Martín Menem sufrió hasta último momento para conseguir el quórum que le permitiera abrir la sesión de este miércoles, que tiene el doble objetivo de recortar subsidios a las tarifas de gas que pagan los hogares de las zonas frías y evitar, al mismo tiempo, que la oposición logre avanzar con un proyecto de interpelación a Manuel Adorni.
Cuando quedaban 8 minutos para que deje de sonar la chicharra, se terminaron sentando los tucumanos del bloque Independencia, que responden a Osvaldo Jaldo, y los salteños y los misioneros de Innovación Federal, la bancada de Gustavo Sáenz y Carlos Rovira.
También los sanjuaninos de Marcelo Orrego fueron fundamentales para que el oficialismo arañara los 129 diputados necesarios para iniciar el debate.
En la previa, fuentes parlamentarias admitieron que la Casa Rosada «canjeaba subsidios por zonas cálidas para recortar los subsidios a las zonas frías». Aunque parezca un despropósito, la jugada surtió efecto: el salteño Berbardo Biella se sentó a su banca con sus colegas de bloque, pese a que minutos antes de ingresar al recinto dijo que «Salta es más fría que Mendoza» y adelantó su voto en contra de la ley.
Por eso, todavía es una incógnita si los libertarios tendrán los votos para aprobar la media sanción del proyecto. En efecto, a la resistencia de los legisladores de Sáenz a votar por la afirmativa se suma la sorpresa de los catamarqueños de Raúl Jalil, que no dieron quórum. Toda una novedad que podría graficar la magnitud del malestar de los gobernadores con Javier Milei.
En efecto, LPO informó que Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro llamaban a votar contra la ley. De hecho, la única diputada de Provincias Unidas que dio quórum fue la radical jujeña María Inés Zigarán, que responde al gobernador Carlos Sadir. Los cordobeses, los santafecinos, los pichettistas, los radicales de Martín Lousteau y Pablo Juliano y los socialistas entraron al recinto después que su colega jujeña garantizó el quórum para el arranque.
La Casa Rosada canjeó subsidios por zonas cálidas para recortar los subsidios a las zonas frías, dicen en los pasillos de Diputados
La forma en que los libertarios consiguieron el apoyo de los aliados para dar comienzo al debate gatilló una respuesta intensa de los opositores, que se sucedieron en el uso de la palabra para estirar el tiempo y que llegue el horario de la sesión convocada para tratar la interpelación contra Adorni. El peronista Germán Martínez pidió de movida un cuarto intermedio para darle curso al debate del temario que promovía la oposición a partir de las 11 pero Menem, Nicolás Mayoraz y Silvana Giudici resistían la iniciativa.
Aunque Javier Milei intentó dar por cerrado el caso Rufus que sacude la interna libertaria, desde el sector de Santiago Caputo salieron a desmentir al presidente y dicen que Martín Menem y Santiago Oría le mintieron.
El encargado de la respuesta de Las Fuerzas del Cielo al presidente fue El Gordo Dan, mano derecha del asesor. «Estoy convencido de que no es algo fabricado, estoy convencido de que la cuenta pertenecía a Martín Menem. De hecho, lo tengo totalmente asegurado, no tengo dudas», afirmó Dan en su programa en Carajo. «Creo que le mintieron al presidente», dijo sobre Menem y Oría.
Poco antes, Milei había salido a defender a Menem y dijo que la cuenta Periodista Rufus «fue algo que le han plantado» y estaba «prefabricado» Para justificar la teoría de la «operación», Milei dijo que vio «un video que armó Oría que explica lo que le hicieron a Martín Menem».
El Gordo Dan le recordó al presidente que el riojano había dado otra explicación que se contradice con lo que dijo. «Vuelven a cambiar la versión, hay un nuevo cambio de versión con respecto a lo que ya había dicho el propio Martín Menem de que se trataba de una equivocación de un CM suyo. Ahora están diciendo que es una operación implantada, lo cual creo que no tiene conexión con esa previa versión», señaló.
«A mí me parece que sería muy sano que si Santiago Oría tiene este video, lo publique. Creo que sería sano para todos. Si ese video se publica y tiene algún argumento convincente, me comprometo a pedir disculpas públicas», planteó El Gordo Dan, que cerró: «no se puede tomar a la gente pelotuda».
El palo a Oría no es casual: como reveló LPO, Karina Milei siempre lo quiso como estratega digital del gobierno en lugar de Caputo.
Luego, por X, Dan publicó un video para ratificar que la cuenta Rufus era del presidente de la Cámara de Diputados. «El link fue compartido inexorablemente desde la cuenta de Martín Menem. No quedan dudas: NO FUE PLANTADO. No le mientan NUNCA MÁS al presidente», tuiteó.
Finalmente Wayback Machine cargó el tuit ORIGINAL de «Rufus» con el link que efectivamente redirige a la cuenta oficial de Martín Menem. El link fue compartido inexorablemente desde la cuenta de Martín Menem. No quedan dudas: NO FUE PLANTADO. No le mientan NUNCA MÁS al presidente https://t.co/wXctJmkhBmpic.twitter.com/B5U8dp0VwF
El respaldo de Milei a Menem golpeó a Las Fuerzas del Cielo, adonde como contó LPO eligieron destacar que el presidente llamó «hermano» a Santiago Caputo. Algunos no fueron tan positivos y en grupos privados lamentaron: «Nos echaron de la plaza».
El propio Caputo eligió el silencio y mandó un mensaje sugestivo: «Winter is coming».
La convulsión social escala en Bolivia. Van tres semanas seguidas de protesta social. Se movilizan fabriles, mineros asalariados, choferes, magisterio y sectores campesinos. El gobierno, aunque mediáticamente se muestra predispuesto al diálogo, en los hechos difunde narrativas que amenazan con endurecer la represión. La Paz y El Alto están prácticamente cercadas. Según los reportes de la Administradora Boliviana de Carreteras, hay bloqueos activos en La Paz, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz, principalmente impulsados por organizaciones campesinas y la Central Obrera Boliviana. Todos los sectores tienen demandas diferentes pero coinciden en una: piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz, que lleva apenas seis meses en el poder. Es el mandatario de las nuevas derechas latinoamericanas que más rápido perdió legitimidad, y enfrenta un levantamiento popular cuyas causas hay que entender en las primeras medidas de gobierno, en su débil estructura política y en las características emancipatorias de los movimientos populares bolivianos.
La fragilidad del gobierno desde su origen
Hay que ir al momento de las elecciones. Paz no tenía probabilidades reales de acceder a la presidencia, pero jugó un inesperado as bajo la manga: sumar como candidato a la vicepresidencia a Edman Lara: excapitán de la Policía e influencer, se hizo conocido en 2023 por sus videos en TikTok denunciando corrupción en las fuerzas de seguridad. Es una figura mediática y viral que coquetea con las discursividades de mano dura de Nayib Bukele (el partido político que intentó fundar antes llevaba el mismo nombre que el del salvadoreño) y maneja una retórica “anticasta”, similar a la que impulsó en sus inicios Javier Milei en Argentina. Esta alianza capturó un voto popular que, de otra forma, Rodrigo Paz jamás habría obtenido. Pero Lara es torpe e inexperto en el campo de la política tradicional, una figura incómoda para cogobernar.
El presidente profundizó esta fractura con medidas muy concretas para neutralizar a su vice: dictó el Decreto Supremo 5515 que lo habilitó a gobernar de forma digital desde el extranjero, impidiendo que Lara asuma el mando temporal cuando Paz se ausenta del país. También le quitó presupuesto a la Vicepresidencia. Estas tensiones demuestran la fragilidad institucional que desencadenan los «taxipartidos»: siglas desgastadas, cáscaras vacías que se alquilan —como el Partido Demócrata Cristiano (PDC) que usó Paz— para postular a candidatos sin estructura política ni territorial.
Las “traiciones” de Paz
Una vez en el poder, Rodrigo Paz tomó una serie de medidas drásticas y antipopulares que desembocaron en su rapidísima pérdida de legitimidad. Aunque las clases populares aceptaron con resiliencia la quita de las subvenciones a los combustibles, que implicó un rápido encarecimiento del costo de vida, el gobierno comenzó a importar gasolina de pésima calidad con gestiones opacas, que dañaron miles de vehículos de trabajo sin que existieran resarcimientos efectivos. Después, impulsó ante el Legislativo la eliminación del Impuesto a las Grandes Fortunas y empezó a gobernar abiertamente a favor de las élites. Le dio la espalda a sus votantes y se alió con los grupos empresariales, e incluso con sectores de la política que lo acusaron de fraude —como Samuel Doria Medina, el multimillonario que perdió en primera vuelta pero terminó encajando varios hombres de su confianza al actual gabinete. El ministro más poderoso del Gobierno de Rodrigo Paz, José Luis Lupo, fue el candidato a vicepresidente de Doria Medina.
En las últimas semanas, acorralado por los conflictos, Paz pactó una alianza con algunos actores del cooperativismo minero, uno de los grupos económicos más poderosos, ricos y violentos en el escenario político boliviano. Un sector denunciado por sus dinámicas extractivistas, depredadoras y explotadoras. Mediante el Decreto Supremo 5618, Paz eliminó las fiscalizaciones y deudas coactivas que dos cooperativas auríferas mantenían con la Caja Nacional de Salud desde 2016, dejando un grave hueco financiero en la seguridad social de corto plazo, que podría afectar a buena parte de la fuerza laboral boliviana.
Pero, poco antes, fue la Ley 1720 de Conversión de Pequeñas Propiedades Agrarias la que activó las primeras movilizaciones. Por Constitución, la pequeña propiedad es inembargable en Bolivia; la nueva ley pretendía convertirlas en medianas, forzándolas a ser usadas como activos financieros. Este proyecto responde a una histórica demanda de los sectores agroindustriales: fue reintroducido en el Legislativo por el senador Branko Marinkovic, político y empresario cruceño que se atribuye la propiedad de más de 33 mil hectáreas en su departamento.
Otro punto de quiebre simbólico se dio al nombrar como viceministro de Seguridad Ciudadana al excomandante policial Rodolfo Montero, investigado y detenido preventivamente por su rol en la cadena de mando durante las masacres de Sacaba y Senkata de 2019 —que después del golpe de Jeanine Añez dejaron al menos 20 muertos y cientos de heridos, según el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH— algo que el pueblo leyó como una bofetada y una traición abierta al transitorio apoyo popular que tuvo Rodrigo Paz.
La narrativa del gobierno y sus limitaciones
Rodrigo Paz se planteó durante la campaña como una alternativa al MAS, pero también a los políticos de derecha. Cuando llegó al poder le dio la espalda al pueblo que lo llevó a la presidencia y optó por gobernar de la mano con los que estaban en contra de su candidatura. Ahora el gobierno apuesta a una narrativa donde Evo Morales, el MAS y el narcotráfico estarían detrás de las movilizaciones.
Pero lo cierto es que esto es un intento de deslegitimar una protesta masiva asociándola a grupos vinculados a figuras que han perdido legitimidad y están políticamente debilitadas. Uno de ellos es Evo Morales. El expresidente lleva meses atrincherado en el Chapare. Hace pocos días salió un mandamiento de aprehensión, lo declararon en rebeldía por el caso de trata y tráfico que tiene detrás. Sigue siendo un personaje público y gravitante, pero el suyo no es de los sectores protagónicos de las protestas contra el Gobierno de Paz. En realidad, la palestra que le ofrece el Gobierno es funcional al debilitamiento y la estigmatización de la revuelta popular y permite que las narrativas de estigmatización sean mucho más fácilmente digeribles: muchas personas se resisten a apoyar los bloqueos porque se los tilda de masistas, erróneamente.
Pero las protestas responden a una dinámica abigarrada, de múltiples protagonistas y no pueden atribuirse únicamente al evismo. Esa es, precisamente, una de las narrativas más porfiadas y obtusas de la derecha boliviana en los últimos años: no entender la complejidad del entramado social al que se enfrentan.
La tradición boliviana de negociar en la calle
El historiador Eric Hobsbawm desarrolló el concepto de «negociación colectiva mediante la revuelta”, una categoría sumamente pertinente para analizar el caso boliviano. Frente a un Estado que históricamente no escucha a los sectores populares, y ante un gobierno que llega al poder gracias al voto del pueblo para luego gobernar con los grupos de poder económico, se impone la idea de que la única vía posible para negociar es la presión en las calles.
Esto ya ocurrió durante el mandato de Evo Morales, aunque con otros actores y en otro escenario, luego de que el gobierno desconociera los resultados negativos del referéndum de 2016.
En Bolivia, la calle se erige como el espacio principal de negociación política, sustentada en una larga y consolidada tradición de articulación social, barrial y comunitaria en diversas regiones del país. Actualmente, el pedido de renuncia de Rodrigo Paz es la única demanda que ha logrado aglutinar a los diferentes sectores, aunque sin un horizonte concreto ni liderazgos visibles para el día después.
Aunque es poco probable que la renuncia se concrete (el canciller Fernando Aramayo fue tajante al descartarla), esta presión social si podría obligar a una profunda reestructuración estratégica del gobierno y una recomposición de su gabinete, cuando menos.
Las protestas representan una fuerte advertencia: en Bolivia no se puede gobernar dándole la espalda al pueblo. Por eso la insurrección popular no fue neutralizada y continúa expandiéndose. Y esta expansión también podría ser un llamado de reorganización del descontento social a nivel regional, poniendo la negociación colectiva a través de la revuelta como contrapeso al autoritarismo militarista de derecha.
Horas antes de la marcha en defensa de la Salud Pública, Axel Kicillof reunió en La Plata a más de 60 intendentes de la provincia y trazó un duro diagnóstico de la situación sanitaria. El gobernador calificó a las políticas de Javier Milei como «criminales» y habló de una «catástrofe sanitaria que era absolutamente evitable».
«No es una cuestión opinable o de apreciación: en muy poco tiempo, el ajuste y la eliminación de programas generaron un aumento sin precedentes en la mortalidad infantil», dijo.
El gobernador explicó que debido a la crisis económica, la pérdida de empleos y la desregulación de la medicina prepaga, más de 742 mil personas perdieron su cobertura. Esto, explicó, sobrecargó el sistema público provincial y municipal.
«Mientras alertamos y señalamos al responsable, no nos quedamos de brazos cruzados: junto a los intendentes estamos una vez más haciéndonos cargo de la situación y brindando todas las respuestas que están a nuestro alcance», dijo Kicillof. Pareció una respuesta al planteó que hizo el lunes Mario Ishii a través de un proyecto de ley presentado en la Legislatura.
En la apertura del acto, Kreplak hizo un desarrollo de la situación con cifras y datos. Precisó que como consecuencias del ajuste nacional, aumentaron 35% las internaciones en hospitales públicos, se dispararon las internaciones por causas prevenibles como la influencia y neumonías -60%- diabetes -40%- y cardíacas, 37%. Las obras sociales, señaló, reducen sus coberturas por lo que también sube la cantidad de afiliados que terminan por pedir medicamentos en hospitales.
El ministro repasó una variedad de programas que están siendo recortados e hizo especial énfasis en el Remediar, que entregada medicamentos a 8 mil centros asistenciales. Y apuntó a las consecuencias: amento de las internaciones evitables, de la mortalidad infantil (+6,25%) y la materna (+37%); suba del 71% de los casos de sífilis. Dijo que la saturación hospitalaria es grande -especialmente en las guardias- y que 20 millones de personas tiene la salud en riesgo.
«Vamos a seguir haciendo un esfuerzo inmenso para sostener programas como ‘Medicamentos Bonaerenses’, intentando sustituir en la medida de nuestras posibilidades a un Estado nacional que cortó totalmente el envío de remedios a las provincias», concluyó Kicillof. «Nuestro compromiso se ve en la gestión y en las calles: mañana la Provincia de Buenos Aires estará presente en la marcha federal que se convocó para defender el derecho a la salud», anunció.
La crisis del Pami se expande en las prestaciones odontológicas, que permanecen suspendidas desde lunes y hasta el miércoles a raíz de un paro de los profesionales del sector que denuncian una retribución insostenible y deudas que se arrastran de 2025.
«Las autoridades del PAMI deberán responder ante los pacientes por la situación de abandono que han provocado», señalaron en un comunicado desde la Asociación de Profesionales Appamia, que apuntaron directamente contra la conducción del organismo, a cargo de Esteban Leguizamo.
Los odontólogos denunciaron una interrupción en la cadena de pagos de las retribuciones por capitación desde febrero, además de demoras en la devolución de montos por prótesis brindadas a afiliados, sumas que habían sido adelantadas por los profesionales desde diciembre de 2025.
Otro factor determinante del paro es el monto irrisorio que éstos profesionales cobran por cápita. «Los valores han quedado completamente desfasados: estamos cobrando $372 el valor cápita y así no podemos seguir sosteniendo la atención», dijo a Radio Provincia Fernanda Scoccia, secretaria de Appamia.
Frente a eso, advirtieron que el paro responde al «agotamiento y falta de respuesta coherente y viable» por parte de las autoridades de la obra social.
Los valores han quedado completamente desfasados: estamos cobrando $372 el valor cápita y así no podemos seguir sosteniendo la atención
Desde el año pasado, la ausencia de prestaciones provocaron una avalancha de demandas en la Justicia por parte de afiliados del Pami. Pero, ahora, el agravamiento de la situación empieza a desatar presentaciones judiciales de sanatorios que denuncian que los convenios con Pami los están fundiendo.
Por caso, días atrás la clínica Cemeda de Olavarría, que atiende 2.118 afiliados del Pami, interpuso un amparo contra el Pami a fin de que se ordene la designación de un nuevo prestador que asuma la cápita actualmente correspondiente a Cemeda.
Según consta en la presentación a la que tuvo acceso LPO, en Cemeda ya habían presentado en febrero último una carta a las autoridades del Pami en la que denunciaron que «las condiciones económicas del contrato jamás resultaron favorables para Cemeda, que debió continuar la prestación de los servicios bajo un valor de cápita absolutamente depreciado».
En el sanatorio acusaron que el valor de la cápita «en modo alguno acompañó el proceso inflacionario generalizado», lo que comprometió «seriamente la vialidad económica de la clínica».
En la clínica Cemeda de Olavarría alertan que la continuidad del contrato con Pami «podría conducir al quebranto de la institución y a la consecuente pérdida de puestos de trabajo de casi un centenar de empleados directos».
Y agregaron: «Los montos que el instituto abona por la cápita asignada y por las prestaciones moduladas resultan insuficientes para cubrir los honorarios de los médicos especialistas, quienes se niegan sistemáticamente a prestar servicios a los valores vigentes».
Así, alertó que la continuidad del contrato con Pami «podría conducir al quebranto de la institución y a la consecuente pérdida de puestos de trabajo de casi un centenar de empleados directos».
El impacto de la guerra en Medio Oriente empezó a impactar en la actividad agrícola a nivel mundial por la disparada internacional de los fertilizantes, en especial de la urea, como anticipó LPO. En Argentina, obligará a recortar en 500 mil hectáreas la próxima campaña de trigo y amenaza con una fuerte caída en los rindes, según alertó la Bolsa de Comercio de Rosario.
El informe de la entidad sostiene que, pese a que la Argentina atraviesa uno de los mejores escenarios hídricos de la última década para arrancar la siembra, los costos impactan en la producción: «Las reservas hídricas con las que arranca el ciclo es la gran carta a favor del trigo, pero tiene un enorme adversario: el precio actual de los fertilizantes nitrogenados», advirtió la BCR en un informe.
La urea ya cotiza cerca de los mil dólares por tonelada, niveles similares a los alcanzados en 2022 tras el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero ahora el problema es doble: el trigo vale mucho menos que en aquel momento y los productores ya no cuentan con el colchón financiero que tenían hace cuatro años.
Por eso, la Bolsa proyecta una caída interanual del 7% en la superficie sembrada, unas 500 mil hectáreas menos que la campaña pasada, luego de dos ciclos récord para el cereal.
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La situación pega especialmente en la región núcleo y el centro del país, donde el trigo depende de altos niveles de fertilización para sostener rindes elevados. Allí se esperan recortes importantes de área sembrada y una fuerte reducción en la aplicación de tecnología que impactan en la calidad de la producción.
En la región núcleo, por ejemplo, la caída proyectada es del 17%, equivalente a unas 300 mil hectáreas menos en Entre Ríos, Córdoba, Buenos Aires y La Pampa. En el sudeste bonaerense, uno de los grandes bastiones trigueros del país, estiman bajas cercanas al 20%.
En la región núcleo, por ejemplo, la caída proyectada es del 17%, equivalente a unas 300 mil hectáreas menos en Entre Ríos, Córdoba, Buenos Aires y La Pampa. En el sudeste bonaerense, uno de los grandes bastiones trigueros del país, estiman bajas cercanas al 20%.
La Bolsa advierte además que el ajuste no será solo en superficie sembrada sino también en productividad. Por el menor uso de fertilizantes, el rinde promedio nacional caería y la cosecha se ubicaría entre 18 y 19 millones de toneladas, más de 10 millones por debajo de la campaña récord anterior.
En ese contexto, fuentes de Federación Agraria dijeron a LPO que en el sector circulan versiones sobre posibles beneficios fiscales para la importación de urea y fertilizantes, aunque por ahora no hubo anuncios oficiales del gobierno nacional.
«Si existiera algún beneficio debería ser sustancioso para tentar a muchos productores que ya desestimaron la siembra fina, pero además tendría que garantizar disponibilidad del producto», señalaron desde la entidad. En el sector advierten que el problema no solamente es por el precio sino también el abastecimiento ante la incertidumbre internacional.
Si existiera algún beneficio debería ser sustancioso para tentar a muchos productores que ya desestimaron la siembra fina, pero además tendría que garantizar disponibilidad del producto
En Federación Agraria agregaron que el agro necesita además otras señales económicas para recuperar inversión. «No alcanza solamente con aliviar el costo de los fertilizantes. El sector de granos y oleaginosas necesita que siga la baja de retenciones, una reforma impositiva y acompañamiento crediticio para sostener la inversión», afirmaron.
Mientras tanto, en Europa los gobiernos ya empezaron a intervenir para evitar una rebelión de productores agropecuarios por el aumento de costos. El presidente español Pedro Sánchez anunció un paquete de 80 medidas que movilizará 5 mil millones de euros para amortiguar el impacto de la guerra sobre el aparato productivo.
«Situaciones extraordinarias exigen medidas extraordinarias», afirmó Sánchez al presentar el programa y agregó que «las guerras cuestan vidas, cuestan refugiados y además, en estos primeros meses, a los españoles nos va a costar 5 mil millones que podríamos destinar a becas o sanidad, pero vamos a tener que proteger a nuestro tejido productivo, el campo, la industria y las pequeñas y medianas empresas».
La preocupación de los gobiernos europeos se disparó este martes por las primeras protestas de ruralistas frente al Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia que se replicó en distintos países en protesta a la escalada de los costos que acelere la tensión inflacionaria.
Los gobiernos buscan evitar una escalada del conflicto con un sector que no se anda con chiquitas a la hora de hacerse oír. En los últimos años, las protestas de productores se multiplicaron en Francia, Alemania, Bélgica y España con cortes de rutas, bloqueos a puertos y tractorazos contra las políticas ambientales de Bruselas y el aumento de costos productivos.
La relación de los productores con la Unión Europea viene tensionada por el acuerdo con el Mercosur. Los agricultores aseguran que el tratado comercial los va a perjudicar por el ingreso de alimentos sudamericanos de menor costos y exigencias regulatorias.
Ahora, el panorama se complica por la suba de insumos y en consecuencia, los gobiernos europeos buscan contener al campo para evitar que la crisis termine de quebrar el vínculo político. En definitiva, un triunfo de los sectores más proteccionistas que se vienen imponiendo en la discusión pública.
