Sociedad

 

Tras el reciente fracaso del proceso licitatorio para la concesión de la terminal de contenedores de Mar del Plata, la actual operadora de esa terminal, TC2, difundió una dura carta abierta con alertas en torno al futuro del puerto y críticas al rol del gobierno de Axel Kicillof para que esa licitación quede desierta.

«Las autoridades provinciales y el administrador actual siguen ensimismados en la gestión de puerto pesquero», apuntaron Emilio Bustamante y Alberto Ovejero, directores de TC2 que observaron que los requisitos que puso la Provincia en los pliegos «parecían diseñados para que no se haga nada».

Inicialmente, tres empresas compraron los pliegos: Murchison (que ya había operado en Mar del Plata), la chilena AgunSA y la propia TC2. Sin embargo, ninguna ofertó. En el sector coinciden en hablar de una licitación «muy mal armada».

Fuentes del entramado portuario marplatense detallaron a LPO que el pliego no establecía terminales con uso de muelle exclusivo pero sí exigía que instalen grúas. «No podés instalar grúas en un muelle donde no tenés el pleno usufructo», señalaron.

Y graficaron: «Un día llega un barco Panamax lleno de contenedores y el muelle puede llegar a estar ocupado por dos barcos poteros». También advirtieron que no se daba el tiempo para recuperar las inversiones que se exigían hacer en diez años.

 Desde hace 20 años, TC2 viene operando con permisos de uso precarios por lo que advierten que esa inseguridad jurídica puede complicar la recalada de la única naviera que hoy opera en la terminal cada 15 días, Maersk. 

En TC2 los cuestionamientos se enfocan en la centralidad que le da la Provincia al perfil pesquero del puerto en detrimento de un esquema multipropósito de cargas. Así, plantearon que, ante el llamado de la empresa a la la búsqueda de soluciones, «las autoridades de la provincia de Buenos Aires hacen oídos sordos».

En la extensa carta abierta, los directores de TC2 hicieron un repaso de la historia del puerto y de los intentos fallidos por diversificar su perfil más allá del pesquero. Para la empresa, conservar esa centralidad es un riesgo para el futuro del puerto al advertir que as inversiones de las grandes empresas pesqueras migraron al sur.

Desde hace 20 años, TC2 viene operando con permisos de uso precarios por lo que advierten que esa inseguridad jurídica puede complicar la recalada de la única naviera que hoy opera en la terminal cada 15 días, Maersk.

Naviera deja de operar en Mar del Plata porque una empresa inaugurada por Milei incumplió con la carga a exportar

Hasta el año pasado también operaba la naviera de capitales franceses CMA-CGM, pero el derrumbe de las proyecciones de exportación de Lamb Weston, la fábrica de papas fritas que inauguró Milei, precipitó su salida sin cumplir con el objetivo de cuatro salidas al mes.

«Los puertos son el primer eslabón de la cadena logística y de distribución. Los contratos a mediano y largo plazo mandan, donde la previsibilidad y la predicción son columnas vertebrales. Sin seguridad jurídica son imposibles de concretar. Todo eso desalienta inversiones y genera desazón en los trabajadores que ven cada vez más cercana la posibilidad de perder su trabajo», alertaron en TC2.

También salieron al cruce de la entrega de al sector inmobiliario de las últimas tierras disponibles: «Un puerto que no se puede expandir no tiene futuro», acusaron.

Scioli cuestionó al puerto de Mar del Plata por falta de un dragado que ya se hizo

Fuentes con llegada a la empresa señalaron que el factor interno en el peronismo también juega. Desde la llegada de Kicillof, el consorcio estuvo manejado por La Cámpora, hoy a través de Marcos Gutiérrez. Voces portuarias sostienen que «el puerto queda paralizado» en medio de las constantes versiones de cambios de mando debido a la creciente puja interna entre el axelismo y el kirchnerismo.

Como sea, Mar del Plata es uno de los municipios de la provincia donde no se logró alcanzar una lista de unidad en el PJ local. «Hay una mezcla de incompetencia y de internas políticas que hacen que hoy el puerto se desangre con oportunidades que pierden», señalan en el puerto.

Así, en TC2 encorsetaron el caso marplatense en un modelo de gestión de consorcios portuarios que «está agotado». Por eso, ven «con esperanza que la intervención del puerto fueguino abra un nuevo camino al sector privado». 

 

 

El gobierno logró sancionar la modificación a la Ley de Glaciares con 40 votos a favor contra 31 por la negativa y la abstención de la neuquina Julieta Corroza. Tal como anticipó LPO, el senjuanino Sergio Uñac, la catamarqueña Lucía Corpacci y el bloque de Carolina Moisés, que también integran Guillermo Andrada, hombre del gobernador Raúl Jalil, y la tucumana Sandra Mendoza, aportaron su apoyo a la nueva norma.

En el rechazo, se agruparon los peronistas del interbloque de José Mayans, los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, los radicales Daniel Kroneberger y Maximiliano Abad, la chubutense Edith Terenzi, la cordobesa Alejandra Vigo y las senadoras del PRO María Victoria Huala y Andrea Cristina.

Con esta votación, los gobernadores peronistas de las zonas cordilleranas se alzaron con una concesión que reclamaban desde diciembre para apoyar la reforma laboral. La normativa aprobada este jueves devuelve a los distritos provinciales la capacidad de realizar estudios de impacto ambiental para medir la relevancia hídrica de las tierras periglaciares, algo que hasta ahora estaba reservado al IANIGLA para preservar regiones adyacentes a las reservas acuíferas de la explotación minera.

En su discurso de cierra, Patricia Bullrich llamó a terminar con la dicotomía «agua o trabajo». Si bien reconoció «el objetivo legítimo de 2010», aseguró que con la modificación «no hay un cambio en la concepción» sino en la intención de «producir en cada rincón donde sea posible».

Los libertarios cuentan con el voto de los peronistas Uñac y Corpacci para aprobar la ley de Glaciares

El miembro informante fue Austín Coto, que provocó a la oposición con su discurso al recuperar información de la versión taquigráfica de la sesión del Senado del 30 de septiembre de 2010, cuando se sancionó la ley de Glaciares vigente hasta ahora. Entonces, recordó que César Gioja, hermano del exgobernador sanjuanino, «se preguntaba por qué en el dictamen de Diputados se había omitido la mención al artículo 124 de la Constitución», el que establece la potestad de las provincias sobre sus recursos naturales.

La referencia del senador fueguino al dictamen de la Cámara Baja de aquella época se debió que los gobernadores defendían un proyecto que fue cambiado por la «ley Bonasso». De hecho, el santafecino Agustín Rossi tuvo que anunciar durante el debate que Cristina Kirchner no vetaría la ley que se terminara aprobando, aunque no prevaleciera la versión que impulsaban los legisladores que respondían a las provincias cordilleranas pero en el Senado se terminó imponiendo el criterio más «protectorio» del ambiente.

Por eso, este jueves el libertario Coto se quejó de la mirada progresista que impera en el área metropolitana y calificó la normativa modificada como «una ley de presupuestos máximos redactada dentro de un frasco de una empanada en un bar de Palermo, hecha por dos chetos». «¿Se acuerdan cuando hablaban de los pinos y decían ‘que pongan un pino en el Senado’? Abajo de los pinos no crece absolutamente nada», sostuvo con tono burlón en alusión al ex legislador Fernando Pino Solanas, fallecido ya.

Después que el fueguino se despachara diciendo que se trataba de una «ley de chetos», el pampeano peronista Daniel Bensusán lo cruzó sin piedad. «Nos dejaron un papel impreso en cada una de las bancas. ¿Qué sería esto?», preguntó haciendo flamear el manojo de hojas del dictamen que Coto trabajó a escondidas con senadoras como Edith Terenzi y Flavia Royón.

¿Se acuerdan cuando hablaban de los pinos y decían ‘que pongan un pino en el Senado’? Abajo de los pinos no crece absolutamente nada.

Coto trató de explicar con naturalidad y Bensusán respondió con bronca. «¿Y qué vamos a hablar entonces? Porque no sabemos cuáles son las modificaciones. Otra vez lo mismo que con la ley laboral. ¿De dónde corno salió esto? ¿De la comisión? Esto es un papel impreso que nos trajeron hace cinco minutos. Ya les pasó con el artículo 44 de la ley laboral y despues a los que acompañan les dicen ‘los estuvimos entreteniendo con una cosa para votar otra'», expresó.

Además, dijo: «¿Esto es joda? Se hizo mucho el gracioso el miembro informante y no explicó nada de las modificaciones que quieren introducir. ¡Una vergüenza! ¿Y van a votar nuevamente un texto sin haberlo leído o por lo menos sin haberlo discutido de cara a la gente en las comisiones del Congreso? ¿Dónde lo discutieron? ¿En una oficina?».

Mientras avanzaba el debate no estaba claro siquiera que Luis Juez fuera a votar a favor, como terminó sucediendo. En Casa Rosada, tuvieron que implementar gestiones para que el cordobés no se ablandara con las críticas de los que le enrostraran que votó a favor de la ley de Glaciares en 2010 y no podía aparecer acompañando su modificación ahora.

Cerca de las 17, Juez recordó que hasta lo charló hace 16 años con Pino Solanas. «Entiendo el tema de la defensa del agua y todo ese discurso, que lo siento como propio», arrancó el legislador pero luego justificó su cambio de postura: «Por ahí alguno al que le gusta el patrullaje empieza a decir que Juez en el 2010 tal cosa… y yo tengo el cuero dura como una tortuga», se describió con ingenio.

El santacruceño José María Carambia anticipó que su voto y el de su colega Natalia Gadano serían negativos, en tanto «el artículo 6° genera libre interpretación». «Es autorización tácita encubierta para que puedan hacer lo que quieran donde sea», alertó.

A veces pensamos que la minería va y te salva pero hace 28 años que tenemos minería y todavía tenemos parte de la población sin servicios básicos.

Además, coincidió con Alicia Kirchner en la advertencia sobre la escasez de puestos de empleo que da la minería. «A veces pensamos que la minería va y te salva pero hace 28 años que tenemos minería y todavía tenemos parte de la población sin servicios básicos», indicó.

Tal vez una de las argumentaciones a favor de la ley más consistentes para el oficialismo terminó siendo la de la misionera Sonia Rojas Decut, proveniente de una jurisdicción distinguida por el recurso hídrico. A su criterio, en la ley en debate «no se bajan los estándares, se clarifican las competencias, se ordenan los criterios y se fortalecen los procesos de evaluación científica y ambiental».

En ese sentido, consideró que «el tenor de la reforma es plenamente compatible con el principio que resguarda la máxima calidad ambiental». «El desarrollo económico y la protección ambiental no son fuerzas opuestas sino condiciones recíprocas si queremos avanzar hacia un desarrollo sostenible», completó.

Finalmente, Flavia Royón también sumó sus objeciones contra los sectores que «tratan de instalar un terrorismo ambiental o que en este proyecto se entrega el agua o los glaciares», y reclamó que se respete «a los equipos técnicos de las provincias». «¿Saben dónde están los mejores glaciólogos? En San Juan», respondió con orgullo. 

 

 

En el gobierno dan como un hecho la salida inminente de Mariano Cúneo Libarona y su reemplazo genera alta tensión en el gabinete ante la presión de los Menem para que Karina Milei se quede con el control de esa cartera.

El apoderado de La Libertad Avanza, Santiago Viola, se convirtió en una especie de gerente de Recursos Humanos de la Casa Rosada y entrevista candidatos para suceder a Cúneo, que se quiere ir desde antes de las elecciones del año pasado.

Karina, que es la jefa de Viola, le pidió a Cúneo que aguantara en el ministerio unos meses para no tener que dejarlo en manos de su viceministro, Sebastián Amerio, hombre de Caputo.

Mahiques teme que el Senado le voltee el pliego para seguir como camarista por sus vínculos con Toviggino

Entre los nombres que suenan aparecen el de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, el del fiscal federal Carlos Stornelli y el del fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, como anticipó LPO.

A la hermana del Presidente y los Menem los preocupa la evolución de las causas Libra y Andis, entre otras que transitan por los juzgados federales, donde el «Tano» tien una influencia parcial, pero importante para la Casa Rosada que no tiene nada.

LPO anticipó que Arroyo Salgado es mirada de reojo en Comodoro Py desde el año pasado tras una serie de fallos que llevaron a sus pares a acusarla de sobreactuar en busca un cargo más importante al que tiene en el juzgado de San Isidro. La jueza también era mencionada como una candidata a la Procuración General, un cargo que tarde o temprano buscarán colonizar los libertarios para correr de allí al interino Eduardo Casal, hombre de Macri.

Sandra Arroyo Salgado

Stornelli también acumuló una serie de movimientos para endulzar los oídos de los Milei. La más reciente fue la denuncia penal al gobernador riojano Ricardo Quintela, a quien acusó de incitación a la violencia colectiva por decir que Milei «no puede llegar al 10 de diciembre de 2027».

Como anticipó LPO, la búsqueda de un pacto entre el gobierno y la dinastía Mahiques está subordinada al acuerdo entre Karina y Daniel Angelici, empresario del juego y sofisticado operador judicial. A la hermana del Presidente y los Menem los preocupa la evolución de las causas Libra y Andis, entre otras que transitan por los juzgados federales, donde el «Tano» tien una influencia parcial, pero importante para la Casa Rosada que no tiene nada.

Las dos causas siguen vivas, pese a la parsimonia de funcionarios judiciales como el fiscal Eduardo Taiano, que investiga la estafa cripto. Este jueves, por caso, La Nación anticipó que los expertos informáticos del Ministerio Público Fiscal confirmaron que el presidente mantuvo conversaciones por WhatsApp y por Instagram con el lobista Mauricio Novelli, uno de los protagonistas decisivos del lanzamiento de Libra.

Santiago Viola, el apoderado de La Libertad Avanza.

 

 

Mercado Libre crece pero la acción se derrumba. No es contradicción es el síntoma de algo más grande: el choque entre una empresa que funciona como termómetro del capitalismo digital regional y los cambios regulatorio domésticos que pegan directo en su negocio. 

Mercado Libre presentó un balance sólido. En el cuarto trimestre de 2025 reportó ingresos por USD 8.760 millones, con un crecimiento interanual cercano al 45%. El volumen bruto de ventas alcanzó USD 19.9 mil millones y Mercado Pago procesó USD 83.7 mil millones en transacciones. 

Pero el impacto en Mercado Pago de la recategorización del monotributo que considera ingresos a los fondos depositados ene sa billetera virtual no es el único problema. Wall Street miró otra cosa. El margen operativo de Mercado Libre quedó levemente por debajo de lo esperado y la ganancia por acción decepcionó. 

El peronismo va contra la ola de recategorizaciones a monotributistas que ejecutó Arca con datos de billeteras virtuales

La acción perdió entre 8% y 10% tras la presentación del balance y suma una caída del 18% en lo que va del mes. Un castigo clásico del mercado financiero cuando las inversiones futuras pesan más que la rentabilidad inmediata. 

La caída abrió una discusión intensa entre operadores. Analistas coincidieron en que el mercado penalizó a la empresa aún cuando los ingresos superaron estimaciones. El punto más repetido fue que Mercado Libre está invirtiendo agresivamente para consolidar su posición dominante. Bajó el umbral de envíos gratis en Brasil para generar hábito de compra, expande el crédito aunque hoy reduzca márgenes y profundiza su red logística propia, que ya entrega la enorme mayoría de los paquetes sin intermediarios. 

Mercado Libre hoy es una empresa mucho más grande y rentable que hace algunos años, pero el mercado todavía no la mide como una blue chip tradicional. En Estados Unidos compañías consolidadas no sufren esas oscilaciones sin un shock real detrás.

Lo concreto es que la compañía crece a tasas cercanas al 40-50% anual desde hace cinco años, mientras la acción vale prácticamente lo mismo que tiempo atrás. El negocio avanza más rápido que su valuación. 

«Mercado Libre hoy es una empresa mucho más grande y rentable que hace algunos años, pero el mercado todavía no la mide como una blue chip tradicional. En Estados Unidos compañías consolidadas no sufren esas oscilaciones sin un shock real detrás», apuntó el experto Javier Timerman. 

En Argentina, la volatilidad es parte del paisaje. Y ahí aparece la segunda parte de la historia. Mientras el mercado discutía márgenes, el Gobierno avanzó con la recategorización compulsiva del monotributo mediante el cruce de datos de billeteras virtuales. La medida ya es conocida: ARCA comenzó a usar la información de billeteras virtuales para detectar ingresos y subir automáticamente de categoría a contribuyentes. 

El impacto pegó directo en Mercado Libre. En las últimas horas empezaron a multiplicarse comercios que dejaron de aceptar Mercado Pago. Carteles pegados en vidrieras, avisos improvisados, explicaciones simples: «si cobro por billetera me recategorizan». 

Para muchos pequeños negocios, el QR pasó de ser una solución financiera a un riesgo fiscal. «No es contra Mercado Libre. Es contra el sistema. Si cobro digital quedo expuesto», afirmó a LPO uno de los comerciantes que dio de baja Mercado Pago. 

La escena revela un efecto inesperado de la política económica. La plataforma que empujó la bancarización masiva empieza a encontrar resistencia en su propio ecosistema. 

El mercado castigó la acción por los costos de crecer. La regulación local empezó a castigar el uso. Y así, en una misma semana, el caso Mercado Libre dejó de ser solo una historia bursátil para convertirse en algo más político: la tensión entre la economía digital que intenta expandirse y un Estado que termina afectando al principal símbolo del nuevo capitalismo argentino. 

 

 

La provincia de Entre Ríos volvió al mercado internacional después de casi una década y colocó un bono por 300 millones de dólares con el objetivo de refinanciar vencimientos concentrados en el corto plazo y cancelar pasivos en pesos más costosos, dijeron fuentes oficiales a LPO. La operación marca el regreso de la provincia al financiamiento externo bajo la gestión de Rogelio Frigerio.  

El título, autorizado por la Legislatura en el marco de la Ley 11.209 de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial, tiene una vida promedio de seis años, un cupón anual del 9,55% con pagos semestrales y amortizaciones de capital del 33,33% en 2031, 33,33% en 2032 y 33,34% en 2033, explicaron desde la gobernación.

En términos de condiciones, fue emitido con una prima de 6,18% sobre un bono soberano estadounidense de similar duración. Según fuentes oficiales, esto implica una mejora de 50 puntos básicos respecto al spread convalidado en la emisión de 2017. Sin embargo, en el mercado reconocen que se trata de una tasa elevada, en línea con el riesgo país y el actual contexto financiero.

La operación incluye una oferta de recompra y/o canje para los tenedores del bono ERF28, cuyo resultado se conocerá el 27 de febrero. El objetivo central es despejar vencimientos inmediatos y reordenar el perfil global de la deuda.

 Desde el entorno de Frigerio señalaron a LPO que «básicamente vamos a cancelar vencimientos en el corto plazo» y apuntaron contra la gestión de Gustavo Bordet por haber concentrado pagos entre 2023 y 2027. «Todos los vencimientos estaban en un solo mandato. Con esta emisión cambiamos el perfil de la deuda, mejoramos plazos y refinanciamos» 

Desde el entorno de Frigerio señalaron a LPO que «básicamente vamos a cancelar vencimientos en el corto plazo» y apuntaron contra la gestión de Gustavo Bordet por haber concentrado pagos entre 2023 y 2027. «Todos los vencimientos estaban en un solo mandato. Con esta emisión cambiamos el perfil de la deuda, mejoramos plazos y refinanciamos», afirmaron.

En cuanto a las garantías fuentes del ejecutivo provincial descartaron que se hayan puesto activos de Salto Grande como tampoco del Tesoro Nacional: «En ningún caso Nación pone garantías, salvo la hidrocarburiferas. Colaboró en que la colocación sea buena y en la tramitación con los bancos», dijeron a LPO.

En el oficialismo sostienen que, tras esta colocación, quedaría un margen de endeudamiento cercano a los 200 millones de dólares, aunque aclararon que cualquier nueva emisión dependerá de las condiciones del mercado.

La provincia no cuenta con garantías específicas como las petroleras, por lo que en el gobierno de Frigerio consideraron a la colocación de «positiva» en un escenario de tasas altas y acceso restringido al crédito. Con esta jugada, Frigerio busca ganar liquidez y previsibilidad financiera en los próximos años, aunque el costo del financiamiento refleja que sigue siendo alto para las provincias.

 

 Parlamentario del Mercosur.