Sociedad

 

El gobierno de Javier Milei apura la entrega de nuevos permisos para expandir la pesca del calamar, actualmente la especie más rentable. Busca hacerlo en tiempo récord, lo que desató sospechas de actores del sector sobre la transparencia del proceso y el rechazo del gobierno de Axel Kicillof, que acusa discriminación.

En el Consejo Federal Pesquero (CFP) que integra con las provincias del litoral marítimo, Nación informó a mediados de mayo que estaba elaborando una propuesta para sumar nuevos buques poteros y expandir la explotación del calamar.

Dos semanas más tarde ya tenía listo el texto de 21 artículos y seis anexos. Ahí, se estableció un plazo exprés de 20 días hábiles para la presentación de proyectos para obtener alguno de los 18 nuevos permisos de explotación por hasta 30 años.

La celeridad fue tal que la resolución fue aprobada en votación directa en la misma sesión del CFP en la que se presentó. Eso, a pesar de no encontrarse en el orden del día previamente establecido.

 En el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas señalaron que el plazo exiguo que se determinó para presentar propuestas «solo determina que, no todas, sino algunas empresas que hayan tenido conocimiento de la medida implementada con anterioridad se encontrarán en condiciones de realizar la presentación». 

Pero la aprobación no fue por unanimidad. El representante de la provincia de Buenos Aires, Carlos Liberman, advirtió sobre la inexistencia de instancias previas de análisis del proyecto, alertó sobre el impacto que esa expansión podría tener el stock de calamar y denunció una situación de «gravedad inusitada».

Ahí, sostuvo que, en las condiciones que estableció Nación para la selección de propuestas, aquellos interesados que propongan descargar el calamar en la provincia de Buenos Aires tienen solo por esa razón un puntaje inferior al de aquellos que propongan hacer sus descargas en otro puerto del país.

Avanza en la Justicia una causa por la investigación de LPO sobre las coimas con las cuotas pesqueras

«Esta discriminación es injustificada, choca con la Ley Federal de Pesca, es arbitraria e inconstitucional», denunció Liberman, según consta en las actas de la sesión del CFP donde se debatió el proyecto.

En esa disparidad, el mayor perjuicio lo focalizan en Mar del Plata, donde este jueves el gremio Supa y la Federación de Cooperativas Portuarias presentaron una demanda contra la resolución que definieron como una «acción de gobierno que aparece deliberadamente en contra de los intereses marítimos de los marplatenses».

 El apuro por sacar los nuevos permisos fue tal que la resolución fue aprobada en votación directa en la misma sesión del CFP en la que se presentó. Eso, a pesar de no encontrarse en el orden del día previamente establecido. 

Más directo fue el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA), la entidad empresaria del sector más fuerte de Mar del Plata, que apuntó contra los tiempos acotados para presentarse por uno de los 18 permisos y reclamó modificar los plazos para llevarlo a un periodo no menor a los 180 días corridos.

«El exiguo plazo contenido en esta normativa viola el principio de concurrencia y hace pensar que la misma podría estar dirigida», dijo la gerenta del Cepa, María Fernanda Grimaldi, en una nota dirigida al subsecretario de Pesca nacional y titular de CFP, Juan Antonio López Cazorla a la que tuvo acceso LPO.

El subsecretario de Pesca y titular del Consejo Federal Pesquero, Juan López Cazorla.

Y agregó: «Dicho plazo solo determina que, no todas, sino algunas empresas que hayan tenido conocimiento de la medida implementada con anterioridad se encontrarán en condiciones de realizar la presentación, mientras que el resto no».

Algunas fuentes del sector consultadas por LPO ven el fantasma de lo sucedido hace dos años, cuando este medio dio cuenta de las versiones de coimas que sobrevolaron la cuotificación de la merluza hubbsi.

La versión de un pedido de coima de 15 millones de dólares a las pesqueras llega a la Embajada de Estados Unidos 

Ahora, en el entramado portuario hay quienes señalan que este proceso habilitará una mayor presencia de intereses chinos en la pesca nacional, reforzando lo que ya sucede con la pesca de calamar.

Un informe reciente del investigador especializado en pesca ilegal y conservación marina Milko Schvartzman reveló que, de los 84 barcos poteros (especializados en captura de calamar) que operan dentro de las 200 millas marinas de jurisdicción argentina, 53 (más de un 63% el total) están controlados por firmas de origen chino.

Se trata de empresas constituidas en el país, que operan con buques de bandera argentina -como todos los que pescan en la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA)- pero que tienen origen de capital chino.

En el sector que advierten que lo correcto hubiese sido medir en sendos informes científicos el impacto de esta medida sobre las cuatro poblaciones de calamar que pueden ser capturados en el mar argentino y no la nota de dos carillas del Inidep.

Para sumar 18 barcos a los 84 existentes, en Nación se ampararon en una nota de una página y media del Inidep, el Instituto de Desarrollo Pesquero que asesora en el uso racional de los recursos.

En esas dos carillas, el Inidep expuso que la flota potera nacional llegó a tener 150 buques, por lo que sumar hasta 20 más no implicaría un riesgo para el recurso.

Ese argumento fue tajantemente objetado por la Provincia de Buenos Aires, donde expusieron que los buques actuales tienen una capacidad promedio de 550 toneladas, mientras que los 18 que se sumarían pueden llegar a pescar hasta 900.

En Nación argumentaron que el calamar que no se pesca en la ZEEA es capturado por buques extranjeros en la milla 201. Pero en el gobierno bonaerense señalaron que las dos poblaciones de calamar que más se pescan, no salen de la ZEEA.

 Los buques poteros que hoy operan tienen una capacidad promedio de 550 toneladas, mientras que los 18 que se sumarían pueden llegar a contener hasta 900 tn. 

Hay actores del sector que advierten sobre el riesgo para el recurso y reclamaron que lo correcto hubiese sido medir en sendos informes científicos el impacto de esta medida sobre las cuatro poblaciones de calamar que pueden ser capturados por estos buques, y no la nota de dos carillas del Inidep.

Por eso, el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense a cargo de Javier Rodríguez interpuso un recurso de reconsideración ante el CFP que entró en la sesión de este jueves. El planteo fue girado para su análisis, pero en la Provincia no se hacen demasiadas expectativas y, de ser rechazado el planteo, analizan ir a la Justicia.

No queda mucho tiempo. El plazo establecido por el CFP para presentar propuestas vence en los primeros días de julio. «Quieren hacer todo antes de que termine el Mundial», dijo una fuente del sector que alertó que, de avanzar el otorgamiento de estos permisos, una mecánica similar tendrá la cuotificación del langostino.

 

 

 

Desde el Movimiento Evita rechazaron las críticas de Máximo Kirchner a Axel Kicillof. «Si Máximo quiere, que compita en las PASO», dijeron. Y consideraron que el acto para pedir por la libertad de Cristina «se transformó en una trinchera de división del peronismo».

Máximo Kirchner había apuntado contra Kicillof sin nombrarlo durante el acto en Parque Lezama. Allí habló de «los que hablan de unidad ni siquiera son capaces de ir a verla».

El Evita comenzó a alejarse de La Cámpora en medio del gobierno de Alberto Fernández y en varias elecciones locales jugó por afuera del peronismo. Desde hace meses apoyan a Kicillof como candidato.

El principal referente bonaerense de la agrupación que lidera Emilio Pérsico, reclamó la «unidad más grande posible» para el PJ. «Las candidaturas deben resolverse en las PASO. Si Máximo quiere, que compita en las PASO. Axel es nuestro candidato y está dispuesto a enfrentar a cualquiera en una interna», dijo Eduardo Ancona.

Violento cruce de Abal Medina y Tignanelli: «Sos un chupamedias de Máximo que no conoce nadie» 

La disputa entre los cristinistas y los kicillofistas tuvo varios capítulos en los últimos días. Comenzaron con declaraciones de la legisladora porteña Berenice Iáñez, continuaron con el discurso de Máximo en Parque Lezama y después se sumaron Carlos Bianco y Facundo Tignanelli.

El diputado bonaerense también se enfrentó con Juan Manuel Abal Medina y lo trató de vago. El ex jefe de Gabinete le respondió que era un «chupamedias de Máximo Kirchner».

Jonathan Thea, referente del Evita en la Ciudad, dijo que los ataques a Kicillof generan de una situación «rara y peligrosa» para el peronismo.

«Quien lo ataca públicamente termina siendo funcional para que Milei siga vendiendo la Argentina. Yo no veo una interna. Veo a un sector de nuestro propio espacio atacando a Kicillof, el candidato por lejos mejor posicionado para ganarle a Milei», dijo Thea.

 

 

El ala izquierda del Partido Demócrata gana terreno interno. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, arrasó el pasado martes, cuando los candidatos a la Cámara de Representantes respaldados por el alcalde socialista demócrata ganaron las tres primarias para el Congreso en las que se presentaban, desbancando en el proceso a dos demócratas en ejercicio.

Las victorias de los candidato de Mamdani fueron en el distrito 13 con Darializa Ávila Chevalier que derrotó al representante Adriano Espaillat, presidente del Caucus Hispano del Congreso, en una contienda que, al igual que las demás elecciones de Nueva York, se centró en gran medida en la relación de Estados Unidos con Israel.

La otra socialista demócrata, la asambleísta Claire Valdez, derrotó al presidente del distrito de Brooklyn, Antonio Reynoso, en la contienda para reemplazar a la representante saliente Nydia Velázquez en el 7º Distrito. Y en el décimo distrito, Brad Lander, aliado de Mamdani y excontralor de la ciudad, derrotó al representante Dan Goldman.

La demostración de fuerza de Mamdani acelera las disputas internas de cara a las elecciones de medio término donde los Demócratas apuntan a recuperar el control del Congreso y, sobre todo, a empezar instalar los perfiles de la carrera presidencial de 2028.

¿Cuáles son las propuestas del nuevo alcalde de Nueva York que genera temor en Wall Street?

Es que el desempeño electoral de los candidatos respaldados por los Democratic Socialists of America (DSA) en las primarias demócratas de esta semana no solo en Nueva York sino en Washington, Seattle a Los Ángeles empiezan a mostrar un contexto de auge para el ala radical como una opción competitiva a los liderazgos tradicionales como Kamala Harris o el gobernador de California Gavin Newson.  

Es que el desempeño electoral de los candidatos respaldados por los Democratic Socialists of America (DSA) en las primarias demócratas de esta semana no solo en Nueva York sino en Washington, Seattle a Los Ángeles empiezan a mostrar un contexto de auge para el ala radical como una opción competitiva a los liderazgos tradicionales como Kamala Harris o el gobernador de California Gavin Newson.

En este contexto, un reciente artículo de Político sostiene que la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, empezará a recibir presiones de Mamadni y su equipo para que adopte una agenda de corte más progresistas.  

Alexandria Ocasio Cortez.

El principal objetivo es que Hochul respalde un aumento de impuestos a los sectores de mayores ingresos, una propuesta que rechazó durante la negociación del presupuesto estatal. Uno de los líderes del DSA, Gustavo Gordillo, fue contundente al afirmar que «ella sabe que vamos por ella», anticipando una campaña de presión sobre la gobernadora si resulta reelegida. 

 El avance de los socialistas refleja un corrimiento del centro de gravedad dentro del Partido Demócrata neoyorquino. Los triunfos de candidatos respaldados por Mamdani frente a postulantes del establishment demostraron la creciente capacidad organizativa del DSA y debilitaron el peso político de las estructuras tradicionales del partido. 

Sólo uno de cada 4 estodounidenses aprueba la gestión de Trump en inflación 

Aunque Hochul mantiene el control del gobierno estatal, una sólida estructura partidaria y una amplia red de financiamiento, los resultados de las primarias mostraron que la izquierda organizada puede desafiar con éxito a los candidatos apoyados por la gobernadora, especialmente en la ciudad de Nueva York.

La estrategia de Hochul Hasta el momento, Hochul ha buscado un delicado equilibrio: colaborar con Mamdani en iniciativas como la expansión del cuidado infantil, pero resistir las demandas de subir impuestos a los millonarios. Esa posición podría volverse más difícil de sostener si el bloque socialista continúa ampliando su influencia.

 

 

En el gobierno ahora no descartan que este mismo fin de semana Manuel Adorni sea desplazado de la jefatura de gabinete, luego de tres meses de crisis en los que sobrevivió bajo el amparo de los hermanos Milei.

El propio Milei dijo que le «chupa un huevo» (sic) la caída de su imagen por el caso Adorni, que se estima entre 10 y 20 puntos. Pero Adorni se convirtió en un virus autoinmune de la gestión libertaria que se expandió al Congreso y le impide al presidente avanzar con leyes que le permitan reactivar la economía.

Por eso a los funcionarios sensatos que pedían correr a Adorni para salir de ese pozo, ya se les sumaron hasta los insensatos. Con la presión de Patricia Bullrich y el PRO, en la Rosada saben que no pueden extender la agonía por mucho tiempo más.

No hubo quórum para votar la interpelación pero Bullrich dice que «Adorni no ganó»

Más aún porque, como quedó en evidencia en la sesión fallida de este jueves en el Senado, el peronismo no parece dispuesto a sacarle el problema de encima a Milei con una moción de censura que le permita victimizarse.

Pablo Quirno es quien tiene mayores chances de pegar el salto desde la Cancillería a la Rosada, pero tiene un problema que no sospechaba meses atrás, cuando gozaba de la simpatía de Karina Milei.

Pablo Quirno es quien tiene mayores chances de pegar el salto desde la Cancillería a la Rosada, pero tiene un problema que no sospechaba meses atrás, cuando gozaba de la simpatía de Karina Milei.

El canciller se ganó a la hermana presidencial con sus buenos modales durante un viaje a Canadá, pero entró en la lista de sospechosos cuando, en medio del escándalo Rufus, tuiteó a favor de Las Fuerzas del Cielo, lanzadas como nunca contra Martín Menem.

Desde entonces, reavivó las suspicacias del karinismo que se pregunta: ¿y si Quirno siempre trabajó para el sector de Santiago Caputo? Razones no faltan: en las huestes karineas saben que la cuenta de Twitter del canciller, picante en exceso, la maneja la gente de Santiago, el especialista en redes.

Karina entonces tiene dudas en dejarle la jefatura de gabinete a alguien cercano a Santiago. Pero el otro contra que tiene el canciller es que viene del equipo de Luis «Toto» Caputo. El ministro de Economía, que tiene una competencia de egos con Quirno, preferiría sin dudar que la jefatura de gabinete quede en manos de su ex secretario de Finanzas antes de que recale en las garras de su enemigo Federico Sturzenegger.

El nombre de Santiago Caputo vuelve a mencionarse, según adelantaron fuentes del gobierno a LPO. El líder de los Peaky Blinders sería de ese modo tentado por tercera vez para hacerse cargo del gabinete y dejar de ser un asesor. La última vez fue antes de las elecciones de octubre, cuando parecía que el gobierno iba al naufragio y las urnas le dieron un espaldarazo a la estrategia de Karina y los Menem. El ascenso de Santiago, sin embargo, significaría un golpe de final impredecible contra la propia hermana del presidente.

Fuentes cercanas a Santiago Caputo negaron enfáticamente a LPO que «Santiago vaya a ser jefe de Gabiente o quiera serlo».

El nombre de Diego Santilli aparece entonces como un punto de equilibrio. Al ministro del Interior ahora parece tentarlo la idea de subir un piso en la Rosada. Y si bien se plegó bajo el ala de Karina, su llegada a la jefatura podría servir como un armisticio entre los dos sectores del gobierno.

 

 

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, desplegó este miércoles un intenso operativo de prensa (tuit, nota radial, comunicado y finalmente conferencia de prensa) para denunciar que era falsa la información que daba cuenta de un allanamiento en la gobernación por parte de la Policía Federal y el secuestro de una computadora, en el marco de la causa que investiga sus vínculos con Juan Pablo Beacon, el arrepentido de la AFA.

«Quiero desmentir, no hubo ningún allanamiento ni en la gobernación, ni en ninguna dependencia oficial, ni a mi como particular, como tampoco hubo ningún pedido de información, no hubo absolutamente nada, es todo mentira», afirmó tajante Weretilneck.

Apenas 24 horas después la palabra del gobernador empezó a aguarse. El gobierno de Río Negro no tuvo más remedio que aceptar que efectivamente hubo un procedimiento judicial en dependencias provinciales. La respuesta surgió ante la insistencia del periodismo que empezó a confirmar que efectivamente se habían realizado operativos judiciales.

Presión a la que se sumaron diferentes bloques de la oposición, que realizaron un pedido de informes al gobierno de Weretilneck para que aclare si hubo allanamientos y qué dependencias incluyeron.

Weretilneck negó que lo hayan allanado, pero confirmó que tiene de funcionario al hermano del arrepentido de la AFA

Finalmente, en un comunicado difundido este jueves, Weretilneck aceptó la existencia de los procedimientos judiciales en dependencias públicas, pero los vinculó a una denuncia que hizo el propio Gobierno por un supuesto hackeo. 

En Río Negro ya se había desatado un escándalo por la filtración de los contratos que reparte la Legislatura local. En la Casa de Gobierno entraron en pánico por la posibilidad de que hubiera una segunda oleada de filtraciones, pero ahora con los recibos de sueldos millonarios que cobra el propio gobernador y sus funcionarios, además de otra información sensible. 

En Río Negro ya se había desatado un escándalo por la filtración de los contratos que reparte la Legislatura local. En la Casa de Gobierno entraron en pánico por la posibilidad de que hubiera una segunda oleada de filtraciones, pero ya con los recibos de sueldos millonarios que cobra el propio gobernador y sus funcionarios. 

El gobierno de Weretilneck, entonces, primero dijo que no y luego dijo que si, pero por una causa distinta a la investigación sobre sus vínculos con los negocios de la AFA y los qataríes.

El enredo comenzó el martes por la noche cuando distintos medios nacionales y provinciales publicaron que la Policía Federal había allanado la Casa de Gobierno. Fuentes de la Policía Federal, la Justicia y hasta del gobierno nacional, confirmaban la noticia.

Lo extraño es que al ser consultados, los voceros de Weretilneck negaban el hecho, pero se rechazaba emitir un comunicado oficial bajo el argumento que «no se puede desmentir una mentira». En ese momento, el procedimiento ya se había realizado y no podían desconocerlo, pero eligieron no aclarar que sí había ocurrido, pero -supuestamente- correspondía a una denuncia de la propia administración, como hicieron un día después.

La mala fe quedó en evidencia el miércoles por la mañana cuando Weretilneck buscó victimizarse y hasta se comparó con el padre de Messi. Calificó la información como una «fake news» y denunció una operación política montada desde el peronismo que lidera el senador Martín Soria.

Pero atrás del escándalo aparece otro escándalo. Antes de los allanamientos que incluyeron las oficinas de Altec, la firma del estado provincial que provee de servicios informáticos al gobierno de Weretilneck, hubo una «investigación» de la propia administración que incluyó la manipulación de elementos de prueba, sin resguardo ni permiso judicial.

Según la versión de Weretilneck el procedimiento judicial en Altec y otras dependencias, fue para identificar la computadora desde donde supuestamente accedieron a los recibos de sueldo de los funcionarios.

El problema es que en el comunicado, la propia gobernación reconoce que antes que intervenga la justicia se realizó una «investigación interna» sobre la computadora de los empleados para detectar el origen de la filtración. Fuentes con conocimiento del expediente confirmaron a LPO que antes que la Fiscalía de Estado formulará la denuncia penal, ya se había desarrollado la investigación interna y se habría secuestrado la computadora asignada al empleado señalado como presunto responsable de la filtración, sin intervención judicial.

Atrás del escándalo aparece otro escándalo. Antes de los allanamientos que incluyeron las oficinas de Altec, la firma del estado provincial que provee de servicios informáticos al gobierno de Weretilneck, hubo una «investigación» de la propia administración que incluyó la manipulación de elementos de prueba, sin resguardo ni permiso judicial.

El detalle que le agrega morbo a toda la secuencia, que acaso explica el nerviosismo y la furia con la que salió el gobernador a atacar a LPO, es que la computadora en cuestión sería la de su propio despacho. Como no quedaba bien que allanaran el despacho del gobernador, la computadora fue «trasladada» por empleados a oficinas de Altec, lo que podría suponer que se rompió la cadena de prueba.

El comunicado del gobierno provincial afirma que «la investigación se inició a raíz de un posible acceso indebido, por parte de un empleado, a documentación reservada alojada en los sistemas de la administración pública. Frente a esa situación, el Gobierno solicitó la asistencia técnica de ALTEC para colaborar en el esclarecimiento de los hechos».

«Durante la investigación se logró determinar cuál fue el equipo informático desde el que se habría producido el acceso indebido. Ese equipo fue puesto a resguardo por ALTEC y posteriormente entregado a la Justicia para su peritaje», agrega.

Y en el paso más sugestivo se aclara: «ALTEC colaboró exclusivamente en la investigación del caso a pedido del Gobierno de la Provincia. Una vez detectado el origen de la filtración de información, la situación fue denunciada ante la Justicia provincial, que resguardó el equipo para su análisis pericial», y acaso en un lapsus el último parrafo considera necesario aclarar que «toda actuación se desarrolló dentro del marco legal vigente».

«¿Cómo llegó el Gobierno a identificar al supuesto responsable de la filtración antes de la apertura formal de la causa judicial? ¿Qué herramientas utilizó para reconstruir el acceso a los sistemas informáticos? ¿Existió un procedimiento administrativo formal o una auditoría informática? ¿El trabajador acusado fue notificado de esa investigación? ¿Qué tipo de controles se realizaron sobre la manipulación de los equipos y registros informáticos?», se preguntó en diálogo con LPO un abogado penalista.

En efecto, este accionar deja flotando un interrogante complejo sobre el gobierno de Weretilneck: ¿Realizó tareas de inteligencia ilegal?, ¿Violó la normativa sobre protección de datos personales y los derechos de sus propios trabajadores?

 

 

En el gobierno apuntan a Martín Menem por la dura derrota política que significó el fallo de la Corte Suprema a favor de las universidades y creen que le sobrevendió a Javier Milei un acuerdo con los jueces que no pudo garantizar.

En diciembre de 2025, un sector del gobierno buscó un acuerdo con los rectores luego de que el Congreso insistiera por primera vez en la historia contra un veto presidencial. Milei ya había vetado la ley de financiamiento universitario en 2024 y había logrado que 85 «héroes» le sostuvieran el veto en octubre de ese año.

Un año después y tras una serie de marchas multitudinarias, el Congreso votó una ley mejorada, que Milei volvió a vetar. Tras voltear el veto en ambas cámaras, el gobierno puso condiciones para cumplir la ley, por lo que los universitarios elevaron una demanda que llegó a la Corte.

En ese escenario, Santiago Caputo y Diego Santilli iniciaron negociaciones con Emiliano Yacobbitti, el hombre fuerte de la UBA, para llevar al Congreso una ley que dejara satisfechos tanto al sector universitario como al ministro de Economía, cuyo argumento es que financiar universidades atenta contra el superávit fiscal.

Emiliano Yacobitti, el hombre fuerte de la UBA.

La negociación consistía en que en febrero de 2026, en las sesiones extraordinarias, se votaría una ley nueva para acercar las partes con un financiamiento superior al que ofrecía el Ejecutivo en el Presupuesto 2026 pero que no comprometiera el superávit de Toto Caputo.

Pero Martin Menem pisó ese proyecto convencido de que tenía un acuerdo con la Corte, mecanizado por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, para planchar el fallo ad eternum. El presidente de la Cámara de Diputados le vendió al propio Milei que, gracias a sus vínculos con Horacio Rosatti, la Corte no fallaría en contra si les pagaban a los universitarios un aumento salarial este año y se comprometían a resolver las partidas en disputa en el Presupuesto 2027 que se trata a fin de este año.

La suma que proponía Menem era de 850 mil millones de pesos y el gobierno finalmente llegó a un acuerdo con los universitarios para pagar un aumento del 21% en julio y otra cuota de 3% en octubre. Pero los rectores se reservaron un detalle que ahora cobra mucha mayor relevancia: no desistieron de la demanda en la Corte pese a las presiones del subsecretario de Política Universitaria, Alejandro «Galleguito» Álvarez.

El gobierno aceptó cerrar esa paritaria pese a ese asterisco peligroso porque creía que, como vendía Menem, la Corte no fallaría en el corto plazo o quizás nunca.

Pero, como explicó LPO, la decisión de la Corte terminó de dejar en ridículo a Menem y Mahiques y es un mazazo para el programa económico de Milei y Toto Caputo. Rompe con un acuerdo no escrito que había entre el máximo tribunal y la administración libertaria de no fallar en cuestiones que pudieran afectar la planificación económica.