El equipo económico no terminó de recuperarse del estrés que pasó para conseguir los USD 4.300 millones del vencimiento de la semana pasada, que ya tiene que ocuparse de ver como transita una licitación clave el próximo miércoles, que supera los 20 millones de pesos, en otro de los puntos de mayor tensión financiera de lo que queda de enero.
El miércoles 14 vencen $19,3 billones correspondientes a dos Lecaps. Cerca de la mitad de ese monto está en manos del propio Estado, lo que reduce el riesgo inmediato. Pero el resto está en poder del mercado y obliga a renovar deuda en un contexto de tasas altas y expectativas inflacionarias en aumento.
A ese compromiso se suma el remanente de la letra dólar linked D16E6. El vencimiento original era de $6 billones. Pero el Gobierno logró postergar $3,4 billones hasta fin de mes mediante una operación de canje corto, lo que alivió parcialmente la carga del 14 de enero.
La maniobra se instrumentó a través de la Resolución Conjunta de las secretarías de Finanzas y Hacienda. Se dispuso la ampliación de la LELINK D30E6, con vencimiento el 30 de enero, por hasta USD 4.000 millones, para absorber la D16E6 que vencía originalmente el 14 de enero.
La conversión se apoya en la Ley de Presupuesto 2026 y en decretos que permite emitir letras para el mismo ejercicio y aceptar títulos como forma de pago, independientemente de la moneda.
Estos enjuagues acompañan un creciente interés de los operadores financieros por los bonos ajustados por inflación, un giro previsible ante la aceleración infalcionaria. Según IEB, estos instrumentos resultan más atractivos en un escenario de «desinflación más lenta» y son funcionales a estrategias de carry trade. Los operadores recomienda privilegiar bonos CER con vencimientos en diciembre y octubre de 2026, con rendimientos cercanos al 6%, y papeles al 2027 y 2028 en la zona que va del 7,5% a 8%.
El mercado empieza a priorizar los bonos ajustados por inflación, porque observan que la baja del ritmo inflacionario es más lenta de lo esperado. Los operadores recomienda privilegiar bonos CER con vencimientos en diciembre y octubre de 2026, con rendimientos cercanos al 6%, y papeles al 2027 y 2028 en la zona que va del 7,5% a 8%.
Así, el calendario de deuda en pesos volvió a convertirse en una trampa que el propio Gobierno se colocó delante. Mes a mes, el Tesoro fue acumulando compromisos crecientes, con picos previsibles. Una estrategia que fue procastinando el problema.
El primer semestre muestra una dinámica irregular, con saltos fuertes al inicio del año y un alivio hacia el invierno. La segunda mitad del año arranca con un respiro engañoso. Julio es casi un desierto y agosto apenas mueve la aguja. Septiembre reaparece con señales de alerta, pero todavía manejables. Octubre y noviembre vuelven a tensar la cuerda. Diciembre, en cambio, es otra cosa. No es un pico más. Es una pared.
La acumulación de vencimientos se dispara en el último mes del año y concentra una masa de deuda que el propio esquema oficial decidió llevar hasta ahí. No es herencia ni mala suerte: es diseño. Una pared construida con instrumentos en pesos, indexados y de corto vuelo. El problema no es solo el monto, sino el contexto. Llegar a diciembre exige haber renovado todo lo previo sin fisuras, sostener tasas altas, convivir con indexaciones y confiar en que el mercado siga acompañando. Cualquier ruido antes de fin de año convierte ese mes en un test de estrés extremo.
El año comanzó con una mala noticia financiera: el regreso del descontrol de las tasas, una dinámica errática que complica una de las pocas palancas que el gobierno libertario tiene para empujar la economía real.
En el primer día hábil del año hubo un alivio fugaz. La liquidez se colo por una hendija y la la tasa de caución a un día se desplomó en apenas dos ruedas desde niveles arriba del 65% a la zona del 35%. Duró poco. Mientras transcurría la primer semana de enero, se dispararon a picos cercanos al 150% anualizado.
La City se volcó a capturar saltos puntuales de rentabilidad. Una lógica de trading defensivo diametralmente opuesto al financiamiento productivo.
El problema es que esas apuestas financieras golpea a las empresas. Ledesma lo señaló sin vueltas. Cerró el último ejercicio con pérdidas cercanas a los $25.000 millones y apuntó de lleno al impacto de las tasas de interés. El costo financiero se volvió una carga imposible de absorber, incluso para una compañía con espalda y diversificación.
En la misma línea habló Milagros Brito, heredera del Grupo Macro. Su frase incomodó al relato libertario respecto al clima de negocios. «Con tasas así no hay inversión que cierre», dijo. El diagnóstico no vino de una pyme asfixiada, sino de una de las familias más representativas del capitalismo local.
Con tasas así no hay inversión que cierre.
Ahí aparece la contradicción de fondo. Un gobierno que, en teoría, promueve la inversión privada y la previsibilidad, convive con un manicomio de tasas que destruye balances. La valuación de las empresas se resiente. El endeudamiento se vuelve impagable. Y el crédito deja de ser una palanca para transformarse en un ancla.
Pero el problema no es solo el nivel de la tasa en pesos. Desde que asumió Milei muchas empresas tomaron deuda en dólares. Cuando el financiamiento se cortó y varias compañías entraron en default. Con el crédito restringido, los ratios clásicos pierden sentido. El deterioro de esa relación, destruye los balances de las compañías.
El presidente de Citrícola San Miguel, el empresario mileista Otero Monsegur.
Los casos lo muestran con crudeza. La citrícola San Miguel tuvo que reestructurar su deuda y sigue al borde del default. Bioceres, otra agroindustrial que supo ser modelo de innovación, no pudo evitar la cesación de pagos.
El estrés financiero pasó a ser un rasgo dominante del mapa empresario. La energética Albanesi es otro de los casos emblemático. El grupo creció apalancado, con fuerte presencia en generación térmica. El problema no fue la expansión, sino el contexto. Tasas altas, refinanciaciones cada vez más caras y un esquema financiero que empezó a crujir. La compañía debió encarar varias reestructuraciones para evitar el default.
Muy parecido al caso de Aconcagua. La petrolera de capitales argentinos apostó a crecer rápido y financiarse en el mercado de capitales. Funcionó mientras hubo apetito por ONs y cobertura en dólares. Cuando esa ventana se cerró, la empresa quedó atrapada en el clásico problema de liquidez: activos de largo plazo financiados con deuda que se acorta.
Todas estas empresas revelan que no se trata de una discusión de innovación o potencial productivo. Es un problema macro de debilidad financiera del modelo.
La modificación profunda que dispuso Milei a través de un DNU del sistema de inteligencia produjo un fuerte impacto por dar facultades históricamente prohibidas para evitar el espionaje interno. La mayor polémica la generó la posibilidad de detenciones concretadas sin control judicial por agentes de inteligencia.
Alberto Binder es especialista en sistemas penales, docente de múltiples posgrados por toda América Latina y presidente del Instituto de Estudios Sociales y Penales (Inecip) alude a una relación histórica entre servicios, política y mundo judicial.
«La nueva dirección de inteligencia está pensada como un centro de administración de ilegalidades», enfatiza.
-¿Milei crea su policía secreta con este decreto de la SIDE, como denuncia el kirchnerismo? ¿Por qué el Poder Judicial no se ha pronunciado?
-La Constitución dice claramente que el Poder Ejecutivo no puede dictar disposiciones legislativas, leyes, y la Corte Suprema deja hacer esto sin ningún tipo de problema.
Lo que me interesa destacar es que este gobierno -de un modo aparentemente desordenado y siempre irritando- lo que está haciendo es modificar tres leyes centrales de los primeros consensos democráticos. Son la ley de Defensa Nacional, con este cambio que se hizo de abandonar la conducción civil por la conducción militar. La Ley de Seguridad Interior, con el reformateo de las fuerzas de Seguridad, y la Ley de Inteligencia. Esas eran las tres leyes centrales de la tradición democrática y costaron mucho.
Este gobierno -de un modo aparentemente desordenado y siempre irritando- lo que está haciendo es modificar tres leyes centrales de los primeros consensos democráticos, como son las leyes de Defensa Nacional, Seguridad Interior e Inteligencia, que son las bases de la recuperación democrática.
Son las bases de la recuperación democrática las que se están modificando con esto que sacan. La discusión primordial es que este último decreto, a diferencia del de la mitad del año pasado, está hecho por gente que conoce más el sistema. Su punto más importante es que restablece un modelo muy negativo para la democracia, que es en realidad el modelo menemista. Y es el modelo Stiuso.
¿Qué es el modelo menemista?
Nos empezamos a preocupar de un modo especial de la Inteligencia después del atentado del AMIA. Entonces era jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy y con él la Inteligencia empieza a avanzar fuertemente sobre las facultades de investigación, con nuevas ambigüedades y finalidades sobre la criminalidad organizada. Antonio «Jaime» Stiuso nunca fue director del sistema de inteligencia sino que siempre fue director de contrainteligencia, para utilizar métodos que se acercan a la actividad policial.
-La contrainteligencia para definirla es la actividad que se hace sobre los que realizan inteligencia sobre las instituciones u objetivos nacionales, ¿está bien?
-Claro, esa es la definición clásica de contrainteligencia, que existe para defendernos de los otros servicios de inteligencia, los que atacan nuestros sistemas de inteligencia. Para volver a Stiuso, su modelo es el de una SIDE que avanza sobre las investigaciones criminales, que empieza a ser el gran actor encubierto del Poder Judicial Federal, es el que distorsiona y pervierte Comodoro Py.
Es el creador de personas como Oyarbide y un poder que se preocupa por nombrar jueces federales. Toda la lógica de este modelo de Justicia Federal es lo que ahora está estallando. Porque hay que conectar este mundo de la Justicia Federal con la llegada del sistema acusatorio donde los actos judiciales empiezan a ser más transparentes. Eso produce una tremenda resistencia con tres intentos postergados de implementar el juicio oral que Comodoro Py no quiere y es ahí donde hay que leer la aparición de este decreto.
Los titulares fáciles son la policía secreta, la persecución de medios, las detenciones sin orden judicial. Eso va a existir y no es menor pero lo que hay es un rearmado del submundo que opera la inteligencia.
Los titulares fáciles son la policía secreta, la persecución de medios, las detenciones sin orden judicial. Eso va a existir y no es menor, pero lo que hay es un rearmado del submundo que opera la inteligencia. Y que se vio con mucha claridad en el último tiempo en la Justicia Federal de Rosario donde quedan expuestas las influencias de este mundo sobre dos jueces acusados de delitos.
-¿Cuál debe ser la tarea de inteligencia legítima en un orden jurídico democrático?
-La tarea de inteligencia legítima es generar información de calidad para toma de decisiones de política muy delicadas. El mundo es complejo. Tenemos amenazas en el espacio ciber, zonas grises entre negocios lícitos y capitales que viven del narcotráfico.
Un país para tomar decisiones necesita no solo saber cómo se mueven las organizaciones criminales. También conocer cómo se está moviendo China, como van a ser sus relaciones con Estados Unidos o con Rusia, cómo va a jugar la India, cómo juegan nuestros vecinos.
Conocer todo eso depende de inteligencia nacional y sirve para toma de decisiones estratégicas del país, de sus relaciones exteriores, del descubrimiento de amenazas. Para eso es clave la recolección de información y su análisis. Y esto debe ser hecho por grupos de especialistas que sean confiables.
-¿Y ese trabajo de búsqueda de información se puede autonomizar del pedido de un fiscal y de una orden judicial?
-Hay que distinguir. La inteligencia nacional no tiene nada que ver con una investigación criminal en principio. La inteligencia nacional clásica, la que necesita el país, tiene que ver con informes que recibe el presidente o los ministros para la toma de decisiones. Esas decisiones tienen que ser tomadas con el mayor nivel de información posible.
Para decidir cómo se va a manejar o que riesgos tienen las relaciones con Estados Unidos, cuál va a ser la política energética hacia China, o descubrir cuáles son las nuevas amenazas de la tecnología en los sistemas informáticos. Todo eso es información que se desarrolla en algo que se conocen como alertas primarias o alertas tempranas. Cuantas más alertas se hacen, mejor funciona un sistema de inteligencia.
La investigación criminal, la entrada judicial, es cuando ya la inteligencia fracasó. La persecución de un caso de terrorismo la tienen que hacer las policías especializadas en terrorismo, para la prevención de que en la Triple Frontera se estén instalando células de Hezbolá, o del Comando Vermelho o el PCC. Para eso necesito información, con la máxima anticipación posible, sobre si los planes de esas organizaciones son tratar de ingresar a la Argentina.
Porque en base a esa información hay organismos especializados de prevención, fuerzas de seguridad, que sirven para, a partir de ahí, desarrollar inteligencia. La búsqueda de información de inteligencia nacional no precisa de órdenes judiciales. Cuando ya hay una investigación criminal concreta hacia un grupo específico, entonces sí.
-¿Es posible una profesionalización de la Inteligencia en la actual SIDE?
-Bueno, el modelo anterior, que se intenta rearmar, impidió que se desarrollara el sistema acusatorio, y esto yo se lo escuché a ministros de la época de Cristina, e imposibilitó que se desarrollara una policía de investigaciones. Estuvimos hablando durante 15 años que necesitábamos un FBI y no lo podemos crear.
Algo importante es que el movimiento que expresa el decreto lo hizo gente que entiende cómo jugar. Lo que había hecho antes en un decreto anterior el propio Milei, pero era un decreto técnicamente mal hecho. Estos de ahora entienden exactamente lo que quieren.
Porque el que había ocupado ese lugar era la dirección de competencia de inteligencia. Si miramos el narcotráfico hoy la inteligencia nacional es un sinsentido. No hay plan, no hay objetivos, no se hace funcionar coordinadamente a fuerzas de seguridad federales y provinciales, o a los fiscales de un lado y de otro. Ese modelo deriva necesariamente en un sistema privado de negocios.
La expresión y la debacle de ese modelo está en la figura de operadores territoriales que se van autonomizando como (Marcelo) D’Alessio. Y luego un sector de la Justicia Federal, que como nunca en la historia, lo vemos ahora, tiene niveles de corrupción altísimos. En Corrientes, en Rosario, en Mendoza, esto antes no había ocurrido.
Algo importante es que el movimiento que expresa el decreto lo hizo gente que viene probablemente de esa época, pero que entiende cómo jugar. Lo que había hecho antes, el decreto anterior, el propio Milei, era un decreto técnicamente mal hecho. Estos de ahora entienden exactamente lo que quieren.
-¿Qué le parece lo más disruptivo y lo más preocupante?
-En la exposición de motivos el decreto dice que se busca coordinar la nueva función de la Policía Federal, lo que es relativamente falso, y que hay que corregir los problemas de la Agencia de Seguridad y de Ciberseguridad, cosas que parecen más razonables. Pero el centro del decreto es poner el funcionamiento de la inteligencia no en el análisis y en la producción de información, sino en la contrainteligencia.
Yo no busco defender el sistema de inteligencia anterior, que es un desorden absoluto sin control. Lo que reclamo es que se pueda conformar un buen sistema de inteligencia, para las necesidades de nuestra democracia.
¿Y eso qué significa? La contrainteligencia, aún en un sistema democrático correcto, tiene una metodología que se acerca a lo policial. Es normal que eso implique hacer investigaciones. Ahora, ¿qué hicieron? Cambiaron la definición de contrainteligencia, porque ahora contrainteligencia no es solamente defenderte del accionar de otros grupos que están tratando de pervertir o de sacarte información de tu propio sistema de inteligencia, sino que pusieron como esencial una metodología policial, más que una metodología de inteligencia y de análisis de información.
-¿Y qué es lo crítico de eso?
-Que el eje deja de ser el análisis y la alerta temprana para centrarse en la investigación de tipo policial, que por otra parte se vuelve permanente y que permite meter a agentes encubiertos en la dinámica del narcotráfico, como en la época de Lauchón Viale con Stiusso (NE: Pedro Tomás Viale fue un ex agente de la SIDE cercano a Stiuso, asesinado a balazos por el Grupo Halcón de la Policía Bonaerense en su casa de La Reja en 2013).
Para mí el mayor peligro está en que esta nueva dirección de inteligencia está pensada como un centro de administración de ilegalidades. Veamos cómo a través de (el ex juez federal de Rosario Marcelo) Bailaque actuaba un ex agente informal de inteligencia (Santiago Busaniche), instituciones empresarias, el juego ilegal, todo un juego complejo que está en Rosario.
-Bailaque es un ex juez acusado de una extorsión digitada por un lobista, que es Santiago Busaniche, conectado con Héctor Marchi, que era el administrador general de la Corte Suprema. Hay también un juez civil que es Gastón Salmain que es designado de una manera sorprendente y está hoy imputado en una causa penal junto a Busaniche. Es decir, hay un vínculo entre presuntos servicios de inteligencia y magistratura que se está viendo en audiencias judiciales.
-Bueno, es el mundo oscuro en el cual participaban jueces, empresarios, agentes de inteligencia. Se trató de frenar esto durante el gobierno de Alberto Fernández y como pasó con todo lo de Alberto Fernández, quedó en la nada y perdimos la gran oportunidad de reconfigurar el sistema de inteligencia para basarlo en necesidades reales de inteligencia.
Veamos qué pasa hoy con todo este tema de la AFA y el Chiqui Tapia. ¿Cómo puede ser que tengamos jueces metidos en todo el sistema disciplinario del AFA? Está un juez que es Barroetaveña que está en la Casación Federal, está en el Tribunal Disciplinario de la AFA, está en el Consejo de la Magistratura.
Se trató de frenar esto durante el gobierno de Alberto Fernández y como pasó con todo lo de Alberto Fernández, quedó en la nada y perdimos la gran oportunidad de reconfigurar el sistema de inteligencia para basarlo en necesidades reales de inteligencia.
Lo que yo interpreto es que ese modelo se estaba cayendo. Entonces el decreto viene a reconfigurar eso, donde la inteligencia es el centro de administración y de juego de estas ilegalidades para mantener el control.
¿Por qué? Porque la Justicia Federal está cambiando, porque la Policía Federal está cambiando, porque los servicios de inteligencia del mundo están cambiando. Con el decreto se están aggiornando normativamente para reconfigurar la vieja lógica.
Yo no busco defender el sistema de inteligencia anterior, que es un desorden absoluto sin control. Lo que reclamo es que se pueda conformar un buen sistema de inteligencia, para las necesidades de nuestra democracia, de conocimiento de las amenazas complejas que hoy existen y de la necesidad de inserción estratégica de Argentina en el mundo.
-¿Precisamente, qué opina de las dificultades del progresismo para hacer una transformación de la estructura de inteligencia argentina?
-El modelo Stiuso se crea en el menemismo, pero es sostenido firmemente por el kirchnerismo. Con una mano firme como la de Néstor Kirchner, se había armonizado a los intereses del gobierno de entonces, que lo dejó crecer. Cristina, yo creo que en determinado momento, pierde el control. Pero tampoco se anima a destruirlo, no puede cambiarlo. Ahí se dan las reformas del 2015, cuando entra Parrilli, entra Mena, en Inteligencia. Son enmiendas que no se animan a modificar totalmente lo que había. No digo que hacerlo es soplar y hacer botellas pero lo que pretendieron, muy al estilo del kichnerismo, fue generar un mecanismo de control del sistema viejo, que no terminaron de controlar. Se quedaron a mitad de camino, no tuvieron audacia ni intención para un cambio fundamental.
En el gobierno de Fernández estuvimos insistiendo que había que intervenir y reformatear todo el sistema de inteligencia, y había que cortar los vínculos con la justicia penal y también se quedaron a mitad de camino. Después aparece otro grupo dentro del kirchnerismo, cuyas figuras son Moreau y Tailhade, que otra vez pretenden hacer lo mismo, que es jugar ese juego.
Históricamente, aunque yo creo que ha ido perdiendo peso, el nosiglismo siempre mantuvo algún sector en los servicios, pero ese sector se está yendo, porque hay gente que se está volviendo vieja. Milani trató de manejar el sistema de inteligencia militar sin éxito. Y Macri tampoco pudo, intentó hacerlo con Angelici y no pudo. Con lo cual, el sistema se fue degradando y desorganizando.
Hay un problema de fondo: a buena parte de la dirigencia política le interesa manejar este mundo. Y este gobierno, que es mucho más desenfadado, lo que hizo es transparentar ese modelo.
Porque hay un problema de fondo: a buena parte de la dirigencia política le interesa manejar ese mundo.Y este gobierno, que es mucho más desenfadado, lo que hizo es transparentar ese modelo.
-¿Usted cree, como ha dicho Agustín Rossi, que esta reforma también sustituye la inteligencia del Ministerio de Defensa para derivarla directamente a las Fuerzas Armadas?
-Eso fue parte de la modificación de la ley de Defensa. La ley de Defensa de la Democracia estaba basada en la idea de profesionalización de las Fuerzas Armadas, y eso se fue logrando a medias. El nombramiento del actual ministro de Defensa es la modificación de eso, sin hacer mucho bombo y ocultando el problema más grave que nosotros tenemos, que es la obsolescencia profunda de nuestras Fuerzas Armadas.
Al ver por televisión lo de Venezuela notamos cómo cambió la defensa y los conflictos por esto que se llama la guerra híbrida. Hoy día la guerra es básicamente tecnología, inteligencia, drones y análisis digital. Nosotros estamos desfasados, nuestras Fuerzas Armadas sirven para poco.
-¿Qué futuro estima tendrá el decreto tras la intervención del Congreso?
-Tengo sospechas de que hay sectores políticos mucho más interesados en tener algún vínculo con esta nueva central de administración de ilegalidades, que con tirarla abajo. Pero la que debería tirar todo esto abajo de un plomazo, y tiene las facultades para hacerlo, es la Corte Suprema. Pero, bueno, sus ministros están callados.
Hay que empezar a dar una discusión de fondo. Tenemos que discutir el modelo de inteligencia para la nueva etapa de la democracia. Tenemos que discutir el nuevo modelo de defensa y de fuerzas armadas para la nueva democracia, así como tenemos que discutir el modelo policial. Esas son las tres grandes discusiones que tenemos por delante.
En pleno drama por los incendios en la Patagonia, el Gobierno nacional busca tratar en el Congreso un proyecto que modifica de manera drástica la Ley de Tierras (26.737): habilita la producción en zonas arrasadas por el fuego y libera la venta de suelo argentino a extranjeros. La iniciativa aparece en sintonía con la ofensiva de Estados Unidos sobre los recursos naturales de América Latina. Un relevamiento científico del Observatorio de Tierras revela datos alarmantes sobre quiénes controlan el territorio, el agua y los minerales del país.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La discusión va más allá de consignas y slogans. Mientras la administración de Milei impulsa cambios que debilitan los límites a la propiedad extranjera, un trabajo del Observatorio de Tierras —integrado por investigadores de la UBA y el Conicet— puso cifras y mapas a un proceso silencioso: la constante entrega de territorios estratégicos a manos foráneas.
El mapa interactivo, desarrollado por la socióloga Julieta Caggiano y el historiador Matías Oberlin, muestra que aproximadamente el 5% del territorio nacional ya está en manos de firmas o Estados extranjeros. En términos concretos, más de 13 millones de hectáreas, una superficie equivalente a toda Inglaterra, escaparon al control nacional.
El truco del promedio y los distritos en rojo
Los investigadores advierten que el discurso oficial —según el cual ninguna provincia supera el límite legal del 15%— es engañoso. El promedio provincial oculta realidades críticas: 36 departamentos del país ya exceden ese tope, lo que vulnera el espíritu de la ley.
Entre Ríos aparece como uno de los casos más graves. Los departamentos de La Paz y Gualeguay alcanzan el 9% de extranjerización (más de 56 mil y 57 mil hectáreas, respectivamente), mientras Concordia llega al 6%. En Santa Fe, el caso emblemático es Garay, donde el 16% de sus 391 mil hectáreas está en manos extranjeras, por encima del límite legal.
Agua, minería y fronteras: nada es casual
El relevamiento demuestra que la extranjerización no es aleatoria: sigue el rastro de recursos estratégicos en un mundo atravesado por la crisis climática y energética. Hay departamentos que superan el 50% de su superficie extranjerizada, como Lácar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja) y Molinos y San Carlos (Salta).
Las zonas con agua dulce y nodos logísticos también concentran cifras alarmantes. Localidades ribereñas del río Paraná, como Iguazú, Ituzaingó y Campana, superan el 30%. En cuanto a nacionalidades, Estados Unidos lidera con 2,7 millones de hectáreas, seguido por Italia y España. Entre las tres concentran la mitad de toda la tierra extranjerizada. Para dimensionarlo: los estadounidenses poseen más superficie que la provincia de Tucumán.
“No es una cuestión ideológica, sino de defensa de las capacidades del Estado. El patrón es claro: los casos más críticos están en zonas de frontera y con recursos hídricos o minerales”, explicó Caggiano.
De Menem a Milei: una historia de flexibilización
El informe recuerda que el quiebre contemporáneo se produjo a fines de los años noventa. En 1996, el gobierno de Carlos Menem creó la Secretaría de Seguridad Interior, que habilitó la venta de más de 8 millones de hectáreas en zonas de seguridad fronteriza, áreas protegidas desde 1944 por un decreto que reservaba esas tierras a ciudadanos argentinos.
Esa normativa fue sistemáticamente vulnerada con ventas irregulares y triangulaciones. Casos emblemáticos como Lago Escondido, en manos del británico Joe Lewis, o las tierras patagónicas adquiridas por Luciano Benetton, son parte de ese proceso.
La Ley de Tierras, sancionada en 2011 para frenar la especulación tras el boom de los commodities, fue desde entonces blanco de intentos de flexibilización. Tras el freno judicial al DNU 70/2023 por un amparo del CECIM La Plata, el Ejecutivo de Milei avanzó por la vía política a través del Consejo de Mayo, que avaló cambios sustanciales.
Para los especialistas, la reforma no busca inversiones productivas, sino facilitar la captura de bienes comunes no reproducibles. El caso de Malargüe, en Mendoza —donde la extranjerización del 15% convive con 18 nuevos proyectos mineros— anticipa mayor conflictividad social si el Estado renuncia a su rol de control. “Cruzar estos datos con las inversiones mineras permite entender por qué el mapa es una herramienta de alerta”, señaló Oberlin.
En un contexto de avance de Donald Trump sobre los recursos de América Latina y reimpulso de la doctrina Monroe, el informe advierte que desarmar las protecciones existentes redefine quién decide, quién accede y quién queda afuera. Cuando el agua dulce y la energía son ejes del conflicto global, ceder territorio es ceder soberanía.
Vuelos privados sin declarar, valijas que pasan sin control, contratos millonarios con el Estado y nombres que se repiten en todas las causas sensibles. Una trama que cruza narcotráfico, espionaje, estafas y financiamiento político vuelve a poner en el centro de la escena al entorno de Milei.
Por Tomás Palazzo para NLI
Los aviones privados se convirtieron en el símbolo más explícito de los escándalos de corrupción que rodean al gobierno de Milei. No se trata de hechos aislados ni de simples irregularidades administrativas: detrás hay narcotráfico, lavado de dinero, campañas electorales financiadas por fuera de la ley y vínculos con los servicios de inteligencia, tanto locales como extranjeros.
Uno de los focos más sensibles está en Texas, donde el narco Fred Machado afrontó una audiencia clave ante el juez Bill Davis. En manos del magistrado hay dos celulares, una laptop y cinco pendrives secuestrados al empresario, dueño de una megaestructura de vuelos privados utilizada —según la acusación— para transportar cocaína y lavar dinero. Ese material podría ser explosivo para la política argentina.
Los 38 vuelos de Espert y los dólares que no cierran
Entre los datos que sobrevuelan la causa aparece un nombre conocido: José Luis Espert, exdiputado y primer candidato de Milei en la provincia de Buenos Aires. Según consta en la investigación, realizó 38 vuelos privados nunca declarados en aviones de Machado durante su campaña electoral y recibió 200.000 dólares cuya justificación es, como mínimo, inverosímil.
Espert sostuvo que el dinero correspondía a trabajos de consultoría para una mina en Guatemala, Minas del Pueblo, una firma que, según la fiscalía, no tenía actividad real y es señalada como posible pantalla para el lavado de dinero. El fiscal de San Isidro, Fernando Domínguez, ya tiene el contenido del celular de Espert y espera informes internacionales que podrían terminar de derrumbar la coartada.
La hipótesis judicial es clara: resulta increíble que alguien se suba casi cuarenta veces a los aviones de un narco sin preguntar nada, reciba préstamos de vehículos blindados y comparta viajes al exterior sin conocer el origen de los fondos.
Texas, el arrepentido y lo que puede salir a la luz
La audiencia en Estados Unidos se realizó bajo un llamativo hermetismo. Para los investigadores, ese silencio indica una posibilidad concreta: Machado podría negociar con la fiscalía y convertirse en arrepentido. De hacerlo, no sólo hablaría de los vuelos y del dinero, sino también de quiénes fueron beneficiarios políticos del esquema.
La acusación en su contra es demoledora: conspiración para fabricar y distribuir cocaína, lavar dinero, cometer fraude, violar normas federales y manipular la registración de aeronaves. Si no colabora, enfrenta una condena similar a la de su socia Debbie Mercer-Edwin, sentenciada a 16 años de prisión.
El presentador: Mastropietro y el 3 por ciento para Karina
En esta trama aparece un personaje clave: Sergio Daniel Mastropietro, quien presentó a Machado con Espert. Mastropietro no es un desconocido: fue accionista de empresas de vuelos privados junto al narco, presidió Avian Líneas Aéreas —continuadora de Macair, la aerolínea de la familia Macri— y aparece en innumerables causas de corrupción.
Hoy está imputado en el expediente de Discapacidad, donde se investiga el robo sistemático de fondos públicos mediante sobreprecios y facturación falsa de vuelos privados, el famoso “3 por ciento para Karina”. En esa causa, el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello documentaron maniobras para esconder dinero antes de allanamientos, utilizando justamente empresas aéreas.
Cuando Casanello ordenó secuestrar su celular, Mastropietro protagonizó una escena digna de película: venía de Miami en vuelo privado, desvió el avión a Tucumán y, al llegar a Aeroparque, el celular ya no estaba. Dijo haberlo “perdido”.
Scatturice, valijas, espías y una cancillería paralela
Otro nombre central es el del exagente de inteligencia Leonardo Scatturice, dueño de Royal Class y operador de vuelos privados que ingresaron valijas sin control al país, con apagón de transponder incluido. Scatturice no sólo mueve aviones: también acumula contratos con la SIDE, el Ministerio de Economía, ARCA y Anses, se quedó con Flybondi y ahora con OCA, tras una refinanciación escandalosa de deudas con el Estado.
Scatturice incluso registró en la Argentina una empresa vinculada a la CPAC, la organización ultraderechista que lidera Donald Trump. Desde allí, según se investiga, habría montado algo parecido a una cancillería paralela, actuando como nexo informal entre Milei y sectores del poder estadounidense.
Los aviones de Scatturice también aparecen en la estafa de la criptomoneda Libra. En uno de ellos recorrió el país Hayden Davis, el armador del fraude que tuvo como partícipe indispensable a Milei. El fiscal Domínguez detectó además facturas de Espert a nombre de Mauricio Novelli, el operador que articuló Libra desde la Casa Rosada.
Las piezas empiezan a encajar: aviones privados, vuelos opacos, valijas sin control, narcos, espionaje y negocios con el Estado. Todo bajo un mismo patrón.
Un hilo conductor imposible de disimular
Como expuso el periodista Raúl Kollmann, nada parece casual. Los nombres se repiten, los métodos también. Aviones que despegan sin control, dinero que viaja sin declarar, empresarios que pasan de ser desconocidos a manejar sectores estratégicos y un gobierno que mira para otro lado.
Aviones, vuelos privados, el gobierno de Milei y la corrupción. A veces el hilo es visible. Otras, apenas disimulado. Pero siempre está ahí.
El diputado nacional de Unión por la Patria Agustín Rossi lanzó una dura advertencia contra el DNU 941, mediante el cual el Gobierno amplió las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado. Para el ex ministro de Defensa, la norma representa un retroceso institucional de enorme gravedad y abre la puerta a prácticas propias de los años más oscuros de la Argentina.
Por la Redacción de NLI
En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Rossi afirmó sin rodeos que “estamos en presencia del intento de convertir a la SIDE en una policía secreta”, al tiempo que confirmó que la oposición buscará rechazar el decreto en el Congreso durante febrero, sin esperar al inicio de las sesiones ordinarias.
Detenciones sin juez y reminiscencias de la dictadura
Uno de los puntos que Rossi calificó como “gravísimo” es la posibilidad de que agentes de la SIDE realicen aprehensiones temporales de ciudadanos y ciudadanas sin autorización judicial, algo que —según remarcó— ni siquiera aclara cuánto tiempo puede durar esa detención.
Pero el cuestionamiento no termina ahí. El diputado santafesino alertó que el decreto también habilita al jefe de la SIDE a involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de inteligencia interior, con una simple solicitud administrativa. Para Rossi, esto remite directamente al funcionamiento del aparato represivo durante la dictadura militar, cuando los militares realizaban inteligencia interna y la SIDE detenía personas.
En ese sentido, fue categórico: “Sin ninguna duda es un hecho gravísimo. Vamos a hacer todo el esfuerzo necesario para tratar de rechazar el DNU”.
El Congreso puede actuar en pleno receso
Frente al argumento oficial de que el tratamiento parlamentario debería esperar a marzo, Rossi aclaró que no existe ningún impedimento legal para avanzar durante el receso. Al tratarse de un decreto de necesidad y urgencia, explicó, el Parlamento está obligado a abordarlo de manera inmediata.
Según detalló, la ley establece que el jefe de Gabinete debe remitir el DNU al Congreso dentro de los diez días hábiles de su firma. Una vez cumplido ese plazo, la comisión bicameral puede tratarlo, y aun si eso no ocurre, cualquiera de las cámaras queda habilitada para llevarlo al recinto.
“Yo creo que en febrero podemos tratarlo”, anticipó Rossi, dejando en claro que la oposición buscará frenar en el Congreso una avanzada que consideran incompatible con el sistema democrático.
El cuestionamiento al DNU 941 se suma a una creciente preocupación por la concentración de poder y el debilitamiento de los controles institucionales bajo el gobierno de Milei, en un contexto donde las facultades extraordinarias parecen transformarse en regla y no en excepción.
