El canciller Pablo Quirno salió a defender al empresario Eduardo Elsztain y aseguró que no es «un traidor» por tener acciones en la empresa más importante de las Islas Malvinas.
La polémica se armó cuando trascendió que el dueño de IRSA tiene parte del paquete accionario de Falkland Islands Company, una empresa estratégica en el manejo económico y político de las islas.
En las redes hubo muchos usuarios que salieron a pedirle al gobierno nacional que le aplique las sanciones anunciadas el jueves pasado por Javier Milei, que tiene una relación muy cercana con Elsztain.
Quien salió a defender al dueño de IRSA fue el canciller Pablo Quirno. «Todo lo contrario a traidor…», escribió el canciller, haciéndose eco de una polémica que no tenía nada que ver con el gobierno lo que hizo sospechar que quizás quiso amplificar el tema.
Por su parte, Elsztain difundió una carta explicando su estrategia de inversión en la empresa. «Perón intentó comprar la Falkland Islands Company (FIC) más de una vez y también lo intentó el empresario metalúrgico César Cao Saravia en el ‘77. La idea, que coincide con la estrategia diplomática de nuestro país desde hace décadas, era que estrechar los lazos sociales, económicos, culturales y productivos con las Islas Malvinas a través de una empresa argentina podía ayudar en el reclamo de soberanía», sostuvo.
«Con eso en mente, desde 2005/06 fui comprando acciones de la Falkland Islands Company», explicó el empresario. «En el 2017 se abrió una oportunidad mayor, cuando los propios empleados de FIC hicieron una oferta para comprarla. La bolsa de Inglaterra es la cuna del liberalismo económico y, si una empresa recibe una oferta pública de compra, otra empresa puede ofertar más para quedarse con la compañía en cuestión. Pensé que esa era nuestra oportunidad, así que oferté para quedarme con el control mayoritario de la empresa más importante de las Islas Malvinas», contó Elsztain.
«La propuesta fue bloqueada y prohibida por las autoridades británicas», relató el dueño de IRSA. «Mi empresa solo pudo mantener la participación minoritaria que había comprado a través del mercado -cercana al 2%- que tiene hoy, y la mayoría accionaria terminó en manos de Staunton Holdings Ltd», agregó.
Tras poner en duda el apoyo a Reino Unido en la disputa por la soberanía de Malvinas y hacer que Javier Milei se subiera a la causa, Donald Trump mandó otro mensaje confuso al postear una foto con el rey del Reino Unido.
Trump hizo el sugestivo posteo junto al Rey Carlos en la Casa Blanca pocas horas después de la cadena nacional en la que Milei concretó la puesta en escena de su giro pro Malvinas, tras pasarse años elogiando a la criminal de guerra Margaret Thatcher.
La semana pasada, Trump dijo que podría «revisar» su postura sobre Malvinas, en un intento de presión al Reino Unido para aumente su presupuesto de defensa y apoye a Estados Unidos en la guerra con Irán.
Necesitado de cambiar la agenda mediática y tener un eje discursivo nuevo, Santiago Caputo aconsejó a Milei dar un giro total en el tema Malvinas, un mes después de haber criticado a los jugadores de La Scaloneta que reclamaron la soberanía de las islas en el Mundial.
«En el mundo corren vientos de cambio favorables a nuestro reclamo. Recientemente el presidente Trump declaró que los Estados Unidos están revaluando su posición histórica con relación a Malvinas. Esta amenaza no es inocua. Los Estados Unidos evalúan ese cambio de posición porque saben que en la Argentina tiene un socio confiable, alineado con los valores occidentales, en una posición de relevancia estratégica», se entusiasmó Milei en su discurso por cadena.
Pero se sabe que Trump no se caracteriza por tener posturas duraderas y pocas horas después posteó una foto con el Rey Carlos, en la que parece reafirmar la alianza histórica con Londres pese a su pelea con el gobierno británico.
«A esta altura deberíamos tener en cuenta que Trump se ha vuelto un líder poco previsible para tomar en serio sus declaraciones y no las del Departamento de Estado», opinó el analista político Lucas Romero sobre la foto posteada por Trump.
Alternativa para Alemania obtuvo una victoria histórica este domingo en las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt y se consolida como la fuerza con más proyección en el país. Si bien no llegó la mayoría absoluta y necesita aliarse con otras fuerzas para gobernar, AFD se convierte en una amenaza para todo el sistema político. Sin embargo, el partido no alcanzó la mayoría absoluta que le habría permitido gobernar en solitario por primera vez en un estado federado alemán.
Con el 100 % de los votos escrutados y según el resultado final oficial provisional, AfD consiguió el 43,8 % de los votos y quedó a solo tres bancas de la mayoría absoluta en el Parlamento regional.
El candidato a la presidencia regional del partido ultra, Ulrich Siegmund, calificó la jornada de «histórica» y aseguró que su partido consiguió «exactamente lo que nos propusimos: hemos hecho historia en este país». Según él, es necesario un cambio político fundamental y este esultado es también «una señal para Berlín».
La conducción nacional del partido también celebró el resultado porque lo ve como una muestra de lo queremos pasar en las elecciones generales que deberían celebrarse en 2029.
La copresidenta Alice Weidel afirmó que Siegmund será el primer presidente regional de AfD, mientras que el también líder del partido Tino Chrupalla sostuvo que la formación está preparada para asumir responsabilidades de gobierno tanto en Sajonia-Anhalt como, en el futuro, a nivel federal. En 2024, AfD ya había ganado en Turingia, aunque entonces quedó fuera del gobierno debido al rechazo del resto de partidos a colaborar con la formación.
El gran derrotado de la jornada fue el partido gobernadora, la Unión Cristiano Demócrata. El actual presidente regional, Sven Schulze, obtuvo alrededor del 17,2 % de los votos, prácticamente la mitad que en 2021. El dirigente conservador reconoció que su partido había sufrido «un duro golpe» y admitió que AfD pasa a ser la fuerza dominante en el Parlamento regional.
La copresidenta Alice Weidel afirmó que Siegmund será el primer presidente regional de AfD, mientras que el también líder del partido Tino Chrupalla sostuvo que la formación está preparada para asumir responsabilidades de gobierno tanto en Sajonia-Anhalt como, en el futuro, a nivel federal.
El canciller alemán Friedrich Merz , del mismo partido, se reunirá el lunes dirigentes de la CDU para discutir las consecuencias de la derrota.
Frederic Meriz, canciller alemán.
En Berlín cobra ahora fuerza el debate sobre el futuro de la coalición federal entre la CDU y el SPD. El diputado de la CDU Alexander Räuscher criticó en ‘WELT’ la estrategia de su partido y su relación con los socialdemócratas: «Cometemos el error de aceptar a un socio de coalición como el SPD, que ha celebrado la transición energética hasta el último día antes de las elecciones y se convence de que con ello las cosas irían mejor para los ciudadanos».
El gran derrotado de la jornada fue el partido gobernadora, la Unión Cristiano Demócrata. El actual presidente regional, Sven Schulze, obtuvo alrededor del 17,2 % de los votos, prácticamente la mitad que en 2021. El dirigente conservador reconoció que su partido había sufrido «un duro golpe» y admitió que AfD pasa a ser la fuerza dominante en el Parlamento regional.
«Eso sencillamente no es cierto. Ahí tendríamos que haber marcado más el perfil de la CDU. Hace tiempo que deberíamos haber puesto un freno y haber dicho: eso no lo aceptamos. En la ampliación de superficies para las energías renovables tendríamos que habernos resistido más como región», agregó.
La catastrofe electoral sufrida por el oficialismo en esta elección regional pone en debate no solo el futuro de la alianza nacional entre CDU y SPB sino que podría forzar a un Merz a dar un giro a la derecha, algo que intentó en la campaña electoral pero fue vetado por líderes importantes del partido como Angela Merkel.
AFD es considerado por el sistema político como una amenaza a la democracia por sus constantes coqueteos con la reivindicación al nazismo. Por eso, la prohibición es un tema de debate nacional que se vuelve mas complejo con este crecimiento. El partido suele tener cercanía con la Rusia de Putin y figuras como Elon Musk y se hizo fuerte en la vieja Alemania comunista del este en donde la situación económica, salarial y laboral contrasta con los grandes centros urbanos alemanes.
Contando la de este domingo en Marcos Juárez, ya son tres las elecciones en las que el peronismo de Martín Llaryora parece estar derrotado y sorprende con un triunfo contudente. Pasó en el 2023, con la victoria de Daniel Passerini ante Rodrigo de Loredo en la capital cordobesa, ocurrió un año más tarde en Río Cuarto con el PJ dividido y el triunfo de Guillermo de Rivas; y sucedió ahora, con el batacazo en Marcos Juárez, el famoso «kilómetro cero» de Cambiemos, como lo bautizó Macri.
Después de más de 50 años, el peronismo logró quedarse con el bastión productivo del sudeste provincial por una diferencia aplastante de 20 puntos sobre aquel intendente mítico del antiperonismo macrista, Pedro Dellarosa. El símbolo del triunfo no se le escapó a los ministros y operadores que Llaryora mandó a Marcos Juárez: «Es el kilómetro cero de la unidad peronista», afirmó a LPO uno de ellos, un poco en broma y un poco un serio.
Font corrió como un candidato «vecinalista», pero tenía por debajo el respaldo de Llaryora y logró unir detrás suyo a todas las tribus peronistas, del cordobesismo del gobernador, hasta el Frente Renovador de Sergio Massa que metió un concejal, hasta el kirchnerismo.
Dellarosa que provenía del PRO fue parte del gabinete provincial de Llaryora, pero pagó un alto costo por esa decisión: dejar como heredera a Sara Majorel, la intendenta saliente que concluye un pésimo mandato.
Llaryora manejó la elección que imaginaba brava con muñeca: acordó con Milei «municipalizarla», a cambio que no compita La Libertad Avanza. Fue así que transitó sin la injerencia de figuras de peso provincial, ni nacional, como en otros momentos lo hicieron, entre otros, Mauricio Macri, José Manuel de la Sota o Juan Schiaretti.
Por ese motivo decidió no sumarse a los festejos de Font, pero no se privó de mandar a varios de sus ministros y publicar un tuit «institucional», en el que se le notaba la alegría. Este lunes lo recibirá en la Casa de Gobierno de Córdoba.
Llaryora manejó la elección que imaginaba brava con muñeca: acordó con Milei «municipalizarla», a cambio que no compita La Libertad Avanza. Fue así que transitó sin la injerencia de figuras de peso provincial, ni nacional, como en otros momentos lo hicieron, entre otros, Mauricio Macri, José Manuel de la Sota o Juan Schiaretti.
En todo momento, el emisario de Llaryora fue el legislador provincial Abraham Galo, el hombre de Bell Ville que apostó por Font y se instaló en Marcos Juárez para tributar el triunfo al Panal.
Por su parte, los libertarios cumplieron con lo suyo del pacto: no darle el sello a Germán Pasquali, el dirigente que imploró por el respaldo de La Libertad Avanza y terminó furioso con el diputado nacional Gabriel Bornoroni. Detrás de la candidatura de Pasquali, por debajo jugó el radical Rodrigo de Loredo, que mandó al flamante presidente de la UCR cordobesa, Matías Gvozdenovich al acto de cierre de campaña de Pasquali el jueves por la noche.
Después del aplastante resultado, un muy golpeado De Loredo, le mando un mensaje contundente a los libertarios y Luis Juez, si no se unen para las elecciones de gobernador pueden perder la provincia.
De hecho, quien pagó el costo más alto fue Juez. El socio de Milei en Córdoba fue en distintos momentos de la campaña a respaldar a Dellarossa, incluso cuando el ex PRO dijo que iba a pelear por el retorno de las cápitas del Pami a la localidad. En un acto de rebeldía contra el líder del frente opositor a Llaryora, el libertario Bornoroni.
En tanto, desde el punto de vista nacional, los derrotados fueron también algunos dirigentes del PRO como Mauricio Macri o Fernando de Andreis. El ex secretario General de la presidencia presionó hasta el final, y sin resultado, para que a Dellarossa le dieran el sello del PRO para participar. Algo que, con el espacio amarillo cordobés bajo la batuta de Agost Carreño y Rodríguez Machado, no sucedió.
En tanto, hay fuentes que afirman que, incluso ‘Lule’ Menem amagó con un contacto en Marcos Juárez con Dellarossa, desoyendo el acuerdo político entre Milei y Llaryora.
Milei endurece su discurso sobre Malvinas, pero su giro soberanista contrasta con su relación con el Reino Unido y llega en un momento de dificultades políticas.
Por Roque Pérez para NLI
Milei volvió a hablar de Malvinas. Y lo hizo con la solemnidad de quien pretende presentarse como el gran defensor de la soberanía argentina. En cadena nacional, anunció proyectos para endurecer sanciones contra empresas que exploten recursos en las islas, crear organismos vinculados con la seguridad nacional y fortalecer la presencia militar en Tierra del Fuego. El problema para el Presidente es que la historia reciente de su propio Gobierno vuelve difícil aceptar el repentino fervor soberanista como si siempre hubiera sido su principal bandera.
Porque las Malvinas son argentinas. Eso no empezó con Milei y tampoco terminará con él. Es una causa nacional consagrada incluso constitucionalmente y sostenida durante décadas por gobiernos de signos políticos diferentes. Precisamente por eso, resulta legítimo preguntarse por qué el Presidente decide colocarla ahora en el centro de la escena, después de meses en los que su política exterior estuvo marcada por una alineación prácticamente automática con Estados Unidos, Israel y otros aliados internacionales, mientras mantenía una relación particularmente cuidadosa con Londres.
La pregunta no es si Milei puede hablar de Malvinas. La pregunta es por qué ahora.
De Margaret Thatcher a la bandera argentina
Hay una contradicción que no puede borrarse con una cadena nacional.
Milei construyó durante años una admiración pública por Margaret Thatcher, la primera ministra británica durante la Guerra de Malvinas. Esa posición generó fuertes críticas, especialmente entre excombatientes y sectores vinculados con la memoria de la guerra. Incluso durante su campaña presidencial planteaba que la recuperación de las islas debía ser resultado de una negociación prolongada con el Reino Unido y que había que considerar a quienes viven allí.
Ya en el Gobierno, la relación con Londres tampoco fue presentada como una confrontación frontal. Por el contrario, la administración libertaria sostuvo una estrategia de acercamiento y diálogo que generó cuestionamientos desde sectores de la propia coalición oficialista.
La entonces canciller Diana Mondino llegó a sostener que la Argentina buscaba cambiar la estrategia respecto de Malvinas y avanzar mediante el diálogo. Y en 2024 el Gobierno evitó confrontar públicamente con la visita del entonces canciller británico David Cameron a las islas.
Ahora, en cambio, Milei aparece convertido en un cruzado de la soberanía.
El cambio no es menor. Tampoco parece casual.
Reuters describió este giro como un endurecimiento respecto de la postura anterior del Presidente y señaló que la nueva estrategia aparece en un momento políticamente sensible, con una aprobación presidencial estimada en 36,8% y con el horizonte electoral de 2027 cada vez más cerca.
Dicho en criollo: cuando la motosierra ya no alcanza para entusiasmar, aparece la bandera.
Una causa nacional convertida en salvavidas político
Malvinas tiene una característica que cualquier dirigente conoce: une donde otras discusiones dividen.
No importa si se trata de peronistas, radicales, desarrollistas, socialistas, nacionalistas o ciudadanos que no tienen ninguna identificación partidaria. El reclamo argentino sobre las islas forma parte de una conciencia nacional profundamente arraigada.
Y ahí aparece la oportunidad política para Milei.
El Gobierno enfrenta una agenda cargada de conflictos. El Congreso vuelve a ser un terreno incómodo para el oficialismo, mientras la oposición busca discutir cuestiones como el endeudamiento de las familias y la situación de las personas con discapacidad. Al mismo tiempo, el Ejecutivo espera que los próximos datos económicos le permitan mostrar algún resultado favorable. La discusión sobre Malvinas ofrece, en cambio, una escena mucho más sencilla: Presidente, bandera, soberanía y enemigo externo.
Es una narrativa perfecta para un Gobierno que necesita recuperar iniciativa.
Y mucho más cómoda que hablar de jubilaciones, salarios, empleo, universidades, industria o del deterioro del poder adquisitivo.
El recurso político es viejo. Cuando una administración tiene dificultades para imponer una agenda doméstica, puede intentar trasladar la discusión hacia una cuestión nacional de enorme carga simbólica.
El problema es que Malvinas no es propiedad de Javier Milei.
El riesgo de confundir soberanía con marketing
Hay una diferencia enorme entre defender la soberanía y utilizar la soberanía como herramienta de comunicación política.
La primera exige una estrategia de Estado sostenida durante décadas. La segunda necesita una cadena nacional, un discurso encendido y una agenda mediática favorable.
Si el Gobierno realmente pretende fortalecer la posición argentina, deberá explicar cómo piensa hacerlo en términos diplomáticos, económicos, científicos, pesqueros, energéticos y militares. También tendrá que explicar qué política concreta desarrollará en el Atlántico Sur y cómo piensa enfrentar la explotación de recursos naturales alrededor de las islas.
Porque mientras Milei anuncia sanciones, las empresas involucradas en la explotación petrolera sostienen que sus licencias son legítimas y el Reino Unido reafirma su posición sobre las islas.
La cuestión petrolera, además, no es menor. El proyecto de explotación en torno al yacimiento Sea Lion convierte al Atlántico Sur en un espacio todavía más estratégico. Reuters señala que las estimaciones hablan de hasta 1.700 millones de barriles de petróleo, una dimensión económica capaz de transformar por completo el valor geopolítico de la disputa.
Por eso la soberanía no se defiende solamente con discursos.
Se defiende con industria nacional, ciencia, tecnología, capacidad energética, infraestructura, presencia diplomática, control de los recursos naturales y una política exterior coherente.
Y allí aparece otra contradicción incómoda para el Gobierno libertario: el mismo proyecto político que durante años presentó al Estado como un obstáculo, que cuestionó el gasto público y que hizo del ajuste su principal identidad, ahora necesita un Estado con capacidad suficiente para sostener una política estratégica de largo plazo en el Atlántico Sur.
Milei necesita una bandera, pero Malvinas no necesita a Milei
El Presidente tiene derecho a defender la soberanía argentina. Nadie debería discutirlo.
Lo que sí puede y debe discutirse es la utilización política de una causa que pertenece a todos los argentinos.
Porque si Milei pretende que Malvinas sea una política de Estado, deberá demostrarlo con hechos y no solamente con discursos. Deberá construir consensos, sostener una estrategia diplomática, defender los recursos argentinos y mantener una política exterior que no entre en contradicción con esos objetivos.
Y, sobre todo, deberá comprender algo elemental: la soberanía no funciona como una herramienta electoral.
Las Malvinas eran argentinas cuando Milei todavía no existía en la política. Eran argentinas cuando el Presidente admiraba a Thatcher. Eran argentinas cuando su Gobierno buscaba una relación cordial con Londres. Y seguirán siendo argentinas cuando termine este Gobierno.
Por eso resulta difícil no mirar con sospecha este súbito despertar soberanista.
Porque mientras millones de argentinos esperan que el Estado resuelva problemas concretos —llegar a fin de mes, pagar una factura, sostener una jubilación, mantener un empleo, acceder a medicamentos o garantizar la educación— Milei encontró una bandera capaz de sacarlo, aunque sea por unos días, del centro de esas discusiones.
Malvinas merece algo mucho más serio que eso.
Merece una política de Estado.
Y si el Presidente realmente quiere defenderla, deberá demostrar que detrás de la bandera hay una estrategia y no simplemente otra puesta en escena para recuperar oxígeno político.
Una de las pocas causas por corrupción durante el gobierno de Javier Milei que avanza en la justicia tiene como escenario Tandanor, el estátegico astillero estatal.
La Policía Federal realizó cinco allanamientos por orden del juez federal Sebastián Casanello, cuatro en la Ciudad de Buenos Aires y uno en Mar del Plata. En los procedimientos fueron secuestrados exactamente 367.110 dólares, encontrados entre un domicilio particular y una caja de seguridad ubicada en el microcentro porteño. El principal investigado es Julio Eduardo Gallé, que se desempeñaba como gerente comercial de Tandanor.
La Justicia intenta determinar si Gallé le exigió dinero al empresario Antonio Alejandro Napoleone, titular de Lucrimar SA, a cambio de condonarle una deuda que su compañía mantenía con el astillero estatal. La deuda rondaba los 200 mil dólares.
Según la hipótesis que reconstruyen los investigadores, Gallé habría ofrecido hacerla desaparecer a cambio de un pago. La maniobra investigada alcanza al menos los 220 mil dólares. Pero los allanamientos dejaron una pista todavía más comprometedora. Los investigadores encontraron un recibo manuscrito entre los involucrados por 100 mil dólares y 12,7 millones de pesos. También secuestraron cartas documento, extractos bancarios, comprobantes de transferencias, contratos, una notebook, una computadora, una tablet y tres teléfonos celulares.
La causa nació de una auditoría interna realizada en Tandanor luego del recambio de autoridades. Las irregularidades detectadas terminaron en una denuncia de la propia empresa y Casanello delegó en mayo la investigación en la unidad especializada contra la corrupción de la Policía Federal.
El episodio atraviesa una empresa que LPO viene siguiendo desde el comienzo del gobierno libertario. Ana Laura Hernández había desembarcado en la presidencia de Tandanor durante la gestión de Nicolás Posse.
Ana Laura Hernández había desembarcado en la presidencia de Tandanor durante la gestión de Nicolás Posse. Su llegada estuvo acompañada por una fuerte reestructuración. Despidió trabajadores, incorporó directores y asesores con salarios elevados. En ese proceso también fue desarticulada la Gerencia de Control de Gestión.
Su llegada estuvo acompañada por una fuerte reestructuración. Hernández despidió trabajadores, incorporó directores y asesores con salarios elevados y contrató a BDO para realizar una auditoría. En ese proceso también fue desarticulada la Gerencia de Control de Gestión, precisamente el área que concentraba información sensible sobre el funcionamiento de la compañía.
La decisión generó una crisis interna. Silvia Martínez, presidenta de la Cámara de la Industria Naval Argentina y una de las integrantes del directorio, terminó alejándose de la empresa en medio de diferencias con el rumbo que había tomado la conducción.
La gestión de Hernández ocurrió además mientras dentro de Tandanor crecían las sospechas de que el gobierno preparaba el terreno para rematar activos de la empresa. El astillero no solamente tiene capacidad industrial estratégica: ocupa más de 30 hectáreas en uno de los terrenos más codiciados de Buenos Aires.
El interés inmobiliario siempre sobrevoló la discusión. Frente a Tandanor se encuentra el gigantesco desarrollo Solares de Santa María en la ex Ciudad Deportiva de La Boca. La posibilidad de liberar las tierras del astillero multiplicó las sospechas sobre qué había realmente detrás del interés libertario por desprenderse de la compañía.
Hernández finalmente dejó el cargo y en su lugar desembarcó Mauricio González Botto, otro hombre directamente vinculado a Posse. Antes de llegar a Tandanor, González Botto había tenido bajo su órbita el universo de las empresas públicas y participado del diseño inicial de las privatizaciones del gobierno.
Ahora, mientras el gobierno vuelve a mover las fichas alrededor del futuro del astillero, la Justicia reconstruye qué ocurrió puertas adentro durante aquella etapa. Los 367 mil dólares, el recibo escrito a mano y los movimientos bancarios secuestrados dejaron de ser una auditoría administrativa para convertirse en una causa federal por cohecho.
