El inoxidable Agustín Rossi sorteó el enojo de Cristina por haberse hecho albertista y el de Sergio Massa, que lo tuvo que llevar con fastidio en la fórmula para la presidencia cuando prefería de candidata a vice a Natalia de la Sota.
Sin embargo, “El Chivo” logró sortear esos resquemores y es el candidato más fuerte para encabezar la lista de diputados nacionales del peronismo santafesino. Rossi le ganó la pulseada interna a Eduardo Toniolli del Movimiento Evita y asociado a Juan Monteverde, el dirigente de Ciudad Futura que ganó la elección de Rosario, después de medio siglo.
Con los senadores e intendentes apuntalando la lista del PJ, Rossi será secundado por una candidata de La Campora y el tercer lugar reservado para el Frente Renovador, dijo a LPO una fuente del peronismo provincial.
“No vamos a desarmar lo que construimos, incluso cediendo el primer lugar en la lista de convencionales. En Santa Fe vamos con Fuerza Patria y los nombres se pondrán el 17 de agosto”, confirmó a LPO un dirigente del espacio de Massa.
El que puso el grito en el cielo fue el espacio del ex gobernador Omar Perotti que dijeron a LPO que no fueron convocados al cierre de alianzas a pesar de haber aclarado a LPO que no pensaba romper con el PJ.
El ex gobernador le reclamó a las autoridades partidarias que garanticen las internas para elegir candidatos y presentó un recurso en la justicia electoral federal que fue aceptada por el magistrado subrogante en la materia, Cuello Murua, quien intimó al Partido Justicialista a que informe en las próximas 24 horas “la modalidad que adoptarán para elegir los candidatos”, señala la resolución a la que accedió este medio.
“Todos los que nos rompen los huevos con que vamos a romper, Omar (Perotti) fue el único que siempre, siempre, jugó por adentro mientras todos los que lo señalan fueron y volvieron según la conveniencia”, recordó en diálogo con este portal un dirigente cercano al ex gobernador.
En un nuevo revés para el Gobierno, Diputados aprobó este miércoles el proyecto de financiamiento universitario que, entre otras cosas, busca subir el presupuesto al 1% del PBI y actualización automática por inflación.
Más allá de este proyecto en sí, en el Gobierno se dispararon las alertas porque la oposición alcanzó un número que lo pone a solo un voto de los dos tercios necesarios para desafiar los vetos de Javier Milei a iniciativas como ésta, que el libertario considera que golpean su meta de déficit cero.
En concreto, la iniciativa que pasa al Senado otorga y actualiza fondos a las universidades nacionales se aprobó por 158 votos afirmativos, 75 negativos y 5 abstenciones.
El proyecto redactado por los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) también busca otorgar una suma especial para la creación de carreras estratégicas y la convocatoria a paritarias a docentes y no docentes.
Además establece una recomposición presupuestaria de mayo a diciembre del 2024 y, a partir de enero de este año, una actualización bimestral de acuerdo a la inflación.
Como contó LPO, el Gobierno no pudo frenar el quórum en Diputados para que se trate, tanto el aumento del presupuesto universitario como el financiamiento del hospital Garrahan, aunque sí logró el tratamiento del veto de Javier Milei a la emergencia en Bahía Blanca.
A pesar de que la Casa Rosada presionó a fondo a los gobernadores y el radicalismo para hacer caer la sesión, la oposición juntó 133 diputados y pudo abrir el debate.
“Te metiste con mi gente, ahora vas a ver. ¡Fuera el veto, los discas están primero!”. En Córdoba, Emi Ozan no necesita presentación: militante y autoridad disca de la Mesa de Trabajo en Discapacidad y DD.HH., su voz arenga desde el micrófono frente a cientos de personas en la Plaza San Martín. Es una de las voces centrales en la jornada de paro y movilización, convocada por organizaciones de todo el país, para repudiar el veto del presidente Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Le siguen otros compañeros y compañeras que manifiestan el pedido de que los legisladores “se pongan las pilas”, comparten relatos personales, cantan y expresan emociones muy diversas. Se alternan con las voces de familiares, trabajadores y profesionales del campo de la discapacidad. La plaza principal de la capital de una provincia que hace casi dos años apoyó en un 74 por ciento la llegada al poder del gobierno libertario hoy está colmada de carteles que lo repudian.
Un día antes, el Gobierno había publicado en el Boletín Oficial el veto a la ley aprobada por el Congreso. Un grupo de organizaciones de todo el país le respondió con un comunicado colectivo: “Desoyendo las millones de voces no sólo del colectivo de personas con discapacidad, sino de toda la sociedad argentina, el gobierno plasma con su veto el sello de una política de la crueldad, maquillada con la falacia del equilibrio fiscal”. Es el capítulo más reciente de una vertiginosa agenda de reclamos que no es nueva, pero que adquirió una dimensión insólita a partir de la brutal avanzada libertaria.
Una respuesta a la política de la crueldad
La Ley de Emergencia surge como una respuesta de organizaciones de la sociedad civil —y luego acogida por la oposición en el Congreso— a la política de avasallamiento sobre los derechos de las personas con discapacidad y al ajuste inédito al sistema de prestaciones que impuso el Gobierno.
Uno de los primeros golpes de La Libertad Avanza fue la derogación del decreto que permitía la compatibilidad entre pensión por discapacidad y trabajo formal. Esta compatibilidad había sido celebrada como una conquista histórica de un colectivo de más de cuatro millones de personas que tiene a más del 75 por ciento de la población económicamente activa desocupada. Las oportunidades de empleo a las que acceden las personas con discapacidad suelen tener condiciones precarias: sueldos bajos e inestabilidad. El riesgo de la suspensión o pérdida de la pensión, que luego es muy difícil recuperar, ha sido siempre una barrera frente la lejana promesa de un empleo formal. En estas escenas sucede lo razonable: las personas con discapacidad y sus familias suelen optar por lo seguro. La compatibilidad, en cambio, funcionaba como un aspecto positivo. Sin el miedo a perder la pensión, las personas adquirían seguridad para transitar las oportunidades de empleo y proyectar el desarrollo laboral. Es decir, un apoyo en términos del modelo social de la discapacidad.
Esta temprana decisión fue parte de una serie de medidas que allanaron el camino para instalar la idea de hacer una auditoría, el eufemismo favorito del Gobierno. A una efectiva campaña mediática de desprestigio sobre la política de pensiones le siguió la modificación de la norma que reglamenta el acceso a las pensiones por discapacidad.Se reestablecieron los criterios que habían sido declarados inconstitucionales y sobre los cuales, en reiteradas oportunidades, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad había instado al Estado a modificarlos. Con esos nuevos (viejos) criterios inició la mentada auditoría. Organizaciones de todo el país han denunciado continuamente un mecanismo opaco y plagado de irregularidades: procedimientos inaccesibles, nulo respeto por el derecho a la información y a la defensa, confusiones y falacias al momento de publicar resultados. Las organizaciones manifestaron que el Estado debía controlar, pero mediante procedimientos transparentes y respetuosos de los derechos. Lo que llamaron auditoría fue en realidad un plan de recorte y una continua campaña de desprestigio hacia un Estado que garantiza derechos.
La Ley de Emergencia podría ponerle un freno a estos retrocesos. Las pensiones hoy llamadas “por invalidez laboral” tendrían un criterio de “Pensiones por Discapacidad para la protección social”. El cambio es sustancial: mientras en la actualidad las personas deben demostrar una incapacidad total hacia el trabajo para acceder a este derecho, con la Ley de Emergencia, “toda persona que cuente con Certificado Único de Discapacidad, y que esté en situación de vulnerabilidad social” podría acceder a la pensión. Y, a la vez, restituye la compatibilidad con el empleo formal con ingresos de hasta dos salarios mínimos. Una muestra del carácter modesto de la Ley de Emergencia es que no modifica el monto magro de las pensiones: el 70 por ciento de una jubilación mínima. A la vez, la pensión también brinda acceso a la cobertura de salud. La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó el impacto entre el 0,22 y 0,42 % del PIB.
La Ley de Emergencia también contempla una reparación urgente a un sistema de atención que atraviesa una crisis terminal: aranceles desactualizados, instituciones colapsadas, profesionales migrando a otros rubros. La ley propone aumentos extraordinarios para recuperar lo perdido desde diciembre de 2023 y una fórmula automática de actualización. Incluye, además, un régimen de emergencia para regularizar deudas tributarias y de seguridad social de prestadores. En síntesis, la ley busca reparar parcialmente un escenario de crisis transversal a todo el colectivo. Por ejemplo, en los talleres protegidos —espacios cooperativos de producción en rubros diversos como panificadoras, carpinterías o imprentas, donde muchas personas acceden a empleo— cada operario con discapacidad recibe 28 mil pesos por mes. La actualización de esta asignación estímulo que propone la Ley representa apenas el 0,0008 por ciento del PBI.
Crueldad disfrazada de equilibrio fiscal
En paralelo a las movilizaciones, nació una campaña con epicentro en Córdoba: “Córdoba defiende la Ley de Emergencia en Discapacidad”. Videos con testimonios de personas con discapacidad, familiares y trabajadores circularon por todo el país, articulado con otras provincias en un grito federal. Mercedes, mamá de Augusto, un niño de 12 años con autismo, lo dice con la bronca que todas las familias también sienten: “Las terapias se interrumpen, los profesionales cambian a otros trabajos por cuestiones económicas. En el recorrido educativo de mi hijo cambiamos siete veces de maestra integradora”.
Desde los micrófonos en las plazas, la respuesta al veto insiste: “Más allá de que la Oficina de Presupuesto del Congreso ya estimó que el costo de esta ley es ínfimo, no vamos a hablar de números. No es un tema de costos. La política en discapacidad no es un gasto. Es una obligación del Estado. La cuenta discapacidad no es responsable del déficit fiscal”.
Este paisaje de concentración se repitió en muchas ciudades del país. Pero en la movilización frente al Congreso Nacional la indignidad escaló a nuevos límites: se desplegó un burdo operativo que incluyó a la Policía Federal y la Gendarmería para controlar y amedrentar a personas con discapacidad que se movilizaban de forma pacífica. “Están pegando a gente en silla de ruedas, esto no lo vimos nunca en la historia argentina”, manifiesta una madre en una entrevista para la señal LN+. Antes había sintetizado con un dramatismo conmovedor el sentido de la jornada: “Me da más miedo que mi hijo se quede sin su escuela y sin sus terapias; que me vengan a pegar, no me importa, yo voy a defender los derechos de mi hijo. Todos importamos, no sólo la gente que tiene plata”. El video circuló por todo el país.
El comunicado de las organizaciones expresa los próximos pasos. “Ahora es el momento en que los legisladores tienen la posibilidad de ponerse a la altura con dignidad y sostener la vigencia de la ley lograda en el Congreso Nacional. El movimiento de la discapacidad los está viendo. Desde las plazas, en las redes, en los medios, sosteniéndonos entre todos, como podemos, pero más unidos que nunca”. Hoy, los bloques de la oposición convocaron a una sesión especial en la Cámara de Diputados, pero el veto a la Ley no está dentro del temario porque no tendrían los votos asegurados para voltearlo. Además, con o sin los números necesarios, se especula con que tratar el veto cerca de las elecciones puede significar un costo más alto para el Gobierno.
Estas son algunas de las marcas sociales de la irrupción de este movimiento en el que destacan las voces discas, las formas lisiadas de participación política, como gestos de estas movilizaciones, que transforman un reclamo sectorial en una disputa sobre la concepción misma de la discapacidad, como producción social.
En palabras de la militante disca Gianna Mastrolinardo, “los seres humanos somos seres interdependientes, necesitamos unes de otres, no sólo las personas con discapacidad, todos, todas, todes necesitamos de otres, lo que venimos a hacer desde el colectivo de personas con discapacidad es recordarle a la sociedad, una y otra vez, su humanidad”.
Juan Carlos Romero no renovará su banca en el Senado y el gobierno quiere contenerlo para que hasta diciembre sirva como freno de la embestida de la oposición contra Javier Milei, que en la última sesión desembocó en una paliza para el oficialismo.
El ex gobernador de Salta quedará fuera de la disputa electoral en su provincia. Sus allegados dijeron a LPO que, si bien Romero mide lo mismo que Alfredo Olmedo, su baja es de común acuerdo tanto con Santiago Caputo como con los Menem.
Lule rechaza armar un frente con Gustavo Sáenz, el gobernador de Salta, en un escenario similar al de Corrientes, en el que los libertarios tenían el acuerdo servido con el oficialismo local pero decidieron armarle en contra.
Pero al mismo tiempo, los Menem quieren tener contento a Romero. Es que en la Rosada advirtieron que el Senado ya se les fue de las manos y que el escenario de ahora en más se complejizará con la enemistad pública entre Milei y Victoria Villarruel.
Como creen que los vetos del presidente al aumento de las jubilaciones, la moratoria previsional y la emergencia por discapacidad no tienen a los héroes asegurados en Diputados, necesitan que Romero sirva como un dique de contención de los “dialoguistas” que otrora le sirvieron a la Rosada.
A Romero ya le ofrecieron tres cosas y todavía no aceptó ninguna. En primer lugar, le propusieron la presidencia de la Auditoría General de la Nación, ante la creencia de que Juan Manuel Olmos podría asumir una banca en la Legislatura porteña en diciembre para reclamar la vicepresidencia primera, segundo escalafón de la cadena de sucesión de la Ciudad. Romero no aceptó.
La catarata de ofertas a Romero explica la desesperación del gobierno para tener algo de control en el Senado
También le ofrecieron presentarlo como candidato a ministro de la Corte Suprema, ante una eventual ampliación del Máximo Tribunal. Pero ni ante el escenario más favorable, que implicaría una votación acordada con el kirchnerismo, el salteño aceptaría esa oferta. Es que este año cumple 75 años y tiene el antecedente muy próximo de Juan Carlos Maqueda, a quien desde el propio gobierno hicieron jubilar en diciembre pasado por haber cumplido los 75.
Lo último que le prometieron a Romero es que, ante un rediseño del organigrama del Ejecutivo, se podría recuperar el Ministerio del Interior y él podría ser el titular de la cartera.
La catarata de ofertas explica la desesperación del gobierno para tener algo de control en el Senado. Romero les había garantizado el primer mes de gobierno una mayoría para votar las autoridades y desde entonces los libertarios se esmeraron por destruirla.
Electo legislador porteño en las últimas legislativas en la Ciudad, el libertario Nicolás Pakgojz tiene definida su salida al frente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo clave para el remate que la gestión libertaria promueve sobre los inmuebles estatales.
Para su reemplazo, en las últimas semanas comenzó a mencionarse con fuerza el nombre de Rodrigo “Roco” Aybar, que viene de ocupar dos cargos en el gobierno libertario, primero en Capital Humano y luego al frente de la extinta Secretaría de Vivienda.
El dato que abre interrogantes sobre esa posibilidad es que Aybar es concejal en uso de licencia en Tres de Febrero, donde fue electo en 2023 al encabezar la lista de concejales de Diego Valenzuela. Por ende, es quien debería asumir la intendencia en ese municipio, en caso de que Valenzuela sea electo senador bonaerense.
El intendente de Tres de Febrero confirmó en reiteradas oportunidades que su candidatura en la Primera sección no es testimonial, por lo que asumirá su banca y no volverá al municipio.
Aunque se encargó de señalar que seguirá estando cerca de la comuna y que deja a su equipo a cargo, en ningún momento lo mencionó a Aybar, que mantiene su licencia en el Concejo, donde fuentes consultadas por LPO señalaron que “no se lo ve hace mucho tiempo”.
Aunque en los últimos tiempos se mostró alineado a Valenzuela, “Roco” Aybar tiene su origen político en San Miguel, con Joaquín de la Torre. Incluso, su llegada al gobierno libertario fue a partir del entonces secretario de Niñez Pablo de la Torre.
Por lo pronto, fuentes de la AABE dieron cuenta del nombramiento de Aybar como asesor del organismo.
Más allá de ese rótulo, hay quienes ya lo ven como un virtual director y que su designación actual es un paso previo a su desembarco formal como responsable del organismo clave para ejecutar la ola de remates de inmuebes estatales promovidos por Milei.
Cerca de la AABE aseguran que solo resta encontrar el “momento político” para blanquearlo y que Aybar ya participa activamente de reuniones y gestiones en la agencia.
Eso dispara dudas sobre qué hará Valenzuela de ser electo senador en septiembre. Incluso, el intendente de Tres de Febrero está entre las opciones de reemplazo de Patricia Bullrich en Seguridad, en caso de que la actual ministra encabece la lista libertaria en la Ciudad.
Aunque en los últimos tiempos se mostró alineado a Valenzuela, “Roco” Aybar tiene su origen político en San Miguel, con Joaquín de la Torre. Incluso, su llegada al gobierno libertario fue a partir del entonces secretario de Niñez Pablo de la Torre.
Sin ser un “puro” del grupo de Valenzuela, en Tres de Febrero hay quienes aseguran que, de asumir Aybar la intendencia, no tendría incidencia en las decisiones de trazo grueso. Por eso, no está claro qué sucederá con el manejo del municipio en diciembre, menos aún con la posibilidad de que Aybar desembarque al frente del AABE en breve.
Una encuesta de la consultora Trends ubica al peronismo ganador en las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, a la vez que exhibe un fuerte derrumbe en la imagen de Javier Milei y creciente rechazo a su gestión.
Para las legislativas provinciales, el 43,2% de los encuestados votaría por Fuerza Patria y el 40,6 por La Libertad Avanza (LLA). El evolutivo muestra además que la brecha entre peronismo y libertarios se amplió casi dos puntos de mayo a agosto.
Eso, en paralelo a un desplome en la imagen presidencial, que ya perfora el piso de 45 puntos de positiva y se acerca a los 55 de negativa.
El rechazo es más profundo hacia Karina Milei, que concentra un 58,3 de negativa, la más alta del Gobierno. En el peronismo, tanto Axel Kicillof como Cristina Kirchner registran un diferencial positivo, de 3,5 y 1,3, respectivamente.
El estudio también expone un escenario expectante para el kirchnerismo de cara a las elecciones nacionales de octubre ya que registra un crecimiento de 14 puntos en el evolutivo de mayo a agosto (de 23 a 37%), contra un estancamiento de La Libertad Avanza en torno a los 39 puntos.
El 43,2% de los encuestados votaría por Fuerza Patria y el 40,6 por La Libertad Avanza. El evolutivo muestra además que la brecha entre peronismo y libertarios se amplió casi dos puntos de mayo a agosto.
Incluso, haciendo la sumatoria del peronismo no K y el kirchnerismo, la encuesta destaca que el peronismo unido también ganaría en octubre contra LLA y el PRO (44,1 contra 43).
La desaprobación a la gestión libertaria se profundizó en los últimos tres meses, pasando de los 53 puntos a 55,2. A un ritmo similar fue cayendo la aceptación (del 44,8 a 42,5), en un contexto donde se profundiza el derrumbe en las ventas y el consecuente golpe al entramado productivo, con cierres y despidos.
Ese panorama se evidencia en la consulta sobre el estado de ánimo, donde predominan los sentimientos negativos acerca del futuro del país (temor, decepción, tristeza y enojo) que, juntos, alcanzan un 52,4%, muy por encima del optimismo que conserva el 37,3% de los encuestados.
La gestión de Axel Kicillof, en tanto, pasó de un diferencial negativo de casi tres puntos en mayo (47,5 de rechazo contra 44,6 de aprobación), a uno positivo por casi un punto en agosto (48,5% de aceptación contra 47,7 de negativa).
Otro aspecto relevante en estas elecciones es el interés en ir a votar. El nivel de ausentismo que ya tiene como antecedente las elecciones en la Ciudad es un factor de preocupación de cara a los próximos comicios. Según el estudio de Trends, el desinterés por votar en estas legislativas supera los 22 puntos.
