Sociedad

  • Los bancos temen que Caputo aplique otro apretón monetario en 2027 y resisten bajar las tasas

     

    El Gobierno quiere que las tasas bajen para que el crédito vuelva a mover la rueda de la economía. Pero los bancos no parecen dispuestos a acompañar esa hoja de ruta al ritmo que espera el equipo económico. La explicación que dan en las entidades es simple: nadie puede garantizar que el año que viene vuelva la volatilidad por las elecciones y el Ministerio de Economía suba abruptamente las tasas, dejándolos descalzados.

    El factor político es el que más ruido mete, en voz baja. «Entre contener el dólar, la inflación y las tasas, van a priorizar las dos primeras variables. Y yo no puedo prestar a 36 meses con la tasa de hoy, sabiendo que después se mandan una como el desarme de las Lefis y te disparan la tasa al 150%. Te funden», dijo a LPO una fuente de una importante entidad bancaria.

    La frase resume el cortocircuito. Caputo necesita que los bancos bajen la tasa para que el plan muestre actividad. Los bancos necesitan que el Gobierno les garantice que no habrá otro volantazo monetario. En el medio quedan las familias endeudadas y los ahorristas con tasas negativas. 

    El problema no es menor para Luis Caputo. Si las tasas no aflojan, el consumo queda corto de nafta. También se frena el crédito personal, se enfría la venta de bienes durables y se achica el margen para mostrar recuperación en la calle. El Gobierno necesita que el sistema financiero funcione como motor. Pero los bancos van con pie de plomo.

    El dato duro muestra la brecha. La tasa promedio para préstamos personales se ubica en 71,27% nominal anual, según el promedio que publica el Banco Central. Pero ese número es apenas la puerta de entrada. El costo final depende del perfil crediticio, de si el cliente cobra el sueldo en la entidad y de los cargos asociados. Por eso el número que realmente importa es el Costo Financiero Total, que suma impuestos, comisiones, seguros y gastos administrativos.

    La fuerte suba del empleo en EEUU calienta las tasas y complica el plan de Caputo de volver al mercado

    En el Banco Nación, por ejemplo, los préstamos personales para quienes adhieren al paquete de servicios tienen una tasa fija del 74% nominal anual y un CFT efectivo anual de 171,76%. Para la cartera general, sin paquete o sin relación salarial más favorable, la tasa sube al 91% nominal anual. 

    En Banco Provincia, las líneas para empleados de la administración pública rondan el 79% nominal anual, con un CFT efectivo anual de 114,92%. 

    En los privados, la foto es más áspera: líneas tradicionales de consumo de BBVA o Galicia para clientes preaprobados online pueden ubicarse en torno al 129% nominal anual, con un costo efectivo anual de 240,51%. 

    Entre contener el dólar, la inflación y las tasas, van a priorizar las dos primeras variables. Y yo no puedo prestar a 36 meses con la tasa de hoy, sabiendo que después se mandan una como el desarme de las Lefis y te disparan la tasa al 150%. Te funden. 

    La diferencia entre tasa y costo total no es un detalle técnico. Es el corazón del asunto. La TNA marca el interés puro que cobra el banco. La TEA muestra cuánto pesa ese interés cuando se capitaliza durante el año. El CFT es el número completo: incluye IVA sobre intereses, gastos, comisiones y seguros. Es decir, lo que sale del bolsillo. La letra chica, en este caso, no es tan chica.

    Del otro lado del mostrador, los bancos pagan bastante menos por quedarse con los pesos de los ahorristas. Entre las diez entidades con mayor volumen de depósitos, Banco Provincia ofrece 19,5% nominal anual para plazos fijos; Nación, 19%; BBVA, 18,75%; Macro, 18%; ICBC y Credicoop, 17,5%; Ciudad, 17%; Galicia, 16,25%; Patagonia, 16%; y Santander, 15%. La distancia entre lo que pagan por captar fondos y lo que cobran por prestarlos ronda los 50 puntos porcentuales en términos nominales.

    Esa brecha luce desproporcionada frente a una inflación que el mercado proyecta en 30,5% interanual para diciembre, según el REM del Banco Central. Los plazos fijos pagan tasas reales negativas si se los compara con una inflación mensual que se mueve en torno al 2% o 2,3%. Los préstamos personales, en cambio, viajan varios pisos por encima de los precios esperados. 

    En las entidades aseguran que el principal componente de esa diferencia es el riesgo de incobrabilidad. El argumento es que cuando aumenta la mora, el banco cubre la posible pérdida encareciendo la tasa para quienes sí cumplen. Esta en el ADN del sistema financiero: socializa el riesgo dentro de la propia cartera y lo transforma en precio.

    El último Informe sobre Bancos del BCRA confirma que el problema viene creciendo. En marzo, el ratio de irregularidad del crédito al sector privado ascendió al 7% para el conjunto de entidades. Fue 0,3 puntos más que en febrero y 5 puntos más que un año atrás. Pero el promedio general disimula la fractura: la mora de las familias llegó al 11,5%, mientras que la de las empresas alcanzó el 3,1%.

    La diferencia es clave. Las empresas todavía muestran un comportamiento de pago mucho más sólido. Los hogares, en cambio, aparecen como el eslabón débil de la cadena. El deterioro de los ingresos, el uso del crédito para llegar a fin de mes y el arrastre de cuotas caras hicieron subir la irregularidad familiar al nivel más alto en dos décadas. El BCRA marcó que la suba en hogares estuvo impulsada sobre todo por préstamos personales.

    Cuando la mora se mide en personas y no sólo en pesos, el cuadro se vuelve más incómodo. Un relevamiento de Analytica, elaborado sobre datos oficiales del BCRA y del INDEC, estimó que 5,3 millones de personas se encuentran en mora tardía dentro del sistema financiero ampliado. Eso equivale al 26,9% de quienes tienen algún tipo de financiamiento activo. Uno de cada cuatro deudores no logra pagar a tiempo.

    Desde los bancos remarcan que la morosidad no está bajando. Al contrario, dicen que acumula más de 16 meses consecutivos de suba. En las mesas de riesgo hay una frase que se repite: no se puede prestar a largo plazo con tasas de corto plazo si la macro todavía no despejó la niebla.

    Un relevamiento de Analytica, elaborado sobre datos oficiales del BCRA y del INDEC, estimó que 5,3 millones de personas se encuentran en mora tardía dentro del sistema financiero ampliado. Eso equivale al 26,9% de quienes tienen algún tipo de financiamiento activo. Uno de cada cuatro deudores no logra pagar a tiempo.

    Pero la mora no explica todo. Las entidades también apuntan a las regulaciones y a los encajes del Banco Central. Los bancos no pueden prestar todo el dinero que reciben de los depositantes. Deben mantener una parte inmovilizada como garantía de liquidez. Ese dinero queda congelado y no genera ganancias comerciales directas. Según la lectura bancaria, ese costo se compensa en los créditos que sí salen a la calle.

    A eso se suma la falta de escala. El mercado de crédito formal argentino es chico en relación con el PBI. Hay pocos tomadores de largo plazo, poca profundidad financiera y una historia de crisis que dejó cicatrices. En ese ecosistema, cada préstamo carga con más costos operativos, más estructura y más margen unitario. 

    También pesan los impuestos y el costo de fondeo. Los bancos mencionan salarios indexados, gastos administrativos, Ingresos Brutos, el impuesto a los débitos y créditos y cargos asociados a cada operación. Además, el bajo atractivo de los plazos fijos tradicionales obliga a cuidar la liquidez con cuentas a la vista. Esa dinámica encarece el fondeo y vuelve más difícil trasladar al crédito una baja fuerte de tasas.

     

  • La inflación de mayo fue del 2,1% y se desaceleró por segundo mes

     

    La inflación de mayo desaceleró al 2,1% y marcó el registro más bajo desde septiembre de 2025. El Gobierno leyó el dato como una confirmación de su estrategia económica. Pero detrás del promedio que publica el Indec, los rubros que pesan más en la vida cotidiana siguieron corriendo por arriba del índice general.

    Alimentos y bebidas no alcohólicas subió 2,5% en el mes. Según el Indec, el aumento estuvo explicado sobre todo por el salto de las verduras, con fuertes incrementos en distintas regiones del país. Es decir, la baja del índice general convivió con subas más fuertes en el gasto básico de las familias.

    La Canasta Básica Alimentaria, que marca la línea de indigencia, aumentó 2,4%, también por encima del IPC. La Canasta Básica Total, que define el umbral de pobreza, avanzó 2%. Con esos valores, una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $1.498.741 para no caer bajo la línea de pobreza.

    El mayor aumento de mayo se registró en Comunicación, con una suba de 3,4%. Allí impactaron los ajustes en telefonía celular, internet y televisión por cable. Luego aparecieron Educación, con 2,9%; Salud, con 2,6%; y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, también con 2,6%.

    En el AMBA, las boletas de electricidad y gas para los hogares sin subsidio aumentaron 5,6% y 5,1%, respectivamente. Esos ajustes forman parte de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional para avanzar en la desregulación energética.

    En Salud, la suba respondió al incremento de las cuotas de medicina prepaga y a nuevas remarcaciones en medicamentos. En Vivienda, el golpe vino por los servicios públicos, con aumentos en electricidad, gas y agua.

    Son rubros cada vez más relevantes dentro del presupuesto familiar. Además, tienen una particularidad: no se pueden recortar con facilidad. Una familia puede postergar una compra, pero no puede dejar de pagar la luz, el gas, el transporte, el alquiler, la prepaga o el colegio.

    Por eso, más que mirar sólo el promedio de precios del Indec, la variable central para medir el impacto social del programa económico es el salario disponible. Es decir, cuánto dinero le queda efectivamente a un trabajador después de pagar los gastos fijos e inevitables.

    Ese ingreso disponible acumuló una caída promedio del 12% durante la gestión de Javier Milei. A diferencia del salario real general, este indicador mide el ingreso neto que queda luego de cubrir tarifas de servicios públicos, alquileres, transporte, medicina prepaga y educación.

    El deterioro se explica por varios factores. El primero es la quita de subsidios, que trasladó a los hogares una parte mayor del costo de la luz, el gas, el agua y el transporte. Esos aumentos neutralizaron buena parte de las recomposiciones salariales obtenidas en paritarias.

    Otro factor es el peso creciente de la canasta de servicios. Los gastos de mantenimiento del hogar y los servicios esenciales ya absorben cerca de un cuarto de un sueldo promedio en Argentina.

    La desaceleración de la inflación general, entonces, no alcanza para mejorar el ingreso disponible. Mientras el IPC muestra una baja, los precios regulados, las tarifas y los combustibles siguen avanzando por encima de los salarios corrientes. Ahí aparece la distancia entre el dato que celebra el Gobierno y la plata que queda en el bolsillo.

     

  • Corren al hombre de Juez del Tribunal de Cuentas de Córdoba, imputado por el desfalco del Pami

     

     «Siempre hizo la de él. Nunca se jugó por nadie, por eso varios lo estaban esperando». Esta frase se desprende de una persona que conoce hace años a Marcos Carasso, el expresidente de la UCR cordobesa y que, en el 2023, fue compañero de la fórmula provincial que encabezó Luis Juez.

    Hoy, tanto en el radicalismo como en el juecismo se revolean con el exintendente de General Cabrera. Porque, para muchos radicales, Carasso dejó esa condición cuando se enroló en la tropa del Frente Cívico y fue parte del juecismo en el Tribunal de Cuentas que desde diciembre del 2023 controla la gente del senador.

    Y en el juecismo algunos remarcan que Carasso llegó a la candidatura de vicegobernador porque «fue una decisión del radicalismo» en aquel momento.

    No obstante, esta semana el peronismo buscó el impacto para tratar de salir del caso Agostina, y a partir de la imputación que se conoció de Carasso en la causa en la que se investiga la sobrefacturación de Pami buscó incomodar a la alianza opositora. Tema que amagó con hacer escala en el recinto de la Legislatura provincial en la sesión de ayer y después se desactivó: todo se concentró en el femicidio de la adolescente de 14 años.

    De cualquier modo, en la reunión de labor parlamentaria hubo furia y gritos. Porque así como el oficialismo empujó la discusión por la situación del radical; la exintegrante del bloque PRO, Karina Bruno, amarilla de Villa María que integra una banca unipersonal y responde de manera directa al titular de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, quiso que se discuta el apartamiento de Carasso del cargo de director del Tribunal de Cuentas.

    Lo que desató la ira de juecistas y radicales. Más precisamente de los jefes de bloques, Matías Gvozdenovich (UCR) y Walter Nostrala (juecista) que cruzaron a la mujer. «La sacudieron porque le remarcaron que si no hubiera sido por la lista que encabezaron Juez y Carasso ella no era legisladora, no estaría en esa banca», dijo una persona que fue testigo del hecho.

    La imputación en contra de Carasso es por tráfico pasivo de influencias, cargo que llevó a Juez a tildar de «pelotudo» al fiscal que interviene en la causa en un streaming esta mañana en Alfil.

    Hay radicales que quisieron tomar contacto con Carasso y que rápidamente les recordaron que el celular del expresidente de la UCR estaba en manos de la Justicia. Situación que los hizo rápidamente guardar el celular y archivar los chats.

    El caso del radical y la presunta defraudación a la obra social nacional por 1.400 millones de pesos forma parte de la agenda política, pero no penetra en la conversación pública por ahora. El PJ decidió postergar la discusión sobre su rol en el Tribunal de Cuentas para las próximas sesiones en la Unicameral. Aunque en la oposición creen que eso se desactivará. 

     

  • La oposición en la Legislatura logró el quórum para una sesión sobre IOMA pero no pudo aprobar ningún proyecto

     

    La oposición en la Legislatura bonaerense consiguió el quórum para iniciar la sesión especial y discutir proyectos vinculados a la crisis que atraviesa IOMA. Sin embargo, no pudo contar con los votos para aprobar ninguna iniciativa.

    Sabiendo que la oposición llegaría al quórum, el peronismo opto por sentarse en las bancas apenas arrancó la sesión y con eso bloqueó la posibilidad de que los bloques opositores lleguen a los dos tercios para aprobar proyectos.

    Tras el debate frustrado, los bloques opositores lanzaron fuertes críticas hacia el oficialismo y en particular hacia Axel Kicillof.

    Dichiara tuvo que bajar la sesión porque la oposición tenía los votos para tratar la crisis del IOMA

    El jefe de los diputados del PRO, Alejandro Rabinovich, dijo que «un afiliado activo de IOMA pone el 4,8% de su sueldo y otro tanto el empleador y no está recibiendo prestaciones».

    «El gobernador, o los que hablan por él, dicen que acá hay un problema que es de toda Argentina (en referencia a las críticas de Kicillof al recorte de fondos nacionales) y es siempre tirar la pelota afuera», agregó.

    En tanto, el radical Diego Garciarena (UCR) abrió una conferencia de prensa improvisada en el hall de acceso a la cámara de Diputados tras el fracaso en el tratamiento de los proyectos. «Acabamos de terminar una cesión rápida, acelerada, donde quedó clara una cosa: Kicillof no quiere hablar de IOMA. Mientras nosotros estamos acá, una persona que no escucha sigue sin audífonos, un enfermo de cáncer sigue sin medicación, una persona internada está esperando la prótesis y otra está esperando para internarse y no puede hacerlo», dijo Diego Garciarena (UCR) al salir del recinto.

    Un afiliado activo de IOMA pone el 4,8% de su sueldo y otro tanto el empleador y no está recibiendo prestaciones. Pero el gobernador, o los que hablan por él, dicen que acá hay un problema que es de toda Argentina.

    «Esta Cámara no quiso debatir el tema que tiene centralidad política para más de 2.200.000 afiliados», dijo Alejandra Lorden (UCR) y apuntó al presidente de IOMA, Homero Giles. «El IOMA está peor que hace un año y medio que vino Giles aquí. Por eso queremos hablar de un tema que es central para la salud de los bonaerenses», dijo.

    Andrés De Leo (Coalición Cívica) apuntó al problema que está generando el IOMA en los hospitales municipales. Según explicó, junto con PAMI, la mayoría de las prestaciones son internaciones y operaciones de IOMA. Y son los municipios quienes se están haciendo cargo de esos costos.

    La oposición en la provincia tiene los votos para armar una sesión sobre la crisis de IOMA

    En tanto, desde La Libertad Avanza, Juan Osaba dijo que «con este tipo de maniobras queda en claro que ni a Kicillof ni a los diputados kirchnerismo le importan los problemas que sufren los afiliados de IOMA. Le dan la espalda a temas de salud pública que son tan importante como el pago a médicos y proveedores».

    En principio, la sesión estaba pautada para el lunes, pero el peronismo decidió pasarla al jueves especulando con la posibilidad de que la oposición no logre juntar los votos para iniciar la sesión especial.

    Durante semanas, los legisladores de Fuerza Patria buscaron que el Homero Giles vaya a la Legislatura a exponer sobre la crisis que atraviesa la obra social del Estado bonaerense. Esa era la única carta que tenía el oficialismo para bajar la sesión especial pedida por la oposición.

    La crisis en el IOMA recrudeció en los últimos meses. Los descuentos de los afiliados pasaron de 13.000 pesos en 2023 a 100.000 por estos días. Pero, además, tienen que abonar encima de cada consulta con un profesional médico.

    El organismo no tiene fondos para costear la atención de los afiliados. Uno de los puntos que cuestiona la oposición es que los aportes van a Rentas Generales y desde ahí sólo una parte va a la obra social. Por eso, algunos de los proyectos que se incluyeron en el pedido de sesión especial piden la autarquía del IOMA.

     

  • Estupor en el gobierno con Adorni: «Ahora no cierra ni el blanco ni el groncho»

     

    En el gobierno quedaron paralizados por el harakiri de Manuel Adorni y creen que se enterró tras declarar que tiene medio millón de dólares sin declarar conseguidos en una inesperada carrera de trader de bitcoins.

    LPO anticipó en exclusiva que en el gobierno sabían que el blanco de Adorni no cerraba en una suma de entre 300 y 400 mil dólares. Por eso estaba hace tres meses a la búsqueda de una creatividad contable para tapar ese agujero.

    «Ahora no cierra ni el blanco ni el groncho», reconocieron a LPO altas fuentes de Casa Rosada. El impacto de la revelación de Adorni fue brutal: en el gobierno compartieron durante todo el día el tuit del propio Adorni con fecha de 2021, cuando festejaba que había conseguido un paté sabor provenzal tras hacerle un reclamo por salchichas Swift en mal estado. Así como la foto demoledora del jefe de Gabinete en un precario asado, justo cuando supuestamente invertía cientos de miles de dólares en Bitcoin.

    Ningún ministro bancó a Adorni y a Patricia le sugirieron que no comiera la torta que le llevó por su cumple 

    El contraste de aquel Adorni con el Adorni millonario en bitcoins fue demasiado para las espadas libertarias, que en muchos casos decidieron ni siquiera opinar sobre el tema. «No hablamos de Adorni», dijo a LPO una libertaria que hasta un par de semanas se mostraba con Adorni.

    Se hizo todo mal, debió presentar la declaración jurada y no decir nada, que la investiguen y chau. Ahora no cierra ni el banco ni el groncho.

    «Se hizo todo mal, debió presentar la declaración jurada y no decir nada, que la investiguen y chau», dijo a LPO un funcionario, que admitió que lo que incineró a Adorni fue la entrevista con la que creyó que iba a dar el tema por saldado. El dato que tienen en la Rosada es que el fiscal Gerardo Pollicita, que instruye en la causa de enriquecimiento ilícito, está «recaliente».

    Adorni les dijo el miércoles a los Milei y a los Menem que ya tenía resuelta la declaración jurada y que saldría a poner el cuerpo en una entrevista acolchonada en La Nación+. Los Milei le dieron el ok, incluso con la promesa de que lo saldrían a bancar después de la emisión.

    Pero Adorni no les dijo que saldría con tamaña explicación, que entró a la historia como una de las inmolaciones más rocambolescas emitidas en vivo por un político argentino.

    La reacción fue la esperada. Milei tuiteó a reglamento y, lejos de la habitual locuacidad que manifiesta por medio de sus falanges retuiteadoras, sólo compartió un posteo de Santiago Oría. El cineasta de pulso fluctuante dio el tema por saldado en la noche del miércoles, apagó el teléfono y ni siquiera esperó la repercusión bestial que tuvieron las declaraciones del jefe de gabinete, acusado de «ladrón», «delincuente», «medio pelo» y «laucha» incluso por algunos de los periodistas que tratan al gobierno de manera indulgente.

    Baby recordó la vida de Adorni cuando «invertía» una fortuna en Bitcoin: «Eras un laucha sin una moneda»

    Ningún ministro salió a bancar al jefe de gabinete. «Ni bajo tortura», dijo un ministro a LPO. Por el contrario, Patricia Bullrich aprovechó para patearlo en el suelo y los aliados del PRO amenazan con interpelarlo.

    El caso Adorni, que le hizo perder a Milei ya unos diez puntos de imagen positiva de acuerdo a algunos sondeos, ya tiene consecuencias sobre la economía. Como explicó LPO, en el palacio de Hacienda están furiosos con el pésimo timming del ex vocero. Adorni difundió su declaración jurada justo cuando el Gobierno intenta mostrar otra película ante Wall Street. S&P subió la nota soberana de Argentina a B- y el ansiado egreso a los mercados voluntarios de deuda está un paso más cerca.

    La mancha venenosa que representa Adorni, que para el gobierno ya se convirtió en una avispa atrapada dentro de un casco, impacta además en el funcionamiento del Congreso.

    Con su adhesión al régimen simplificado de Ganancias, Adorni generó un efecto cascada, con un torrente mucho mayor a la que se hizo construir en su casa del country Indio Cuá. Decenas de funcionarios y hasta periodistas fueron escrachados por adherirse al régimen, una situación que no tiene impacto judicial sobre ellos pero sí daña la confianza en el plan económico.

    La decisión del jefe de Gabinete de sumarse al olvido fiscal arrastró al barro a Federico Sturzenegger, que se acogió al mismo beneficio y activó una caza de brujas que pone en riesgo el éxito de la norma, una apuesta central de Toto Caputo para que salgan los dólares del colchón y se mueva un poco la economía.

    La mancha venenosa que representa Adorni, que para el gobierno ya se convirtió en una avispa atrapada dentro de un casco, impacta además en el funcionamiento del Congreso. LPO explicó que los aliados de la Rosada advierten que no podrán sacar ninguna ley mientras el contador de la UADE continúe en el cargo.

     

  • El hermano de Adorni volvió a corregir su declaración jurada y ahora dice que tiene menos

     

    Francisco Adorni, el hermano de Manuel, volvió a rectificar su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción. Los nuevos cambios en su patrimonio se presentaron el 8 de junio.

    El diputado provincial había presentado el 19 de mayo una primera rectificación que modificaba la presentación que había realizado a principios de año, al dejar su cargo en el Ministerio de Defensa.

    En esta nueva presentación, Adorni argumenta una menor valuación del 50% de su casa en City Bell. En la documentación anterior afirmaba que el valor fiscal de la propiedad era de 67.500.000 y ahora afirma que es de 52.600.000.

    El hermano de Adorni cambió su declaración jurada y pide a la Legislatura una cochera para que no lo vean entrar

    Además, agregó cinco cajas de ahorro en las que tiene repartido poco más de 2 millones de pesos. Antes sólo había declarado dinero en efectivo.

    Adorni es investigado por el fiscal Guillermo Marijuan por presunto enriquecimiento ilícito tras una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano.

    El fiscal requirió información bancaria, impositiva y patrimonial del funcionario, y al Banco de la Provincia de Buenos Aires, específicamente, datos sobre un crédito.

    En su presentación anterior ante la Oficina Anticorrupción, Adorni declaró una cancelación del crédito hipotecario por un monto de 60.000.000. Esa cancelación se hizo en menos de un año. Esa inconsistencia motivó que el fiscal decidiera imputarlo.

    «No fue una error, fue una omisión que ya fue subsanada. Es algo que le pasa a cualquier ciudadano», dijo el abogado Marcelo Peña, contratado por Adorni, a TN. Además dijo que la cuestión administrativa ya fue subsanada.