Sociedad

En Bahía Blanca se está gestando un fuerte conflicto entre las empresas del poderoso Polo Petroquímico local y el municipio a cargo del peronista Federico Susbielles, que anunció su intención de cobrarles una tasa extraordinaria para financiar obras hidráulicas que la gestión local no le reclama a la Nación.

Como viene contando LPO, a pesar de que el gobierno de Javier Milei redujo a la mitad los recursos para reconstruir la ciudad, le cobró al municipio un alquiler millonario por dos puentes de emergencia y le quitó el tren de pasajeros a Capital, Susbielles siempre evitó confrontar con el libertario.

Con ese perfil, y eludiendo un choque con el Presidente por obras hidráulicas que la ciudad necesita tras el trágico temporal de marzo pasado, el intendente bahiense anunció días atrás un plan de construcción hidráulica de $27 mil millones, financiado, entre otras cosas, por una nueva tasa a cobrar al Polo Petroquímico.

Fuentes con llegada a las empresas más fuertes del Polo señalaron a LPO que existe un fuerte malestar por una decisión de la que muchos se enteraron con el anuncio de la semana pasada.

Puntualmente, la fiscal-impositiva de Susbielles propone un aumento de la alícuota de la tasa de seguridad e higiene del 8.1 al 20% a las empresas del Polo, una suba de la alícuota sobre la facturación (que pasaría del 0,8% al 2,0%), el incremento del 75% en el resto de las tasas municipales y la creación de una «tasa solidaria».

 «Estamos pensando en judicializar estas medidas que van en contra del desarrollo de nuestra ciudad y facturar en nuestras oficinas de otras localidades, donde no tengamos tantas tasas municipales», señalaron en el Polo petroquímico.

En el propio municipio admiten que los recursos que pretenden buscar en el Polo son los que no llegaron de Nación. «Pensamos que con lo que pasó acá iba a haber un tipo de excepción, pero no lo hubo», dijo a Radio Provincia el jefe del bloque peronista Álvaro Díaz en relación a la no llegada de obras de Nación.

Más allá de esas declaraciones, Susbielles esquivó salir fuerte al cruce de Milei y optó por buscar los recursos en las empresas del Polo que, a pocos días del primer temporal fuerte que sufrió la ciudad, en diciembre de 2023, habían hecho importantes aportes de fondos.

«El intendente nos compró anticipadamente seis meses de sueldo, y ahora nos desayunamos esta tasa solidaria», dijo un empresario molesto por el anuncio.

Tras recortarle ayuda y cobrarle puentes, ahora Milei le quita el tren a Bahía Blanca

«Tenemos un complejo industrial, portuario y logístico con uno de los puertos más importantes de Sudamérica», dijo el jefe de bloque de Susbielles, para justificar la imposición de la nueva tasa a las empresas del Polo, donde se quejan que ya están pagando una tasa, una sobretasa y una tasa ambiental.

Así, en el Polo calculan que, de materializarse el proyecto de Susbielles, la presión impositiva trepará a más de 3% de lo facturado.

Por eso, hay empresas que analizan llevar el tema a la Justicia y, también, dejar de facturar en Bahía: «Son medidas que atentan contra la inversión. Nos cuesta mucho seguir en estas condiciones. Estamos pensando en judicializar estas medidas que van en contra del desarrollo de nuestra ciudad y facturar en nuestras oficinas de otras localidades, donde no tengamos tantas tasas municipales», señalaron.

Milei le cobra a Bahía un alquiler millonario por puentes de emergencia puestos tras el temporal

En la oposición local califican la tasa solidaria de Susbielles como «un anti RIGI» y acusaron al intendente de «querer cambiar las reglas y generar sobrecostos cuando ya se hizo la inversión».

En esa línea, el concejal PRO Adrián Jouglard dijo en X: «»Con la Tasa al Polo Petroquímico encubre un fuerte incremento para todos los bahienses».

Al marcar que «es inconstitucional aumentar una tasa destinada a un fin específico, como seguridad e higiene, para aplicarla a otro, como obras públicas», Jouglard acusó: «Es una medida inaceptable que encarece directamente la vida de todos los bahienses en un momento especialmente difícil». 

 El estruendo partió la noche de Ezeiza en dos. Spegazzini se quedó sin luz. Los vecinos contaron que las casas temblaron y que por unos segundos no se entendía si había explotado la central térmica o si algo había caído del aire. 

La localización es precisa: el área industrial de Spegazzini, a pocos metros del polo químico y del predio donde opera la Central. El sonido, según relataron desde la localidad, rebotó en todo el distrito. «Fue como un trueno encerrado», describió un vecino.  

Las primeras versiones se multiplicaron. Los primeros reportes mencionaron la posible caída de una avioneta.  Hasta ahora no hay confirmación oficial de víctimas ni detalles sobre el origen de esa versión. 

Otra línea de rumores apunta a una fábrica de pinturas ubicada dentro del mismo polo industrial. Según esa hipótesis, un siniestro químico habría desencadenado el estallido que luego se sintió en toda Spegazzini. En foros locales circulan fotos de una columna de humo, pero tampoco hubo parte oficial que ratifique esa explicación.

En el medio de las especulaciones aparece la central térmica. El complejo es operado por el Grupo Albanesi, uno de los jugadores históricos del negocio de generación eléctrica en la Argentina. La planta de Spegazzini aporta al sistema a través de motores de alta eficiencia, y su cercanía con el polo industrial la convierte en un nodo crítico. Por eso, cada ruido en la zona se convierte automáticamente en sospecha. 

Albanesi no llega a este episodio en su mejor momento. La empresa atraviesa una crisis financiera profunda. LPO viene detallando la presión de sus vencimientos, la caída de flujo y las dificultades para refinanciar deuda. 

Sobre este diagnóstico, un ex funcionario del área energética advirtió «Cuando una empresa que opera plantas críticas trabaja al límite de su caja, cada incidente se vuelve un problema político. Nadie quiere una central sin respaldo financiero». 

En Spegazzini la pregunta es simple y brutal: ¿qué explotó? Hasta ahora nadie lo responde con claridad. Ni la versión de la avioneta ni la de la fábrica de pinturas está confirmada. Tampoco hubo comunicación formal sobre posibles fallas en la central. Solo se sabe que el ruido existió, que fue ultra potente y que puso en alerta a todo el distrito. 

Al cierre de esta edición, se contabilizaban 21 heridos con quemaduras y los médicos reportan casos de intoxicación por inhalación de tóxicos. 

El fiscal Franco Picardi pidió la detención de Diego Spagnuolo por las coimas de la Andis, a través de un dictamen elevado al juez Sebastián Casanello, para tomarle declaración indagatoria. 

El dictamen revela el entramado de corrupción a partir de la prueba recogida en los teléfonos celulares incautados, los dispositivos informáticos y documentación encontrada durante los allanamientos, en el marco de la causa que más atormentó a Karina Milei, a quien referían los audios de Spagnuolo como la beneficiaria del 3% del dinero desviado.

En el escrito, el fiscal también se reclamó la detención de Daniel Maria Garbellini, director de Acceso a la Salud del organismo, y Miguel Ángel Calvete, un hombre vinculado a droguerías y laboratorios que participaban del desvío de fondos.

Lo mismo solicitó para Eduardo Nelio González y Lorena Di Giorno, empleados de Andis, y Pablo Atchabahian, quien ocupó el cargo de Calvete entre 2018 y 2019 y formaba parte de la organización. Además, planteó la citación para que declaren otras 9 personas involucradas en la investigación.

A lo largo de 276 páginas, Picardi demuestra la intervención de lobbistas de los laboratorios y ex funcionarios de la Andis para el direccionamiento de las compras y el pago de sobreprecios. También lista audios e imágenes de chats que comprometen a las personas contra las cuales se libraron los pedidos de detención.

Incluso, llega a exponer un audio en que uno de los operadores le dice a Spagnuolo que mande un «fercho» para retirar dinero.

LPO accedió al material este viernes, luego que se levantara el secreto de sumario. La información recabada demuestra que Spagnuolo fue tomado por cámaras de monitoreo cuando ingresaba al domicilio de uno de los proveedores, el pasado 13 de agosto, con una mochila al hombro.

Según el dictamen de Picardi, «los involucrados en las maniobras resultaron beneficiados con sumas dinerarias como contraprestación a diversas acciones ilícitas, las cuales desplegaron en función de los cargos que ocuparon en ANDIS». Por caso, describe que «Spagnuolo recibió de parte de Miguel Ángel Calvete y Guadalupe Muñoz, cinco millones de pesos argentinos ($5.000.000) en efectivo, para que el primero realizara un viaje».

La fiscalía saca esa conclusión a partir de una conversación mantenida por Calvete con Muñoz, en la que el hombre le pide a la mujer «cinco palos» en efectivo, en pesos. «Cuando ella le pregunta para quién es esa suma de dinero, Calvete le responde: «El boludo del pelado que viaja a Israel y no tiene efectivo en pesos».

Captura de una conversación entre Calvete y su pareja.

Picardi sostiene que existe «la puesta en marcha de un sistema irregular de contratación de insumos y medicamentos PACBI (tratamientos de alta complejidad)», y considera que ese mecanismo «permitió la discrecionalidad absoluta en la toma de decisiones, el direccionamiento de procesos de compra, la cartelización y que, además, suponía la violación de los principios legales que deben guiar toda contratación pública: la publicidad, la transparencia y la concurrencia de oferentes».

Su investigación demuestra que se benefició «a un selecto y reducido grupo de droguerías y proveedores de insumos, en detrimento del erario público, la correcta administración de los recursos estatales y a cambio de beneficios espurios». «Se detectó un sistema de compulsas ‘especiales’ en el que se invitaba a solo cuatro oferentes, y en las que siempre dos de ellos cumplían un rol de ‘competencia aparente'», notificó.

El fiscal asegura que «a cambio de asegurar,
gestionar y garantizar la ejecución todas estas maniobras ilícitas se consumaron pagos
indebidos a funcionarios/as -algunos de alto rango de ANDIS- en especial a Diego Orlando
Spagnuolo, Daniel Maria Garbellini, Eduardo Nelio González y Lorena Di Giorno, quienes
permitieron y fueron parte activa para que todas estas maniobras sean desplegadas y la
organización criminal lograra sus objetivos: hacerse de dinero del erario estatal destinado a
personas con discapacidad».

Noticia en desarrollo.   

Jorge Macri anunció este viernes que, en los dos años que lleva su gestión, la Ciudad ya recuperó 500 propiedades usurpadas y se las devolvió a sus dueños.

Aunque sin nombrarlo, en ese marco el jefe de Gobierno porteño cuestionó a la pasada gestión de Horacio Rodríguez Larreta, al acusar inacción previa frente a las usurpaciones.

«En Buenos Aires se había naturalizado convivir con propiedades usurpadas. Nosotros tomamos una postura bien clara: hacer cumplir la ley y defender la propiedad privada. No cambiaron las leyes, lo que cambió fue la decisión política», dijo Jorge en clara alusión a la administración larretista.

El anuncio se realizó en el edificio conocido como el «Elefante Blanco», en Belgrano, el cual estuvo tomado durante 60 años y fue desocupado en enero. La Ciudad recuperó el edificio de 12 pisos y tres cuerpos.

Entre las propiedades recuperadas por la Ciudad aparecen la Casa Blaquier en el Casco Histórico y la llamada «Galería del Terror» en Nueva Pompeya, que estuvo 20 años tomada.

 Los barrios con mayor cantidad de propiedades recuperadas por la Ciudad fueron Balvanera (65 operativos), La Boca (39), Almagro (28), Barracas (24) y Constitución (23). 

También, una parte del Mercado de Bonpland en Palermo y un predio de 2.500 metros cuadrados en Paseo Colón y San Juan donde funcionaba irregularmente un campo de deportes ocupado por el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD).

Además fueron devueltos a sus dueños ex hoteles en Constitución, San Telmo y Flores, al igual que inmuebles en Almagro, Palermo, La Boca, Villa Crespo, Barracas y Once, entre otros barrios, y el predio conocido como «La Lechería» en Villa del Parque.

«En menos de dos años recuperamos 500 propiedades, una por día hábil. En la gestión anterior se hacían 30 al año, como mucho. Detrás de cada propiedad hay una historia, una familia, un vecino que recuperó lo que era suyo», dijo Jorge Macri. 

Y agregó: «Esa tranquilidad la vamos a defender y sostener: no vamos a tolerar que ninguna propiedad vuelva a ser usurpada».

 En menos de dos años recuperamos 500 propiedades, una por día hábil. En la gestión anterior se hacían 30 al año, como mucho. 

El operativo número 500 se hizo este jueves en un hotel del barrio de Monserrat, ocupado por personas que subalquilaban las habitaciones. La propiedad no tiene luz, gas ni agua y se encuentra muy deteriorada, con desprendimientos de mampostería, entre otros problemas.

Este procedimiento se concretó después de que la propietaria se contactara con el Jefe de Gobierno para contarle que el inmueble familiar estaba usurpado desde hacía 18 años.

«Cuando un lugar es usurpado todo lo que sucede alrededor es malo. Se multiplican el narcomenudeo, la trata, los delincuentes escondidos, los robos en los barrios. Por eso nunca vamos a justificar un delito ni relativizar la ley. En la Ciudad, la propiedad privada se respeta, el esfuerzo se valora y el Estado está del lado de quienes cumplen», dijo el jefe de Gobierno.

La Ciudad desalojó en Once un edificio tomado hace seis años 

Los barrios con mayor cantidad de propiedades recuperadas por la Ciudad fueron Balvanera (65 operativos), La Boca (39), Almagro (28), Barracas (24) y Constitución (23).

Junto al jefe de Gobierno porteño estuvieron los dueños que recuperaron sus casas, el ministro de Seguridad, Horacio Giménez, y el secretario de Seguridad, Maximiliano Piñeiro.