Sociedad

  • Alarma en el gobierno: creen que Ramos Padilla no aceptará sacar a Espert de la boleta

     

    En el gobierno entraron en alarma total porque creen que el juez electoral Alejo Ramos Padilla no aceptará sacar a José Luis Espert de la boleta y de este modo impedirá que Diego Santilli encabece la lista de La Libertad Avanza en la provincia.

    En la Rosada están al tanto de las consultas informales que el juez tuvo con los 14 partidos que compiten contra el gobierno en la provincia. Todos les dijeron que de ninguna manera aceptarán que haya cambios de lista a menos de tres semanas de los comicios y luego de casi dos meses de vencido el plazo para hacer modificaciones en las nóminas.

    «Fueron los más antisistémicos del mundo y ahora pretenden que el sistema los ayude ante una desgracia como la que sufrieron», dijo a LPO un dirigente bonaerense al tanto de las consultas que hizo Ramos Padilla con las distintas fuerzas que compiten en la provincia.

    El viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, intentó convencer a Ramos Padilla que aceptara cambiar la boleta. También hubo gestiones del ministro del Interior, Lisandro Catalán y del apoderado de La Libertad Avanza, Santiago Viola. No tuvieron éxito y por eso en la Casa Rosada había bronca con ellos y con Guillermo Francos, como reveló LPO.

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    El juez, entonces, sacaría un fallo en el que rechaza la modificación de la lista de La Libertad Avanza. La fiscal federal electoral, Laura Roteta, ya dictaminó contra el pedido del gobierno de presentar a Santilli en el primer lugar, ya que ese puesto le correspondía en todo caso a Karen Reichardt, que iba segunda en la nómina original que encabezaba Espert.

    Si Ramos Padilla rechaza los cambios en la lista libertaria, la Junta Electoral podría declarar abstracto el pedido de la reimpresión de las boletas que hizo el gobierno. Es que al quedar Espert en primer lugar, no hace falta cambiar las boletas que ya están impresas en su totalidad y costaron 15 mil millones de pesos.

    Si Ramos Padilla rechaza los cambios, amparado tanto en el rechazo de todos los partidos que compiten con la lista que reclama modificaciones como en la cercanía de la fecha de las elecciones, la Junta Electoral podría declarar abstracto el pedido de la reimpresión de las boletas que hizo el gobierno. Es que al quedar Espert en el primer lugar, no hace falta cambiar las boletas que ya están impresas en su totalidad.

    Este desenlace que sorprendió al gobierno, fue anticipado por LPO este mismo domingo, cuando la mayoría de los medios se plegaron a la versión de la Casa Rosada que ya estaba decidido y sin mayores inconvenientes el reemplazo de Espert por Santilli. Un argumento que por estas horas se intuye que fue demasiado voluntarista.

    Ahora en el gobierno comentan que el juez había dicho en las últimas horas que no iría contra el peronismo ni los otros 13 partidos, ni avalaría el gasto desmesurado de 10 millones de dólares para tapar los problemas que se le presentaron a uno de los competidores.

    La boleta única con las fotos de Espert y Karen Reichardt. Santilli no aparece con foto porque va en tercer lugar.

    «No hay antecedentes de que un partido tiene un problema con un candidato vinculado al narco y que a dos semanas de la elección le cambien la lista», admitió a LPO un dirigente de La Libertad Avanza.

    Bronca en el gobierno con Francos y Catalán porque la fiscal falló en contra de Santilli: piden que renuncie Karen

    Santilli puso mucho empeño en estas 48 horas de primer candidato, pero finalmente no tendrá su foto en la boleta, sino que su nombre aparecerá detrás de Espert y de Karina Celia Vázquez, el nombre real de Karen Reichardt.

    En el gobierno creen que fue una buena jugada del kirchnerismo la de oponerse a los cambios pedidos por los libertarios, porque Santilli aparecía más competitivo que Espert. 

    Tampoco era muy difícil: el economista confirmó haber cobrado al menos 200 mil dólares del parte del supuesto narco Fred Machado, cuya extradición a Estados Unidos fue confirmada este martes. Espert en principio no asumiría como diputado, porque ya renunció. 

    Empleados judiciales supervisaban este lunes en La Plata las boletas ya impresas.

     

  • Caputo negocia un préstamo repo para pagar los bonos, asegurado con DEGs del Tesoro

     

    El ministro Caputo negocia la posibilidad que el Tesoro de Estados Unidos aporte DEGs como colateral de un préstamo repo de los mismos bancos privados que ya le dieron uno meses atrás, para mostrarle al mercado que tiene fondos para pagar los próximos vencimientos de bonos.

    Los DEGs son derechos especiales de giro que el FMI reparte entre los países miembros para fortalecer sus reservas. Estados Unidos tiene una cantidad incalculable.

    Fuentes al tanto de las negociaciones en Washington confirmaron a LPO que en la delgada línea roja que se mueve el secretario del Tesoro, Scott Bessent, la idea de aportar DEGs como garantía de un préstamo de bancos estadounidenses a la Argentina para asegurar el pago de deudas en su mayoría con fondos de Estados Unidos, es políticamente digerible.

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    Bessent viene sufriendo el bombardeo persistente de demócratas y la línea más ortodoxa de los republicanos que se preguntan por qué el gobierno de Estados Unidos tiene que gastarse 20 mil millones de dólares en rescatar a la Argentina, mientras corta ayudas esenciales a granjeros y trabajadores estadounidenses.

    Caputo se instaló en la capital norteamericana con todo el equipo económico sin nada cerrado -una excentricidad hasta para la Argentina-, porque necesitaba enviar al mercado una señal que algo importante esta por pasar. Por eso no vuelve.

    Antes del viaje de Caputo, todo lo que podía y quería hacer la administración Trump ya se había hecho. El tuit de Bessent detallando las medidas del rescate en análisis. La foto de Milei con Trump con otro tuit de respaldo y el anuncio de la próxima bilateral en la Casa Blanca. Pero no alcanzó.

    Caputo se instaló en la capital norteamericana con todo el equipo económico sin nada cerrado -una excentricidad hasta para la Argentina-, porque necesitaba enviar al mercado una señal que algo importante esta por pasar.

    Porque el problema del mercado es con Caputo no con Trump. Y con más precisión es con las reservas, o mejor dicho, con la falta de reservas de la Argentina. Por eso la desconfianza no cede. El mercado mira las reservas para saber si hay dólares para pagar los bonos que compró. Y no hay. Y por razones de política interna, Bessent no puede firmar el cheque que le pide Caputo. Y hasta que no ocurra algo en Washington, Caputo no puede volver porque no tiene nada para decir. Por eso no habla y su equipo se mantiene en un hermetismo blindado. Caputo necesita mantener la expectativa de que algo importante está por ocurrir. 

    Entonces el problema es sencillo: Hay que ofrecer garantías de pago a los próximos vencimientos de deuda privada, pero no puede ser por la sencilla vía de un cheque del Tesoro. La diagonal entonces que se negocia por estas horas es un nuevo préstamo repo que podría llegar hasta los 5.000 millones de dólares, garantizado con los DEGs del Tesoro norteamericano. 

    Bessent y Georgieva le meten un doble candado a Caputo para obligarlo a liberar el dolar

    Un préstamo que además tenga una estructura que impida a Caputo gastárselo en intervenciones en el mercado del dólar, que es lo que le gusta hacer. Un préstamo de los acreedores para pagar a los acreedores. 

    El repo sería un remedio para la emergencia, es decir los días que quedan hasta las elecciones del 26 de octubre. Mientras se trabaja en el swap para reforzar las reservas del Banco Central y dar el salto a la libre flotación.

    La administración Trump quiere evitar el naufragio de su aliado Milei, pero el Tesoro también está interesado en evitar que los fondos de inversión y bonistas norteamericanos se expongan a otro default argentino. Hay que construir un corredor de salida segura y por eso en Washington ya empezaron las peleas entre los que pudieron salir en estos meses y los que todavía están atrapados, como reveló LPO.

    El repo sería un remedio para la emergencia, es decir los días que quedan hasta las elecciones del 26 de octubre. Mientras se trabaja en el swap de monedas para reforzar las reservas con 20 mil millones de dólares, que tampoco podría gastarse Caputo en intervenciones, pero que servirían para dar una imagen de mayor fortaleza del Banco Central ante la libre flotación del dólar que le están exigiendo tanto el Tesoro como el FMI.

    Pero nada de esto es sencillo ni está cerrado. Caputo arrastraba una mala imagen en Washington por su fallido paso como ministro de Macri, que ahora revivió con este nuevo fracaso. Si no fuera por la importancia geopolítica para la Casa Blanca de Milei en una región en la que casi no tiene aliados, hace rato que le habrían soltado la mano.

     

  • Los diputados de la comisión Libra acusan a Comodoro Py de obstruir la investigación

     

    El juez Marcelo Martínez De Giorgi notificó este martes que no auxiliará a la Comisión Libra con el envío de la fuerza pública para que los funcionarios del gobierno nacional comparezcan ante los legisladores, algo que los opositores tomaron como una «obstrucción» funcional al gobierno. 

    El presidente de ese cuerpo, Maximiliano Ferraro, explicó por X que el pedido de asistencia «se formuló ante una situación inédita, en la que los funcionarios se niegan a colaborar con esta Comisión Investigadora, a diferencia de lo ocurrido en otros antecedentes históricos en los que sí asistieron o colaboraron», y aclaró: «no se trata de un pedido caprichoso, sino de una necesidad derivada de garantizar el cumplimiento efectivo de nuestras funciones».

    Durante la reunión de comisión de este martes, los diputados que impulsan el esclarecimiento de la estafa camuflaron su frustración por el revés político que les propinó Martínez de Giorgi. «La decisión del juez vacía de eficacia práctica al poder de contralor político y pretende subordinar las atribuciones del Congreso a la discrecionalidad judicial», planteó Ferraro.

    La intervención del juez se había solicitado porque ni el jefe de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, ni la ex responsable de la UTI, María Florencia Zicavo, lo mismo que sus pares de la UIF, Paul Starc, y la CNV, Roberto Silva, se presentaron ante las citaciones de los diputados. La definición del magistrado representó, además, un alivio provisorio para la Casa Rosada porque el objetivo principal, cuidadosamente preservado en esta ronda por la oposición, era el de llevar a Karina Milei al Congreso con un patrullero, si también se negaba a comparecer.

    En efecto, la resolución de Martínez de Giorgi le dio oxígeno al bloque libertario, que anunció que no participaría del debate desde que se puso formalmente en funciones la comisión pero este martes hizo fila en los pasillos para entrar a la sala del Anexo como una tropa ordenada. Las 24 carillas refrendadas por el juez envalentonaron a la bancada de Gabriel Bornoroni y la encargada de criticar a sus adversarios fue la neuquina Nadia Márquez: «Lo que está sucediendo en esta comisión es un circo. ¿Qué vamos a hacer ahora con el patrullero que pedimos?», lanzó.

    La comisión Libra podrá citar a Karina y mandarla a buscar con un patrullero si se resiste

    Márquez se dedicó a chocar con Ferraro y con la oposición pero enfatizó en los argumentos del juez para negarle ayuda a la comisión. De hecho, pidió permiso para leer el fallo: «No puede considerarse que la incomparencia se haya transformado en una obstrucción de la comisión, sino que está amparado en las garantías constitucionales», repuso.

    El pichettista Oscar Agost Carreño reivindicó la labor de la comisión aún cuando pareciera que se estancó o amesetó. «Venimos mandando muchos oficios», dijo, y trató de moderar la discusión sobre la comparecencia de los testigos: «No hay antecedentes de ir a buscar con un patrullero a la persona citada, porque con la sola citación alcanzaba».

    Marino, Selva y Ferraro.

    Frente a ese escenario, Sabrina Selva alertó que «hay muchos funcionarios que se están apoyando en estos dictámenes (por los de Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano) para no tener que dar explicaciones», mientras que el radical Fernando Carbajal cargó contra Martínez de Giorgi y Comodoro Py. «Comodoro Py, como siempre, se muestra muy permeable al poder. Está difícil el trabajo de la comisión porque siempre es difícil cuando tenés que investigar a los poderosos», dijo el ex juez formoseño.

    Con la misma tónica, Mónica Frade señaló que el magistrado «ha incurrido en un exceso de jurisdicción». «Lo que no puede hacer es ingresar en la discusión del reglamento de otro poder. No puede avanzar sobre el Poder Legislativo», remarcó.

    Comodoro Py, como siempre, se muestra muy permeable al poder. Está difícil el trabajo de la comisión porque siempre es difícil cuando tenés que investigar a los poderosos.

    El kirchnerista Rodolfo Tailhade fue más didáctico. «¿Qué sabe Martínez de Giorgi lo que yo le quiero preguntar a Melik?», preguntó para demostrar que el testigo tiene que asistir y, si no quiere responder, puede ampararse en el artículo 18 de la Constitución.

    Por eso puso como ejemplo la comparecencia de Aldo Tonón, el ex director de la Obra Social del Poder Judicial, durante la comisión de Juicio Político a los ministros de la Corte Suprema en 2023 y reconoció que el juez Ariel Lijo, en aquella ocasión, ponderó las facultades del Congreso.

    Pese a la bronca de los legisladores, que Christian Castillo resumió como la «impugnación de la existencia misma de la comisión», Ferraro y Juan Marino, autoridades de ese cuerpo legislativo, informaron que se enviará un escrito a Martínez de Giorgi para «tener acceso al expediente» reclamando copias de los documentos e informes que obran en la causa y que se reunirán con el procurador interino, Eduardo Casal. Además, apelarán la resolución del magistrado.

     

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    La fiscal Roteta frena el dedazo libertario y le da la razón a la paridad: Karen Reichardt debe encabezar la lista bonaerense de Milei

     

    La fiscal federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Laura Roteta, dictaminó que Karen Reichardt debe reemplazar a José Luis Espert al frente de la lista de diputados nacionales de La Libertad Avanza. El Gobierno quería poner a Diego Santilli, pero la fiscal recordó que la ley de paridad no se negocia ni se acomoda según conveniencias políticas.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para Noticias La Insuperable

    La interna libertaria por el reemplazo de José Luis Espert en la lista de diputados nacionales bonaerenses sumó un nuevo capítulo judicial. Este martes, la fiscal federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Laura Roteta, dictaminó que la persona que debe asumir ese lugar es Karen Reichardt, segunda en la nómina original, y no Diego Santilli, como pretendía el oficialismo de Milei.

    El pronunciamiento respondió a un planteo interno entre La Libertad Avanza y la Justicia Electoral, luego de la renuncia de Espert a su candidatura tras las denuncias por lavado de dinero que lo vinculan con el empresario Fred Machado. Mientras el Gobierno intentaba imponer a Santilli —tercero en la lista—, la fiscal sostuvo que la sustitución debía respetar el orden de prelación y la paridad de género establecida por la ley, aclarando que el principio de paridad fue concebido como una herramienta para revertir desigualdades estructurales y no puede ser aplicado de modo que perjudique a las mujeres.

    Según Roteta, aceptar el planteo libertario implicaría desconocer el carácter reparador de las normas que buscan garantizar la igualdad en la representación política. Con esta afirmación, la fiscal desarmó el argumento del oficialismo, que había citado el decreto 171/2019 para justificar su maniobra. Ese decreto dispone que, ante una vacante por renuncia, debe reemplazar al candidato una persona del mismo género que le sigue en la lista, pero Roteta explicó que una lectura tan estricta resulta contraria al espíritu de la ley de paridad.

    Antecedentes y jurisprudencia

    La fiscal también se apoyó en antecedentes de la Cámara Nacional Electoral y en el caso Lucila Crexell, donde los jueces priorizaron el objetivo sustantivo de garantizar la participación efectiva de las mujeres en los cargos electivos. Desde esa perspectiva, Roteta reafirmó que el principio de paridad no puede ser interpretado de manera literal cuando eso implique un retroceso en los derechos políticos de las mujeres, sino que debe entenderse como un mandato de reparación y equidad sustantiva.


    Lo que viene: Ramos Padilla tiene la última palabra

    El dictamen de la fiscal no es vinculante, pero marca un precedente claro frente al intento del oficialismo libertario de colocar a Santilli por encima de Reichardt. La decisión final quedará ahora en manos del juez federal Alejo Ramos Padilla, y eventualmente podría ser revisada por la Cámara Nacional Electoral.

    Mientras tanto, en el universo libertario —cada vez más convulsionado—, la resolución dejó al descubierto una vez más la ausencia total de reglas claras y la vocación por torcer la ley según la conveniencia del momento. Roteta, en cambio, reafirmó en su dictamen que la paridad no es una formalidad: es un derecho político conquistado que no puede retroceder.

     

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    ESCÁNDALO: revelan audios de espías de la AFI que exponen lujos y viajes de Santilli

     

    Audios muestran que Diego Santilli, actual primer candidato a diputado de La Libertad Avanza en Buenos Aires, fue seguido ilegalmente por espías de la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri. Los agentes describen su ostentoso nivel de vida, con gastos millonarios y viajes a Dubai, y advierten que “no hay forma de que justifique el nivel de vida que tiene”.

    Por Roque Perez para Noticias La Insuperable

    Espionaje ilegal y el audio clave

    La causa por espionaje ilegal durante la gestión de Mauricio Macri sumó un capítulo explosivo con audios en los que Alan Ruiz, ex agente de la AFI, asegura que Santilli gastó “1 millón 600 mil dólares el año pasado, y no usa tarjeta de crédito”, y agrega que se trata de “un narco, me refiero al nivel de vida”. Según el agente, “no hay forma de que justifique el nivel de vida que tiene”, haciendo referencia al entonces vicejefe de Gobierno porteño.

    Estos audios, difundidos hoy desde la cuenta de X del periodista Ari Lijalad, se incorporaron a la causa judicial originalmente instruida por el juez federal Federico Villena, quien le mostró a Santilli las pruebas de los seguimientos en 2020. Posteriormente, Villena fue apartado y la investigación quedó en manos del juez Juan Pablo Augé.

    “El Uno le bajó el dedo a Santilli”

    Ruiz también comentó ante sus colegas que Macri, al que los espías llamaban “El Uno”, había ordenado los seguimientos a Santilli. En el audio, el agente detalla los viajes del entonces funcionario: se fue a Dubai con las hijas de su nueva pareja, su suegra, su mujer y dos amigos, pagando “270 mil dólares así de una, el hotel, el avión”. Según los espías, Santilli tiene “un nivel de vida que no da con lo que gana… nadie”.

    Selfies, seguimientos y datos familiares

    Parte de la evidencia proviene del celular del ex policía porteño Leandro Araque, miembro del grupo de espionaje conocido en WhatsApp como “Super Mario Bross”. Allí se halló una selfie tomada mientras Araque seguía a Santilli en un lujoso piso de Figueroa Alcorta al 3400, adquirido mediante un crédito de más de 500 mil dólares otorgado por un proveedor del Gobierno porteño y pagado en un año.

    Un documento enviado por Araque a su colega Facundo Melo describe a un “agente con muchísima llegada a su grupo familiar, conocido del Colorado, y que pasa información sobre sus movimientos privados”, evidenciando la extensión del espionaje ilegal y su acceso a la intimidad de Santilli.

    El escándalo que sacude la política

    El caso expone tanto la ilegalidad de los seguimientos durante el gobierno de Macri como la vida de lujo de un candidato que reemplazó a José Luis Espert tras el escándalo del financiamiento de su campaña de 2019 por Fred Machado. La combinación de espionaje, viajes millonarios y documentos internos de la AFI abre una nueva polémica en la política bonaerense y deja en evidencia la conexión entre poder, información privada y riqueza ostentosa.

     

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    Mendoza y CABA: De la persecución docente al control biométrico destino China

     

    El avance de medidas de control sobre los docentes en Mendoza parece no tener límites para quienes gobiernan y abre un antecedente preocupante que encuentra su correlato en la Ciudad de Buenos Aires. Entre denuncias de estigmatización, medidas económicas punitivas y la futura entrega de datos biométricos a empresas privadas, los trabajadores de la educación se ven nuevamente en la mira de gobiernos que priorizan el control sobre la educación.

    Por Tomás Palazzo para Noticias La Insuperable

    En Mendoza, se conoció hace unos días, el Gobierno provincial implementó una controvertida medida que permite a los padres supervisar el ausentismo docente a través de la plataforma GEI (Gestión Educativa Integral) como si fuesen Fiscales. Mediante un botón denominado “inasistencia docente”, se instiga a los adultos a notificar a la Dirección General de Escuelas (DGE) sobre la falta de un maestro o profesor. Esta iniciativa se suma a un doble control ya existente: los reportes de las direcciones de cada establecimiento y un sistema biométrico presente en la mayoría de las escuelas locales.

    Para Carina Sedano, secretaria general del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), la medida genera un clima de confrontación: “Primero nos ponen en contra de la comunidad. Segundo, desconfían o les sacan la tarea o desconfían de la tarea que realizan los equipos directivos”, advirtió en diálogo con Cadena 3. Según Sedano, este tipo de control es innecesario y conflictivo, y puede derivar en reportes falsos si un padre decide perjudicar a un docente por cuestiones personales.

    El sistema, además, se conecta con incentivos económicos que condicionan la asistencia docente: el ítem aula, implementado en 2016, representa el 10% del sueldo, mientras que el ítem arraigo, que premia la permanencia en la escuela, también se pierde ante ausencias. Sedano señaló que estas medidas, lejos de garantizar la calidad educativa, ponen en riesgo la salud de los docentes y pueden afectar la convivencia escolar.

    La escalada del control llega a CABA

    Un fenómeno similar, aunque con otra tecnología, se registra en la Ciudad de Buenos Aires. Según publicamos hace unos días en Noticias La Insuperable, desde la gestión de Jorge Macri se busca implementar relojes de control biométrico para acreditar el presentismo docente y no docente, bajo el argumento de mejorar la liquidación de haberes.

    Desde el sindicato Ademys alertan que la medida es parte de una persecución: “El gobierno insiste en entregar los datos personales de la docencia a una empresa privada sin dar ningún tipo de información sobre el uso de los mismos ni sobre los fondos que destina para tal fin”. El sistema elegido, tal cual dimos la Primicia en este portal, es el de la empresa china ZKTeco, que incluye huellas dactilares y reconocimiento facial, y según informes internacionales, posee 24 vulnerabilidades críticas que podrían exponer información sensible de miles de trabajadores.

    La licitación porteña, además, ha sido cuestionada por su falta de transparencia: solo se permite la provisión de equipos de una marca específica, mientras que los pedidos de informe de legisladores quedaron sin respuesta. El monto estimado para la adquisición asciende a $362 millones, en un contexto donde los salarios docentes continúan por debajo de la línea de la pobreza y la infraestructura escolar presenta problemas estructurales graves.

    Mendoza y CABA: un patrón de persecución

    La combinación de herramientas digitales, incentivos económicos punitivos y sistemas biométricos muestra un patrón que se repite entre provincias y la Ciudad: el control y la supervisión se priorizan sobre la educación y la protección de los trabajadores. Mientras en Mendoza se coloca a los padres en la tarea de fiscalizar a los docentes, en CABA se delega la información personal y biométrica a una empresa privada con historial de vulnerabilidades.

    Como señaló Carina Sedano, “los avances en educación son resultado del trabajo de los docentes, no de su ausencia”. Sin embargo, las medidas implementadas tanto en Mendoza como en la Ciudad parecen poner en jaque la autonomía profesional y la dignidad de los trabajadores de la educación, favoreciendo el disciplinamiento y el control por sobre la mejora real del sistema educativo.

    La experiencia mendocina y la implementación biométrica porteña dejan en claro que el conflicto docente y el debate sobre la privacidad y la transparencia no son casos aislados, sino parte de una tendencia creciente de gobiernos que buscan auditar y vigilar a los trabajadores bajo la bandera de la eficiencia y el control.