ChatGPT y la educación en Argentina

El jefe del bloque libertario en Diputados, Gabriel Bornoroni, atraviesa uno de los momentos más complejos desde que le toca ser el referente de los hermanos Milei en Córdoba. Porque, más allá del microclima de crisis libertaria, hay una cuestión que lo deja en una posición incómoda a la hora de sumar aliados en territorio cordobés: la demanda de los intendentes por la deuda de Pami en el interior provincial.

Cifra que, según estiman los alcaldes cordobeses, alcanza casi un total de 9.000 millones de pesos en concepto de -entre varios ítems- atenciones en hospitales y dispensarios que se brindaron a cargo de los municipios, pero que todavía no logran cobrar desde la obra social estatal.

El problema es que para que eso ocurra, Karina le tiene que soltar fondos al caputista Mario Lugones, el ministro de Salud que responde al asesor presidencial y a quien la hermana del Presidente tiene en la mira. Y, como casi con seguridad es difícil que esto suceda en lo inmediato, el reclamo de intendentes a Bornoroni, el dueño de la botonera de Pami y Anses en Córdoba, seguirá creciendo.

LPO reveló la semana pasada que Lugones le está reclamando a Toto Caputo fondos para el PAMI por un equivalente a mil millones de dólares, ante la amenaza de proveedores de empezar a cortar servicios y cobrar copagos. La tensión es tal que este lunes la oficina anti fake news que dirige Santiago Caputo tuvo que salir a negar la renuncia del ministro de Salud.

Otra guerra en el gabinete: Lugones le exige a Caputo mil millones de dólares para el PAMI

Por esto, en un intento por recuperar la iniciativa y volver a levantar el perfil después de varios días de hermetismo, el libertario cordobés concretó este lunes un pase que se venía anunciando hace rato: la incorporación del radical de Río Cuarto, Gabriel Abrile. El excandidato larretista en la elección municipal del 2021 se sumó a las filas libertarias de la mano de la radical Soledad Carrizo, la exdiputada y actual directora del Inaes que ejerce la pata UCR dentro del armado opositor a Llaryora en Córdoba.

Según estiman los alcaldes cordobeses, la deuda del PAMI alcanza casi un total de 9.000 millones de pesos

Abrile llegó con la otra concejala del radicalismo en Río Cuarto, Ana Laura Vasquetto, dos heridos de la elección del 2024, sobre todo después de la derrota en la interna UCR de Abrile frente a Gonzalo Parodi.

El edil de Río Cuarto, además, tiene un pie en el Pami de esa ciudad. Organismo convulsionado por una causa que se heredó de gestiones anteriores, pero repercutió con fuerza hace un par de años, ya dentro de la gestión libertaria y derivó en la investigación por una defraudación millonaria por sobrefacturación. Causa que involucró a la obra social nacional y a un sanatorio del sur cordobés, y que llegó al fuero federal tras iniciarse en la Justicia provincial por una denuncia de abuso sexual.

 Vasquetto, Abrile, Bornoroni y Carrizo 

 Europa avanzó con una restricción que en la práctica deja afuera de sus importaciones al biodiesel argentino que se produce en polo agroindustrial de Santa Fe. La decisión de clasificar a la soja como materia prima de «alto riesgo ambiental» implica una exclusión del biocombustible local del sistema europeo de energías renovables y amenaza con recortar exportaciones por unos USD 390 millones anuales.

El impacto encendió alarmas en la provincia donde se concentra el 80% de la producción y el gobernador Maximiliano Pullaro se reunió de urgencia con ministro de Relaciones Exteriores Pablo Quirno para evaluar una estrategia que incluye escalar el conflicto a la Organización Mundial del Comercio.

Es que la Comisión Europea incluyó a la soja dentro de las materias primas con «alto riesgo de cambio indirecto del uso del suelo» (ILUC por sus siglas en inglés), una categoría que aunque suene ambiental termina funcionando como una barrera paraarancelaria. Como consecuencia, el biodiesel elaborado con aceite de soja deja de computar como energía renovable dentro de la UE, lo que lo vuelve inviable para ese mercado.

 La Comisión Europea incluyó a la soja dentro de las materias primas con «alto riesgo de cambio indirecto del uso del suelo» (ILUC por sus siglas en inglés), una categoría que aunque suene ambiental termina funcionando como una barrera paraarancelaria 

En ese marco, Pullaro llevó el planteo a la Cancillería. En una reunión en Buenos Aires con Pablo Quirno, el gobernador entregó un dossier técnico elaborado por el Ministerio de Desarrollo Productivo que busca respaldar la posición argentina frente a Bruselas.

El documento reúne evidencia científica, productiva y económica y, según explicó el ministro Gustavo Puccini, «refuta la posición de la UE de considerar a la soja un insumo de alto riesgo».

Según detallaron fuentes provinciales, el informe será incorporado a la presentación que la Cancillería realizará la próxima semana en Europa, en un intento por frenar el endurecimiento de las restricciones y evitar el cierre definitivo del mercado para el biodiesel argentino.

El punto es que ese criterio es duramente cuestionado por Argentina. Los argumentos de la provincia de Santa Fe sostienen que el concepto de ILUC no se basa en impactos medibles sino en modelos teóricos con altos niveles de incertidumbre:

«No existe evidencia científica verificable que demuestre una relación causal entre la producción de biodiesel de soja en Argentina y cambios indirectos en el uso del suelo», advierte el informe.

 No existe evidencia científica verificable que demuestre una relación causal entre la producción de biodiesel de soja en Argentina y cambios indirectos en el uso del suelo  

El documento señala que las sospechas europeas no tienen sustento real porque la superficie sembrada con soja en el país se mantiene estable o incluso en retroceso desde hace más de una década.

En Santa Fe, por ejemplo, los datos muestran que la proporción de bosques se mantuvo prácticamente sin cambios entre 2008 y 2024, lo que refuerza la idea de que no hubo expansión sobre áreas de alto valor ambiental.

Otro de los cuestionamientos apunta a lo que consideran un sesgo metodológico. Mientras la UE penaliza a la soja importada por un supuesto riesgo ambiental, mantiene fuera de esa categoría a cultivos producidos dentro del propio bloque, como la colza y esa discriminación vulnera los principios del comercio internacional.

 El mercado europeo es el más importante para la exportación de del biocombustible. Entre 2018 y 2025, el 97% de la venta de biodiesel tuvieron como destino la UE, llegando al 100% el último año y la restricción pone a la industria en la cornisa 

El mercado europeo es el más importante para la exportación de del biocombustible. Entre 2018 y 2025, el 97% de la venta de biodiesel tuvieron como destino la UE, llegando al 100% el último año y la restricción pone a la industria en la cornisa.

En Santa Fe se concentra el polo industrial del biodiesel donde se fabrica el 80% de la producción y genera una red de empresas que incluye puertos, aceiteras, plantas químicas y logística. El valor promedio de la producción en los últimos cinco años supera los 1.100 millones de dólares anuales, lo que da dimensión del impacto potencial.

A eso se suma el efecto fiscal y laboral. Solo por la caída del comercio con Europa, la provincia podría perder más de USD 100 millones en recaudación. En paralelo, están en riesgo casi 2.000 puestos de trabajo entre empleos directos, indirectos e inducidos, en un sector que se caracteriza por altos niveles de formalidad y salarios por encima del promedio.

En Santa Fe advierten que el impacto puede ir más allá del biodiésel. La clasificación de la soja como insumo de «alto riesgo ILUC» podría extenderse a toda la cadena de valor y complicar la exportación al mercado europeo de otros productos como aceite, harina y poroto. «No se trata solo de un biocombustible, sino de un complejo exportador estratégico», señaló Pullaro.

En ese contexto, el Gobierno nacional y la provincia comenzaron a coordinar una respuesta diplomática. No es la primera vez que Argentina enfrenta a la Unión Europea por el biodiesel y en 2016 la OMC ya había obligado a reabrir el mercado europeo. 

Manuel Adorni contrató a Guillermo Ledesema, el abogado de Alfredo Yabrán, para defenderse en las causas por corrupción que pusieron su continuidad como funcionario de los hermanos Milei en la cuerda floja.

Pese a que el Presidente expresó su respaldo con una presunta hoja de ruta hasta 2027 para Adorni, el jefe de Gabinete sigue complicando al gobierno con cada paso que da desde que estalló el escándalo de los viajes en vuelos privados, la casa en el country y el departamento en Caballito con un nivel de ingresos incompatible con su patrimonio.

Las causas en las que deberá representarlo Ledesma serán la de presunto enriquecimiento ilícito y la que investiga su viaje a Punta del Este.

Pero, además, la transparencia de Adorni estaría comprometida hasta por la cartera de la escribana, Adriana Nechevenko, quien tuvo que desfilar por los tribunales de Comodoro Py hace 12 años por una serie de operaciones con narcos, tal como informó LPO. Sus clientes terminaron condenados en la Justicia por traficar efedrina para la producción de metanfetamina, la droga que popularizó la serie Breaking Bad.

«El caso Adorni es un reflejo de la predilección de Karina por lo runfla»

Ahora el jefe de Gabinete eligió para su defensa al abogado Ledesma, quien cosechó su prestigio por haber integrado la cámara que realizó el juicio a las juntas. Sin embargo, también fue defensor del empresario Yabrán e, incluso, llegó a tener una reunión con Antonini Wilson, el famoso venezolano que trató de meter una valija llena de dólares en 2007, para ser su representante.

El diario La Nación publicó que «Antonini había grabado la conversación» que mantuvo con Ledesma en Miami, cuando almorzaron en un restaurante de Ford Lauderdale. «Ledesma le aseguraba que no iba a ir preso y que la garantía de eso eran ‘Kirchner y Chávez'», reseñó el diario.

Al abogado le indignaba que se lo asociara a una operación de kirchnerismo para tranquilizar al venezolano. «En la desgrabación completa está claro. Yo le digo a Antonini: ´Si me contratan para vos y te defiendo, te digo todo. Me importan tres pomos los demás, sólo me importás vos. No soy kirchnerista ni lo quiero ser», fue el descargo que resumió La Nación.

Más allá de la competencia que tenga o no Ledesma para salvar a Adorni, los clientes del letrado no parecen ser de ayuda para la Casa Rosada.

Karina y Adorni.

Paradójicamente, fue un pedido del gobierno que Adorni se buscara un abogado. Hasta el ex ministro Mariano Cúneo Libarona se permitió sugerirlo con acidez: «es un enorme expositor, brillante, pero en una causa propia es distinto».

Para colmo, ambas causas recayeron en el juzgado de Ariel Lijo, quien padeció la fallida estrategia de Santiago Caputo en 2024 para llegar a la Corte Suprema y terminó expuesto al rechazo de su pliego en el Senado a principios de 2025. Ahora, el magistrado está a cargo de la investigación sobre las coimas de la Andis, además de la investigación sobre Adorni, y aspira a la Procuración General de la Nación.

Es un enorme expositor, brillante, pero en una causa propia es distinto.

El problema es que quedó del lado de Ricardo Lorenzetti y Guillermo Montenegro por el Ministerio de Justicia, una logia que contaba con el supuesto beneplácito de Javier Milei pero fue descartada por Karina para nombrar a Juan Bautista Mahiques. O sea que Adorni afronta no solo una tortuosa defensa, a través de un abogado que representó al empresario que pasó a la historia argentina como el símbolo de la corrupción menemista, sino también la definición que tome eventualmente Lijo.

Si bien todavía no tiene fecha fijada su posible citación a declaración indagatoria, Adorni deberá preparar con Ledesma esa presentación, al tiempo que también debería estudiar las respuestas a las preguntas que le formulen los diputados cuando deba rendir su informe mensual el próximo 29 de abril.

Fuentes parlamentarias dijeron a LPO que la oposición ya trabaja para lograr en la sesión del próximo miércoles, cuando se discuta la modificación a la ley de glaciares, un emplazamiento a la comisión de Asuntos Constitucionales para tratar pedidos de interpelación a Adorni.

Los residuos, en su mayoría, son envases de productos fitosanitarios que provocan focos de contaminación como así también intoxicaciones tanto en personas como en animales silvestres y domésticos. Desde la Municipalidad de Villa Regina se repudian este tipo de hechos y se recuerda que queda prohibido por la ley, el entierro, abandono, quema, comercialización o…