos, docentes como el geólogo Casadío: con dedicación exclusiva y un rango alto de investigador. Es decir, un profesor que dirige tesis de grado y posgrado, que forma becarios (jóvenes investigadores), que conduce equipos, que contagia, que estimula, que publica investigaciones, que es referente en su campo, que es reconocido internacionalmente, que pasó más de 40 años formándose (casi todos en Argentina) y formando a otros. Hasta que un día cruza la cordillera. También se fueron otros que tienen dedicaciones semiexclusivas y otros que tienen “dedicaciones simples” (pueden enseñar 4 horas semanales en una universidad, 4 horas en otra).
En distintos momentos, con discursos frente al parlamento, en reuniones públicas o privadas, en algunas intervenciones en medios de comunicación o algún tuit, el presidente de la Nación o sus funcionarios responsables de las políticas de educación universitaria y ciencia han señalado que para este gobierno son centrales áreas de investigación y desarrollo como la inteligencia artificial, los recursos minerales, la biotecnología, la industria nuclear y aeroespacial. En todos esos sectores hay renuncias. Todos los días. El gobierno no dispuso, en el formato que fuere, ningún mecanismo de retención de esos talentos que hasta hace un año, meses o semanas hacían ciencia y docencia en universidades e institutos de investigación.
El éxodo, la migración o la fuga de investigadores y docentes destacados golpea en la calidad de lo que hoy ofrecen las universidades a la sociedad (las posibilidades de desarrollo) y a las familias (la promesa de una educación gratuita y de calidad). Los profesionales que se forman en el sistema universitario público son parte del engranaje que mueve a las comunidades que (según indican todos los estudios y encuestas) todavía creen en las universidades como espacios educativos de calidad y progreso individual y colectivo. Profesionales que están en cada rincón del entramado social:
El médico que te atendió en la guardia, formado en la universidad pública.
La docente de literatura de tercer año de tu hija: universidad pública.
El veterinario que atiende a tus perros.
La arquitecta que proyecta una reforma para tu casa.
El agrónomo que mide la humedad del suelo para definir si te conviene arrancar con la cosecha hoy o pasado mañana.
El físico que hace las fórmulas y los cálculos para los desarrollos con IA.
El técnico que repara ese artefacto que se te rompió.
La ingeniera en alimentos que mejora la yerba mate que tomás cada mañana.
La biotecnología que diseña las vacunas que pueden salvarte la vida.
Los científicos sociales que diseñan políticas públicas y mediciones para conocer la sociedad en la que vivimos.
El ingeniero que construye un satélite capaz de viajar a miles de kilómetros de distancia de la Tierra para enviar datos que luego alimentan las aplicaciones que abrís en el celular.
E incluso aquellos que pasaron por las universidades, se formaron pero no llegaron a graduarse, también son parte del capital acumulado del país, ponen esos conocimientos en diálogo con otros saberes no universitarios y quieren que sus hijos estudien.
Una mañana de un martes de mayo, con llovizna y viento del sur, dos personas caminan por el campus de la Universidad de San Martín. Son dos hombres. Uno aparenta 40 años y el otro, que parece el hijo, 17 o 18 años. Llevan cascos de motos en la mano. Giran sus cabezas a un lado y a otro, como si buscaran algo. Efectivamente, buscan información sobre la inscripción a Ingeniería Electrónica. Encuentran la oficina correcta. El padre le hace un gesto con la cabeza al hijo, como diciendo “andá vos y preguntá”. El hijo pregunta. Faltan algunos meses para la inscripción. El padre se llama Gastón. Vive en San Martín. Trabaja por su cuenta como técnico en reparación de aires acondicionados. De lunes a viernes en barrios de San Martín. Los sábados cruza la General Paz y trabaja en departamentos de Devoto, Belgrano, Nuñez. Esos sábados, el hijo, Ramiro, le hace la segunda.
—Mal no le pago, no se puede quejar —dice el padre.
El hijo levanta las cejas.
—Es lo que yo hubiera querido estudiar. Y él se da mucha maña, en un año ya se puede largar solo.
Ese es el plan (de Gastón): que en 2027 Ramiro arranque a estudiar y a reparar equipos de aire acondicionado por su cuenta.
Se vienen meses de decisiones para Ramiro. Quizás se inscriba en ingeniería electrónica en octubre. O en otra carrera. O empiece a trabajar y arranque los estudios más adelante. En cualquier caso, lo que Gastón y Ramiro pareciera que saben es que la universidad pública estará ahí, con la promesa de educación pública, gratuita y de calidad.
Agradecimiento: A Graciela Giménez, por la información, la bibliografía y los contactos.
Desde el pasado jueves se disfrutaron de diferentes iniciativas propuestas desde la Dirección de Turismo como parte del programa ‘Sentite Turista’. El jueves los niños y niñas pintaron y colorearon luego de una caminata recreativa por los monumentos presentes en el Paseo del Arroyo. Por otro lado, el viernes se llevó a cabo la propuesta…
La Municipalidad de Villa Regina informa las medidas que se aplicarán de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nacional 334/2021 firmado por el Presidente Alberto Fernández, teniendo en cuenta que la ciudad está incluida dentro del Departamento General Roca, considerado de ALARMA EPIDEMIOLOGICA Y SANITARIA. Las mismas regirán desde el 22 al 30 de…
El secretario de Asuntos Estratégicos y virtual número dos de la Jefatura de Gabinete, Ignacio Devitt, impuso el lobby de la tabacalera Massalin Particulares y
logró el gobierno nacional habilite el vapeo.
Tras seis meses como funcionario, el exempleado y lobista de Philip Morris logró destrabar un viejo reclamo de sus antiguos empleadores y consiguió que se derogue la prohibición del cigarrillo electrónico, vigente desde 2011.
Devitt era destrabar el multimillonario negocio del vapeo, una medida que las tabacaleras habían querido colar en la ley Bases. Massalin ya había retomado esta iniciativa a fines de noviembre pasado, cuando a pocos días de que se le venciera el mandato como diputado, Ricardo López Murphy presentó un proyecto de ley para regular el negocio.
Además del vínculo con el Congreso -que es formalmente una de sus tareas-, Devitt activó contactos en las provincias para sumar apoyo político a la avanzada de Philip Morris a favor del vapeo y hasta se metió en la mesa política del gobierno. Pero finalmente no necesitó de una ley del Congreso y Milei le facilitó el trámite con una resolución simple del Ministerio de Salud.
La norma publicada este lunes con la firma de Mario Lugones establece los requisitos para el registro, la comercialización y fiscalización de vapeadores, tabaco calentado y bolsitas de nicotina.
El argumento oficial es que se pasa de un sistema de prohibición a uno de control de productos que igualmente circulan en el mercado de manera ilegal. «La prohibición no logró impedir el acceso ni el consumo de estos productos», deslizaron desde Salud.
Justamente esa habilitación es la que necesitaban las tabacaleras para meterse en un negocio millonario. La única limitante que les puso el gobierno de Milei es que no podrán vender productos con saborizantes, además de incorporar las advertencias sanitarias que tienen los paquetes de cigarrillos.
Una pelea por definir es el impuesto que se cobrará a los cigarrillos electrónicos. Durante el debate por la ley Bases, el proyecto de las tabacaleras incluía un impuesto del 20 por ciento a estos productos, una cifra muy por debajo de lo que tributan las empresas productoras de cigarrillos comunes, el 73 por ciento.
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