ChatGPT y la educación en Argentina

El perito en IA e ingeniero en telecomunicación Ariel Garbarz alertó este viernes que el dueño de la plataforma de macrodatos Palantir, Peter Thiel, le ofreció a Javier Milei sus servicios para «gobernar con datos cruzados» para controlar a la ciudadanía. El modelo de Thiel es el que funciona con Donald Trump en Estados Unidos, que entregó las bases de 26 reparticiones públicas, incluida la CIA y las agencias de seguridad, para deportar inmigrantes o capturarlos con el ICE pero también en Gran Bretaña, el Estado de Israel y tres estados federales de Alemania, tal como informó LPO.

Según Garbarz, Thiel le había hecho la misma propuesta al Presidente en noviembre de 2024, cuando se conocieron. «Como Milei estaba en otro momento político, delegó el tema en Patricia Bullrich y un grupo de técnicos le dio participación al equipo que habíamos formado en la UTN, donde habíamos desarrollado un software que bloqueaba al Pegasus pero Palantir es otra cosa, hicieron un upgrade que no podemos detectar», explicó el especialista a LPO.

Por eso, Garbarz creyó que Karina Milei le había hecho un favor al país cuando abortó el negocio que Bullrich quiso cerrar con un contrato especial para Palantir, a través de la Agencia de Seguridad donde quería ubicar a Diego Valenzuela. «Pensé que, paradójicamente, íbamos a ganar tiempo pero no», comentó.

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La principal preocupación de este docente universitario es que Palantir puede servir de soporte para la unificación de todas las bases de datos del Estado nacional, algo que ya está contemplado en el artículo 15 del decreto de la SIDE 941/25. En ese texto, se habla de la creación de la Comunidad de Inteligencia Nacional (CIN), que nuclea desde la información de ARBA hasta el Renaper.

La oposición manifestó, a través de declaraciones aisladas, su rechazo a ese DNU en el Congreso pero hasta ahora permanece en estado de impotencia política para voltearlo.

Garbarz plantea que Palantir es «un monstruo digital de vigilancia y control social que cambia la forma de gobernar la Argentina». «El contrato estaría legalizado en Argentina con el DNU 941, quedando como inteligencia encubierta, pagado con fondos públicos y sin publicación completa», posteó en X y agregó: «es tan aplicable a una contienda electoral como a un conflicto bélico».

A su criterio, la plataforma sirve para «manipular y someter la voluntad popular y entregar los datos del Estado a una corporación extranjera».

El contrato con Palantir estaría legalizado en Argentina con el DNU 941, quedando como inteligencia encubierta, pagado con fondos públicos y sin publicación completa, y es tan aplicable a una contienda electoral como a un conflicto bélico.

Desde el bloque peronista admiten que el decreto forma parte del temario que buscarán construir para la convocatoria a una sesión especial, después que se presente Manuel Adorni en el recinto este miércoles. «Tenemos que reunir el quórum y eso va a costar, quizá nos tengamos que aguantar un par de convocatorias sin lograr quórum pero, cuando lleguemos, vamos a contar con los votos», se esperanza un kirchnerista.

Mientras tanto, el DNU de la SIDE está vigente, pese a que la impericia política del gabinete de Milei mitigue parcialmente la amenaza sobre garantías de los ciudadanos.

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Los médicos de la provincia de Buenos Aires denunciaron que, frente a la crisis económica, el crecimiento del desempleo y el recorte de programas nacionales de salud, la demanda en los hospitales públicos bonaerenses creció un 23%.

Se trata de una problemática que, desde la asunción de Javier Milei al Gobierno, numerosos intendentes vienen advirtiendo con preocupación, ya que muchos municipios son los que se hacen cargo de financiar el sistema de salud local.

Ante un permanente crecimiento de esa demanda, en el gremio bonaerense de los profesionales de la salud, Cicop, salieron a advertir que el sistema está «saturado», con equipos sobrecargados y recursos insuficientes para capear ese incremento.

«A eso se suma una situación interna cada vez más grave: un deterioro salarial inaudito, con falta de respuestas paritarias y aumento de la conflictividad en la atención», dijo el titular del Cicop y de la Federación Nacional, Fesintras, Pablo Maciel.

Y graficó: «La crisis económica, el desempleo, el cierre prácticamente del Remediar, la quiebra de obras sociales y la situación dramática del Pami empujan a miles de personas al sistema público para resolver desde consultas hasta cirugías».

El titular de Cicop y Fesintras, Pablo Maciel.

Para los médicos, uno de los puntos más sensibles del ajuste es el vaciamiento del Plan Remediar, que durante más de 20 años garantizó medicamentos esenciales a 20 millones de personas a través de 8.000 centros de salud de todo el país.

«El impacto es inmediato y grave: pacientes con enfermedades crónicas, autoinmunes o inflamatorias están descontinuando tratamientos porque no pueden costearlos, lo que genera complicaciones severas y, en los casos más extremos, muertes evitables», señalaron los médicos de Fesintras.

Los hospitales municipales ya gastaron el presupuesto anual y la situación es dramática

En esa línea, indicaron que, según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, las transferencias de recursos nacionales al Pami registraron una caída real del 54,4% durante el primer cuatrimestre de 2026 comparado al mismo período de 2025.

Eso tiene su correlato en la caída de prestaciones, demoras en la atención, problemas en acceder a medicamentos y deuda con prestadores, médicos de cabecera y odontólogos que ponen en jaque la operatividad del sistema.

Frente a eso, el titular de la Asociación de Profesionales del Hospital El Cruce de Florencio Varela, Damián Zamorano, expuso que en ese centro de alta complejidad «la lógica de privatización y mercantilización ya está sucediendo, mediante políticas de productividad que incrementan la atención y profundizan la sobrecarga laboral del personal de salud».

Las transferencias de recursos nacionales al Pami registraron una caída real del 54,4% durante el primer cuatrimestre de 2026 comparado al mismo período de 2025. 

En ese contexto, Fesintras promueve un paro nacional de salud con movilizaciones en todo el país para este miércoles 20 de mayo. La marcha central llevará el reclamo a la puerta del Ministerio de Salud nacional que conduce Mario Lugones. De ahí, la columna marchará hacia Plaza de Mayo.

Como antesala a esa movilización, Axel Kicillof convocó a los 135 intendentes a una reunión en Gobernación el martes, para abordar el impacto del ajuste nacional en Salud. Ahí se prevé que el ministro de Salud, Nicolás Kreplak informe el estado de situación con datos comparativos y se firme un documento en reclamo de recursos adeudados por parte de Nación.