Tras el rastro del veneno
Fotos: Alan Monzón
Carla M. no supo que la muerte de su padre estaba siendo investigada en una causa federal hasta ocuparse ella misma de averiguarlo. Cuando la médica de guardia del Hospital Italiano de Rosario le comunicó que su papá estaba a punto de morir, ella y su hermano le pidieron una explicación. Los últimos tres días lo habían visto mejor. Lo habían operado el 27 de marzo en una cirugía programada y el 31 una complicación derivó en otra cirugía, sedación farmacológica e intubación. Ahí entró en contacto con el fentanilo.
En esa sala de espera Carla conoció a Vanesa V. Primero se vieron de lejos y memorizaron sin querer sus apellidos (prefieren que no figuren completos en los medios). Los escuchaban cada vez que los médicos y médicas salían a dar el parte de los pacientes en terapia intensiva. Después empezaron a charlar y a darse fuerzas. Las dos tienen 39 años y tenían a sus papás internados. El de Carla de 68, el de Vanesa de 74.
Los dos hombres eran jubilados y habían entrado al sanatorio rosarino por una cirugía programada. Tuvieron una complicación y los operaron de nuevo. Y los dos pasaron a estar graves. Les subió la fiebre, desarrollaron una neumonía, no respondían a los antibióticos y los intubaron. Los médicos detectaron que tenían una bacteria. Durante semanas sus hijos los vieron mejorar y empeorar.
El papá de Carla murió el 17 de abril después de 20 días internado.
El de Vanesa el 28, tras casi dos meses.
Las dos se quedaron con la misma sensación: no entendían qué había pasado. Cuando vieron en los medios que al menos nueve personas habían muerto en el Hospital Italiano de La Plata por un lote de fentanilo contaminado tuvieron la certeza de que a sus papás les había pasado lo mismo.
Carla fue la primera en confirmarlo. Y apenas lo supo pensó en los apellidos.
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Los de Carla y Vanesa son dos de los apellidos que figuran en la causa que investiga el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, por la muerte de al menos 96 personas por fentanilo contaminado con dos bacterias. En el expediente hay 24 sospechosos por algún grado de participación en la producción y venta del fármaco fabricado por el Laboratorio HLB Pharma de San Isidro, provincia de Buenos Aires.
El fentanilo es un opioide fuerte que se usa como anestésico en cirugías. Las víctimas se extienden por todo el país como se extendieron las 154 mil dosis del lote 31202 fabricado el 18 de diciembre de 2024 y distribuido el 13 de febrero. Los peritos detectaron las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii tanto en las personas que murieron como en los frascos que contenían el fentanilo. Fueron dos lotes pero solo uno se aplicó.
Las ciudades con más personas fallecidas son La Plata, Rosario y Córdoba pero los casos siguen llegando al Juzgado desde distintas provincias y el número de víctimas está en construcción. En Rosario fueron al menos 26 entre febrero y mayo.
En terapia intensiva el padre de Carla empezó a empeorar. Los cultivos le dieron positivo de la bacteria klebsiella pneumoniae y no respondía a los antibióticos. Cada vez que le sacaban el respirador mejoraba, dejaba de tener fiebre y los análisis mostraban buenos indicadores. Lo volvían a sedar y de nuevo tenía una recaída. El 17 de abril fue la última. Y la médica les dijo lo único que no podían escuchar: no tenía una explicación.
–Ahí empezamos a buscar respuestas.
Carla es odontóloga y lo primero que hizo fue pedir la historia clínica. Unos días después se enteró de los casos de La Plata y pensó que a su papá le había pasado lo mismo. En la historia clínica figuraba la bacteria y el fentanilo. Y los datos coincidían: empeoraba cuando se lo administraban. Después, vio al médico de su papá en otra noticia diciendo que en el Hospital Italiano de Rosario había dos casos. No se olvida más de la fecha: 4 de julio, el día de su aniversario de casada. Lo llamó y el médico la citó en el sanatorio. En la reunión le confirmó que la historia clínica de su papá era parte del expediente de la causa en La Plata.
–Una parte de mí ya lo sabía. Explicaba lo que le había pasado a mi papá de una manera lógica, aunque injusta.
Lo que vino después fue una pregunta.
–¿Cuántas familias más no sabían y estaban en la misma? A nosotros no nos llamaron del sanatorio, nos enteramos porque indagamos. Ahí fue que empezamos a buscar los apellidos que recordábamos de esos partes eternos.
La primera a la que contactó fue Vanesa. Juntas empezaron a buscar más familiares. Armaron una cuenta de Instagram con información clave para saber si un caso es sospechoso y empezaron a salir en los medios. Carla se encontró leyendo historias clínicas de otras víctimas y dándoles la noticia a los familiares. Escuchó el llanto del otro lado del teléfono.
–No es fácil que te digan que tu viejo, tu marido, tu hijo falleció en una cama de un hospital porque le pusieron algo que no estaba en las condiciones. Cuando lees la historia clínica rememorás minuto a minuto el otro lado, el de la sala de espera. Es desgastante pero es lo que me salió hacer.
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La madrugada del 27 de junio de 2016 una explosión destruyó una manzana entera del barrio Tablada, en el sur de Rosario. El laboratorio Apolo, que elaboraba sueros y era investigado por contrabando, quedó completamente destruído.
Uno de los dueños de la fábrica era Ariel García Furfaro. Después de la explosión, se mudó al Parque Industrial de Ramallo, en la provincia de Buenos Aires. Ahí inauguró Laboratorios Ramallo, el mismo que clausuró la Anmat en mayo junto a HLB Pharma Group SA, la firma que fabricó el lote de fentanilo contaminado.
Furfaro es dueño de las dos fábricas de medicamentos y uno de los 24 sospechosos en la causa. Su apellido fue asociado a distintos vínculos políticos, sobre todo con el peronismo bonaerense, y a varios antecedentes penales, algunos más verídicos, otros más fantasiosos. Uno de los más graves es de 2002, cuando fue condenado a 7 años de prisión por tentativa de homicidio contra un empleado de un restaurante del que era dueño, a quien roció con alcohol y prendió fuego. En la cárcel se recibió de abogado y cuando salió se metió en la industria farmacéutica. En 2020, durante la pandemia, estuvo en un vuelo oficial a Rusia para traer la vacuna Sputnik.
En Apolo era socio de otro empresario, Jorge Salinas. Los dos fueron investigados por la explosión y absueltos en 2019. Otros dos directivos obtuvieron una probation que consistía en limpiar el Museo Justicialista de la ciudad de San Nicolás. El lugar era gestionado por Andrés Quinteros, el ex diputado provincial y actual concejal del peronismo que tenía vínculos con Apolo y que fue CEO de Laboratorios Ramallo los primeros años. Hacia él apuntó Furfaro. En varias entrevistas verborrágicas en los medios dijo que la contaminación del fentanilo fue intencional y acusó a Quinteros de estar detrás de un sabotaje armado. En esas mismas declaraciones mencionó a Esteban Alvarado y Mario Segovia y alcanzó para que varios titulares lo asociaran a los dos narcotraficantes como su abogado.
Furfaro también fue vinculado al empresario Víctor Santa María, dueño de varios medios de comunicación y titular del Sindicato de Porteros (SUTERH). El laboratorio HLB es proveedor de la obra social del gremio y Santa María le vendió el Canal IP.
La primera denuncia por el fentanilo contaminado fue el 2 de mayo. En el Hospital Italiano de la Plata detectaron un brote de infecciones respiratorias graves que habían provocado quince muertes. Lo informaron a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (Anmat), el Ministerio de Salud de Buenos Aires y el Colegio de Farmacéuticos.
Cinco días después, el 7 de mayo, la Anmat comunicó que no debía usarse el fentanilo de HLB. Cuando llegó la notificación, la provincia de Santa Fe activó a los 5600 contactos de la red de salud y sacó de circulación el medicamento. El 11 de mayo la Anmat lo prohibió y el 13 clausuró el laboratorio.
La periodista Camila Dolabjian, de La Nación, reveló un documento interno de la Anmat donde advirtieron irregularidades críticas en el Laboratorio Ramallo unos días antes de la fabricación del lote. El organismo hizo inspecciones entre el 28 de noviembre y el 12 de diciembre de 2024 y detectó “deficiencias significativas” en la Gestión del Sistema de Calidad Farmacéutico. El lote se fabricó el 18 de diciembre.
Antes, a mitad de 2023, un sanatorio de Entre Ríos alertó a la Anmat sobre una contaminación en una droga del mismo laboratorio. El equipo liderado por la infectóloga Florencia Prieto detectó un brote en seis pacientes oncológicas que recibían dexametasona. Dentro de las ampollas cerradas y sin manipular encontraron una bacteria, la Ralstonia mannitolítica, algo que indicaba que la contaminación había sido en la producción. El sanatorio apartó la droga y denunció ante la Anmat. La respuesta no fue la esperada: les mandaron un mail donde decía que el producto era aceptable.
Hasta que explotó el caso, el laboratorio tenía 267 expedientes abiertos por la Anmat por distintas irregularidades. Tuvo una clausura en 2018 y tres años después le prohibieron la venta de un barbijo falsificado. Al menos tres veces entre 2022 y comienzos de 2025 le ordenaron retirar lotes de distintos medicamentos. En marzo le prohibieron comerciar una anestesia y una dopamina porque no tenían etiqueta de trazabilidad y en abril le ordenaron retirar lotes de morfina y diclofenac por contaminación cruzada.
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El día del cumpleaños de su papá Vanesa no pudo llorar. Estuvo todo el día hablando con familiares de víctimas de distintos lugares del país. Con Carla aprendió a leer las historias clínicas para dar la noticia. Es empleada administrativa y tiene una bebé recién nacida.
El papá llegó al Hospital Italiano de Rosario para una cirugía programada de cálculos en la vesícula, un proceso de rutina. A los dos días tuvo que volver porque estaba con fiebre. Le hicieron otra cirugía y lo tuvieron que entubar. Ahí entró en contacto con el fentanilo. Vanesa no lo sabía. Se enteró leyendo la historia clínica. Lo pasaron a sala y volvió a terapia varias veces mientras la infección se agravaba y los antibióticos no le hacían efecto.
–Nosotros nunca entendimos por qué algo tan simple se había complicado tanto. Pedimos la historia clínica sin saber lo del fentanilo. Nos hablaban de cultivos y bacterias.
Vanesa se enteró de los casos de La Plata por la tele. Con sus hermanos pensaron que eso era lo que le había pasado a su papá pero dudaron porque desde el sanatorio nunca los llamaron para decirle. Hasta que un día le llegó el mensaje de Carla. Ahí empezaron las dos a contactar a más familias para que pudieran ser querellantes. Para ella enterarse del brote del fentanilo fue tener una certeza.
–Ahora que sé, puedo pedir justicia por él y por todas las víctimas.
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La Municipalidad de Rosario recibió la primera alerta de Anmat el 7 de mayo y empezó una investigación. El fentanilo en esos lotes se había utilizado exclusivamente en el HECA en terapia intensiva. Fue ahí donde detectaron que en seis pacientes fallecidos entre febrero y marzo coincidían las dos bacterias. A diferencia de lo que pasó en los sanatorios privados, desde el Heca llamaron uno por uno a los familiares para contarles.
El gobierno local había comprado el fentanilo el 13 de febrero a través de una licitación pública. No se compra directo al laboratorio sino a droguerías. Y eligieron la que tenía mejor precio.
–La política de compra es por genérico, no por marca. Uno supone que al estar validado por ANMAT son todos los medicamentos de igual calidad–dice Sebastián Chale, secretario de Gobierno de Rosario.
En la provincia de Santa Fe fueron 23 las clínicas, hospitales y sanatorios que compraron el medicamento infectado. En distintos depósitos se identificaron 17.678 ampollas. Los muertos a nivel provincial ascienden a 60. Las víctimas del HECA fueron las primeras reportadas, casi en paralelo con La Plata. Chale aclara que eran pacientes críticos por lo que determinar la causa de muerte es más difícil. La segunda tanda de casos se reportó en distintos lugares de la provincia en hospitales y sanatorios privados.
La Municipalidad de Rosario, a través del intendente, se presentó como querellante en la causa y el juez lo aceptó.
–Lo hicimos por lo implica para el sistema de salud pública de Rosario un caso así, los antecedentes del Laboratorio Apolo en Rosario y por el vínculo de Furfaro con Segovia y Alvarado.
Para Chale el gobierno nacional hace un uso político del caso y eso es un error.
–Buscan agredir políticamente al kirchnerismo porque el vínculo es público y notorio. El juez tiene que indagar si un grupo que ya tenía irregularidades tuvo amparo político o judicial para operar incluso con laboratorios más grandes.
Pero para él no hay que perder de vista la responsabilidad del gobierno nacional.
–El rol de ANMAT es clave. Por más mínimo que sea un Estado, por más chico que lo conciba un gobierno, el control de los medicamentos, laboratorios y los alimentos es una función esencial que no se puede delegar en el sector privado. ¿Por qué no se clausuró o sancionó al laboratorio? ¿Cómo puede ser que esa partida haya salido al mercado de todas maneras? Meterlo en la grieta es un error.
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El juez federal Ernesto Kreplak prohibió a cada uno de los 24 sospechosos salir del país y les embargó los bienes. Para detectar las causas de muerte y las responsabilidades son necesarios distintos estudios. Uno de esos peritajes lo está haciendo el Instituto Malbrán. Es el batch record de la producción del fentanilo que va a determinar cómo se produjo la contaminación en el proceso de fabricación en el laboratorio.
El otro apunta a la causa de muerte de las víctimas. Lo hizo el Cuerpo Médico Forense, que depende de la Corte Suprema. El informe analizó un grupo de 20 casos. Dijo que las ampollas no fueron la causa determinante del fallecimiento en ninguno, pero en 12 el fentanilo contaminado fue “un factor desencadenante o agravante significativo” en pacientes con una condición grave. Ocho tenían una infección anterior “con entidad suficiente para causar la muerte”.
La semana pasada Javier Milei cuestionó al juez y dijo que lo iba a recusar. Para el presidente, que Kreplak sea hermano del ministro de Salud de Buenos Aires es suficiente para apartarlo de la causa. El magistrado le recordó su obligación constitucional de abstenerse de interferir en la causa. “Suficientes omisiones y dificultades ha debido superar la investigación hasta ahora como para que se pretenda politizar un trabajo judicial bien hecho. Respeto por las víctimas y las instituciones”, declaró.
–El uso político no me sorprende, más ahora que hay elecciones en la provincia de Buenos Aires –dice Carla–. Pasó con todas las tragedias de este país y después las familias quedamos en el olvido.
Hasta ahora, los familiares se muestran conformes con la actuación del juez. Entienden que las pruebas deben ser contundentes. Adriana Francese es una abogada de La Plata que representa a varias familias. También vivió el brote en primera persona, es familiar de una de las víctimas.
–Ella sería la primera en pedir un cambio de juez en el caso de que vea alguna falencia. Hay una ansiedad y un apuro con tener imputados pero no podemos pisar en falso. Se necesitan las pericias para darle el peso real a la causa. Se va a hacer una cadena de responsabilidades y desde el más pequeño al más poderoso van a tener que responder ante las familias y ante la ley.
Hace unos días la diputada nacional de PRO Silvana Giudici invitó a familiares a la Cámara de Diputados. Carla se negó a ir. No quiere sacarse una foto con ningún partido político. Pretende que la Justicia sea imparcial y condene a quien tenga que condenar.
–Este es un pedido de justicia a lo largo y ancho de toda la Argentina. El fentanilo contaminado fue diseminado por todas partes y le podría haber tocado cualquiera. Fue una bomba biológica. Todos los que debieron haber hecho las pericias, controles y la clausura llegaron a destiempo. Tenemos más de 100 muertos y el número va a crecer. Hay instituciones que todavía no respondieron al oficio del juez para confirmar que hayan tenido este lote.
Carla no habla de su papá en las notas. Tiene el duelo en pausa. Está abocada a buscar más casos y a ayudar a otros. Sólo dice una cosa y es la única vez que su voz flaquea.
–Lo que estoy haciendo no es ni la mitad de lo que hubiese hecho mi papá si quien moría en esa cama era yo. Mi viejo era un guerrero, un león. Se bancó los 18 días en terapia intensiva hasta que no pudo más. Esto empieza en la búsqueda de la verdad por él. Sé que está alentándonos con el resto de los familiares para que sigamos. No se merecen menos de lo que estamos haciendo: buscar que la Justicia sea coherente y honesta.
Vanesa tampoco quiere que las usen políticamente. Recuerda a su papá como un hombre sano y fuerte que hasta unos días antes de la operación jugaba a la pelota todas las semanas. Y sin saberlo contesta lo mismo.
–No me imaginaba estar en un lugar así. Estoy poniendo toda la energía para ayudar a las personas que lo necesitan. Sé que mi papá hubiera hecho lo mismo por mí y por cualquiera.
La entrada Tras el rastro del veneno se publicó primero en Revista Anfibia.
Otro capítulo de la violencia, la impunidad y la improvisación que caracterizan al espacio de Milei y sus candidatos.
