La diputada libertaria volvió a quedar en el centro de la polémica tras una declaración aberrante contra Ian Moche, un niño con autismo que visibiliza el ajuste del Gobierno en discapacidad. Lejos de pedir disculpas, Lemoine profundiza una lógica de odio que ya es marca registrada del oficialismo.
Por Roque Pérez para NLI
La diputada nacional de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, protagonizó un nuevo escándalo público al poner en duda la condición de autismo de un niño de 12 años y acusar a su madre de hacerlo “actuar” para obtener rédito político, en una declaración televisiva que generó repudio transversal y volvió a exponer el nivel de degradación discursiva que promueve el espacio que gobierna la Argentina.
Ian Moche, un niño autista que se convirtió en una voz visible en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, fue blanco directo de los dichos de la legisladora, quien sugirió que su madre lo manipula y lo expone deliberadamente. No solo se trata de una agresión personal, sino de una forma brutal de estigmatización y negacionismo, impropia de cualquier representante institucional.
El ajuste en discapacidad y la reacción violenta del oficialismo
Las declaraciones de Lemoine no son un exabrupto aislado. Se producen en un contexto donde el Gobierno de Milei enfrenta fuertes cuestionamientos por el ajuste salvaje en políticas de discapacidad, la demora en pagos, la falta de actualización de aranceles y el desfinanciamiento de prestaciones básicas.
Ante la incapacidad de responder con políticas públicas, el oficialismo parece optar por atacar a quienes visibilizan el problema, incluso cuando se trata de niños. En lugar de explicar por qué miles de familias están al borde del colapso, una diputada nacional elige cuestionar la condición neurológica de un menor, un límite ético que jamás debería cruzarse.
“Ian Moche finge tener autismo”
La trastornada mental de Lilia Lemoine dijo en vivo que un nene con autismo en realidad está ACTUANDO, los libertarios siguen teniendo de enemigo a un nene de 12 años, es impresionante pic.twitter.com/Wtnaie6NFe
Crueldad como método y provocación como estrategia
Lemoine ya cuenta con un extenso prontuario de declaraciones misóginas, violentas y provocadoras. Desde relativizar el acoso hasta justificar la represión estatal, su rol dentro del esquema libertario parece ser el de correr permanentemente los márgenes de lo decible, funcionando como una vocera del desprecio social que Milei legitima desde el poder.
En este caso, el ataque resulta aún más grave: se estigmatiza a la neurodivergencia, se desacredita a una madre y se expone a un niño a la violencia simbólica y digital, todo para sostener un relato que niega derechos básicos.
Cuando el odio reemplaza a la política
El episodio deja una pregunta incómoda pero necesaria: ¿qué tipo de democracia se construye cuando una diputada nacional usa su voz pública para humillar a un niño con discapacidad? La respuesta parece evidente. No se trata de libertad de expresión ni de debate político, sino de una estrategia de disciplinamiento y crueldad que busca silenciar reclamos legítimos.
Mientras el Gobierno ajusta y abandona, sus voceros atacan. Y cuando el blanco es un niño, queda claro que el problema no es Ian Moche ni su familia, sino un modelo político que necesita del odio para ocultar su fracaso.
Después de meses de dilaciones, excusas presupuestarias y reclamos de organizaciones, el Gobierno finalmente reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad. Lo hizo mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial y con anexos clave, pero no por voluntad política: fue empujado por la Justicia.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
El Decreto publicado este martes reglamenta por fin la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma que había sido sancionada por el Congreso y ratificada tras el rechazo al veto presidencial, pero que permanecía virtualmente congelada por decisión del Ejecutivo. La reglamentación llega tarde y bajo presión, luego de una orden judicial que obligó al Gobierno a cumplir con la ley vigente.
Una ley vigente que el Gobierno se negaba a aplicar
La ley de emergencia en discapacidad se encuentra plenamente vigente desde el año pasado. Sin embargo, el Gobierno había optado por no reglamentarla, argumentando supuestas dificultades fiscales y administrativas. Esa omisión tuvo consecuencias concretas: prestaciones demoradas, pensiones paralizadas y miles de personas con discapacidad sin respuestas del Estado.
La falta de reglamentación derivó en acciones judiciales impulsadas por organizaciones y familias, hasta que un juzgado federal ordenó al Ejecutivo reglamentar la ley en un plazo perentorio. Recién entonces el Gobierno avanzó con el decreto.
Qué establece el decreto reglamentario
El decreto reglamenta la ley mediante dos anexos centrales que definen la estructura operativa del sistema. Entre los puntos más relevantes, se dispone:
La puesta en marcha del régimen de emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional.
La reorganización del sistema de pensiones no contributivas por discapacidad, bajo la denominación de pensiones para la protección social.
La intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad, que queda a cargo de la aplicación, fiscalización y dictado de normas complementarias.
Además, se instruye a convocar al Consejo Federal de Discapacidad, con participación de las provincias, para coordinar criterios y políticas comunes.
Auditorías y controles: el eje del enfoque oficial
Uno de los aspectos centrales del decreto es la insistencia en auditorías, controles y evaluaciones socioeconómicas. El texto establece que se deberán implementar mecanismos periódicos de revisión sobre las prestaciones otorgadas.
Si bien el control estatal es una obligación, organizaciones del sector advierten que el énfasis casi exclusivo en auditorías genera preocupación, especialmente en un contexto donde ya se denunciaron recortes encubiertos, demoras administrativas y obstáculos para acceder a derechos adquiridos.
Reglamentación tardía y sin debate presupuestario
El decreto reglamenta la ley, pero no resuelve el problema de fondo: el financiamiento. El Gobierno sigue sin detallar cómo se garantizarán los recursos necesarios para sostener las prestaciones en un contexto de ajuste generalizado.
La emergencia en discapacidad implica mayor presencia del Estado, algo que choca con la lógica de recorte que impulsa Milei desde el inicio de su gestión. Por eso, la reglamentación aparece más como una respuesta obligada que como una decisión política genuina.
Un avance formal que no despeja las dudas
La reglamentación representa un paso necesario para que la ley pueda empezar a aplicarse. Sin embargo, el verdadero desafío será su implementación real, sin recortes encubiertos ni trabas administrativas que vacíen de contenido la norma.
Después de meses de incumplimiento, el Gobierno reglamentó la ley porque no le quedó otra. Ahora, la atención está puesta en si garantizará efectivamente los derechos de las personas con discapacidad o si la emergencia quedará, una vez más, solo en el papel.
El peronismo logró concretar este martes una reunión clave para comenzar a negociar un acuerdo que puede terminar con Axel Kicillof al frente de la conducción del PJ bonaerense. No fue una reunión fácil. Hubo discusiones tensas y temas difíciles de abordar. Sin embargo, kirchneristas y axelistas coinciden en que el encuentro fue positivo.
Con la premisa de esquivar la interna, ambas partes plasmaron sobre la mesa algunas propuestas para avanzar en un consenso. Se acordó empezar a trabajar desde abajo hacia arriba: destrabar primero la situación en los distritos, luego trabajar sobre la nueva conformación del Consejo del partido y finalmente resolver la cúpula: presidente y vices.
En el peronismo reconocen que la situación en los distritos es complicada toda vez que quedaron muchas heridas abiertas tras el cierre de listas de septiembre. El consenso es ir ordenando caso por caso. No hay demasiado tiempo: el sábado a la medianoche tienen que estar todo cerrado.
Las disputas en los distritos ocuparon el eje central de la cumbre. Sin embargo, hubo un sondeo -muy incipiente- respecto de la conformación del Consejo del partido. Son cuatro referentes por cada una de las ocho secciones electorales, más cuatro por cada una de las tres ramas (Gremial, Mujer y Juventud).
Ese es uno de los puntos más calientes toda vez que en el axelismo entienden que tiene que haber una preminencia de leales al gobernador en la conformación del Consejo. «Si quieren más de la mitad, entonces pretenden otra cosa. No que el partido esté alineado al gobierno de Kicillof», dijo este martes Teresa García, una diputada nacional leal a Cristina.
En el encuentro estuvieron Andrés Larroque, Gabriel Katopodis, Mariano Cascallares y Verónica Magario como delegados de Kicillof; y Facundo Tignanelli, Federico Otermin, Leonardo Nardini y Mariel Fernández por el lado de Cristina.
Mariano Cascallares.
Fuentes que estuvieron en la reunión calificaron a LPO como positivo el encuentro y resaltan que hasta ahora no se había podido constituir una mesa de negociación. A partir de ahora esa mesa entrará en estado de reunión permanente. Algo similar a lo que ocurrió durante el cierre de lista de septiembre. La urgencia es resolver la situación de los distritos. Analizar caso por caso y buscar una salida a conflictos de vieja data.
Mientras tanto, Kicillof se viene reuniendo con distintos sectores de quienes escucha propuestas. Intendentes de varios sectores del peronismo, líderes gremiales y también diputados nacionales desfilan -y desfilarán- por Casa de Gobierno.
En el axelismo sostienen que la decisión del gobernador de quedar al frente del partido será el resultado de una negociación que deberá atravesar diferentes escollos. «Las conversaciones tienen que llegar a buen puerto. Si existe un consenso va a aceptar. De lo contrario no», dijo a LPO una fuente del Movimiento Derecho al Futuro (MDF).
Facundo Tignanelli.
El gobernador escuchó los primeros planteos para que se ponga al frente partido en enero en una cumbre de intendentes y ministros en Villa Gesell. Ese planteo fue más fuerte la semana pasada en Casa de Gobierno. Voceros de Kicillof desmintieron la propuesta. «Es un tema terminado hace rato», dijeron.
Si embargo, por la noche llegó la propuesta de Máximo, quien en una jugada sorpresiva salió plantear que Kicillof debía presidir el partido.
LPO adelantó que esa propuesta incluyó un guiño del líder de La Cámpora a la candidatura presidencial en 2027 del gobernador. En el kirchnerismo entienden que la pelea bonaerense está empantanando la estrategia nacional y paralizando al peronismo. Ahora, plantean que es necesario resolver la interna para que Kicillof pueda quedar al frente de la estrategia nacional.
Esta súbita decisión también esconde una preocupación del entorno de Cristina porque ven que si el peronismo no recupera el poder en 2027 no van a poder mejorar las condiciones de prisión de la expresidenta.
El reemplazante de Guillermo Montenegro en Mar del Plata, Agustín Neme, pretende instaurar el cobro de la tasa de alumbrado público en las boletas de luz, algo que choca directo con Luis «Toto» Caputo, que intentó prohibir ese mecanismo.
Aliado del Gobierno, Neme se reservó la presentación del presupuesto y la fiscal-impositiva para después de la visita de Javier Milei a la ciudad. El fin era evitar que algunas subas de tasas en discusión con los libertarios tensionen ese desembarco.
Superada la visita presidencial, el municipio dio a conocer su pretensión de cobrar el alumbrado público en la factura de la distribuidora EDEA. El objetivo es alcanzar una recaudación superior al 90% a través de «un mecanismo de liquidación y recaudación ágil y sumamente efectivo», según se desprendió del proyecto del Ejecutivo local.
El movimiento del intendente interino sorprendió en sectores del Gobierno que ya venían cuestionando a Montenegro por el cobro de la tasa vial a la carga de combustible, otro tributo objetado en el Ministerio de Economía.
El rechazo al cobro del alumbrado público en la boleta de luz fue la primera pelea fuerte que Caputo tuvo con los intendentes peronistas del conurbano, guerra que el ministro llevó al límite de sacar una resolución prohibiendo ese mecanismo, en 2024.
Pero los intendentes del peronismo judicializaron la medida, advirtiendo que estaba en riesgo el sistema de alumbrado público de sus comunas. Poco después, la Justicia le dio la razón a los jefes comunales.
Ahora, Neme pretende que este nuevo sistema garantice una cobrabilidad plena de sumas que van de los 1.000 a los 6.700 pesos.
Cerca del municipio señalaron a LPO que, para esta reconfiguración del cobro del alumbrado público tiene el acompañamiento de los concejales de La Libertad Avanza. Aunque hay quienes tienen sus reservas sobre la recepción de esta medida en Casa Rosada.
«Esta medida encarece la boleta eléctrica para numerosos hogares. Además, expone a los vecinos a futuros tarifazos», alertaron en el bloque de concejales de Unión por la Patria, donde también acusaron a Neme de esconder «un aumento real del 37% en la Tasa de Servicios Urbanos, al que se le suma una cláusula gatillo por inflación».
«Todo esto ocurre mientras el gobierno sostiene la tasa vial más cara de la provincia de Buenos Aires. Y ese esfuerzo no se traslada a mejoras en las calles: siguen llenas de baches», agregaron los concejales del kirchnerismo.
Cerca del municipio señalaron a LPO que, para esta reconfiguración del cobro del alumbrado público tiene el acompañamiento de los concejales de La Libertad Avanza. Aunque hay quienes tienen sus reservas sobre la recepción de esta medida en Casa Rosada.
Como sea, Neme pretende tener aprobado el presupuesto y la fiscal-impositiva antes de su primera apertura de sesiones, a principios de marzo, por lo que se espera que estos proyectos, que comenzarán a discutirse en comisiones este miércoles, lleguen al recinto para su votación a finales de febrero.
Manuel Adorni celebró por Twitter este martes que la oficina de sumarios del Hospital Garrahan solicitara mediante un dictamen el desafuero de 10 delegados de la comisión interna, con el objetivo de despedirlos. «El que las hace, las paga», posteó el jefe de Gabinete en X, y consideró como causal de despido «haber dirigido y tomado ilegalmente las oficinas de la dirección del establecimiento en octubre de 2025».
El delegado de ATE en el Garrahan, Alejandro Lipcovich, vinculó la ofensiva de las autoridades del hospital con el tratamiento de la reforma laboral en el Congreso pero alertó que Adorni se enteró casi al mismo tiempo que los trabajadores. «El propio jefe de gabinete confirmó por Twitter minutos después que nos llegara el dictamen de la oficina de sumarios, lo cual confirma que es una operación 100 por ciento política», dijo, y agregó que se trata de «un informe reservado el de la oficina de sumarios que de ninguna manera debería tener el jefe de gabinete».
Según Lipcovich, «hay 44 trabajadores sumergidos en un proceso de sumario, que incluye a los principales dirigentes de ATE pertenecientes a la Asociación de Profesionales por haber participado de protestas en defensa del Garrahan.
En efecto, Adorni no ocultó que los despidos serían por el conflicto desarrollado durante el 2025 pero lo adjudicó a «la pretensión de cobrar por días no trabajados». «La era de la izquierda intentando vivir a costa de los argentinos de bien está llegando a su fin», se pavoneó el funcionario.
El dirigente sindical expresó también que «este operativo político fue decidido a instancias de la Casa Rosada para aleccionar a los protagonistas de una de las principales luchas», en referencia a la pelea por la emergencia pediátrica que contemplaba más recursos para el Garrahan. Aquella iniciativa fue sancionada por el Congreso, luego vetada por Javier Milei pero finalmente insistida por los legisladores de ambas cámaras.
Por eso, Lipcovich advirtió que «el mensaje es clarísimo» y dijo que «el vaciamiento del hospital no ha cesado». En ese contexto, avisó que los trabajadores se mantienen en estado de alerta, con reuniones y asambleas «para enfrentar el atropello». «Es solo un dictamen de la oficina de sumarios y ejerceremos nuestro derecho a defensa, aunque el veredicto del gobierno ya está escrito», concluyó.
Lejos de ser un marino británico al servicio del Imperio, Enrique Jones fue un comerciante y capitán dedicado a la actividad privada, protestante de origen, que se integró plenamente a la sociedad porteña tras la Revolución. Casado dos veces en Buenos Aires, dedicado a la pesca lobera y al comercio marítimo en la Patagonia y el Atlántico Sur, su nombre quedó ligado a Malvinas por un documento clave de 1813 que hoy incomoda al relato colonial británico.
Por Guillermo Carlos Delgado Jordan para NLI
Un inglés común, no un agente imperial
Enrique Libanus Jones —también citado como Henry Jones en documentos de época— no fue un oficial de la Corona ni un aventurero enviado por Londres, sino un comerciante privado que se declaró nacido en Londres (aunque algunos investigadores lo dan nacido en Gales), hijo legítimo de William (Guillermo) Jones y Mary (María) Tildesley o Tisley, de religión protestante, como él mismo declaró formalmente ante la Iglesia Católica en Buenos Aires en 1817.
Del Atlántico Norte al sur del mundo
Para comienzos de la década de 1810, Jones ya estaba instalado en Buenos Aires y participaba activamente del circuito marítimo y comercial del Atlántico Sur, especialmente en la pesca de lobos marinos, una actividad lucrativa en la época por el valor del cuero y la grasa.
Era propietario y capitán del bergantín El Rastrero, una nave de uso comercial, típica de la navegación lobera. En 1812, El Rastrero realizó un viaje exitoso a bahía San José, en la actual Península Valdés, de donde regresó con miles de cueros de lobo marino. Ese antecedente explica el paso siguiente.
El documento de 1813 y el vínculo con Malvinas
El 30 de enero de 1813, Enrique Jones presentó una solicitud formal ante el gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata para que su bergantín pudiera dirigirse a las Islas Malvinas y las costas del sur con fines de pesca lobera.
Estos barcos eran típicos del comercio marítimo de fines del siglo XVIII y principios del XIX: de vela, relativamente pequeños, rápidos y maniobrables, adecuados para faenas en costas agrestes y abiertas como las de la Patagonia y el Atlántico Sur, alejadas de rutas comerciales regulares.
El dato es central: Jones pidió permiso, reconoció autoridad y actuó dentro del marco administrativo del Estado rioplatense. No navegó “por su cuenta” ni bajo respaldo británico.
Ese documento, conservado en el Archivo General de la Nación, es una de las pruebas históricas más incómodas para el discurso colonial posterior: un súbdito británico solicitando autorización a Buenos Aires para operar en Malvinas, veinte años antes de la ocupación militar inglesa de 1833.
Comerciante
Toda la trayectoria conocida de Jones lo muestra como un empresario marítimo, no como un actor político ni militar. Tras sus viajes con El Rastrero, continuó participando en emprendimientos comerciales vinculados a la Patagonia, incluso asociándose con otros comerciantes del período.
Algunas de sus expediciones terminaron en naufragios y pérdidas, algo habitual en una actividad riesgosa y sin respaldo estatal. Aun así, su figura aparece reiteradamente en documentos locales, lo que refuerza su condición de vecino conocido y tolerado por las autoridades.
La continuidad de la actividad económica de Enrique Jones después de 1813 puede seguirse con bastante precisión en los registros del período. En 1814, su nombre aparece asociado al naufragio de la goleta Bella Elisa (o Lovely Eliza) en el golfo San Jorge, cuando la nave se dirigía hacia la Patagonia en una nueva expedición vinculada a la pesca de lobos marinos, un episodio que ilustra tanto la persistencia de Jones en el negocio como los riesgos extremos de esa navegación. Lejos de retirarse, en 1815 volvió a emprender viajes comerciales, esta vez en sociedad con otros comerciantes, entre ellos Carleton Allsopp, operando embarcaciones como el bergantín Antílope en tareas combinadas de pesca y transporte marítimo.
Al año siguiente, en 1816, amplió aún más el alcance de sus operaciones, participando en expediciones que incluían el traslado de caballos y peones a la Patagonia para la captura de ganado cimarrón, una actividad complementaria destinada a abastecer y sostener las tripulaciones de los buques loberos. En ese mismo entramado de negocios, Jones se integró en sociedades comerciales con otros empresarios y colonos de la región, entre ellos Luis Vernet, figura que años más tarde tendría un rol central en los intentos de colonización y regulación de la pesca en las Islas Malvinas, lo que vuelve a situar a Jones dentro de un circuito económico plenamente inserto en la órbita rioplatense y previo a cualquier pretensión británica sobre el archipiélago.
La conversión religiosa y el arraigo porteño
El 11 de abril de 1817, Enrique Jones firmó un acto de reconciliación con la Iglesia Católica Romana en la entonces Catedral de Buenos Aires. Allí declaró:
ser protestante,
haber nacido en Londres,
ser hijo legítimo de Guillermo Jones y María Tildesley.
El motivo era claro y habitual en la época: contraer matrimonio con una mujer católica porteña.
El 1.º de mayo de 1817, Jones se casó con Bonifacia Falcón Martínez Fontes, su primera esposa. Este paso marca un punto de inflexión: Jones deja de ser solo un comerciante extranjero y se integra formalmente a la sociedad local.
Tras quedar viudo, Enrique Jones volvió a casarse, esta vez con María Isabel de Elía Warnes, también porteña. Con ella tuvo descendencia en Buenos Aires que llega hasta nuestros días, consolidando su arraigo definitivo.
Este dato es clave para entender su figura: Jones no regresó a Inglaterra, no fue un aventurero ocasional y no actuó como emisario de ningún poder colonial. Su vida familiar, su descendencia y sus vínculos sociales quedaron en el Río de la Plata.
Tal vez nacido en Londres, británico sin dudas, reconoció al Estado argentino en formación, se convirtió al catolicismo para casarse, formó familia en Buenos Aires y desarrolló su actividad económica bajo reglas locales.
Cuando Gran Bretaña ocupó Malvinas en 1833, Enrique Jones llevaba años de vida porteña, matrimonios locales y descendencia argentina. Su pedido de 1813 queda así como una prueba documental previa, incómoda y concreta, de que las islas eran administradas desde Buenos Aires y reconocidas como tales incluso por súbditos británicos.
Fuentes y bibliografía consultadas
Archivo General de la Nación (Argentina) Solicitud presentada por Enrique (Henry) Jones ante el gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata para que el bergantín El Rastrero pueda dirigirse a las Islas Malvinas y costas del sur con fines de pesca lobera, 30 de enero de 1813.
Registros parroquiales de Buenos Aires
Harambour, Alberto Lobos, pieles y capitales. La economía lobera en el Atlántico Sur (siglos XVIII y XIX). Publicaciones académicas sobre la explotación lobera en Patagonia y el Atlántico Sur.
Destéfani, Laurio H. Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur: antecedentes históricos y jurídicos. Análisis documental sobre la administración rioplatense previa a 1833.
Bonicatto, Carolina; Canclini, Arnoldo Estudios sobre comerciantes y navegantes extranjeros en Buenos Aires durante el período revolucionario.
CONICET – Repositorio Digital Trabajos académicos sobre la pesca lobera, comerciantes británicos y circuitos económicos en la Patagonia oriental y el Atlántico Sur durante las primeras décadas del siglo XIX.
Observatorio Malvinas – Universidad Nacional de Lanús Compilaciones documentales y análisis históricos sobre soberanía argentina en Malvinas y antecedentes administrativos previos a la ocupación británica de 1833.
