Sociedad

El Gobierno disolvió el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) que arrastra deudas millonarias y viene cortando las coberturas en todo el país por falta de pago. 

La medida fue oficializada mediante un decreto y dispone la escisión definitiva del organismo y la creación de dos nuevas entidades autárquicas: la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG).

Un militar en actividad dijo a LPO que «hay expectativa y cautela con la decisión. Los jefes miliares habían hablado con Presti y estaban presionando para que el decreto saliera publicado esta semana, tras haberlo estado puliendo». 

En el Gobierno lo ven como la solución definitiva a esta crisis que acumula más de 200 mil millones de dólares de pesos  y afectó severamente a la cobertura de militares activos y retirados. 

Alarma total entre los militares, en Mar del Plata cortaron la cobertura social por una deuda de $800 millones

LPO reveló en exclusivo el caso de Mar del Plata, donde el Hospital Privado de la Comunidad de ese ciudad cortó el servicio por una deuda de 800 millones de pesos y que hay casos en donde los militares tienen que poner hasta 400 mil pesos de su bolsillo para una tomografía o 100 mil para un análisis de sangre. 

Hay expectativa y cautela con la decisión. Los jefes miliares habían hablado con Presti y estaban presionando para que el decreto saliera publicado esta semana, tras haberlo estado puliendo

Por eso, más allá del entusiasmo de los ministros, los militares entienden que el proceso es delicado y complicado con un año de transición hasta la implementación nueva. «El impacto en los afiliados será el verdadero desafío, ya que en papel todo parece muy bien pero hay que ponerlo en funcionamiento», agrega. 

El decreto estipula una estructura de asignación rígida para ambas instituciones basado en el 80% de los ingresos destinado exclusivamente a la prestación de servicios médico-asistenciales, 8% (Máximo) reservado para gastos administrativos y de funcionamiento y 12% (Excedente) que podrá derivarse a otras prestaciones sociales.

En Defensa sostiene que la inviabilidad del esquema anterior radicaba en irregularidades de gestiones precedentes y un desequilibrio estructural que comprometía la atención de más de 500.000 beneficiarios, pero la realidad es que IOSFA empezó a presentar problemas durante esta gestión. 

Petri mete mano en los fondos de las Fuerzas Armadas para resolver el déficit de la obra social 

Otro militar consultado pone el ojo en el año de transición dado que «la gente se sigue muriendo todos los días. nadie le dice por ejemplo a la gente de Mar del Plata quien los va a atender porque están sin servicio médico. La deuda sigue estando y por mucho que lo disuelvan, ningún prestador privado les va a dar a nada si no le pagan lo que les deben». 

Presti busca con este decreto relanzar una gestión marcada por las críticas por esta crisis IOSFA pero también por los salarios bajos que ponen a los militares en una situación de extrema urgencia. 

El enojo interno es grande porque consideran que las prioridades de Presti están desfasadas de estas necesidades. «Se preocupa más porque los militares de alto rango puedan tener cargos políticos sin pasar a disponibilidad en lugar de resolver estos problemas que son urgentes», reprochan.

Javier Milei sacó un decreto alevoso en la noche de este jueves para instruir a la Procuración del Tesoro el cese de la querella criminal contra Mauricio Macri y Luis «Toto» Caputo por la deuda contraída con el FMI en 2018 y 2019, tres días después que la jueza María Eugenia Capuchetti resolviera el archivo de la causa.

El Presidente retiró entonces al Estado de la causa que debía investigar el destino de los fondos otorgados por el organismo multilateral de crédito, para favorecer tanto a su ministro de Economía como a su par de Desregulación, Federico Sturzenegger, que también formó parte del gobierno de Cambiemos.

El decreto de Milei es el 87/26 y establece en su artículo 2° que se instruye a la Procuración «a cesar su intervención como querellante particular en la Causa N° 3561/2019». Esa investigación se caratuló «Macri, Mauricio y otros sobre defraudación por administración fraudulenta y otros» y fue la querella criminal que anunció el expresidente Alberto Fernández en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso el 1° de marzo de 2021.

Capuchetti consideró en su fallo que «las conductas observadas en el manejo de los fondos por parte de las autoridades argentinas no pueden ser calificadas como constitutivas del delito de malversación de caudales públicos, debido a la ausencia de una norma jurídica, reglamento u orden de autoridad competente que impusiera al gobierno cuestionado un destino obligatorio y preciso respecto de los recursos otorgados». Por eso, dispuso el archivo de la causa.

La jueza Capuchetti.

Sin embargo, el fiscal Franco Picardi objetó la medida al señalar que la magistrada realizó «una evaluación parcial, desmembrada, sesgada y superficial de los hechos y pruebas, así como del marco regulatorio que rige la materia sobre la que versa el caso y la aplicabilidad de normas imperativas». «Todo ello, para arribar a un temperamento conclusivo de la investigación», aseveró.

Según Picardi, «la resolución recurrida posee una valoración fragmentaria y aislada del material probatorio, al analizar de manera individual y solapada las distintas acciones que, en verdad, se concatenan entre sí para materializar la toma del empréstito con el FMI y la administración de esas divisas, sin efectuar una apreciación conjunta, integral y contextual de todos los elementos reunidos en la causa».

La magistrada realizó una evaluación parcial, desmembrada, sesgada y superficial de los hechos y pruebas, así como del marco regulatorio que rige la materia sobre la que versa el caso y la aplicabilidad de normas imperativas.

La investigación tenía como objeto esclarecer si había efectivamente un «esquema defraudatorio» montado entre por funcionarios públicos del Poder Ejecutivo Nacional y el Banco Central de la Nación Argentina (BCRA), en connivencia con agentes del sector privado. Picardi recuerda que se contrajo deuda por U$s 57100 millones «vulnerando la Constitución Nacional y las leyes nacionales y normas que regulan el funcionamiento de la administración pública nacional y la toma de crédito público; y, esgrimiendo argumentos falsos y engañosos en torno a los objetivos y los usos que se les darían a las divisas solicitadas».

Además, postula que se destinaron «de manera ruinosa las sumas obtenidas a cuestas del endeudamiento estatal, al financiamiento y profundización del proceso de fuga de capitales, en beneficio de grupos privados concentrados y en perjuicio del erario público». «Ello incluye la posible obtención, en ese marco, de beneficios económicos indebidos para sí y/o para terceros (tales como otras personas físicas y jurídicas, fondos de inversión) y/o la provisión de información privilegiada en franca incompatibilidad con sus deberes funcionales», completa.

Noticia en desarrollo.

Los analistas creen que la inflación lejos de bajar va a subir y el Banco Central admitió que el índice de enero es mayor al que esperaban a fin de año. Esto explica el zafarrancho que armó el ministro Luis Caputo en el Indec para que no de a conocer el nuevo índica, porque le daba arriba del tres por ciento. Un golpe letal al relato de la «desinflación».

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el Central en base a consultas con las principales consultoras privadas del mercado pronosticó que la inflación de enero, que el gobierno tiene que anunciar la semana que viene, es del 2,4%.

Es un número que supera a la estimación que había hecho el propio REM el mes anterior, cuando para enero esperaba una inflación del 2%, es decir, que los analistas creen que la infalción no está retrocediendo como dice el Gobierno.

«Comienzan a desanclarse las expectativas de inflación y los primeros datos de alta frecuencia de febrero confirman una aceleración de los precios en la primera semana del mes. A esto habrá que sumarle la desconfianza por la falta de independencia del INDEC», afirmó el economista y ex diputado Martín Tetaz.

Las acciones volvieron a caer y sube el riesgo país, mientras Brasil vuela al 15% 

Esa información fue confirmada por el periodista Pablo Wende, que publicó un anticipo de la medición semanal de la consultora LGC que dio un número preocupante: estimó que sólo en los primeros cinco días de febrero subió un 2,5% la inflación de alimentos y bebidas. 

Comienzan a desanclarse las expectativas de inflación y los primeros datos de alta frecuencia de febrero confirman una aceleración de los precios en la primera semana del mes. A esto habrá que sumarle la desconfianza por la falta de independencia del INDEC.

LPO reveló este jueves que en Córdoba los alimentos en enero subieron un 3,3%, contradiciendo el último de los relatos libertarios que consiste en afirmar que en el interior la inflación es más baja que en el área metropolitana.

Esta situación explica la desesperación de Caputo por impedir que el Indec publicara su nuevo índice, que provocó la escandalosa renuncia de Marco Lavagna. Luis «Toto» Caputo suspendió la aplicación del nuevo sistema de medición que iba a dar arriba del 3% y luego directamente lo eliminó bajo el argumento de que estaba desactualizado. Por eso decidió continuar con la canasta de 2004 que mide el precio del fax y los VHS.

La consultora LCG midió en la primer semana de febrero un repunte muy fuerte d elos precios de alimentos.

El líder del sindicato del Vidrio y cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, aseguró este jueves que la reforma laboral no saldría «tal como está». La concesión semántica acaso refleja el clima de derrota entre los senadores opositores, que ya en la tarde de este jueves reconocían que el oficialismo estaba holgado para conseguir el quórum, y la apertura de los sindicalistas a negociar apenas modificacines.

En declaraciones a Radio Con Vos, Jerónimo expresó: «no vamos a permitir que este proyecto avance tal como está». Esa frase da cuenta de una táctica defensiva de los sindicalistas, que habrían comentado a senadores y diputados del peronismo que se conformaban con la defensa de la ultraactividad de los convenios, la vigencia de las negociaciones por rama -y no por empresa como aspira el gobierno- y la continuidad de la cuota sindical, entre otros temas organizativos que hacen a la acumulación de poder gremial. Para eso, necesitan 37 senadores que volteen los artículos que disuelven esas conquistas.

Fuentes del gobierno, sin embargo, dijeron a LPO que Javier Milei se mantiene inamovible en esos temas. 

El repliegue táctico de la CGT provoca en los legisladores de Fuerza Patria y los gobernadores peronistas una queja por la falta de vigor. «Por apostar a quedarse con algo, se van a quedar sin nada», dijo un diputado kirchnerista a LPO en reproche a los dirigentes del movimiento obrero.

Llaryora suspendió la reunión con la CGT y se desarma la cumbre de gobernadores del CFI

En las últimas horas, los tres triunviros de la CGT, el propio Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello, tuvieron dos encuentros relevantes, por separado, con los cinco gobernadores vinculados al peronismo y la bancada de Convicción Federal, integrada por ahora al bloque de José Mayans. Además, se preparaban al cierre de esta nota para el Consejo Directivo de este viernes, donde se esperaba que convoquen a un paro para el día de la sesión.

Por apostar a quedarse con algo, se van a quedar sin nada.

Para la primera cita, los sindicalistas se encontraron en la sede porteña del Bapro con Axel Kicillof, Gildo Insfrán, Sergio Ziliotto, Ricardo Quintela y Gustavo Melella. Allí exploraron la chance de trabajar para que el oficialismo no llegue al quórum el próximo 11 de febrero, cuando se abra el recinto del Senado, y se frustre el tratamiento de la ley.

Dos senadores del peronismo descartaron que fuera posible evitar que Patricia Bullrich lograra sentar menos de 37 senadores a sus bancas. «Están sobrados», confesó uno con pesimismo.

Capitanich y Corpacci en el Senado.

Quintela, por su parte, conminó a Jerónimo, Sola y Argüello a «pasar a la acción», que «pateen las puertas» de los senadores y que fuercen a los gobernadores aliados del gobierno. Uno de los legisladores al tanto de lo conversado deslizó que había senadores «tratando de convencer a los que responden a los gobernadores para que no bajen» a la sesión, algo que desmintieron cuatro de los que votan en el Senado como mandan sus jefes provinciales.

De todas maneras, el gobierno aún no tendría garantizados los votos para el capítulo de Ganancias, pese a las concesiones que evalúa Luis Toto Caputo desde hace algunos días. Cerca de un gobernador radical, confesaron a LPO que «puede pasar como el Capítulo 11 del Presupuesto, que cuando nadie se lo esperaba los gobernadores mandaron a votar en contra», aunque la Casa Rosada había regado las provincias con ATN en la previa.

Además, estaría comprometida la vigencia del artículo 194, que establece la derogación del Estatuto del Periodista. Fuentes parlamentarias comentaron a LPO que «el miedo» penetró en senadores aliados cuando vieron que se plegó al rechazo de los trabajadores de prensa un grupo de periodistas consagrados, con pantalla y minutos de aire en los medios más importantes del país. «Hay más de 40 votos contra la derogación del Estatuto del Periodista», desizaron dos legisladores de distinto signo político.

No vamos a permitir que este proyecto avance tal como está.

Como sea, el gobierno apuesta todo a una media sanción holgada para que los diputados no se animen a introducir modificaciones o rechazar la ley, pero hasta los libertarios admiten que por el recambio parlamentario el oficialismo tiene ahora más facilidades en el Senado y una tarea más ardua para aprobar leyes polémicas en la otra cámara.

Dentro del bloque peronista, por caso, hay cinco legisladores de extracción gremial. Más allá de su unidad en la acción, cada cual expresa líneas distintas. 

Vanesa Siley, que tiene línea directa con Cristina Kirchner, terminó concentrando la articulación de los diferentes proyectos alternativos a la reforma laboral de Javier Milei. Sergio Palazzo, secretario general de La Bancaria, Mario Paco Manrique, dirigente del SMATA, y Hugo Moyano, hijo del homónimo referente camionero, pertenecen al espectro de los que considerarían un triunfo que se mantengan la ultraactividad, las negociaciones por rama y la cuota sindical.

Y por último, el titular de la CTA, Hugo Yasky, que estuvo en la marcha del sindicalismo en Córdoba este jueves. Allí, su colega de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, tildó de «cagones» a los gobernadores.

Siley, Palazzo, Moyano y Yasky.

El PJ de Mar del Plata tendrá una de las internas más calientes del peronismo. Por estas horas no hay acuerdo posible y las nuevas autoridades del partido pueden surgir de una interna con tres listas, una división que podría darle el triunfo a Fernanda Raverta.

La ex titular de la Anses se encolumna detrás de Cristina Kirchner, para enfrentar a los referentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), una lista que muchos señalan impulsa Gustavo Pulti, aunque desde el entorno del ex intendente niegan toda participación en la interna.

En el medio de esas dos listas, se suma Manino Iriart, un ex funcionario de Daniel Scioli y Alberto Fernández- que junta al peronismo refractario de La Cámpora y el axelismo.

Fuentes del peronismo de Mar del Plata sostienen que una interna de tres sectores terminará favoreciendo a Raverta. En tanto, se explora la posibilidad de un acuerdo entre el axelismo e Iriart, una jugada que puede modificar la relación de fuerzas y podría darle con el triunfo a la alianza.

Raverta se impone por un amplio margen en la interna de Mar del Plata

Raverta llevará como candidato a Daniel Di Bártolo, un dirigente del Sindicato de Docentes Privados (Sadop). En tanto, el axelismo lleva a Adriana Donzelli, curiosamente también representante de ese gremio docente.

La mayor debilidad de la lista de Kicillof tiene que ver con que buena parte de sus dirigentes son referentes de armados políticos distantes del peronismo.

Raúl Calamante, Axel Kicillof y Gustavo Pulti.

El axelismo sumó además a Juan Garivoto un histórico del peronismo en Mar del Plata. Raúl Calamente, uno de los referente más pesados del MDF reporta al Frente Grande y la CTA. El propio Pulti incluso es líder de un armado armado vecinal histórico como Acción Marplatense.

Fuentes del peronismo en Mar del Plata sostienen que si el axelismo y Manino Iriart no logran un sintetizar una lista, las chances de Raverta son importantes y Kicillof podría perder en Mar del Plata.

Desde el MDF le bajan el precio a la lista de Manino. «Es una lista incierta del sciolismo con un fuerte auspicio de La Cámpora», la definieron al tiempo que aseguran que probablemente no logre reunir los avales para formalizar su participación en la interna.

El padrón del peronismo en Mar del Plata tiene unos 31.382 afiliados. 274 se sumaron en diciembre, siendo en su gran mayoría afiliados de La Cámpora. Una interna en esa ciudad se estima que costará unos 100 mil dólares.

La última pulseada por el partido fue en marzo de 2022 cuando Raverta y Manino Iriart se enfrentaron en una interna. En esa elección, Raverta sacó el 57% de los votos y su rival el 43%. Ese caudal es el que hoy busca recuperar Indart.

Un dato curioso, en la pelea por el partido de 2022, Kicillof jugó en favor de Raverta cuando a días de la interna viajó a Mar del Plata y se mostró con la entonces titular del Anses, algo que desató la furia la lista de Manino que le reclamaban imparcialidad al gobernador.

Por esos días, la entonces diputada provincial Débora Indarte -esposa de Indart- mostró su descontento en el chat que mantiene con el Gobernador y los diputados del Frente de Todos.