El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti comenzó a construir su propio armado político y metió un ruido fuerte en Unidos, la coalición que lidera Pullaro a nivel provincial. El médico que llegó a la intendencia con la chapa de independiente ahora armó una mesa política integrada por unos 60 funcionarios de su confianza inaugurando el «poletismo».
En la ciudad de Santa Fe creen que Poletti apartó a sus principales aliados para tantear un acuerdo con La Libertad Avanza para el 2027 y negociar menos condicionados por sus socios.
Es que según contaron fuentes de la capital provincial, la nueva mesa está integrada por funcionarios del gabinete y cuadros de segunda línea del municipio. Los detractores sostienen aseguran que 35 de ellos pertenecen al círculo más íntimo de Poletti, entre familiares y amigos.
La nueva mesa está integrada por funcionarios del gabinete y cuadros de segunda línea del municipio. Los detractores sostienen aseguran que 35 de ellos pertenecen al círculo más íntimo de Poletti, entre familiares y amigos.
El movimiento cayó muy mal en los sectores políticos que fueron claves para que el ex director del hospital Cullen llegara a la municipalidad, sobre todo el sector del ex intendente Mario Barletta y los del PRO de Gisela Scaglia que se vieron desplazados de la mesa chica aunque controlan la botonera estatal y manejan el grueso de licitaciones y servicios, explicaron fuentes de Santa Fe a LPO.
En el oficialismo aseguraron que el intendente cerró el juego político y dejó afuera a los aliados que lo acompañaron en la primera mitad de su gobierno. «Poletti llegó como independiente y ahora arma su propio espacio cuando falta más de un año y medio de gestión, se piensa que va a poder gobernar con 60 amigos», ironizó un dirigente del frente que pidió a LPO preservar su nombre.
Otro de los dirigentes que arrastra bronca con la gestión es el ex intendente José Corral que quedó excluido del armado municipal desde que el médico asumió el cargo y nunca le habilitó ni un cargo en el gobierno.
El ex intendente Mario Barletta
Las tensiones políticas aparecen además en un momento complejo para la gestión municipal. En la ciudad capital admiten que el gobierno local no logra terminar de consolidarse y enfrenta dificultades para ordenar la gestión y los conflictos sindicales.
Ese clima volvió a quedar expuesto esta semana con un curioso episodio durante el partido de rugby entre Capibaras y los Cobras Brasil. En medio del partido, Poletti protagonizó una fuerte discusión con el intendente de Sauce Viejo, Mario Papaleo.
Según testigos del episodio, Papaleo lo increpó porque en medio de un conflicto que mantiene con el gremio municipal local, el sindicato le copa la intendencia con trabajadores de la ciudad de Santa Fe: «¿No controlas a tus trabajadores que se van del municipio cuando quieren?», le habría recriminado Papaleo a Poletti.
El radicalismo en la provincia de Buenos Aires desafía a la conducción y le impone al presidente del Comité de Contingencia, Miguel Fernández, la fecha de la elección para elegir autoridades y reordenar el partido.
Los sectores más representativos del partido que conforman Maximiliano Abad, Martín Lousteau, Gustavo Posse y Daniel Salvador tienen los votos para adelantar la elección partidaria para junio, en lugar de realizarla en septiembre como pedía Fernández.
La conducción del partido quedó sin resolución tras las elecciones internas de 2024, cuando hubo denuncias cruzadas por fraude e irregularidades. Tras meses de conflicto se dispuso un comité de Contingencia que preside Fernández y una convención de Contingencia que lidera Pablo Domenichini, un legislador que responde a Lousteau.
Pero en los hechos el partido quedó fracturado. Fernández rompió con el sector de Abad y la interna lo enfrentó a Lousteau. El ex intendente de Trenque Lauquen quedó aislado, pero con el poder del comité de Contingencia.
Eso le permitió definir los acuerdos electorales el año pasado donde todo implosionó. Fernández apostó por llevar al partido a una línea moderada con la que perdieron nada menos que 149 concejales en los distritos, incluidos todos los concejales del conurbano. En la Legislatura bonaerense perdió 12 de los 14 legisladores que puso en juego.
Tras esa derrota, la presión del resto de los sectores para levantar el partido fue muy fuerte. Fernández -en tanto autoridad principal- informó que la elección interna sería en septiembre, algo que resultó inaceptable para el resto de los sectores del radicalismo bonaerense.
Miguel Fernández.
El sector de Abad, Lousteau, Posse y Salvador quieren arrancar la reconstrucción del partido a mitad de año y aseguran que la propuesta de Fernández buscaba la normalización del partido para fin de año, para comenzar una reconstrucción el año próximo.
El viernes se formalizará una nota con la que quedará formalmente planteada la convocatoria para la pulseada interna de septiembre.
Fiel a las costumbres radicales, el camino de las definiciones radicales está plagado de llamados y convocatorias cruzadas. El espacio de Fernández difundió este miércoles una convocatoria a sesión del comité de Contingencia para el próximo 12 de marzo. La nota salió a las 9 de la mañana.
Sin embargo, Abad, Lousteau, Posse y Salvador se adelantaron y emitieron a las 6.20 de la mañana una nota que se anticipó a la de Fernández. Allí adelantaron la fecha del encuentro, que será este viernes 6 en La Plata. Allí se fijará la fecha de la elección para el 7 de junio.
Estos sectores buscan dotar a las nuevas autoridades con legitimidad de origen y empezar a trabajar para sacar al radicalismo del lugar crítico en el que quedó después de la elección del año pasado.
La idea es comenzar a reconstruir en los distritos. Se sabe que el partido es fuerte en el interior de la provincia. Luego, la nueva conducción deberá buscar un candidato a gobernador. Uno de los nombres que trascendió es el del economista Alfonso Prat-Gay.
Pero la prioridad son los armados locales del interior. El radicalismo siempre tuvo un nicho importante de poder en la provincia, en especial en el verde interior bonaerense. Fernández tiene poder en la Cuarta, allí impulsó la alianza Somos Buenos Aires, un armado con la Coalición Cívica y un sector del peronismo.
Esa alianza también fracasó y 17 de los 28 intendentes perdieron la elección. Algunos incluso salieron terceros, como Miguel Lunghi el hasta ahora imbatible intendente de Tandil que consiguió 14 puntos lejos del peronismo -que ganó la elección- y los libertarios. En Lincoln, el intendente Salvador Serenal también quedó tercero con 22 puntos. Lo mismo pasó con Javier Andrés, de Adolfo Alsina.
Pero además, los malos resultados terminaron licuando a candidatos que no habían llegado a su banca, pero que perfilaban buenas candidaturas. En tanto, en la elección de octubre probablemente se pierdan las tres bancas que se ponen en juego en la Cámara de Diputados.
Escala la disputa por el control del Puerto Quequén, la principal boca de salida de los cereales de la provincia. Con la partida al Congreso de la massista Jimena López en diciembre, los intereses cruzados por la sucesión recrudecieron al transcurrir ya casi tres meses de interinato del dirigente de Uatre, Marcelo Carrillo.
Dentro del consorcio portuario señalaron a LPO que Carrillo avanzó con fuertes cambios en el organigrama, barriendo con parte de los funcionarios designados por López. A la par, hizo nombramientos que agitaron la interna del puerto.
En ese contexto crece la incertidumbre sobre la licitación del elevador de granos que hace 34 años maneja Terminal Quequén, grupo integrado por las agroexportadoras Viterra, Cofco y Bunge, con la participación accionaria de entidades como la Sociedad Rural Argentina, CRA y la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, entre otras.
Hace cuatro años que ese grupo opera con concesiones prorrogadas. En 2024, el gobierno de Kicillof anunció su decisión de licitar esa terminal.
Sin embargo, aún no hay fecha para el llamado y fuentes del puerto sostienen que, cuando expire la prórroga vigente, se otorgará otra a Terminal Quequén. Eso, en medio de la controversia desatada por el derrumbe en enero de un silo de la terminal, hecho que desató acusaciones por falta de inversión.
Se habla de al menos 15 funcionarios que no seguirán y de un proceso de nombramientos de reemplazantes a tono con el nuevo formato de conducción.
Mientras tanto, la interna del puerto es un hervidero. En los últimos días, varios funcionarios designados por la massista López recibieron cartas documento en las que se les notificaba el cese de los contratos.
«Echar a compañeros no es una buena señal», dijo a LPO una fuente del arco peronista necochense, al tanto de estos movimientos en el puerto por parte de Carrillo, hombre alineado a José Voytenco en Uatre y esposo de la ex diputada Natalia Sánchez Jáuregui, del ala del Partido Fe que reporta a Kicillof.
Se habla de al menos 15 funcionarios que no seguirán y de un proceso de nombramientos de reemplazantes a tono con el nuevo formato de conducción.
En ese punto, en Quequén ven jugando fuerte otra vez al intendente de Necochea, Arturo Rojas, que presidió el consorcio portuario durante la gestión de María Eugenia Vidal, en su etapa dentro de Cambiemos.
Ahora alineado a Axel Kicillof, Rojas aparece en el lote de interesados por tener injerencia en un puerto por donde, el mes pasado, salieron más de 1.200.000 toneladas de cereales.
El nombre que suena como candidato de Rojas para el puerto es el de Ernesto Povilaitis, su mano derecha y actual secretario de Legal y Técnica del municipio.
Curiosamente, Povilaitis es la voz cantante del municipio en su litigio judicial con las exportadoras del puerto por el cobro de la tasa portuaria que la gestión Rojas aplicó bajo bandera de usar esos recursos para el arreglo de las calles por donde transitan los camiones que van al puerto.
En diciembre último, la Justicia hizo lugar a una cautelar pedida por las terminales contra el cobro de esa tasa quee hoy permanece frenada. Sin embargo, cerca del municipio aseguran que está próximo a anunciarse un acuerdo por ese tema con las exportadoras.
En Quequén ven que ese acuerdo puede comprender fronteras más amplias y hablan de un consenso entre Rojas y Uatre, vía Carrillo.
El nombre que suena como candidato de Rojas para el puerto es el de Ernesto Povilaitis, su mano derecha y actual secretario de Legal y Técnica del municipio.
Esta semana, ambos encabezaron el acto de aniversario del puerto y se mostraron en sintonía. Eso llamó la atención en quienes recuerdan cuestionamientos puertas adentro de Carrillo a Rojas, ambos con cantera en el armado político-gremial del ex líder de Uatre, Gerónimo «Momo» Venegas.
En Necochea ven que esa cercanía va a decantar en una estructura de manejo en Quequén, más allá del nombre de quien presida el consorcio. Algunos no descartan que Carrillo persista en ese lugar.
No obstante, es un lugar codiciado. «Está todo el mundo pidiendo el manejo del puerto», dijo a LPO una voz al tanto de la interna.
«Las exportadoras no quieren licitar y están especulando con la continuidad de las prorrogas hasta 2028», dijo una fuente del puerto en alusión a las exportadoras
Es ahí donde el massismo no se resigna a la idea inicial de diciembre pasado de sostener esa plaza para el Frente Renovador. Pero en el entramado portuario dicen que ese espacio ya tuvo su cupo con Mónica Litza en Dock Sud.
En paralelo, LPO también contó de las versiones que posicionan en Quequén a Andrea Cáceres, necochense alineada al Cuervo Larroque que hoy está en Niñez y Adolescencia.
Es en ese panorama donde, antes de mitad de año, expira la última prórroga por 180 días que le dieron a Terminal Quequén y hay quienes no dudan de una nueva prórroga.
«No quieren licitar y están especulando con la continuidad de las prorrogas hasta 2028», dijo una fuente del puerto en alusión a las exportadoras, que rechazan el capítulo económico del pliego borrador que circula desde agosto pasado.
Juan Manuel Olmos empuja a Kelly Olmos como presidenta del PJ porteño en lugar del camporista Mariano Recalde, en un recambio que se producirá en las próximas semanas, según anticiparon a LPO fuentes justicialistas.
El titular de la Auditoría General de la Nación quiere que la ex ministra de Trabajo de Alberto Fernández, que es la actual vicepresidenta primera del PJ de la Ciudad, enroque posiciones con el presidente, el camporista Mariano Recalde. A ambos se les vencen los mandatos en abril.
En ambos sectores buscan evitar ir a una interna y avanzar en una lista de unidad. «Como mucho habrá elecciones en las comunas», dijo a LPO un dirigente al tanto de las conversaciones.
Olmos dijo el lunes en el programa de Carlos Pagni en LN+ que «el peronismo tiene que crear una alternativa a este modelo económico». La prueba piloto puede ser en las elecciones de la Ciudad, que se harán en el primer semestre de 2027.
Olmos tiene la idea de armar un gran frente opositor en la Ciudad para derrotar al PRO y los libertarios. Para avanzar en el acuerdo con el resto de la oposición, al final del camino será clave tener el control de la herramienta del PJ.
Mariano Recalde, actual presidente del PJ porteño.
En el seno del PJ incluso no descartan entablar negociaciones con históricos rivales del peronismo porteño como Horacio Rodríguez Larreta o Martín Lousteau.
La primera en dar una señal que permite pensar en un acuerdo del kirchnerismo con dirigentes como Larreta y Lousteau fue Cristina Kirchner, que se reunió la semana con Miguel Pichetto, ex candidato a vicepresidente de Mauricio Macri.
En el encuentro, anticipado por LPO, Cristina y Pichetto hablaron de la unidad del peronismo y acordaron «no hablar del pasado». «Tabula rasa», bromean en el PJ.
El Gobierno descartó prorrogar el programa RenovAr, la principal política de promoción de energías renovables lanzada durante el macrismo, que encerró negociados como los parques eólicos en los que estuvo involucrado directamente el ex presidente y cargó al Estado la obligación de pagar tarifas delirantes y en dólares.
El giro libertario además de ahorrar recursos públicos apunta a que el mercado eléctrico funcione con menos Estado y más contratos privados. Pero en el sector reina una mezcla de entusiasmo y desconfianza. Nadie quiere quedarse afuera, pero tampoco todos están dispuestos a apostar fuerte.
La decisión implica cerrar el capítulo del programa de licitaciones públicas creado en 2016 por el entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren durante el gobierno de Mauricio Macri. RenovAr fue la herramienta con la que el macrismo buscó acelerar el desarrollo de parques eólicos y solares.
El Estado, a través de Cammesa, compraba la energía generada mediante contratos a largo plazo surgidos de licitaciones públicas. «El RenovAr se vendió como la gran puerta de entrada de las renovables modernas en Argentina. Y en parte lo fue: aceleró proyectos, trajo algunos players globales y ordenó un pipeline», explicó a LPO un constructor de parques fotovoltaicos. Pero enseguida agregó la otra cara del modelo: «El corazón financiero del programa quedó armado como un traje a medida de los financistas, no del sistema eléctrico argentino».
La estructura contractual explica buena parte de las críticas. Muchos proyectos se firmaron bajo esquemas de PPA en dólares, diseñados para reducir el llamado «riesgo argentino». Los contratos incluían cláusulas de default y cross-default que conectaban obligaciones financieras entre distintos instrumentos.
El corazón financiero del programa quedó armado como un traje a medida de los financistas, no del sistema eléctrico argentino.
En la práctica, un incumplimiento podía disparar consecuencias en cadena: aceleración de vencimientos, penalidades o cambios en el costo del financiamiento. Ese andamiaje convirtió al programa en una red contractual compleja. Cuando la macroeconomía se tensiona, el problema no queda encapsulado en un proyecto. Se expande.
Para sostener esa arquitectura financiera, RenovAr montó un sistema de garantías y seguros de cobro. El objetivo era desacoplar al inversor de la volatilidad argentina. El resultado fue distinto. El riesgo no desapareció: se trasladó. El inversor cobraba con protección contractual mientras el sistema eléctrico absorbía la prima. En términos económicos, la energía podía parecer barata en la licitación, pero el costo real incluía cobertura contra devaluación, contra iliquidez y contra inestabilidad política. El impacto se vio en el costo final del sistema.
Aunque algunas rondas exhibieron precios competitivos en los papeles, la combinación de dolarización, garantías internacionales y financiamiento externo terminó encareciendo el esquema. A eso se sumó un rasgo técnico clave: las renovables tienen prioridad de despacho en la red eléctrica.
El Gobierno ahora mira hacia otro modelo. La idea se acerca al esquema del MATER, el Mercado a Término de Energías Renovables, creado en 2017 como complemento de RenovAr.
En este sistema, el Estado deja de ser el comprador principal. Los generadores venden directamente a empresas privadas con alto consumo de electricidad. El mecanismo funciona mediante contratos bilaterales. Un parque eólico o solar firma un acuerdo de largo plazo con una compañía industrial.
El precio se negocia entre las partes y la electricidad se transporta por la red nacional administrada por CAMMESA. Los compradores suelen ser grandes consumidores: siderúrgicas, petroleras, mineras, cadenas industriales o empresas tecnológicas.
Solo pueden participar grandes usuarios del mercado eléctrico mayorista. En la jerga del sector se los conoce como GUMA y GUME. Los primeros consumen más de 1 megavatio de potencia. Los segundos entre 300 kilovatios y 2 megavatios.
El programa le exige a estas empresas cumplir con una cuota mínima de energía renovable fijada por la Ley 27.191, que estableció como objetivo que el 20% del consumo eléctrico provenga de fuentes renovables. La diferencia central entre ambos esquemas es quién compra la energía. En RenovAr el comprador era el Estado, con contratos garantizados. En el MATER, el comprador es una empresa privada y el precio se negocia libremente.
En teoría, el sistema reduce el peso fiscal y deja que el mercado defina las inversiones. Pero el modelo también tiene límites. El principal es físico. La red eléctrica argentina tiene capacidad de transporte limitada en varias regiones. Los proyectos compiten por espacio en las líneas de transmisión. Sin nuevas obras de infraestructura pública, el crecimiento del mercado queda restringido.
Además, el desarrollo renovable convive con desafíos técnicos. La generación eólica y solar es intermitente. Requiere respaldo térmico, flexibilidad operativa y planificación de la red. Si esos costos no se integran al diseño del sistema, el precio del parque puede ser competitivo pero el costo total del sistema aumenta.
En ese contexto, el clima en la industria es ambiguo. Celebran la desregulación, pero no terminan de confiar. Predomina el clásico wait and see. «Nos frenamos en 2019 y de ahí venimos en picada. Baja el costo, pero también baja la demanda. El negocio pierde rentabilidad», dijo a LPO un generador fotovoltaico que ahora apunta sus proyectos a Perú. «Este año van a licitar 70.000 megavatios. Y allá ni te enterás de lo que pasa en la política».
Un representante de la filial argentina de Fortescue, que desarrolla el Parque Eólico Cerro Policía de 300 MW, fue directo: «La demanda industrial está por el subsuelo. No tengo off takers». Según explicó, el potencial de consumo podría venir de la minería, pero ese escenario recién se vería dentro de varios años. «Y anda a saber en qué condiciones mundiales estamos en cinco años», agregó. El comentario circuló entre empresarios durante
la edición argentina del Future Energy Summit, realizada este miércoles en el Hotel Emperador
.
LPO habló también con un importador de paneles solares chinos, con una visión más optimista. «A mí me está yendo muy bien. La liberalización de las importaciones generó mucho movimiento», dijo. Pero incluso él marcó un dato que dejó pensando a varios. «Casi no hay presencia de empresas extranjeras. Ni en este foro ni invirtiendo en el país. Quizás haga falta un segundo mandato para que arranquen», deslizó.
Lo concreto es que la industria renovable advierte que, con el vencimiento del programa RenovAr, se viene un golpe fuerte para el sector. De alguna manera, lo reconoció el propio secretario de Energía, Damián Sanfilippo, al inaugurar el foro «El sector fotovoltaico es el que más crecimiento tuvo. Estamos trabajando para darle estabilidad fiscal al sector. No va a hacer prórroga de la 27191 pero sí tratar de alguna manera darle la estabilidad fiscal».
En el panel siguiente, las empresas pidieron que el RenovAr se prorrogue. PCR, Total e YPF Luz.
Durante el encuentro del Consejo Interamericano de Comercio y Producción, realizado en la Ciudad de Buenos Aires, Fernando Gray se reunió este miércoles con el presidente de la República Oriental del Uruguay, Yamandú Orsi.
«Las relaciones entre nuestros países resultan estratégicas para consolidar una agenda común de desarrollo, integración productiva y fortalecimiento institucional en la región», afirmó Gray.
El Intendente de Esteban Echeverría, también vicepresidente de Mercociudades, compartió comisiones de trabajo con el actual presidente de Uruguay.
«Desde hace muchos años compartimos una visión y sostenemos el compromiso con la cooperación entre los gobiernos locales y nacionales», dijo Gray.
