El gobierno de Javier Milei le está está generando más problemas que soluciones a la candidatura de Rafael Grossi a la Naciones Unidas. A las votaciones alineadas con Estados Unidos e Israel que pueden afectar el voto de países árabes y africanos ahora se suma una deuda con la ONU.
El diario La Nación publicó que, según la pagina de la ONU, Argentina no está entre los 106 países que regularizaron sus aportes de este año hasta el 30 de abril, que en su caso es el 0.490 del presupuesto total de Naciones Unidas.
En ese marco, la deuda de Argentina en 2025 es US$ 16.675.950, similar a la que Economía y la Cancillería deben en 2026. Pese al atraso, la Argentina puede seguir votando regularmente, ya que no supera los dos años de demora, como es el caso de Venezuela o Bolivia.
Este diario también remarca que en la página oficial de la OEA se explicita que Argentina, si bien no posee deudas anteriores, es al 31 de marzo pasado uno de los países que «no han pagado su cuota al Fondo Regular para el año en curso», unos US$3,3 millones.
LPO adelantó que el voto del gobierno de Milei a favor de la esclavitud le complicó a Grossi los votos de los países africanos para la ONU, que cambiarían el voto hacia Michelle Bachelet. «La política exterior de Milei es un lastre para Grossi», dijo un diplomático con experiencia en la ONU.
La Unión Africana está integrada por 55 estados , que representan a la totalidad de los países del continente africano y tiene un peso importante en la ONU, dado que representan cerca del 28,50% de la Asamblea General.
La deuda de Argentina en 2025 es US$ 16.675.950, similar a la que Economía y la Cancillería deben en 2026. Pese al atraso, la Argentina puede seguir votando regularmente, ya que no supera los dos años de demora, como es el caso de Venezuela o Bolivia
Un diplomático de alto rango reveló a LPO que esta situación también puede complicar el apoyo de los africanos en el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas, que ya viene complicado por el seguidismo de Milei a las políticas de Trump e Israel.
LPO adelantó en julio del año 2024 que el gobierno casi no logra sacar por consenso la condena al Reino Unido por matener el enclave colonial del Atlántico Sur en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, en lo que hubiera sido un hecho histórico.
La página oficial de la OEA se explicita que Argentina, si bien no posee deudas anteriores, es al 31 de marzo pasado uno de los países que «no han pagado su cuota al Fondo Regular para el año en curso», unos US$3,3 millones
Un año después, tuvo el mismo problema pero logró sortearlo gracias al rol de China y Venezuela, que lograron evitar la abstención de los países árabes enojados con el alineamiento de Milei con Israel. Ahora, los países africanos podrían operar en el mismo sentido y abandonar un apoyo histórico de este bloque a la soberanía de las islas.
LPO reveló en exclusiva el 16 de marzo, que la guerra que se desarrolla entre Irán, Estados Unidos e Israel también complicó la carrera del director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) por su cercanía con Washington, lo que genera malestar en países con derecho a veto, como China y Rusia.
Rafael Grossi compite por la Secretaría General de la ONU con la ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet y la exvicepresidenta de Costa Rica, Rebeca Grynspan-
El Gobierno prepara el anuncio para que Argentina ingrese al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TTP) conocido como TTP-11, un acuerdo comercial de gran alcance que vincula a Japón y Nueva Zelanda, junto con otros 10 países de la región Asia-Pacífico.
Este espacio comercial fue impulsado por Estados Unidos durante el gobierno de Barack Obama para potenciar el comercio en el Pacifico como forma de contención ante el avance de China. Mauricio Macri quiso sumarse pero no prosperó. Fue en el mismo momento del nacimiento de la Alianza del Pacífico que busca dividir lo que en ese momento era el bloque progresista.
El Tratado Transpacífico es un acuerdo de libre comercio entre países de la cuenca del Pacífico que busca reducir aranceles, facilitar inversiones y establecer reglas comunes sobre comercio, servicios, propiedad intelectual, medio ambiente y normas laborales.
Actualmente participan países como Japón, Canadá, Australia, México, Chile, Perú, Nueva Zelanda, Singapur, Vietnam, Malasia y Brunéi. El acuerdo original era el TPP (Trans-Pacific Partnership) e incluía a Estados Unidos pero en 2017, durante la presidencia de Donald Trump, Washington se retiró del pacto en el marco de su retirada a la estrategia globalista de parte del líder republicano.
Fuentes de cancillería explicaron a LPO que «el anuncio está bajo siete llaves» y «tiene como objetivos principales eliminar o reducir aranceles, facilitar exportaciones e importaciones, atraer inversiones, establecer reglas comunes para empresas, regular comercio digital y propiedad intelectual».
Fuentes de cancillería explicaron a LPO que «el anuncio está bajo siete llaves» y «tiene como objetivos principales eliminar o reducir aranceles, facilitar exportaciones e importaciones, atraer inversiones, establecer reglas comunes para empresas, regular comercio digital y propiedad intelectual
También, continúa este diplomático, «busca incluir compromisos laborales y ambientales Importancia geopolítica Además del aspecto económico, funciona como una herramienta de influencia estratégica en Asia-Pacífico, especialmente frente al peso creciente de China en el comercio global».
«China incluso mostró interés en sumarse, lo que podría cambiar el equilibrio regional. Para países como Chile, Perú y México, abre mercados y mejora acceso comercial a Asia.
Para Argentina y Brasil, que no participan, representa un desafío competitivo y también una referencia para futuras negociaciones comerciales. En síntesis: es uno de los acuerdos comerciales más importantes del mundo sin Estados Unidos, pero con fuerte impacto geopolítico global», agregó.
Uruguay, a través del canciller, Mario Lubetkin, anunció que su país fue aceptado por los países que integran el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico sin objeciones por parte de sus integrantes, para comenzar las negociaciones para ingresar al bloque.
El TTP reúne el 15% del producto bruto interno (PBI) mundial y a más de 595 millones de personas, lo que lo convierte en una de las mayores zonas de libre comercio del mundo; entre 2022 y 2024 representó cerca del 9% del total de las exportaciones de mercancías nacionales, es decir, unos 1.100 millones de dólares.
El sector inmobiliario argentino atraviesa una grieta central en el último año y medio entre los que defienden la matrícula obligatoria para operar, manejada históricamente por los Colegios y Cajas Inmobiliarias, y los que proponen poner en competencia a ese sistema.
Hasta hace pocos años parecía una discusión imposible de instalar, pero hace varios meses comenzó a filtrarse en fundaciones, despachos políticos y legislativos, cámaras empresariales y debates técnicos. Detrás de esa incomodidad empezó a aparecer un nombre repetido con insistencia en el sector, Jorge Amoreo Casotti.
Casotti lleva meses tejiendo una estrategia para instalar el tema en la agenda del gobierno. El evento de Reporte Inmobiliario en la UCA fue el momento elegido para salir a la luz. El 27 de abril pasado, en un auditorio de la facultad ubicada en Puerto Madero, el Ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, terminó de exponer ante desarrolladores e inmobiliarios cuando, desde el público, Casotti tomó el micrófono y realizó la única pregunta del evento, incómoda, pero que muchos esperaban.
Casotti no es un dirigente corporativo ni un referente político conocido. Es fundador de Pint, una startup proptech que opera en el mercado de intermediación inmobiliaria en varias ciudades. En sus redes sociales se distingue, sin decirlo, como un libertario radical. En una publicación de Instagram mostró una reunión personal con Alberto Benegas Lynch, figura de referencia para Javier Milei y los libertarios.
De esas entrañas provienen las ideas de Casotti. Pero no todo es idealismo. La pregunta en el evento de Reporte Inmobiliario no fue precisamente espontánea. Según pudo saber este medio, Casotti tenía perfectamente coordinada la situación para volver a poner el tema en la agenda.
El intercambio funcionó como el disparador público de algo que el gobierno ya tenía en carpeta: Sturzenegger confirmó que en junio enviará al Congreso un paquete de desregulación inmobiliaria con el objetivo de reducir costos en las operaciones de compraventa y ampliar la competencia en el sector.
Casotti no viene del riñón del sector inmobiliario tradicional. Pero desde principios de 2025 se volvió una voz disruptiva en la industria. Llegó a ser considerado para ocupar el rol de director de innovación de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) cuando la entidad era presidida por Iván Ginevra, de estrecha relación con el libertario, e importante empresario inmobiliario de Puerto Madero. Casotti no pudo nunca asumir su cargo porque la comisión directiva de la CIA lo despachó rápidamente. Luego también lo hizo con Ginevra, que dejó el cargo por haberlo propuesto.
La tesis central de Amoreo Casotti es que el corretaje inmobiliario debe entenderse como un servicio de intermediación comercial y no como una profesión científica. En esa línea, propone abrir el mercado para que más personas puedan ofrecer servicios. La propuesta incluye la posibilidad de habilitar certificaciones en competencia, que otorguen validación para operar dentro del mercado.
La tesis central de Amoreo Casotti es que el corretaje inmobiliario debe entenderse como un servicio de intermediación comercial y no como una profesión científica. En esa línea, propone abrir el mercado para que más personas puedan ofrecer servicios. La propuesta incluye la posibilidad de habilitar certificaciones en competencia, que otorguen validación para operar dentro del mercado.
Los cambios apuntan a un esquema más flexible, con la figura del corredor independiente, la eliminación de restricciones territoriales y la posibilidad de acordar comisiones libremente. Según informó El Cronista, hoy la intermediación puede representar más del 6% del valor de una operación, a lo que se suman gastos administrativos, tasas y procesos burocráticos.
Jorge Amoreo Casotti.
La reacción del sector tradicional ahora está saliendo con los tapones de punta. Referentes históricos y varios presidentes de colegios inmobiliarios salieron a cuestionar la iniciativa. Advierten que una eventual baja en los costos transaccionales podría traer aparejada mayor informalidad y una caída en la calidad del servicio.
La reacción del sector tradicional ahora está saliendo con los tapones de punta. Referentes históricos y varios presidentes de colegios inmobiliarios salieron a cuestionar la iniciativa. Advierten que una eventual baja en los costos transaccionales podría traer aparejada mayor informalidad y una caída en la calidad del servicio.
En un reciente video de Youtube, titulado «La verdad sobre el plan del gobierno para destruir la industria», dos históricos referentes del sector apuntan principalmente contra Casotti. Se trata de Alberto Loyarte, de Semana Inmobiliaria, y Alejandro Braña, de Braña Propiedades. No solo apuntan a Casotti, también señalan a Daimán Tabakman, reconocido consultor inmobiliario, José Rozados, fundador de Reporte Inmobiliario, y al célebre influencer Beltrán Briones como parte de una conspiración digitada por el propio gobierno.
Otro dato no menor se dio el mes pasado en la cena de la Fundación Libertad. El cónclave que reunió a las máximas figuras libertarias también contó con la presencia del empresario inmobiliario detrás de la desregulación. Según fuentes que asistieron al evento, se pudo ver a Casotti hablando junto a Sturzenegger cuando finalizaba el encuentro, lo que da sobradas muestras de la cercanía entre el Ministro y el CEO de Pint.
Hay también un antecedente jurídico que los críticos esgrimen: el decreto 2484 de 1991, impulsado durante la gestión de Domingo Cavallo, planteó una desregulación comparable y terminó declarado inconstitucional por la Corte Suprema, dado que las provincias poseen la facultad de ejercer el poder de policía sobre las profesiones y de delegar ese control en los colegios profesionales.
Lo que distingue a Casotti del perfil típico del lobbista sectorial es su exposición pública y su disposición al conflicto directo. Mientras las críticas al sistema colegiado circulaban históricamente en conversaciones privadas, él decidió convertirlas en ofensiva abierta. «Esto va a ser muy combatido y vamos a necesitar voces que lo defiendan, no solo desde lo técnico sino también desde lo moral», comentó en El Cronista.
El gobierno, por su parte, ya tomó posición. Sturzenegger cuestionó abiertamente el rol de los colegios profesionales y afirmó «que un Colegio Profesional ponga un precio mínimo es una aberración social». Aunque aclaró que el problema no es la existencia de estas entidades, sino su carácter coactivo, y el uso de regulaciones para fijar condiciones que no responden al mercado.
Con el proyecto camino al Congreso y el sector dividido, Casotti pasó de ser un nombre que circulaba en foros especializados de la innovación a convertirse en el rostro civil de una de las reformas más polémicas de las últimas décadas, y que el oficialismo tiene en agenda para el segundo semestre.
En una Feria del Libro atravesada por debates políticos, económicos y culturales, Axel Kicillof presentó su nuevo libro De Smith a Keynes y aprovechó el escenario para lanzar una durísima crítica contra el programa económico de Milei. El gobernador bonaerense reivindicó el pensamiento keynesiano, defendió el rol del Estado y cuestionó el ajuste libertario ante una sala colmada de militantes, economistas, estudiantes y lectores.
Por Celina Fraticiangi para NLI
La presentación se realizó en el marco de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, donde Kicillof expuso sobre su obra “De Smith a Keynes. Siete lecciones de historia del pensamiento económico”, una reedición y actualización de su trabajo académico sobre las distintas escuelas económicas y el enfrentamiento histórico entre las ideas del libre mercado absoluto y las teorías que defienden la intervención estatal.
Un libro contra el “pensamiento único”
El texto, editado por Siglo XXI Editores, propone un recorrido histórico que va desde Adam Smith hasta John Maynard Keynes, revisando las principales corrientes del pensamiento económico y cuestionando la idea de que existe una única verdad económica válida.
Según la descripción editorial, el libro busca recuperar “la diversidad de puntos de vista” frente al predominio del neoliberalismo y plantea que la economía debe estudiarse ligada a los conflictos sociales, políticos e históricos de cada época.
Kicillof explicó que el trabajo surge de años de docencia universitaria y de investigación académica, especialmente en la Universidad de Buenos Aires y otras casas de estudio. El gobernador sostuvo que la enseñanza económica dominante “congela” las teorías y oculta las disputas ideológicas que atraviesan a la disciplina.
La crítica directa al modelo libertario
Pero la presentación dejó rápidamente de ser una simple charla académica. Kicillof vinculó las ideas de Keynes con la situación actual de la Argentina y apuntó directamente contra Milei y su programa económico.
“Si Keynes viera lo que está pasando hoy en la Argentina, se vuelve a morir”, lanzó el mandatario bonaerense durante su exposición en La Rural, despertando aplausos y cánticos del público presente.
El gobernador cuestionó el desmantelamiento del Estado, el ajuste sobre jubilados y trabajadores y la caída del consumo, y afirmó que el Gobierno nacional está aplicando “un experimento que no tiene pies ni cabeza”. Según sostuvo, las recetas ultraliberales ya demostraron históricamente sus consecuencias recesivas y destructivas.
Kicillof también rechazó el discurso oficial sobre el llamado “riesgo kuka” y aseguró que la falta de inversión no responde al temor empresarial frente al peronismo sino al “desastre” económico actual. “Acá lo que se necesita es cuidar el trabajo, el salario, a los jubilados y garantizar educación y salud”, remarcó durante el acto.
La economía como disputa política
La escena tuvo además un fuerte contenido simbólico. Mientras Milei convirtió su propia presentación editorial de 2024 en un show político-musical en el Luna Park, Kicillof eligió la Feria del Libro para reivindicar la discusión teórica y el debate económico desde una perspectiva académica y política.
No es casual. Desde hace años, Kicillof construye parte de su identidad pública alrededor de la economía heterodoxa y de la recuperación de autores como Keynes y Marx frente a las doctrinas neoliberales. Su nuevo libro aparece justamente en un contexto donde el ajuste libertario vuelve a poner en discusión el papel del Estado, el mercado y la distribución del ingreso.
En un país donde la economía dejó hace rato de ser un debate técnico para convertirse en una pelea cotidiana por el salario, el empleo y la supervivencia, la presentación de De Smith a Keynes terminó funcionando menos como un lanzamiento editorial y más como una intervención política en plena crisis argentina.
Tras semanas de tensiones, el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques decidió liberar el pliego de Tomás Rodríguez Ponte como candidato a ocupar el estratégico juzgado federal número dos de Lomas de Zamora.
El tema se volvió un factor de negociación entre Mahiques y el juez federal Ariel Lijo, que aceleró de manera coincidente la investigación contra Manuel Adorni como represalia a la decisión de no incluir este pliego en el lote de los 77 enviados al Senado para su análisis y eventual aprobación.
LPO adelantó en exclusivo que la historia tiene su costado personal. Mahiques y Ponte trabajaran durante años en el juzgado de Lijo. Pero el preferido del juez federal es Ponte, a quien promovió en acuerdo con Ricardo Lorenzetti como responsable de la Dajudeco, la dirección que se encargaba de las escuchas telefónicas.
El juzgado al que iría Ponte está actualmente a cargo del juez Federico Villena, que lo subrroga. Según el fallo d ela Corte en el caso Bruglia-Bertuzzi, una vez que se ocupa la vacancia el juez debe regresar a su destino original, en este caso el juzgado federal de Morón.
Ponte es un funcionario judicial de carrera, respetado por sus colegas, que lo califican de «serio», una categoría que no abunda en los tribunales federales de Comodoro Py. Además de Lijo, empujan su pliego los jueces María Servini de Cubría y Marcelo Martínez de Giorgi.
LPO adelantó en exclusivo que la historia tiene su costado personal. Mahiques y Ponte trabajaran durante años en el juzgado de Lijo. Pero el preferido del juez federal es Ponte, a quien promovió en acuerdo con Ricardo Lorenzetti como responsable de la Dajudeco, la dirección que se encargaba de las escuchas telefónicas
Mahiques y Lijo también compiten por la procuración General de la Nación, una disputa que se tramita desinhibidamente y está cruzada por la desesperación de Karina Milei por frenar las causas de corrupción contra el gobierno.
El actual ministro de Justicia habría prometido a la hermana del Presidente resolver sus problemas judiciales, en la estafa $Libra y las coimas de la Andis, y a cambio lo nombrarían primero ministro y después procurador.
Sin embargo, a partir de un encuentro secreto de Lijo con Karina, se habría resuelto el envío de entre 30 y 40 pliegos (llegando a un total de 150) para esta semana que incluiría a Ponte y también estarán los que reclaman los gobernadores.
LPO adelantó la rebelión encabezada por el correntino Carlos «Camau» Espínola, el misionero Martín Goerling Lara, el bonaerense Maximiliano Abad, la salteña Flavia Royón y la santafesina Carolina Losada por la demora que terminó con Patricia Bullrich apurando al ministro de Justicia.
Ahora eso se acelerará y el gobierno mandará dos pliegos de Tucumán, uno de Catamarca, uno de Salta y el que reclamó el marplatense Maximiliano Abad.
La provincia de Buenos Aires a cargo de Axel Kicillof y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires liderada por Jorge Macri no sólo «compiten» en términos fiscales, turísticos y políticos, sino que también lo hacen en el ámbito de las inversiones: ambas gestiones emitieron bonos en dólares que hoy se pueden operar a través del mercado de capitales.
Actualmente, PBA cuenta con cuatro bonos (BB37D, BA37D, BA7DD y BB7DD) con vencimiento en septiembre de 2037 que pagan cupón de forma semestral y ofrecen una tasa interna de retorno (TIR) de alrededor del 12% en dólares.
Por su parte, CABA acaba de cerrar una de las emisiones internacionales más exitosas del año: colocó deuda por USD 500 millones con vencimiento en 2036 a una tasa de aproximadamente el 7,4%.
Ante la situación, los inversores se preguntan qué deuda elegir, dado que la alternativa provincial brinda un retorno mucho mayor, pero la opción porteña se considera mucho más segura por la situación financiera de la ciudad.
«Las provincias en general vienen mostrando un deterioro marcado en sus cuentas: pasaron de superávit a déficit el año pasado, con fuerte suba del gasto, y este año arrancaron con caída importante de recursos automáticos, tanto que varias tuvieron que pedir adelantos de coparticipación a Nación. PBA está dentro de ese universo provincial. CABA, en cambio, mantuvo cuentas más ordenadas, con menor dependencia de transferencias nacionales, base tributaria propia robusta y no necesitó asistencia», comentó Justina Gedikian, estratega de bonos en Cohen Aliados Financieros.
Para un perfil conservador, para quien quiera dolarizarse durmiendo quizás más tranquilo, los títulos de CABA son la elección sensata. Un perfil más agresivo puede ir por PBA donde las tasas están por encima de los soberanos y los de ciudad. Un 12% de TIR es un premio muy interesante.
«CABA presenta ventajas concretas. Su historial de pago es sólido, comparable al de otras provincias con reputación crediticia probada como Córdoba, Neuquén y Chubut. PBA, en cambio, acumula antecedentes más complejos. A eso se suma un factor que el mercado pondera cada vez más abiertamente: la variable política. Hoy, CABA y PBA están gobernadas por fuerzas de signo opuesto, con discursos muy distintos frente al mercado de capitales. Cuando un gobernador muestra poca afinidad con los acreedores o señales negativas hacia la deuda, el mercado responde con castigo en precios. Es decir, exige tasas más altas para compensar ese riesgo percibido», sostuvo Pedro Moreyra, director de Guardian Capital.
Por este motivo, los especialistas del mercado consideran que la elección entre los bonos de CABA y los de PBA dependerá, como suele suceder en este tipo de cuestiones, del perfil de riesgo del inversor.
«Para un perfil conservador, para quien quiera dolarizarse durmiendo quizás más tranquilo, los títulos de CABA son la elección sensata, priorizando previsibilidad por sobre rendimiento», concluyó el operador y asesor financiero independiente Germán Marin. «Un perfil más agresivo puede ir por PBA donde las tasas están por encima de los soberanos y los de ciudad. Un 12% de TIR es un premio muy interesante, asumiendo el riesgo de crédito provincial», añadió.
En esta línea, Gedikian coincidió en que «CABA es la elección natural dentro del universo subsoberano argentino» para inversores conservadores. Moreyra, por su parte, agregó que «PBA conviene para un perfil más arriesgado que apueste a normalización de cuentas o respaldo de Nación».
