La Municipalidad de Villa Regina, junto al Consejo de las Personas con Discapacidad, definieron en conjunto el cierre de todas las Colonias de Vacaciones. El evento se desarrollará el 11 de febrero de 14 a 17 horas en el Albergue Municipal del Balneario de la Isla 58.
Cabe destacar que dicho encuentro contará con la participación de más de 250 personas, quienes podrán disfrutar de diferentes actividades recreativas e inclusivas, espectáculos culturales y una merienda como cierre de la jornada.
En la reunión realizada en la Oficina de Promoción Turística, participaron la Directora de Turismo, María Luján Musso, el Director de Deportes, Damián Álvarez, la Directora de Comunicación, Angie López Fernández, y por el Consejo de las Personas con Discapacidad, Sandro Morales y Norma Moya.
Sólo viviendo absurdamente se podría romper alguna vez este absurdo infinito Julio Cortázar Como ciudadanos la información nos llega muchas veces: cortada, sesgada, manipulada, distorsionada, empaquetada, vencida, inveterada, saboteada, pero sobre todo complicada…, complicada como lo que sucede en Lationamérica. A lo largo de la historia, esta información ha sido configurada en forma de conocimiento,…
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El ex juez federal Marcelo Bailaque tuvo el peor inicio en la audiencia donde se determina si va a juicio por connivencia con el narcotráfico. Al arrancar la sesión, una información inesperada sacudió a los que escuchaban. Y es que Gabriel Mizzau, que era contador en empresas del traficante Esteban Alvarado y a la vez asesor contable del propio magistrado bajo sospecha, aceptó una condena en este mismo trámite. Y algo más: convertirse en imputado colaborador en el caso que tiene a Bailaque como acusado de este y otros delitos.
La novedad produjo conmoción dentro y fuera de la sala de la Cámara Federal de Rosario donde el vocal Aníbal Pineda presidía el acto. El fiscal jefe de la Procuración de Narcotráfico, Diego Iglesias, reveló que Mizzau había suscripto horas antes un acuerdo pleno donde se reconoce la culpabilidad y con pena definida y a homologar más adalenta, además de un convenio de colaboración como imputado, en el marco del artículo 41 ter, que admite el aporte de información a cambio de una moderación en la condena a aplicar. Ese acuerdo fue admitido por el juez federal de garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz
Bailaque está en prisión domiciliaria y no se presentó personalmente a la audiencia. Está imputado en tres causas distintas. La que más interesó este miércoles, que formalizó el fiscal federal Matías Scilabra, es haber generado una omisión inaceptable al rechazar tres medidas pedidas en 2013 contra Esteban Alvarado, que recién sería condenado por narcotráfico en 2022. Lo que se remarca en esa causa es que el juez tenía como contador a Mizzau, un amigo que había sido su compañero de colegio, quien era a la vez contador en al menos dos empresas del grupo de Alvarado.
El reproche a Bailaque es haber negado medidas cruciales, hacia 2013, contra actores del grupo delictivo de Alvarado, en una causa que resultó paralizada en el juzgado federal que controlaba. Parte de los datos que se acumularon en ese expediente, que no avanzó, sirvieron en la Justicia provincial de Santa Fe para condenar a Alvarado y miembros de su organización a penas de prisión siete años después.
Mizzau es el tercer imputado en causas ligadas a Bailaque que se convierte en lo que en jerga extrajurídica se llama arrepentido. Los anteriores fueron el ex director regional de la AFIP en Santa Fe y Rosario Carlos Vaudagna, y el financista rosarino Fernando Whpei. Sus revelaciones sobre causas que conciernen a ellos y a Bailaque comprometen al ex juez federal de Rosario, al que le fue aceptada su renuncia el año pasado.
«Mizzau aportó información de carácter patrimonial que nos permite avanzar en casos conexos. Reconoció los hechos, la calificación jurídica y se postergó el dictado de la pena. Entendemos que la audiencia de control de acusación a Mizzau ha devenido abstracta», dijo el fiscal Iglesias. Lo hizo porque ahora, tras la admisión de su conducta, lo único que resta para Mizzau es que le fijen el monto de la condena.
Mizzau es el tercer imputado en causas ligadas a Bailaque que se convierte en lo que en jerga extrajurídica se llama arrepentido. Los anteriores fueron el ex director regional de la AFIP en Santa Fe y Rosario Carlos Vaudagna, y el financista rosarino Fernando Whpei
El contador público Mizzau era quien firmaba los estados contables de Logística Santino, empresa de Alvarado. Según fiscales del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe (MPA) también fue él quien gestionó el pedido de habilitación municipal para el instituto geriátrico Sagrado Corazón de María SRL, una empresa integrada por Viviana Alvarado y Daniel Martín. Según los fiscales provinciales, y para los jueces que condenaron, este geriátrico era una firma de Esteban Alvarado, quien figuraba como empleado para simular ingresos legales.
El hijo de este contador que certificó balances o gestionó permisos comerciales para el grupo de Alvarado se llama Sebastián Mizzau y es empleado de la Justicia Federal de Rosario. Mizzau hijo entró en 2017 como empleado del juzgado federal a cargo de Marcelo Bailaque sin rendir concurso, como una buena cantidad de empleados, en base a la relación de amistad que su padre mantiene con el magistrado federal. Trabajó en ese juzgado hasta 2024, momento en que fue ascendido como integrante de la dotación del Tribunal Federal Oral 3 de Rosario.
Fernando Whpei
Mizzau era también, como lo reconoció el mismo juez, quien llevaba las cuentas personales de Bailaque, quien dijo jamás haber sabido de la relación de su contador y amigo con el grupo de Alvarado. La intervención de Mizzau como asistente profesional de Alvarado aparecía en anexos que estaban en la causa que el mismo Bailaque llevaba contra el narcotraficante que está condenado a perpetua por comercio de droga y como ideólogo de homicidio.
Además de este caso Bailaque está acusado en otros dos legajos. Otra imputación es haber participado junto al entonces director de la AFIP Vaudagna y el financista Whpei del armado de una causa, a partir de un anónimo genérico, contra dos empresarios bursátiles, Claudio Iglesias y Jorge Oneto, a fin de pedirles dinero para cesar la persecución. Esta acusación la generaron los fiscales Juan Argibay Molina y Diego Velasco de la Procuración contra el Lavado de Activos (Procelac).
El tercer hecho es haber orquestado una transferencia de mil millones de pesos en 2021 hacia la mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales, bajo la esfera del grupo financiero Unión que controlaban dos empresarios, los hermanos Guillermo y Fernando Whpei. Esos fondos eran de la Cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto San Martín y habían quedado inmovilizados por una causa de lavado de dinero contra sus directivos. El juez Bailaque resolvió transferir ese monto multimillonario a la mutual, contra lo usual que es que entidades oficiales cautelen fondos judiciales bajo litigio. El argumento que les dio Fernando Whpei a miembros de la cooperativa enfrentados a su conducción fue, según estos, que Bailaque era su amigo y que el dinero manejado en la mutual reportaría mejor interés. Esta imputación es del fiscal federal Federico Reynares Solari.
El gobierno de Milei aceptó la renuncia de Bailaque en julio del año pasado cuando el Consejo de la Magistratura, tras una demora de dos años, estaba a punto de girar su caso al plenario, lo que podía llevarlo a un juicio político con destitución.
Los fiscales que investigan una trama de corrupción que incluye actores institucionales pidieron diez años de prisión
para Bailaque por acciones que le atribuyen y que implican extorsión, incumplimiento de deberes de funcionario público, allanamiento ilegal, recepción de dádivas y lavado de dinero. También solicitaron cinco años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, multa equivalente a cinco veces el monto de la operación de lavado y a tres veces el de las dádivas.
El Director de Tránsito y Protección Civil de la Municipalidad de Villa Regina Mario Figueroa se refirió a los controles que ha realizado el área a su cargo para evitar que se circule fuera del horario permitido a partir de las medidas vigentes desde el último lunes en la ciudad. “Junto con la Policía de…
Bariloche modificará su Carta Orgánica y en el oficialismo buscan desbloquear el loteo del Cerro Catedral. La oposición al intendente Walter Cortés y Alberto Weretilneck no tiene hasta ahora ninguna estrategia.
Las elecciones para los 15 convencionales que debatirán las modificaciones a la Carta Orgánica serán entre septiembre y noviembre. La fecha responde a razones más esotéricas que políticas: en el oficialismo creen que en la primavera los vecinos están más contentos.
La constitución barilochense prevé revisiones cada 20 años y la última adecuación ocurrió en 2007. Convocar a elecciones de convencionales es una potestad del intendente.
Entre los temas a discutir el principal es la intangibilidad del Cerro Catedral. La Carta Orgánica considera al cerro como «porción inalienable de su patrimonio» y eso cierra la puerta a cualquier tipo de desarrollo inmobiliario.
Ficha limpia, segunda vuelta y eliminación de varios organismos, entre ellos los organismos de control, son algunas de las cuestiones que abordarán los convencionales. El intendente también busca bajar de 11 a 7 la cantidad de concejales, lo que dejaría a cualquier oficialismo más cerca de la mayoría.
Según dijeron fuentes locales, la oposición está completamente fragmentada y no tiene ningún tipo de estrategia para enfrentar la alianza tácita entre Cortés y Weretilneck. Se espera que compitan entre diez y once partidos, varios de ellos vecinalistas. «Si el panorama es ese, va a salir la privatización del cerro», adelantó un concejal opositor a LPO.
En 2027 los barilochenses deberán votar al tres cuatro veces: para las elecciones provinciales, para las locales y de haber Paso, otras dos para las nacionales.
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