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Do półfinału deblu w Olsztynie dotarli olsztynianin i Zura Tkemaladze. O tytuł w deblu w fińskich Helsinkach grała Martyna Kubka. Iga Świątek w tarapatach! Dramatyczne wieści po porażce, nie zagra w arcyważnym turnieju?! W deblu dotarł wspólnie z Włochem Lorenzo Angelinim do półfinału. Natomiast w tunezyjskim Monastyrze po jednym meczu wygrała w singlu i deblu…
Empresarios brasileños que participarán en la audiencia pública organizada por el gobierno de Estados Unidos sobre el aumento de aranceles a productos brasileños manifestaron su preocupación por el posible impacto político de la participación Flávio Bolsonaro y del influencer conservador Paulo Figueiredo en ese ámbito de negociación.
Según informó Folha de San Paulo, ambos se inscribieron para intervenir en la audiencia convocada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que escuchará a más de 80 participantes antes de definir la política arancelaria hacia Brasil.
Aunque Flávio tiene previsto solicitar que Washington retire las tarifas, el sector empresarial teme que la instancia derive en una mayor confrontación política. La preocupación radica en que los funcionarios estadounidenses podrán formular preguntas a cada expositor, lo que podría abrir espacio para declaraciones de fuerte contenido ideológico o electoral.
De acuerdo con la publicación, los empresarios consideran imposible anticipar qué preguntas realizará el gobierno estadounidense ni cuál será la postura que adoptará el senador durante el intercambio.
En ese contexto, existe el temor de que la audiencia termine politizando aún más un tema que, para el sector privado, debería centrarse en los impactos comerciales de los aranceles en medio de la incertidumbre del año electoral que en tres meses tendrá elecciones presidenciales.
La audiencia de esta semana forma parte del proceso mediante el cual Estados Unidos evalúa la aplicación de nuevos aranceles a productos brasileños, una medida que ha generado preocupación tanto en el gobierno de Brasil como en diversos sectores exportadores por su potencial impacto sobre el comercio bilateral.
Existe el temor de que la audiencia termine politizando aún más un tema que, para el sector privado, debería centrarse en los impactos comerciales de los aranceles en medio de la incertidumbre del año electoral que en tres meses tendrá elecciones presidenciales
En ese marco, Lula decidió enviar observadores y optó por no realizar una intervención oficial durante la audiencia y mantiene como estrategia principal la negociación diplomática directa con Washington. Según publicó G1, la representación brasileña estará integrada por funcionarios de la embajada en Washington y técnicos del gobierno, cuyo objetivo será seguir de cerca las exposiciones de empresas, asociaciones y otros participantes del proceso abierto por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).
La decisión refleja la evaluación del Palacio del Planalto de que una confrontación pública en esta instancia tendría escasas posibilidades de modificar el curso de la investigación.
Un funcionario importante de la administración de Lula dijo a LPO que el gobierno considera que el canal más efectivo sigue siendo el diálogo bilateral entre ambos gobiernos. Por ese motivo, el vicepresidente y ministro de Desarrollo, Industria y Comercio, Geraldo Alckmin, continúa encabezando las conversaciones con autoridades estadounidenses para intentar evitar la aplicación del tarifazo.
Un funcionario importante de la administración de Lula dijo a LPO que el gobierno considera que el canal más efectivo sigue siendo el diálogo bilateral entre ambos gobiernos. Por ese motivo, el vicepresidente y ministro de Desarrollo, Industria y Comercio, Geraldo Alckmin, continúa encabezando las conversaciones con autoridades estadounidenses para intentar evitar la aplicación del tarifazo
Mientras tanto, el protagonismo en la audiencia quedó en manos del sector privado brasileño. Diversas cámaras empresarias y asociaciones exportadoras presentaron argumentos técnicos para cuestionar la propuesta sosteniendo que las medidas perjudicarían tanto a exportadores brasileños como a importadores y consumidores estadounidenses.
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Entre los sectores más activos figuran las industrias del café, el calzado, la maquinaria, el mobiliario y la pesca. La audiencia forma parte del proceso de investigación iniciado bajo la Sección 301 de la legislación comercial estadounidense.
Una vez concluida la etapa de consultas públicas, el USTR deberá analizar las presentaciones antes de adoptar una decisión definitiva sobre la eventual imposición de nuevos aranceles del 25% a las importaciones brasileñas. En Brasil, el gobierno interpreta que aún existe margen para una solución negociada y evita dar por cerrada la posibilidad de alcanzar un acuerdo antes de que Washington anuncie su decisión final.
Mecz — który zapowiada się jako wielki szlagier sportowe fakty mundialu, wzbudza ogromne obawy o bezpieczeństwo w Paryżu i innych francuskich miastach. Zinedine Zidane w finale mundialu w 2006 r. Wszystko wskazuje na to, że starcie o Puchar Świata obejrzy ponad miliard fanów i w pewnym momencie ich oczom ukazać ma się Robert Lewandowski. Half…
Sześć lat temu stracił te uprawnienia, lecz nadal poruszał się po drogach bez prawa jazdy. Odkryto — że szanowany i popularny dziennikarz TVN przez długi czas prowadził samochód bez wymaganych uprawnień. Jak donosi Departament Kultury Fizycznej i Sportu Ukrainy — w wyniku kolejnego ostrzału Mariupola zginęła 14-letnia Alina Peregudowa wraz z jej matką. Trzy lata…
El Gobierno volvió a extender por un año un régimen que había sido presentado como transitorio y que obliga a miles de beneficiarias de la Asignación por Embarazo para Protección Social a realizar trámites presenciales para acceder al 20% retenido de la prestación. La propia resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial reconoce que ANSES y el Ministerio de Salud aún no lograron optimizar el intercambio de información entre ambos organismos, trasladando las consecuencias de esa deficiencia administrativa a las personas gestantes que dependen de esa ayuda estatal.
Por Tomás Palazzo para NLI
Lo que debía ser una solución excepcional terminó convirtiéndose en un problema permanente. Mediante la Resolución 194/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial, ANSES prorrogó hasta el 2 de julio de 2027 la vigencia del mecanismo que exige la presentación presencial de documentación cuando el organismo no puede verificar automáticamente la información sanitaria necesaria para liberar el 20% retenido de la Asignación por Embarazo para Protección Social. La decisión, lejos de anunciar una mejora en los sistemas, confirma que el Estado nacional sigue sin resolver una dificultad administrativa básica: el intercambio de datos entre dos organismos públicos.
La explicación aparece en los propios fundamentos de la resolución. Allí se reconoce que «continúan las tareas para optimizar el intercambio de información» entre el Ministerio de Salud y ANSES, motivo por el cual resulta necesario mantener vigente el procedimiento excepcional establecido originalmente por la Resolución 1273/2024. Es decir, más de dos años después de implementado ese régimen transitorio, el Gobierno admite que todavía no logró poner en funcionamiento un sistema que permita verificar automáticamente la información que ya obra en poder del propio Estado.
Práctica habitual del gobierno en entorpecher el acceso a sus derechos a los más vulnerables
La consecuencia práctica de esa demora no la sufren los organismos involucrados, sino las personas gestantes que perciben una de las prestaciones más sensibles del sistema de protección social. Cuando ANSES no encuentra en sus bases de datos la información proveniente del Programa Sumar, las beneficiarias deben acercarse personalmente a una oficina del organismo para presentar la documentación correspondiente y así poder acceder al porcentaje retenido del beneficio.
En lugar de resolver la falta de interoperabilidad entre dependencias estatales, la administración nacional vuelve a trasladar la carga burocrática a quienes necesitan cobrar una prestación destinada precisamente a proteger situaciones de mayor vulnerabilidad económica y social, práctica habitual del gobierno en entorpecher el acceso a sus derechos a los más vulnerables. Lo que debía simplificarse mediante la digitalización de los procedimientos continúa dependiendo de trámites presenciales, certificados en papel y verificaciones manuales.
La decisión adquiere además un significado político inevitable. Desde el inicio de su gestión, Milei presentó la modernización del Estado, la reducción de la burocracia y la eficiencia administrativa como algunos de los principales objetivos de su programa de gobierno. Sin embargo, esta resolución muestra una realidad muy distinta: organismos nacionales que todavía no consiguen compartir información que el propio Estado ya posee, obligando a mantener mecanismos excepcionales cuya razón de ser debería haber desaparecido hace tiempo.
Las prórrogas administrativas suelen justificarse cuando existen circunstancias extraordinarias o problemas técnicos temporales. Pero cuando esas extensiones comienzan a repetirse durante años, dejan de representar una excepción para transformarse en el reconocimiento implícito de que el problema estructural continúa sin resolverse.
La Resolución 194/2026 no anuncia un cronograma concreto para completar la interoperabilidad entre ANSES y el Ministerio de Salud ni fija metas verificables para terminar con este procedimiento excepcional. Simplemente extiende nuevamente el plazo hasta julio de 2027, prolongando un esquema que obliga a miles de beneficiarias a seguir realizando gestiones presenciales por una falla que pertenece exclusivamente a la administración pública.
Más allá del aspecto técnico, la resolución vuelve a poner sobre la mesa una discusión de fondo sobre la calidad de la gestión estatal. Cuando el Estado reconoce que no puede intercambiar información entre sus propios organismos durante años consecutivos, el costo termina pagándolo quien necesita acceder a un derecho, no quien administra el sistema. Y esa diferencia explica por qué una aparente prórroga administrativa termina teniendo un impacto concreto sobre la vida cotidiana de miles de personas.
