Mauricio Macri encabezó una cumbre en Uruguay con Marcos Galperín, Jonathan Kovalivker y otros empresarios para conseguir el financiamiento de la reconstrucción del PRO y de su eventual campaña presidencial.
Como anticiparon a LPO en exclusiva fuentes al tanto del encuentro, el ex presidente llegó a Colonia a bordo de un avión junto al dueño de la Droguería Suizo Argentina, salpicada por el escándalo de las coimas de ANDIS y otros empresarios. El dueño de Mercado Libre se les sumó en Uruguay, el país donde reside por preferencias tributarias.
El convoy habría partido desde el aeropuerto de San Fernando en un jet privado. Entre los presentes en la cumbre de Colonia estuvieron Ignacio Sáenz Valiente que fue socio de Fabio Calcaterra, el primo de Macri, en el Banco Interfinanzas.
También estuvo el empresario fintech Gabriel Sanchez Catena y Eduardo Bastitta Harriet, CEO y fundador de Plaza Logística. Bastitta es muy amigo de Galperín y de Macri y estuvo a cargo de financiar la fiscalización del ballotage de 2023, uno de los grandes aportes que hizo el líder del PRO para que Javier Milei ganara la presidencia.
En la reunión en Colonia se trataron dos grandes temas. El más importante fue ordenar el financiamiento del PRO para la campaña del año que viene. Macri está cada día más decidido a jugar a la presidencia y, como anticipó LPO, cree que Milei es su propio Duhalde y él se venderá como la continuidad del modelo libertario.
El otro tema es uno de los que más preocupan a Macri, que es el de retener la Ciudad y por eso en el encuentro hablaron de estrategias para que el PRO continúe gobernando la Capital después de los 20 años de gestión que cumple el año que viene.
Donald Trump y Benjamín Netanyahu estarían pasando el peor momento de la relación. La crisis fue revelada por el sitio de Estados Unidos Axios y el motivo del enojo sería la ofensiva israelí contra Hezbolá en El Líbano.
No es una novedad que la agenda bélica de Washington en Estados Unidos se volvió un dolor de cabeza para el líder republicano. La guerra en Irán cumplió tres meses y no hay indicios de un acuerdo inminente.
Mientras todas las miradas estaban puestas en Irán, Israel orientó sus ataques a territorio libanés como parte de su ofensiva contra Hezbolá.
En ese marco, Axios publicó que Trump desató la furia contra el premier israelí y dijo: «Estás completamente loco. Estarías en la cárcel si no fuera por mí. Te estoy salvando el pellejo. Ahora todo el mundo te odia. Todo el mundo odia a Israel por esto».
El sitio estadounidense afirma que el republicano estaba furioso con el líder israelí y que en un momento dado le gritó a Netanyahu: «¿Qué demonios estás haciendo?».
Según Axios, Trump sabía que la milicia proiraní había estado disparando contra Israel y que Israel necesitaba defenderse, pero que en los últimos días sentía que Netanyahu estaba intensificando la situación de manera desproporcionada.
Estás completamente loco. Estarías en la cárcel si no fuera por mí. Te estoy salvando el pellejo. Ahora todo el mundo te odia. Todo el mundo odia a Israel por esto
Durante la conversación, Trump habría cuestionado la estrategia israelí y presionado para evitar una ofensiva de mayor escala sobre Beirut. La preocupación de la Casa Blanca no se limita únicamente al frente libanés.
Axios sostiene que funcionarios estadounidenses consideran que una expansión del conflicto podría afectar las negociaciones indirectas que Washington mantiene con Irán y generar un nuevo foco de inestabilidad en una región ya atravesada por múltiples conflictos.
La intervención de Donald Trump en Medio Oriente le está costando un costo político que puede costarle la elección de medio término de noviembre por el aumento del costo del combustible y el enojo de la base MAGA que considera que el presidente de EEUU fue detrás de la agenda de Netanyahu.
Esta no es la primera vez que Trump criticó a Netanyahu. En marzo, Trump dijo que no aprobaba el ataque israelí al yacimiento de gas de South Pars en Irán que motivó una repesalia sobre el campo de gas de Qatar, el meas grande del mundo. Esto disparó los precios del fluido a nivel global. «Estados Unidos desconocía por completo este ataque, y Qatar no tuvo ninguna participación, ni sospechaba que iba a ocurrir», afirmó Trump en ese momento.
Luego de las primeras incorporaciones en el interior bonaerense, Consolidación Argentina, el sello que impulsa la candidatura presidencial de Dante Gebel, ahora suma su primera banca en el Conurbano, también a partir de una ruptura en La Libertad Avanza (LLA).
La concejal Mariana Huber, ex jefa de bloque libertario en Escobar, anunció su incorporación al espacio que lidera el pastor evangelista luego de filtrar su malestar con el armado libertario bonaerense que comanda Sebastián Pareja.
«Defendí siempre la libertad de votar con conciencia, porque representar no puede significar obedecer automáticamente», dijo Huber, dejando a entrever una bronca que se espiraliza en varios concejales libertarios a partir de la decisión del armador de Karina Milei de acentuar el control sobre cómo votan los concejales de LLA.
Es que, el mes pasado, Pareja anunció en un zoom a sus concejales que se instauraría una coordinación legislativa por la que, ahora, deben pasar todos los proyectos de los ediles libertarios antes de dilucidarse si conocerán la luz o no. También, fungirá de monitor de votaciones para que nadie se desmarque de la postura partidaria.
«Parece que no confían en la capacidad de los concejales ni en su lealtad para la redacción de proyectos», dijo a LPO un concejal libertario visiblemente molesto por la medida.
Es ahí donde están empezando a darse focos de rebelión, como en Azul, donde el concejal Saúl Lucero, que había llamado a «despegarse» del Gobierno, días atrás votó con el peronismo la resolución en rechazo a la exclusión del distrito como Zona Fría.
En ese clima es que algunos dirigentes libertarios del Conurbano encuadran la salida de Huber, que fue tentada por el armado de Gebel que, como contó LPO, ya le había robado a Milei concejales en Villa Gesell y Mar Chiquita.
«No me corro de los valores; me acerco a la gente», dijo al concejal al argumentar su salida del bloque libertario en un comunicado. «Creo en valores y en orden. Pero en un orden que sirva para progresar», sostuvo.
Y agregó con foco crítico al gobierno libertario: «También creo que debemos superar una grieta que muchas veces divide más de lo que resuelve. Mientras la política queda atrapada en peleas permanentes, miles de vecinos siguen preocupados por llegar a fin de mes, sostener un comercio, conseguir empleo o darle un futuro a sus hijos».
El gobierno de Axel Kicillof recurrió a la Corte Suprema reclamando anular un fallo que le ordena a la Provincia a pagar USD 3.895.000 a la Nación por una multa que, a la fecha de su liquidación, representa $ 5.511.425.000.
Es a raíz de un extenso proceso judicial derivado del incumplimiento de un contrato efectuado en agosto de 1999 por el que la Nación le cedía en préstamo por un año a la Provincia dos locomotoras General Motors de trocha media.
Al cumplirse el año, en agosto de 2000, el gobierno de Carlos Ruckauf no solo no abonó el canon mensual sino que tampoco devolvió las locomotoras. Por eso, comenzó a correr una multa de USD 1.000 por día.
En diciembre de 2017, cuando el gobierno de María Eugenia Vidal cerró Ferrobaires, esas locomotoras fueron devueltas a Nación. Pero en el reciente fallo de la Cámara, esa restitución no contó a la hora de aplicar el mecanismo de conversión monetaria.
Mientras, el gobierno de Javier Milei ya presentó la intimación para que la Provincia pague lo adeudado «bajo apercibimiento de ejecución».
La Provincia acusa una «contradicción» manifiesta del tribunal, ya que éste reconoció la restitución de las locomotoras en 2017 pero, simultáneamente, mantuvo un mecanismo de conversión monetaria de la multa bajo el supuesto de que nunca fueron restituídas
Es en ese marco que la Provincia se presentó ante la Corte pidiendo que se deje sin efecto lo que definió como una «escandalosa multa» impuesta en etapa liquidataria, en febrero último.
Los abogados del Estado bonaerense cuestionaron que, en el fallo de Cámara, el criterio de conversión monetaria de la multa se haya fijado sobre la base de que las locomotoras nunca se restituyeron, algo que sucedió en 2017.
En la presentación realizada días atrás a la que tuvo acceso LPO (ver abajo), el planteo de la Provincia habla de una «contradicción» manifiesta del tribunal, ya que éste reconoció la restitución de las locomotoras y fijó el corte temporal de la multa al 27 de diciembre de 2017.
«Pero, simultáneamente, mantuvo un mecanismo de conversión monetaria construido sobre el presupuesto fáctico contrario, o sea, la inexistencia de restitución hasta la fecha de liquidación». Es así que el tipo de cambio tomado no fue el de diciembre de 2017, sino el de febrero de 2026, con el dólar a $1.415.
«Tal escisión entre presupuesto fáctico y consecuencia jurídica configuró una solución arbitraria», acusaron los representantes del Estado bonaerense.
Así, la Provincia le pidió a la Corte que haga lugar a la cautelar solicitada, suspenda la ejecución y los plazos procesales ligados al cumplimiento de la sentencia. Además, solicitó que declaren la nulidad parcial de las resoluciones liquidatorias cuestionadas.
Los abogados del Estado bonaerense plantean que la sentencia «desconoce normas federales como la Ley 25.561, que dispuso la pesificación de obligaciones de contratos administrativos a la relación 1 peso = 1 dólar», por lo que advierten que se incurre «en arbitrariedad de sentencia».
En caso de no hacer lugar, pide la «morigeración judicial de la cláusula penal, por resultar manifiestamente exorbitante, irrazonable y contraria a la buena fe».
Desde la primera demanda en 2004, el proceso judicial por estas dos locomotoras tuvo un extenso derrotero.
En 2021, llegó la sentencia de primera instancia del Juzgado Contencioso Administrativo 11, que hizo lugar al planteo de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF) pero no fijó monto de condena.
En 2022, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso confirmó la sentencia de primera instancia y ordenó una nueva liquidación. En 2023, con la etapa de liquidación, la Provincia planteó la pesificación de las obligaciones pero el juez lo rechazó.
Es ahí donde los abogados del Estado bonaerense plantean que la sentencia «desconoce normas federales como la Ley 25.561, que dispuso la pesificación de obligaciones de contratos administrativos a la relación 1 peso = 1 dólar», por lo que advierten que se incurre «en arbitrariedad de sentencia».
«Se llega a una condena exorbitante que excede incluso el valor real de las locomotoras que fueron entregadas a la provincia originariamente en locación pero luego afectadas al régimen de concesión de Nación a Provincia», advirtieron.
En caso de no hacer lugar la Corte al planteo, la Provincia pide la «morigeración judicial de la cláusula penal, por resultar manifiestamente exorbitante, irrazonable y contraria a la buena fe».
En ese punto, agregaron: «Mientras la deuda principal e intereses reconocidos ascienden a poco más de 3.3 millones de pesos, la cláusula penal mediante el mecanismo cuestionado supera los 5.500 millones de pesos. La magnitud de la diferencia evidencia por sí sola la pérdida absoluta de razonabilidad».
En un informe de marzo pasado, la subsecretaría de Hacienda provincial advirtió que, en virtud de la magnitud de los montos reclamados en esta causa, «no se cuenta con disponibilidad de recursos en la partida presupuestaria específica para afrontar dicho gasto en lo inmediato».
El gobierno de Milei enfrenta una crisis política que puede terminar siendo más dañina que la causada por el escándalo de Manuel Adorni. La jafa del bloque de senadores libertarios, Patricia Bullrich, reveló públicamente que decidió desobedecer una orden directa del presidente Milei.
Dijo que apelará a su «derecho a la objeción de conciencia» para no acompañar la decisión de la Casa Rosada de retirar el Senado el pliego de Verónica Michelli, cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, que suele investigar distintos hechos de corrupción del gobierno libertario.
«Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a jueza federal», posteó Bullrich en X, en un movimiento que la pone al borde de la ruptura.
Se trata de un problema político muy serio para el Gobierno porque Bullrich es la dirigente del oficialismo con mayor volumen y experiencia política y la que más mide en las encuestas, varias posiciones por encima del propio Milei. Si esta crisis termina desencadenando una ruptura, la salida de Bullrich podría ocasionarle a Milei un daño electoral importante, justo cuando no le sobra nada para conseguir su reelección.
El movimiento de Bullrich coincide con la decisión de la ex ministra de Seguridad de activar su propio proyecto presidencial para el 2027, que alientan entre otros el dueño de Techint, Paolo Rocca, como reveló LPO. «Patricia está lanzada», resumió a LPO un diputado macrista que la conoce bien.
Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a jueza federal.
Pero la decisión de Bullrich también expone la mala praxis de Karina Milei, los Menem y el ministro Juan Bautista Mahiques, con los pliegos de los jueces que enviaron al Senado. El papelón de retirar un pliego ya votado en comisión es la expresión mas burda de un proceso que estuvo signado por el apuro y la falta de chequeos internos y que hasta ahora presenta como único ganador al ministro de Justicia que logró sacar antes que nada, la extensión de mandato como camarista de su papá.
«Mahiques y los Menem le escondieron los pliegos a Milei y Karina no lee nada», explicó a LPO un funcionario libertario al tanto de la situación.
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
LPO reveló que nueve legisladores cercanos al oficialismo firmaron el dictamen de Michelli, que aspira a integrar el juzgado federal N°3 de La Plata. Pero cuando Karina se enteró que era la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, que investiga el rol del presidente en la criptoestafa Libra, decidió vetar a la candidata.
El problema, como anticipó este medio, es que ese retroceso desató una pelea feroz entre Bullrich que puso la cara en el Senado para conseguir los votos y el ministro Mahiques. Desde la Casa Rosada buscaron trasladarle el costo del papelón y acusaron a la ex ministra de haber apurado la convocatoria a audiencia pública para la exposición de la magistrada, cuando el gobierno todavía deliberaba si convenía o no avanzar con su pliego.
Una explicación muy endeble o que revela la mala praxis o displicencia con la que se manejan temas importantes, ya que no se entiende la lógica de enviar un pliego al Senado y analizar después si es conveniente aprobarlo.
Karina no conoce a los candidatos a jueces y se dejó llevar por los Mahiques y los Menem, que mandaron candidatos a gusto.
«Karina no conoce a los candidatos a jueces y se dejó llevar por los Mahiques y los Menem, que mandaron candidatos a gusto», explicó a LPO un funcionario que recordó que el ministro de Justicia «ya tuvo un conflicto con Bullrich cuando empujó a Juan Galván Greenway y Alejandro Catania para la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico».
La importancia estratégica de esos nombramiento radica en que en esa Cámara tramita la causa contra el titular de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia y su mano derecha Pablo Toviggino, por evasión y ambos magistrados son percibidos como cercanos a la actual conducción de la AFA con la que Bullrich tienen un conflicto total, en línea con el enfrentamiento del Grupo Clarín con la entidad.
«La mala praxis de Karina le generó a Milei un conflicto político serio con su principal socia política», concluyó el funcionario consultado.
La renuncia de Néstor Lamboglia a la presidencia del nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad expuso el problema de fondo del organismo: fue creado para controlar a las empresas, pero nació sin poder real para hacerlo. A menos de un mes de haber asumido, Lamboglia dejó el cargo y será reemplazado por su vice, Vicente Serra, en medio de una interna por la puesta en marcha del ente que fusionó al Enre y el Enargas.
La salida se conoció este lunes y tomó por sorpresa al sector energético. Lamboglia había sido designado al frente del nuevo organismo el 12 de mayo. En el directorio quedaron Vicente Serra como vicepresidente y Marcelo Nachón, Griselda Lambertini y Héctor Falzone como vocales. Menos de tres semanas después, el presidente ya estaba afuera.
La explicación formal habla de una interna dentro del directorio. Según publicó el sitio especializado EconoJournal, Lamboglia mantenía una fuerte disputa con Marcelo Nachón, ex interventor del Enargas, por contratos, asesores, oficinas y el armado administrativo del nuevo organismo. La pelea venía desde antes de que el ente terminara de constituirse y se agravó con la convivencia de las dos estructuras.
El punto más sensible fue salarial. El Post Energético reveló que en el organismo se discutía una recomposición de hasta el 30 por ciento para parte del personal, sobre todo para achicar la diferencia entre trabajadores provenientes del ex ENRE y del ex Enargas. La propuesta incluía un concepto «puente» en los recibos de sueldo, remunerativo y bonificable.
Pero en el sector creen que esa pelea no alcanza para explicar la renuncia. «No tenía margen de movimiento», dijo a LPO una fuente que conoce la interna del organismo. La frase resume el problema. El ente debía regular gas y electricidad, pero las decisiones centrales ya estaban tomadas en otro lado. Lamboglia quedó sentado en una oficina con responsabilidad formal y escaso poder político.
La renuncia de Lamboglia deja al descubierto esa contradicción. El Gobierno dice que quiere ordenar el sistema energético, pero al mismo tiempo avanza con condonaciones, recortes de subsidios, cambios tarifarios y reacomodamientos empresarios sin darle al regulador un lugar real en la mesa. El ente queda para firmar, no para decidir.
La muestra más clara fue el proyecto que el Gobierno mandó al Congreso para condonar deudas de Edenor, Edesur y otras distribuidoras con Cammesa. LPO reveló que el monto alcanza los 1.842 millones de dólares. La iniciativa permite que las empresas descuenten de sus deudas los ingresos que dicen haber dejado de percibir por atrasos tarifarios. Diputados le dio media sanción al proyecto junto con el recorte del régimen de Zona Fría.
Según fuentes del sector, Lamboglia se enteró por los medios de los detalles de esa iniciativa. El presidente del organismo encargado de controlar a las distribuidoras eléctricas no participó de la letra fina de una norma que impacta de lleno sobre esas mismas empresas que debe regular. El mensaje interno fue evidente: el ente miraba desde afuera una decisión que debía tenerlo como actor central.
El mecanismo es simple. El Estado reconoce a las distribuidoras un crédito por ingresos supuestamente no percibidos. Luego, ese crédito se usa para compensar deudas con Cammesa. A cambio, las empresas deberían desistir de reclamos judiciales. En los papeles, el Gobierno lo presenta como una normalización del sistema. En los hechos, limpia balances privados con una decisión pública.
Esa discusión dejó a Lamboglia en una posición muy débil. El nuevo ente todavía no había terminado de ordenar oficinas, contratos y escalas salariales, pero el Gobierno ya avanzaba con una medida de alto impacto para las empresas reguladas. El organismo nació para poner reglas, pero el Ejecutivo ya negociaba las reglas por arriba del organismo.
La electricidad tiene además su propia interna. El área quedó bajo la influencia de Damián Sanfilippo, subsecretario de Energía Eléctrica. LPO viene contando su cercanía con los hermanos Neuss, que aceleraron su expansión en el sistema eléctrico desde la llegada de Milei al poder y fueron por activos clave como Transener y Transnoa.
Ese vínculo es decisivo para entender la renuncia. Si el área eléctrica está políticamente intervenida por Sanfilippo y por empresarios con intereses directos en generación transporte y distribución, el margen del regulador queda reducido. No se trata sólo de una interna administrativa. Se trata de quién manda sobre los negocios que el ente debería controlar.
En gas ocurre algo parecido, donde los empresarios del sector tienen fuerte incidencia en las políticas del gobierno.
La fusión del ENRE y el Enargas fue presentada como una reforma de eficiencia. Menos organismos, menos burocracia, más coordinación. Pero el resultado, por ahora, muestra otra cosa: un regulador más grande en el organigrama y más chico en la práctica.
La renuncia de Lamboglia deja al descubierto esa contradicción. El Gobierno dice que quiere ordenar el sistema energético, pero al mismo tiempo avanza con condonaciones, recortes de subsidios, cambios tarifarios y reacomodamientos empresarios sin darle al regulador un lugar real en la mesa. El ente queda para firmar, no para decidir.
Serra asumirá con el mismo problema. Si las decisiones de fondo pasan por los grupos que operan en electricidad y gas, el nuevo ente tendrá una función limitada. Un poder condicionado que se extiende a la Secretaria de Energía, que también perdió capacidad de regulación. No define precios, no ordena inversiones y no arbitra entre jugadores.
«En definitiva, esa es la idea del gobierno de Milei, que el mercado funcione solo», resumió a LPO una fuente del sector.
