Sociedad

La senadora Cándida López denunció este lunes al personal de Seguridad del Senado por «golpes» y «manoseo» cuando llegó a las puertas de su oficina, junto a un cerrajero, para abrirlas. El escándalo se produjo porque Victoria Villarruel cambió las cerraduras de los despachos de los senadores salientes para administrar la entrega de las llaves a los nuevos integrantes, una resolución que comunicó vía decreto en septiembre pasado.

Desde el entorno de la legisladora, indicaron que la fueguina radicó su denuncia en la comisaría del Congreso. En su testimonio acusó lesiones en un tobillo, constatadas por personal médico del Senado, pero también «manoseos en la zona de los glúteos» y «en su zona pélvica delantera».

López interpreta que las agresiones están vinculadas a la fórmula que eligió para prestar juramento en el recinto el viernes pasado, cuando prometió sobre los evangelios «por los 30 mil desaparecidos», haciendo especial énfasis en la cifra frente a la Vicepresidenta, que acredita trayectoria militante en grupos caracterizados por lo que se conoce como negacionismo frente a los crímenes de lesa humanidad.

Fuentes vinculadas a Villarruel consideraron «una provocación» la actitud de la senadora López. «Esto empezó cuando asistió a la jura acompañada de 9 personas y hoy vino al Senado con un cerrajero, lo que de muestra que no está en sus cabales», explicaron, y agregaron que «la Vicepresidenta comunicó todo en un decreto de septiembre y acordó los términos con los presidentes de todos los bloques».

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López sostiene que Villarruel cambió la cerradura y mandó a colocar una faja en la puerta de la oficina que pretende el viernes pasado, después de la sesión de la jura. Después de la escena de los forcejeos y las agresiones, la fueguina volvió acompañada por Juliana di Tullio, quien logró sonsacarle a uno de los vigilantes que Villarruel ingresó al despacho, donde López había dejado su computadora personal. «Si te falta algo, ya sabés», dijo Di Tullio.

Además, López consideró: «Que la vicepresidente Villarruel ingrese de manera ilegal al despacho de otro senador nacional es un ataque de extrema gravedad institucional y una violación a la autonomía del Poder Legislativo».

Un senador libertario criticó a su colega fueguina y deslizó que su actitud pudo estar impulsada por el kirchnerismo, más allá de que la Vicepresidenta habría acordado con las autoridades de las distintas bancadas, incluido el formoseño José Mayans. «Esto va a empezar a pasar seguido porque hay senadores que responden más a la superestructura que a las conducciones de bloques», dijo.

Según el equipo de la senadora agredida, el gabinete de López venía desempeñándose en las oficinas del senador saliente Sergio Leavy, una decisión que alegan haberle comunicado a la titular del Senado a través de las autoridades del interbloque de UP. «Ningún otro despacho en el Senado fue fajado, ni le cambiaron la cerradura, estando senadores del oficialismo y de la oposición con acuerdos políticos similares a los de López y Leavy», informó la fueguina en un comunicado de prensa.

López acudió este lunes con un cerrajero, según su vocero, luego que Villarruel no respondiera a sus mensajes y llamados durante el fin de semana. En el forcejeo con el personal de seguridad, la senadora sufrió una lesión en el tobillo derecho, constatada por el doctor Gustavo Apreda, médico del Senado.

Que la vicepresidente Villarruel ingrese de manera ilegal al despacho de otro senador nacional es un ataque de extrema gravedad institucional y una violación a la autonomía del Poder Legislativo.

La guerra por los despachos no es una novedad en el Congreso. En diciembre de 2023, los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano sacaron sus escritorios al pasillo porque no les daban oficinas.

LPO reveló la semana pasada que incluso el jujeño Ezequiel Atauche, ex jefe de la bancada libertaria, sufrió un piquete de los senadores oficialistas ingresantes para que les garantice los mejores lugares dentro del palacio, una posición preciada para los legisladores. El fantasma del descrédito inicia para algunos cuando se los desplaza o confina a los edificios anexos de la cámara.

El acuerdo entre Axel Kicillof y Sergio Massa se mantiene en el Puerto Quequén. Las negociaciones están encaminadas para que un dirigente del Frente Renovador sea quien reemplace al frente del complejo portuario a la massista Jimena López, que asumirá la semana que viene en la Cámara baja nacional.

Fuentes del entramado portuario señalaron a LPO que, ya desde el momento en que se conoció la candidatura a diputada de la actual titular del puerto, comenzó una puja interna dentro y fuera de Necochea por el manejo de la principal terminal cerealera de la provincia.

Más allá de eso, en los últimos días se avanzó en la ratificación de esa plaza para el massismo. Aunque aún no está definido el nombre, trascendió que se trata de un hombre del FR con experiencia en el sector.

Como primer desafío para la futura conducción del puerto figura la licitación del manejo del elevador de granos que opera hace 33 años Terminal Quequén, compuesta por grandes agroexportadoras y por entidades como la Sociedad Rural Argentina, Coninagro, CRA y la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, entre otras.

Durante los últimos cuatro años, la operación del elevador de granos viene siendo prorrogada.

Fuentes del sector señalaron a LPO que las cerealeras especulan con la seguidilla de prórrogas para no exponerse a las condiciones de un nuevo pliego que reconfigure cánones y les recorte los ingresos. Eso, sin contar la posibilidad de competidores.

Desde 2022, las prórrogas se venían dando por un año. Sin embargo, en los últimos días Jimena López extendió la concesión vigente sólo por seis meses.

En las empresas, fuentes consultadas sostienen que, del pliego borrador que circula desde agosto pasado, el único capítulo que es resistido es el económico. Atentas a las variables políticas, en el sector privado sostienen que la idea de las cerealeras es patear toda discusión a 2028.

 Como primer desafío para la futura conducción del puerto figura la licitación del manejo del elevador de granos que opera hace 33 años Terminal Quequén, compuesta por grandes agroexportadoras y por entidades del agro  

Pero en el gobierno de Kicillof están decididos a licitar la terminal de granos en 2026. «Hay que darle previsibilidad al negocio para los próximos 30 años, no se puede estar en una situación jurídica tan floja», dijo a LPO una fuente al tanto de la situación.

El año pasado se había trabado la discusión entre las empresas (que son parte del directorio) y el gobierno bonaerense por el planteo del Ejecutivo de una reserva del 30% de los granos en acopio para la Provincia con el objetivo de abrir el juego a los pequeños productores.

Desde entonces, el debate por el pliego de la futura concesión siempre estuvo anclado en los aspectos económicos, con resistencias que también incluyeron a miembros de la Mesa de Enlace.

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Es que, con las condiciones actuales que rigen desde 1992, además de las cerealeras, las entidades intermedias tienen su ganancia: se llevan el 15% de las utilidades anuales de la Terminal Quequén.

Más allá de esta controversia vigente con las cerealeras, en La Plata hay conformidad con el funcionamiento del consorcio portuario en Quequén, que logró el récord de buques operados en 2024 y en 2025 se dirige a superar por primera vez en la historia un movimiento de 8 millones de toneladas de granos.

La titular del Consorcio de Gestión del Puerto Quequén, Jimena, López, durante una visita de Kicillof el año pasado.

En un reciente balance de la gestión de Jimena López al frente del puerto, se expuso la cancelación de deudas por USD 3 millones, relativo a dragados, y por USD 500 mil en términos de pasivos salariales.

Entre otros puntos, también se destacó la puesta en marcha del Complejo Pesquero con una inversión de USD 10 millones y el impulso en materia de industria naval, con la botadura de dos buques. 

Los gobernadores peronistas presionan a fondo a La Cámpora para quedarse con la conducción del bloque de Fuerza Patria en la Cámara de Diputados. La movida forma parte de la estrategia de la dirigencia del PJ por despegarse de Cristina Kirchner, que desde su prisión domiciliaria en San José 1111 termina subordinando al movimiento a su propia batalla judicial.

Como reveló LPO la semana pasada, los caudillos provinciales primero sondearon la posibilidad que Pablo Yedlin reemplazara a Germán Martínez como jefe de bancada, pese a que el tucumano hizo saber que no quería formar parte de una maniobra contra su par santafecino. Pero, en paralelo, aceleraron el diálogo entre ellos para apurar de nuevo el poskirchnerismo, algo que quedó patente en el encuentro promovido por Gustavo Sáenz en la Casa de Salta.

Yedlin, por su parte, tuvo que tuitear una humorada para desactivar el revuelo que se armó en el kirchnerismo cuando la jugada quedó expuesta pero terminó ratificando en declaraciones a FM La Patriada cada uno de los argumentos que explican el malestar de los legisladores del interior con respecto a sus colegas porteños y bonaerenses. Por caso, reconoció que la actual conducción de bloque, representada por Martínez, Paula Penacca y Cecilia Moreau, lleva una agenda política signada por los intereses del AMBA y quedan afuera los temas de las provincias.

También dijo que no estaba interesado en liderar el bloque pero que tampoco afirmó categóricamente que declinaba esa chance. «Creo que Germán está haciendo un muy buen trabajo, pero no es que no quiero, ¿quiénes definen la jefatura de bloque? Es algo que tenemos que discutir dentro del bloque. Tampoco quiero decir que no quiero porque imaginate que después todo el bloque me pone a mí», expresó.

En efecto, la jugada escaló durante el fin de semana. Por eso, Raúl Jalil demora en formalizar la ruptura de sus cuatro diputados, algo que anunció hace semanas pero no termina de concretar. «Si Germán se va, los de Jalil se quedan», fue lo que dijo un peronista del interior a LPO.

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Fuentes al tanto de las conversaciones contaron que en la jugada intervienen ya no solo el gobernador catamarqueño sino los peronistas Gildo Insfrán y Ricardo Quintela, como así también Gerardo Zamora, el ex aliado santiagueño de Cristina Kirchner. «Insfrán y Zamora están hablando, Sáenz se podría acoplar sin problema y hay una excelente relación con (Oscar) Herrera Ahuad», comentaron en referencia al diputado electo que responde al exgobernador misionero Carlos Rovira.

Cerca de una de las autoridades del PJ nacional agregaron que Herrera Ahuad «viene articulando con los gobernadores». Aunque un sector del bloque peronista mira con recelo, los legisladores salteños y misioneros de Innovación Federal forman parte del peronismo en sus provincias, donde el partido fue intervenido por Cristina Kirchner, y hasta compartieron listas con el Frente de Todos, como es el caso de la diputada Pamela Calletti, que conclye ahora su mandato y responde a Saénz.

Insfrán y Zamora están hablando, Sáenz se podría acoplar sin problema y hay una excelente relación con (Oscar) Herrera Ahuad.

La situación es paradójica porque, justo en el momento en que los libertarios amenazan con quedarse con la primera minoría en la Cámara Baja, el peronismo podría encontrar la fórmula para agrandar su propio bloque. Mientras Jalil mantenga su tropa dentro de Fuerza Patria, el oficialismo no podrá arrebatarle esa ventaja al principal espacio opositor en el Congreso.

Como sea, Martínez convocó la semana pasada a una reunión de bloque para este martes. Se supone que los integrantes de Fuerza Patria debatirán la posición política del bloque y el modelo de conducción. Para relativizar las intenciones de los gobernadores, desde el kirchnerismo apuntan que hasta la semana pasada se hablaba de una confluencia de Osvaldo Jaldo y Jalil con Sáenz y Rovira, con el objetivo ampliar la bancada de Innovación Federal bajo el formato de interbloque. 

El ex ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, fue citado a indagatoria en la causa donde se investiga si recibió coimas a cambio de direccionar la licitación de la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Deberá presentarse ante la Justicia el 15 de diciembre.

Junto con D’Onofrio también deberán presentarse a declarar a lo largo de este mes ocho empresarios que habrían pagado los sobornos. Todos fueron señalados por el fiscal de La Plata Álvaro Garganta, quien lleva adelante la investigación del caso.

El fiscal Garganta encontró evidencias para indagar al ex titular de Transporte acerca de presuntos acuerdos con siete empresas para garantizarles la adjudicación del servicio de VTV a cambio de coimas. Las compañías beneficiarias fueron Sistema Integral del Automóvil SA, VTV Sud SA, Carpes All SA, SGS Argentina SA, VTV Norte SA, Applus Iteuve Argentina SA y VTV Noroeste SA.

D’Onofrio viene de ser procesado y embargado en 350 millones de pesos por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, en otro expediente donde se investigan maniobras de corrupción con las multas de tránsito y la VTV, por el presunto delito de lavado de activos de origen ilícito.

En esa causa el exministro fue acusado de «sustraer de las arcas del Estado provincial y los respectivos municipios, los fondos derivados del sistema de cobro de multas de tránsito (…) acumulando siderales sumas de dinero invertidas luego para la adquisición de bienes muebles e inmuebles».

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La causa en cuestión inició el 5 de septiembre de 2024, a partir de una denuncia que indicaba que D´Onofrio era el líder -junto a la concejal Pilar Pombo- de una «estructura criminal integrada por distintos estamentos, con división de funcionarios y establecimientos de jerarquías».

El texto también aseguró que el objetivo de esta asociación era «sustraer de las arcas del Estado provincial y los municipios los fondos derivados del sistema de cobro de multas de tránsito instalados a lo largo del territorio bonaerense, para acumular siderales sumas de dinero invertidas para la adquisición de bienes muebles e inmuebles bajo una falsa apariencia lícita».

Según la acusación de Garganta, estos funcionarios que obedecían a D’Onofrio «actuaron en connivencia con terceros ajenos a dicho organismo quienes captaban como «gestores» a deudores de infracciones de tránsito ofreciéndoles reducciones del 50% del monto adeudado».

Estos «gestores» ofrecían la posibilidad de eliminar las multas de tránsito a cambio de un porcentaje del monto que el infractor debía pagar. Esto generó graves pérdidas económicas a Secutrans, la empresa encargada del sistema de fotomultas en la provincia de Buenos Aires. Esta modalidad generó una caída en sus recaudaciones de entre 4 y 10 millones de dólares mensuales debido a estas prácticas fraudulentas.

Con las reservas en rojo crítico, el Banco Central desembolsó este lunes USD 1.012 millones para pagar un vencimiento de Bopreal, el bono que inventó Toto Caputo para patear la duda con importadores. Y aún así las reservas subieron. El número parece mágico, pero no lo es. Se llama asiento contable: apenas un 6,4% del pago salió del país, el resto se quedó dentro del sistema financiero local y, por norma, se computó como encaje bancario. Es decir, dinero de los depositantes que quedó inmovilizado y ahora figura como parte de las reservas. 

Los analistas del mercado lo explican con una mezcla de perplejidad y resignación. «Pagó con los encajes, los está usando», repiten en la City. Y ese es el punto: el BCRA no está sumando dólares genuinos, está reacomodando los dólares de otros. 

Los números lo confirman. Las reservas brutas cerraron este lunes en USD 41.776 millones, pero las reservas netas siguen en negativo, por más de US$16.000 millones. La diferencia no es contable: es estructural. De ese total, USD 14.000 millones pertenecen al FMI y están bloqueados para uso doméstico; otros USD 18.000 millones corresponden al swap con China, del cual una tercera parte ya fue utilizada. El resto, lo que queda disponible, son los encajes, es decir depósitos en dólares de la gente, que el Central inmoviliza.

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Son dólares que los bancos privados están obligados a mantener inmovilizados como respaldo, y que el BCRA contabiliza dentro de su balance. Un ex presidente del BCRA fue categórico: «Sí, se están usando los encajes. Y los encajes son los depósitos de la gente.»  

La pregunta ya no es contable, sino política: ¿hasta dónde puede estirarse el rojo del Banco Central? ¿Hay un límite para la deuda invisible que representa usar encajes para pagar deuda? 

De hecho, los depósitos en dólares del sector privado tocaron un récord, impulsados por la dolarización preelectoral y por el festival de deuda privada. En octubre superaron los USD 35.100 millones, según el balance cambiario oficial. Parte de ese flujo se originó en colocaciones de empresas como Tecpetrol, YPF, Pampa Energía y Edenor, entre otras. 

Aunque las normas indican que esos fondos deben liquidarse en el MULC en un plazo de cinco días, existen excepciones: algunas emisiones pueden integrarse con bonos públicos o a través de mecanismos diferidos, lo que retrasa la entrada efectiva de divisas y, a la vez, permite que esos dólares «descansen» en el sistema financiero local. 

En ese contexto, la pregunta ya no es contable, sino política: ¿hasta dónde puede estirarse el rojo del Banco Central? ¿Hay un límite para la deuda invisible que representa usar encajes para pagar deuda? 

«El negativo es infinito siempre y cuando se sostenga la confianza en el sistema», agregó un ex funcionario del Banco Central. 

Por eso, el «milagro» de las reservas que suben mientras se paga deuda no es un acto de eficiencia, sino de contabilidad creativa. El Central sostiene la ilusión de abundancia mientras usa los ahorros del sistema como muleta de liquidez.