La Municipalidad de Villa Regina, junto al Consejo de las Personas con Discapacidad, definieron en conjunto el cierre de todas las Colonias de Vacaciones. El evento se desarrollará el 11 de febrero de 14 a 17 horas en el Albergue Municipal del Balneario de la Isla 58.
Cabe destacar que dicho encuentro contará con la participación de más de 250 personas, quienes podrán disfrutar de diferentes actividades recreativas e inclusivas, espectáculos culturales y una merienda como cierre de la jornada.
En la reunión realizada en la Oficina de Promoción Turística, participaron la Directora de Turismo, María Luján Musso, el Director de Deportes, Damián Álvarez, la Directora de Comunicación, Angie López Fernández, y por el Consejo de las Personas con Discapacidad, Sandro Morales y Norma Moya.
Mayra Mendoza profundiza las gestiones tendientes a obtener financiamiento externo para la ejecución de un plan hídrico que contempla obras troncales sobre los arroyos San Francisco y Las Piedras, un proyecto considerado estratégico para mitigar el impacto de las fuertes lluvias en Quilmes y la región.
Durante su participación en el Foro Urbano Mundial de la ONU en Bakú, Azerbaijan, la diputada e intendenta de Quilmes en uso de licencia expuso la relevancia de esta obra que afecta a más de un millón de vecinos de Quilmes, Varela, Brown y Avellaneda.
En Quilmes calculan que, para la ejecución de este plan de obras, se necesita una inversión superior a los 400 millones de dólares, por lo que evalúan imprescindible el financiamiento de un organismo multilateral de crédito en un contexto de parálisis total de la obra pública por parte del gobierno de Javier Milei.
Meses atrás, la diputada provincial había explorado fuentes de financiamiento para ese mega plan de obras durante un encuentro de la Red Mercociudades y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en Brasil.
Sin recursos provenientes de Nación, el año pasado, durante un encuentro con intendentes de la cuenca, Mayra pidió que Axel Kicillof incluya en su pedido de endeudamiento «lo necesario para que podamos comenzar a hacer obras necesarias para mitigar las inundaciones».
Esa discusión también alimentó las tensiones dentro del peronismo en el marco del debate presupuestario de diciembre.
Elaborado en 2021 con participación de universidades, equipos municipales y especialistas en cuencas urbanas, el Plan Hídrico Social y Ambiental promovido por el Municipio de Quilmes cuenta con un cronograma de acción por etapas y obras a realizar.
El plan abarca obras hidráulicas estructurales, un manejo ambiental de los cursos de agua y la urbanización de barrios aledaños. «Por primera vez sabemos cuáles son las obras necesarias y posibles», destacan en Quilmes.
En una primera etapa, la gestión de Mayra Mendoza avanzó en la limpieza y readecuación del arroyo, apertura de canales, retiro de residuos y sedimentos y desobstrucción de puntos críticos. «Estas tareas ya mejoraron el escurrimiento en zonas clave pero aún falta mucho», señalaron en la comuna.
El área abarca 178 km2 y concentra amplias zonas inundables con alta densidad de población en situación económica vulnerable, con microbasurales a cielo abierto y déficit del ordenamiento territorial.
El plan abarca obras de gran escala como canalización, reservorios, estaciones de bombeo, nuevos puentes y senderos. Una de las medidas estructurales es la construcción de un túnel aliviador bajo la calle Florencio Varela, de 11 kilómetros de longitud y 6 metros de diámetro.
En cuanto a los aspectos ambientales, los estudios realizados advierten sobre la calidad del agua, vuelcos cloacales y efluentes industriales.
El plan abarca obras de gran escala como canalización, reservorios, estaciones de bombeo, nuevos puentes y senderos. Una de las medidas estructurales es la construcción de un túnel aliviador bajo la calle Florencio Varela, de 11 kilómetros de longitud y 6 metros de diámetro.
«Para avanzar, se necesita financiamiento sostenido y decisión política», señalaron en el municipio.
Es ahí donde focalizan en el antecedente reciente de una obra realizada en Quilmes con fondos internacionales. Se trata del Ecoparque, un complejo socioambiental de 15 hectáreas clave para la separación, clasificación y tratamiento de residuos que contó con el financiamiento del BID.
Esta semana, en su rol de vicepresidenta de la Red Mercociudades, Mayra Mendoza convocó en el Foro de la ONU a buscar soluciones «urgentes» ante las consecuencias del cambio climático.
Ahí, planteó la necesidad de financiamiento para el Plan Hídrico Social y Ambiental de la Cuenca de los Arroyos San Francisco y Las Piedras.
La diputada puso de relieve la existencia de un plan concreto para la zona: «El abandono y desfinanciamiento del gobierno nacional que preside Javier Milei desde 2024 ha impedido el avance del plan que incluye obras de gran escala», dijo.
La convulsión social escala en Bolivia. Van tres semanas seguidas de protesta social. Se movilizan fabriles, mineros asalariados, choferes, magisterio y sectores campesinos. El gobierno, aunque mediáticamente se muestra predispuesto al diálogo, en los hechos difunde narrativas que amenazan con endurecer la represión. La Paz y El Alto están prácticamente cercadas. Según los reportes de la Administradora Boliviana de Carreteras, hay bloqueos activos en La Paz, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz, principalmente impulsados por organizaciones campesinas y la Central Obrera Boliviana. Todos los sectores tienen demandas diferentes pero coinciden en una: piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz, que lleva apenas seis meses en el poder. Es el mandatario de las nuevas derechas latinoamericanas que más rápido perdió legitimidad, y enfrenta un levantamiento popular cuyas causas hay que entender en las primeras medidas de gobierno, en su débil estructura política y en las características emancipatorias de los movimientos populares bolivianos.
La fragilidad del gobierno desde su origen
Hay que ir al momento de las elecciones. Paz no tenía probabilidades reales de acceder a la presidencia, pero jugó un inesperado as bajo la manga: sumar como candidato a la vicepresidencia a Edman Lara: excapitán de la Policía e influencer, se hizo conocido en 2023 por sus videos en TikTok denunciando corrupción en las fuerzas de seguridad. Es una figura mediática y viral que coquetea con las discursividades de mano dura de Nayib Bukele (el partido político que intentó fundar antes llevaba el mismo nombre que el del salvadoreño) y maneja una retórica “anticasta”, similar a la que impulsó en sus inicios Javier Milei en Argentina. Esta alianza capturó un voto popular que, de otra forma, Rodrigo Paz jamás habría obtenido. Pero Lara es torpe e inexperto en el campo de la política tradicional, una figura incómoda para cogobernar.
El presidente profundizó esta fractura con medidas muy concretas para neutralizar a su vice: dictó el Decreto Supremo 5515 que lo habilitó a gobernar de forma digital desde el extranjero, impidiendo que Lara asuma el mando temporal cuando Paz se ausenta del país. También le quitó presupuesto a la Vicepresidencia. Estas tensiones demuestran la fragilidad institucional que desencadenan los «taxipartidos»: siglas desgastadas, cáscaras vacías que se alquilan —como el Partido Demócrata Cristiano (PDC) que usó Paz— para postular a candidatos sin estructura política ni territorial.
Las “traiciones” de Paz
Una vez en el poder, Rodrigo Paz tomó una serie de medidas drásticas y antipopulares que desembocaron en su rapidísima pérdida de legitimidad. Aunque las clases populares aceptaron con resiliencia la quita de las subvenciones a los combustibles, que implicó un rápido encarecimiento del costo de vida, el gobierno comenzó a importar gasolina de pésima calidad con gestiones opacas, que dañaron miles de vehículos de trabajo sin que existieran resarcimientos efectivos. Después, impulsó ante el Legislativo la eliminación del Impuesto a las Grandes Fortunas y empezó a gobernar abiertamente a favor de las élites. Le dio la espalda a sus votantes y se alió con los grupos empresariales, e incluso con sectores de la política que lo acusaron de fraude —como Samuel Doria Medina, el multimillonario que perdió en primera vuelta pero terminó encajando varios hombres de su confianza al actual gabinete. El ministro más poderoso del Gobierno de Rodrigo Paz, José Luis Lupo, fue el candidato a vicepresidente de Doria Medina.
En las últimas semanas, acorralado por los conflictos, Paz pactó una alianza con algunos actores del cooperativismo minero, uno de los grupos económicos más poderosos, ricos y violentos en el escenario político boliviano. Un sector denunciado por sus dinámicas extractivistas, depredadoras y explotadoras. Mediante el Decreto Supremo 5618, Paz eliminó las fiscalizaciones y deudas coactivas que dos cooperativas auríferas mantenían con la Caja Nacional de Salud desde 2016, dejando un grave hueco financiero en la seguridad social de corto plazo, que podría afectar a buena parte de la fuerza laboral boliviana.
Pero, poco antes, fue la Ley 1720 de Conversión de Pequeñas Propiedades Agrarias la que activó las primeras movilizaciones. Por Constitución, la pequeña propiedad es inembargable en Bolivia; la nueva ley pretendía convertirlas en medianas, forzándolas a ser usadas como activos financieros. Este proyecto responde a una histórica demanda de los sectores agroindustriales: fue reintroducido en el Legislativo por el senador Branko Marinkovic, político y empresario cruceño que se atribuye la propiedad de más de 33 mil hectáreas en su departamento.
Otro punto de quiebre simbólico se dio al nombrar como viceministro de Seguridad Ciudadana al excomandante policial Rodolfo Montero, investigado y detenido preventivamente por su rol en la cadena de mando durante las masacres de Sacaba y Senkata de 2019 —que después del golpe de Jeanine Añez dejaron al menos 20 muertos y cientos de heridos, según el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH— algo que el pueblo leyó como una bofetada y una traición abierta al transitorio apoyo popular que tuvo Rodrigo Paz.
La narrativa del gobierno y sus limitaciones
Rodrigo Paz se planteó durante la campaña como una alternativa al MAS, pero también a los políticos de derecha. Cuando llegó al poder le dio la espalda al pueblo que lo llevó a la presidencia y optó por gobernar de la mano con los que estaban en contra de su candidatura. Ahora el gobierno apuesta a una narrativa donde Evo Morales, el MAS y el narcotráfico estarían detrás de las movilizaciones.
Pero lo cierto es que esto es un intento de deslegitimar una protesta masiva asociándola a grupos vinculados a figuras que han perdido legitimidad y están políticamente debilitadas. Uno de ellos es Evo Morales. El expresidente lleva meses atrincherado en el Chapare. Hace pocos días salió un mandamiento de aprehensión, lo declararon en rebeldía por el caso de trata y tráfico que tiene detrás. Sigue siendo un personaje público y gravitante, pero el suyo no es de los sectores protagónicos de las protestas contra el Gobierno de Paz. En realidad, la palestra que le ofrece el Gobierno es funcional al debilitamiento y la estigmatización de la revuelta popular y permite que las narrativas de estigmatización sean mucho más fácilmente digeribles: muchas personas se resisten a apoyar los bloqueos porque se los tilda de masistas, erróneamente.
Pero las protestas responden a una dinámica abigarrada, de múltiples protagonistas y no pueden atribuirse únicamente al evismo. Esa es, precisamente, una de las narrativas más porfiadas y obtusas de la derecha boliviana en los últimos años: no entender la complejidad del entramado social al que se enfrentan.
La tradición boliviana de negociar en la calle
El historiador Eric Hobsbawm desarrolló el concepto de «negociación colectiva mediante la revuelta”, una categoría sumamente pertinente para analizar el caso boliviano. Frente a un Estado que históricamente no escucha a los sectores populares, y ante un gobierno que llega al poder gracias al voto del pueblo para luego gobernar con los grupos de poder económico, se impone la idea de que la única vía posible para negociar es la presión en las calles.
Esto ya ocurrió durante el mandato de Evo Morales, aunque con otros actores y en otro escenario, luego de que el gobierno desconociera los resultados negativos del referéndum de 2016.
En Bolivia, la calle se erige como el espacio principal de negociación política, sustentada en una larga y consolidada tradición de articulación social, barrial y comunitaria en diversas regiones del país. Actualmente, el pedido de renuncia de Rodrigo Paz es la única demanda que ha logrado aglutinar a los diferentes sectores, aunque sin un horizonte concreto ni liderazgos visibles para el día después.
Aunque es poco probable que la renuncia se concrete (el canciller Fernando Aramayo fue tajante al descartarla), esta presión social si podría obligar a una profunda reestructuración estratégica del gobierno y una recomposición de su gabinete, cuando menos.
Las protestas representan una fuerte advertencia: en Bolivia no se puede gobernar dándole la espalda al pueblo. Por eso la insurrección popular no fue neutralizada y continúa expandiéndose. Y esta expansión también podría ser un llamado de reorganización del descontento social a nivel regional, poniendo la negociación colectiva a través de la revuelta como contrapeso al autoritarismo militarista de derecha.
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Julio Zamora profundiza su acercamiento con los libertarios, que este martes le facilitaron votos determinantes para conseguir la aprobación de la rendición de cuentas en Tigre, el único municipio gestionado por un peronista en el que concejales de La Libertad Avanza (LLA) avalaron los números del ejercicio 2025.
El dato cobra relevancia en un contexto donde Karina Milei, a través de su armador bonaerense Sebastián Pareja, dio la orden de no apoyar proyectos sensibles girados por intendentes peronistas y sobre todo marcar el rechazo en casos como los tratamientos presupuestarios, fiscal-impositiva y rendición de cuentas.
Tan rigurosa fue esa instrucción que semanas atrás, durante un zoom, Pareja les anunció a los concejales libertarios la conformación de una comisión de seguimiento para controlar cómo vota y qué proyectos presenta cada edil de LLA.
Al momento, los libertarios votaron en contra en más de una quincena de municipios al mando del peronismo donde ya se trató la rendición de cuentas. Eso sucedió en La Matanza, Quilmes, Brown, La Plata, Pilar, Hurlingham, Ituzaingo, San Martín y otros.
Tigre fue una excepción a la regla de Karina Milei, por lo que se abren especulaciones políticas sobre el futuro posicionamiento electoral de Zamora que, con el apoyo de cinco concejales libertarios logró aprobar la rendición por mayoría (15 a favor y 7 en contra).
Incluso rechazaron la rendición en municipios como Rosales (Punta Alta), donde hay quienes advierten que los libertarios suelen aprobarle proyectos al axelista Rodrigo Aristimuño. Ahí, el bloque LLA no se animó a contradecir la orden de Karina en la simbólica rendición, pero luego le aprobó a Aristimuño la compensación de gastos.
Así, Tigre fue una excepción a la regla que abre especulaciones políticas sobre el futuro posicionamiento electoral de Zamora que, con el apoyo de cinco concejales libertarios logró aprobar la rendición por mayoría (15 a favor y 7 en contra).
El rechazo vino de los cinco concejales del bloque Fuerza Tigre que comanda el massista Luis Samyn Duccó y de dos concejales libertarios de extracción PRO que, al desmarcarse de la mayoría del bloque LLA-Tigre, evidenciaron una crisis interna que persiste en el armado libertario.
En concreto, los concejales LLA que aprobaron la rendición de Zamora fueron Sofía Bravo y Ximena Pereyra (que responden a Segundo Cernadas), Milagros Rodríguez (que reporta a Nicolás Scioli), Diego Avancini y Claudio Baumgarten, éste último que dejó recientemente la coordinación distrital, luego de encabezar las últimas dos listas locales de LLA.
El apoyo de los concejales de Cernadas a proyectos de la gestión Zamora ya se dio en sesiones previas, como aquella en la que votaron juntos el rechazo a la suspensión de habilitaciones para la construcción de todo tipo de torres en el distrito.
Sin mayoría propia en el Concejo, Zamora está forzado a construir acuerdos. Es ahí donde viene reforzando en los últimos tiempos entendimientos con Cernadas y otros sectores de la interna libertaria, por lo que algunos creen el intendente continuará con su deriva hacia los libertarios a 2027.
La Municipalidad de Villa Regina informa que se pueden adquirir las entradas para disfrutar de los espectáculos en el Anfiteatro Cono Randazzo que se desarrollarán los días viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de noviembre. Los puntos de venta son: *Oficina de Informes Turísticos en el horario de 7 a 19,30 horas. *Cultura: en…
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