Sociedad

 

Los parlasureños libertarios Fabricio «Faber» Cascino, Patricio Villegas, Jorge Cayetano Santilli y Julio Gutiérrez se rebelaron contra el ministro Pablo Quirno y el director del Mercosur por la Cancillería, Rubén Ruffi, que pretenden que sus representantes en el parlamento regional rechacen la reincorporación de Venezuela.

Ruffi, el hombre de Karina que detona los acuerdos del Mercosur, mantuvo una reunión por Zoom y otra presencial en el Palacio San Martín pero los diputados de LLA se mantuvieron incólumes. «No nos pagan ni los viáticos pero nos llaman para darnos órdenes», fue lo que explicó uno de los asistentes al encuentro con el ex embajador argentino ante El Salvador.

La postura oficial de la Cancillería genera desconcierto entre los pocos legisladores parlasureños de Javier Milei. «Venezuela cerró con Donald Trump, Estados Unidos es nuestro principal aliado pero la Cancillería está en contra», argumentan los libertarios disidentes.

LPO ya informó que Ruffi es un duro, con una carrera diplomática que trascendió los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández. En los pasillos de Cancillería, le dicen «El Talibán», por su dogmatismo, y lo definen como un funcionario prolijo que cultiva una estricta disciplina con su rutina de gimnasio y cama solar.

Milei recorta los viáticos a los legisladores y el Parlasur podría dejar de funcionar

El nerviosismo de Quirno y Ruffi obedece a que el lunes próximo sesionará el Parlasur en Montevideo y el regreso de los venezolanos al recinto podría ser tratado. De hecho, el presidente pro témpore del cuerpo, el paraguayo Rodrigo Gamarra, se reunió con diplomáticos caraqueños en el Parlatino realizado en Panamá el mes pasado y se manifestó a favor del retorno.

En ese contexto, uno de los kirchneristas en la delegación argentina recordó que «la Asamblea Nacional de Venezuela formalizó la conformación de su delegación parlamentaria para el período 2026-2031 y la comunicó oficialmente al Parlamento del Mercosur, en un gesto que en términos diplomáticos equivale a volver a sentarse en la mesa». Los venezolanos fueron relegados del bloque regional en 2017, bajo la invocación del Protocolo de Ushuaia que define parámetros de apego a la democracia.

Rodrigo Gamarra.

Tras la invasión estadounidense y la captura de Nicolás Maduro, los parlasureños de Brasil, Uruguay y Paraguay, según el cálculo de los peronistas, comenzaron a dar señales de normalización en las relaciones con los venezolanos. Aún cuando los bolsonaristas resisten, el vicepresidente Geraldo Alckmin sostuvo que «Venezuela está suspendida del Mercosur, pero como ahora atraviesa un momento diferente, eso será reconsiderado».

Además, el argentino Gabriel Fuks impulsó la creación de «una comisión de acercamiento» para propiciar canales informales con actores del gobierno de Delcy Rodríguez. «Independientemente de la situación actual de Venezuela, abrir los espacios comunes regionales es una situación de oxigenamiento de la transición venezolana», planteó.

Esa hoja de ruta fue la que gatilló la estrategia del boicot que diseñó Ruffi para frenar el avance del reingreso de los representantes de Venezuela.

Independientemente de la situación actual de Venezuela, abrir los espacios comunes regionales es una situación de oxigenamiento de la transición venezolana.

Un parlasureño libertario que dio el portazo el año pasado por las peleas con el salteño Alfredo Olmedo relativizó las chances de que prospere la reincorporación en lo inmediato y atribuyó la resistencia de Cascino, Villegas, Santilli y Gutiérrez a una «operación» del kirchnerismo para la que necesita esos cuatro votos. Sin embargo, los kirchneristas aducen que no hay nada que votar.

En el Parlasur, debaten 118 parlamentarios de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. El quórum para sesionar es de 38, mientras que el piso para aprobar disposiciones es de 59.

Fuentes diplomáticas advirtieron ante LPO que la resistencia de la Cancillería no estaría en objeciones sobre la cuestión democrática sino en la competencia con el país caribeño en materia energética, por la magnitud de las reservas petroleras de PDVSA. «La comparación de los recursos venezolanos con el desarrollo de Vaca Muerta y otros activos locales genera preocupación en sectores del Gobierno y también en actores empresariales del rubro», dijeron. 

 

 

El fiscal Gerardo Pollicita le pidió al Banco Galicia que brinde detalles de dos cajas de seguridad abiertas en esa entidad por Bettina Angeletti, la esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Los gastos de la pareja vienen generando un cimbronazo en el gobierno libertario.

El Galicia tenía tiempo hasta este viernes para aportar al fiscal información sobre las dos cajas de seguridad. Entre otras cosas el banco debe consignar la nómina de las personas autorizadas a acceder, junto con los registros de ingresos y egresos, ya sea en libros, actas u otros sistemas, detallando fechas, horarios e identidad de quienes accedieron desde enero de 2022 hasta este año.

Además, la Justicia pidió las filmaciones correspondientes a los accesos al área de cajas de seguridad, con el objetivo de reconstruir los movimientos y establecer posibles responsabilidades en el marco de la causa.

Rafecas consideró que el viaje de la esposa de Adorni en la comitiva no fue un delito y archivó la denuncia

El contenido de esas cajas son una incógnita toda vez que la esposa de Adorni es monotributista con categoría A.

El eje de la causa por presunto enriquecimiento ilícito es determinar si hubo un incremento patrimonial que no pueda ser justificado con los ingresos declarados por el funcionario. De esta manera, la idea es establecer si existe una diferencia significativa entre los bienes, ingresos y gastos de una persona en función de su actividad económica y su evolución en el tiempo.

Este viernes, el juez Daniel Rafecas archivó la investigación sobre el viaje de Angeletti a Nueva York en el avión presidencial. La decisión se adoptó después del pedido de la fiscal Alejandra Mangano quien había sostenido que los hechos bajo análisis «no configuraban ningún delito».

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La causa inició el 11 de marzo a partir de una denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbon y la presentación se circunscribió a la decisión de subir al avión presidencial a la esposa de Adorni en la gira oficial hacia hacia la ciudad de Nueva York.

El jefe de Gabinete festejó el fallo en las redes. Sin embargo, el diputado Rodolfo Taihade le recordó que no es la única causa penal contra Angeletti. «Hay mucho más. La arrogancia genera arrepentidos», dijo.

 

 

El balance cambiario de marzo agravó las dudas del mercado sobra la sustentabilidad del esquema cambiario del Gobierno: las reservas cayeron USD 3.514 millones, pese a que el Banco Central concretó compras por USD 1.671 millones. Los pagos de vencimientos de deuda y de Bopreales agravaron el déficit.

Pero el balance cambiario confirma que el problema no es puntual. La cuenta corriente cerró con un déficit de USD 88 millones. 

El principal drenaje está

está en la dolarización minorista. Las personas humanas compraron USD 2.470 millones en marzo. Parte se destinó a consumo, en menor medida quedó en depósitos y otra importante salió del sistema. A eso se suma el rojo en servicios, con USD 522 millones, impulsado por turismo y gastos con tarjeta. 

Otro dato más sensible está en las rentas. Solo en «Ingreso primario» salieron USD 1.321 millones, con fuerte peso de utilidades y dividendos. 

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Ahí entra la lectura de Amílcar Collante. Este economista advirtió que la reglamentación de la «inocencia fiscal» no tuvo impacto relevante en los depósitos en dólares, la gran apuesta de Milei y Caputo. Los números que muestra son claros: los depósitos rondan los USD 38.800 millones y no despegan, mientras los préstamos en dólares superan los USD 21.600 millones y siguen creciendo.

La reglamentación de la Inocencia fiscal, no tuvo un efecto relevante en los depósitos en dólares.

La conclusión de Collante es filosa. No hay un ingreso fuerte de dólares al sistema. Lo que hay es una economía que sigue operando en moneda dura, pero sin confiar lo suficiente como para dejar esos dólares en los bancos.

El frente financiero agrava el cuadro. La cuenta financiera cerró con un déficit de USD 2.255 millones. Las salidas del sector financiero, del Estado y los pagos de deuda explican buena parte del rojo. Del otro lado, el ingreso viene por préstamos: unos USD 1.800 millones en crédito para el sector privado.

Ese dato completa el rompecabezas. Los dólares que entran lo hacen, cada vez más, por deuda. Los que salen, lo hacen por consumo, rentas y dolarización. La calidad del flujo se deteriora. 

El balance de marzo deja una advertencia. El programa que ordena algunas variables, al mismo tiempo desata otras tensiones. La dolarización de carteras no desaparece y el déficit externo vuelve a asomar, aún en un contexto donde los dólares comerciales siguen llegando.

El problema, entonces, no es que falten dólares. Es que nadie quiere soltarlos. Y en esa lógica, el equilibrio siempre queda en duda.

 

 

El perito en IA e ingeniero en telecomunicación Ariel Garbarz alertó este viernes que el dueño de la plataforma de macrodatos Palantir, Peter Thiel, le ofreció a Javier Milei sus servicios para «gobernar con datos cruzados» para controlar a la ciudadanía. El modelo de Thiel es el que funciona con Donald Trump en Estados Unidos, que entregó las bases de 26 reparticiones públicas, incluida la CIA y las agencias de seguridad, para deportar inmigrantes o capturarlos con el ICE pero también en Gran Bretaña, el Estado de Israel y tres estados federales de Alemania, tal como informó LPO.

Según Garbarz, Thiel le había hecho la misma propuesta al Presidente en noviembre de 2024, cuando se conocieron. «Como Milei estaba en otro momento político, delegó el tema en Patricia Bullrich y un grupo de técnicos le dio participación al equipo que habíamos formado en la UTN, donde habíamos desarrollado un software que bloqueaba al Pegasus pero Palantir es otra cosa, hicieron un upgrade que no podemos detectar», explicó el especialista a LPO.

Por eso, Garbarz creyó que Karina Milei le había hecho un favor al país cuando abortó el negocio que Bullrich quiso cerrar con un contrato especial para Palantir, a través de la Agencia de Seguridad donde quería ubicar a Diego Valenzuela. «Pensé que, paradójicamente, íbamos a ganar tiempo pero no», comentó.

Peter Thiel, el magnate libertario que traicionó a Trump: su gobierno fue «más loco» y «más peligroso» de lo que esperaba

La principal preocupación de este docente universitario es que Palantir puede servir de soporte para la unificación de todas las bases de datos del Estado nacional, algo que ya está contemplado en el artículo 15 del decreto de la SIDE 941/25. En ese texto, se habla de la creación de la Comunidad de Inteligencia Nacional (CIN), que nuclea desde la información de ARBA hasta el Renaper.

La oposición manifestó, a través de declaraciones aisladas, su rechazo a ese DNU en el Congreso pero hasta ahora permanece en estado de impotencia política para voltearlo.

1/12URGENTE : El ofrecimiento que Peter Thiel le habría hecho a Milei -según lo que circula entre colegas de seguridad informática- no sería software sino «An architecture of power based on mass surveillance and social control.»

— Ariel Garbarz (@GarbarzAriel) April 23, 2026

Garbarz plantea que Palantir es «un monstruo digital de vigilancia y control social que cambia la forma de gobernar la Argentina». «El contrato estaría legalizado en Argentina con el DNU 941, quedando como inteligencia encubierta, pagado con fondos públicos y sin publicación completa», posteó en X y agregó: «es tan aplicable a una contienda electoral como a un conflicto bélico».

A su criterio, la plataforma sirve para «manipular y someter la voluntad popular y entregar los datos del Estado a una corporación extranjera».

El contrato con Palantir estaría legalizado en Argentina con el DNU 941, quedando como inteligencia encubierta, pagado con fondos públicos y sin publicación completa, y es tan aplicable a una contienda electoral como a un conflicto bélico.

Desde el bloque peronista admiten que el decreto forma parte del temario que buscarán construir para la convocatoria a una sesión especial, después que se presente Manuel Adorni en el recinto este miércoles. «Tenemos que reunir el quórum y eso va a costar, quizá nos tengamos que aguantar un par de convocatorias sin lograr quórum pero, cuando lleguemos, vamos a contar con los votos», se esperanza un kirchnerista.

Mientras tanto, el DNU de la SIDE está vigente, pese a que la impericia política del gabinete de Milei mitigue parcialmente la amenaza sobre garantías de los ciudadanos.

 

 

La interna del gobierno no se detiene. Ahora un sector del gobierno salió a cuestionar varios de los pliegos de jueces enviados por  el ministro Juan Bautista Mahiques al Senado porque «no representa la ideología libertaria». Vinculan a varios de los candidatos a jueces y fiscales con Madres de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S. y hasta el Centro de Estudios Legales y sociales (CELS), un organismo creado por Horacio Verbitsky.

Apuntan a la candidata a la Defensoría ante la Cámara Federal de Casación Penal, Defensoría N° 3, Ana Clarisa Galán. También la candidata a Defensora Pública del Interior con asiento en la ciudad de Formosa, María Esther Pinos. Incluso señalan a Hernán Enrique Figueroa, candidato para los Tribunales Orales en lo Penal Económico. Según dicen en el gobierno, los tres firmaron un rechazo al proyecto de baja de la edad de imputabilidad que había impulsado el gobierno de Javier Milei.

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En tanto, Raúl Agustín Rubiero fue incluido en el paquete de pliegos como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal. Rubiero es parte del Tribunal de Apelaciones de la AFA, que dirige Claudio Tapia, confirmando los vínculos de Mahiques con el capo del fútbol argentino.

Raúl Agustín Rubiero fue incluido en el paquete de pliegos como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal. Rubiero es parte del Tribunal de Apelaciones de la AFA, que dirige Claudio Tapia.

Este viernes ingresaron al Senado 30 nuevas propuestas de diferentes fueros federales y del interior del país, así como también de algunos jueces que están en edad de jubilarse y que el Ejecutivo pide su continuidad por 5 años más, como o casualidad, el magistrado que avaló la reforma laboral del Gobierno que había sido suspendida en primera instancia.

El listado, al que LPO pudo tener acceso, incluye jueces, fiscales y defensores públicos destinados a diferentes fueros y jurisdicciones. La nómina comprende aspirantes a los juzgados y tribunales federales y nacionales de Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Río Negro y Santiago del Estero.

Entre los nombres destacados figuran Fernando Carlos Damián Pascual, propuesto para el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 41 de la Capital Federal, y Javier Rodrigo Pereyra, para el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 3. En el fuero civil se postulan, entre otros, Florencia Inés Córdoba para el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 66 y Lucila Califano para el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 9.

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El listado también contempla designaciones en tribunales orales federales y nacionales, como el caso de Bernardo María Rodríguez Palma, propuesto para la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San Martín, provincia de Buenos Aires. En materia de cámaras, sobresale la candidatura de Alicia Isabel Braghini como vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala III, y la de Matilde Evangelina Ballerini para la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, Sala B.

Los pliegos incluyen postulaciones para cargos de defensores públicos y fiscales. Entre ellos, Germán Luis Artola aparece como Defensor Público Oficial Adjunto ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 11, mientras que Pedro Mariano Rebollo aspira a la Fiscalía ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. También se proponen defensores de víctimas, como María Laura Irastorza en Río Negro y Sofía Beatriz del Milagro Martín en Santiago del Estero.

 

 

Las principales clínicas de Chubut, La Pampa, Río Negro y Neuquén solo atenderán emergencias de PAMI. El gobierno no aumenta los aranceles desde diciembre y en 2025 solo incrementaron el 16%.

Si bien urgencias y emergencias son una parte importante de la atención a adultos mayores, las clínicas suspenderán la semana próxima las prácticas ambulatorias como prestaciones de diagnóstico por imágenes, cardiología, consultas de especialistas y endoscopías.

Los gerentes de las instituciones siguen hablando con Esteban Leguizamo, pero el titular de PAMI no logra resolver el problema del atraso en el precio de los aranceles que paga PAMI por las prácticas.

Leguizamo se queja porque Toto Caputo pisa los aportes que el gobierno hace a PAMI. La cuestión también le pega a Carlos Guberman, el secretario de Hacienda. En los últimos días aparecieron carteles en el centro reclamando que el funcionario deje de ajustar a los discapacitados y a los jubilados, como se analizó en el Podcast de LPO.

Para Lugones, los jubilados del Pami mayores de 80 años son «una carga muy grande» 

Hay quienes adjudican la pegatina al propio Lugones, que tiene su teléfono estallado de reclamos de prestadores.

Los giros de Caputo no es el único problema para la obra social de los adultos mayores: los ingresos genuinos que tiene PAMI están cayendo por la crisis económica.

La recesión provocó que hubiera morosidad en los aportes de las empresas y también una disminución de los pagos.

Días atrás suspendieron las cirugías programadas y la semana próxima será el turno de las prácticas ambulatorias. Reclaman que los aumentos de aranceles quedaron casi 70% por debajo de la inflación.

«Hasta ahora las clínicas y sanatorios financiábamos ese déficit con falta de mantenimiento, atraso en el recambio de equipos, retraso en los sueldos y con atraso impositivo, que es una espada de Damocles porque ARCA puede ejecutarlos en cualquier momento», explicaron desde una de las 30 instituciones que anunció la medida.

«No hay una política ni un criterio de ajuste de las prácticas. Antes acompañaban la inflación o la paritaria de Sanidad. Ahora no hay ningún criterio», se lamentaron.