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ChatGPT y la educación en Argentina

El medio Información y TIC realiza su experiencia con ChatGPT (revolucionario chat de inteligencia artificial) y en este caso la temática fue el sistema educativo de nuestro país.

Al parecer hasta la inteligencia artificial conoce la respuesta que toda la sociedad conoce pero nuestros políticos parecen obviarlas.

Le compartimos la entrevista (chat):

Información y TIC: “¿Qué habría que hacer para mejorar el sistema educativo en Argentina?”

ChatGPT: “Hay varias cosas que podrían ayudar a mejorar el sistema educativo en Argentina, algunas de ellas son:

  1. Aumentar la inversión en educación para mejorar la infraestructura escolar y proporcionar recursos pedagógicos.
  2. Mejorar la formación y capacitación de los maestros para que puedan brindar una educación de calidad.
  3. Implementar programas de inclusión y diversidad para garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a una educación igualitaria.
  4. Fomentar la educación técnica y profesional para preparar a los estudiantes para el mundo laboral.
  5. Mejorar la educación en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas para asegurar que los estudiantes estén preparados para las carreras del futuro.
  6. Fomentar la educación en valores y ciudadanía para desarrollar jóvenes comprometidos y responsables.
  7. Implementar programas de evaluación para medir el rendimiento de los estudiantes y mejorar la calidad de la educación.
  8. Fomentar la educación en idiomas para desarrollar habilidades comunicativas y preparar a los estudiantes para el mundo globalizado.
  9. Fomentar la educación en artes y cultura para desarrollar la creatividad y el pensamiento crítico.
  10. Mejorar la coordinación entre el sector público y privado para garantizar una educación de calidad para todos los estudiantes“. 

Información y TIC: “¿Y no crees que subir el sueldo a los docentes también ayudaría a mejorar nuestra educación?”

ChatGPT:  “Sí, aumentar el salario de los maestros podría ser un factor importante en mejorar el sistema educativo en Argentina. Los maestros son fundamentales en la educación, ya que son quienes tienen un papel directo en el aprendizaje de los estudiantes.

Un salario justo y competitivo podría atraer y retener a los mejores docentes, ya que ellos podrían sentir que su trabajo es valorado y apreciado. Además, un salario más alto podría mejorar las condiciones de vida de los docentes, lo que a su vez podría ayudar a reducir el estrés y aumentar la motivación, lo que podría llevar a un mejor desempeño en el aula.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el aumento de salarios debe ir acompañado de otros cambios en el sistema educativo, como el fortalecimiento de la formación y capacitación de los docentes, la mejora de la infraestructura escolar y la implementación de programas de evaluación para medir el rendimiento de los estudiantes y mejorar la calidad de la educación”. 

Como verán, no hay sorpresas en las respuestas de la inteligencia artificial; nada nuevo bajo el sol: el salario docente apareció como una segunda opción. Aquí les compartimos las impresiones de pantalla:

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  • Condenaron al ex jefe de fiscales de Rosario por recibir sobornos y se complica la situación de Traferri

     

    Un tribunal de tres jueces condenó a nueve años de prisión al ex jefe de fiscales de Rosario Patricio Serjal al que encontró culpable de cobrar sobornos de parte de un capitalista de juego clandestino para no investigarlo. Un empleado de la unidad fiscal donde se desempeñaba Serjal, Nelson Ugolini, recibió cinco años de prisión. Era quien mantenía los contactos con el empresario de juego ilegal que buscaba protección y que canalizaba los pagos hacia arriba.

    Las condenas fueron unánimes y para ambos juzgados los jueces dispusieron el cumplimiento de prisión en un establecimiento carcelario. Ya había sido condenado por formar la misma red el ex fiscal adjunto Gustavo Ponce Asahad.

    Una de las principales novedades de este fallo, si queda firme, es sus efectos sucesivos e inexorables. La condena incluye la figura de asociación ilícita ya que establece que Serjal, que fue desplazado de su cargo en agosto de 2020, formaba la parte superior de una estructura que incluyó a un sector de la política santafesina, que recibía dinero de este capitalista de juego, Leonardo Peiti, para sus actividades.

    Quien en este mismo trámite está imputado como jefe de asociación ilícita es el senador santafesino Armando Traferri, que no llegó a esta etapa del juicio aún porque durante cuatro años mantuvo los fueros legislativos ya que la mayoría de sus pares se negaron a levantarlos. La condena a Serjal por asociación ilícita deja a Traferri en el umbral de una resolución semejante.

    Los fundamentos de los jueces reconocen la legalidad de la investigación que llevaron contra Serjal y Traferri los fiscales que inicialmente tuvieron el caso y a quienes las autoridades del Ministerio Público de la Acusación (MPA) corrieron del control del trámite cuando fueron señalados, incluso por fiscales colegas, de haber cometido delitos en el curso de la investigación para perjudicar a Traferri. Esa idea los jueces Nicolás Foppiani, Hebe Marcogliese y Facundo Becerra la descartaron.

    «Detrás de esta sentencia hay todo un equipo de trabajo que hizo la investigación preparatoria y que se desempeñó de manera excelente ya que el tribunal avaló cada una de las pruebas», dijo la fiscal Marisol Fabbro, quien impulsó junto a su colega José Luis Caterina la acusación en el juicio que terminó este viernes.

    Esa reivindicación explícita del trabajo de Schiappa Pietra y Edery viene recubierta de significado político y jurídico. Ambos fueron apartados de la investigación con el pedido explícito de Traferri que prácticamente supeditó a esa condición la decisión de presentarse el año pasado y que lo hizo tras ser reelecto en su banca en 2023. Los nuevos fiscales con las mismas pruebas rendidas por sus antecesores, y despreciadas por el Senado para desaforarlo, lo imputaron a Traferri el año pasado y le agregaron asociación ilícita.

    Armando Traferri

    El tribunal convalidó toda la investigación. Lo que significa también descartar la idea de que hubo un armado de fiscales que actuaron al margen de la legalidad en una pesquisa viciada coordinada por el criminólogo Marcelo Sain cuando era ministro de Seguridad de Omar Perotti.

    El problema que tiene esta hipótesis, explicó la fiscalía y retomó el tribunal, es que el origen del caso aparece en 2017, cuando los fiscales Schiappa Pietra y Matías Edery no tenían ningún contacto con el asunto, y cuando Sain no tenía cargos en la provincia de Santa Fe. La detección de esta madeja de intereses, que incluye a Traferri y otros dirigentes políticos, está en una causa penal de Melincué. La llevaba quien ahora es fiscal regional de Rosario, Matías Merlo, quien como testigo en este juicio defendió muy enfáticamente esta causa.

    Sobre la llamada «pata política», que fue llamada de esa forma por el tribunal, los jueces dijeron que para comprender cabalmente el alcance de la red en la que se enmarca la acción de los acusados, era importante entender que Serjal, Ugolini y Ponce Asahad actuaban bajo el paraguas de de estamentos con personas que aunque «no se encuentra en juzgamiento aquí fueron permanentemente aludidas durante el debate». Indicaron que esta implica la participación de funcionarios legislativos y políticos, «siendo el eje central el senador Armando Traferri».

    En el juicio el capitalista Peiti admitió al declarar que le había dado 200 mil dólares a Traferri para la campaña política.

    El senador Traferri la pasó mal en su indagatoria: los nuevos fiscales lo acusaron de ser el jefe de una asociación criminal

    «Se produjo prueba que acreditó la existencia de una asociación ilícita estable, jerarquizada y funcional, cuyo objeto principal fue usufructuar el dinero ilícito proveniente de la recaudación generada por una red de casas de juego de azar ilegal, y, concomitantemente, garantizar la impunidad de dicho negocio mediante una cobertura judicial penal». Señalaron que esa estructura también era integrada «por personas que no fueron traídas a este juicio».

    La fiscal Fabbro había dicho en su alegato final: «Este no es un caso de juego clandestino. Ni siquiera de «filtraciones» o incumplimientos funcionales aislados. Este caso traído a juicio es una investigación que pone sobre la mesa algo mucho más sutil y mucho más dañino: este caso versa sobre la impunidad. Este no es un caso sobre dinero, sino sobre lo que el dinero puede comprar. En esa posibilidad material que da el dinero combinada con ciertos contactos y con ciertas posiciones de poder, pudimos comprobar que ciertos funcionarios fueron efectivamente comprados por dinero».

    Otro punto culminante que complica al condenado es que la fiscal Marianela Luna detecta en 2017 que Serjal actúa de una manera muy extraña cuando ella inicia una causa contra Peiti. En 2018 Luna avisa a la regional que va a allanar locales de juego ilegal de Peiti. Cuando se concretan las requisas esos garitos estaban sorpresivamente desmantelados. Frente a semejante filtración que volvió negativos los procedimientos en la siguiente oportunidad Luna tomó un recaudo: no le avisa a Serjal y allana directamente. En este caso los 14 operativos dan positivo. Ante la afectación de los intereses de Peiti lo que hace Serjal es dictar una resolución traspasando a dos fiscales de Rosario las causas de juego clandestino en la jurisdicción. Le dijo a la fiscal Luna, según ella declaró en el juicio, que la decisión era concentrar el mismo las causas.

    El fiscal que acusó a los fiscales

    Una de los principales testigos de la defensa fue paradójicamente un colega de los acusadores, el fiscal Pablo Socca. Según declaró Socca, los primero fiscales del caso usaron a la testigo colaboradora sospechada de extorsión Mariana Ortigala para llegar al capitalista Peiti y a través de él a Serjal.

    Los jueces lo rechazaron remarcando que sus declaraciones connotaban «un conocimiento superficial del caso» que denunciaba. Hicieron eje en la declaración de la fiscal Bárbara Ilera que investiga al fiscal Edery por un supuesto hecho de omisión de investigación. Señalaron que la funcionaria «confirmó que no hay, hasta ahora, elementos que autoricen a presumir que hubo un acuerdo entre los fiscales Edery y/o su empleada Carla Belmonte con Ortigala para perjudicar al Sr. Serjal, y las apreciaciones en tal sentido del fiscal Socca no persuadieron por resultar genéricas y especulativas».

    Siguieron los jueces: «La afirmación defensiva, basada en el testimonio de Socca, en cuanto a que la investigación se habría originado a partir de la manipulación o utilización de terceros – específicamente Mariana Ortigala- para «llegar a Peiti y a través de él a Serjal», constituye una mera especulación sin correlato probatorio»

    Si Patricio Serjal resultaba condenado por asociación ilícita se sabía que el trance sería determinante en la causa de Traferri porque él está acusado de ser organizador de esa misma asociación.

    Aquí estuvo centrada la pulseada. Se notó mucho en el juicio en la estrategia de la defensa. Y se advierte con elocuencia en el terreno de la opinión pública. Dos medios de fuerte presencia en Rosario, con importante penetración, publicaron el mismo artículo periodístico, con distinciones mínimas de construcción pero de idéntico eje, centrado en el testimonio del fiscal Socca, que denunciaba a los fiscales Edery y Schiappa Pietra de haber direccionado la causa en contra de Serjal y Traferri. Esas publicaciones fueron a diez días de la declaración de Socca.

     

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    Lucha encarnizada por el botín en el Colón

     

    Gerardo Grieco despidió a la directora ejecutiva del Teatro que respondía a Grindetti: el gestor cultural uruguayo poco a poco afianza su exclusividad en el saqueo que comanda.

    Por Jorge G. Andreadis para Noticias La Insuperable

    A principios de este mes, con sigilo charrúa, el director general del Teatro Colón despidió a Thelma Vivoni, decisión que de haber venido de una autoridad de incuestionable rectitud debería haber sido tan difundida como aplaudida. Pero, lamentablemente, no es el caso.

    Las apariencias y formalidades, publicadas el 5 de este mes, se oficializaron con fecha del 31 de octubre a través de la invocación de una renuncia:

    Solamente el prontuario de la Vivoni hubiera justificado la cesantía. Pero viniendo de un Grieco, pensar bien se torna imposible: la rencilla entre piratas impone su lógica causal.

    Consulta actualizada a la fecha de esta publicación

    Ahora el productor artístico Gustavo Mozzi -tal vez más dócil que la mujer curtida en la jungla del grindettismo recaudatorio, Thelma Vivoni- acapara las direcciones musical y ejecutiva. Todo se hizo bajo el manto de silencio que el GCBA se asegura a través de la pauta que amansa medios y comunicadores.

    Removido oportunamente por Gabriela Ricardes el escollo que representaba Jorge Telerman, bajo excusas de austeridad encubridoras de esquilme patrimonial, impostura alineada con la del libertarianismo que ostenta el galardón de la captura del estado nacional, el comatoso PRO metropolitano que encabeza Jorge Macri abrió el alhajero del Colón a los esbirros de la gestión cultural que se mofan por igual de arte y artistas: Gerardo Grieco y Julito Bocca.

    El Gobierno de la Ciudad, en manos de un partido en vías de extinción, con funcionarios dispuestos a aprovechar los que seguramente serán sus últimos tiempos de rapiña -tras una larga captura del estado porteño bajo el sello PRO-, parece decidido a exprimir hasta los más emblemáticos espacios en busca de negocios espurios. El Teatro Colón no es intocable para esta lógica de satrapía.

    La dupla elegida para la tarea recaudatoria del seguro de retiro del funcionariado amarillo había tenido su entrenamiento en Uruguay: Grieco en el Solís, Bocca en el Sodre. Quien fuera gloria de nuestro arte mereció hasta la amonestación de la justicia de nuestros vecinos rioplatenses.

    El año pasado, LPO dio detalles de las tropelías de este par de pájaros de insaciable buche y modales insufribles en Montevideo: “Preocupación entre los bailarines del Colón por las denuncias contra Julio Bocca por maltrato”. El artículo también aborda la oscura foja de Gerardo Grieco: «Su principal aporte fue hacer que los acomodadores sean becarios y rebajar hasta límites indignos los cachets de los artistas. Cuando las dudas acerca de su honestidad eran inmensas, lo retiraron».

    Habrá que acostumbrarse a que, de ahora en más, el Teatro Colón sea un territorio en disputa encarnizada por el botín. El arte, una tapadera. El sufrimiento, para los artistas ninguneados. Todo en pro del retiro opulento de los funcionarios que antaño apostaron al cambio gatopardista.

    Los personeros amparados en las ampulosidades de la gestión cultural tendrán, sin duda, una recompensa que las gentes poco delicadas llaman retorno. ¿O todo será por amor al arte o al odio del prójimo? ¡Cuántas dudas!

     

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