Sociedad

  • Milei apoyó a Bolsonaro en Brasil, llamó «presidiario» a Lula y el PT le contestó que «no está al altura de su cargo»

    PorInvitad@ Especial

     

    Javier Milei se metió de lleno en la campaña presidencial de Brasil durante una convención del Partido Liberal del vecino país, expresando su apoyo a Flavio Bolsonaro, el hijo del ex mandatario Jair Bolsonaro, y tildando a Lula Da Silva de «ladrón» y «presidiario».

    La respuesta contra el Jefe de Estado argentino no tardó en llegar y provino de parte del titular del PT brasileño, Edinho Silva, quien consideró que «resulta inaceptable que un jefe de Estado extranjero visite nuestro país y se dirija a sus poderes constituidos de manera irrespetuosa», y agregó que «no sorprende que el actual presidente de Argentina se comporte así». «Al fin y al cabo, existen numerosas situaciones recientes en las que ha demostrado no estar a la altura del cargo que ostenta», completó.

    Milei fue ovacionado por la militancia bolsonarista durante el acto del principal opositor a Lula. Su ingreso al escenario del gimnasio donde brindó su discurso estuvo precedido por los acordes de Panic Show, la canción de La Renga que también utiliza en Argentina para cada una de sus intervenciones de campaña.

    En su discurso, se refirió a los partidarios del «socialismo» como «los zurdos de mierda» y agredió verbalmente a Lula en los pocos pasajes en que se apartó de la lectura de un texto de 8 páginas de extensión.

    Lula mantiene la ventaja en primera vuelta pero proyectan empate técnico en el balotaje

    El Presidente argentino dijo que los argentinos son «profetas de un futuro distópico». «Hemos vivido las consecuencias de tomar el camino del socialismo hasta el final y hemos visto cómo los zurdos de mierda nos hundieron en la pobreza», expresó.

    Justo en ese momento, se cortó el sonido del micrófono y Milei se permitió el primer agravio directo contra Lula. «Che, ¿los micrófonos estos quién los mandó a tocar? ¿El ladrón?», preguntó para que lo aplaudieran los asistentes al evento del Arena Pacaembú.

    Edinho Silva, presidente del PT.

    También recordó que Lula apoyó a Sergio Massa en 2023. «Tenía un vecino que se metía en la política de Argentina para tratar de torcer la historia en favor de los zurdos de mierda», indicó en referencia al kirchnerismo.

    En otro pasaje, asemejó la discusión política argentina con la brasileña, a partir del antagonismo con las expresiones políticas que en ambos países, a su criterio, provocan zozobra en los inversores. «Si en la Argentina tenemos como factor económico lo que llamamos el ‘riesgo Kuka’, acá, en Brasil, hoy tienen el ‘riesgo Lula'», dijo.

    Además, se quejó de que el Supremo Tribunal Federal no habilitara su visita a Bolsonaro (p) en la cárcel donde se encuentra detenido. Por eso, criticó al juez Alexandre de Moraes, quien le negó la solicitud, y lo llamó «basura calva».

    Si en la Argentina tenemos como factor económico lo que llamamos el ‘riesgo Kuka’, acá, en Brasil, hoy tienen el ‘riesgo Lula’.

    Por su parte, Lula participó de un acto en Campiñas para apoyar el candidato Fernando Hadad, en la disputa por ese distrito. Desde allí, lanzó un tiro por elevación sin nombrar a Milei: «que nadie de fuera intente interferir en nuestras elecciones», expresó. 

    El Presidente argentino, que viajó acompañado de su hermana, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, había estado más temprano en el Palacio dos Bandeirantes, sede de la gobernación paulista. Allí se reunió con el gobernador Tarcísio de Freitas, también referente del bolsonarismo.

    Tras las críticas de Milei, Edinho Silva declaró ante la red O’Globo que «Brasil es un país democrático y soberano». «Nuestra democracia permite el debate de ideas, en el que las posturas contradictorias pueden y deben alimentar las discusiones sobre el futuro del país, especialmente en el contexto de una disputa electoral como la que estamos viviendo», sostuvo.

    Sin embargo, advirtió que cualquier autoridad de su gobierno puede ser criticada «siempre y cuando estas se realicen de la manera y en el momento adecuados». 

    Un experimentado diplomático brasileño, ya retirado, comentó este sábado que «los insultos desaforados de Milei a Lula en territorio brasileño constituyen el más grande papelón en la historia diplomática entre ambos países, cofundadores del MERCOSUR». «Que, sin mediar una guerra o tan siquiera un conflicto fronterizo menor, un presidente en funciones cruce la frontera a un país hermano a insultar como un demente al Jefe de Estado y a la cabeza del Poder Judicial de su máximo socio comercial solo puede explicarse desde la locura personal del agresor», argumentó. 

     

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    La presión sobre las pymes no cede: menos ventas, costos altos y un mercado interno que sigue sin reaccionar

    PorInvitad@ Especial

     

    Mientras algunos indicadores financieros muestran señales de estabilidad, miles de pequeñas y medianas empresas continúan enfrentando un escenario complejo marcado por la caída del consumo, el aumento de los costos fijos y la dificultad para recuperar los niveles de actividad previos al ajuste económico. La evolución del mercado interno vuelve a aparecer como una de las principales preocupaciones del sector.

    Por Redacción de NLI

    Las pequeñas y medianas empresas vuelven a quedar en el centro de la discusión económica. Aunque el Gobierno sostiene que la desaceleración de la inflación y el ordenamiento de las variables macroeconómicas sentarán las bases para una recuperación sostenida, buena parte del entramado productivo argentino continúa atravesando un período de fuerte incertidumbre.

    Industriales, comerciantes y prestadores de servicios coinciden en que la principal dificultad ya no pasa únicamente por el costo de producir, sino por la falta de demanda. En numerosos rubros, la recuperación de las ventas todavía no logra compensar la caída registrada durante los meses de mayor ajuste, obligando a muchas empresas a trabajar por debajo de su capacidad instalada.

    Un mercado interno que todavía no encuentra impulso

    Las pymes representan cerca del 99% de las empresas del país y generan la mayor parte del empleo privado formal. Por eso, la evolución de su actividad suele ser uno de los indicadores más representativos de la economía real.

    Sin embargo, distintos sectores advierten que el consumo continúa mostrando señales de debilidad. Comercios minoristas, industrias alimenticias, fábricas textiles, metalúrgicas y empresas de servicios describen un comportamiento similar: menos operaciones, clientes más cautelosos y una creciente competencia por un mercado que se achicó.

    La desaceleración inflacionaria permitió moderar el ritmo de los aumentos de precios, pero todavía no alcanzó para recomponer el poder de compra de una parte importante de los hogares, lo que limita la recuperación de la demanda.

    Costos que siguen condicionando la actividad

    Al mismo tiempo que enfrentan menores niveles de ventas, las empresas deben absorber incrementos en alquileres, servicios, logística, insumos y financiamiento.

    Muchas pymes también señalan dificultades para acceder al crédito en condiciones competitivas, especialmente aquellas que necesitan renovar maquinaria, ampliar instalaciones o financiar capital de trabajo.

    En este contexto, numerosos empresarios optaron por postergar inversiones y concentrarse en sostener la operación diaria, priorizando la conservación de clientes y la estabilidad de sus planteles de trabajadores.

    El empleo, otro indicador bajo observación

    El comportamiento de las pequeñas y medianas empresas tiene una incidencia directa sobre el mercado laboral.

    Cuando la actividad crece, suelen ser el principal motor de generación de empleo. Pero cuando el consumo se retrae, también son las primeras en reducir horas extras, suspender incorporaciones o revisar proyectos de expansión.

    Especialistas en desarrollo productivo sostienen que una recuperación sólida requerirá no solo estabilidad macroeconómica, sino también condiciones que permitan reactivar la inversión y fortalecer el mercado interno.

    El desafío de equilibrar las cuentas sin debilitar la producción

    Uno de los debates que atraviesa la política económica argentina es cómo compatibilizar el orden fiscal con el crecimiento de la actividad.

    Mientras el Gobierno prioriza la reducción del déficit y una menor intervención estatal, cámaras empresarias plantean que las pequeñas y medianas empresas necesitan un entorno que incentive la producción, facilite el acceso al crédito y promueva el consumo.

    La experiencia argentina muestra que resulta difícil consolidar un proceso de crecimiento cuando el entramado pyme pierde dinamismo. No se trata solamente del balance de cada empresa, sino del impacto que tienen sobre el empleo, las economías regionales y el movimiento comercial de cientos de ciudades.

    Una recuperación que todavía espera consolidarse

    El segundo semestre será determinante para medir si la estabilización macroeconómica logra trasladarse finalmente a la actividad cotidiana.

    Para miles de pymes, el desafío ya no pasa por sobrevivir a la volatilidad financiera, sino por volver a vender, invertir y contratar personal en un mercado que todavía se mueve con cautela.

    Si esa recuperación no llega al tejido productivo, advierten analistas económicos, la mejora de los grandes indicadores difícilmente alcance para modificar la percepción de quienes sostienen buena parte de la economía argentina todos los días.

     

  • Mahiques dijo que no conoce a Tapia, pero tiempo atrás lo había reconocido

    PorInvitad@ Especial

     

    Juan Bautista Mahiques le concedió este viernes una entrevista al diario La Nación para negar que estuviese trabajando en el blindaje judicial de Claudio «Chiqui» Tapia y Pablo Toviggino, tal como informó LPO. «Nadie vine a blindar a nadie», dijo el ministro de Justicia, pese a que se convirtió en el relevo de Mariano Cúneo Libarona por la recomendación de Martín Menem y Daniel «Tano» Angelici a Karina Milei.

    Durante el reportaje también negó su relación con los dirigentes del fútbol argentino, además de su vínculo con Tapia. «No conozco a Claudio Tapia, no tengo ningún tipo de injerencia ni relación ni absolutamente nada con la AFA», sostuvo.

    Sin embargo, el ministro dijo todo lo contrario apenas asumió y le brindó una nota al periodista Luis Majul en LN+. En esa ocasión, el conductor televisivo le hizo escuchar incluso una cerrada defensa de su persona que hizo Javier Milei, en el mismo canal: «Mahiques es una persona con mucha experiencia, con mucho trabajo en la función pública y como toda persona pública sufre operaciones donde lo acusan falsamente de tener vínculos con la AFA, lo cual es falso y no los tiene», dijo el Presidente.

    Después de compartir esa pieza ante la audiencia, Majul le preguntó a Mahiques: «¿Tiene o no tiene vínculos con la AFA?». «Vínculos, a qué nos referimos con vínculos. ¿Los conozco? Sí, los conozco. Conozco a muchos dirigentes del fútbol. Yo juré como fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires e inmediatamente creé, entre otras fiscalías, la fiscalía especializada en eventos masivos. Esa fiscalía tenía que investigar la violencia en el fútbol. A partir de ahí, firmé convenios con todos los presidentes de todos los clubes de fútbol», respondió el ministro.

    Mahiques coloniza el fuero comercial para ayudar a Tapia y Toviggino

    Incisivo, Majul repreguntó: «¿No los conocía de antes ni a Tapia ni a Toviggino?». «Sí, los conocía de antes. Yo había estado en el Tribunal de Resolución de Disputas de la FIFA en 2016. Lo conocía a Tapia, me lo había cruzado socialmente. O sea, no soy ni de cerca amigo ni nada por el estilo», contestó Mahiques contradiciendo a Milei.

    Su reconocimiento sobre su incorporación al tribunal de la F

    IFA demuestra que al ministro le incomodaría la proximidad de la audiencia por la disputa por la competencia del juzgado de Campana, Adrián González Charvay, y el juez Marcelo Aguinsky, con asiento en Comodoro Py, por la causa de la mansión de Pilar. Ese litigio escaló hasta la Sala I de la Cámara de Casación, presidida por Diego Barroetaveña e integrada por Mariano Borinsky y Alejandro Slojar como subrogantes.

    No conozco a Claudio Tapia, no tengo ningún tipo de injerencia ni relación ni absolutamente nada con la AFA.

    Barroetaveña y Borinsky se pronunciaron a favor de abrir el recurso de queja de los defensores de los presuntos testaferros de Toviggino y deberán tomar testimonio el próximo 12 de agosto. Barroetaveña, además de ser el titular del máximo tribunal penal del país, integró el tribunal de Ética de la AFA, mientras que Borinsky, un magistrado tan apasionado por su vocación como por el fútbol, aceptó que la Casación debía tomar el caso aunque en otras ocasiones falló en sentido contrario.

    Tapia y Toviggino aspiran a que la causa tramite en la sede de Campana, donde estiman un tratamiento más benévolo. Mahiques, por su parte, se pasó los últimos meses negando que su padre, Carlos «Coco» Mahiques, hubiera festejado su 74° cumpleaños en la mansión de Pilar, cuya propiedad está bajo investigación.

    Contra la repentina asepsia de Mahiques, consta la autorización de la Comisión de Administración y Financiera del Consejo de la Magistratura, fechada el 21 de diciembre de 2017, para que pueda integrar el tribunal de Resolución de Disputas de la FIFA. El artículo 1° de aquel documento público, firmado por los consejeros Luis María Cabral, Ángel Rozas y Léonidas Moldes, dispensó al por entonces representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la «inhabilidad» prevista en el reglamento de la Justicia nacional.

    En rigor, el ministro asumió su cargo en marzo pasado con la misión de aplacar el avance judicial de las causas que atormentaban a Karina, como LIBRA, Andis y Adorni. Pero también escaló desde la Procuración porteña para aliviar a la AFA, asediada por la denuncia del empresario Guillermo Tofoni.

     

  • El barril de petróleo volvió a tocar los USD 100 y le mete presión a la inflación

    PorInvitad@ Especial

     

    El nuevo salto del petróleo por el recrudecimiento de la guerra con Irán le mete presión a uno de los pilares del modelo económico de Javier Milei. La escalada del Brent por encima de los USD 100 mejora los ingresos de Vaca Muerta, pero también reabre un problema que el Gobierno había logrado contener durante las últimas semanas: la presión sobre la inflación. El mecanismo que mantuvo relativamente quietos los surtidores durante un mes y medio muestra señales de agotamiento.

    La tensión volvió a dispararse tras los ataques a buques en el estrecho de Ormuz y Bab el-Mandeb, dos de los corredores marítimos más sensibles del comercio mundial de energía. El aumento del riesgo llevó a aseguradoras y compañías navieras a evitar operar en la zona o a encarecer fuertemente sus coberturas. El resultado fue inmediato: el Brent superó los USD 100 por barril y el precio del gas natural licuado regresó a los niveles más altos desde febrero. 

    La transmisión al mercado local es hoy mucho más directa que en años anteriores. El Gobierno consolidó un esquema de paridad con el precio internacional, por lo que las naftas y el gasoil quedaron atados a la evolución del Brent. Cada dólar adicional del barril incrementa la presión sobre los precios domésticos de los combustibles.

    Ese movimiento impacta rápidamente sobre toda la economía. El gasoil es el principal insumo del transporte de cargas y cualquier incremento eleva el costo de los fletes. Esa suba termina incorporándose al valor de las mercaderías. El agro tampoco escapa a esa lógica: la siembra, la cosecha y el traslado de la producción dependen del combustible, por lo que el mayor costo termina reflejándose en el precio final de los alimentos.

    La inflación de junio fue de 1,9%, pero advierten que en julio puede subir

    Hasta ahora, el principal amortiguador fue la política comercial de YPF. Durante unos 45 días, la petrolera estatal absorbió parte del aumento internacional sin trasladarlo completamente a los surtidores. Las demás compañías que venden al público siguieron una estrategia similar. La apuesta era recuperar ese margen cuando el Brent retrocediera y el mercado internacional se normalizara.

    La nueva escalada del barril volvió a desalinear los precios locales respecto de la paridad internacional. Actualmente los precios en las estaciones de servicio equivalen a un crudo de algo más de USD 80, una diferencia del 20%.

    Pero ese escenario dejó de existir. La nueva escalada volvió a desalinear los precios locales respecto de la paridad internacional. Actualmente los precios en las estaciones de servicio equivalen a un crudo de algo más de USD 80, una diferencia del 20%.  

    La consultora 1816 calculó que, con un Brent que cotiza USD 98, la nafta en Argentina se vende como si el barril cotizara alrededor de USD 84. A esa diferencia todavía debe sumarse el costo que las petroleras absorbieron durante la primera etapa del conflicto en Medio Oriente. 

    Barcos varados en el Estrecho de Hormuz en Bandar Abbas, Iran

    El informe subraya el contrapunto más relevante: el mayor precio del petróleo mejora las perspectivas de la balanza de pagos por el aporte de Vaca Muerta, aunque advierte que «podría ralentizar el proceso de desinflación».

    La Cepal también evaluó ese riesgo. El organismo elaboró tres escenarios para medir el impacto directo sobre el IPC argentino durante 2026. Con un aumento internacional de la energía del 25% interanual, la presión adicional sería de 0,9 puntos porcentuales en la inflación anual. Si la suba alcanza el 38%, el efecto escala a 1,4 puntos. En un escenario crítico, con el Brent instalado en valores de tres dígitos y una suba de la energía del 67%, la inflación anual podría sumar 2,5 puntos porcentuales adicionales.

    La Cepal destacó que Argentina se encuentra en una posición intermedia dentro de América Latina gracias a su capacidad de producción local, especialmente por el aporte de Vaca Muerta. Esa fortaleza evita una exposición similar a la de los países centroamericanos, altamente dependientes de las importaciones. Sin embargo, advierte que el traslado hacia los costos logísticos y los alimentos resulta inevitable si el petróleo permanece elevado.

    El Gobierno volvió a postergar la actualización plena del Impuesto a los Combustibles Líquidos para evitar una aceleración de la inflación durante julio y agosto. La decisión funciona como un freno transitorio sobre los precios, pero acumula un costo fiscal.

    EcoGo, la consultora que dirige Marina Dal Poggetto, puso números al impacto sobre el IPC. Los combustibles representan el 3,8% de la canasta que releva el Indec. Sobre esa base, estimó que cada aumento neto del 10% en el precio de los surtidores agrega de manera directa 0,38 puntos porcentuales a la inflación mensual. El informe recuerda además que el valor de la nafta responde en un 33% al precio del crudo, mientras el resto corresponde a biocombustibles, refinación e impuestos.

    Ese último componente explica otra de las tensiones del programa económico. El Gobierno volvió a postergar la actualización plena del Impuesto a los Combustibles Líquidos para evitar una aceleración de la inflación durante julio y agosto. La decisión funciona como un freno transitorio sobre los precios, pero acumula un costo fiscal que deberá resolverse más adelante. 

    La consultora Equilibra coincide en que el «buffer» aplicado por YPF fue determinante para contener la inflación de junio, que se ubicó en 1,9%. Pero advierte que ese colchón tiene un límite. Según Equilibra, un ajuste brusco para recomponer márgenes no sólo golpearía al transporte y al agro, sino que también pondría en riesgo la todavía frágil recuperación económica prevista para el segundo semestre de 2026. 

     

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    La nueva cruzada ideológica de Trump que Milei ya abraza: cómo Estados Unidos busca construir una alianza global contra la izquierda y por qué preocupa el rol de la Argentina

    PorInvitad@ Especial

     

    La participación del Gobierno de Javier Milei en una cumbre impulsada por Donald Trump abrió interrogantes sobre el alineamiento argentino con una estrategia internacional que busca construir una coalición contra la izquierda y ampliar la cooperación en inteligencia y seguridad.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    Alejandra Monteoliva, Andrew Bailey y Peter Lamelas

    Detrás de una cumbre internacional presentada oficialmente como un encuentro para fortalecer la cooperación contra el terrorismo, la administración de Donald Trump comenzó a desplegar una estrategia mucho más ambiciosa: construir una coalición internacional que identifique a la izquierda como una amenaza geopolítica. La presencia de funcionarios argentinos en ese encuentro no pasó inadvertida y abrió interrogantes sobre el rumbo que está tomando la política exterior de Javier Milei y el grado de alineamiento que su gobierno está dispuesto a asumir con Washington.

    Durante buena parte de su gestión, Javier Milei convirtió la llamada «batalla cultural» en uno de los ejes centrales de su discurso político. El Presidente no sólo planteó una confrontación permanente contra el socialismo, el progresismo y lo que denomina «la agenda woke», sino que además buscó internacionalizar esa pelea participando de foros conservadores y estrechando vínculos con referentes de la nueva derecha global. Sin embargo, lo que hasta hace poco parecía limitarse al plano discursivo comienza ahora a trasladarse al terreno de la diplomacia, la seguridad y la inteligencia internacional.

    Ese cambio de escala quedó expuesto tras la cumbre organizada por la administración de Donald Trump, donde participaron representantes de más de sesenta países y a la que la Argentina asistió a través del vicecanciller Pablo Quirno. Según reveló la periodista Luciana Bertoia, la reunión no estuvo orientada únicamente a fortalecer mecanismos tradicionales de cooperación contra organizaciones terroristas, sino que tuvo como uno de sus objetivos centrales comenzar a articular una coalición internacional frente a lo que Washington define como la amenaza del «terrorismo de izquierda», una categoría que abre numerosos interrogantes por su amplitud conceptual y por las consecuencias que podría tener en términos políticos e institucionales.

    Una definición de «terrorismo» que ya no parece limitarse a organizaciones armadas

    Uno de los aspectos más relevantes del encuentro es que la administración estadounidense comenzó a utilizar un lenguaje que amplía considerablemente el concepto tradicional de terrorismo. Históricamente, esa categoría estuvo asociada a organizaciones armadas específicas cuya caracterización surgía de tratados internacionales, resoluciones de Naciones Unidas o listados confeccionados por distintos Estados. Sin embargo, el discurso presentado durante esta cumbre parece incorporar una dimensión mucho más ideológica, donde la principal preocupación deja de ser exclusivamente la existencia de grupos armados para pasar a concentrarse también en organizaciones y movimientos que Estados Unidos considera parte de una amenaza política vinculada a la izquierda internacional.

    Ese corrimiento no es un detalle menor. Cuando una categoría jurídica tan sensible como la de terrorismo comienza a mezclarse con definiciones ideológicas, inevitablemente aparecen preguntas sobre cuáles serán los límites de esa clasificación, qué actores podrían quedar incluidos bajo ese paraguas y hasta dónde podrían extenderse los mecanismos de vigilancia, cooperación e intercambio de información entre los distintos países participantes.

    Por ese motivo, distintos especialistas en derecho internacional y organismos de derechos humanos vienen advirtiendo desde hace tiempo que cualquier ampliación de esas categorías exige controles institucionales particularmente rigurosos para evitar que herramientas diseñadas para combatir organizaciones violentas terminen utilizándose con finalidades políticas.

    El alineamiento con Washington ya dejó de ser solamente diplomático

    Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, el acercamiento con Estados Unidos se transformó en uno de los pilares de la política exterior argentina. Las coincidencias ideológicas con Trump, la afinidad con sectores conservadores norteamericanos y el respaldo permanente a la agenda impulsada por Washington en distintos organismos internacionales fueron consolidando una relación que ya trascendió el plano estrictamente diplomático.

    En los últimos meses comenzaron a multiplicarse las reuniones entre funcionarios de ambos gobiernos en áreas sensibles como seguridad, defensa e inteligencia. La reciente visita a la Argentina de autoridades del FBI y la participación de representantes nacionales en distintos encuentros organizados por Estados Unidos forman parte de esa profundización del vínculo, que para el oficialismo representa una oportunidad para fortalecer la cooperación internacional, pero que para buena parte de la oposición implica un proceso de alineamiento cuya magnitud todavía no fue suficientemente explicada ante la sociedad.

    Porque una cosa es coordinar acciones contra organizaciones terroristas internacionalmente reconocidas y otra muy distinta es integrar una estrategia geopolítica donde la definición misma de quién constituye una amenaza pasa a depender, en buena medida, de criterios políticos establecidos por la principal potencia mundial.

    Las preguntas que la Cancillería todavía no respondió

    Hasta el momento, el Gobierno argentino no difundió documentación oficial que permita conocer con precisión qué compromisos asumió durante esa reunión ni cuál fue exactamente la posición que llevó la delegación encabezada por Pablo Quirno.

    Tampoco explicó si la participación argentina implicará nuevos acuerdos de intercambio de información entre organismos de inteligencia, si habrá modificaciones en los mecanismos de cooperación existentes o si se avanzará en convenios específicos con agencias estadounidenses.

    Ese vacío informativo comenzó rápidamente a generar pedidos de informes desde distintos sectores opositores, que consideran indispensable que el Congreso conozca el alcance de cualquier entendimiento que pueda afectar áreas tan sensibles como la inteligencia, la seguridad nacional o la política exterior.

    La preocupación no gira únicamente alrededor del contenido de la reunión, sino también sobre el modo en que este tipo de acuerdos suelen desarrollarse, muchas veces mediante memorandos o mecanismos de cooperación administrativa que no siempre reciben un debate público acorde con su importancia institucional.

    De la batalla cultural a una política internacional coordinada

    Quizás el dato más significativo de todo este episodio sea que la denominada batalla cultural, que durante años funcionó como una herramienta de construcción política y electoral para las nuevas derechas occidentales, comienza a institucionalizarse como un eje de coordinación entre gobiernos.

    Lo que antes aparecía como un discurso pronunciado en campañas, conferencias o foros ideológicos empieza ahora a traducirse en reuniones diplomáticas, estrategias de seguridad y posibles mecanismos permanentes de cooperación internacional.

    En ese contexto, la participación argentina adquiere una relevancia que excede largamente un simple encuentro protocolar. Si el Gobierno efectivamente acompaña la estrategia impulsada por Washington, la Argentina podría quedar incorporada a una arquitectura internacional cuya lógica ya no se limita a combatir organizaciones terroristas tradicionales, sino que incorpora una fuerte dimensión ideológica en la definición de las amenazas globales.

    Por eso, más allá de las simpatías o diferencias políticas que puedan existir respecto del gobierno de Milei o de la administración Trump, el debate de fondo pasa por otra cuestión mucho más trascendente: hasta dónde puede llegar el alineamiento internacional de un país sin que exista una discusión pública, parlamentaria e institucional sobre los compromisos que ese alineamiento implica, especialmente cuando involucra áreas tan sensibles como la inteligencia, la seguridad y la definición misma de quiénes pasan a ser considerados enemigos políticos en el escenario internacional.

     

  • La justicia federal de Córdoba cruje por su propio caso Adorni

    PorInvitad@ Especial

     

    La Justicia Federal de Córdoba atraviesa la mayor crisis institucional de las últimas décadas. En menos de cuatro meses, los camaristas Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi (pareja entre sí) quedaron en el centro de dos investigaciones penales que, combinadas, amenazan con sacudir el funcionamiento del principal tribunal federal de la provincia y con exponer un presunto entramado de favores entre la pareja de magistrados y el poder económico.

    La última ofensiva llegó este viernes, cuando los fiscales Pablo Turano, de la Procuración General de la Nación, y Maximiliano Hairabedián, titular de la Fiscalía Federal N° 3 de Córdoba, promovieron una nueva acción penal contra ambos jueces por el presunto delito de admisión de dádivas.

    El expediente sostiene que la pareja de magistrados habría recibido un vuelo privado a Punta del Este, valuado en unos 34.000 dólares, mientras intervenían en expedientes vinculados con empresarios que aparecen relacionados con la aeronave utilizada para el viaje.

    La nueva causa se suma a otra investigación, iniciada en abril, en la que Sánchez Torres y Montesi ya están siendo investigados por supuestamente manipular la integración de las salas de la Cámara Federal de Córdoba para intervenir en expedientes de alto impacto económico, especialmente causas tributarias y penales contra empresarios.

    La hipótesis de los fiscales apunta a un mismo patrón de comportamiento: la utilización de la estructura interna de la Cámara Federal para influir en causas sensibles y la posible existencia de contraprestaciones indebidas provenientes de sectores empresarios beneficiados por algunas resoluciones judiciales.

    La investigación más reciente reconstruyó un viaje realizado entre el 29 de marzo y el 2 de abril de 2024. Según los registros migratorios incorporados al expediente, Sánchez Torres y Montesi viajaron desde Córdoba hacia Punta del Este en un avión privado matrícula LV-WTP y regresaron cuatro días después en la misma aeronave.

    Los fiscales calcularon que un vuelo de esas características tiene un costo cercano a los 17.000 dólares por tramo, por lo que el beneficio económico recibido rondaría los 34.000 dólares.

    El principal interrogante de la investigación es quién pagó ese viaje.

    Los allanamientos realizados hasta el momento no permitieron identificar al supuesto financista, pero la fiscalía encontró una serie de vínculos societarios que conducen hacia dos grupos empresarios con fuerte presencia en Córdoba: Porta Hermanos y el Grupo Astori.

    La aeronave pertenece a Airjet S.A., una sociedad que durante años fue presidida por José Vicente Ramón Porta. La investigación sostiene además que integrantes de la familia Porta continuaron utilizando ese avión aun después de dejar formalmente la conducción de la compañía.

    Ese dato adquirió relevancia porque Montesi intervino durante años en el expediente ambiental iniciado por vecinos de barrio San Antonio, de la ciudad de Córdoba, contra Porta Hermanos por la actividad de su planta de bioetanol.

    En varias oportunidades la camarista votó en disidencia respecto del resto de sus colegas para rechazar medidas reclamadas por los vecinos, entre ellas la exigencia de una evaluación de impacto ambiental.

    Más recientemente, en septiembre de 2025, Sánchez Torres y Montesi integraron la mayoría que dejó sin efecto una multa tributaria aplicada a Porta por la entonces AFIP, hoy ARCA.

    La segunda línea investigativa conduce al Grupo Astori.

    Según la reconstrucción realizada por los fiscales, los camaristas habrían compartido el viaje a Uruguay con María Pía Astori y Guillermo Alberto Assales, presidente de Astori Estructuras S.A.

    Esa empresa aparece vinculada al Fideicomiso Barrio Ampliación Palmar, protagonista de una larga disputa judicial contra el Estado Nacional y la Fuerza Aérea por terrenos ubicados en Córdoba.

    Lo que llamó la atención de los investigadores es que Sánchez Torres y Montesi continuaron interviniendo en esos expedientes antes y después del viaje sin excusarse pese a la presunta relación personal con empresarios ligados al litigio.

    Los fiscales consideran que esos elementos son suficientes para sospechar que los jueces aceptaron una dádiva de personas con intereses concretos en causas bajo su competencia.

    Pero el expediente por el vuelo privado no es el único problema judicial de los camaristas.

    En abril, Hairabedián y Turano impulsaron otra investigación que puso bajo la lupa el funcionamiento interno de la Cámara Federal de Córdoba.

    En esa causa se denuncia que Sánchez Torres habría alterado deliberadamente la integración de las salas para asegurarse intervenir en expedientes específicos, particularmente investigaciones por evasión tributaria vinculadas a ejecutivos de la cerealera Bunge y otros procesos de gran impacto económico.

    La denuncia sostiene que el mecanismo consistía en modificar las integraciones naturales de las salas de la Cámara que ambos magistrados integran, lo que podría haber beneficiado a grandes empresarios en casos de evasión.

    Ese expediente incorporó además un capítulo especialmente delicado: una secretaria judicial denunció haber sufrido violencia laboral por negarse a participar de esas maniobras administrativas.

    En los tribunales federales nadie recuerda un escenario semejante.

    La Cámara Federal de Córdoba es el órgano revisor de todas las decisiones adoptadas por los juzgados federales de la provincia. Allí se resuelven causas por narcotráfico, corrupción, delitos tributarios, lavado de dinero y conflictos con los principales grupos económicos del centro del país.

    Fuentes judiciales no descartan que las próximas medidas incluyan un análisis patrimonial de ambos magistrados y la profundización de las pericias sobre los vínculos societarios entre Airjet, Porta y el Grupo Astori.

    Las investigaciones acabaron con la estrategia de Sánchez Torres de convertirse en ministro de la Corte Suprema de la Nación, con el aval de Martín Llaryora y otros gobernadores. El propio Sánchez Torres le expuso su plan a Roberto Urquía en un bar de Córdoba meses atrás. Allí, Sánchez Torres intentó convencer al dueño de General Deheza de que lo avale en el círculo rojo para destrabar cualquier resistencia a su llegada al máximo tribunal. La jugada fue coincidente con la caída de Ariel Lijo.