Teoría libertaria del delito
En la Argentina libertaria el fraude dejó de ser una excepción para convertirse en una estética del poder. En este mundo invertido, el dinero del Estado es sucio y el del privado, aun el más opaco, se vuelve limpio. “La corrupción es inherente a la existencia del Estado”, repite Javier Milei. Si esa premisa se acepta, cada estafa o comisión deja de ser una falla para transformarse en coherencia. El presidente no se defiende de las acusaciones: se desentiende. Lo suyo es la ignorancia deliberada. La decisión de no saber para no ser responsable.
Karina Milei, su hermana y su persona de máxima confianza, no administra una oficina, administra el acceso al poder desde la Secretaría General de la Presidencia. Todo pasa por ella: las audiencias, los favores y los pagos. Ex libertarios, empresarios y lobbistas lo admiten en voz baja. “Todo pasa por Karina”, repiten. Componen una red de favores, contactos y tarifas donde la frontera entre lo público y lo privado se disuelve bajo la lógica del acceso. En la república libertaria, si el Estado es el ladrón, violar sus reglas es justicia.
Los resultados de las elecciones de medio término, entre fuertes denuncias y con investigaciones en curso, confirmaron que la corrupción ya no es un obstáculo para el poder sino parte de su gramática. La sociedad no la ignora. La asume como un precio más del orden que Milei promete.
En la Argentina libertaria el fraude dejó de ser una excepción para convertirse en una estética del poder.
La corrupción de la administración libertaria no nace de afuera ni de sus adversarios sino de adentro. Surge de sus propias tensiones, de la pelea entre facciones, de la necesidad de financiarse y de controlar el acceso al poder. Cada caso no revela un exceso sino un método. Así se reparte la lealtad, así se castiga la desobediencia y se reconfigura el mapa interno.
Más que una sucesión de escándalos, la corrupción configura una estructura de poder. No es un accidente ni un exceso sino su forma de funcionamiento. Cada filtración, cada causa, cada denuncia, no destruye ni amenaza al mileísmo; más bien, lo reordena.
En este escenario vuelve a aparecer la familia Menem, para ocupar esta vez engranajes secundarios del poder que supo practicar la corrupción como extensión del mando centralizado de Carlos Saúl. Pero aquella lógica de los noventa orbitaba alrededor del ejercicio del poder político. El esquema libertario, en cambio, parece responder a otro fin: no fortalecer al gobierno ni blindar al presidente, sino sostener el experimento Milei. Un experimento que necesita financiarse.
La pregunta de fondo es si esta metodología no funciona, en realidad, como un sistema de recaudación alternativo para cubrir aquello que el propio presidente no puede: la agenda, los viajes, las campañas, los gastos de un mandatario sin partido, sin estructura territorial, sin financiamiento orgánico y con socios políticos y económicos más poderosos que él.
En síntesis: ¿la corrupción en la era libertaria sirve al poder o sostiene la supervivencia económica del propio Milei?
Criptobros
El primer gran negocio revelado del modelo fue $LIBRA, la criptomoneda lanzada por el propio presidente. Cuarenta mil pequeños inversores perdieron sus ahorros cuando la moneda cayó un 89 por ciento en pocas horas. Los desarrolladores extranjeros que habían accedido a reuniones en Casa Rosada afirmaron haber pagado sobornos para hacerlo. “Le mando plata a su hermana y él firma lo que yo digo”, contó Hayden Mark Davis, uno de los principales desarrolladores de $LIBRA.
En el mismo sentido, Charles Hoskinson, fundador de la blockchain Cardano, denunció públicamente que en el evento Tech Forum —donde se habría gestado la gran estafa— le pidieron dinero para reunirse con Milei. A cambio, le prometían “cosas maravillosas”. En un video, Hoskinson contó que rechazó pagar porque eso violaría la ley anticorrupción de Estados Unidos. Desde entonces, no lo volvieron a contactar.
Hace pocas horas se conoció el informe final de la Comisión Investigadora sobre $Libra. Traza un cuadro gravísimo: propone evaluar a Javier Milei por mal desempeño, documenta vínculos económicos entre los operadores del activo y concluye que el Presidente se excedió en sus funciones al promocionar $LIBRA y el “Viva La Libertad Project”. El documento sostiene que accedió a un número de contrato no público que sólo podía provenir de los involucrados.
¿La sociedad ignora la corrupción de Milei? No. La asume como un precio más del orden que el presidente promete.
La Comisión también ubicó a Karina Milei como quien autorizó los ingresos a Casa Rosada de los partícipes y describió incumplimientos de deberes en funcionarios clave. El impacto económico fue enorme: 114.410 billeteras (el 80%) perdieron dinero por un total de 87 millones de dólares, mientras sólo 36 —vinculadas a operadores— ganaron más de un millón cada una. Además, el informe muestra un patrón: antes de $LIBRA, Milei ya había promocionado $KIP, CoinX y Vulcano, siempre sin consulta técnica ni mecanismos de control, lo que revela un modus operandi.
Cuando estalló el escándalo cripto, Milei no negó el vínculo, lo redefinió. “No hay corrupción si no hay fondos públicos”. En su jerga, donde no interviene el Estado, no hay delito. La víctima ya no era el pueblo sino una minoría ingenua que creyó en el mercado.
Días después en una entrevista Milei hizo una confesión perfecta: “La lección más interesante de esto es que no puede ser tan fácil llegar a mí”. Desde entonces explicó que levantaría “murallas”. Muros para dificultar o encarecer el acceso a su agenda y su despacho. Sin saberlo, había descrito la forma más precisa de su poder: un sistema de intermediarios.
Narcos
Pero los vínculos entre la política y los negocios turbios no terminaron ahí. El caso Espert–Machado amplió esa frontera. El exdiputado y excandidato libertario en Buenos Aires, José Luis Espert, fue acusado de haber recibido financiamiento de Federico “Fred” Machado, empresario argentino radicado en Miami, procesado en EE.UU. por narcotráfico y lavado. Documentos judiciales del Bank of America demostraron una transferencia de 200 mil dólares a su nombre. Espert alegó que se trataba de una “consultoría económica” para una minera guatemalteca, pero en la casa de Machado apareció un contrato por un millón de dólares firmado quince días antes del lanzamiento de la campaña presidencial de Espert en 2019. Aunque la falta comenzó fuera del área del gobierno se reveló y ocultó dentro de ella. Penal. Justo antes de la campaña de 2025, estaba claro que la misma estructura financiera que lavaba dinero del narco se usaba para financiar la política libertaria.
Las reacciones dentro del oficialismo fueron contradictorias. Milei respaldó a Espert hasta aceptarle la renuncia a su candidatura. “No lo eché ni lo hubiera echado”, dijo. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, había advertido que el escándalo podía arrastrar al presidente. “Hay que salvar a Milei”, aseguró. El entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, admitió que las denuncias “no son un tema menor” y pidió a Espert una “respuesta clara y contundente”. Días después, él mismo sería el renunciado.
Fiel a su lógica, el mandatario no vio corrupción sino otra conspiración. “El único que puede generar riqueza en el mundo entero es el empresario, no el político. El político no sabe cómo crearla ni tiene los incentivos adecuados para hacerlo”, repitió. En su pensamiento, por fuera del aparato estatal, el mercado no distingue entre dinero limpio o sucio. Ni siquiera si viene del narcotráfico.
Retornos
Los audios filtrados de Diego Spagnuolo, ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y abogado personal del presidente, revelaron un circuito de retornos de hasta el 8% en compras de medicamentos y logística sanitaria. “Javi, vos sabés que tu hermana está choreando”, se lo escucha decir. Cuando el caso se conoció, el mandatario minimizó el impacto. “Están molestos porque les estamos afanando los choreos”, explicó. Y quien roba a un ladrón…
Según reveló Franco Picardi, el fiscal federal que investiga la causa, la ANDIS se “constituyó” como una agencia en la cual “existió un esquema estructurado y sostenido de direccionamientos de contrataciones públicas” y en consecuencia “de defraudación al erario nacional” en perjuicio de las personas con discapacidad.
Hay gobiernos que prometen castigar a los evasores y otros que aprenden a admirarlos. Milei eligió la segunda opción.
La ANDIS se encontraba “completamente a disposición del sector empresarial y no a disposición de quienes en verdad debería: las personas con discapacidad y especiales vulnerabilidades”. Sólo en un año la agencia desvió 43 mil millones de pesos mediante una maniobra donde se simulaban competencias, sobrefacturaciones, compras direccionadas y sobreprecios. Para que la operatoria funcionara los actores se distribuían en tres niveles. Por un lado, los funcionarios que controlaban la ANDIS (Spagnuolo y Daniel María Garbellini, ex Director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud), por otro operadores para-estatales que impartían órdenes dentro del organismo, pero sin ser parte del mismo (Pablo Atchabahaian y Miguel Ángel Calvete, como “jefes”) y por último, los empresarios beneficiarios vinculados a las cuatro droguerías favorecidas.
Después de las elecciones de medio término se conoció por primera vez el hilo que une al 3% que debían pagar cuatro droguerías por los contratos en la ANDIS con el detenido por narcotráfico y lavado, Fred Machado. Picardi develó que parte del dinero de la ANDIS terminaba en una empresa de vuelos privados Baires Fly SA, cuya firma está vinculada a Sergio Mastropietro, empresario aeronáutico y socio de Machado. La compañía recibía millones de pesos de las droguerías favorecidas por el gobierno mediante una operación gestionada entre Calvete y Mastropietro. La evidencia muestra que Calvete y Spagnuolo mantenían al menos, una relación comercial con Mastropietro. Y que la necesidad de establecer vínculos con esta empresa aeronáutica no sólo teje la hipótesis de lavado de dinero sino también la de buscar “medios y conexiones necesarias para abandonar el país con facilidad en cualquier momento”.
Este miércoles, Spagnuolo ingresó a Comodoro Py junto a su abogado, Mauricio D’Alessandro, para ser indagado como presunto responsable del circuito de direccionamiento, sobreprecios y desvío de fondos en la compra de medicamentos e insumos de alto costo dentro de la ANDIS. Tras la lectura de la imputación por fraude al Estado, se negó a declarar y a responder preguntas.
Según la fiscalía, en la agencia funcionó bajo su conducción una “organización delictiva” dedicada al direccionamiento de proveedores con fuertes sobreprecios. Ante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Picardi, Spagnuolo hizo un breve descargo oral, negó haber recibido coimas y sostuvo su inocencia.
D’Alessandro adelantó que volverá a presentarse cuando termine de leer el expediente, que hasta la semana pasada estuvo bajo secreto de sumario. Las indagatorias —iniciadas el martes con la declaración de Calvete— se apoyan en la información extraída del celular de su principal subalterno, Daniel Garbellini.
Héroes del colchón
En el gobierno libertario, las coimas no contradicen su lógica sino que son parte de su realización. La concentración, la discrecionalidad y la caja chica no son anomalías sino engranajes de un Estado que se desentiende de sí mismo.
Hay gobiernos que prometen castigar a los evasores y otros que aprenden a admirarlos. Milei eligió la segunda opción. En su plan económico el Presidente explicó que no le importa “de dónde la gente sacó los dólares” y que quienes los escondieron del Estado “no son delincuentes” sino “personas que lograron escapar de los liberticidas”.
Los grandes evasores equiparados a quienes guardan los dólares bajo el colchón son “el fruto de quienes supieron eludir el impuesto inflacionario” y deberían ser considerados “héroes” por haber escapado de las garras del Estado ladrón. Un canuto de verdes o Panamá Papers, da igual. En esta narrativa, la evasión es mérito; la desigualdad, un efecto natural; y la trampa, una forma de eficiencia. El héroe libertario no paga impuestos ni pide disculpas. Se refugia en su colchón custodiando el símbolo de una libertad que se mide en billetes y exculpa a todos por igual.
La teoría
La corrupción confirma y constituye el modelo libertario. Si, como Milei cree, el Estado es corrupto por definición —porque regula, redistribuye, interfiere—, entonces corromperlo es coherente con su naturaleza. La teoría libertaria del delito parte de un axioma según el cual el único crimen posible es el del Estado. Todo lo demás —evasión, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito— no son delitos sino actos de defensa frente a lo público que estorba.
En esta doctrina, la culpabilidad se evapora. No hay dolo ni ignorancia deliberada del presidente sino víctimas culpables de ingenuidad. El dinero sucio se vuelve legal y el dinero del Estado, sospechoso. Esa inversión moral organiza el sistema.
La teoría libertaria del delito parte de un axioma según el cual el único crimen posible es el del Estado. Todo lo demás son actos de defensa frente a lo público que estorba.
En La Libertad Avanza, los enemigos no están afuera sino adentro y la forma de disputa es la operación. Las acusaciones cruzadas, los audios filtrados y las causas judiciales funcionan como ajustes de cuentas dentro de una misma familia política. Cuando un escándalo se vuelve incontrolable, la estrategia se repite: desplazar la responsabilidad, culpar al kirchnerismo y construir un enemigo externo que mantenga la cohesión del propio espacio. Pero detrás de cada operación hay una pulseada por la caja, por el relato o por la cercanía con el Presidente.
La corrupción no rompe su política sino que la reconfigura. La Casa Rosada se convierte en una fábrica de favores. El empresario que paga por acceder al poder, en inversor. El funcionario que cobra por abrir la puerta, en emprendedor. La hermana y El Jefe del presidente, en gerenta.
La coima se disfraza de contrato, el tráfico de influencias se vuelve lobby y la estafa virtual, un canje de tweets. La ignorancia deliberada reemplaza la culpa porque basta no sentirse culpable para dejar de serlo.Así se cierra una teoría libertaria del delito, una doctrina donde el culpable es el Estado, los traficantes son inocentes y la recaudación se disuelve en la libertad. Milei no inventó la corrupción, pero logró algo más profundo: la convirtió en un principio de gobierno.
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