Sociedad

 El gobierno de Maximiliano Pullaro avanzó con la licitación del nuevo sistema integrado de salud laboral para los trabajadores estatales, dicho de manera fácil, el mecanismo para controlar presentismo, resúmen en los gremios. El dato curioso es que solo hubo un solo interesado en el pliego para un negocio de mil millones de pesos.

Según el acta oficial, a la que accedió LPO, únicamente cotizó SML Consultores Médicos, una firma vinculada a la aseguradora Experta, que de esta manera quedó en posición de quedarse con un contrato millonario para gestionar el control médico y el ausentismo en toda la administración pública provincial.

El dato no es menor. En el mercado de la medicina laboral y los riesgos del trabajo operan al menos unas quince empresas con capacidad técnica para prestar el servicio. Sin embargo, ninguna de ellas se presentó. Ni siquiera Colonia Suiza, una de las compañías líderes que trabaja con ART y grandes empleadores.

[Pullaro crea una «ART» para combatir el ausentismo, que en los estatales provinciales duplica la media internacional]

En el sector no dudan en vincular esa ausencia masiva con las condiciones del pliego. «Es imposible cumplir con lo que piden con ese presupuesto», explicó a LPO un operador con años en el negocio de los seguros.

La licitación contempla la cobertura integral de la salud laboral de toda la administración pública provincial, incluyendo docentes, policías, empleados administrativos, pasantes y becarios.

Pero además, según deslizan fuentes del sector, exige una presencia territorial extrema de agentes sanitarios: piden capacidad de respuesta en cada punto de la provincia donde haya un trabajador estatal, o sea, en todos lados, señaló una fuente al tanto del pliego que habló con LPO.

 La provincia tiene docentes y policías en todo el territorio. Para cumplir el pliego tenés que tener cobertura real en cada lugar. Eso no se arma con mil doscientos millones. O saben que no van a ser tan exigente en el monitoreo o se van a dar la cabeza contra la pared.

Eso implica, en la práctica, montar una red de prestadores médicos que cubra no solo las grandes ciudades sino también pueblos y localidades pequeñas, donde la presencia de profesionales es más escasa y los costos operativos se disparan.

«La provincia tiene docentes y policías en todo el territorio. Para cumplir el pliego tenés que tener cobertura real en cada lugar. Eso no se arma con mil doscientos millones», resumieron y agregaron «o saben que no van a ser tan exigente en el monitoreo o se van a dar la cabeza contra la pared».

Julián Galdeano, secretario de Vinculación Institucional

Las estimaciones de las empresas médicas locales ubican el costo razonable del servicio por encima de los 2.500 millones de pesos, más del doble del monto que trascendió como referencia oficial. Incluso algunas ofertas habrían superado ampliamente ese número, lo que refuerza la idea de un desfasaje entre las exigencias técnicas y el presupuesto previsto.

En el negocio de la salud señalan al radical Julián Galdeano como el que encargado de armar la licitación. «En definitiva hizo su trabajo» ironizó un empresario de la ciudad de Santa Fe. Galdeano es el secretario de Vinculación Institucional de la provincia.

Los ganadores eran accionistas de la aseguradora La Caja y se hicieron del control pleno en 2015 tras la salida de Generali que fue rebautizada como Experta. En ese movimiento también reordenaron su sociedad con los D’Onofrio en La Estrella Seguros de Retiro, una caja histórica del sistema previsional.

Desde entonces, ambos grupos manejan un entramado que combina seguros laborales, ART, servicios médicos y de retiros ocupando una porción importante del mercado. De esa manera, debajo de Experta armaron una estructura propia de medicina laboral.

La sociedad madre es SML y la ART es SML Consultores Médicos, dedicada a servicios de salud ocupacional y control de ausentismo. Es decir, el mismo grupo que asegura a los trabajadores también interviene en el monitoreo de su presentismo, cerrando un circuito completo de negocio.

Ahí es donde aparece la licitación santafesina: SML Consultores Médicos no es una firma aislada sino una pieza de ese engranaje. El contrato para controlar el presentismo estatal termina así en manos de un holding que integra seguros, salud y gestión laboral asociado a los D’Onofrio, socios con Werthein en los negocios.

Ahora en Santa Fe, el resultado es una licitación formalmente abierta pero sin competencia real, en un servicio clave para la gestión de los recursos humanos del Estado. Un esquema que en los gremios estatales miran con desconfianza y temen que el sistema se convierta en una ART que no tenga como objetivo primario velar por la salud laboral. 

 La multinacional Bahco decidió bajar las persianas de su planta en Santo Tomé y dejar de fabricar en el país, en otro golpe al entramado industrial que afecta a Santa Fe. La empresa reconvertirá la fábrica en un centro logístico y comercial, mientras los productos comenzarán a llegar desde el exterior.

El cierre dejará a unos 40 trabajadores en la calle y pone fin de una actividad productiva histórica en la provincia. La decisión fue comunicada por su controlante, SNA Europe, que confirmó la «discontinuidad de la actividad industrial» y el pase a un esquema basado en importaciones y distribución.

En los hechos, Bahco deja de producir herramientas en Argentina para venderlas importadas, principalmente desde Asia, en línea con un fenómeno que se repite en distintos sectores: fábricas que se apagan y depósitos que crecen.

[En Santa Fe cerraron 2.341 empresas en los últimos dos años por las importaciones]

En la empresa señalaron que producir en Argentina puede costar hasta tres veces más que traer el mismo producto desde China, una brecha que se volvió imposible de sostener con la apertura comercial y la caída del mercado interno.

En diciembre pasado la empresa organizó en la planta de Santo Tomé una feria de herramientas

El caso Bahco no es aislado. En Santa Fe, industriales y comerciantes vienen alertando del «industricidio» que combina apertura de importaciones, derrumbe del consumo y falta de financiamiento. En ese contexto, el cierre de plantas y la pérdida de empleo empezaron a multiplicarse.

Según datos que manejan en el sector empresario, en los últimos dos años cerraron miles de empresas en la provincia y crece la preocupación por lo que describen como un «festival de importaciones», donde los productos extranjeros desplazan a la producción local sin que haya condiciones para competir.

 En Santa Fe, industriales y comerciantes vienen alertando del «industricidio» que combina apertura de importaciones, derrumbe del consumo y falta de financiamiento. 

El problema que tienen muchas empresas que en los últimos meses cerraron las fábricas para importar productos terminados de China es que tampoco venden lo que invierten por la feroz recesión.

A nivel nacional, el panorama es igual de sombrío: más de 21.900 empresas bajaron la persiana en los últimos dos años, en medio de la apertura importadora y el ajuste económico. La industria manufacturera es uno de los sectores más golpeados por el modelo, con caída de actividad, pérdida de empleo y plantas que reducen turnos o directamente cierran.

[Industriales y comerciantes de Santa Fe cuestionaron el modelo de Milei y alertan por cierre de fábricas y despidos]

En ese marco, el cierre de Bahco marca una tendencia demoledora para la industria nacional: una economía que deja de producir para pasar a importar, convertir la fábrica en depósito y los operarios calificados al vendedor.

En Santa Fe, donde la industria es uno de los motores históricos de empleo, la señal es especialmente preocupante. Empresarios locales advierten que si no cambia el rumbo, el caso Bahco puede ser apenas el primero de una lista mucho más larga.

Los gobernadores tomaron con bronca el monto irrisorio de los fondos que el gobierno de Javier Milei giró a las provincias en concepto de ATN en marzo.

La Nación envió 47 mil millones de pesos en marzo a los gobernadores aliados, una suma que los gobernadores tachan de mínima: «No cubre ni el 6% de lo que perdimos», se quejan en el entorno de uno de los mandatarios.

La semana pasada, la Rosada giró 8 mil millones a Corrientes, 7 mil millones a Mendoza 6 mil millones a Entre Ríos, como las más «beneficiadas». Hubo casos como el de Jujuy Neuquén que sólo recibieron 2000 millones. Las provincias gobernadas por opositores a Milei directamente no recibieron nada.

«No es guita, las provincias este trimestre están entre 35 y 70 mil millones abajo promedio entre las chicas, medianas y grandes», dijeron a LPO allegados a uno de los gobernadores menos perjudicados por el recorte de fondos.

Entre enero y febrero, las provincias acumulan una pérdida de 838 mil millones de pesos en términos reales respecto a lo que cobraron de coparticipación federal en relación al mismo período de 2025. Todas las provincias sufrieron una variación real negativa con un promedio del 6,9% entre los 24 distritos. Las más perjudicadas fueron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que perdió un 8,1% respecto de enero y febrero de 2025, seguida por Córdoba, con le 7,8% y Santa Fe, con el 7,7%.

La provincia de Buenos Aires perdió un 5,9%, pero en términos nominales el monto es de 161 mil millones, casi el cuádruple del total que transfirió la Nación en ATN en marzo a la mitad de las provincias.

LPO explicó que las provincias arrastran fuertes mermas en sus ingresos tanto por la recesión, como por la caída de la recaudación, que en febrero cayó 9,5% y les hizo perder 500 mil millones en un mes. Pero en especial, las provincias sufren el corte ilegal de fondos que hizo el gobierno en concepto de educación, seguridad y la retención del impuesto a los combustibles. La Nación debe coparticipar por ley ese impuesto o dedicarlo a la construcción de rutas. No hace ni una cosa ni la otra.

 Distintas tribus del peronismo santafesino saldrán este miércoles a cuestionar abiertamente la conducción del PJ, en una rebelión interna contra el senador Armando Traferri y el sector de Agustín Rossi, a quienes acusan de haber copado los órganos partidarios.

El reclamo se suma al grito que puso la semana pasada el perottismo que hizo una presentación formal a través de Juan Manuel Pusineri, el representante del ex gobernador ante el partido, donde denunció la parálisis institucional y exigió mecanismos de participación reales.

«Sin apertura y participación no hay unidad», advirtió Pusineri en ese documento dirigido a la conducción en el que reclamó la convocatoria urgente a los órganos partidarios, la designación de apoderados que reflejen el peso de cada sector y la conformación de una mesa política con legitimidad real.

 Sin apertura y participación no hay unidad advirtió Pusineri 

Según explicó el dirigente a LPO, el escenario actual replica el del año pasado: ya transcurrieron casi tres meses de 2026 sin ninguna convocatoria formal del partido, pese a que se había prometido una reunión después de diciembre. «Nadie forma parte de una unidad que no resuelve nada», resumió.

El malestar se amplificó y ahora confluyen en el mismo reclamo sectores de La Cámpora, el Movimiento Evita, el Instituto Patria, intendentes y otros espacios como el del senador Marcelo Lewandowski que ya hizo una presentación en términos parecidos a los de Perotti.

Los sectores del peronismo cuestionan la falta de representatividad en la conducción. El punto más sensible es la negativa a revisar la estructura de apoderados, que son quienes terminan definiendo la estrategia electoral y el armado de frentes.

En La Cámpora, incluso, hablan de una sobrerrepresentación del bloque de senadores y del sector de Rossi dentro del partido. «Hay más representantes de senadores que senadores», ironizaron, en referencia a la presencia de Traferri, Pirola, Rodenas y otros dirigentes en los órganos partidarios cuando el peronismo tiene apenas cuatro bancas en la Cámara alta provincial.

La tensión interna también expone la fractura dentro del propio kirchnerismo. Marcos Cleri, que durante años fue el principal referente camporista en Santa Fe, hoy ya no responde a la conducción de Máximo Kirchner y en el PJ lo ubican dentro del esquema de Rossi. Su respaldo a Traferri, a quien llegó a comparar con Cristina Kirchner en una reunión virtual diciendo que era una perseguido político, terminó de detonar el malestar en los sectores más duros.

Marcelo Lewandowski

En paralelo, crecen las críticas a la estrategia electoral del PJ. La conducción que avaló la lista encabezada por Caren Tepp obtuvo apenas el 28% de los votos y perforó el piso histórico del peronismo, incluso en Rosario, donde el espacio venía de un triunfo en el Concejo con Juan Monteverde. «Para Ciudad Futura fue un éxito, pero para el peronismo fue una catástrofe», resumió una fuente partidaria.

 En el peronismo advierten que en Santa Fe se configura un escenario de tercios, con un gobierno provincial desgastado y un electorado que se disputa con La Libertad Avanza.

En el peronismo advierten que en Santa Fe se configura un escenario de tercios, con un gobierno provincial desgastado y un electorado que se disputa con La Libertad Avanza. «El PJ puede ser muy competitivo, pero necesita abrirse y construir unidad real», planteó Pusineri.

Desde la conducción del partido, sin embargo, bajan el tono y relativizan la movida. «Veremos qué presentan», dijeron a LPO, y dejaron abierta la duda sobre si los distintos sectores lograrán unificar el reclamo o repetirán la fragmentación que ya mostró el perottismo la semana pasada: «Vamos a responder si vale la pena», deslizaron con ironía.

Flybondi abrió un plan de retiro voluntario para sus 1500 empleados. Leonardo Scatturice había prometido una inversión de 1700 millones de dólares para ampliar la flota hace tres meses.

Scatturice había comprado Flybondi en junio de 2025, cuando los récords de impuntualidad y cancelaciones ya habían catapultado a la compañía entre las peores aerolíneas del mundo.

En diciembre, Flybondi había anunciado una inversión de 1700 millones de dólares para comprar 35 aviones a Boeing y Airbus. Buscaban consolidar «la mayor expansión de flota de los últimos años tanto en Argentina como en Paraguay, y una de las más relevantes en América Latina».

La escasa cantidad de aviones y sus falencias técnicas hizo que la reprogramación y cancelación de vuelos fueran una constante en Flybondi. Nada cambió con la llegada de COC Global Enterprise, el fondo de Scatturice.

Vinculan a Sturzenegger con el desembarco de Scatturice en Gimnasia, que ahora le hace un guiño a las SAD

Vinculado a Santiago Caputo, Scatturice es uno de los empresarios más cercanos a la gestión libertaria, con millonarios contratos entre sus empresas y el gobierno y con una importante red de contactos en EEUU.

Uno de sus socios es Barry Bennett, exasesor de Donald Trump. Junto a otros aliados del think tank trumpista CPAC, fundó la consultora Tactic Global, desde donde se convirtió en uno de los hombres clave en la versión argentina de esta organización ultraconservadora. A pesar de ello, Scatturice no logró obtener la green card y por eso no puede salir de EEUU.

La aerolínea emblema del macrismo atraviesa un momento complejo. Solo uno de cada cinco vuelos programados llega a destino. Pocos días atrás, el gobierno de Río Negro le aplicó una multa de 228 millones de pesos por incumplimientos.

La empresa le ofreció a sus trabajadores medio salario además de la indemnización correspondiente y seis meses de cobertura de medicina prepaga, además de cuatro pasajes sin cargo.

Flybondi tiene un sindicato propio y desde su fundación evitó plegarse a las medidas lanzadas por la CGT.

La fuerte reestructuración tendría como fin evitar el cierre y en el mundo aeronáutico se instaló la versión de que la empresa podría mudar su operación a Paraguay.