Avanzan la recuperación de las pistas de skate del ex Velódromo

Avanzan la recuperación de las pistas de skate del ex Velódromo

 

El gobierno porteño avanza con la recuperación del ex velódromo de la Ciudad, que tendrá una nueva cancha de beach volley, el reacondicionamiento integral de la pista de skate creada por Vans y sectores de escalada.

El ex velódromo está en el Parque Tres de Febrero, una de las áreas más concurridas de la Ciudad y donde los fines de semana pueden pasar más de 100 mil personas.

El gobierno porteño trabaja junto a la Comuna 14 en la renovación del predio y la intervención abarca más de 42 mil metros cuadrados de espacio público.

Las obras permitirán recuperar la entrada histórica del ex velódromo y ordenar el tránsito, el estacionamiento, generar nuevos senderos y dar continuidad al circuito aeróbico de Palermo.

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Las intervenciones suman la recuperación de las instalaciones históricas creadas durante el gobierno de Juan Perón en 1951 para recibir a los Juegos Panamericanos, hasta la construcción de nuevas veredas y árboles.

La nueva cancha de beach volley permitirá que en el predio se disputen competencias nacionales e internacionesl. Además, el gobierno prevé reparar 3500 metros cuadrados de peraltes de la pista de skate.

Se incorporarán 480 metros cuadrados de juegos que tendrán tomas de escalada según la edad, pisos de caucho y redes trepadoras.

También se sumarán nuevos bancos en zonas de descanso y nuevas especies de árboles para generar sombra y mejores condiciones ambientales.

Los trabajos permitirán la instalación de nuevas luminarias y farolas y la incorporación de más de dos kilómetros de tendido eléctrico para mejorar la visibilidad de la zona «y aportar mayor seguridad en los accesos y senderos», dijeron desde la Ciudad.

«Trabajamos para que el espacio público cuente con infraestructura moderna y que estén bien iluminados, sean seguros y accesibles. La recuperación del ex Velódromo va en esa dirección», agregó el ministro de Espacio Público, Ignacio Baistrocchi.

 

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    Por eso, solicita la suspensión de las designaciones realizadas en la escandalosa sesión del miércoles pasado. Fuentes del PRO comentaron a LPO que el lunes se realizaría el sorteo de la causa para saber en qué juzgado recaería, acaso un posible dolor de cabeza para el gobierno. Hasta el viernes, el oficialismo no creía que Ritondo tuviera la determinación de presentar su objeción en sede judicial.

    Martín Menem, en recinto.

    Además, en la presentación expresó: «Enfaticé que la Auditoría General de la Nación es un órgano extrapoder de rango constitucional, establecido en el artículo 85 de la Constitución Nacional, con autonomía funcional y de asistencia técnica del Congreso, y que la designación de sus autoridades no constituye ni un acto administrativo interno, ni una cuestión de privilegio parlamentario». «Agregué que durante las sesiones extraordinarias el Congreso carece de facultades para incorporar temas por su propia iniciativa, siendo el temario una atribución exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional que se establece en el Decreto de la convocatoria», sostuvo.

    La AGN es un órgano extrapoder de rango constitucional, con autonomía funcional y de asistencia técnica del Congreso, y la designación de sus autoridades no constituye ni un acto administrativo interno, ni una cuestión de privilegio parlamentario.

    Ritondo considera que «avanzar en la designación de autoridades de la AGN fuera de ese marco no fortalece el sistema de control, sino que lo debilita, al violentar las reglas constitucionales que lo sustentan». «La gravedad institucional del hecho se profundiza al advertir que la moción- voy a seguir hasta el cansancio, no sabemos qué moción- fueintroducida de manera sorpresiva, sin haber sido tratada en la reunión de Labor Parlamentaria, sin dictamen previo, sin debate alguno y completamente al margen del temario de sesiones extraordinarias», remarcó.

    Por otra parte, el diputado macrista acusa a los flamantes auditores de haber prestado juramento «procurando completar de facto un procedimiento cuya irregularidad fue objetada por legisladores, analistas y organizaciones especializadas en control institucional».

     

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