El medio Información y TIC realiza su experiencia con ChatGPT (revolucionario chat de inteligencia artificial) y en este caso la temática fue el sistema educativo de nuestro país.
Al parecer hasta la inteligencia artificial conoce la respuesta que toda la sociedad conoce pero nuestros políticos parecen obviarlas.
Le compartimos la entrevista (chat):
Información y TIC: “¿Qué habría que hacer para mejorar el sistema educativo en Argentina?”
ChatGPT: “Hay varias cosas que podrían ayudar a mejorar el sistema educativo en Argentina, algunas de ellas son:
Aumentar la inversión en educación para mejorar la infraestructura escolar y proporcionar recursos pedagógicos.
Mejorar la formación y capacitación de los maestros para que puedan brindar una educación de calidad.
Implementar programas de inclusión y diversidad para garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a una educación igualitaria.
Fomentar la educación técnica y profesional para preparar a los estudiantes para el mundo laboral.
Mejorar la educación en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas para asegurar que los estudiantes estén preparados para las carreras del futuro.
Fomentar la educación en valores y ciudadanía para desarrollar jóvenes comprometidos y responsables.
Implementar programas de evaluación para medir el rendimiento de los estudiantes y mejorar la calidad de la educación.
Fomentar la educación en idiomas para desarrollar habilidades comunicativas y preparar a los estudiantes para el mundo globalizado.
Fomentar la educación en artes y cultura para desarrollar la creatividad y el pensamiento crítico.
Mejorar la coordinación entre el sector público y privado para garantizar una educación de calidad para todos los estudiantes“.
Información y TIC: “¿Y no crees que subir el sueldo a los docentes también ayudaría a mejorar nuestra educación?”
ChatGPT: “Sí, aumentar el salario de los maestros podría ser un factor importante en mejorar el sistema educativo en Argentina. Los maestros son fundamentales en la educación, ya que son quienes tienen un papel directo en el aprendizaje de los estudiantes.
Un salario justo y competitivo podría atraer y retener a los mejores docentes, ya que ellos podrían sentir que su trabajo es valorado y apreciado. Además, un salario más alto podría mejorar las condiciones de vida de los docentes, lo que a su vez podría ayudar a reducir el estrés y aumentar la motivación, lo que podría llevar a un mejor desempeño en el aula.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que el aumento de salarios debe ir acompañado de otros cambios en el sistema educativo, como el fortalecimiento de la formación y capacitación de los docentes, la mejora de la infraestructura escolar y la implementación de programas de evaluación para medir el rendimiento de los estudiantes y mejorar la calidad de la educación”.
Como verán, no hay sorpresas en las respuestas de la inteligencia artificial; nada nuevo bajo el sol: el salario docente apareció como una segunda opción. Aquí les compartimos las impresiones de pantalla:
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La minera Livent S.A volcó ácido clorhídrico en Catamarca y todavía se desconoce si hubo sanciones para la empresa, o las consecuencias a largo plazo de la contaminación. Tras el derrame en el Salar del Hombre Muerto, en el departamento Antofagasta de la Sierra, Catamarca/12 accedió a un informe que detalla que se derramaron 1032…
La disputa entre Estados Unidos y China volvió a colocar a la Argentina en el medio del tablero. En menos de 24 horas quedaron expuestas dos señales que muestran la tensión. Por un lado, el Banco Central de Santiago Bausili renovó el swap con el Banco Popular de China y destacó la cooperación entre ambos países. Por el otro, la embajada estadounidense endureció su postura y advirtió que podría cancelar las visas de directivos de una cooperativa eléctrica de Neuquén si avanzan con un proyecto junto a Huawei.
La decisión del Banco Central representa un gesto político de peso. El Banco Popular de China y el BCRA acordaron renovar el swap de monedas por un monto de 130.000 millones de yuanes equivalentes a 18.000 millones de dólares.
El nuevo convenio modifica una condición relevante: el plazo pasa de tres a cinco años, lo que extiende la vigencia del acuerdo y le da mayor previsibilidad a una herramienta que el Gobierno considera clave para la estabilidad financiera.
El entendimiento también mantiene activa la utilización de 35.000 millones de yuanes, equivalentes a unos 5.000 millones de dólares, habilitados desde comienzos de 2023.
En el comunicado oficial, el Central resaltó que la renovación consolida la cooperación entre ambas entidades y recordó que la relación bilateral ya suma 17 años desde el primer convenio firmado en 2009. El mensaje no pasó inadvertido en Washington, donde la administración de Donald Trump viene intensificando su presión para limitar la expansión china en América Latina.
La coincidencia temporal con el conflicto en Neuquén alimentó las lecturas políticas. La embajada de Estados Unidos hizo llegar una advertencia a los integrantes de la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén (CALF), la principal distribuidora eléctrica de la Patagonia. El mensaje fue claro: si la entidad concreta un acuerdo con Huawei para desarrollar un data center en la provincia, los directivos involucrados podrían perder el derecho a ingresar a territorio estadounidense.
La información fue confirmada por el propio embajador Peter Lamelas, quien sostuvo que la decisión no implica una intromisión en la soberanía argentina sino una medida vinculada exclusivamente con la seguridad nacional de Estados Unidos.
En Washington consideran a Huawei un actor estratégico del Estado chino. Sostienen que, pese a presentarse como una empresa privada, mantiene vínculos con el Partido Comunista y con el Ejército Popular de Liberación, por lo que su tecnología podría utilizarse con fines de inteligencia.
El conflicto salió a la luz cuando el portal patagónico Sur Política reveló que funcionarios de la embajada habían transmitido informalmente la advertencia a CALF. La cooperativa evitó hacer declaraciones públicas en ese momento, aunque envió una nota formal a la representación diplomática estadounidense y otra copia a la Cancillería para solicitar precisiones sobre el alcance de la advertencia. Según fuentes de la entidad, los potencialmente alcanzados serían los 16 integrantes del consejo de administración, además de un síndico titular y otro suplente. En total, 18 directivos.
Lamelas defendió la postura de su país y aseguró que la preocupación está concentrada únicamente en el posible acuerdo entre CALF y Huawei. Citó además una frase del secretario de Estado, Marco Rubio: «Ingresar a Estados Unidos es un privilegio, no un derecho». En esa línea, desde la embajada remarcaron que las autoridades estadounidenses revisan de manera permanente la elegibilidad de las visas y que quienes, a su criterio, realicen acciones que afecten la seguridad nacional pueden perder ese beneficio.
El diplomático sostuvo además que fue la cooperativa la que impulsó el acercamiento con Huawei y que la embajada simplemente intentó abrir un canal de diálogo para entender por qué empresas estadounidenses no habían sido consideradas para el proyecto. Según esa versión, los representantes de CALF evitaron mantener ese contacto por tratarse de un asunto especialmente delicado para Washington.
La advertencia encuentra respaldo en una ampliación de la política de restricciones migratorias anunciada por el Departamento de Estado el 16 de abril. La medida amplía los supuestos para cancelar o negar visas a ciudadanos del hemisferio occidental que, según la interpretación de Washington, actúen en representación de gobiernos considerados adversarios o de empresas vinculadas a ellos. La política también alcanza a quienes autoricen, financien o colaboren de manera significativa con esas actividades.
El episodio provocó reacciones políticas. El parlamentario del Mercosur por Neuquén de La Libertad Avanza, Fabricio Cascino, cuestionó las amenazas y defendió la búsqueda de un proveedor con mejores condiciones económicas.
«En ningún momento CALF fue a hablar con la embajada de China para hacer una sociedad geopolítica. Lo único que buscó fue una empresa con tecnología de punta, calidad y mejor precio», afirmó.
Sin embargo, medios patagónicos recordaron que directivos de la cooperativa viajaron a China invitados por Huawei en abril para avanzar en el proyecto del futuro data center regional y analizar la compra de equipamiento.
Lejos de retroceder, CALF difundió este miércoles un comunicado dirigido a sus usuarios. La cooperativa confirmó que recibió advertencias informales vinculadas con las visas, precisó que el único contacto fue un mensaje de WhatsApp y recordó que el 29 de julio presentó una nota formal tanto ante la embajada estadounidense como ante la Cancillería argentina. También afirmó que nunca recibió objeciones técnicas por los canales institucionales y ratificó que continuará definiendo sus compras según criterios de calidad, precio y financiamiento.
El Gobierno porteño adjudicó una licitación para incorporar una plataforma de inteligencia artificial conversacional capaz de hablar con los vecinos mediante voces sintéticas de alta fidelidad. El sistema estará destinado a los canales digitales de la Ciudad y podrá mantener conversaciones, procesar información de los trámites, analizar las interacciones y medir cuántos problemas resuelve sin intervención humana. La contratación abre una discusión que va mucho más allá de la tecnología: qué sucede cuando el Estado empieza a reemplazar la conversación entre personas por máquinas diseñadas para sonar como personas.
Por Roque Pérez para NLI
Hasta ahora, cuando un vecino tenía un problema con el Estado porteño, la relación podía ser incómoda, burocrática, lenta o frustrante, pero existía —al menos en principio— una dimensión humana detrás del mostrador, del teléfono o de la pantalla. Había alguien a quien explicarle una situación, alguien que podía escuchar una excepción, interpretar un problema que no encajaba exactamente en un formulario y, eventualmente, hacerse cargo de una respuesta. Esa relación está empezando a cambiar en la Ciudad de Buenos Aires: el Gobierno porteño acaba de adjudicar una licitación para incorporar una plataforma de inteligencia artificial conversacional y síntesis de voz de alta fidelidad que permitirá atender interacciones mediante agentes capaces de hablar con los ciudadanos utilizando voces artificiales cada vez más parecidas a las humanas.
La contratación fue adjudicada el pasado viernes 7 de agosto de 2026 mediante la Resolución 130/SECITD/26. El expediente corresponde a la Licitación Pública 2051-0661-LPU26 y tiene como destino la Dirección General Canales Digitales, dependiente de la Subsecretaría Ciudad Inteligente de la Secretaría de Innovación y Transformación Digital. El propio objeto de la licitación resulta revelador: “Plataforma de IA Conversacional y Síntesis de Voz de Alta Fidelidad Modalidad SaaS”. No se trata, entonces, de comprar simplemente un sistema que convierta textos en audios, sino de incorporar una infraestructura tecnológica pensada para establecer conversaciones entre los ciudadanos y agentes artificiales.
Incorporar una infraestructura tecnológica pensada para establecer conversaciones entre los ciudadanos y agentes artificiales.
Cuando el Estado empieza a hablar con voz de máquina
La tecnología contratada tiene una característica que modifica radicalmente la experiencia: la inteligencia artificial no se limitará a responder por escrito. La plataforma elegida es ElevenLabs, una herramienta especializada en generación y síntesis de voz, y la contratación contempla además servicios de contingencia y consultoría, soporte y mantenimiento evolutivo del denominado “ecosistema de voz”. El contrato fue adjudicado a Solar Insights S.A. por $3.020.928.204,80, de los cuales $950.366.524,80 corresponden a la suscripción de ElevenLabs, $1.198.050.000 a servicios de contingencia (una bolsa equivalente a 4,2 millones de minutos, cuyo uso dependerá de las necesidades y consumo del sistema) y $872.511.680 a consultoría, soporte y mantenimiento.
La cifra, por supuesto, merece ser observada, pero reducir la historia a cuánto dinero se gastó sería perder lo más importante. La verdadera transformación está en el vínculo que el Estado pretende establecer con quien necesita de sus servicios. La pregunta ya no es solamente cuánto cuesta la herramienta, sino qué clase de administración pública empieza a construirse cuando una máquina puede recibir una queja, reconocer el lenguaje utilizado, contestar con una voz natural y continuar la conversación sin que necesariamente aparezca un trabajador estatal del otro lado.
La propia estructura de la contratación revela esa orientación. La Dirección General Canales Digitales tiene entre sus responsabilidades coordinar las interfaces entre plataformas digitales y canales conversacionales, además de establecer estándares de experiencia conversacional para los bots utilizados por el Gobierno porteño. La nueva plataforma se incorpora, por lo tanto, dentro de una estrategia más amplia de digitalización de la relación entre la administración y sus ciudadanos.
Y hay una palabra particularmente significativa en esta transformación: “conversacional”. Una pantalla que devuelve información es una cosa. Una voz que responde “entiendo su problema”, hace una pausa, formula una pregunta y continúa la conversación es otra completamente distinta. La segunda construye una apariencia de vínculo interpersonal. La máquina no solamente transmite información: simula una presencia humana.
La máquina no solamente transmite información: simula una presencia humana.
Ese detalle tiene consecuencias sociológicas que suelen quedar ocultas detrás de palabras como innovación, eficiencia o modernización. Durante décadas, la burocracia estatal fue criticada por su despersonalización: formularios, números de expediente, ventanillas, sellos y turnos convertían a las personas en números administrativos. La paradoja de la nueva revolución digital es que ahora puede ocurrir algo diferente: el Estado puede despersonalizar todavía más la atención mientras utiliza máquinas diseñadas para parecer personales.
La burocracia del futuro podría no tener una ventanilla fría ni un empleado que responde mecánicamente. Podría tener una voz amable, cálida y perfectamente modulada que haga exactamente lo mismo.
La máquina que escucha, interpreta y mide al ciudadano
El salto tecnológico no está solamente en que la IA pueda hablar. También está en lo que ocurre alrededor de esa conversación. La documentación técnica de la contratación contempla una infraestructura capaz de trabajar con agentes conversacionales, integrar información y evaluar las interacciones. Entre los objetivos aparece la medición de la resolución autónoma de las conversaciones, es decir, cuánto puede resolver el sistema sin intervención de un operador humano.
Esto cambia el criterio con el que se evalúa la atención pública. Durante décadas, la calidad de un servicio podía medirse por la capacidad de una persona para resolver un problema, orientar a un vecino o comprender una situación particular. En el nuevo esquema aparece otra variable: qué porcentaje de ciudadanos puede ser atendido completamente por una máquina.
No es un detalle menor. Significa que la automatización deja de ser solamente una herramienta auxiliar y comienza a convertirse en un objetivo de gestión. Cuanto mayor sea la proporción de conversaciones que el sistema resuelva sin derivarlas a una persona, más eficiente será considerado el mecanismo.
La tecnología también permite trabajar con voz, transcripciones y análisis de las conversaciones, lo que introduce otra dimensión delicada: el ciudadano no solamente habla con el Estado, sino que esa interacción puede convertirse en información susceptible de ser procesada algorítmicamente. La Agencia de Acceso a la Información Pública viene advirtiendo precisamente sobre la necesidad de incorporar transparencia y protección de datos personales durante todo el ciclo de vida de los sistemas de IA. Su guía para entidades públicas y privadas señala que la transparencia y la protección de datos son dimensiones centrales de una IA responsable.
El ciudadano no solamente habla con el Estado, sino que esa interacción puede convertirse en información susceptible de ser procesada algorítmicamente
La propia AAIP creó en 2023 un programa específico sobre transparencia y protección de datos personales en el uso de inteligencia artificial, con el objetivo de fortalecer las capacidades estatales frente a los riesgos asociados a estos sistemas. El organismo remarcó que la privacidad y la protección de los datos deben ser consideradas desde la recopilación hasta la utilización, almacenamiento y supresión de la información.
Por eso, en este nuevo escenario aparece una pregunta inevitable: ¿qué sabe exactamente la máquina de la persona con la que está hablando? Y otra todavía más importante: ¿qué sabe esa persona acerca de la máquina con la que está hablando?
¿El vecino sabrá que del otro lado no hay una persona?
Aquí aparece uno de los puntos más sensibles de la contratación.
En la documentación pública que pudimos revisar no encontramos una cláusula expresa que establezca que el ciudadano deba ser informado, al comenzar la conversación, de que está interactuando con una inteligencia artificial. Tampoco la resolución de adjudicación establece una obligación semejante. Esto no permite afirmar que la Ciudad vaya necesariamente a ocultarlo: puede existir una instrucción posterior de implementación, una política de privacidad o una advertencia incorporada al sistema que no forme parte de la resolución publicada. Pero, al menos en los documentos analizados, no aparece de manera explícita esa obligación de identificación frente al ciudadano.
Y la cuestión no es trivial. Cuanto más natural resulte una voz artificial, más importante se vuelve saber quién está hablando.
Una voz humana transmite mucho más que palabras: genera confianza, autoridad, cercanía y, en determinadas circunstancias, empatía. Si un ciudadano escucha una voz perfectamente natural diciéndole que su reclamo fue recibido, puede interpretar que detrás existe una persona que comprendió su situación. Pero una voz humana no significa que exista una persona. La diferencia entre ambas cosas puede volverse prácticamente invisible.
La Argentina, de hecho, ya reconoce institucionalmente que el uso de inteligencia artificial exige reglas de transparencia. La AAIP sostiene que el Estado debe garantizar que los sistemas sean comprensibles y responsables, y sus recomendaciones para el uso de IA señalan que los proyectos públicos deben contemplar la transparencia, la protección de los datos y los riesgos de los procesos automatizados.
El problema, entonces, no es estar a favor o en contra de la inteligencia artificial. El problema es quién controla la relación entre la máquina y el ciudadano y cuánto sabe el ciudadano acerca de esa relación. Porque una cosa es que el Estado diga: “Esta es nuestra inteligencia artificial; puede ayudarte a resolver este trámite y, si no puede hacerlo, te comunicará con una persona”. Y otra muy diferente es construir una experiencia en la que el usuario tenga la impresión de estar conversando con un empleado cuando en realidad está hablando con un sistema automatizado. La primera situación puede ser una herramienta tecnológica. La segunda plantea un problema de transparencia y autonomía.
La eficiencia como nueva forma de deshumanización
Hay una cuestión todavía más profunda. La incorporación de IA suele justificarse mediante una palabra que parece indiscutible: eficiencia. Una máquina puede atender miles de consultas simultáneamente, no se enferma, no tiene horarios, puede responder de manera uniforme y no necesita multiplicar la cantidad de trabajadores a medida que crece la demanda.
Todo eso puede ser cierto. Pero la eficiencia no es el único valor que debería organizar una administración pública.
Un Estado no existe solamente para procesar trámites. Existe para relacionarse con personas que, muchas veces, llegan a él precisamente porque tienen un problema. El ciudadano que reclama porque perdió un turno, porque no puede acceder a un beneficio, porque necesita resolver una infracción, porque tiene dificultades con un trámite o porque no comprende una decisión administrativa no siempre necesita únicamente una respuesta correcta. A veces necesita que alguien pueda comprender que su situación es excepcional.
La máquina trabaja extraordinariamente bien con aquello que puede ser convertido en datos. El problema comienza cuando la vida real no entra en el formulario.
La promesa de la IA es que esos límites podrán reducirse. Y probablemente sea así. Pero mientras más decisiones y respuestas se automaticen, mayor será la necesidad de preservar mecanismos de atención humana para los casos que no encajen en las categorías previstas por el algoritmo.
El riesgo no es que una computadora sea fría. El riesgo es más profundo: que el Estado termine considerando que una conversación está resuelta cuando el sistema logró cerrar el ticket, aunque la persona siga teniendo el problema.
La Ciudad acaba de dar un paso importante en esa dirección. La resolución del 7 de agosto formalizó la adjudicación de una herramienta que puede convertirse en una nueva puerta de entrada a la administración porteña. La licitación recibió cuatro ofertas y finalmente fue adjudicada a Solar Insights S.A., presidida por Matías Bedacarratz; las otras tres fueron desestimadas por no cumplir con las condiciones del pliego.
No estamos, entonces, ante una fantasía futurista. La transformación ya tiene expediente, licitación, empresa adjudicataria, presupuesto y una tecnología concreta. Lo que todavía está abierto es la discusión democrática sobre qué límites deberá tener esa transformación. Porque una ciudad inteligente no debería ser solamente aquella que responde más rápido. También debería ser aquella que sabe cuándo una persona necesita hablar con otra persona.
Y quizás esa sea la pregunta más importante que deja esta contratación: si el Estado puede construir una máquina capaz de sonar como nosotros, ¿quién se asegurará de que detrás de esa voz siga existiendo un Estado capaz de escucharnos como seres humanos?
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