La situación judicial de Manuel Adorni es cada vez más delicada. Ahora salieron a la luz unos chats del jefe de Gabinete intentando hablar con el contratista Matías Tabar antes de su declaración testimonial, en la que reveló que Adorni le pagó 245 mil dólares en cash por remodelaciones en su casa del country Indio Cuá.
El diálogo entre Adorni y Tabar fue revelado por los periodistas Nicolás Wiñazky y Santiago Fioriti en A24, aunque ya el día de la declaración testimonial del contratista había trascendido que le contó al fiscal Pollicita sobre el intento del jefe de Gabinete por contactarlo.
«Che tenía que hablar con vos por el tema de la declaración», le habría escrito Adorni el viernes pasado, tres días antes de la declaración. «Podés contar conmigo para lo que necesites. Tenés todo mi apoyo. Te van a estar llamando de mi equipo. El abogado», agrega el vocero. «Que me llamen», responde Tabar.
Posteriormente, Adorni lo habría llamado telefónicamente y más tarde volvió a escribirle.
«Bueno, habíamos quedado que si necesitabas mi ayuda», insiste el funcionario acusado de enriquecimiento ilícito.
Ya asesorado por abogados, el contratista interrumpe enseguida el diálogo. «Mirá, te quería contar que hablé con gente que me aconsejó que no tenemos que tener ninguna comunicación entre nosotros», le dice y cierra: «Manu, te agradezco. Nosotros vamos a contar toda la verdad».
Che tenía que hablar con vos por el tema de la declaración. Podés contar conmigo para lo que necesites. Tenés todo mi apoyo. Te van a estar llamando de mi equipo. El abogado
Ante el primer trascendido de un intento de presión por parte de Adorni a Tabar, la diputada nacional Marcela Pagano se presentó en Comodoro Py y exigió que apliquen la «doctrina Irurzun» y detengan al jefe de gabinete.
La doctrina creada por el camarista Martín Irurzun durante el gobierno de Cambiemos para detener preventivamente a exfuncionarios kirchneristas establece que por aquellos que ocuparon cargos públicos tienen poder para obstaculizar causas judiciales y, por tanto, corresponde que no estén en libertad. En este caso, sostiene Pagano, el peligro es mayor porque Adorni detenta el cargo -y por ende el «poder»- en este momento.
El pedido de Pagano fue rechazado por el fiscal Gerardo Pollicita por considerar que no existe un «riesgo real o grave» de que Adorni obstruya la investigación.
Este episodio no fue el primer intento de apretar a un testigo. Durante la declaración testimonial de
la secretaria del piloto del avión privado en el que Adorni viajó a Punta del Este, su amigo Marcelo Grandío la llamó insistentemente. La mujer se puso muy nerviosa y le mostró el teléfono al fiscal y al juez Ariel Lijo, que le impusieron a Grandío una restricción de acercamiento y contacto.
La crisis de lectura actual no se explica por una “falta de hábito”, sino por el síntoma de una ocupación territorial: el tiempo —el insumo básico para la construcción de sentido— ha sido colonizado por un complejo entramado de precarización laboral, gestión algorítmica y extractivismo atencional. Los datos de la última encuesta nacional de consumos culturales muestran que la proporción de la población argentina que leyó al menos un libro (físico o digital) en el año pasó del 57 por ciento en 2013 al 51 por ciento en 2022. A esto se le suman los datos de Cámara Argentina del Libro (CAL): el 80 por ciento de las editoriales declaró haber vendido menos libros durante 2024 y 2025 que en el año previo.
Leer un libro hoy demanda ejercer una violencia deliberada contra la propia agenda. Es una operación de sabotaje contra un sistema que penaliza la improductividad y fragmenta la concentración. Esta crisis no es estética, es de soberanía sobre el propio tiempo. Como sostiene Jonathan Crary, el sistema actual avanza hacia la colonización total de las horas del día, erosionando cualquier intervalo de inactividad como si fuera un residuo a eliminar. El “tiempo improductivo”, escribe, es “una interrupción intransigente del robo de tiempo que el capitalismo ejerce sobre nosotros”.
Leer un libro no es mejor ni peor que otras formas de usar el tiempo libre. Pero tiene algo que la mayoría de esas formas perdieron: exige estar entero. Mientras uno lee, los ojos siguen la línea, las manos sostienen el libro, la respiración se acomoda al ritmo de las frases. No hay pantalla que parpadee, notificación que interrumpa, algoritmo que adivine la página siguiente. Ese tiempo no se fragmenta, no se acelera, no se extrae. Es de uno y no le sirve a nadie más.
La lectura no es una marca de un culto de iniciados. Es una herramienta política y social, un entrenamiento en la demora del juicio. Mientras el algoritmo nos empuja a decidir en fracciones de segundo —me gusta, no me gusta, siguiente—, un libro obliga a sostener una frase, un párrafo o un argumento que puede tardar cien páginas en cerrarse. Ese ritmo pausado es una forma de resistencia cognitiva al cortoplacismo que domina el debate público. La lectura nos prepara mejor para seguir razonamientos complejos, para detectar contradicciones, para no morder el anzuelo de una consigna. En una época donde la política se reduce a titulares y tuits, leer sostiene la posibilidad de pensar de otra manera.
Esa ocupación del tiempo se materializa a través de lo que Nick Srnicek caracterizó como “capitalismo de plataformas”. Las grandes empresas tecnológicas funcionan como nuevas infraestructuras digitales cuya principal materia prima es la extracción masiva de datos de comportamiento, que luego se procesan para predecir y modular nuestras acciones. Shoshana Zuboff acuñó el término “excedente conductual” para profundizar esta idea y describir cómo las plataformas no solo extraen datos sino que fabrican productos de predicción sobre nuestro comportamiento futuro, compitiendo en “mercados de futuros conductuales”. Su diagnóstico es contundente: el poder de estas corporaciones ya no se limita a conocernos, sino a modificarnos.
Ante este panorama, la lucha por la lectura es inseparable de la lucha por la soberanía sobre la atención. La crisis de la lectura no es, en este sentido, una crisis de gustos o de hábitos; es una crisis del propio tiempo, de nuestra disponibilidad hacia y para nosotros mismos, de nuestra capacidad de moldearnos de maneras alternativas.
Para que alguien abra un libro hoy, debe ganar una guerra en tres frentes. No es una metáfora: es una disputa por la base material de la existencia humana. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con jerarquía constitucional, reconoce explícitamente el derecho de toda persona “al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren”, entre otras cosas, “descanso, disfrute del tiempo libre y limitación razonable de las horas de trabajo”.
I. Frente remunerado: la jornada sin muros
El empleo mutó en una “jornada total”. La tecnología eliminó la barrera física de la oficina, pero el marco legal argentino —tras las reformas laborales comprendidas en la ley bases y “modernización laboral”— profundizó este sendero imponiendo nuevas modalidades de flexibilización de la jornada: el banco de horas, la desregulación de la jornada a tiempo parcial, la exclusión del límite diario y semanal para determinadas actividades y la ampliación indiscriminada de las facultades del empleador.
A ello debemos sumar al menos dos factores trascendentales. En primer lugar, el 43 por ciento de los ocupados en Argentina lo hace de manera informal, es decir, unas 8,9 millones de personas sin derechos laborales y, en la mayoría de los casos, en condiciones de mayor precariedad, sin límite legal de la jornada. Y a esto se le suma que, en los últimos ocho años, la cantidad de personas con más de una ocupación aumentó en más de un 40 por ciento, según datos relevados por el Centro CIFRA. Y de los pluriempleados, según estudios del FCE-UBA, más del 60% trabaja en aplicaciones de plataforma.
El derecho a la desconexión
Según estudios realizados por consultoras laborales alrededor del 40 por ciento de los argentinos tiene dificultades para desconectarse del trabajo fuera del horario laboral y casi un 80 por ciento dice estar estresado en su trabajo.
La Ley de Teletrabajo da una respuesta concreta: establece que el empleador no puede remitir comunicaciones fuera de la jornada laboral, que el trabajador tiene derecho a no contestar, regula la desconexión digital e incorpora el derecho a interrumpir la jornada de trabajo por tareas de cuidado. Este derecho alcanza —al menos hasta el 1 de enero de 2027, fecha en la cual quedará derogada por la Ley de Modernización Laboral— a quienes trabajan en relación de dependencia en establecimientos ajenos al empleador, mediante las tecnologías de la información y comunicación, con excepción de quienes lo hagan en forma esporádica u ocasional.
Europa reguló este derecho a través de la Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales para la Década Digital del año 2023, mediante el compromiso de “velar por que toda persona pueda desconectar y beneficiarse de salvaguardias para asegurar el equilibrio entre vida privada y vida laboral en un entorno digital”. En el caso español se encuentra regulado desde 2018 para trabajadores del sector público y privado el “derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar”.
Management algorítimico y gig economy
Ya son alrededor de un millón las personas que trabajan como repartidores o conductores de aplicaciones en Argentina según distintas estimaciones. Este crecimiento ocurre en paralelo con el aumento de la desocupación, según datos del INDEC, que aumentó al 7,5% a fines de 2025, el nivel más alto desde la pandemia, afectando a casi 1,7 millones de personas.
Las plataformas digitales de trabajo organizan, controlan y evalúan a sus trabajadores mediante sistemas de gestión algorítmica, tal como lo define la OIT. Los algoritmos miden la productividad, los tiempos de respuesta, la disponibilidad y las calificaciones de los clientes para asignar tareas, rutas y premios o castigos, con una opacidad que impide cuestionar sus decisiones. Quien rechaza pedidos, cancela tareas o se toma días de descanso ve caer su calificación, lo que se traduce en menos ofertas de trabajo, horarios menos rentables, zonas de reparto más alejadas e incluso la desactivación de su cuenta. El resultado es una disponibilidad perpetua: los trabajadores deben estar constantemente conectados y disponibles para no ser expulsados del sistema.
En nuestro país, la Ley de Modernización Laboral establece en su primer artículo que los prestadores independientes de plataformas tecnológicas se encuentran excluidos de la protección de la normativa laboral. También crea un régimen específico para regular sus condiciones de trabajo aunque no garantiza ningún derecho en particular. La norma, además de ir en sentido contrario a todas las regulaciones del mundo (una directiva del Parlamento Europeo establece la presunción de laboralidad en relaciones contractuales mediadas por plataformas), es tan burda que ni siquiera parece entender el sujeto que regula. Si se refiere a trabajadores independientes, entonces no alcanza a ninguno de los trabajadores de plataformas que pretende excluir, porque la totalidad de ellos se manejan bajo las directivas, organización y sanciones de la empresa para la que prestan tareas.
II. Frente no laboral: el extractivismo de la atención
Las plataformas digitales piensan sus interfaces para que sea difícil salir de ellas. Comprar un producto lleva a ver otros; terminar un video lleva a otro que empieza solo; cerrar una sesión requiere encontrar el botón gris entre opciones brillantes. Una arquitectura está diseñada para la permanencia. El promedio de exposición a pantallas en Argentina alcanza las 9 horas diarias. La cifra incluye navegación, redes sociales, streaming, compras y teletrabajo. También incluye el tiempo que se pierde antes de empezar a leer un libro.
Esa permanencia forzada se logra con herramientas de diseño. La legislación europea llama dark patterns (patrones oscuros) a las “prácticas que distorsionan o perjudican la capacidad del usuario para tomar una decisión autónoma”. Algunos ejemplos son el botón de rechazo de cookies en gris y en esquina inferior izquierda, mientras el de aceptar es rojo y ocupa el centro de la pantalla; el scroll infinito, que elimina los puntos de parada natural; la autorreproducción de videos que mantiene al usuario mirando contenido que no eligió; los mensajes del tipo “a otros usuarios también les gustó esto” después de una compra; los temporizadores que indican que una oferta expira en tres minutos; los contadores que exigen una apuesta inmediata para no perder la racha.
La Ley de Servicios Digitales (DSA) es la normativa marco en la UE. Allí prohíbe las interfaces engañosas o manipulativas. El reglamento está vigente desde febrero de 2024 y aplica a todas las plataformas que operan en territorio europeo, sin importar su lugar de establecimiento. En 2025, la Comisión inició procedimientos contra TikTok por “diseño adictivo” (addictive design). En febrero de 2026, notificó a Meta su conclusión preliminar de que el diseño de Facebook e Instagram violaba la DSA. Las multas previstas alcanzan hasta el 6% del ingreso global anual de la plataforma (un vuelto para los márgenes de ganancia que tienen).
La DSA, sin embargo, es insuficiente. El Parlamento Europeo y organizaciones de consumidores señalan que la norma tiene lagunas en materia de diseño adictivo, cancelación de suscripciones, transparencia en la personalización de precios y protección de menores frente a la gamificación. La Comisión Europea anunció la preparación de una nueva Ley de Equidad Digital (DFA), cuya propuesta se espera para el cuarto trimestre de 2026 y apunta a prohibir expresamente el diseño adictivo y a regular la personalización explotativa. La ley fue objeto de una consulta pública que recibió más de 5 mil respuestas. El 70 por ciento de los consultados apoyó reglas vinculantes sobre patrones oscuros y diseño adictivo.
En Argentina, los dark patterns no están explícitamente mencionados, definidos ni prohibidos por una ley específica. Sin embargo, el marco normativo vigente ofrece algunas herramientas para enfrentarlos, aunque sean indirectas. La Ley de Defensa del Consumidor establece principios que se pueden aplicar a los entornos digitales, como el deber de información clara y la prohibición de prácticas abusivas o engañosas. En el mismo sentido, la Ley de Protección de Datos Personales protege el consentimiento informado, un derecho que los patrones oscuros erosionan al manipular a los usuarios para que acepten condiciones de forma confusa. Pero la ausencia de una ley específica deja un vacío y vulnerabilidad ante estas prácticas de hackeo cerebral y químico que usan los sitios.
Plataformas de apuestas y contenido adulto
Las plataformas de apuestas online presentan la versión más agresiva de ese tipo de diseño. Utilizan sistemas de recompensa variable (ganancias intermitentes impredecibles), notificaciones de “ganancias ficticias” que simulan un premio cuando no lo hubo, contadores de tiempo inverso que presionan para la siguiente apuesta y efectos visuales propios de las máquinas tragamonedas (sonidos, luces, animaciones). Un estudio de la Dirección General de Justicia y Consumidores de la Comisión Europea identificó estas prácticas como violaciones de la DSA cuando no van acompañadas de advertencias claras y mecanismos de límite de tiempo.
El diseño adictivo alcanza su expresión más concentrada en las plataformas de apuestas online. El tamaño de esa industria ayuda a entender por qué invierte tanto en retener usuarios. En 2025, las apuestas online facturaron 210.750 millones de dólares, con una proyección de 620.330 millones para 2035 (Expert Market Research). Es una industria comparable al PBI de países enteros y su motor es la extracción de atención.
En Argentina, las consecuencias ya son visibles. En 2025, el boletín oficial de Sedronar registró un aumento del 27 por ciento interanual en las consultas por juego compulsivo a la Línea 141, el nivel más alto desde que se empezó a medir. La Cámara de Diputados dio media sanción a fines de 2024 a un proyecto de prevención de ludopatía que restringía la publicidad y el acceso de menores, con 139 votos afirmativos, 36 negativos y 59 abstenciones. El Senado nunca lo trató y la ley perdió estado parlamentario.
Las plataformas de contenido adulto, cómo OnlyFans, operan bajo la misma lógica de extracción. En 2025 procesó pagos por 7.200 millones de dólares, con ingresos netos anuales de alrededor de 1.600 millones, y cuenta con 4,6 millones de creadores en todo el mundo. Su arquitectura de retención es la misma que en el juego: notificaciones, renovación automática de suscripciones, sentido de exclusividad y urgencia. Pero hay un agravante: el tiempo que se pierde en estas plataformas no se recupera cerrando una ventana. La exposición compulsiva al juego o al contenido adulto deja secuelas: ansiedad, insomnio, deterioro de la concentración, culpa. Y esas secuelas no se resuelven solas. Requieren tiempo de tratamiento, de terapia, de reconstrucción de hábitos. Ese tiempo también es tiempo de vida que no nos pertenece del todo. Las personas quedan atrapadas en un doble trampa: primero la plataforma les ocupan horas con su diseño adictivo; después, las consecuencias les exigen más horas para salir. El algoritmo fue eficaz para enganchar, pero el costo de la reparación lo pagan únicamente los usuarios.
La Unión Europea es la única que reguló las plataformas de contenido adulto. Lo hizo con un plan de verificación de edad que permite acreditar la mayoría de edad sin almacenar datos biométricos para, al menos, proteger a los menores. Aquí la discusión ni siquiera empezó, ni siquiera en fase de proyecto. En todos los casos —apuestas, contenido adulto, redes sociales— la interfaz está programada para que al usuario le cueste salir. Y cuando lo logra, el daño ya está hecho. Ese daño se paga con más tiempo. Y ese tiempo, también, ocupa nuestra disponibilidad y de nuestros entornos.
Es fundamental garantizar que los espacios culturales sigan existiendo con los recursos que necesitan para un funcionamiento pleno. Bibliotecas populares, programas de fomento, ferias, políticas de adquisición estatal. Lo que se necesita, además de estas grandes iniciativas, es sostenerlas con presupuesto y voluntad política. En Argentina, la Ley de Fomento del Libro y la Lectura (2001) creó el Fondo Nacional del Libro, pero su financiamiento ha sido intermitente. La CONABIP, una red de bibliotecas populares que viene funcionando desde el siglo XIX, hoy depende de partidas que no siempre llegan. Sin recursos, los destinos son el descuido, el vaciamiento y la obsolescencia de sus objetivos iniciales.
Por eso, cuando se desfinancia una biblioteca popular o se degrada un organismo rector de políticas de industrias culturales, no es solo un ajuste administrativo. Es una decisión política sobre qué tipo de tiempo libre vale la pena proteger. Y sin ese andamiaje, la lectura queda librada a la capacidad de las personas de siempre esforzarse más o a la potencia de que plataforma logra imponerse con más fuerza. Dos espacios que, hoy, no están de su lado.
III. Frente no remunerado: el tiempo del cuidado
El tiempo también se pierde antes de llegar a la pantalla. El trabajo doméstico y de cuidados no remunerado —limpiar, cocinar, lavar, ir al supermercado, acompañar al médico, organizar la logística familiar— consume horas diarias. No es trabajo asalariado. Pero ocupa el tiempo.
La Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) del INDEC, relevada en 2021 con una muestra de 24.500 viviendas en todo el país y publicada en 2022, es la única fuente estadística que cuantifica esa ocupación. El 92 por ciento de las mujeres encuestadas realiza trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Las mujeres dedican en promedio 6 horas con 31 minutos diarios. Los varones, en cambio, dedican 3 horas con 40 minutos. La encuesta también mide el “tiempo libre”. Las mujeres disponen, en promedio, de 3,1 horas diarias de tiempo libre efectivo. Los varones, 4,6.
Ese trabajo no remunerado tiene valor económico. La Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la Nación publicó en 2022 el informe “Aportes para la valorización del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado en la Argentina”. La metodología tomó las horas declaradas en la ENUT y las valorizó a precios de mercado de servicios equivalentes (servicio doméstico remunerado, cuidado de niños, cuidado de adultos mayores). El trabajo doméstico y de cuidados no remunerado representa el 15,9 por ciento del PBI. En comparación, la industria manufacturera aporta el 13,2 y el comercio el 13 por ciento. El sector más grande de la economía argentina no paga salarios, no tiene registro, no cotiza jubilación. Cada hora que las mujeres destinan a cuidar es una hora que no está disponible para leer, estudiar o descansar.
La brecha salarial de género es otro factor. La Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género estimó que la brecha salarial promedio es del 27,7 por ciento a desventaja de las mujeres. A menor ingreso, menor capacidad de externalizar el cuidado. El que puede tiene opción de pagar una niñera, una empleada doméstica, una guardería. El que no puede, cuida muchas veces
Volver a la lectura
La caída de la lectura de libros no es un problema de falta de hábito. Es un síntoma. Leer un libro de 250 páginas a un ritmo usual de lectura (una persona promedio lee entre 200 y 250 palabras por minuto) lleva aproximadamente entre 5 y 6 horas. Eso es menos del tiempo que un argentino promedio pasa en pantallas en un solo día. Es menos que las 6 horas y media diarias que una mujer destina a tareas de cuidado no remunerado. Es menos de lo que se pierde en scroll infinito, en notificaciones, en la dificultad de cerrar una sesión porque el botón está en gris. El tiempo para leer existe. Lo que no existe es el tiempo continuo, ininterrumpido, sin interpelaciones.
El problema no se resuelve con autocontrol, apagando el celular una hora antes de dormir. La desconexión individual no cambia la estructura de la jornada laboral, no redistribuye el trabajo de cuidado ni regula los algoritmos. La respuesta es política. Significa negociar en los convenios colectivos el derecho a la desconexión, al igual que se negocia el salario. Significa regular por ley los patrones oscuros y el diseño adictivo, como ya se hizo en la UE. Significa implementar un sistema nacional de cuidados con financiamiento autónomo, como el de Uruguay. El movimiento político sindical y organizado tiene que incorporar estos temas a su agenda.
Ahora bien, dentro del panorama un tanto aciago de estadísticas que señalan una retracción en la lectura, aparece un dato alentador: el repunte de ventas en ciertos sectores que se vio en la Feria del Libro. En un mundo saturado, con estímulos fugaces, la fila para comprar un libro es una fila para comprar tiempo, silencio y profundidad. Lo que este fenómeno pone de manifiesto es que no hay una crisis de deseo, sino una crisis de condiciones. Aparentemente, no hace falta convencer a nadie sobre la importancia o el placer de leer; lo que hace falta es proteger la base material y temporal de permitirlo. Como dijo Milena Busquets hace un tiempo, leer no es sexy, es importante. Y ahora también es, quizás, urgente, para que no caiga como un hermoso animal en extinción cuando la necesitamos más que nunca, cada vez en más manos y en más agendas.En un mundo que diseña cada segundo para ser capturado, monetizado o interrumpido, esa es una forma de insolencia. La lectura no va a salvar al mundo. Pero defender el tiempo para leer es defender la posibilidad de un tiempo que no sea sólo pensado en términos de utilidad, función y productividad. Un tiempo que no implique siempre estar fragmentado, siempre en varios lugares a la vez, entre lo físico y lo virtual, constantemente liminal e interrumpible. En su reflexión sobre inteligencia artificial e inteligencia humana, el papa Francisco señaló que “cultivar aquellos aspectos de la vida humana que van más allá del cálculo es de crucial importancia para preservar una auténtica humanidad, una que parece habitar en medio de la civilización tecnológica, casi imperceptiblemente, como la niebla que se filtra bajo una puerta cerrada”.
La disposición fue aprobada por el Consejo Directivo del organismo y establece un régimen especial para trabajadores de planta permanente interesados en desvincularse “de común acuerdo” con la institución. Aunque formalmente se presenta como un mecanismo voluntario, en el sector ya hablan de un escenario de presión interna, congelamiento presupuestario y degradación progresiva de funciones estratégicas.
El INTA no es un organismo menor. Desde hace décadas cumple un rol clave en investigación aplicada, asistencia técnica a productores, desarrollo de semillas, innovación tecnológica, control sanitario y articulación territorial con economías regionales. Su presencia federal, con estaciones experimentales y agencias en todo el país, lo convirtió históricamente en una de las principales herramientas estatales para el desarrollo agropecuario argentino.
Por eso, la decisión del Gobierno fue interpretada por trabajadores y especialistas como un nuevo paso hacia el desguace de capacidades públicas. La apertura de retiros voluntarios llega después de meses de recortes presupuestarios, paralización de proyectos y advertencias sobre posibles cierres o fusiones de áreas técnicas.
Ajuste, achique y presión sobre los organismos públicos
La resolución establece que el régimen estará vigente entre el 4 y el 31 de mayo de 2026, con posibilidad de prórroga. El esquema contempla compensaciones económicas según antigüedad y condiciones particulares de cada trabajador. Sin embargo, puertas adentro del organismo crece la preocupación por el efecto acumulativo de las políticas oficiales.
En distintos sectores del INTA ya venían denunciando reducción de actividades, falta de financiamiento operativo y vaciamiento gradual de programas territoriales. La preocupación no se limita al plano laboral: también alcanza a productores pequeños y medianos que dependen de la asistencia técnica del instituto, especialmente en economías regionales.
La ofensiva sobre el INTA se produce además en un contexto más amplio de ajuste sobre organismos científicos y tecnológicos. En los últimos meses también hubo recortes en áreas vinculadas al CONICET, universidades nacionales y programas de investigación pública, en línea con la lógica libertaria de achicar el rol del Estado incluso en sectores estratégicos.
El trasfondo político detrás del recorte
Aunque el Gobierno argumenta que busca “modernizar” y “hacer eficiente” la administración pública, el impacto político del ajuste empieza a sentirse incluso en sectores históricamente vinculados al agro. Dentro del INTA existe malestar por la posibilidad de perder recursos humanos altamente especializados, muchos de ellos con décadas de experiencia técnica difícilmente reemplazable.
Además, el avance sobre organismos técnicos genera una contradicción creciente: mientras Milei reivindica permanentemente al “campo” como motor económico del país, el Estado reduce estructuras que durante décadas sostuvieron investigación, innovación y transferencia tecnológica para la producción agropecuaria.
El temor sindical y de parte del personal es que los retiros voluntarios funcionen como antesala de un recorte más agresivo. En otras áreas del Estado, mecanismos similares terminaron derivando en despidos, cierre de dependencias y pérdida de capacidades operativas.
Juan Bautista Mahiques logró que el Senado dictamine este miércoles los pliegos de los jueces Juan Galván Greenway y Alejandro Catania para la sala A y B de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico, respectivamente. La importancia estratégica de ese nombramiento radica en que por allí tramita la causa contra el titular de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Tovillino, por evasión.
De hecho, Greenway había fallado a favor de Tapia el pasado 24 de abril, en el marco de una causa que investigaba el supuesto desvío del pago indemnizatorio por un partido suspendido de la Selección Argentina contra su par de Israel en 2018. La sospecha era que el dirigente del fútbol habría destinado ese dinero a la adquisición de inmuebles pero el magistrado lo sobreseyó. Un senador opositor deslizó que «dos semanas después llegó la retribución política».
Catania, por su parte, acredita 18 años como juez e ingresó de «pinche» en ese mismo fuero para el que concursó antes que Néstor Kirchner lo promoviera a la justicia ordinaria. «Estoy convocado para integrar la cámara de apelaciones que solo cuenta con 2 integrantes de 6 y la necesidad de los nombramientos está a la vista», dijo durante la audiencia pública y agregó: «conozco la dinámica de esas salas porque trabajé cinco años».
Según el candidato, «la Cámara tiene considerables atrasos porque solo tiene dos personas para trabajar y uno de los ejes centrales en los que debería trabajar es en acelerar la tramitación de los procesos». Por esa misma razón, fuentes judiciales deslizaron ante LPO que Mahiques gestó un blindaje con la promoción de los dos jueces para que ocupen un cargo en cada sala y, al mismo tiempo, puedan subrogar en otras si alguna investigación cayera por sorteo en un juzgado vecino.
Mahiques está arreglando los temas de la AFA pero en el caso de Adorni se enteran los periodistas antes que nosotros.
Esa maniobra despierta malestar tanto en Casa Rosada como en el Congreso. «Mahiques está arreglando los temas de la AFA pero en el caso de Adorni se enteran los periodistas antes que nosotros», se quejó un senador en referencia a las revelaciones que produce el fiscal Gerardo Pollicita en el juzgado de Ariel Lijo.
En efecto, el poderoso magistrado de Comodoro Py pelea contra Mahiques por la Procuración General de la Nación, un objetivo todavía lejano porque aún no se puso en juego pero los sitúa en una guerra de posiciones.
Alejandro Catania y Juan Galván Greenway.
Por eso, la interpretación de dos jueces gravitantes en los tribunales de Retiro es que la jugada de Lijo para peritar los audios de Diego Spagnuolo en la causa de las coimas de la Andis no sería para congraciarse con Karina Milei sino para validar la prueba y mantener la causa abierta. «La puso en el freezer», resumió uno de ellos.
Es conocida la bronca de Macri con Lijo, porque no cerró la causa Correo, una suerte de manifestación de su poder. Aunque apenas se conoció su decisión sobre Andis, se especuló con la chance que todo fuera un intento por cerrar el caso e impugnar lo actuado por el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello, que había subrogado el juzgado hasta febrero, al cierre de esta nota prevalecía la hipótesis del manejo del tiempo.
En ese contexto, Mahiques no está mostrando resultados a Karina, mientras que Javier Milei honró su compromiso con rapidez al enviar el pliego del padre del ministro, Carlos «Coco» Mahiques, antes que su hijo asumiera en el gabinete. Un funcionario del gobierno recordaba en las últimas horas que Santiago Caputo le avisó al Presidente cuando, por imposición de Karina, barrieron a Sebastián Amerio del ministerio: «Mahiques es su propio jefe».
Un funcionario del gobierno recordaba en las últimas horas que Santiago Caputo le avisó al Presidente cuando, por imposición de Karina, barrieron a Sebastián Amerio del ministerio: «Mahiques es su propio jefe».
Acaso genere también resquemor que otro de los pliegos que juntó las firmas fue el de María Julia Sosa, la ex secretaria del juez Julián Ercolini. La postulante fue propuesta como jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de La Plata, después de 36 años de trayectoria, y su dictamen es otra conquista de Comdoro Py en medio del asedio judicial contra el gobierno.
Por lo demás, este miércoles también se produjo una reunión en la Cámara Alta entre la vicepresidenta Victoria Villarruel, la jefa de la bancada libertaria, Patricia Bullrich, y sus pares de los bloques aliados. La intención del oficialismo sería, precisamente, convocar a una sesión cuanto antes, con el objetivo de aprobar los pliegos de los jueces.
Como informó LPO, Bullrich tiene dificultades para juntar el quórum por el retaceo de recursos de Milei y Toto Caputo a los gobernadores y por el efecto Adorni. «Si el gobierno no logra pronto que el Senado sesione, corre el riesgo que los pliegos se difieran para después del mundial y todos entren en modo electoral, demasiado tarde para negociar nada», soltó una fuente judicial. El dead-line no corre solo para la ex ministra de Seguridad, sino también para Mahiques.
Javier Milei volvió a defender a Manuel Adorni apenas unos minutos después que Patricia Bullrich le exigiera que presente ya su declaración jurada. «Manuel tiene todo listo y está por presentar la documentación por adelantado», dijo el Presidente, quien aseguró que «ni en pedo se va Adorni del gobierno.»
En una entrevista telefónica con La Nación, Milei dijo que el Jefe de Gabinete tiene todo listo para presentar las declaraciones jugadas antes del plazo previsto por la ley: el 31 de julio. «Hay una fecha pautada, pero por las estupideces que dice la gente, Adorni va a presentar su declaración jugada antes», dijo el Jefe de Estado.
Milei negó malestar con Patricia. «Lo que hizo fue spoilear lo que iba a hacer Manuel», dijo y se mostró irritado con la diputada Marcela Pagano. «Adorni hace esto para que se terminen estas mentiras engendradas por una gran mentirosa que es la señora Pagano», dijo.
«Yo hablo de un concepto que es la moral como política de Estado. ¿A ustedes les parece justo ejecutar a una persona honesta? Preguntó a Luis Majul y Esteban Trebuc. «Yo no voy a ejecutar en el altar del ego de los periodistas a una persona honesta», dijo Milei y aseguró que los periodistas que cuestionan a Adorni se sintieron tocados cuando el Jefe de Gabinete les dijo que eran «solo periodistas».
Además, el Jefe de Estado minimizó el impacto político que puede tener su gobierno al sostener a Adorni: «El desgaste político no me importa porque trato con seres humanos honestos que vinieron a hacer grande a la Argentina nuevamente. Si ustedes se sintieron tocados como grupo corporativo por algo que dijo Manuel que es verdad, lo siento, pero no voy a estar ejecutando gente honesta porque es injusto».
Milei negó que las costosas refacciones en su casa hayan sido ostentosas: «Los periodistas hablaron de una cascada y se vió que eran dos cañitos de agua. La mentira es más que evidente», planteó.
Además, dijo que en el gobierno libertario «nadie se queda con los dedos sucios. Yo ejecuté a todos los que estaban manchados, pero yo estoy tranquilo que Adorni es una persona de bien. Esto es una carnicería mediática», afirmó.
Bullrich había pedido minutos antes que Adorni apure las explicaciones ante la opinión pública. La senadora rompió el tono amistoso que el gabinete mostró con Adorni la semana pasada en el Congreso y puso en duda que el ex vocero pueda justificar sus millonarios gastos.
El descalabro interno de La Libertad Avanza no se detiene y suma capítulos constantemente. Tras los cambios en la coordinación local en donde metió mano Toto Caputo, ahora las tensiones escalan por cambios en la oficina local de Anses.
De ahí fue corrido el dirigente que encabezó la boleta libertaria en las últimas dos elecciones, Claudio Baumgarten, que fue reemplazado por la ex concejal del PRO Vanina Pignata, quien reporta al concejal Juan Furnari, con llegada a los Menem.
Este cambio intempestivo expandió el desconcierto que en las filas libertarias de la primera hora se espiralizó con la reciente designación como coordinador de Miguel Schmukler, un abogado que funge de comodín del ministro de Economía en varios organismos y que fija domicilio en un barrio privado de Benavídez.
Cerca de Baumgarten señalaron a LPO que el ahora ex titular de Anses no fue notificado previamente de su salida. «A lo mejor es un correctivo luego de la salida de José de los Ríos de la coordinación», dijo un dirigente consultado.
Como fuere, fuentes libertarias de Tigre advierten que «lo peor de todo» es que ese puesto clave para la construcción territorial de cara a 2027 es entregado a una dirigente como Pignata que -acusan- «es anti Milei».
En ese sentido, hay voces del distrito que recuerdan frecuentes criticas de Pignata hacia los libertarios e incluso sostienen que la ex concejal del PRO «no militó» en la última campaña legislativa, donde la boleta local de LLA fue encabezada preciesamente por Baumgarten y llevó a Pignata como candidata en octavo lugar.
Todo eso se desató días después de que otro ex concejal PRO, Segundo Cernadas, lanzara nafta al fuego de la interna libertaria: «Parece una gran bolsa de gatos», acusó el ex actor que anotó varios nombres propios en la última lista local de LLA.
Ahora, con el corrimiento de Baumgarten, hay libertarios de la vieja guardia que se ven «a la intemperie» a la hora de construir dentro del esquema de LLA y ven que la estructura en este municipio «se la están entregando a los que vienen del PRO».
