Sociedad

  • Alarma en la Rosada porque se desploma la confianza de los jóvenes en el Gobierno

     

    La confianza de los jóvenes en el gobierno de Javier Milei se desplomó en el último mes de acuerdo al índice que elabora la Universidad Di Tella y encendió las alarmas en Casa Rosada.

    De acuerdo al informe, el índice de confianza que los jóvenes le tienen al gobierno cayó un 23% sólo en el último mes. Es decir que uno de cada cuatro jóvenes que creían en el gobierno dejaron de hacerlo sólo en julio.

    En la Rosada creen que esto puede afectar directamente a los planes de Milei para ganar en primera vuelta en 2027, que es la apuesta principal del gobierno para evitar un ballotage. Es que en todas las encuestas aparece un rechazo cada vez más  grande a la figura del libertario, que en algunos casos supera el 60 por ciento, un nivel que puede ser letal en una segunda vuelta.

    Milei también se desplomó en el índice de confianza al consumidor que elabora la Di Tella y los malos resultados ponen en duda su reelección que en oficialismo daban por descontada.

    El Índice de Confianza, que Di Tella mide desde 2001, en julio fue de 1,94 puntos, un 6,5% menos que lo medido en mayo pasado.

    La cifra es 3,9% más baja a la conseguida por Mauricio Macri en su 31 mes de mandato, pero 73% más alta que la alcanzada por Alberto Fernández en ese mismo tiempo de gestión.

    Frente al mismo período de 2025, Milei cayó 21%. «En julio se retoma la tendencia descendente del ICG observada durante 2026, con junio como única excepción», explicaron desde la Di Tella.

     

  • Los Menem ganan poder en la Justicia Federal de Córdoba

     

    En medio de un temblor institucional por las investigaciones patrimoniales al camarista Abel Sánchez Torres y a su pareja, la también camarista Graciela Montesi, el Senado confirmó que el 18 de agosto serán las audiencias previas a la designación de dos nuevos vocales federales que desembarcan. La fecha de la audiencia fue publicada este lunes en el Boletín Oficial.

    Así, serán designados en la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba el abogado radical Facundo Cortés Olmedo y la funcionaria judicial Soledad Mancini, quienes ocuparán las vacantes clave que dejaron el fallecido Luis Rueda y el renunciado Ignacio Vélez Funes. Por distintas cuestiones, ambos tienen el aval de los primos Martín y «Lule» Menem.

    El trasfondo es un toma y daca en el que el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, actúa como el gran armador de la cartografía judicial del oficialismo. En ese contexto, cobran incidencia los Menem.

    El futuro vocal será Facundo Cortés Olmedo, ex funcionario municipal de Ramón Mestre, ex presidente del Congreso Provincial de la UCR y un destacado abogado particular, es primo hermano del diputado nacional libertario Gonzalo Roca, mano derecha de Gabriel Bornoroni, con línea directa con los primos Menem y, por ende, con Karina Milei.

    La otra vocal será Soledad Mancini, actual secretaria del Juzgado Federal N° 2, quien para quedarse con la terna contó con el aval de José Fabián Asís, vocal del Tribunal Oral Federal N° 2 y riojano como los Menem. Sin embargo, pesa más en Asís su interna con Sánchez Torres y Montesi, por lo que la nueva configuración de la Cámara Federal de Apelaciones ya es una victoria simbólica para él.

    De hecho, meses atrás, el propio Asís había dejado asentada la queja por la «mayoría automática» que ejercían Sánchez Torres y Montesi para votar fallos a favor de empresas por delitos tributarios, calificando la situación de insostenible.

    En una resolución, Asís señaló: Asís: «(La pareja) no sólo dificulta la toma de decisiones inherentes a cuestiones de Superintendencia de la Cámara, que consideramos no son de menor importancia. (…). A ello se agrega una cuestión de mayor valía, como lo son los planteos jurisdiccionales que podrían realizarse en relación con la imparcialidad (…), ya que «su participación jugará en el caso como mayoría automática».

    La justicia federal de Córdoba cruje por su propio caso Adorni 

    En ese sentido, hay que destacar que a llegada de los nuevos camaristas ocurre en el momento de mayor fragilidad institucional de la Cámara Federal cordobesa. La cúpula del tribunal cruje bajo el peso de una investigación criminal que salpica a su presidente, Abel Sánchez Torres, y a su pareja, la camarista Graciela Montesi.

    Los fiscales federales Pablo Turano y Maximiliano Hairabedian los investigan bajo la sospecha de que habrían articulado maniobras para reorganizar las salas de la Cámara y votar «a dúo» en causas de altísimo impacto económico.

    En ese orden, la lupa del Ministerio Público no sólo está puesta sobre la presunta manipulación de expedientes, sino también sobre el patrimonio y los bienes de la pareja.

    En los pasillos de los Tribunales Federales el escándalo sumó un capítulo explosivo en las últimas horas: un viaje de la pareja a Punta del Este quedó bajo la mira de los investigadores, lo que profundizó la crisis por presunto enriquecimiento y falta de imparcialidad.

     

  • Según un informe de la UBA, el 50% de los jóvenes vive en condiciones de vulnerabilidad social

     

    Un informe de la Universidad de Buenos Aires (UBA) revela que casi la mitad de los jóvenes del país vive en condiciones de vulnerabilidad social. El estudio -elaborado por investigadores del Ciclo Básico Común- alerta sobre un núcleo crítico que quedó fuera del sistema educativo y laboral, sin perspectivas de búsqueda activa.

    El estudio ‘Jóvenes vulnerables en la Argentina: Condiciones de vida, creencias y expectativas sobre el futuro’ establece que un tercio de la población juvenil que no trabaja ni estudia, ahora tampoco busca trabajo.

    Sostiene además que la juventud atraviesa un escenario crítico marcado por la precariedad estructural y la falta de horizontes. Y explica que la vulnerabilidad ya no es un fenómeno marginal, sino que alcanza a casi la mitad de la población de entre 18 y 29 años (48,9%).

    El estudio fue desarrollado en el marco del Proyecto de Investigación y Desarrollo en Áreas Estratégicas (PIDAE-UBA) y arroja datos alarmantes sobre la desvinculación de los jóvenes respecto a las instituciones básicas de integración social: la escuela y el mundo del trabajo.

    Juventud, salud mental y trabajo: una agenda urgente

    Uno de los puntos más preocupantes del informe es la consolidación del segmento denominado «NI-NI». Dos de cada diez jóvenes vulnerables en Argentina no trabajan ni estudian. Sin embargo, la investigación detecta un componente aún más grave dentro de este grupo: la ausencia de horizontes.

    Entre quienes no cuentan con un empleo y tampoco estudian, existe un tercio de ellos que dejó de buscar trabajo. «Esta desconexión refleja una ruptura de las expectativas de progreso, donde el mercado laboral ya no es percibido como un espacio de inclusión accesible», explica Juan Cruz Esquivel, director de esta investigación.

    La investigación se basó en una encuesta presencial realizada a 1002 jóvenes vulnerables de entre 18 y 29 años residentes en los principales aglomerados urbanos de la Argentina. El relevamiento se realizó entre diciembre de 2025 y enero de 2026.

    Los intendentes refuerzan contactos con la Iglesia para contener la crisis social

    Entre los jóvenes que manifiestan no tener trabajo (30,6%), la búsqueda reciente de empleo alcanza solo a cuatro de cada diez, evidenciando procesos de desánimo profundamente arraigados y la magnitud de la crisis social juvenil en Argentina.

    Para aquellos jóvenes vulnerables que sí logran insertarse en el mercado laboral, las condiciones distan de ser óptimas. El informe destaca que el empleo se concentra en actividades de baja calificación y altísima informalidad, principalmente en el comercio, la construcción y tareas de cuidado.

    En este sentido, sólo el 18,9% de los jóvenes que trabajan cuenta con un empleo registrado (en blanco) o parcialmente registrado; mientras que el 75,9% se encuentra en una relación laboral no registrada o trabaja por cuenta propia (changas, venta ambulante o por internet); el 5% manifiesta estar bajo el régimen de monotributo. «Pero más allá de la formalidad o no, que es algo importante, la realidad material muestra que para el 57% de los jóvenes, los ingresos del hogar no alcanzan para llegar a fin de mes», explica Felipe Vega Terra, director del Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires y codirector de la investigación de este trabajo.

    Según los especialistas, esta precariedad laboral tiene un impacto directo en la cobertura de derechos básicos: el 78% de este segmento carece de obra social o prepaga, dependiendo exclusivamente del sistema público de salud para cualquier atención médica.

    En una cumbre con intendentes del Conurbano, la Iglesia pidio terminar con la «política barata»

    La vulnerabilidad social no se agota en la falta de ingresos; permea la subjetividad de los jóvenes. El malestar psicológico se ha convertido en una experiencia cotidiana. Más del 70% de los jóvenes relevados manifiesta tener problemas frecuentes de nervios o ansiedad, mientras que el 50% reconoce sentir desgano o síntomas compatibles con la depresión. A esto se suma que un 30% reconoce dificultades para controlar el consumo de alcohol, tabaco o sustancias, una problemática que se intensifica en los sectores con menores niveles de instrucción.

    A pesar del entorno hostil, el estudio rescata que la educación sigue siendo valorada: el 85,7% considera que estudiar le permitiría mejorar su calidad de vida. No obstante, los obstáculos estructurales (falta de dinero y de oportunidades reales) operan como barreras que limitan estas aspiraciones.

    «La vulnerabilidad social opera como un eje estructurante de desigualdades materiales y subjetivas, cuya complejidad demanda intervenciones coordinadas e integrales», concluye el informe.

     

  • Hechos pelota

     

    ¿Qué pasó en el país durante el último mes y medio? ¿Era otra la Argentina premundial? Hace exactamente una semana, un usuario de Twitter escribió: “siento que estuve un mes dentro de un pelotero y hoy me vinieron a buscar”. Terminada la fiesta mundialista, la política vuelve a recuperar la atención. Pero estuvieron pasando cosas mientras estábamos cautivados por el gran evento. Para entender dónde estamos y las discusiones que vienen, hay que mirar lo que ocurrió debajo del radar mientras nuestra mirada estaba puesta en la pelota. El gobierno cambió su dinámica interna con la salida de Adorni, pero mantuvo su horizonte manifiesto de destrucción del Estado:  tomó deuda (otra vez), avanzó en la privatización de empresas estratégicas y despidió trabajadores de distintos organismos públicos. Mientras tanto, la interna libertaria de cara a las próximas elecciones estalló en el Senado ante el tratamiento de leyes que pueden erosionar nuestra soberanía y desmantelar la gestión de recursos estratégicos.

    En junio estábamos agobiados y el mundial nos refrescó inesperadamente. Dio alivio, por unos días, al agobio de la realidad argentina. 

    Si bien el fútbol, lejos de despolitizarnos, nos empujó al menos por un rato a recuperar un sentimiento de unidad nacional con la bandera malvinera y el partido frente a Inglaterra, que la campaña antiargentina no hizo más que coronar.  De todas formas, también es cierto que el gobierno sí aprovechó la distracción popular futbolera para hacer cambios profundos a toda velocidad. Ustedes eran muy jóvenes, pero todo esto empezó el 11 de junio, una eternidad atrás. En ese momento, con el entusiasmo por la selección todavía bajo, ganamos el primer partido contra Argelia por 3 a 0. Había, sin embargo,  un incipiente destello de alegría, de sentimiento épico, cada vez que sonaba la canción de Palmito, compuesta sobre la base del temón de Gilda, un himno a la altura de la ya legendaria “Muchachos”. 

    El lunes 22 de junio, horas antes de la victoria por 2 a 0 ante Austria, el Gobierno informó en el Boletín Oficial que había tomado deuda por hasta 5 mil millones de dólares. Lo hizo a través de operaciones con entidades financieras internacionales respaldadas por organismos multilaterales de crédito, con prórroga de jurisdicción a tribunales de Nueva York para eventuales litigios. El decreto 478/2026 fue firmado por Javier Milei, Luis Caputo y Manuel Adorni.

    El gobierno agrandó la deuda argentina con el FMI y bancos del exterior a través de préstamos de 5 mil millones de dólares el 22 de junio y 3.200 millones de dólares el 8 de julio.

    Fue lo último que hizo el jefe de Gabinete. Adorni renunció el 27 de junio —minutos antes del triunfo de la Selección sobre Jordania— investigado por el fiscal federal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo por presunto enriquecimiento ilícito, tras revelarse la compra de propiedades, gastos exorbitantes y viajes al exterior, lo que lo obligó a reconocer, por lo menos ante los medios, un incremento patrimonial del 400%. Desde entonces, su nombre – que funcionó durante varias semanas como una esponja para absorber la atención y la conversación pública – desapareció de escena. 

    Tras los primeros triunfos futbolísticos la algarabía popular empezó a crecer. Se podría decir que ya había clima de mundial cuando el gobierno hizo una de las suyas. El martes 30, tres días antes del partido por dieciseisavos de final, Gendarmería entró al edificio de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) ubicado en el barrio porteño de Nuñez para garantizar el desalojo de una protesta de más de 60 trabajadores que habían sido cesanteados y reclamaban la explicación de las autoridades. Fue la antesala de la apertura a capitales privados estadounidenses al sector nuclear argentino. El 2 de julio el ministro Caputo anunció que la empresa Meitner Energy construirá una central nuclear en el predio de Atucha, de Nucleoeléctrica Argentina, en Zárate, invirtiendo 1.200 millones de dólares, cifra que los habilita a inscribirse en el RIGI para tener exenciones impositivas y libre disponibilidad para sacar divisas al exterior sin retenciones. Los gremios a los que pertenecían los trabajadores despedidos ya venían denunciando el vaciamiento y el abandono de la construcción del CAREM-25, un reactor similar al que ahora harán los estadounidenses en territorio argentino. 

    Menos de 48 horas después de la victoria por 3 a 2 ante Cabo Verde, un buque inglés invadió el Mar Argentino. El Patrullero oceánico HMS Medway de la Marina Real británica salió de las Islas Malvinas hacia el Estrecho de Magallanes con rumbo a Punta Arenas, Chile. Navegó por aguas de jurisdicción argentina a la altura de las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego. La Armada Argentina y una aeronave de vigilancia (Cormorán) detectaron el desplazamiento del buque, que no contaba con aviso previo ni autorización correspondiente. La Cancillería emitió una nota de queja dos semanas más tarde, recién el lunes 13 de julio, antes de las semifinales. 

    Para pagar más de 2 mil millones de dólares de deuda, el gobierno anunció la privatización del ferrocarril Belgrano Cargas y nueve centrales hidroeléctricas y termoeléctricas en distintas provincias.

    El 6 de julio, Caputo anunció en el Palacio de Hacienda las nuevas privatizaciones de la etapa mileísta con el objetivo de pagar más de 2 mil millones de dólares de deuda mediante la venta de activos estatales y concesiones. Este plan para 2026 y 2027 incluye AySA, el ferrocarril Belgrano Cargas y dos centrales termoeléctricas, como parte de la venta de activos para la privatización total de Enarsa: San Martín, en Timbúes, Santa Fe; y Manuel Belgrano, en la ciudad bonaerense de Campana. También adelantó que van a avanzar con una nueva etapa de privatizaciones de centrales hidroeléctricas: son siete complejos ubicados en Mendoza, Salta, San Juan, Tucumán y Chubut. Ese mismo lunes, el gobierno también oficializó la ampliación de la concesión turística privada de las Cataratas del Iguazú en favor de la empresa La Gran Aventura Náutica SRL, en paralelo a la implementación de un programa de retiros voluntarios y un recorte presupuestario de más de 2.500 millones de pesos que afecta a 46 áreas protegidas del país. 

    El martes 7 de julio, día de la remontada histórica de Argentina frente a Egipto 3 a 2, la empresa belga Jan de Nul y la argentina Servimagnus —de la familia Neuss, amiga de Santiago Caputo—, se quedaron con la concesión del dragado y cobra de peaje por 25 años de la Vía Navegable Troncal en el río Paraná, por donde sale aproximadamente el 80% de las exportaciones argentinas al mundo. 

    Un día después, el Gobierno volvió a tomar deuda: esta vez por 3.200 millones de dólares con bancos del exterior y garantía de organismos internacionales. Las operaciones de crédito fueron acordadas con el Santander, el BBVA y el Deutsche. Con esos fondos, se enfrentará el vencimiento con los bonistas privados. 

    Fútbol y política: ¿asuntos separados?

    Hasta antes del partido entre Argentina e Inglaterra, los eventos de la política y el fútbol corrían por líneas paralelas. Pero un día antes del encuentro, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, contó que aceptaron, sin resistencia, la prohibición del ingreso de banderas con “mensajes políticos” (es decir, sobre las Islas Malvinas) al estadio. El fantasma de Diego recorrió el mundo y el recuerdo del 86, con la Mano de Dios y el Gol del Siglo, revivieron en los cines y en los links viralizados de la película El Partido.

    El miércoles 15 de julio, un héroe anónimo se robó la sábana de la habitación del hotel, escribió el mensaje prohibido y lo entró de canuto al estadio. En el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Argentina ganó 2 a 1. El hincha anónimo revoleó el trapo a los jugadores. El único que lo vio caer fue Giovani Lo Celso, y fue por él. Se le sumó primero Lisandro Martínez y después el resto de los jugadores, que lo desplegaron y exhibieron a las cámaras. Las Malvinas son argentinas. La prensa mundial difundió el mensaje y se replicó al infinito. En un reportaje después del partido, Lionel Messi, que nunca suele hablar de política, le dedicó el triunfo a la gente, que durante los mundiales “se olvida de todo lo mal que le toca pasar” y a los que “no tienen trabajo y no llegan a fin de mes”.

    En Argentina se celebró como una final. Las esquinas más concurridas de cada barrio se llenaron de felicidad popular. Como suele ocurrir, el festejo masivo fue en el Obelisco. Familias y amigos cantaron el Himno, “La cuarta estrella”,, “Muchachos” y la Marcha de las Malvinas. El grupo de activistas Sonsincuenta proyectó el mensaje: «Milei, las Malvinas no se entregan. El que no salta es Margaret Thatcher». 

    El 16 de julio, el periodista Simon Jenkins publicó una columna en el diario inglés The Guardian  donde sostiene que las Islas “no pueden ser británicas para siempre”. “Las Malvinas” se transformó en la frase más buscada en Google y millones de personas alrededor del planeta conocieron el conflicto bélico entre un país del sur del mundo y una potencia invasora, en una una acción de comunicación diplomática masiva, inesperada y más efectiva que cualquier reclamo público hasta el momento.

    Después de levantar el trapo de Malvinas, fracasó en el Senado el tratamiento de la Ley de Tierras. Se filtraron chats de un grupo de senadores libertarios donde Victoria Villarruel acusa a su propio gobierno de querer “vender el país”.

    En el gobierno todo fue confusión. Milei declaró en Radio Mitre que “no hay que caer en gestos de patrioterismo barato y berreta” y que la diplomacia que están llevando ante la ONU es “inteligente” y “sabia”. El presidente omitió decir que su gobierno se retiró paulatinamente de ese foro internacional donde se exhiben los reclamos por los conflictos bélicos.

    Un día después, en el Senado se cayó por tercera vez la sesión para tratar la eliminación de la Ley de Tierras que quita los topes a las compras de territorios rurales por parte de extranjeros. Su debate en el recinto se pospuso para el 6 de agosto. A la mañana siguiente, el diario La Nación publicó el contenido de un chat privado de senadores libertarios en el que Victoria Villarruel y Patricia Bullrich se pelean y la vicepresidenta acusa a su propio gobierno de querer “vender el país”. 

    Si bien Bullrich venía teniendo un juego autónomo —cada vez que los números de las encuestas muestran que la imagen de Milei cae, el poder económico busca un eventual sustituto con miras a 2027—, en ésta se alineó con los hermanos Milei y se puso a construir mayorías en el Senado. El dictamen del proyecto tuvo 16 versiones, borradores que fueron y vinieron de Casa Rosada a la Cámara Alta. El que no acepta las reversiones en Balcarce 50 es Federico Sturzenegger, el autor de la iniciativa que, más que un ministro argentino, parece un amanuense de los tecnobrós que andan buscando dónde instalar data centers a bajo costo ante quienes la Patagonia, con sus bajas temperaturas y grandes cursos de agua, se muestra como un paraíso. La ley de “inviolabilidad de la propiedad privada” viene a coronar un cuadro legal más complejo compuesto también por el RIGI —que habilita la prioridad de uso de un insumo clave como el agua, que tienen las empresas por sobre la población local—, la modificación de la ley de Glaciares —que achica la zona protegida, provincializa la decisión de avanzar contra la reserva de agua y habilita a proyectos mineros— y la ley de sociedades que todavía no se giró al Congreso, que desliga al empresario de cualquier responsabilidad social ya que pasarían a ser sociedades automatizadas operadas por inteligencias artificiales gobernadas por blockchain. 

    El viernes 17 de julio, Adrián Ravier posteó: “Siendo un país bananero, nunca vamos a recuperar las Malvinas”. Al nuevo vocero le llovieron críticas de todos lados y en conferencia de prensa negó haber dicho que Argentina fuera un país bananero. Al día siguiente los argentinos coparon Time Square con parrillas y choripanes. 

    Héroes y villanos

    Durante todo el mundial Argentina fue atacada en redes, streams y medios tradicionales de todo el mundo. A las acusaciones de racismo se sumaron el actor Samuel Jackson, el economista griego Janis Varoufakis, el alcalde neoyorkino Zohran Mamdani y la progresía europea colonialista. Además, se advertía en las redes que teníamos arreglado el Mundial. En la previa a la final con España, Donald Trump buscó acaparar el protagonismo mientras ese mismo día el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom) perpetraba nuevos bombardeos aéreos contra objetivos de Irán por novena jornada consecutiva después de que Washington diera por reiniciado el conflicto la semana anterior. Durante el certamen, el único suelo estadounidense que pudo pisar el plantel iraní fue el césped de los estadios, porque estuvieron obligados a volverse a hacer noche a Tijuana. De igual modo, los iraníes fueron los primeros jugadores en aprovechar las cámaras de todos los medios del mundo para visibilizar un mensaje político en medio de un conflicto bélico varios partidos antes de que hicieran lo propio los jugadores argentinos: llevaron brazaletes negros para visibilizar el bombazo yanki a la escuela de su país. 

    El horizonte de los próximos meses encuentra al gobierno con los desafíos que implicarán la subida del dólar y su posible impacto en la economía, la articulación social que pueda generarse a partir de la movilización del 6 de agosto, y la aceleración de la rosca de cara a las elecciones 2027.

    En la final, durante el entretiempo, mientras las y los argentinos se comían los codos de los nervios en un partido en el que España había demostrado superioridad, actuaron Madonna junto Ronaldo Nazário y Ronaldinho, Shakira, Justin Bieber, BTS y los Muppets. Argentina perdió uno a cero. Lionel Messi lloró en la cancha y Lionel Scaloni lloró en la conferencia de prensa. Milei anunció un feriado que nunca sucedió. El lunes hubo que ir a trabajar. Llovía y hacía frío. Parte del plantel viajó al país y fue recibido por la gente que se acercó igual al aeropuerto de Ezeiza a brindar su amor y gratitud a los jugadores. 

    La hipótesis del aprovechamiento oficial de un eventual triunfo de la selección quedó atrás y si bien Caputo y Sturzenegger aprovecharon la distracción social para avanzar en toma de deuda y privatizaciones, la ley que habilita la venta de tierras a extranjeros tomó un nivel de conocimiento que no tenía antes del mundial y, por primera vez, después de tres intentos fallidos de tratamiento en el recinto, se organizó una marcha al Congreso en su contra para el 6 de agosto, a diferencia de lo que ocurrió con los cambios en la ley de glaciares, la reforma laboral, la baja en la edad de imputabilidad y el RIGI, que pasaron por el Congreso sin mayores resistencias adentro y afuera del palacio legislativo. Ahora la cosa parece haber cambiado. El gobierno dice tener los votos, pero la pelota, por ahora, está en el aire.

    El 6 de agosto el Senado planea votar el nuevo proyecto de Milei, la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que dejaría sin vigencia la Ley de Tierras. Mientras tanto, afuera del Congreso la resistencia social involucra a movimientos sociales, científicos y hasta obispos. El reclamo tiene que ver con la tierra y el manejo del fuego, y arrastra la rabia por la entrega de los glaciares, de la hidrovía, de los bienes naturales, de la soberanía. Si esa ley se aprueba, los magnates tecnológicos podrán quedarse con el agua, la energía y el clima de la Patagonia, enclaves ideales para el mundo que imaginan.

    La entrada Hechos pelota se publicó primero en Revista Anfibia.

     

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    Se venció otra privatización menemista: Milei inicia la transición y abre un camino de incógnitas sobre el futuro de las represas hidroeléctricas de Tucumán

     

    Después de 30 años terminó la concesión privada de las represas hidroeléctricas de Tucumán. Milei abrió una transición y crecen las incógnitas sobre su futuro.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    Treinta años después de haber sido entregadas en concesión durante la ola privatizadora del menemismo, las represas hidroeléctricas de Tucumán llegaron al final del contrato que las mantenía bajo administración privada. La decisión del Gobierno de Javier Milei de establecer un período de transición, en lugar de renovar automáticamente la concesión o anunciar una nueva licitación, abre un escenario de incertidumbre sobre el destino de un conjunto de activos estratégicos para la generación eléctrica y para el manejo del recurso hídrico de la provincia.

    El final de una concesión nacida al calor del modelo privatizador de los años 90

    La resolución de la Secretaría de Energía que puso en marcha la transición de las centrales El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo marca un nuevo capítulo en la larga historia de las privatizaciones argentinas, un proceso que comenzó a principios de la década del noventa y que transformó profundamente la relación entre el Estado y los servicios considerados estratégicos.

    Durante el gobierno de Carlos Menem, y luego de la sanción de la Ley de Reforma del Estado en 1989, la Argentina ingresó en una etapa de transferencia al sector privado de empresas y activos que durante décadas habían sido administrados por organismos estatales. Bajo la promesa de mejorar la eficiencia, atraer inversiones y reducir la participación estatal en la economía, el Gobierno nacional avanzó sobre sectores como telecomunicaciones, transporte, energía y servicios públicos.

    En ese contexto, la generación hidroeléctrica también fue alcanzada por el proceso privatizador. Muchas de las obras construidas durante décadas con financiamiento público fueron entregadas bajo esquemas de concesión a empresas privadas, que pasaron a administrar la explotación comercial de centrales que seguían teniendo una importancia estratégica para el sistema energético nacional.

    Así nació Hidroeléctrica Tucumán S.A., la empresa que recibió la concesión de los complejos hidroeléctricos El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo, tres instalaciones fundamentales para la provincia. El contrato firmado en 1996 estableció un plazo de explotación privada de 30 años, período que comenzó formalmente el 30 de julio de ese año y llegó a su vencimiento en julio de 2026.

    La fecha de finalización no fue una sorpresa ni una decisión política tomada de manera repentina: estaba contemplada desde el inicio del contrato. Sin embargo, su llegada obliga ahora al Estado a definir qué hacer con un patrimonio energético que vuelve a quedar bajo su órbita después de tres décadas.

    Qué decidió el Gobierno de Milei y por qué no implica una estatización

    La Resolución 168/2026 de la Secretaría de Energía publicada hoy en el Boletín Oficial, no dispuso una estatización de las represas ni anunció la creación de una nueva empresa pública para administrarlas. Lo que hizo fue activar el mecanismo previsto en el contrato de concesión para garantizar la continuidad operativa durante una etapa intermedia, evitando que el vencimiento del vínculo privado genere un vacío de gestión sobre instalaciones que requieren supervisión permanente.

    El Gobierno estableció un período de transición hasta el 15 de diciembre de 2026, durante el cual Hidroeléctrica Tucumán S.A. continuará operando las centrales bajo un régimen especial, mientras la autoridad energética nacional supervisará el funcionamiento de los complejos.

    Para esa tarea fue designada la Subsecretaría de Energía Eléctrica como veedor estatal, con la responsabilidad de controlar la operación, verificar el cumplimiento de las obligaciones técnicas y garantizar que las condiciones de seguridad de las represas permanezcan intactas. Además, se invitó a la Provincia de Tucumán a participar mediante la designación de un representante.

    La medida responde a una cuestión central: una central hidroeléctrica no puede simplemente cambiar de manos de un día para otro. Se trata de infraestructura compleja, vinculada no sólo a la generación de electricidad sino también al manejo del agua, la seguridad de las poblaciones ubicadas aguas abajo y la planificación energética de largo plazo.

    Por eso, aunque la concesión terminó formalmente, la operación continúa bajo un esquema transitorio mientras el Gobierno define el próximo paso.

    Los bienes vuelven al Estado después de 30 años

    Uno de los aspectos más relevantes del proceso es que el vencimiento de la concesión implica el retorno al Estado de los bienes afectados al servicio, tal como estaba establecido en el contrato original firmado durante la década del noventa.

    No se trata de una expropiación ni de una compra. La lógica contractual establecía que, al finalizar el período de explotación privada, las instalaciones, equipamientos y activos vinculados al funcionamiento de las centrales debían quedar nuevamente bajo control estatal.

    Ese punto resulta significativo porque muestra una diferencia entre el discurso político que acompañó las privatizaciones de los años 90 y la realidad jurídica de muchos de esos contratos: las concesiones privadas no implicaban una transferencia definitiva de la propiedad de los recursos estratégicos, sino un derecho temporal de explotación.

    Ahora, tres décadas después, el Estado vuelve a estar frente a la responsabilidad de decidir cómo administrar esos activos.

    La paradoja de un Gobierno que busca privatizar frente al vencimiento de una privatización

    El caso tucumano presenta además una particular contradicción política para la administración de Javier Milei.

    Desde su llegada al poder, el Gobierno libertario impulsó una agenda basada en la reducción del Estado, la apertura económica y la privatización de empresas públicas consideradas ineficientes. Sin embargo, en este caso específico, una concesión privada heredada de la década menemista llegó a su fin y obligó al Estado a asumir nuevamente un rol de supervisión directa.

    La administración nacional tenía distintas alternativas frente al vencimiento: extender la concesión, avanzar rápidamente hacia una nueva licitación o establecer un esquema transitorio. Finalmente optó por esta última opción, dejando abierta la definición sobre el futuro de las centrales.

    La resolución no determina si habrá una nueva privatización, si se buscará un esquema mixto con participación estatal y privada o si el Estado mantendrá algún tipo de control directo sobre las represas. Esa indefinición será uno de los puntos centrales del debate energético en los próximos meses.

    Un recurso estratégico que vuelve al centro de la discusión

    Más allá de la discusión contractual, las represas tucumanas representan un activo estratégico que excede la generación eléctrica. Los complejos de El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo cumplen funciones vinculadas al almacenamiento y regulación del agua, al desarrollo productivo regional y a la infraestructura energética de la provincia.

    Por eso, la discusión sobre su futuro no es solamente empresarial: implica definir qué papel tendrá el Estado en la administración de recursos considerados esenciales y cuál será la relación entre la inversión privada y la planificación pública en áreas sensibles.

    La resolución publicada por el Gobierno marca el cierre formal de una etapa iniciada durante el menemismo, cuando una parte importante del patrimonio energético argentino pasó a manos privadas mediante contratos de concesión de largo plazo. Ahora comienza una nueva fase, todavía abierta, en la que deberá definirse si el final de aquella privatización será simplemente el comienzo de otra concesión o si representará un cambio más profundo en la forma de administrar la energía hidroeléctrica tucumana.