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El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz dictó, el pasado miércoles 8, la sentencia definitiva en el juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan: el excapitán de navío Claudio Villamide fue condenado a tres años de prisión en suspenso, mientras que el ex contralmirante Luis López Mazzeo, el ex capitán de navío Héctor Alonso y el ex capitán de fragata Hugo Correa fueron absueltos.
En la Armada hizo ruido la condena porque entienden que «la justicia no quiso ir más allá del Consejo Supremo y le dio a Villamide por la cabeza porque lo destituyó».
El criterio de los jueces, según la visión de la Marina, fue «si los propios militares lo encontraron responsable, entonces es el responsable, obviamente con la pena mínima de todo lo que le podían dar para que no vaya preso y siga su vida como Marino Mercante».
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Respecto a la doctrina naval, un integrante de la Armada afirmó que «esto marca un antes y un después dado que es la primera vez que un comandante superior es condenado por una falta o un hecho que involucró a un comandante subordinado en algo que no es un delito sino un tema profesional».
«Ahora se va a plantear puertas adentro de la Armada es la responsabilidad de los comandantes superiores que tienen varias unidades a su cargo sobre fallas que involucran a comandantes subordinados, es decir, aquel principio de que el Comandante es el último que puede decidir si su buque está en condiciones de salir o no, eso ahora va a quedar en duda», agregó.
Lo que hicieron fue políticamente correcto, judicialmente aceptable, pero militarmente es un quilombo
Este militar activo puso como ejemplo que «si el comandante de la Fragata Libertad dice que está en condiciones y para su jefe le falta algo. Entonces no sale, pero estaría contrariando la voluntad de quien está al mando del buque».
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Por último, aseguran que «lo que hicieron fue políticamente correcto, judicialmente aceptable, pero militarmente es un quilombo».
«Lo que dicen todos es que lo que habría que empezar a hacer a partir de ahora, es trabajar en volver a poner el Código de Justicia Militar para que en el futuro, si vuelve a pasar algo, sea juzgado dentro de los parámetros militares y no de los civiles», concluyó.
La crisis policial en Santa Cruz no cesa. Tras más de un mes de rebelión en reclamos de mejores salariales, el gobiernos y los efectivos policiales se reunieron con el gobierno de Claudio Vidal pero la negociación fracasó.
Según el medios locales, el gobierno patagónico «terminó por coronar el fracaso de siete intentos de acuerdos previos por diferencias sustanciales de los aumentos pactados está en el tiempo y en la cantidad de sumas en negro».
Vidal ofreció un salario de $ 1.600.000 de acá al mes de diciembre pero las dificultades se dieron en la integración del mismo ya que los efectivos pretendían que el monto se integrara a partir de este mes y el gobierno se lo desdoblaba en todo un semestre.
Por otra parte si bien algunos ítems se regularizaron, aún restan muchas sumas en negro que no son aceptadas por los efectivos en servicio, por cuanto a quienes se retiren, esas sumas integraran el salario y a los que hoy son retirados, no les correspondería cobrarlas por su carácter no remunerativo.
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En ese marco, los policías decidieron profundizar la manifestación en las calles con carpas frente a la casa de gobierno, cortes de calle y la instalación de una carpa en pleno invierno, una de ellas en la residencial de Vidal en Río Gallegos.
En medio de la crisis, filtraron un video que presenta imágenes de un operativo policial realzado en 2015 en donde aparecen detenidos Vidal y su ministro de Seguridad, Pedro Prodromos por el homicidio de Reinaldo Vargas ocurrido el 9 de abril de ese año en Caleta Olivia. Vargas era un joven militante de la UOCRA que murió de un disparo en la cabeza en un enfrentamiento con el sindicato de petroleros de Vidal.
Lo cierto es que la crisis está poniendo en jaque la gestión del gobernador patagónico que, como contó LPO, viajó a Buenos Aires el 30 de junio para negociar una ayuda económica que le permita desactivar la rebelión.
Sin respaldo político y con una crisis social en ascenso, el gobernador patagónico consiguió al menos que la secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano dictara un cuarto intermedio hasta este miércoles, con el objetivo de que la provincia pudiera diseñar una oferta para salir del conflicto con los uniformados.
Dirigentes opositores a Vidal dijeron que el gobernador «no está controlando nada» y advirtieron que «si consigue dinero para pagar un aumento a la Policía, se le van a ir al humo todos». Esa apreciación apunta a que el malestar también alcanza a los gremios docentes y el sector de la salud.
