María Corina Machado debería estar en Noruega para recibir el premio Nobel de la Paz pero aún no se sabe si pudo salir de Venezuela. La líder opositora está en una situación de clandestinidad en Caracas y nunca se sabe su paradero exacto para evitar que el régimen la detenga
Por eso, para salir del país debería ser con un acuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro, el apoyo de alguna potencia internacional como Estados Unidos o en algún avión con deportados, como se supone que podría ser. Ninguna de las situaciones se confirman y la suspensión de la conferencia de prensa programada para este martes alimentó los rumores.
El portavoz del Instituto Nobel, Erik Aasheim, dijo que «la propia María Corina Machado ha declarado en entrevistas lo complicado que será el viaje a Oslo. Por lo tanto, en este momento no podemos proporcionar más información sobre cuándo y cómo llegará para la ceremonia del Premio Nobel de la Paz».
A la incertidumbre de su presencia por las condiciones desfavorables para su salida del país sudamericano, una fuente diplomática que sigue de cerca la situación dijo a LPO que hay poca presencia de políticos de peso de Estados Unidos en Oslo.
«No hay nadie. Ni Marco Rubio, ni Pete Hegseth, tampoco Christopher Landau en un evento que tendrá la presencia de líderes regionales como Javier Milei, Santiago Peña o Daniel Noboa», detalla la fuente.
No hay nadie. Ni Marco Rubio, ni Pete Hegseth, tampoco Christopher Landau en un evento que tendrá la presencia de líderes regionales como Javier Milei, Santiago Peña o Daniel Noboa
Esto es particularmente extraño dada la importancia de Venezuela para al agenda de Estados Unidos la creciente tensión militar en el Mar Caribe y el supuesto plan de Donald Trump para derrocar a Nicolás Maduro.
Además, como adelantó este medio, Marco Rubio apuesta al éxito de esta operación a una eventual candidatura a la presidencia en 2028.
De confirmarse que Machado no llega a recibir el premio y ninguno de los funcionarios de primera línea de Washington sería un gesto de apatía del gobierno de Donald Trump a una supuesta aliada.
LPO adelantó en exclusivo que la Casa Blanca no confía en la capacidad y fortalezas de la actual oposición venezolana porque un cambio de régimen que los incluya requeriría de la permanencia de militares estadounidenses como respaldo, un escenario que Trump rechaza.
Por eso, crece la hipótesis de una transición interna con figuras del chavismo como Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez o Vladimir Padrino López, que controla las Fuerzas Armadas Bolivarianas.
El ministro Toto Caputo admitió que ya no tiene margen para seguir ajustando. Lo dijo en el preciso momento que tiene dos frentes abiertos que le exigen abrir la billetera: los gobernadores, que después de la sanción del Presupuesto reclamarán los fondos retenidos, y el campo, que presiona por una nueva versión del dólar soja.
«Venimos a bajar impuestos, la forma de conseguir el mayor superávit para bajar impuestos ya no pasa por el ajuste fiscal, porque ya hemos hecho la mayor parte. Hoy pasa por dos cosas: que la economía crezca y que haya más formalidad. Cada cuatro puntos que la economía crece, recuperamos un punto de recaudación. Si logramos crecer y tener un mayor superávit, mayor será la posibilidad de devolverle a la gente con la baja de impuestos», afirmó este martes, al anunciar una leve baja de las retenciones, en la búsqueda de los dólares que le faltan para pagar el vencimiento de USD 4.500 millones de enero.
En los primeros diez meses del año, el superávit primario acumuló 1,4% del PBI, alineado con la meta pactada con el FMI. Pero puertas adentro reconocen que ya no hay mucho más por ajustar.
El gasto público cayó más de 32% interanual, y lo que queda por recortar son subsidios. El resto son partidas rígidas: seguridad social con formula de actualización autmática representa más del 70% del gasto total.
Las provincias reclaman casi un punto del PBI por transferencias no giradas durante los dos años de gestión Milei, tal como contó LPO.Tras la aprobación del Presupuesto, los gobernadores se preparan para una nueva ronda de tensión con la Casa Rosada. En total, los gobernadores perdieron 0,87 puntos del PBI en recursos que les corresponden por ley.
El otro frente de Caputo es el agro. La rebaja de retenciones anunciada este martes, de entre 1 y 2 puntos, fue más un gesto político que una medida con impacto real. Sirvió para tentar a los productores a vender algo del stock guardado en silobolsas y compensar la liquidación del trigo, que se da en plena temporada alta con precios en baja. La tonelada pasó de 180 dólares a 160 y hoy ronda los 170.
Venimos a bajar impuestos, la forma de conseguir el mayor superávit para bajar impuestos ya no pasa por el ajuste fiscal, porque ya hemos hecho la mayor parte. Hoy pasa por dos cosas: que la economía crezca y que haya más formalidad.
Pero la verdadera pulseada será con la soja, en la cosecha gruesa. Los exportadores ya avisaron que pedirán una reedición del «dólar soja», creado por Massa y continuado por este gobierno. Su costo fiscal se estima en 0,35% del PBI. Un lujo difícil de pagar con las cuentas como están.
La recaudación no acompaña. El gran problema es la recesión. En noviembre, la recaudación cayó 8,7% en términos reales y acumuló su cuarto mes consecutivo de baja. La explicación es directa: menos actividad, menos impuestos. Es la contracara de una economía que apenas evita la recesión técnica gracias al empuje de la intermediación financiera y una intervención a mano alzada de Marco Lavagna que corrigió los indicadores del nivel de actividad.
En ese contexto, Caputo reconoció que el camino del ajuste está agotado. El ministro calcula que cada cuatro puntos de crecimiento del PBI aportan un punto adicional de recaudación. Y que si la economía creciera 6% anual durante seis años, el Gobierno podría devolver 500.000 millones de dólares al sector privado vía baja de impuestos. El problema es que sus cuentas cierran con una economía creciendo al 6%.
Con esta declaración, en medio de la caída de la recaudación y un nivel de actividad que no muestra indicios de recuperación, el objetivo oficial de alcanzar un superávit primario del 2,2% del PBI en 2026, exigiría recortar el gasto en otro 0,9% del producto, equivalente al 69% del superávit de 2025. Una meta bien difícil.
La Ciudad aprobó un nuevo instructivo para el uso de armas eléctricas D.E.I.M., derogando la versión de 2023. El texto incluye pautas internas para la Policía de la Ciudad, pero mantiene amplias zonas de discrecionalidad, sin controles externos ni límites técnicos definidos. La normativa se apoya en criterios de organismos internacionales, aunque omite las advertencias más fuertes sobre riesgos y abusos documentados en el mundo.
Por Roque Pérez para NLI
Un instructivo que promete precisión, pero deja amplios márgenes de decisión policial
La Resolución 1546/MSEGC/25 publicada hoy en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires deroga la normativa anterior y aprueba una nueva guía para el uso de los Dispositivos Electrónicos de Inmovilización Momentánea, las conocidas “Tasers”. El Ministerio de Seguridad afirma que el instructivo busca garantizar legalidad, proporcionalidad, gradualidad y rendición de cuentas, alineándose —al menos en el discurso— con los principios que mencionan las leyes 5.688 y 6.684.
Sin embargo, el texto no fija límites técnicos concretos sobre:
duración máxima de descargas,
cantidad de aplicaciones permitidas,
distancia recomendada para minimizar lesiones,
parámetros para personas en estado de vulnerabilidad fisiológica.
Son aspectos que otros países sí incorporaron. En Reino Unido, por ejemplo, hay reglas operativas que establecen tiempos máximos de impulso eléctrico y prohíben múltiples descargas consecutivas salvo casos excepcionales. En Canadá, muchas jurisdicciones exigen reportes públicos trimestrales con datos desagregados de cada uso.
En contraste, el instructivo porteño deja estos puntos enteramente a criterio del operador, dentro de fórmulas generales como “riesgo cierto e inminente”.
La capacitación obligatoria es un avance, pero sin auditoría independiente
La resolución encomienda al Instituto Superior de Seguridad Pública la formación de instructores y operadores, algo que sí aparece como un punto positivo frente a otras provincias donde estas armas se incorporaron sin entrenamiento previo obligatorio.
Pero el esquema de capacitación queda cerrado hacia adentro, sin participación de organismos de derechos humanos ni de instituciones externas, un aspecto que la ONU recomienda explícitamente en sus orientaciones de 2021.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas —citado incluso por la propia resolución— también advierte que las armas eléctricas pueden generar lesiones graves, especialmente en:
personas con afecciones cardíacas,
personas reducidas en el piso,
personas expuestas previamente a otros métodos de control,
situaciones de estrés intenso o consumo de sustancias.
El instructivo porteño menciona la necesidad de brindar atención médica inmediata, pero no establece cómo se verificará, quién lo controlará ni si se difundirá información pública sobre estos procedimientos. Sin ese componente, la posibilidad de opacidad se mantiene intacta.
Baja letalidad no es sinónimo de bajo riesgo
En la región, ciudades como Bogotá o Montevideo solo permiten estos dispositivos bajo estrictas reglas de disparo, y en muchos casos obligan a activar mecanismos de supervisión civil para cada incidente. Algunas incluso prohíben completamente su uso en contextos de protesta social.
El instructivo del gobierno de Jorge Macri no incorpora estos resguardos. Tampoco establece la obligación de publicar reportes periódicos sobre cada uso, lo que impide conocer cuántos disparos se realizan, en qué contextos y con qué consecuencias. Sin datos públicos, la ciudadanía queda sin herramientas para evaluar el impacto real.
El propio ACNUDH remarca que la “baja letalidad” solo es efectiva cuando existe supervisión externa, transparencia y límites verificables. En ausencia de esos elementos, estas armas tienden a expandirse hacia situaciones donde no existe peligro grave, especialmente en controles rutinarios y detenciones selectivas.
Una regulación que ordena la herramienta, pero no soluciona el riesgo estructural
El nuevo instructivo aporta organización interna para la Policía de la Ciudad, pero no resuelve el problema de fondo: la falta de controles públicos, límites precisos y garantías para prevenir abusos.
Sin mecanismos independientes de auditoría, sin datos públicos y sin participación civil, la regulación aprobada corre el riesgo de consolidar un uso más extendido y discrecional de las armas eléctricas, bajo un marco que formalmente habla de proporcionalidad pero que no incorpora los resguardos que sí aplican otras ciudades del mundo.
La verdadera modernización no llega con equipamiento, sino con transparencia, controles externos y responsabilidad estatal. Nada de eso aparece con claridad en el instructivo porteño.
El juez federal Gastón Salmain jugó muy fuerte este martes al ser finalmente indagado por cohecho en Rosario. Llegaba acusado de haber pedido un soborno para autorizar a un fideicomiso a comprar 10 millones de dólares en plena vigencia del cepo cambiario para pagar deudas financieras en el exterior. En un primer descargo negó haber cometido ningún delito y sostuvo que lo acusaban sin pruebas. Pero lo fundamental es que alegó que él ya había adoptado una resolución idéntica en un caso anterior. Y que sus superiores de la Cámara Federal de Rosario avalaron su criterio.
El caso que citó como antecedente es un amparo realizado por abogados del diario La Capital de Rosario que solicitaban en la misma época adquirir dólares en el mercado único libre de cambios (MULC), es decir a valor oficial, para pagar deudas contraídas en la compra del medio al Grupo América. Salmain hizo lugar a ese pedido. Reguló honorarios para el patrocinante que es el abogado Jorge Mattos, socio del estudio jurídico que tiene directores en el diario conocido como decano de la prensa argentina. Y remarcó que dos camaristas federales validaron su resolución.
El día que allanaron el despacho de Salmain a los investigadores les llamó la atención que sobre el escritorio estaba, impreso en papel, el escrito donde los abogados de La Capital presentan una mera declarativa para que se dicte luego una cautelar autorizando al MULC a vender dólares para cancelar deudas en moneda extranjera con su acreedor.
Entre cientos de trámites que se disponen en ese juzgado, Salmain tenía precisamente ese sobre su escritorio cuando llegaron a requisarlo. Cierto que podía ser para preparar su defensa, como lo hizo al ser indagado hoy, pero también parece insinuado el envío de un mensaje. Los investigadores saben que Salmain mantuvo una relación estrecha con abogados de ese estudio jurídico. Suponen que quiso orejear esa carta y también mandar recados hacia arriba. En el sentido de que si él procedió de modo criticable en su decisión judicial, también lo hicieron quienes lo avalaron.
¿Por qué llegó acusado Salmain? Los cuatro fiscales que investigaron este caso sospechan que los 10 millones de dólares o parte de ellos comprados a precio oficial fueron vendidos por el fideicomiso Atilla al valor blue lo que generó una suculenta ganancia por la diferencia de cambio. El fideicomiso lo explotaba el financista rosarino Fernando Whpei quien hoy está en prisión domiciliaria por distintas causas penales, una de ellas una extorsión a un par de agentes bursátiles en coordinación con el ex juez federal Marcelo Bailaque. Whpei al declarar como arrepentido dijo que para habilitar la cautelar Salmain solicitó un retorno del 10 por ciento surgido de la diferencia de cambio entre los billetes tomados en el oficial y vendidos en el blue. Y que el encargado de negociarlo fue el escribano y lobista del Poder Judicial Santiago Busaniche.
Salmain plantea que la resolución similar que dio también en 2023 al pool de empresas que compraron La Capital encabezadas por el empresario Gustavo Scaglione (Comunicación 3SA) fue avalada por los camaristas Aníbal Pineda y Silvina Andalaf.
En su descargo, que hizo junto a sus abogados Ignacio Carbone y Gustavo Feldman, Salmain trituró a Whpei, a quien calificó como un «arrepentido serial». Dijo que su testimonio lo inventó a cambio de una promesa de no quedar detenido en una cárcel común. También alegaron que no basta en un caso de cohecho que el soborno se concrete, sino que el delito se comete cuando el funcionario pide la coima. Y que no hay ninguna evidencia de que él haya pedido nada.
«Es una cuestión de interpretación eso. Para algo existen los valijeros, de modo que el funcionario no haga él mismo la transacción. Pero acá lo inusual fue la medida que tomó que para el BCRA y para muchos espectadores fue disparatada», comentó a LPO un abogado que analiza de muy cerca este pleito.
El empresario Fernando Whpei.
Salmain plantea que la resolución similar que dio también en 2023 al pool de empresas que compraron La Capital encabezadas por el empresario Gustavo Scaglione (Comunicación 3SA) fue avalada por los camaristas Aníbal Pineda y Silvina Andalaf y la disidencia de Fernando Barbara. En esa demanda mera declarativa los abogados solicitaban al Banco Macro la venta de 2.282.000 dólares para pagar al Grupo América por la transferencia de La Capital Medios SA. El Banco Macro rechazaba el planteo. Salmain hizo lugar al pedido de La Capital.
Fuentes del BCRA consideraron una estratagema defensiva traer a colación este caso. Indicaron a LPO que si bien hubo medidas similares en distintas jurisdicciones ante demandas de firmas que pedían comprar dólares a precio oficial en el mercado libre ninguna fue como la del fideicomiso Attila donde el BCRA quedaba obligado, por la resolución de Salmain, a entregar dólares billetes en efectivo. «Se quiere disfrazar la maniobra con una mentira de patas cortas. Sobre todo porque en el caso que se cita (el de La Capital) el demandado no es el Banco Central sino el Banco Macro. El Central solo es citado como tercero».
Salmain dijo ser blanco de una campaña de persecución, de un armado donde situó como instigadores a algunos medios de prensa, en particular a LPO por las notas publicadas en torno de sus actos públicos. Afirmó que no se había pedido diferir la indagatoria que se hizo este martes por problemas de salud de los que dijo no estar repuesto pero que lo hizo, por zoom, por su obligación institucional. Adujo que su temperamento como juez es resolver con celeridad extrema y que eso acarrea malestar entre sus colegas que alimentan la adversidad en su contra.
Fuentes del BCRA consideraron una estratagema defensiva traer a colación el caso de La Capital. Indicaron a LPO que si bien hubo medidas similares ante demandas de firmas que pedían comprar dólares a precio oficial, ninguna fue como la del fideicomiso Attila donde el BCRA quedaba obligado, por la resolución de Salmain, a entregar dólares billetes en efectivo.
Los fiscales Juan Argibay Molina, Federico Reynares y Sergio Rodríguez habían solicitado que se indague a Busaniche, Whpei y al juez Salmain «por haber formado parte de una instancia asociativa destinada a cometer delitos, dentro de la cual entre el mes de septiembre del año 2023 y hasta abril del año 2024, pergeñaron la salida a cuentas en el exterior de USD$10.000.000, mediante la manipulación contraria a derecho de un expediente judicial radicado en el Juzgado Federal N°1 de Rosario».
Los fiscales señalaron Busaniche, por su aporte operativo, y el Salmain, por su aporte como magistrado a cargo de la causa, solicitaron el pago del diez por ciento de la diferencia del tipo de cambio al momento de la operación entre el dólar oficial y el dólar blue, suma que ascendía aproximadamente a 200.000 dólares. Es así que, para cumplir con el plan criminal, dijeron, Salmain se reunió previamente con Whpei al menos una vez en su despacho el 2 de septiembre de 2023, donde el financista le hizo entrega del escrito que presentarían, y el magistrado se manifestó sobre su viabilidad técnica solicitando que lo demás lo arreglara con Busaniche.
El juez a cargo de la indagatoria, Carlos Vera Barros, tiene diez días para resolver la situación procesal, vale decir procesar o dictar falta de mérito. Le mantuvo el estado de libertad lo que es una formalidad a derecho porque a Salmain lo amparan sus fueros como juez que le dan inmunidad de arresto.
Diego Valenzuela prepara su desembarco en el gobierno de Javier Milei. Luego de tomar licencia en la intendencia de Tres de Febrero, este lunes también hizo lo mismo en la Legislatura, tras jurar como senador provincial.
Aliado de Patricia Bullrich, Valenzuela fue convocado por la saliente ministra para integrar el futuro organigrama de Seguridad. Una posibilidad que suena con fuerza es la agencia de Migraciones, área que Karina Milei mudó del Ministerio del Interior el mismo día que juró Diego Santilli al frente de esa cartera.
En Tres de Febrero señalaron a LPO que aún no está definido el lugar, pero confirmaron que un destino posible es un área dentro de Seguridad, donde asumió como ministra Alejandra Monteoliva.
El rol que tendrá Valenzuela en el Gobierno se viene conversando entre Patricia Bullirch y Karina Milei. Como contó LPO, la idea original de Patricia era que la jefatura de Migraciones la asuma Gerardo Milman.
Sin embargo, esa propuesta de Bullrich se topó con la resistencia de Karina, que ya había vetado a Milman desde mayo, cuando Patricia empezó a pedir por él para la lista de diputados nacionales.
Es en ese contexto que surgió el nombre de Valenzuela, que este lunes había posteado una foto junto con el nuevo bloque libertario en el Senado y hoy participó de una reunión de gabinete ampliado en Tres de Febrero con su reemplazante interino, Rodrigo Aybar.
En el Senado, Valenzuela será reemplazado por la ex funcionaria del Pami Morón Marisa Pirillo, alineada a Sebastián Pareja, que suma otra banca en la Legislatura.
La mudanza de Migraciones de Interior a Seguridad se había dado con la excusa de relanzar el área bajo la consigna de extremar la coordinación fronteriza, policial y la inteligencia migratoria.
Patricia Bullrich se mueve frenéticamente en el Senado, bajo la presión de Karina Milei, para que se apruebe la media sanción de la reforma laboral el próximo 26 de diciembre, una iniciativa difícil de concretar considerando que el proyecto impulsado por el gobierno tiene más de 100 páginas y barre con convenios y derechos de los trabajadores fechados hace más de 50 años. «¿Cómo piensan hacer para aprobar una reforma laboral en dos semanas, si ni siquiera están conformadas las comisiones?», se preguntó ante LPO un senador aliado del oficialismo.
El desconcierto en la tropa libertaria es total. Desde el entorno de Bullrich, que acelera de forma temeraria, deslizaron que la jefa de la bancada oficialista apoya la continuidad de la cordobesa Carmen Álvarez Rivero al frente de la comisión de Trabajo, como si eso allanara el camino.
El encargado de receptar ese mensaje fue el secretario parlamentario, Agustín Giustinian, y las fuentes consultadas no supieron explicar si el experimentado funcionario llegó a aclararle a la exministra cómo funciona la Cámara Alta.
En efecto, el recambio legislativo exige que los bloques manden la lista de sus integrantes para la conformación de la comisión y ese trámite requiere, además, una negociación política para definir el criterio de la composición en base a la cantidad de miembros por cada espacio político. «Bullrich se piensa que puede arrancar mañana porque quiere que siga Álvarez Rivero», dijo un legislador cercano al gobierno que no piensa moverse para sacar adelante el proyecto.
El ímpetu de Bullrich sería tan rimbombante que hasta Victoria Villarruel se compadeció de la mujer que Karina pretende de ariete contra la Vicepresidenta. «Patricia, no te tires arriba de la granada», le habría dicho Villarruel a la exministra.
En uno de los bloques amigables con la Casa Rosada, precisaron que «Karina mandó a Bullrich a inmolarse y, si no sale la ley, no le importa porque será por culpa de Bullrich y Villarruel». «Estamos ya a 10 de diciembre y, aunque los senadores se inscriban en las comisiones esta semana, es casi imposible que saquen dictamen la semana que viene», estimaron.
Karina mandó a Bullrich a inmolarse y, si no sale la ley, no le importa porque será por culpa de Bullrich y Villarruel.
En cualquier caso, la secretaria general de la presidencia se desentendería del fracaso parlamentario, si el trámite se frena en la previa de Nochebuena.
La Vicepresidenta, por su parte, alega que no puede «acelerar ni entorpecer» el tratamiento de las iniciativas que envíe el gobierno y cursó un mensaje contundente al entorno de Karina: «Villarruel va a hacer lo que hagan los presidentes de bloque», fue la sintética frase.
Al cierre de esta nota, Bullrich encabezaba una reunión de la bancada libertaria en el despacho de la puntana Ivana Arrascaeta, que ocupa la oficina más grande del bloque. Lo curioso es que había legisladores libertarios que no estaban de acuerdo con la reforma laboral y no estaban dispuestos a contribuir para la búsqueda de los votos. «Yo no voy a mover un dedo», confesó uno de ellos en la tarde del miércoles.
