La tensión entre Venezuela y Estados Unidos es uno de los temas más importantes de la agenda internacional. El fin de semana Trump sugirió que podría haber un ataque inminente en medio del despliegue militar en el Caribe y la llegada del portaaviones más grande del mundo.
Luego, aclaró que todavía no hay una decisión tomada y no descartó dialogar con Nicolás Maduro. En ese marco, el New York Times confirma que Maduro intentó negociar su propia salida y ofreció a Washington una transición que incluyó beneficios para las empresas energéticas estadounidenses.
Sin embargo, Trump lo rechazó cualquier medida que prolongara el mandato de Maduro y autorizó a la CIA a preparar el terreno para opciones más drásticas. El periódico confirma también que hay canales de comunicación pero bajo las condiciones de la Casa Blanca.
«Trump dio el visto bueno a los planes de la CIA sobre medidas encubiertas dentro de Venezuela, operaciones que podrían estar destinadas a preparar el campo de batalla para nuevas acciones, dijeron estas personas. Al mismo tiempo, aseguraron, autorizó una nueva ronda de negociaciones a través de canales indirectos que, en un momento dado, derivaron en la oferta del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de dimitir tras una prórroga de un par de años, propuesta que la Casa Blanca rechazó», detalló el prestigioso periódico estadounidense.
El texto continúa y sostiene que «no está claro cuáles podrían ser las acciones encubiertas ni cuándo podrían llevarse a cabo. Trump aún no ha autorizado la presencia de fuerzas de combate sobre el terreno en Venezuela, por lo que la siguiente fase de la campaña de presión cada vez mayor del gobierno de Trump sobre el gobierno de Maduro podría ser el sabotaje o algún tipo de operación cibernética, psicológica o informativa».
«El presidente no ha tomado una decisión sobre el curso de acción más general a seguir en Venezuela, ni ha articulado de manera pública su objetivo final más allá de detener el flujo de drogas desde la región. Y los planificadores militares y de la CIA han preparado diversas opciones para distintas contingencias», agrega.
No está claro cuáles podrían ser las acciones encubiertas ni cuándo podrían llevarse a cabo. Trump aún no ha autorizado la presencia de fuerzas de combate sobre el terreno en Venezuela, por lo que la siguiente fase de la campaña de presión cada vez mayor del gobierno de Trump sobre el gobierno de Maduro podría ser el sabotaje o algún tipo de operación cibernética, psicológica o informativa
En esa linea, el Times plantea que «los planificadores militares han preparado listas de posibles instalaciones vinculadas con las drogas que podrían ser atacadas. El Pentágono también está planeando ataques contra unidades militares cercanas a Maduro. Trump tuvo dos reuniones en la Sala de Situación de la Casa Blanca la semana pasada para hablar de Venezuela y revisar las opciones con sus principales asesores».
Por último, según el New York Times «Trump hace hincapié en el papel de Venezuela en el tráfico de drogas o en la migración ilegal cuando trata el tema en público, en privado ha hablado de las enormes reservas de petróleo del país y de que las empresas estadounidenses puedan acceder a ellas».
«Funcionarios venezolanos han dicho a los estadounidenses que Maduro podría estar dispuesto a renunciar, tras una transición de dos a tres años, según las personas informadas sobre el asunto. Cualquier demora en la salida de Maduro del poder es inaceptable para la Casa Blanca. Pero, a pesar del aparente estancamiento en las relaciones, las negociaciones a puerta cerrada muestran que aún es posible una solución diplomática», concluye.
Estados Unidos viene dando los pasos lógicos de una escalada militar con el ataque a las lanchas en el marco de la llamada operación «Lanza del Sur» como parte del supuesto combate contra el narcotráfico, la concentración masiva de fuerzas navales estadounidenses en el mar Caribe es la mayor desde la crisis de los misiles en Cuba y el embargo estadounidense a Cuba de 1962 y la llegada del portaaviones Gerald R. Ford con 15.000 soldados en la región, incluidos infantes de marina en buques anfibios y personal en bases militares en Puerto Rico.
El Departamento de Estado estadounidense también anunció que, a partir del 24 de noviembre, designará como organización terrorista al Cartel de los Soles como estratega par ubicar al gobierno de Maduro como organización terrorista, allanando potencialmente el camino para una acción militar y como método de presión al régimen.
Estados Unidos lanzó 21 ataques conocidos contra embarcaciones que, según el gobierno, traficaban con drogas, en los que han muerto al menos 83 personas. Trump dijo que información sustancial de inteligencia justifica los ataques, pero los funcionarios del gobierno no han proporcionado pruebas detalladas de la carga que transportaban las embarcaciones.
Esos ataques se han llevado a cabo sin autorización del Congreso estadounidense, lo que provocó críticas de expertos jurídicos y demócratas en las Cámaras de que el gobierno está atacando intencionadamente a civiles que pueden ser sospechosos de delitos, pero que no son combatientes.
La Unidad Procesal de Familia Nº 7 de Viedma, a través del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Río Negro, impulsa una convocatoria pública a personas de todo el país interesadas en conformar una familia adoptiva con dos hermanas de 13 y 9 años de edad. Si bien en el Registro…
El indulto de Donald Trump al ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, cayó como una bomba en el país centroamericano en plena votación para presidente.
El líder republicano hizo coincidir el perdón para un condenado por la justicia de Estados Unidos acusado de traficar cerca de 500 toneladas de cocaína a EEUU con el apoyo directo para el candidato del Partido Nacional y principal opositor al gobierno de izquierda de Xiomara Castro, Nasry «Tito» Asfura.
La pregunta que circula por estas horas gira en torno a las razones por la que Trump se expone a un indulto que le puede costar caro en términos políticos. Un funcionario importante del gobierno hondureño dijo a LPO que «han existido operaciones sumamente profesionales de parte de lobbistas internacionales que tienen apoyo de los más poderosos grupos económicos de Honduras, que son los dueños del país».
Esta fuente revela que «ellos son los que cuidan sus privilegios. Por ejemplo, están exonerados del pago de impuestos. No es que el indulto sea tan importante para Estados Unidos, lo es para los grandes grupos económicos hondureños, que son los principales interesados en que haya un presidente que les responda. Y saben que en ese sentido Rixi Moncada (la candidata de izquierda que lidera las encuestas) es incomprable».
Otro dato importante que vincula el indulto con el apoyo al candidato opositor hondureño es que Hernández sigue siendo el jefe de político del Partido Nacional. «Asfura es un personaje menor», afirma esta fuente.
Han existido operaciones sumamente profesionales de parte de lobbistas internacionales que tienen apoyo de los más poderosos grupos económicos de Honduras, que son los dueños del país
Por otra parte, remarca, «Trump nunca paga los costos de sus desatinos. Ni necesita mostrar coherencias. Lo que creo es que esa movida de vincular en el mismo posteo a Asfura y a JOH, fue muy perjudicial para Asfura». «No tengo una explicación racional. Más que la del lobby y el dinero, que es lo que Trump ha demostrado a lo largo de los años», concluye.
En la dirigencia hondureña también hablan de «un mensaje de Trump a la región» y advierten que la agenda del crimen organizado y supuestos vínculos con el narcotrafico serán narrativas que utilizaran contra Petro y Lula en las elecciones del año que viene en Colombia y Brasil».
Juan Orlando Hernández, ex presidente de Honduras.
«El mensaje es claro. Cualquiera que le lleven, sea Hernández o Bolsonaro, lo va a defender porque lo que quieren es armar la internacional MAGA, como pidió Steve Bannon», remarcan.
No es que el indulto sea tan importante para Estados Unidos, lo es para los grandes grupos económicos hondureños, que son los principales interesados en que haya un presidente que les responda. Y saben que en ese sentido Rixi Moncada (la candidata de izquierda que lidera las encuestas) es incomprable
En el gobierno de Xiomara Castro dicen que la candidata oficialista, Rixi Moncada, va a ganar por un margen suficiente como para que la victoria sea clara. En ese caso, sería una durísima derrota para la Casa Blanca. Sin embargo, los números del comando de Asfura son más optimista y lo dan primero a 8 puntos de Rixi.
El indultado Juan Orlando Hernández fue presidente de Honduras de 2014 a 2021 que ganó Xiomara Castro, esposa de José Manuel Zelaya que fue derrocado por un golpe de estado orquestado por el partido de Hernández en 2009.
«Las 10 familias más ricas del país son las que controlan la economía y han radicalizado su batalla: fueron ellos quienes financiaron el lobby que terminó produciendo los tuits de Donald Trump. Ni siquiera sabemos si Trump está realmente convencido de lo que escribió, pero está claro que esa operación de cabildeo costó muchos millones de dólares, pagados por las mismas familias que históricamente han gobernado en Honduras a través de sus intereses», insiste un importante dirigente hondureño que pone el ojo en el Consejo Nacional Electoral -controlado mayoritariamente por los partidos de derecha, siendo el Partido Libre solo una minoría- y una posible manipulación de los resultados provisorios.
«Es muy posible que mañana, desde el cierre de los comicios y durante varios días más, intenten instalar la narrativa de que Rixi Moncada perdió la elección. Por eso hemos dicho que solo vamos a creer en el resultado de las actas definitivas, cuando se cuenten las 19.167 mesas de votación. Creemos que está todo dado para ganar la elección. Pero también creemos que vamos a tener que enfrentar una narrativa muy fuerte que intentará decir que no ganamos, que hubo fraude o cualquier otra acusación que tenga el apoyo, seguramente de Argentina y Marco Rubio», culmina.
Honduras es de los países más pequeños de centroamericanos pero no por eso una pieza incómoda en el tablero geopolítico de Washington en medio de la ofensiva militar en el Caribe que amenaza con una guerra en Venezuela.
Lxs trabajadores de la Coop. La Reginense, tanto del empaque como los permanentes, vuelven a tomar medidas de fuerza y hacen retención de servicios de manera pacífica (como hace un mes atrás, cuando pararon por dos días). Nucleados en el predio exigen el cumplimiento de la deuda que mantienen con lxs permanentes desde diciembre (desde…
La condena por cobro de sobornos al jefe de fiscales de Rosario Patricio Serjal, dictada hace tres semanas, hizo pasar casi desapercibida una sentencia que lo favoreció en otro acto de corrupción aparente, en la que de manera incomprensible perdonó al empresario Sergio Taselli por uno de los mayores casos de contaminación ambiental en la provincia de Santa Fe, el envenenamiento de 23 hectáreas por derramamiento de gas cloro comprobado a Petroquímica Capitán Bermúdez.
Es un asunto sensible y estratégico para Santa Fe, en tanto implica un daño del ecosistema constatado por múltiples pericias en una zona densamente poblada, a cinco kilómetros de Rosario, donde está en juego además de la salud pública el destino de tierras multimillonarias sobre el río, que el Estado provincial podría recuperar.
Pero es muy sensible también para las instituciones de Santa Fe que hicieron todo para que este caso quedara impune con resoluciones polémicas, de dudoso valor jurídico y hasta inentendibles, que involucra a actores de peso. Hasta el día que asumió como ministro de Justicia de la Nación, el abogado de Taselli, acusado por la contaminación, fue Mariano Cuneo Libarona. Los fiscales de este caso dijeron en audiencia no tener dudas de cuál fue el motivo por el cual Serjal, condenado por cobrar coimas para proteger a un capitalista de juego clandestino, ordenó el fin de la investigación a este grupo empresario ni bien comenzaba.
Taselli dirigió desde 2004 una veintena de empresas que explotan la generación de energía, metalurgia como Aceros Zapla, maquinaria agrícola y sector agropecuario La situación que termina con el perdón al empresario y al ex fiscal regional Serjal, que había dado la orden de renunciar a perseguirlo, fue una batalla a cielo abierto en el que la Corte Suprema de Santa Fe tuvo un papel controvertido en extremo que sigue en discusión.
Petroquímica Capitán Bermúdez.
Lo que pasó ahora es que el camarista penal Tomás Orso resolvió que el caso estaba prescripto. Esto en concordancia con el fallo de la Corte Santafesina que de una manera muy polémica aceptó un recurso de los nuevos defensores de Taselli, que de manera temprana, sin que hubiera lo que se llama gravamen irreparable porque la causa estaba empezando, dijo que correspondía revisar el caso y sostuvo luego que el tema no podía avanzar porque era cosa juzgada, contra todos los tribunales inferiores que opinaron lo contrario. Todo eso la Corte lo hizo dirimiendo un empate con un conjuez convocado en forma oscura.
La discusión judicial de este caso derrapó al bochorno y el escándalo. Pero lo que no resuelve la estructura jurídica que perdona a todos es el problema real, extraordinariamente grave, que es el de la contaminación comprobada que dejó la empresa de Taselli, el derrame del gas cloro. El caso judicial termina, nadie es culpable. Pero la grave crisis ambiental con acuíferos comprometidos perdura como problema escasamente atendido por las autoridades.
Los estudios de suelo realizados hace algo más de un año, pasados casi nueve de que una organización civil advirtiera el derrame, confirman niveles de polución graves originados por el tratamiento negligente de químicos altamente contaminantes en Petroquímica Capitán Bermúdez. Lo realizaron ingenieros de la UTN de San Nicolás.
El dictamen consta en el expediente 02102 0010468-8 de la cartera provincial de Medio Ambiente. Se consignan en el tomo quinto los exámenes sobre las muestras tomadas los días 16 al 31 de agosto de 2023 y las conclusiones de expertos de esa universidad. Indica que la fábrica elaboró durante años una gran cantidad de productos en base a cloro, solo o combinado, lo que en este caso último recibe el nombre genérico de compuestos organoclorados, que son muy persistentes para el medio ambiente y con altos niveles de toxicidad para el ser humano y el ecosistema.
El informe que recoge el dictamen técnico indica que el acuífero Pampeano, que se encuentra a una profundidad de 20 metros, «se encuentra severamente comprometido por presencia de compuestos organoclorados en concentraciones que superan lo reglamentado».
Petroquímica Capitán Bermúdez.
Esto es un problema actual que no resuelve el definitivo despegue de responsabilidad que realiza el camarista Orso. Que también favoreció a Patricio Serjal al desvincularlo del delito de encubrimiento, por el cual también estaba acusado el fiscal de Estado adjunto del gobierno del socialista Miguel Lifschitz, Gustavo Luzzini. Esto porque Luzzini consintió el cierre de la causa sin protestarla cuando tenía órdenes de Lifschitz de investigar a fondo e impulsar acciones contra los responsables del desastre ambiental.
Mariano Cuneo Libarona fue hasta asumir como ministro el abogado de Taselli, favorecido por la Justicia de Santa Fe.
Lo que dijo Orso básicamente es que no puede proseguir la investigación contra los tres responsables de Petroquímica-Sergio Taselli, su hijo Máximo Taselli y el directivo Matías Gallegos- ya que el fiscal Serjal ordenó archivarla lo que lo convirtió en cosa juzgada. Sin embargo jamás fueron juzgados los empresarios ni tampoco los funcionarios acusados de encubridores. Nunca nadie fue imputado ni hubo una investigación agotada. Y la sospecha es que eso, una contaminación enorme que persiste que le fue comprobada a una empresa poderosa, es porque como dijeron los fiscales en las audiencias corrió dinero para eso.
El camarista entendió que como hay una propuesta para remediar el daño ambiental en base a una conciliación entre la empresa denunciada y la provincia de Santa Fe la respuesta no debe ser meramente punitiva como pretendieron los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery.
Orso tomó como válida la salida que dio Serjal al caso que es cerrarla con un principio de oportunidad que significa prescindir de la persecución penal. Es polémico porque Serjal tuvo esa discrecionalidad cuando está, como en este caso, comprometido el interés público, lo que prohíbe esa salida. Pero el camarista lo avaló cuando había un decreto de un gobernador que pedía investigar el caso hasta las últimas consecuencias.
En 2015 una organización no gubernamental y el gobierno santafesino advirtieron que Petroquímica Capitán Bermúdez operaba en instalaciones deterioradas, no aptas para la manipulación de esos químicos. Hubo inspecciones que evidenciaron falta de mantenimiento en accesorios, cañerías y tanques de almacenamiento de sustancias peligrosas que se derramaron. Detectaron bombonas de cloro desgastadas a la intemperie, estructuras que contenían material peligroso para la salud deterioradas, tanques rotos donde se guardaban sustancias químicas como benceno, amianto y mercurio, y derramamiento de estos elementos químicos en tierra.
Un daño que no cesa
La compañía fabricaba gas cloro como principal producto, un gas venenoso con cualidades muy corrosivas. Su inhalación en pequeñas cantidades afecta las vías respiratorias. En el predio había presencia de sustancias altamente tóxicas en niveles 50 veces más altos que los tolerables para la salud de las personas. Un perito oficial, el ingeniero Andrés Salum, verificó bombonas de cloro desgastadas a la intemperie, estructuras que contenían material peligroso para la salud deterioradas, tanques rotos donde se guardaban sustancias químicas como benceno, amianto y mercurio, y derramamiento de estos elementos químicos en tierra.
Serjal ordenó renunciar a la persecución al fiscal actuante para dar a los empresarios un criterio de oportunidad, lo que el juez Juan José Tutau, ante ese pedido, concedió. Otro magistrado, Carlos Gazza, consideró más tarde que ese fallo fue injustificable y lo anuló, lo que resultó avalado después por unanimidad por los camaristas rosarinos Georgina Depetris, Alfredo Ivaldi y Carolina Hernández.
Pero la Corte de Santa Fe consideró que la orden de Serjal de favorecer a Taselli con un criterio de oportunidad significaba una salida justificada al trámite penal. La situación quedó trabada con tres votos por lado: los ministros Rafael Gutiérrez, María Angélica Gastaldi y Eduardo Spuler a favor del pedido de Taselli. Y sus colegas Mario Netri, Daniel Erbetta y Roberto Falistocco en disidencia. Hubo que convocar a un conjuez mediante un sorteo a puertas cerradas para dirimirlo. Se llamó al camarista Fernando Gentile Bersano. Con eso se desniveló en favor de lo que quería la empresa. La fiscalía que llevaba el caso no fue notificada ni de que se agregaba un votante al caso ni tampoco de lo resuelto.
Orso ahora dice que para el fiscal general Jorge Baclini, máxima autoridad al momento en que Taselli fue favorecido, le interesaba la remediación del ambiente más que la persecución penal. Esto generó la reacción en la apelación a la Corte Nacional del fiscal Schiappa Pietra. Este dice que no es cierto que para Baclini lo principal era la remediación y que no se puede omitir investigar a cambio de nada.
El hecho de que Orso destaque que el artículo 46 de la Constitución Nacional indica que el delito de daño ambiental genera prioritariamente la obligación de recomponer el ecosistema genera rechazo en los fiscales. Estos recordaron que un gobernador ordenó a los fiscales de Estado que denuncien un delito de contaminación ambiental en 2015. Que como consecuencia de eso se probó con técnicos del Ministerio de Medio Ambiente que el de Petroquímica Bermúdez es el pasivo ambiental más importante de la provincia y compromete el suelo, el agua y el aire de 23 hectáreas a la vera del río Paraná en una zona pre portuaria de alto valor geopolítico económico. Que esto está probado por lo que son hechos y que todas las remediaciones fueron fallidas por lo que fracasó cualquier intento de solución del caso por medios alternativos a la cuestión penal.
Ese fracaso, dicen, implicó la imposibilidad de arribar a un acuerdo remediatorio de las consecuencias dañinas para la salud que la contaminación del predio causa. Dicen los fiscales que unos artículos más arriba del que cita el camarista Orso la Constitución Nacional indica que los delitos de corrupción son equiparables a delitos de lesa humanidad. Y que por ello irán hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos si a nivel nacional el caso queda cerrado.
«Propuestas de remediación hubo en varios planes, lo que implicará trabajos de más de una década para intervenir en las vertientes del predio para que no desemboquen en el río, y también limpiar el terreno. Es algo muy costoso que es si duda fundamental para la solución del caso», le dijo a LPO el fiscal Schiappa Pietra. «Pero acá hay otro principio que es la reparación, económica y cómo es la salida punitiva. Nada de esto se discutió por lo que es irrelevante y equivocado jurídicamente pensar que porque hay remediación no se impulse la acción penal», dijo el fiscal contra el fallo del camarista Orso.
En la provincia de Santa Fe no están claras las acciones ni menos la energía política para resolver este pasivo ambiental que es el más importante en décadas. Desde la cartera de Medio Ambiente del gobierno de Maximiliano Pullaro, a cargo de Enrique Estévez indicaron a LPO que hay tres líneas de reparación ambiental en este momento que son el desmantelamiento edilicio en Petroquímica Capitán Bermúdez, el saneamiento del suelo y de las vertientes de agua en el terreno de la empresa.
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