ChatGPT y la educación en Argentina

Un estudio científico reciente confirmó que uno de los primeros antepasados del ser humano ya caminaba erguido hace siete millones de años. El descubrimiento obliga a reescribir uno de los capítulos centrales de la evolución humana y derriba una de las ideas más repetidas sobre nuestro origen.

Por Alcides Blanco para NLI

Durante décadas, la historia oficial de la evolución humana sostuvo que primero creció el cerebro y recién después llegó la caminata erguida. Pensar, razonar, y solo más tarde caminar. Esa secuencia acaba de ser puesta en duda por una investigación que aporta pruebas sólidas de que nuestros ancestros se pararon sobre dos piernas mucho antes de volverse “inteligentes”.

El protagonista de esta revisión histórica es Sahelanthropus tchadensis, una especie que vivió en África central hace aproximadamente siete millones de años. Hasta ahora, se lo conocía sobre todo por su cráneo, descubierto a comienzos de este siglo. Pero el nuevo estudio analizó huesos clave del cuerpo que revelan algo decisivo: no era un simio cuadrúpedo, sino un homínido que ya caminaba erguido.

Las pistas que dejó el cuerpo

Los investigadores se concentraron en restos óseos del fémur y del antebrazo. No se trata de huesos cualquiera: el fémur es fundamental para sostener el peso del cuerpo al caminar, y su forma revela cómo se desplazaba un ser vivo.

El análisis mostró estructuras óseas que solo aparecen en especies adaptadas al bipedalismo, como puntos de inserción muscular que permiten estabilizar la cadera y mantener el equilibrio sobre dos piernas. Estas marcas no se encuentran en los chimpancés ni en otros simios actuales, pero sí en homínidos que caminan erguidos.

En otras palabras: el cuerpo de Sahelanthropus estaba diseñado para moverse en posición vertical, aunque aún conservara la capacidad de trepar árboles.

Caminar antes de pensar

Uno de los datos más impactantes es que Sahelanthropus tenía un cerebro pequeño, comparable al de los simios. Esto refuerza una conclusión incómoda para muchas teorías clásicas: la marcha erguida no fue consecuencia de un gran desarrollo intelectual, sino un paso previo.

Primero vino el cuerpo adaptado a caminar largas distancias. Después, mucho tiempo después, el cerebro comenzó a expandirse. La humanidad, según esta evidencia, nació desde los pies hacia arriba.

Un cambio profundo en la historia humana

Este hallazgo empuja el origen del bipedalismo más atrás de lo que se creía y redefine el punto de partida de nuestra línea evolutiva. Ya no se trata solo de fósiles dispersos, sino de pruebas anatómicas directas que muestran cómo se movían nuestros ancestros.

También refuerza la idea de que la evolución humana fue un proceso gradual, lleno de etapas intermedias: seres que no eran ni simios ni humanos, pero que ya caminaban erguidos mientras conservaban rasgos primitivos.

Los primeros pasos de lo que somos

Caminar sobre dos piernas liberó las manos, permitió transportar objetos, observar el entorno desde otra altura y, con el tiempo, transformó por completo la relación entre el cuerpo y el mundo. Ese gesto aparentemente simple —ponerse de pie— fue uno de los actos más revolucionarios de la historia natural.

Hoy sabemos que ocurrió mucho antes de lo que nos contaron. Y que, siete millones de años atrás, alguien muy parecido a un simio dio un paso que todavía estamos caminando.

Bajo el discurso de la “eficiencia”, la “transparencia” y el “orden administrativo”, el decreto 942/2025 firmado por Milei elimina la Agencia Nacional de Discapacidad y concentra todas las políticas del sector dentro del Ministerio de Salud. Detrás del lenguaje técnico, la medida implica más controles, más auditorías y un riesgo concreto de recorte de derechos para las personas con discapacidad.

Por Roque Pérez para NLI

La publicación del DNU 942/2025 pasó casi inadvertida en medio del cierre de año, pero su contenido es de enorme gravedad para uno de los sectores más vulnerables de la sociedad argentina. El decreto no solo prorroga la emergencia sanitaria, sino que desmantela la estructura institucional que durante años tuvo a su cargo la política pública en discapacidad.

La decisión central es clara: la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) deja de existir como organismo descentralizado y pasa a ser absorbida por el Ministerio de Salud bajo la figura de una Secretaría Nacional de Discapacidad. Lo que el texto presenta como una “reorganización” es, en los hechos, una fuerte centralización política y presupuestaria.

El fin de la ANDIS y la pérdida de autonomía

Hasta ahora, la ANDIS contaba con cierta autonomía funcional y administrativa. Eso le permitía tener un presupuesto propio, equipos técnicos especializados y un margen —limitado, pero real— para sostener políticas públicas específicas.

Con el decreto de Milei, la discapacidad deja de ser una política integral de derechos y pasa a ser un área subordinada a las prioridades sanitarias y fiscales del Ministerio de Salud. Esto no es neutro: implica que las decisiones sobre discapacidad quedarán atravesadas por criterios de ajuste, “racionalización del gasto” y metas presupuestarias.

En otras palabras, la discapacidad deja de ser un derecho humano garantizado y pasa a ser un costo a administrar.

Pensiones por invalidez: auditorías, revisiones y posibles bajas

Uno de los puntos más sensibles del decreto está en el nuevo inciso 39 del artículo 23 de la Ley de Ministerios. Allí se establece que el Ministerio de Salud tendrá a su cargo:

“el otorgamiento, control, revisión y auditoría de las pensiones por invalidez”.

La inclusión explícita de las palabras control, revisión y auditoría no es casual. El propio decreto justifica la medida hablando de “irregularidades”, “falencias” y “desorden administrativo”.

La experiencia histórica en la Argentina es clara: cuando se anuncian auditorías masivas sobre pensiones por invalidez, lo que sigue son suspensiones, demoras y bajas, muchas veces injustificadas. Personas con discapacidad que dependen de ese ingreso quedan meses sin cobrar o deben atravesar procesos humillantes para volver a demostrar una condición que ya fue certificada.

El decreto habilita legalmente ese escenario.

El Certificado Único de Discapacidad, bajo la lupa

El texto reconoce que existen problemas en la gestión del Certificado Único de Discapacidad (CUD): sistemas fragmentados, falta de interoperabilidad y demoras. Sin embargo, la solución que propone no es fortalecer el acceso, sino centralizar la información y endurecer los mecanismos de control.

Esto puede traducirse en:

• Trámites más lentos
• Mayor discrecionalidad administrativa
• Nuevos obstáculos para renovar o acceder al CUD

Para miles de personas, sin CUD no hay prestaciones, transporte gratuito, medicamentos ni acompañamientos terapéuticos. Cualquier demora o restricción impacta directamente en su vida cotidiana.

Prestaciones en riesgo y prestadores ahogados

La Ley 24.901 garantiza un sistema de prestaciones básicas que incluye tratamientos, rehabilitación, transporte, apoyos y acompañantes terapéuticos. El decreto afirma que busca “transparentar contrataciones” y “optimizar el gasto”.

En la práctica, este tipo de procesos suele derivar en:

• Retrasos en los pagos a prestadores
• Revisión de convenios
• Reducción de coberturas
• Prestadores que dejan de atender porque el Estado no paga

No hace falta un recorte explícito: la asfixia administrativa también es una forma de ajuste.

Mucha Convención, poca participación real

El decreto cita reiteradamente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero no crea ningún mecanismo nuevo y concreto de participación de las organizaciones del sector. Todo queda concentrado en la estructura ministerial.

Esto contradice el espíritu mismo de la Convención, que exige la participación activa de las personas con discapacidad en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas que las afectan.

Emergencia sanitaria prorrogada: más discrecionalidad

La prórroga de la emergencia sanitaria hasta diciembre de 2026 le otorga al Ejecutivo un margen extraordinario para tomar decisiones sin debate parlamentario. En ese marco, la política de discapacidad queda sujeta a resoluciones administrativas, reestructuraciones internas y cambios de criterio que pueden afectar derechos adquiridos.

Menos Congreso, menos control, menos garantías.

Un cambio de paradigma peligroso

El decreto 942/2025 marca un giro claro: la discapacidad deja de ser abordada desde una perspectiva de derechos y pasa a ser tratada como un problema de gestión y gasto público.

Detrás de palabras como “eficiencia”, “trazabilidad” y “orden”, se esconde un riesgo concreto de ajuste sobre quienes más necesitan del Estado. La eliminación de la ANDIS no es un hecho técnico: es una decisión política con consecuencias reales.

En tiempos donde el gobierno de Milei repite que “no hay plata”, la pregunta es inevitable: ¿el ajuste también va a caer sobre las personas con discapacidad?