El medio Información y TIC realiza su experiencia con ChatGPT (revolucionario chat de inteligencia artificial) y en este caso la temática fue el sistema educativo de nuestro país.
Al parecer hasta la inteligencia artificial conoce la respuesta que toda la sociedad conoce pero nuestros políticos parecen obviarlas.
Le compartimos la entrevista (chat):
Información y TIC: “¿Qué habría que hacer para mejorar el sistema educativo en Argentina?”
ChatGPT: “Hay varias cosas que podrían ayudar a mejorar el sistema educativo en Argentina, algunas de ellas son:
Aumentar la inversión en educación para mejorar la infraestructura escolar y proporcionar recursos pedagógicos.
Mejorar la formación y capacitación de los maestros para que puedan brindar una educación de calidad.
Implementar programas de inclusión y diversidad para garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a una educación igualitaria.
Fomentar la educación técnica y profesional para preparar a los estudiantes para el mundo laboral.
Mejorar la educación en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas para asegurar que los estudiantes estén preparados para las carreras del futuro.
Fomentar la educación en valores y ciudadanía para desarrollar jóvenes comprometidos y responsables.
Implementar programas de evaluación para medir el rendimiento de los estudiantes y mejorar la calidad de la educación.
Fomentar la educación en idiomas para desarrollar habilidades comunicativas y preparar a los estudiantes para el mundo globalizado.
Fomentar la educación en artes y cultura para desarrollar la creatividad y el pensamiento crítico.
Mejorar la coordinación entre el sector público y privado para garantizar una educación de calidad para todos los estudiantes“.
Información y TIC: “¿Y no crees que subir el sueldo a los docentes también ayudaría a mejorar nuestra educación?”
ChatGPT: “Sí, aumentar el salario de los maestros podría ser un factor importante en mejorar el sistema educativo en Argentina. Los maestros son fundamentales en la educación, ya que son quienes tienen un papel directo en el aprendizaje de los estudiantes.
Un salario justo y competitivo podría atraer y retener a los mejores docentes, ya que ellos podrían sentir que su trabajo es valorado y apreciado. Además, un salario más alto podría mejorar las condiciones de vida de los docentes, lo que a su vez podría ayudar a reducir el estrés y aumentar la motivación, lo que podría llevar a un mejor desempeño en el aula.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que el aumento de salarios debe ir acompañado de otros cambios en el sistema educativo, como el fortalecimiento de la formación y capacitación de los docentes, la mejora de la infraestructura escolar y la implementación de programas de evaluación para medir el rendimiento de los estudiantes y mejorar la calidad de la educación”.
Como verán, no hay sorpresas en las respuestas de la inteligencia artificial; nada nuevo bajo el sol: el salario docente apareció como una segunda opción. Aquí les compartimos las impresiones de pantalla:
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El dólar futuro volvió a ganar protagonismo por el incremento de los volúmenes operados y la incertidumbre cambiaria. Sin embargo, los especialistas sostienen que su principal función sigue siendo la cobertura y no la inversión.
El interés por los contratos de dólar futuro creció en las últimas semanas en un contexto de mayor volatilidad cambiaria. De hecho, el volumen negociado en este mercado alcanzó los USD 2.725 millones, más de tres veces el registrado en el mercado Forex, donde se operaron alrededor de USD 838 millones.
En el mercado creen que el salto en las operaciones de dólar futuro se explica en parte por supuestas intervenciones del Banco Central para controlar la suba de la divisa.
Para el asesor financiero Leandro Stainnekker, este fuerte movimiento no debe interpretarse automáticamente como una señal de que los inversores esperan una devaluación inminente.
«El dólar futuro es una herramienta diseñada principalmente para cubrir el riesgo cambiario, más que para obtener rentabilidad», explica el especialista. En ese sentido, recuerda que los importadores compran contratos para fijar el costo de futuras compras al exterior, mientras que los exportadores los utilizan para asegurar el valor de las divisas que liquidarán más adelante.
Según el ejecutivo, el mayor volumen simplemente refleja que empresas e inversores están utilizando con mayor intensidad estos instrumentos para administrar su exposición al tipo de cambio.
Cobertura, no especulación
Para quienes buscan hacer rendir sus ahorros, Stainneker considera que el dólar futuro no resulta una opción especialmente atractiva: «Para un inversor minorista no lo recomiendo como estrategia de inversión. Su principal utilidad es la cobertura», afirma.
El motivo es que los contratos ya incorporan las expectativas del mercado sobre la evolución del dólar. Además, el apalancamiento propio de estos instrumentos incrementa considerablemente el riesgo para quienes no tienen experiencia operando derivados.
En consecuencia, sostiene que la relación entre riesgo y retorno suele ser menos conveniente que la ofrecida por otras alternativas de inversión disponibles en el mercado.
Más allá del dólar futuro
Por su parte, el consultor Omar De Lucca comparte esa visión y asegura que hoy no encuentra argumentos para que un pequeño ahorrista se posicione en futuros de dólar.
El experto recuerda que hace dos años el dólar libre rondaba los $1.500 y actualmente continúa moviéndose cerca de esos niveles, pese a las oscilaciones registradas durante el período.
En ese lapso, no se produjo una fuerte devaluación y, durante el último semestre, el tipo de cambio apenas avanzó alrededor de 1%, muy por debajo de la inflación.
Por ese motivo, considera que existen estrategias más eficientes para quienes buscan preservar y hacer crecer su patrimonio.
«Yo lo que le recomendaría al pequeño ahorrista es, como siempre, que diversifique un poco. Que mantenga una posición en dólares, pero a su vez invierta en un instrumento de corto plazo, una obligación negociable de bajo riesgo, y que tenga algo atado a rendimientos como Lecaps», indicó.
A su juicio, la mejora en la calificación del país, la baja del riesgo país y un contexto financiero más favorable podrían impulsar a los activos locales hacia fin de año. Por eso propone comenzar a tomar posiciones de manera gradual y conservadora en renta variable, aprovechando que todavía falta tiempo para que el calendario electoral vuelva a elevar la incert
Mientras los peones rurales y los hacheros de principios del siglo XX eran obligados a comprar en las proveedurías de las empresas que los empleaban mediante vales y fichas, miles de repartidores argentinos del siglo XXI terminan endeudados con las propias plataformas para las que trabajan. Separados por un siglo de historia, ambos modelos revelan una misma lógica: trabajadores cada vez más dependientes de empresas extranjeras que convierten el salario en un mecanismo de control.
Por Alcides Blanco para NLI
Cuando el salario dejó de ser libertad
Hay escenas de la historia argentina que parecen haber quedado definitivamente enterradas en los libros escolares. La Patagonia Rebelde, entre 1920 y 1922, y las huelgas de La Forestal, entre 1919 y 1922, suelen recordarse por la brutal represión que sufrieron los trabajadores. Sin embargo, detrás de aquella violencia existía un sistema económico cuya esencia resulta sorprendentemente familiar para la Argentina de 2026.
Los peones rurales patagónicos trabajaban jornadas que podían extenderse entre 10 y 16 horas, mientras que los hacheros que desmontaban los quebrachales para la compañía británica The Forestal Land, Timber and Railways Company Limited, conocida simplemente como La Forestal, sobrevivían con salarios miserables y condiciones de vida extremadamente precarias. En ambos casos, la dependencia respecto del empleador iba mucho más allá del trabajo cotidiano.
En numerosos establecimientos, especialmente en La Forestal, una parte importante del salario no se entregaba en dinero sino mediante vales, bonos o fichas emitidos por la propia empresa. Aquellos papeles solamente podían utilizarse en las proveedurías de la compañía, donde los productos solían venderse a precios superiores a los del mercado o donde los vales eran reconocidos por un valor inferior al nominal. El trabajador cobraba de su patrón y, casi inmediatamente, ese mismo dinero regresaba al patrón.
Aquella práctica no solo reducía el poder adquisitivo de los obreros. También impedía que pudieran ahorrar, elegir dónde comprar o abandonar fácilmente el empleo. El salario dejaba de representar independencia para convertirse en un instrumento de subordinación.
La tecnología cambió, pero la lógica permanece
Un siglo después, la Argentina vuelve a exhibir un fenómeno que, aunque adopta formas digitales, reproduce mecanismos sorprendentemente similares.
Miles de repartidores que trabajan para plataformas de delivery comenzaron a recurrir masivamente a préstamos ofrecidos por las propias aplicaciones o por empresas financieras asociadas, en un contexto de caída del poder adquisitivo, precarización laboral y escasez de crédito tradicional.
Según un informe difundido en los últimos días, la deuda promedio ya ronda el millón de pesos, mientras que algunos créditos alcanzan costos financieros equivalentes a tasas cercanas al 700% anual, cifras que transforman el préstamo en una pesada carga para trabajadores cuyos ingresos dependen de jornadas cada vez más extensas.
El mecanismo presenta diferencias formales respecto del sistema de fichas de hace cien años, pero comparte un rasgo fundamental: el trabajador vuelve a quedar económicamente atado a la empresa para la que presta servicios.
Ya no recibe un vale de papel para comprar alimentos en la proveeduría. Ahora obtiene un préstamo digital cuyo cobro suele descontarse directamente de los ingresos que genera trabajando para esa misma plataforma. La dependencia deja de materializarse en una ficha de cartón y pasa a expresarse mediante algoritmos, aplicaciones móviles y débito automático.
En ambos casos, el empleador no solamente organiza el trabajo. También condiciona el modo en que el trabajador administra su economía personal.
Truck System
En la historia del trabajo existe incluso un nombre específico para este tipo de mecanismos: eltruck system. Así se conocía al sistema mediante el cual los empleadores pagaban total o parcialmente los salarios no con dinero, sino con vales, fichas, mercancías o créditos que únicamente podían utilizarse en comercios pertenecientes a la propia empresa o vinculados a ella. Muy extendido durante la Revolución Industrial en Gran Bretaña y luego replicado en distintos países, este esquema permitía a los patrones recuperar buena parte de los salarios abonados mediante la venta de productos con sobreprecios, generando un círculo de dependencia económica que impedía a los trabajadores disponer libremente del fruto de su trabajo.
La gravedad de este mecanismo fue tal que numerosos países comenzaron a prohibirlo desde fines del siglo XIX mediante las denominadas Truck Acts británicas y otras legislaciones similares, que establecieron como principio básico que el salario debía abonarse en dinero y quedar bajo el control exclusivo del trabajador. Más de un siglo después, las plataformas digitales no pagan en fichas ni obligan a comprar en una proveeduría, pero cuando el trabajador termina financiándose con créditos otorgados por la propia empresa o por entidades asociadas, cuyos descuentos se realizan directamente sobre sus futuros ingresos, vuelve a aparecer una lógica muy parecida: el empleador deja de limitarse a organizar el trabajo y pasa también a controlar, en buena medida, la economía personal de quien trabaja para él. La tecnología cambió, pero el principio que el truck system buscaba imponer —mantener cautivo al trabajador mediante la dependencia económica— encuentra hoy nuevas formas de manifestarse.
De los capitales británicos a las plataformas globales
Existe otro elemento que vuelve especialmente sugestivo el paralelismo histórico.
La Forestal era una empresa de capitales británicos que llegó a controlar millones de hectáreas, ferrocarriles, pueblos enteros, puertos y hasta fuerzas parapoliciales propias para defender sus intereses económicos. Su poder excedía ampliamente la producción de tanino: construía un verdadero Estado dentro del Estado argentino.
Las principales plataformas de reparto que hoy dominan el mercado argentino también responden a grandes corporaciones internacionales, cuyos centros de decisión se encuentran fuera del país y cuyos modelos de negocios son diseñados para maximizar rentabilidad a escala global.
Naturalmente, las diferencias históricas son enormes y nadie podría equiparar mecánicamente las condiciones de violencia física que caracterizaron a La Forestal o a la Patagonia Rebelde con la realidad contemporánea. Sin embargo, la comparación permite observar una continuidad inquietante: la subordinación económica de trabajadores argentinos frente a grandes empresas extranjeras que concentran el poder de fijar condiciones laborales, ingresos y mecanismos de dependencia financiera.
El escenario tecnológico cambió radicalmente. Donde antes había obrajes, hoy existen aplicaciones. Donde antes había fichas impresas, hoy aparecen créditos digitales. Donde antes un capataz vigilaba el rendimiento, hoy lo hace un algoritmo que asigna pedidos, califica desempeños y determina ingresos.
Pero la concentración del poder económico conserva una estructura reconocible.
Las luchas obreras de comienzos del siglo XX surgieron precisamente para cuestionar un modelo que transformaba al trabajador en un engranaje completamente dependiente de la empresa. Cien años después, el desafío parece regresar bajo nuevas formas, impulsado por la economía de plataformas, la financiarización del trabajo y la pérdida progresiva de derechos laborales conquistados durante décadas.
Quizá la mayor diferencia entre ambas épocas sea que la explotación ya no necesita alambrados ni fichas de cartón. Ahora cabe en el bolsillo, dentro de un teléfono celular, y puede administrarse mediante una aplicación que promete flexibilidad mientras convierte el salario futuro en garantía de una deuda cada vez más difícil de cancelar.
Entidades de magistrados y foros de jueces se manifestaron críticamente contra el rechazo del gobierno de Maximiliano Pullaro de cuestionar a una jueza de Menores de Rosario que, hace una semana, anuló un allanamiento porque la policía lo hizo sin solicitar una orden judicial. El gobierno por su parte defendió el procedimiento y cuestiona la decisión de la magistrada como una acción institucional poco sensible a las expectativas de la población frente al delito. «Ponemos el interés de los santafesinos por encima del de las corporaciones», dice uno de los principales colaboradores del gobernador.
Las críticas llegaron en avalancha luego de que la vocera del gobierno, Virginia Coudannes, sacó el tema deliberadamente, en medio de una rueda de prensa rutinaria ante los medios santafesinos. La portavoz del Poder Ejecutivo fue con todo contra la jueza María Dolores Aguirre Guarrochena que invalidó un procedimiento en el que se capturó a un menor de edad acusado de balear un domicilio al que apresaron a doce horas del hecho alegando flagrancia. La jueza dijo que era inaceptable transcurrido tanto tiempo y sin urgencia que no se hubiera solicitado una orden de allanamiento a un juez para eso.
«Si los delincuentes son tan buenos, que se los lleven a sus casas», dijo Coudannes. Esto motivó una declaración formal del Colegio de Magistrados de Rosario. Pero lo más fuerte fue lo que magistrados de todo el país señalaron en sus redes al comentar el tema.
El Colegio de la Magistratura y la Función Judicial de la provincia de Santa Fe manifestó, en un comunicado, «su desacuerdo con las declaraciones públicas vertidas por una funcionaria del Poder Ejecutivo provincial». En el texto indican desde la institución que las discrepancias deben canalizarse «por las vías procesales legalmente previstas y no a través de manifestaciones públicas descalificantes». Y remarca que «no es mediante la disputa mediática que deben encararse las soluciones que afectan a fibras sensibles de nuestra sociedad».
El contenido del comunicado enojó a distintos jueces de Rosario que hablaron con LPO por encontrarlo excesivamente moderado frente a una afrenta que consideran reiterada desde el gobierno santafesino. «Lo del Colegio de Jueces es patético y pusilánime», dijo uno de los magistrados que habló con este medio.
Lo que indica un grupo de jueces molestos con este contenido es que la posibilidad de ejercer la independencia no se hace desde los fallos, sino sosteniendo las resoluciones en la acción política, con manifestaciones que deben ser más contundentes y con funcionarios judiciales que defiendan su autonomía y su criterio en el campo público del mismo modo en que lo hacen desde funcionarios del Ejecutivo.
Desde esta vereda, los jueces manifiestan que efectivamente hay una sumisión de magistrados que se nota en resoluciones judiciales afines a las expectativas del gobierno, aún cuando se piden medidas que no cuentan con los estándares necesarias para avalarlas, sobre todo en procedimientos que implican detenciones, ejecuciones de condenas previstas por la ley y allanamientos. Aducen que hacer algo en contra de lo esperado por el gobierno implica escraches públicos. Como le pasó, dicen, a Aguirre Guarrochena.
Mientras el gobernador @maxipullaro invierte en tecnología, fortalece a la Policía y da más herramientas para combatir el crimen, siguen existiendo miradas garantistas que parecen más preocupadas por proteger a los delincuentes que por acompañar a las víctimas. pic.twitter.com/remuRaQkMY
El gobierno provincial se juega fuerte por estos temas convencido de que tiene en este punto, el control del delito, por un lado el reaseguro de su plan contra la violencia que durante once años tuvo en Rosario, la mayor ciudad santafesina, la tasa más alta de delitos de alta lesividad como homicidios y balaceras. Durante la gestión de Pullaro los delitos de sangre bajaron el primer año un 65% y se mantuvo durante el segundo año de su mandato con las cifras más bajas desde 2010.
«Como gobierno desde el inicio de la gestión impulsamos reformas que creemos que ponen en el centro al ciudadano, sus necesidades y sus intereses», le dijo a LPO un funcionario del círculo más próximo a Pullaro. «En esas reformas se han generado algunas incomodidades de sectores que preferían y se sentían a gusto con las viejas formas. Pero ya vimos a dónde nos dejaron, en una sociedad indefensa ante el avance del delito y las organizaciones criminales. Ponemos el interés general de los santafesinos por encima de las corporaciones», resumió.
Lo que entiende el gobierno es que los fallos judiciales no deben darles a los delincuentes la idea de que tienen en la Justicia una trinchera donde encuentren amparo. Y promueve una política de persecución que replica el Ministerio Público de la Acusación (los fiscales) de manera alineada donde el actor fundamental contra la criminalidad sea la policía que el Ministerio de Seguridad desde el Ejecutivo maneja de manera directa.
También recuerdan que la ola de delitos que azotó a Rosario y recrudeció a partir de 2013 se dio frente a una pasividad de la Justicia Penal de Rosario, tanto la ordinaria como la federal, que tenía a los mayores referentes de la criminalidad en sus expedientes pero sin realizar conexión de causas. El Poder Judicial se justifica atribuyendo en gran medida a la vigencia por entonces del viejo sistema escrito de juicio y a la falta de fiscalías especializadas que, desde que rige el acusatorio en 2014 en Santa Fe, trabajan ahora con pautas para vincular grupos delictivos tanto por sus hechos como por sus áreas geográficas de influencia. Un argumento poco convincente para absolver al sistema judicial y a sus funcionarios de entonces.
Lo que hizo la jueza Dolores Aguirre Guarrochena fue marcarle un control a esa policía que allanó cuando a su criterio no existía urgencia, ya que habían pasado 12 horas, sin pedir orden a un juez. Por eso la reacción cuando en el caso habían detenido a un menor de edad acusado de disparar contra una vivienda que recibió ocho balazos.
Los jueces replican -de manera masiva pero solo en off- que Pullaro demuestra un afán de imponer favoritos en la Justicia con la finalidad de que produzcan resoluciones afines a su política criminal y de otro tipo. Enumeran que eliminó los puntajes en los concursos de magistrados para acabar con el orden de mérito que pemita discrecionalidad en las selecciones. Que criticaron con dureza a jueces provinciales que mandaron a la Justicia Federal casos de droga con criterios distintos. Y que el gobierno, con aval legislativo, nombró ministros de la Corte Suprema afines sin disponer de las vacantes de quienes aún están en funciones y procura reemplazar.
El tema pegó tan hondo en los foros de jueces de todo el país que La Nación lo recogió en un texto de autor firmado por el juez de Menores de Catamarca Rodrigo Morabito, que indica que la posición de la vocera, y por añadidura del gobierno, «encierra una profunda incomprensión del rol del Poder Judicial».
«Cuando un juez o jueza adopta una decisión que garantiza derechos (aunque resulte impopular) no está emitiendo una opinión personal ni actuando por empatía individual. Está cumpliendo la Constitución. Está aplicando la ley. Está haciendo exactamente aquello para lo que fue investido; controlar el ejercicio del poder y proteger a las personas frente a posibles abusos», dice Morabito.
Magistrados de distintos distritos estuvieron activos sobre este asunto en los chats en la idea de que la defensa de la independencia del Poder Judicial abarca intereses de juezas y jueces de todo el país. «Tratan a la Justicia como oposición, hasta con ínfulas propias de los torpes», dice uno de ellos en un chat nacional de jueces y académicos de Derecho. Asimismo el caso fue abordado por la red de Profesores de Derecho Penal, después de que se viralizó el audio donde Coudannes cuestiona a la jueza de Rosario e invita que se lleva a la casa al chico beneficiado con la anulación del allanamiento.
Un magistrado de Tucumán dijo por ejemplo: «Como decía Chiappini en uno de sus libros: la ignorancia suele ser insolente», en alusión a un doctor en Derecho y especialista en Derecho Procesal y Penal de Rosario.
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