Sociedad

 

La crisis del empleo se espiralizó en el primer cuatrimestre de 2026. De acuerdo a datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), entre enero y abril cerraron 5.654 empresas con la desvinculación laboral de 43.680 trabajadores registrados.

Muchas de estas empresas son de rubros golpeados directamente por la apertura de importaciones y el aumento exponencial de los costos de producción. Entre los sectores más golpeados, aparecen el textil, calzado, autopartes, neumático, metalúrgico, entre otras.

En ese cuadro, especialistas advierten una mutación acelerada del mercado laboral que tiene como aspecto central un corrimiento del trabajo asalariado al cuentapropismo, las apps y múltiples actividades informales y precarias.

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Es ahí donde el director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA), Agustín Salvia, advirtió que casi un millón de puestos de trabajo asalariados se perdieron durante la última década y que casi la mitad de ese número responde a los últimos tres años.

«En situación de desempleo, la opción disponible es pasar a un autoempleo informal. No tenés un empleo formal asalariado disponible, entonces la primera reacción que tenés es pasar a un rebusque», dijo Salvia a Infobae.

La desocupación crece en el conurbano y ya supera los dos dígitos en regiones de la provincia

Según un relevamiento del Observatorio de la Deuda Social Argentina, el 29% de quienes salen del sistema de empleo formal se incorporan dentro de ese abanico de ocupaciones informales, un tendencia que -alertó- «se agravó notablemente».

«La desocupación no es del 6%. Si sumás los trabajos de changa de distinta naturaleza, el desempleo en Argentina se acerca al 28 o 30%», agregó Salvia, que habló de un 30% de la fuerza de trabajo en Argentina de alta productividad frente a un70% de subproductividad.

 

 

La Procuración General de la Nación dictaminó a favor de la medida del gobierno de Javier Milei que prohibe a los municipios cobrar tasas municipales en las boletas de luz, resolución que está judicializada por varios intendentes desde 2024, cuando fue promovida por Toto Caputo.

Con múltiples disputas judiciales abiertas y fallos a favor de las comunas, la polémica escaló a la Corte Suprema, que pasó vista al organismo a cargo de Eduardo Casal.

Ahí, la Procuración sostuvo que la medida del Gobierno no ataca las autonomías municipales y advirtió que las comunas pueden cobrar las tasas por otra vía. Eso, a pesar de admitir que puede existir un impacto con esta modificación.

Intendentes le advierten a Caputo que no podrán pagar el alumbrado público si no cobran las tasas en las boletas

«En el caso no se ha demostrado que el actuar estatal cuestionado adolezca de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta», dice el dictamen de la Procuración firmado por Laura Monti, al que tuvo acceso LPO.

Ese dictamen refiere al expediente donde tramita la demanda de la Municipalidad de José C. Paz contra el Ministerio de Economía pero también la Procutación los aplicó a las demandas presentadas por los municipios de Hurlingham, San Martín, Pilar e Ituzaingó.

Como contó LPO, desde que Caputo dio a conocer esta prohibición los intendentes salieron en bloque con presentaciones judiciales, alertando sobre el impacto de la medida en la recaudación del tributo por Alumbrado Público, que en los distritos del conurbano mayoritariamente está integrado a la boleta de energía eléctrica para garantizarse una mayor cobrabilidad.

Si la Corte sigue la línea de la Procuración, en varios municipios advierten que está en riesgo el alumbrado publico.

«En los municipios primero vamos a pagar los remedios, segundo la guardia de los médicos, tercero los sueldos, cuarto el alimento que entrega Desarrollo Social y quinto el combustible. Lo último será la factura del alumbrado público. Hay prioridades. ¿Qué van a hacer las empresas? ¿Cortar la luz en las ciudades?», dijo un intendente a LPO apenas se disparó la polémica.

Intendente aliado de Milei desafía a Caputo y quiere cobrar el alumbrado en las boletas de luz

Además del caso de José C. Paz, la Procuración sacó un dictamen de similar tenor en el expediente donde tramite la demanda del municipio de Río Grande.

Ahí, sostuvo que la Secretaría de Industria y Comercio estaba habilitada para establecer reglas generales sobre la facturación de los servicios públicos en el marco de las relaciones de consumo y descartó una afectación de la autonomía municipal.

En el caso de los municipios del Conurbano, la Procuración advirtió que existe legislación que establece que la factura de energía eléctrica «no podrá incluir tributos de orden local o cargos ajenos a los bienes y servicios facturados». 

 

 

El cierre de la presentación de alianzas para la elección de septiembre en la localidad cordobesa de Marcos Juárez confirmó que avanza el entendimiento o, al menos, una nueva fase en la relación entre el presidente Javier Milei y el peronista Martín Llaryora. Porque el mismo día en el que se oficializó el auxilio financiero de 400 mil millones de pesos de la Nación para Córdoba, los libertarios decidieron correrse de las coaliciones para los comicios en Marcos Juárez.

Quien siguió de manera atenta la forma en la que el libertario cordobés Gabriel Bornoroni acató la orden de Balcarce 50 y sacó al oficialismo nacional de la contienda es el expresidente Mauricio Macri. Sobre todo, porque el líder del PRO observa que se presenta como una buena oportunidad para recuperar el famoso ‘kilómetro 0′ de Cambiemos y volver a controlar el bastión en el corazón productivo cordobés.

«Mauricio va a jugar si o sí con Pedro. Lo va a respaldar y lo alienta a que sea candidato. Con o sin el PRO, más allá de cualquier traba administrativa que le pueda presentar Oscar (Agost Carreño)», dijo una persona que conoce los movimientos del macrismo en suelo cordobés.

Lo del impedimento es correcto. Agost Carreño le ganó una pelea de varios capítulos al macrismo por el control del sello del PRO en Córdoba y no quiere ceder tan fácilmente para que Dellarossa sea candidato amarillo con la bendición de Macri. Situación que, en caso de victoria, podría hacer estallar al bullrichismo que también prestó aparato a Agost Carreño para que voltease en la batalla al macrismo.

«Si Agost Carreño cede fácil y le da el sello a Dellarossa, le explota la relación con Laura Rodríguez Machado que lo acompañó para que se quedara con el partido hace un par de meses», reflexionó una persona que tuvo el teléfono ocupado todo el día con el cierre de alianzas.

Lo que viene es la carrera contrarreloj para presentación de candidaturas que vence el 7 de agosto, con miras a la elección del 6 de septiembre. Para la primera semana de agosto, Dellarossa está convencido de que irá con o sin el respaldo del sello del PRO. Decisión que también observa el cordobesismo que, en caso de victoria del exintendente, se subirá a la foto con el argumento de que Dellarossa fue un ‘extracomunitario’ que Llaryora repatrió para su primera etapa del Partido Cordobés.

Con lo cual, la decisión de Agost Carreño con el control del partido amarillo -cuyo presidente en realidad es Oscar Tamis- también tiene impacto en la inquietud del cordobesismo. «A lo mejor, Oscar sabe que si pisa el sello también mantiene incómoda a la relación que une a Macri con el cordobesismo», dijo otra persona.

Por último, sobre el final del lunes, una persona al tanto de todas las conversaciones que hubo para el cierre de alianzas en Marcos Juárez reconoció que la negociación también esmeriló el vínculo entre Bornoroni y el senador Luis Juez. «Los socios le volvieron a creer a Bornoroni con algunas encuestas que no caminaban de (Germán) Pascquali, el candidato violeta, hasta que se dieron cuenta que no iban a ningún lado y quisieron forzar algo. Después, Juez vio rara la cosa y se corrió. Por eso están saliendo a argumentar que, así como los libertarios no se inscribieron en alianzas, el PJ de Llaryora tampoco. No se ve tan claro el panorama, parece», dijo.  

 

 

Sergio Berni busca crear una comisión bilateral para que la Legislatura bonaerense haga un seguimiento del proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina (NASA), la empresa estatal que opera las centrales nucleares del país.

El jefe de los senadores peronistas en la Legislatura presentó un proyecto de Ley para garantizar la participación de la provincia en el proceso iniciado por el gobierno libertario.

La iniciativa propone la creación de una comisión integrada por cinco senadores y cinco diputados, con representación proporcional de los distintos bloques políticos. La idea es que esa comisión pueda intervenir en el proceso de privatización, elaborar informes públicos y velar por la defensa de los intereses de la provincia y del país.

«Cuando una empresa sujeta a privatización tiene su principal asentamiento en una provincia, esa provincia debe participar del procedimiento. Lo que estamos haciendo es garantizar ese derecho y que no quede librado a la voluntad del Gobierno nacional», dijo Berni.

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El senador tiene su armado político en Zárate, donde funcionan las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y el proyecto CAREM-25. Por eso, rápidamente brotaron las críticas del PRO -que gobierna ese municipio del norte bonaerense- a la iniciativa.

«Tendría más sentido que sobre el tema legisle su mujer (Agustina Propato) que es diputada nacional y es en la órbita donde funciona Nucleoeléctrica Argentina. Sin embargo, a Berni le gana el personaje», dijo la diputada provincial Natalia Blanco que tiene asiento en Zárate y responde a Cristian Ritondo.

Según el proyecto, la omisión de esa participación provincial por parte del Poder Ejecutivo Nacional configuraría el incumplimiento de un requisito esencial del procedimiento administrativo, lo que podría afectar la validez del proceso de privatización y dar lugar a las acciones administrativas y judiciales correspondientes.

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Por estas horas, el gobierno se prepara para vender casi la mitad de Nucleoeléctrica Argentina. El plan es desprenderse del 49% de las acciones, en un movimiento que promete cambiar el tablero energético.

NASA controla 1.763 MW de potencia instalada, lo que equivale al 4,1% de la capacidad bruta del país, y genera el 7,35% de la energía del SADI. Además, es una rara avis entre las estatales: fue superavitaria. En el primer trimestre declaró ganancias por $17.234 millones de pesos.

El negocio tiene también un trasfondo geopolítico: en paralelo se firmó un acuerdo con Estados Unidos por el uranio argentino, con potencial para cambiar la matriz energética del país. Argentina tiene 34.000 toneladas de reservas y consume unas 220 toneladas anuales; el resto puede exportarse.

 

 

Alfredo Cornejo salió a despegarse de su propia vicegobernadora con una nota enviada a la embajada de Francia en la que aclaró que las declaraciones racistas de Hebe Casado contra la selección de Mbappé no representan al gobierno provincial.

Casado fue declarada persona no grata por la embajada de Francia por referirse a la selección como «el equipo africano».

Ahora, con motivo del aniversario de la revolución francesa, Cornejo le mandó una carta a la embajada francesa para destrozar a su propia vice.

«Deseo transmitirle con total claridad que las expresiones individuales y de carácter personal que no reflejan el respeto universal a la diversidad, de ninguna manera representan el sentir de la comunidad mendocina ni la política de integración de este territorio, ni mucho menos del Gobierno que me toca conducir», dijo Cornejo.

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«Mendoza ha sido, es y seguirá siendo una tierra de apertura, que celebra la riqueza de la convivencia cultural y rechaza plenamente toda manifestación de carácter discriminatorio», aclaró el gobernador.

 

 

La ministra de seguridad Alejandra Monteloliva acordó que los hinchas argentinos no puedan ingresar a la cancha con banderas o remeras que hagan referencia a las Islas Malvinas.

La funcionaria explicó que funcionarios argentinos acordaron representantes de FIFA, el FBI y las policías de Estados Unidos e Inglaterra las normas de seguridad para el partido entre Argentina e Inglaterra.

«Tuvimos una reunión y definimos que no se podrá entrar a la cancha con contenido provocativo», dijo Monteoliva en FM Now. Cuando la consultaron si el reclamo de soberanía por las Islas entraba entre las prohibiciones, respondió que sí.

«Banderas con las Malvinas es contenido político. No pueden ingresar banderas con contenido político. Sí bandera argentina o inglesa. Pero nada que contenga algún mensaje que pueda provocar algún tipo de situación», agregó.

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«No se puede prohibir un canto o taparle la boca a la gente», dijo sobre la posibilidad de entonar canciones que expresen el reclamo argentino por Malvinas.

Horas antes, el vocero presidencial Adrián había dicho en conferencia de prensa que no sabía si Javier Milei seguía teniendo o no un retrato de Margaret Tatcher en su escritorio.