El Gobierno de Milei volvió a avanzar sobre uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. A través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada este lunes en el Boletín Oficial, la administración libertaria decidió eliminar las compensaciones económicas que el Estado nacional pagaba a las empresas de micros de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, trasplantados y niños con cáncer.
Aunque el texto intenta aclarar que el derecho al pasaje gratuito “sigue vigente”, la realidad material es otra: el Estado se retira del financiamiento del sistema y deja librado al mercado el sostenimiento de una política social esencial. En términos concretos, las empresas deberán absorber esos costos o trasladarlos de alguna manera. Y la experiencia argentina demuestra qué suele ocurrir cuando el Gobierno abandona este tipo de mecanismos: aparecen trabas, cupos limitados, negativas encubiertas y una creciente vulneración de derechos.
Por Tomás Palazzo para NLI
La resolución deroga el esquema que estaba vigente desde 2018 y que permitía compensar económicamente a las compañías de transporte por los boletos gratuitos entregados bajo el marco de la Ley 22.431 de discapacidad, la Ley 26.928 para personas trasplantadas y la Ley 27.674 de protección integral para niños y adolescentes con cáncer.
El ajuste llega a quienes más dependen del Estado
El argumento oficial es el mismo que Milei repite desde que asumió: “desregular”, “achicar el gasto” y dejar que el mercado resuelva lo que antes garantizaba el Estado. Según la resolución, como ahora las empresas tienen “libertad tarifaria” gracias al Decreto 883/2024, ya no corresponde que reciban subsidios compensatorios.
Detrás de ese lenguaje técnico se esconde una definición política brutal: el Gobierno deja de financiar un derecho social y traslada la carga económica a empresas privadas que históricamente ya buscaron limitar este tipo de prestaciones.
El problema es evidente. El derecho formal puede seguir escrito en la ley, pero sin financiamiento estatal su cumplimiento queda debilitado. No hace falta demasiada imaginación para prever el escenario que se viene: más dificultades para conseguir pasajes, cupos “agotados”, demoras administrativas interminables y judicialización permanente.
La medida impacta sobre personas con discapacidad, pacientes trasplantados y chicos con cáncer
En otras palabras, el derecho seguirá existiendo en los papeles mientras el acceso real se vuelve cada vez más difícil para quienes necesitan viajar por tratamientos médicos, controles de salud o rehabilitación.
La lógica de Milei: derechos mínimos y Estado ausente
La resolución es coherente con el modelo ideológico que Milei viene aplicando desde el inicio de su gestión. El Gobierno busca reducir toda intervención estatal incluso en áreas sensibles donde históricamente existió consenso social y protección jurídica reforzada.
Lo llamativo es que la medida impacta sobre personas con discapacidad, pacientes trasplantados y chicos con cáncer: sectores cuya protección está reconocida no sólo por leyes nacionales sino también por tratados internacionales con jerarquía constitucional.
Sin embargo, el Gobierno elige mirar exclusivamente la variable fiscal. El texto oficial habla de “internalizar costos” y de “eficiencia económica”, como si el acceso al transporte para personas vulnerables fuera simplemente una distorsión presupuestaria y no una obligación básica de un Estado democrático.
La decisión también desnuda otra contradicción libertaria. Mientras Milei insiste en atacar supuestos “privilegios” sociales, el Estado sigue destinando enormes recursos a beneficios impositivos para grandes grupos económicos y al pago permanente de deuda financiera. El ajuste, otra vez, cae sobre quienes menos capacidad tienen de defenderse.
Un escenario de conflicto y posibles demandas judiciales
Especialistas en discapacidad ya advierten que la eliminación de las compensaciones podría derivar en una ola de conflictos judiciales. Si las empresas comienzan a restringir el acceso efectivo a los pasajes gratuitos, el Estado nacional podría enfrentar denuncias por incumplimiento de obligaciones legales y convencionales.
Porque el punto central es simple: no alcanza con decir que el derecho existe si al mismo tiempo se desmantelan los mecanismos que permiten ejercerlo.
La historia reciente argentina muestra que cada vez que el Estado se retira de políticas de protección social, quienes terminan pagando el costo son los sectores más vulnerables. Y esta resolución parece avanzar exactamente en esa dirección.
Paolo Rocca quiere convencer a Mauricio Macri de que apoye una hipotética candidatura presidencial de Patricia Bullrich en 2027, para enfrentar a Javier Milei con un proyecto de derecha racional.
El CEO del Grupo Techint se reunió con el expresidente hace poco más de un mes en su casa de Martínez y, entre otras cosas, le habría pedido que se sume a la idea de un plan B que promueve un sector del establishment, revelada por LPO.
Rocca fue el gran promotor económico de la candidatura de Bullrich en 2023 y ahora quiere volver a la carga para construir una alternativa a Milei que continúe con la base de su proyecto económico pero tenga una mirada más productiva y de protección a la industria nacional.
En el establishment hay un temor importante a que la falta de resultados del modelo de Milei en la economía real termine haciendo competitivo al peronismo y le dé chances de ganar las elecciones a Axel Kicillof. Es por eso que buscan un plan B y empujan a Patricia.
Bullrich ya tiene muy lanzado el proyecto presidencial en caso de que llegue su momento, ya sea porque la reelección de Milei entra en crisis y queda como la única opción libertaria o porque decide confrontar directamente con el gobierno. Un rumor fuerte es que Patricia ya está armando su equipo de campaña, en el que estaría trabajando el consultor Derek Hampton, ex socio de Santiago Caputo.
Casualidad o no, tras aquella reunión con Rocca, Macri empezó a moverse fuerte y lanzó su slogan del «próximo paso», con el que juega con la idea de volver a ser candidato.
Además de las cumbres del PRO que organizó, el expresidente se reunió con gobernadores de peso como el cordobés Martín Llaryora, tal como reveló LPO, y el mendocino Alfredo Cornejo, al que visitó la semana pasada y tienta para un rearmado de Juntos por el Cambio.
Al mismo tiempo, Macri está trabajando para sumar a su proyecto a las viudas de La Libertad Avanza, como Guillermo Francos, Ramiro Marra y Diana Mondino. La excanciller lo escuchó a Macri el jueves pasado en la Universidad Austral, cuando dijo que Milei se cree un profeta.
En su visita a Mendoza mantuve un encuentro de camaradería con el expresidente Mauricio Macri.Siempre es valioso poder dialogar y compartir miradas sobre la situación económica y social de la Argentina y de nuestra provincia. Son intercambios que aportan perspectiva y… pic.twitter.com/z8SEDbqTjW
El relato triunfalista de la Casa Rosada empezó a chocar contra un dato que preocupa cada vez más al oficialismo: el desgaste social ya se traduce en números concretos. Una nueva encuesta nacional de la consultora CEOP Latam reveló que más del 62% de los argentinos asegura que no votaría una reelección de Milei, mientras que apenas un 29,9% afirma que volvería a acompañarlo en las urnas.
Por Roque Pérez para NLI
El dato golpea en un momento especialmente delicado para el Gobierno, atravesado por la caída del consumo, la recesión prolongada, los conflictos internos en La Libertad Avanza y una creciente pérdida de confianza pública. La encuesta además mostró un escenario que hace apenas meses parecía impensado para el oficialismo: el peronismo vuelve a aparecer competitivo como expresión política y económica frente al experimento libertario.
El derrumbe de la imagen oficialista
Según el relevamiento, el gobernador bonaerense Axel Kicillof aparece incluso por encima de Milei en intención de voto, con un 30,3%, mientras que el Presidente no logra romper el techo del 30%. Más contundente todavía es el rechazo: seis de cada diez argentinos descartan volver a votar al líder libertario.
La encuesta también deja otra señal política importante. El modelo económico identificado con el peronismo-kirchnerismo alcanza un 46,5% de adhesión, mientras que el esquema mileista queda varios puntos atrás con 36,3%. En otras palabras: la sociedad empieza a separar el enojo con la “casta” del impacto concreto que las políticas económicas tienen sobre la vida cotidiana.
No se trata de un fenómeno aislado. Otro informe difundido en las últimas horas por la Universidad Torcuato Di Tella mostró que la confianza en el Gobierno cayó por quinto mes consecutivo y alcanzó uno de los peores registros desde que Milei asumió. El índice retrocedió 18,7% interanual y acumula una caída de casi 20% en lo que va del año.
Ajuste, recesión y promesas incumplidas
El corazón del problema parece estar en la economía real. Mientras el Gobierno insiste con mostrar una desaceleración inflacionaria como gran logro político, la situación social sigue deteriorándose. El salario perdió capacidad de compra, el mercado interno continúa deprimido y miles de pequeños comercios, industrias y trabajadores informales sienten el impacto del ajuste.
La propia encuesta refleja ese malestar: un 60% considera que el país está peor que hace un año y más de la mitad cree que dentro de otro año la situación será todavía peor.
Ese deterioro erosiona uno de los principales activos que Milei supo construir durante 2024 y parte de 2025: la expectativa. Durante meses, buena parte de la sociedad toleró el ajuste bajo la promesa de una recuperación futura. Pero cuando la mejora no llega al bolsillo, la paciencia social empieza a agotarse.
Incluso dentro del universo opositor al peronismo aparecen señales de fragmentación. El PRO atraviesa tensiones internas, mientras sectores liberales empiezan a cuestionar el nivel de confrontación permanente impulsado desde la Casa Rosada. El abrazo reciente entre Milei y Jorge Macri durante el Tedeum del 25 de Mayo dejó en evidencia la necesidad oficialista de reconstruir alianzas políticas ante un escenario menos favorable.
El “fenómeno Milei” ya no parece invencible
Durante gran parte de 2024 y 2025, el oficialismo logró instalar la idea de que Milei conservaba un núcleo social sólido e inmune al desgaste. Sin embargo, los números empiezan a mostrar otra realidad: la imagen negativa supera el 60% en varios estudios y el rechazo a una eventual reelección se consolida.
La política argentina tiene una larga historia de gobiernos que parecían invulnerables hasta que el impacto económico llegó a la vida cotidiana. El problema para Milei es que su proyecto depende casi exclusivamente de sostener expectativas positivas mientras aplica un ajuste feroz. Cuando esas expectativas se rompen, el blindaje discursivo pierde eficacia.
Por ahora, el oficialismo conserva una base intensa de apoyo y una fuerte presencia digital. Pero las encuestas empiezan a mostrar que el rechazo social ya dejó de ser un fenómeno marginal. Y en política argentina, cuando el humor social cambia, suele hacerlo rápido.
Bariloche modificará su Carta Orgánica y en el oficialismo buscan desbloquear el loteo del Cerro Catedral. La oposición al intendente Walter Cortés y Alberto Weretilneck no tiene hasta ahora ninguna estrategia.
Las elecciones para los 15 convencionales que debatirán las modificaciones a la Carta Orgánica serán entre septiembre y noviembre. La fecha responde a razones más esotéricas que políticas: en el oficialismo creen que en la primavera los vecinos están más contentos.
La constitución barilochense prevé revisiones cada 20 años y la última adecuación ocurrió en 2007. Convocar a elecciones de convencionales es una potestad del intendente.
Entre los temas a discutir el principal es la intangibilidad del Cerro Catedral. La Carta Orgánica considera al cerro como «porción inalienable de su patrimonio» y eso cierra la puerta a cualquier tipo de desarrollo inmobiliario.
Ficha limpia, segunda vuelta y eliminación de varios organismos, entre ellos los organismos de control, son algunas de las cuestiones que abordarán los convencionales. El intendente también busca bajar de 11 a 7 la cantidad de concejales, lo que dejaría a cualquier oficialismo más cerca de la mayoría.
Según dijeron fuentes locales, la oposición está completamente fragmentada y no tiene ningún tipo de estrategia para enfrentar la alianza tácita entre Cortés y Weretilneck. Se espera que compitan entre diez y once partidos, varios de ellos vecinalistas. «Si el panorama es ese, va a salir la privatización del cerro», adelantó un concejal opositor a LPO.
En 2027 los barilochenses deberán votar al tres cuatro veces: para las elecciones provinciales, para las locales y de haber Paso, otras dos para las nacionales.
En medio de las peleas del gobierno, Javier Milei sigue sin definir la interna libertaria. En la reunión de Gabinete tras el Tedeum, el presidente esbozó conceptos teóricos sobre economía, sobre el Estado y habló de la batalla cultural.
Milei buscó fotografiarse y abrazar a todos los protagonistas de la interna, incluída Bullrich. Patricia fue vetada por Karina Milei de las primeras filas de la ceremonia en la Catedral y del Cabildo. Más tarde, el presidente la hizo salir a saludar a la escasa concurrencia desde el balcón de Casa de Gobierno.
Lo mismo ocurrió con Santiago Caputo, otro enemigo de Karina. Estuvo sentado muy adelante en la Catedral, en el escenario del Cabildo y también salió al balcón de Gobierno.
El asesor subió una imagen suya junto a Lule Menem y luego Caputo hizo circular un video donde se limpia la mano en el sobretodo tras saludar al funcionario.
«Javier no definió nada», se lamentó uno de los asistentes a la reunión. El presidente abordó cuestiones de teoría económica, de la batalla cultural y aseguró que los números de la industria son buenos.
«No le gusta pelearse, prefiere hablar de cosas abstractas», explicó a LPO un dirigente libertario que conoce bien al presidente.
El documento de 136 páginas en inglés que el FMI publicó el viernes a última hora dejó mucho más que la aprobación técnica del programa argentino. Entre gráficos, notas al pie y observaciones del staff, el organismo expuso una tensión profunda con la estrategia que Santiago Bausili viene ejecutando en el Banco Central.
La lectura que hacen en el mercado es contundente: Washington ya no discute sólo medidas puntuales. Está cuestionando toda la arquitectura monetaria. Detrás del lenguaje técnico hay un mensaje político claro: el Fondo quiere modificar la política cambiaria que hoy administra el Banco Central.
El propio documento plantea que «el marco monetario debería seguir evolucionando para apoyar la desinflación y una mayor flexibilidad cambiaria» y agrega que «la continuidad de la flexibilidad cambiaria» resulta «esencial para reconstruir de manera decisiva los colchones externos». O sea, piden la liberación total del cepo que Bausili se encargó de negar.
También sostiene el documento que «el tipo de cambio continuaría moviéndose de manera flexible dentro de la banda ampliada» y reclama «nuevas mejoras al esquema, incluidos esfuerzos para contener la volatilidad de las tasas de interés».
El informe funciona como una radiografía de las diferencias entre el manual clásico del Fondo y el esquema financiero que utilizó el Gobierno para estabilizar la economía sin detonar una crisis bancaria. El FMI avala el ajuste fiscal y la desaceleración inflacionaria, pero objeta casi todos los instrumentos utilizados para conseguirlos. Tasas negativas, atraso cambiario, controles de capitales y fusión operativa entre el Tesoro y el Banco Central aparecen bajo observación.
El documento remarca que «la política monetaria debería seguir enfocada en apoyar la desinflación» y que serán necesarias «medidas para contener aún más la volatilidad de las tasas de interés y mejorar la transmisión monetaria y la asignación del crédito». A la vez, advierte sobre «vulnerabilidades derivadas de descalces cambiarios y de plazos».
La primera crítica atraviesa la política de tasas. El staff técnico insiste en que una economía con inflación alta necesita tasas reales positivas para sostener la demanda de moneda local. Bausili hizo exactamente lo contrario durante buena parte del programa. Aplicó rendimientos negativos para licuar los pasivos remunerados heredados de las Leliqs y los Pases. La lógica oficial era desactivar la bomba cuasifiscal aunque el costo fuera castigar el ahorro en pesos.
El FMI avala el ajuste fiscal y la desaceleración inflacionaria, pero objeta casi todos los instrumentos utilizados para conseguirlos. Tasas negativas, atraso cambiario, controles de capitales y fusión operativa entre el Tesoro y el Banco Central aparecen bajo observación.
En el Fondo creen que esa estrategia resolvió un problema inmediato pero creó otro más delicado. Según el informe, las tasas negativas trasladan presión hacia el dólar y debilitan la demanda estructural de dinero. Por eso el staff viene reclamando desde hace meses una transición hacia retornos reales positivos y una política monetaria más ortodoxa.
El segundo foco de conflicto es el tipo de cambio. Tras la devaluación inicial de diciembre de 2023, el Banco Central utilizó el crawling peg como ancla antiinflacionaria. Primero al 2% mensual y luego todavía más retrasado frente a la inflación. Para Caputo y Bausili, esa estabilidad cambiaria era indispensable para frenar el pass through y evitar que el ajuste fiscal quedara pulverizado por una nueva escalada de precios. El FMI piensa distinto.
En Washington sostienen que el peso volvió a apreciarse de manera peligrosa y que el atraso cambiario complica la acumulación de reservas genuinas. El documento insiste varias veces con la necesidad de avanzar hacia un esquema más flexible y con menos intervención.
El staff afirma que «el peso se estabilizó, apreciándose alrededor de 13 por ciento en términos reales desde fines de 2025» y advierte que «el tipo de cambio debería actuar como amortiguador frente a shocks». De hecho, el propio Bausili reconoció en el último documento de política monetaria que el plan económico está expuesto a efectos muy graves si ocurre algún shock externo.
La tercera discusión toca un nervio todavía más sensible: la relación entre el Central y el Tesoro. El FMI históricamente defendió la independencia de los bancos centrales para evitar que funcionen como caja financiera de los gobiernos. Pero bajo la conducción de Bausili ocurrió exactamente lo contrario. Economía y el BCRA operan como una estructura integrada. La transferencia de deuda desde el Central hacia Lecaps y LeFi emitidas por el Tesoro fue la señal más evidente de esa fusión de balances.
En el Gobierno celebran esa ingeniería porque permitió limpiar el balance del Banco Central y eliminar emisión monetaria futura. En el Fondo creen que el riesgo simplemente se trasladó desde el BCRA hacia el Tesoro y los bancos comerciales, cada vez más cargados de deuda soberana. El problema no desapareció. Cambió de ventanilla.
En una nota al pie de la página 7, el organismo aclaró que el superávit financiero informado por el Gobierno excluye los intereses capitalizables de los bonos cupón cero, registrados «debajo de la línea». Y agregó un dato demoledor: si se incorpora ese componente, el resultado financiero de 2025 mostraría un déficit cercano al 0,8% del PBI.
El documento insiste en que «el balance del Banco Central y su marco de gobernanza deberían continuar fortaleciéndose». También reclama «fortalecer la independencia de las instituciones de supervisión» y mejorar «los marcos de gobernanza».
Por eso en la City algunos interpretan que el FMI está marcando límites a Bausili. No un pedido explícito de renuncia, pero sí un cuestionamiento integral al funcionamiento del Banco Central. «El Fondo les está diciendo que con este esquema llegaron hasta acá, pero que no quieren seguir así», comentó a LPO un analista del mercado.
El documento también dejó una bomba fiscal escondida en la letra chica. En una nota al pie de la página 7, el organismo aclaró que el superávit financiero informado por el Gobierno excluye los intereses capitalizables de los bonos cupón cero, registrados «debajo de la línea». Y agregó un dato demoledor: si se incorpora ese componente, el resultado financiero de 2025 mostraría un déficit cercano al 0,8% del PBI.
La nota al pie dice textualmente: «Esta medida excluye pagos de intereses de bonos cupón cero, que están registrados debajo de la línea. Incluyendo el componente real de los intereses capitalizados por encima de la línea, el déficit total ascendería a alrededor de 0,8 por ciento del PBI».
La observación cayó especialmente mal en Economía porque perfora el principal relato político de Milei. El Gobierno construyó toda su legitimidad económica alrededor del déficit cero. Pero el propio Fondo dejó asentado que parte de ese equilibrio fiscal se sostiene pateando intereses hacia adelante. El ejercicio de contabilidad creativa aparece escondido en una nota al pie mientras arriba en el textose celebra el superávit como si fuera verdad.
El documento sostiene que «el programa continúa sujeto a riesgos elevados» y reclama «planes de contingencia sólidos». También señala que «las vulnerabilidades siguen elevadas» y menciona específicamente «reservas débiles» y «la falta de acceso sostenido a los mercados internacionales».
Como sea, la publicación del staff report reveló algo más profundo que una discusión técnica. Milei llegó prometiendo destruir el Banco Central. Terminó dependiendo de un Banco Central hiperintervenido, coordinado con el Tesoro y sostenido financieramente por el FMI. Y ahora el organismo que mantiene vivo el programa empezó a exigir cambios justamente en el corazón de ese esquema.
La demora en la difusión completa del acuerdo alimentó todavía las sospechas sobre las diferencias internas. En el mercado recuerdan que Kristalina anunció el entendimiento el 14 de abril, mucho antes que apareciera la letra chica. En despachos oficiales reconocen que durante esas cinco semanas hubo discusiones ásperas sobre reservas, política cambiaria y velocidad de apertura financiera.
La demora en la difusión completa del acuerdo alimentó todavía más las sospechas sobre esas diferencias internas. En el mercado recuerdan que Kristalina Georgieva anunció políticamente el entendimiento el 14 de abril, mucho antes de que apareciera la letra chica técnica. En despachos oficiales reconocen que durante esas cinco semanas hubo discusiones ásperas sobre reservas, política cambiaria y velocidad de apertura financiera.
Ese desfasaje entre el respaldo político y las objeciones técnicas también fue leído como una señal de la tutela creciente de Estados Unidos y el Fondo sobre la política argentina. El propio texto refleja esa lógica, donde la democracia aparece reducida a una variable de riesgo que debe ser administrada para no alterar el plan económico.
El informe menciona «incertidumbres políticas de cara a las elecciones presidenciales de 2027» que podrían «provocar salida de capitales y frenar o revertir el impulso reformista». Además señala que será clave «sostener la continuidad de las políticas y el apoyo social al programa de reformas».
En ese contexto, el documento del viernes funcionó casi como una advertencia. El Fondo avaló el programa, pero dejó asentado que quiere otra política monetaria, otra dinámica cambiaria y otro funcionamiento del Banco Central.
