Sociedad

  • Moodys afirma que el riesgo país debería ser aún mas alto

     

     La directora global de riesgo soberano de Moody’s, Marie Diron, lanzó una advertencia que golpeó de lleno sobre uno de los principales objetivos financieros del Gobierno: sostuvo que el mercado sigue percibiendo a la Argentina como un país más riesgoso de lo que indican sus calificaciones crediticias.

    «Hay un precio de mercado del riesgo para la Argentina que es algo más alto de lo que nuestras calificaciones implicarían», afirmó Diron en una entrevista con Bloomberg Línea. La declaración cayó en un momento sensible para el equipo económico, que esperaba que la mejora de nota de Fitch ayudara a consolidar una baja más pronunciada del riesgo país y una recuperación más firme de los bonos soberanos.

    La observación de Moody’s apareció además acompañada por los propios movimientos del mercado. Después de perforar los 500 puntos y tocar un piso de 496 unidades tras la mejora de Fitch, el riesgo país rebotó durante cuatro ruedas consecutivas hasta superar los 535 puntos, acercándose nuevamente a los valores previos al upgrade.

    En la City interpretan ese movimiento como una señal de que el mercado todavía no termina de comprar la idea de una normalización financiera acelerada. De hecho, los spreads argentinos continúan muy por encima de los que pagan países con calificaciones similares e incluso superiores a algunos soberanos con peores notas.

    En esa línea, Martín Burgos, director de la consultora Lado B, relativizó el impacto inmediato de las mejoras de calificación sobre los activos argentinos y sostuvo que el mercado todavía considera que el país sigue jugando «en otra liga». Según explicó, mientras Argentina permanezca en las categorías más especulativas, los cambios de nota tienen un efecto limitado sobre el flujo de inversiones.

    «Hay un montón de calificaciones que para el mercado son prácticamente iguales. Recién cuando pasás a Investment Grade eso tiene un efecto realmente importante, porque muchos fondos tienen reglas internas que les exigen tener determinado porcentaje de bonos de países con grado de inversión», explicó Burgos. En ese sentido, señaló que una mejora de esa magnitud sí podría generar un ingreso mucho más fuerte de capitales hacia los bonos argentinos.

    Para el economista, eso explica por qué el riesgo país no logró sostener la baja incluso después de la mejora de Fitch. «El mercado está esperando más. Por eso el riesgo país sigue estancado», afirmó. Según sostuvo, los inversores entienden que para empezar a discutir una reinserción financiera más sólida Argentina debería acercarse a niveles de riesgo país del orden de los 300 puntos, muy lejos todavía de los valores actuales.

    La comparación regional es una de las cuestiones que más inquietan al mercado. Ecuador, que comparte la calificación B- de Fitch y también arrastra antecedentes de defaults, opera con un riesgo país más de 100 puntos inferior al argentino. El Salvador, con la misma nota, directamente cotiza cerca de los 314 puntos.

    El Gobierno viene intentando explicar esa diferencia a partir del denominado «riesgo kuka». Luis Caputo sostiene desde hace semanas que los inversores siguen asignando una probabilidad relevante a un eventual regreso del kirchnerismo en 2027 y que esa incertidumbre explica las tasas más altas que pagan los bonos argentinos.

    Esa lectura aparece reflejada especialmente en los títulos más largos. Los bonos que vencen después de las elecciones presidenciales de 2027 continúan operando con rendimientos significativamente más elevados que los de corto plazo, algo que para el mercado refleja dudas sobre la sustentabilidad política y financiera del programa económico.

    Sin embargo, otros analistas sostienen que el problema excede el calendario electoral. El ex viceministro Emmanuel Álvarez Agis aseguró que la principal fragilidad sigue siendo el bajo nivel de reservas y el creciente peso de la deuda senior, es decir, compromisos que tienen prioridad de cobro sobre los tenedores tradicionales de bonos. «Eso al bonista le pone los pelos de punta», resumió el economista.

    Incluso economistas cercanos al mercado, como Hernán Lacunza, empezaron a plantear reparos sobre la dinámica financiera. El exministro de Economía advirtió que la Argentina no debería entrar en un año electoral con reservas netas tan bajas y sostuvo que el actual esquema todavía carece de «holgura».

    En paralelo, informes privados comenzaron a enfriar las expectativas de una baja rápida del riesgo país. Un reporte del Banco Comafi señaló que «resulta demasiado optimista» pensar que Argentina pueda comprimir otros 150 puntos en la parte larga de la curva antes de las elecciones.

    La discusión de fondo es que, aunque el Gobierno logró mostrar equilibrio fiscal y desaceleración inflacionaria, el mercado todavía sigue mirando otras variables más sensibles: la acumulación de reservas, la posibilidad de recuperar acceso pleno al financiamiento voluntario y, sobre todo, qué margen político tendrá Milei para sostener el programa económico más allá de 2027.

     

  • Santiago Caputo deschavó un ataque de Martín Menem detrás de un troll anónimo

     

    La interna en la cúpula libertaria sumó este sábado un capítulo de alto voltaje: Santiago Caputo deschavó que Martín Menem impulsó personalmente un usuario digital anónimo que lo criticaba en X.

    Todo comenzóó con un posteo de la cuenta @PeriodistaRufus, una usina libertaria muy activa en redes, que publicó un video contra Santiago Caputo y Manuel Vidal. El problema apareció en el link de Instagram que acompañaba el contenido.

    Al abrir el enlace para acceder a la previsualización del post, la cuenta asociada que figuraba era la de Martín Menem. El líder de las Fueras del Cielo no dejó pasar la oportunidad de gastar al presidente de la Cámara de Diputados, al que no dudó en exponer directamente y tildar de «gaga», el nuevo giro de la comunidad libertaria digital para calificar a los torpes.

    Para colmo, luego del deschave, el tuit fue borrado en una admisión de culpabilidad notable. Pero para entonces, Caputo ya había activado sus propios trolls que se encargaron de martizar al riojano por la torpeza.

    El gobierno de Trump convocó a Santiago Caputo, preocupados por la reelección de Milei

    «No pueden manejar cuatro cuentas fake y quieren manejar la botonera. Que banda de improvisados con consumos postergados», afirmó el troll Nobody, en referencia a los Menem y atrás de ese posteo se desencadenó el ataque. «Pero si pusieron a un boomer vendedor de suplementos…», agregó el usuario Pug casi Pitbull, en obvia referencia al negocio de suplementos deportivos de Martín Menem.

    Que gagá, @PeriodistaRufus pic.twitter.com/4siPcIFiY9

    — Santi C. (@slcaputo) May 16, 2026

    No pueden manejar cuatro cuentas fake y quieren manejar la botonera. Que banda de improvisados con consumos postergados.

    — Nobody (@Somebody1473769) April 30, 2026

    «Guerra total», afirmó a LPO un dirigente libertario que conoce de cerca a Caputo y Menem. En efecto, Santiago Caputo venía evitando chocar directamente con los Menem, pero luego que la administración Trump lo convocara de urgencia a Washington para conocer de primera mano el estado de situación del gobierno de Milei –como reveló en exclusiva LPO-, parece haber decidido marcar un límite a la ofensiva de los riojanos.

    Los Menem vienen intentando desde el año pasado disputarle a Caputo la hegemonía digital del espacio libertario: contrataron a una consultora para que les muevan cuentas en las redes y junto a Lilia Lemoine y Tronco intentaron armar un grupo propio de influencers, que Milei recibió en Olivos. 

    Pero hasta ahora ninguno de los esfuerzos de los riojanos logró el volumen de las cuentas asociadas a Las Fuerzas del Celo que combinan de manera bastante eficaz militancia digital real con trolls inventados.

     

  • Abren investigación a Marchi y a un ex ministro santafesino por el caso que implica al ex juez Bailaque y a Busaniche

     

    Fiscales de la Procuración de Lavado de Activos (Procelac) le informaron al ex administrador de la Corte Suprema Héctor Daniel Marchi que le iniciarán una investigación a raíz de indicios surgidos en una causa de corrupción, que incluye a un ex juez federal, por el armado de una causa para extorsionar a dos agentes bursátiles de Rosario.

    Por el mismo caso también recibió una comunicación idéntica el ex ministro de Justicia de Santa Fe Ricardo Silberstein, quien al igual que Marchi presentó abogados para notificarse sobre los hechos investigados, la prueba reunida y las calificaciones legales que de manera provisoria se le atribuyen.

    El caso que requiere la presentación de los dos ex funcionarios públicos es la causa por extorsión que tiene al ex juez federal de Rosario Marcelo Bailaque y al financista Fernando Whpei en prisión preventiva y procesados por extorsión, lavado de activos y otros delitos. El ex director regional de la AFIP en Rosario y Santa Fe Carlos Vaudagna admitió que en 2019 entre ellos tres armaron una causa judicial contra los agentes bursátiles Claudio Iglesias y Jorge Oneto en un asado en la casa del ex magistrado. En su declaración ampliatoria como arrepentido, en octubre pasado, Vaudagna declaró que Marchi impulsaba desde Buenos Aires ese chantaje, presionando al lobista judicial Santiago Busaniche para que a su vez empujara el armado de la causa penal.

    Casación le baja el pulgar al lobista judicial Busaniche, que seguirá investigado en causas que tocan al poder

    Las víctimas de esta maniobra presunta son dos financistas rosarinos y uno de ellos, Claudio Iglesias, era al momento del delito en trámite directivo de la aseguradora San Cristóbal, con sede en Rosario.

    En febrero pasado, los defensores de Busaniche requirieron que se llamara a declarar como testigos -aunque sin la obligación de juramento por si surgiera mérito penal y con pedido de secuestro de teléfonos-tanto a Marchi como a Silberstein.

    A una semana que la Cámara Federal de Casación confirmara las investigaciones contra Busaniche y rechazara el pedido de apartar a todos los fiscales que impulsan estos casos de corrupción institucional, el fiscal federal Juan Argibay Molina comunicó tanto a Marchi como a Silberstein que se había dado inicio a un legajo de oficio para determinar si aparecían implicaciones en los ilícitos bajo pesquisa.

    Contador, oriundo de Rafaela, Héctor Daniel Marchi fue funcionario del gobierno de Jorge Obeid, y en 2003 llegó a administrador general de la Corte Suprema con el impulso del ministro Ricardo Lorenzetti, que es de la misma ciudad. Desde ese cargo durante 15 años Marchi manejó los recursos multimillonarios del Poder Judicial de la Nación hasta que fue desplazado en 2023 por el estallido de una interna. Quien resistió su relevo, como lo reflejó la prensa por entonces, fue Lorenzetti.

    Al dar testimonio como arrepentido, el ex director de la AFIP Vaudagna admitió que el lobista Busaniche había hablado con él para abrir una causa penal por lavado contra los agentes bursátiles en 2019. Estos declararon que les pidieron 200 mil dólares para paralizar ese expediente. Los pormenores de ese armado quedaron probados por una conversación entre Vaudagna y Busaniche. En una declaración ante fiscales, Vaudagna dijo que quien empujaba a Busaniche para que se concretara esa causa era Marchi.

    Los audios que revelan la presión de un lobista judicial para extorsionar a un agente bursátil de Rosario

    Para que la fiscalía inicie una investigación contra Silberstein hay un eje en la compañía de seguros San Cristóbal. Silberstein es un abogado reconocido en Rosario, que fue decano de la Facultad de Derecho de la UNR y ministro de Justicia del ex gobernador de Santa Fe Miguel Lifschitz.

    Aducen que Silberstein integraba el directorio de San Cristóbal. Y que Vaudagna lo mencionó como «el interesado o beneficiado en perjudicar al señor Iglesias». Silberstein le dijo a LPO que es completamente ajeno a cualquier acto ilícito, que no conoce a Vaudagna y que le parece dañosa y desconcertante la pretensión de involucrarlo en una investigación. Este abogado tiene relación con la aseguradora San Cristóbal y aparecía como candidato a presidir la compañía, una de las mayores del país, en una elección que se realizará en octubre.

    Este viernes Marchi se presentó espontáneamente con el abogado Hernán Folgueiro -del estudio del ex juez Gabriel Cavallo– que va a representarlo ante los fiscales de la Procelac, los que les explicaron los hechos investigados.

    Un día antes en Rosario se había notificado el abogado designado por Silberstein, el penalista Walter Stramazzo, sobre el inicio de esta investigación preliminar que se desprende del caso 15287/2024, donde ya están procesados y con medidas cautelares el ex juez Bailaque -que afronta un pedido de pena de diez años de prisión por esta y otras causas-el financista Whpei y el ex funcionario de la AFIP Vaudagna.

    Hace dos meses, los abogados Claudio Pirotta y Débora Lichtmann, que representan a Busaniche, propusieron el llamado de varios testigos, cuestionando que la fiscalía no los haya llamado luego que de Vaudagna apuntara al ex administrador de la Corte como instigador de la extorsión contra los agentes bursátiles de Rosario. Entre otros testigos propusieron a la propia hermana de Marchi, ya que Vaudagna la mencionó, y a todos los empleados que trabajaron con Marchi en el ámbito de la Corte.

    En el caso de Whpei piden que analicen en su teléfono si tiene agendado a alguien que aparece bajo el contacto «hermanito» que, sugieren los defensores de Busaniche, podría ser Marchi.

    Silberstein cuestiona con énfasis cualquier implicación con un caso «que de repente se llenó de arrepentidos». Al igual que con Marchi, los defensores de Busaniche piden que al ex ministro santafesino se lo releve de la obligación de jurar como testigo y también que le secuestren su teléfono.

    Busaniche, que es el que promovía el armado de la causa por extorsión, está además procesado junto a otro juez federal de Rosario, Gastón Salmain, por la gestión de cobro de un soborno. Es el caso en donde Salmain impuso mediante un amparo al BCRA a venderle al fideicomiso Attila, administrado por Fernando Whpei , 10 millones de dólares en billetes para el pago de una deuda en el exterior durante la vigencia del cepo cambiario, a cambio de un soborno.

     

  • Cumbre de Macri y Llaryora: hablaron de una candidatura a gobernador de Rodrigo de Loredo

     

    Hace un par de semanas se produjo en Vicente López un reencuentro entre el expresidente Mauricio Macri y el gobernador cordobés, Martín Llaryora. Reunión de la que, obviamente, estuvo al tanto el exgobernador Juan Schiaretti, amigo personal del expresidente.

    Las versiones en torno al contenido de la charla, la duración y hasta incluso la forma -hay cordobesistas que insisten con que fue un contacto telefónico, pero fue cara a cara- varían entre las fuentes. 

    En el entorno del gobernador cumplen con el protocolo de negar el encuentro. Pero tres dirigentes muy importantes del peronismo cordobés y un operador de primer nivel cercano al PRO confirmaron a LPO la reunión. Incluso, las distintas fuentes coinciden en el trazo grueso de lo que se habló: el ex presidente se centró escenario nacional y el cordobés en el escenario para las elecciones de gobernador de Córdoba, donde, hasta ahora, hay dos polos. 

    Uno liderado por él mismo que busca su reelección y el otro liderado por los jefes de la alianza opositora con el diputado Gabriel Bornoroni y el senador Luis Juez a la cabeza.

    Kicillof: «hablamos con Llaryora y tenemos que encontrar coincidencias»

    La duda de todos, una vez más, vuelve a ser qué hará el radical Rodrigo de Loredo. Llaryora, como cualquier oficialista que busca la continuidad, necesita que se paren varias opciones en la contienda del año que viene y sabe que, quién puede empujar una candidatura a gobernador de De Loredo es el expresidente Macri. Una jugada clave para dividir aunque sea un poco el frente opositor.

    «Llaryora le planteó a Mauricio la necesidad de que De Loredo sea candidato a gobernador. Si o sí», dijo una fuente del espacio amarillo que conoce detalles finos del encuentro en Olivos.

    Llaryora le planteó a Mauricio la necesidad de que De Loredo sea candidato a gobernador. Si o sí.

    El radical hace varias semanas que mantiene un discurso enfático y dice «en el 2023 tuve un gesto y me bajé para que Juez sea candidato. Esta vez no va a pasar lo mismo». Esto, además de un pedido de internas a Bornoroni y Juez que no tuvo ningún tipo de eco en ese esquema.

    Igual, también es cierto que los libertarios con despachos en Casa Rosada también les pidieron a los referentes de Milei en Córdoba que aminoren la munición gruesa contra De Loredo. Algo que, a los opositores de Llaryora en la provincia los irrita, pero no les queda otra.

    Incluso, hay fuentes que señalan que los Menem, con quienes el radical habla, podrían insistir con un lugar en el casillero por la pelea por la intendencia para De Loredo y que la fórmula provincial la encabecen los libertarios. Todos juntos.

    De hecho, esta semana los radicales que responden al exdiputado empezaron a recorrer la Capital provincial y hay sectores de la UCR que se inquietaron porque el propio De Loredo les había asegurado que su pelea era por la gobernación y que no iba a ocupar ese escalón de la fórmula municipal.

    No obstante, también están aquellos que razonan que los recorridos por la Ciudad se deben a la necesidad de mostrar al legislador deloredista Matías Gvozdenovich como la opción para suceder al riotercerense Marcos Ferrer en la conducción de la UCR provincial.

    Como sea, el radicalismo vuelve a estar convulsionado en Córdoba. El PRO y el cordobesismo creen que De Loredo puede ser una prenda de negociación para un encastre nacional de centroderecha y con esto causar un impacto local en la elección provincial. De la misma manera que en el resto de la política, el post Mundial acelerará todo también en Córdoba. 

     

  • Máxima tensión en Bolivia: crecen las protestas contra el gobierno y el presidente denuncia intento de golpe

     

    Bolivia vive momentos de extrema tensión. La Central Obrera Boliviana (COB) y organizaciones campesinas están llevando a cabo una protesta con cortes de ruta en contra del gobierno de Rodrigo Paz.

    La COB reclama un aumento salarial del 20 % y también pide la renuncia de Paz , algo que igualmente exigen también campesinos del departamento de La Paz mediante bloqueos de carreteras en el altiplano desde hace nueve días.

    La protesta comenzó en la ciudad de El Alto y avanzó hacia La Paz con acciones violentas que incluyeron la explosión de bombas y petardos. 

    Por su parte, el presidente de la Federación de Cooperativas Mineras de La Paz (Fedecomin), Ladislao Prado, dijo que se movilizaron por «demandas justas y necesarias» y el respeto a la «institucionalidad» de su organización.

    Guerra de poder en Bolivia: el vicepresidente acusa a Paz de violar la Constitución 

    La movilización minera se desbordó cuando llegó a una calle cercana a la Casa Grande del Pueblo, sede del Ejecutivo boliviano, donde había una barrera policial reforzada con estructuras metálicas que los manifestantes intentaron retirar por la fuerza.

    Esto derivó en enfrentamientos con los agentes, después de que los mineros intentaran superar el cerco policial utilizando cargas de dinamita y la Policía respondiera con gases lacrimógenos, en choques que duraron más de dos horas y dejaron al menos dos arrestados, pese a que poco antes dirigentes del sector habían ingresado a la sede de Gobierno para reunirse con autoridades.

    La COB reclama un aumento salarial del 20 % y también pide la renuncia de Paz , algo que igualmente exigen también campesinos del departamento de La Paz mediante bloqueos de carreteras en el altiplano desde hace nueve días.

    El clima de protestas organizadas por distintos sectores lleva más de unas semana y combina reclamo de los mineros pero también de obreros, campesinos, maestros de escuela, indígenas y transportistas, con reclamos desde aumentos salariales hasta la no privatización de empresas públicas.

    Asediado por el clima social, Rodrigo Paz denunció que las protestas están siendo parcialmente instrumentalizadas para «desmontar» el sistema democrático nacional y advirtió que quienes estén utilizando el agravio para desestabilizar el país pueden terminar en la cárcel.

    «Es un proceso democrático de la patria y es irreversible, le guste o no le guste al que quiera destruir a la patria democrática», dijo Paz este viernes durante la presentación del informe Democracia y Desarrollo 2026. 

    Es un proceso democrático de la patria y es irreversible, le guste o no le guste al que quiera destruir a la patria democrática

    La situación institucional desde que asumió Paz es delicada desde el principio. La ruptura con el vicepresidente Edmar Lara es parte de ese proceso de crisis y las demandas sociales se incrementan en sectores que votaron por el presidente en la segunda vuelta y hoy le soltaron la mano. «Esos que intentan desde el pasado destrozar la democracia se van a ir a la cárcel», dijo en referencia a Evo Morales y el MAS.

    En este contexto, el portavoz del Gobierno José Luis Gálvez denunció la existencia de un «plan macabro» supuestamente financiado por el narcotráfico, y acusó a Evo Morales y dirigentes afines de promover movilizaciones y bloqueos para desestabilizar al país y, como ha insistido el presidente a última hora de este viernes, «romper la democracia».

    Ante este cuadro de situación, Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú expresaron su preocupación por la crisis humanitaria en Bolivia a través de una declaración conjunta en la que advirtieron sobre el impacto de las protestas y bloqueos de rutas en el abastecimiento de alimentos e insumos esenciales.

    El comunicado señala que la situación en Bolivia es consecuencia de las manifestaciones y cortes de carreteras que derivaron en dificultades para garantizar productos básicos para la población. 

    Siguen las protestas en Bolivia y el gobierno denuncia un pacto secreto del vice con Evo Morales 

    En el texto, los gobiernos firmantes rechazaron «toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático y a alterar la institucionalidad» del Estado Plurinacional de Bolivia, y remarcaron su respaldo al Gobierno constitucional surgido de las Elecciones Generales de 2025. 

    Además, reiteraron su solidaridad con el Gobierno y el pueblo boliviano, al tiempo que exhortaron a los distintos actores políticos y sociales a canalizar sus diferencias mediante el diálogo, el respeto a las instituciones y la preservación de la paz social. El gobierno argentino decidió enviar un avión Hércules C-130 para el transporte de alimentos.

    Mineros bolivianos marchan.

     

  • Caputo privatizó otra tanda de rutas pero denuncian que no hay obras de magnitud previstas

     

    Toto Caputo adjudicó este viernes la concesión de una nueva tanda de rutas nacionales y avanza en su objetivo de entregarle a privados el control de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales por 20 años antes de julio.

    Ante eso, en las entidades de usuarios viales denuncian que en las rutas ya concesionadas hace meses recién comenzaron con obras menores de bacheo, mientras que en las recientemente adjudicadas apenas se contempla el mantenimiento y corte de pasto. Eso, a cambio de la multiplicación de los peajes.

    En la Provincia de Buenos Aires, en tanto, fuentes del Ejecutivo consultadas señalaron a LPO que la Fiscalía de Estado evalúa una presentación judicial por la exclusión de la estatal bonaerense Aubasa de los tramos de la Etapa II que este viernes adjudicó Caputo.

    A la vez, denunciaron que, más allá de algunos movimientos de tierra, «no hay un kilómetro de nuevo asfalto» en los tramos de las rutas nacionales 3, 5, 205 y 226 que atraviesan la provincia de Buenos Aires y que fueron entregados al control de privados.

    En su resolución de viernes (ver abajo) el ministro de Economía le otorgó al consorcio de las constructoras Concret Nor, Marcalba, Pose y Coarco la concesión de las autopistas Riccheri, Ezeiza-Cañuelas y Newbery, así como las rutas nacionales 3, 205 y 226.

     En la Ruta 3 van a poner ocho peajes de Capital a Bahía Blanca. Un peaje cada 90 kilómetros para no hacer nada, peor que en los 90 

    Además, le entregó mendocina Ceosa (Construcciones Electromécanicas del Oeste) la concesión de la Ruta Nacional 5 entre Luján (Buenos Aires) y Santa Rosa (La Pampa). Ceosa cotizó una tarifa de peaje inicial de 2.850 pesos.

    En tanto, el consorcio ganador de las autopistas y las rutas 3, 205 y 226 cotizó una tarifa de peaje de 1.206 pesos. Eso, con el aditivo de una multiplicación de las cabinas de peajes.

    «En la Ruta 3 van a poner ocho peajes de Capital a Bahía Blanca. Un peaje cada 90 kilómetros para no hacer nada, peor que en los 90», dijo a LPO Ricardo Lasca titular del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv).

    Al final la primera obra pública de Milei se hará con fondos públicos

    En esa entidad, advierten que en la Red Federal de Concesiones promovida por el gobierno libertario no existe inversiones de envergadura para evitar los choques frontales. «Es solo corte de pasto y mantenimiento. Es una estafa», acusó Lasca.

    Un dato relevante es que para los 1.800 kilómetros de rutas que Caputo adjudicó este viernes, el Gobierno exige apenas 84,3 kilómetros de obras nuevas: 28,75 kilómetros para el caso de las autopistas y 55,98 kilómetros de ruta segura en la Ruta 226, entre el empalme de la Ruta 55 y la 22.

    El tenor de obras en las rutas a privatizar por el gobierno libertario ya se advierte en la Etapa I, el llamado «Tramo Oriental» (RN 12 y 14) y Conexión (Puente Rosario- Victoria y 50 kilómeotros de la RN 174).

     En la Provincia de Buenos Aires, en tanto, fuentes del Ejecutivo consultadas señalaron a LPO que la Fiscalía de Estado evalúa una presentación judicial por la exclusión de la estatal bonaerense Aubasa de los tramos de la Etapa II que este viernes adjudicó Caputo. 

    La empresa ganadora de esa licitación fue Autovía Construcciones y Servicios S.A., del Grupo Cartellone, involucrado en la causa Cuadernos.

    Con el control de esas trazas, la concesionaria, rebautizada como Autovía del Mercosur, al momento hizo tareas de limpieza de banquinas, mantenimiento de la calzada, mejoras en iluminación y «acondicionamiento general de la ruta».

    «Recién ahora empezaron a hacer algo», dijo Lasca que, de todos modos, advirtió que no existen obras de magnitud. Eso, a pesar de que, para las obras en la ruta del Mercosur, el banco BICE que depende de Economía puso a disposición un crédito de 56 mil millones.

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    «Rutas nacionales que pasarán a operar bajo un esquema sin subsidios, con inversión 100 % privada», posteó este viernes en X el ministro de Economía.

    «Caputo habla de inversión privada, cuando las obras están financiadas por el Fondo de las Pymes y el Banco BICE. Y encima no hay ente regulador, que tendría que haber salido por ley antes de adjudicar los corredores porque las concesiones viales tienen carácter de servicio público, como la luz y el agua. Es escandaloso», acusó Lasca.

    Mientras tanto, Caputo acelera con las licitaciones del resto de los tramos en su objetivo de alcanzar la totalidad de las concesiones a mitad de año.

    Días atrás, se realizó la apertura de sobres de la Etapa II-B que abarca los Tramos Mediterráneo (RN 7 y RN 35), Puntano (RN 8, RN 36, RN A-005 y RN 193), Portuario Sur (RN 9 y RN 188) y Norte (RN 9, RN 33 y la Circunvalación de Rosario).