La compra de HSBC Argentina por parte de Grupo Galicia tuvo todos los condimentos de una montaña rusa bursátil: euforia, golpe y posible rebote. Wall Street primero la celebró, después la castigó por la dilución y los costos, y ahora vuelve a mirarla con mejores ojos. El ruido no desapareció del todo, pero el clima cambió.
El arranque fue contundente. El 9 de abril de 2024, cuando se anunció la operación, la acción saltó más de 4% en una sola rueda. Pasó de USD 27,73 a USD 28,66. Fue una reacción clásica: el mercado leyó escala y una jugada ofensiva en un sistema financiero que venía achicado.
Después vino el golpe. En enero de 2025, Galicia anunció la emisión de 17,7 millones de nuevas acciones a USD 53 para financiar la compra. La respuesta fue inmediata. Caídas de hasta 7,7%. La dilución pesó más que la expansión. El mercado, que había aplaudido el crecimiento, marcó el costo de pagarlo.
Ese fue el punto de inflexión. A partir de ahí, la acción entró en una zona más volátil. En los últimos 12 meses tocó máximos de USD 65,48, pero hoy se mueve en torno a USD 41,34. Un retroceso que refleja ese doble movimiento: entusiasmo estratégico y castigo financiero.
Los balances de fines de 2025 terminaron de enfriar el cuadro. Los costos de integración pegaron fuerte y dejaron pérdidas contables. Era, en buena medida, lo esperado. Integrar un banco del tamaño de HSBC no es gratis. Pero el mercado, en el corto plazo, no suele tener paciencia.
Ahora el tono es otro. El consenso de analistas volvió a inclinarse a favor. Informes de JPMorgan y de HSBC, con recomendación de compra, proyectan precios objetivo de hasta USD 75 para 2026. Es una señal clara de que el foco pasó del costo al potencial.
Los balances de fines de 2025 terminaron de enfriar el cuadro. Los costos de integración pegaron fuerte y dejaron pérdidas contables. Era, en buena medida, lo esperado. Integrar un banco del tamaño de HSBC no es gratis. Pero el mercado, en el corto plazo, no suele tener paciencia.
En ese giro también juega un factor concreto: el regreso del pago de dividendos. Galicia ya retomó pagos trimestrales a sus accionistas. Ahora hay expectativa por un nuevo anuncio a mediados de mayo, cuando presente balance.
La clave está en la rentabilidad. Se espera que el retorno sobre el patrimonio (ROE) se ubique entre 11% y 12% este año, una vez absorbido el impacto de la fusión. Ahí aparece la lógica de fondo: el negocio ampliado debería empezar a rendir.
En ese cambio de clima hay una lectura más estructural. Galicia quedó mejor posicionada en tamaño y capilaridad. En un sistema financiero chico, ganar escala no es un detalle. Es poder competir, prestar más y capturar negocio cuando la economía se reactive.
El punto que todavía hace ruido es la mora. Con niveles en torno al 8,2%, sigue por encima de algunos competidores. Es el dato que el mercado mira con más atención. Algunos analistas, como Invertir Online, recomiendan cautela o incluso rotar hacia entidades.
La historia todavía está en desarrollo, pero el guion cambió. Galicia atravesó el tramo más áspero de la operación y ahora juega otro partido. El mercado, que primero se entusiasmó y después se decepcionó, vuelve a darle crédito. Con una condición: que la mejora prometida deje de ser expectativa y se transforme en números.
Por momentos, el Gobierno de Javier Milei se entusiasma con una narrativa que suena irresistible: la campaña agrícola 2025/26 cerraría con una de las mejores cosechas de la historia, con más de 110 millones de toneladas entre soja y maíz.
En la Casa Rosada repiten el número como si fuera un salvoconducto hacia la reelección presidencial. Pero debajo de ese volumen impactante asoma una pregunta incómoda: ¿cuánto de esa cosecha récord se traduce realmente en rentabilidad?
El dato no surge de un paper opositor ni de una entidad rural en pie de guerra. Al contrario. Proviene de un informe de la Fundación Mediterránea, con la firma de Juan Manuel Garzón -exfuncionario del propio Milei- y Franco Artusso. Es decir, números incómodos que nacen dentro del propio ecosistema técnico que suele orbitar el círculo rojo cordobés.
Los datos -plasmados en el informe «Rentabilidad agrícola 2018-2026: márgenes ajustados, volúmenes récord y una carga tributaria que no afloja»- dibujan un escenario de contrastes. El maíz podría alcanzar un récord histórico de 67 millones de toneladas, mientras que la soja se mantendría en torno a los 48 millones. A simple vista, el agro vuelve a ser la locomotora. Pero cuando se mira la rentabilidad por hectárea, el cuadro cambia drásticamente.
El problema no es la producción, sino el margen. En el primer trimestre de 2026, los números empezaron a deteriorarse. Los ingresos cayeron en términos reales, empujados por la baja del precio del maíz, mientras que los costos -especialmente el gasoil y los fertilizantes- subieron entre 6% y 8%. El resultado: «márgenes en retroceso después de una recuperación parcial durante 2025».
El dato más sensible es que, incluso con buenos rindes, producir granos dejó de ser negocio en algunas regiones. En la zona extrapampeana, los productores que alquilan campos directamente operan a pérdida: -78 dólares por hectárea. En la zona núcleo, el corazón productivo del país, los arrendatarios apenas raspan el equilibrio con márgenes de 26 dólares. Solo los propietarios logran sostener números positivos, aunque lejos de los niveles de años anteriores.
Incluso con buenos rindes, producir granos dejó de ser negocio en algunas regiones. En la zona extrapampeana, los productores que alquilan campos directamente operan a pérdida: -78 dólares por hectárea. En la zona núcleo, el corazón productivo del país, los arrendatarios apenas raspan el equilibrio con márgenes de 26 dólares. Solo los propietarios logran sostener números positivos.
Es un escenario que relativiza el optimismo oficial. Porque la «cosecha récord» convive con una ecuación económica cada vez más ajustada. Y en Córdoba, la rentabilidad derrama en la dinámica política, particularmente en el interior, bastiones de Milei en las últimas tres elecciones. El factor que termina de tensar el cuadro es la estructura impositiva.
En los últimos doce meses, el Estado se quedó con el 55% del excedente económico en la zona núcleo y con el 76% en la extrapampeana. En otras palabras, en las regiones menos productivas, tres de cada cuatro dólares generados por el campo terminan en manos del fisco.
Y ahí aparece otro contraste que incomoda al relato libertario. Mientras el Gobierno despliega el «cotillón» de la baja de algunos impuestos nacionales -con anuncios segmentados y reducción de alícuotas en tributos puntuales-, el corazón de la presión fiscal sobre el agro sigue prácticamente intacto.
Las retenciones, el impuesto más distorsivo según el propio Milei en campaña, continúan explicando la mayor parte de la carga tributaria efectiva.
El informe de la Mediterránea también explica que el peso de los Derechos de Exportación es clave para entender la distorsión. A diferencia de otros impuestos, no se ajustan a la rentabilidad: se aplican sobre el ingreso bruto. Eso genera una paradoja que incomoda incluso a economistas cercanos al oficialismo: cuando los márgenes caen, la presión fiscal efectiva sube.
Es el tipo de inconsistencia que el propio Milei había prometido eliminar durante la campaña, cuando hablaba de «dinamitar» el sistema impositivo y terminar con tributos que castigan la producción. Por ahora, esa promesa convive con una realidad más pragmática: la necesidad de sostener la recaudación.
En 2021 y 2022, los derechos de exportación sobre la soja eran del 33%, más altos que los actualmente vigentes (24%). Sin embargo, los precios internacionales de los granos eran excepcionalmente elevados (efecto postpandemia y guerra en Ucrania), lo que generaba mayores excedentes económicos.
El contraste con el período 2021-2022 es elocuente. En esos años, con precios internacionales en niveles excepcionales, los márgenes eran mucho más altos y la carga tributaria relativa, más baja, incluso con retenciones más elevadas. Hoy ocurre lo contrario: menores precios, mayores costos y una presión fiscal que pesa más.
El informe lo precisa así: «En 2021 y 2022, los derechos de exportación sobre la soja eran del 33%, más altos que los actualmente vigentes (24%). Sin embargo, los precios internacionales de los granos eran excepcionalmente elevados (efecto postpandemia y guerra en Ucrania), lo que generaba mayores excedentes económicos». No son años cualquiera, sino los de Alberto Fernández en la Casa Rosada.
A eso se suma otro elemento que empieza a preocupar en el sector: el financiamiento. Si parte de los insumos se paga con crédito -un escenario cada vez más frecuente-, los márgenes se deterioran aún más. En ese caso, incluso los arrendatarios de la zona núcleo entrarían en terreno negativo.
La conclusión es menos épica que el relato oficial. La campaña 2025/26 puede ser récord en volumen, pero no necesariamente en rentabilidad. Y eso tiene implicancias políticas y económicas.
Para el Gobierno, el agro sigue siendo una fuente clave de dólares en un contexto de fragilidad externa. Pero si los márgenes siguen comprimidos, la capacidad de reinversión del sector se reduce, y con ella, el potencial de crecimiento futuro.
En el fondo, el modelo enfrenta una tensión clásica de la economía argentina: la necesidad fiscal versus la competitividad productiva. Por ahora, la balanza sigue inclinándose hacia el primer lado.La pregunta que empieza a circular en el mercado es si el «veranito» de la cosecha récord alcanzará para tapar ese desequilibrio. O si, por el contrario, terminará exponiéndolo con más crudeza.
El equipo económico quiere usar parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses para mover la economía. La implementación de la idea es incipiente, pero ya abrió otro conflicto en el gabinete: la ministra Sandra Pettovello que tomó el control del organismo, enfrenta cuestionamientos.
«Hay ruido con la Anses, hay ruido con Pettovello», reconoció un diputado libertario al tanto de las discusiones del equipo económico, que como reveló LPO, está preocupado por reactivar la economía.
El razonamiento es pragmático. Sin margen fiscal y con un mercado financiero todavía chico, el FGS aparece como uno de los pocos lugares con volumen para mover la economía real., por ejemplo, con créditos a tasas subsidiadas.
No sería la primera vez. La idea con aroma kirchnerista tiene antecedentes que van desde la Tarjeta Argenta de 2012 para jubilados, hasta su reconversión en préstamos en efectivo en 2017, cuando el dinero empezó a acreditarse en cuentas bancarias. Después vinieron los Créditos Anses, con montos más altos y plazos más largos. La pandemia frenó ese circuito y recién en 2021 se reactivó de forma más acotada.
El punto de quiebre fue 2023. En plena campaña, bajo la conducción de Sergio Massa, el crédito desde Anses se expandió de manera masiva. Se ampliaron montos, se bajaron tasas y se incorporaron trabajadores formales con líneas específicas. Los préstamos llegaron hasta un millón de pesos para asalariados y 600 mil para jubilados. Fue una política explícita de estímulo al consumo en clave electoral. Ese movimiento quedó instalado como parte del llamado «plan platita».
En plena campaña, bajo la conducción de Sergio Massa, el crédito desde Anses se expandió de manera masiva. Se ampliaron montos, se bajaron tasas y se incorporaron trabajadores formales con líneas específicas. Fue una política explícita de estímulo al consumo en clave electoral. Ese movimiento quedó instalado como parte del llamado «plan platita».
Ese antecedente explica por qué hoy todas las miradas apuntan a Sandra Pettovello. Bajo su órbita quedó la Anses que dirige Guillermo Arancibia, un técnico serio pero con margen acotado. Pettovello le restringió la comunicación con la prensa y supervisa cada una de sus decisiones.
Ahí aparece la tensión. La ministra tiene la llave del FGS. El recuerdo del uso electoral de esa herramienta pesa. En el oficialismo saben que abrir esa caja implica moverse en un terreno incómodo, donde la necesidad económica choca con el relato político.
Entre las opciones también se analiza utilizar parte de los fondos del FGS para dar créditos hipotecarios, una manera de mover la construcción, hoy entre los sectores hundidos. Pero hay un problema legal. El Decreto 1039 modificó la ley previsional y le quitó al FGS la posibilidad de otorgar préstamos directos. Se eliminaron los incisos que habilitaban invertir en hipotecas y financiar beneficiarios. También se cerró la puerta a créditos subsidiados. El argumento oficial fue preservar la rentabilidad del fondo y dejar el crédito en manos del sector privado.
El diputado Guillermo Michel presentó un proyecto para que la Anses financie la deuda de las familias.
Esa restricción obliga a buscar alternativas. Una de las que circula es el Programa de Desendeudamiento de las Familias Argentinas del diputado peronista Guillermo Michel. El proyecto plantea usar el FGS para refinanciar deudas de tarjetas y prestamistas. Habla de préstamos de hasta 1,5 millones de pesos, con cuotas atadas a la tasa Tamar y un límite del 30% del ingreso. Convertir el proyecto en ley habilitaría a usar al FGS para aliviar la situación de mora de las familias y liberar capacidad de consumo.
Mientras tanto, la actual conducción de la Anses tomó un camino distinto, que incluso contradice el relato libertario. Mientras el discurso oficial planteaba reducir la presencia estatal en empresas, los números muestran lo contrario. El FGS aumentó su participación en varias compañías, en algunos casos mas que duplicando su posición, como reveló la periodista Florencia Donovan en su columna de este sábado en La Nación.
Los datos surgen de las presentaciones de las empresas que cotizan en Wall Street. Galicia informó que la Anses pasó de tener el 16,8% a 22,5% del grupo. La participación estatal en Loma Negra saltó de 5,33% a 9,2%. TGS pasó de 24% a 25,33%. En YPF la tenencia de acciones paso del 1,46% a 8% del paquete que está en manos del mercado. En Banco Macro avanzó de 28,8% a 29,75%. Y en Byma trepó de 3,34% a 8%.
En el mercado, esa dinámica se lee con doble lente. Por un lado, algunos operadores destacan que el FGS está comprando acciones a precios que consideran bajos. Una señal alcista para el Merval. Por otro, advierten un riesgo político: las empresas buscan recomprar esas participaciones para evitar que, en un eventual cambio de signo político, el Estado gane influencia en sus directorios. «Señal mixta», apuntó a LPO un analista del mercado, «bullish por valuaciones, más ruido por gobernanza» completó.
El equipo económico tomó nota del enfriamiento de la economía y está sumergido en un intenso debate interno sobre que medidas tomar para reactivarla, sin romper el delicado equilibrio fiscal y cambiario que construyó.
Hasta ahora el gobierno apostó a medidas moderadas para reactivar: una gradual baja de tasas en las licitaciones de bonos y una baja de encajes a los bancos para liberar billetes, pero hasta ahora no se está traduciendo en una baja de tasas de los créditos.
Por eso, en el equipo económico algunos proponen medidas mucho más audaces como bajar la tasa al 10% y el impuesto a las ganancias del actual 35% al 10,5% que se cobra en Paraguay. «Si bajas fuerte los impuestos la actividad se reactiva y terminas recaudando más», afirma un técnico que apoya esa medida que en su momento aplicó Reagan.
«No negamos que el dato de actividad de febrero dio mal, pero veníamos de números récord», admitió el ministro Toto Caputo el pasado miércoles en la apertura de ExpoEfi. No fue una frase aislada. El ministro se detuvo en dos que peor la están pasando: industria y construcción. Dos de los sectores que más empleo generan.
En el caso de la construcción, Caputo intentó mostrar un horizonte. Vinculó una posible recuperación al giro a las provincias de concesiones viales que estaban en manos de la Nación. Dijo que en julio estarán en obra 9.000 kilómetros de corredores y se licitarán otros 12.000 kilómetros de rutas nacionales. Para la industria, no hubo anuncio concreto.
En el equipo económico algunos proponen medidas mucho más audaces como bajar la tasa al 10% y el impuesto a las ganancias del actual 35% al 10,5% que se cobra en Paraguay.
Pero la apuesta central es a la recuperación del crédito. Que los bancos vuelvan a trabajar como bancos. Que dejen de financiar al Tesoro y canalicen pesos hacia el sector privado. Hoy, dos tercios de los activos del sistema están atados a la deuda pública.
El problema es que esa idea se choca con una realidad: el gobierno bajó fuerte la tasa en las licitaciones de deuda, pero los bancos la mantuvieron bien arriba de la inflación. «Los bancos no quieren prestar, hay un problema de confianza en la marcha del plan económico, que se agrava por la mora», explicó a LPO un banquero.
En efecto la morosidad está en niveles récord. Si bien en las últimas semanas bajó, la corrección fue marginal, frente al salto que pegó. La irregularidad de la cartera casi se cuadruplicó en un año: pasó del 3% al 12% del total del sistema. Es el nivel más alto en más de dos décadas. «Los bancos no están con muchas ganas de dar más préstamos ante esta situación», agregó a LPO un consultor que trabaja con las principales entidades.
A eso se suma otra advertencia que circula en el mercado. Algunos economistas recomiendan cautela con la presión para bajar tasas. El riesgo es que la tasa pasiva -la que reciben los ahorristas- caiga más rápido que la activa -la que se cobra por los préstamos-. Si eso pasa, el spread se agranda y el incentivo cambia de dirección.
Hoy ya hay una brecha fuerte. Un plazo fijo paga, en el mejor de los casos, una tasa efectiva anual cercana al 25%. Pero un crédito a tasa fija arranca en un interés nominal del 120% y, con cargos y capitalización, trepa a un costo total que ronda el 300% anual. La distancia no solo desalienta el crédito. También empuja a los ahorristas a mirar el dólar.
Por eso, el Gobierno necesita medidas inmediatas. Una de ellas son los nuevos planes de tasa preferencial para pymes que impulsa el Banco Nación, que prepara la emisión de dos bonos por unos USD 300 millones para fondear más créditos hipotecarios. Has dos décadas que el mayor banco público no salía al mercado.
Se suma a eso la idea de hacer algo con los fondos del FGS de la Anses. Desde respaldar créditos hipotecarios o personales a tasa subsidiada hasta ayudar a las familias a refinanciar sus deudas y contribuir así a una baja de la mora. Pero el equipo económico está chocando con la intransigencia de la ministra Sandra Pettovello que controla el organismo.
Como sea, la percepción que la economía hundida está complicando las chances de la reelección de Milei, ha logrado el milagro que el presidente y su ministro se suelten por un rato del mástil de la escuela austríaca y habiliten un debate que incorpora cuidadosas dosis de heterodoxia.
Atrás quedaron los locros populares en el Comedor Universitario, servido en bandejitas de plástico y regados con vino suelto. El acuerdo del Frente Cívico con los libertarios cordobeses trajo una nueva estética: un salón recoleto, mesas redondas, manteles, vajilla blanca y vino en botella; un locro premium que expuso la disolución de aquella sociedad «indestructible» entre Luis Juez y Rodrigo de Loredo.
«Tenemos un acuerdo y un compromiso con La Libertad Avanza que vamos a honrar. Lo que más cuesta en la vida es construir lealtad y confianza y eso es lo que estamos construyendo con dirigentes de La Libertad Avanza, de la UCR y del PRO, porque sabemos que, si queremos terminar con tantos años de peronismo, hay que estar unidos». Así, Juez puso sobre la mesa su nueva sociedad con Gabriel Bornoroni ante decenas de dirigentes de toda la provincia, la misma tropa que lo siguió en innumerables estrategias y alianzas.
En la mesa principal estaban los nuevos socios: Gabriel Bornoroni y Gonzalo Roca, de LLA; Laura Rodríguez Machado, del PRO pero tropa de Patricia Bulllrich; y Soledad Carrizo, la radical que se referencia en Alfredo Cornejo.
Para que no le queden dudas a los juecistas -quienes en su mayoría llegaron al Frente Cívico desde el peronismo, digirieron el acuerdo con los radicales y el marxismo y ahora se preparan para tragarse la alianza con los libertarios-, Juez dijo: «El acuerdo con los dirigentes de LLA va más allá de una cuestión electoral. Tenemos una misma mirada y hemos actuado con reciprocidad. Hemos brindado respeto, y nos han tratado con respeto».
Como siempre, Juez dejó abierta una hendija: «Lo único que puede cambiar mi decisión es que no haya voluntad de ganar la provincia», dijo. Pareció una advertencia ante un hipotético acuerdo entre Javier Milei y Martín Llaryora quien podría reclamarle al Presidente una fórmula libertaria pura como método de división de la oposición.
El acuerdo con los dirigentes de LLA va más allá de una cuestión electoral. Tenemos una misma mirada y hemos actuado con reciprocidad. Hemos brindado respeto, y nos han tratado con respeto.
Luego, Juez volvió a reprocharle a De Loredo por el fracaso de 2023: «Lo dijimos hace 3 años atrás: No se gana la ciudad de Córdoba si se pierde la Provincia».
También hay un guiño a la negociación que viene; y la posibilidad de un Juez en la boleta libertaria está sobre la mesa de análisis. Como se recordará, el hijo mayor del senador, Martín, es concejal de la ciudad de Córdoba. En este marco, Juez afirmó que habrá competencia con Bornoroni por liderar la boleta, pero no aclaró si esa disputa será electoral, en el marco de una interna, o política, atada a la negociación con Karina.
Lo que sí prometió a LLA es «lealtad». «Probablemente estamos compitiendo por lo mismo pero tenemos las reglas claras. Si le toca ser a Gabriel lo vamos a acompañar como corresponde. No tengan ninguna duda. Lo vamos a acompañar con lealtad, con trabajo, esfuerzo, sacrificio y la experiencia que el tiempo nos ha dado; y estoy seguro que si fuera al revés recibiríamos lo mismo», dijo Juez.
El blanco será Martín Llaryora, pero con una apuesta diferente a la de Bornoroni: mientras el libertario se enfoca en los impuestos y la extensión del Estado provincial, Juez va por sus banderas históricas: «Todo va a ser muy difícil, pero no imposible. No tanto por lo que nosotros expresamos sino por lo que el peronismo tiene pánico de perder. Viven del Estado haciendo negocios millonarios y la pelea va a ser directamente proporcional a lo que tienen para perder».
.Juez sabe que más temprano que tarde deberá despegarse de las sospechas de corrupción que sacuden a La Libertad Avanza, empezando por Manuel Adorni, pero sin olvidar Libra y las coimas de Spagnuolo, un combo difícil de explicar. Sin embargo, la apuesta juecista es provincializar la elección y hablar de Llaryora: «No vamos a entregar la provincia de nuestros hijos y nietos para que la sigan administrando los mismos corruptos de los últimos 28 años», fue la arenga.
Continúa el escándalo en torno al Jefe de Gabinete.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
El informe que presentó Manuel Adorni terminó revelando mucho más que datos administrativos: dejó al descubierto un circuito de gastos llamativos con tarjetas corporativas dentro de Nucleoeléctrica Argentina, con consumos en el exterior, servicios de lujo y movimientos que vuelven a poner en discusión el uso de los recursos públicos bajo el gobierno de Milei.
El documento, incorporado como anexo en una presentación oficial, detalla operaciones realizadas entre marzo de 2025 y febrero de 2026. Allí aparecen gastos por cientos de millones de pesos —equivalentes a más de 300 mil dólares— en un período relativamente corto, en una empresa que debería estar abocada a funciones estratégicas del sistema energético nacional.
Consumos de lujo con fondos públicos
Los registros muestran pagos en free shops internacionales, hoteles de alta gama, restaurantes, discotecas y tiendas de indumentaria, todos abonados con tarjetas corporativas. Pero lo que genera mayor controversia es el tipo de consumos: aparecen gastos en peluquerías, servicios de playa en España y salidas nocturnas en Europa.
A eso se suman más de 400 extracciones de efectivo, muchas de ellas realizadas en el exterior y en lapsos de tiempo muy cortos, lo que refuerza las dudas sobre el destino real de esos fondos. La falta de justificación detallada convierte esos movimientos en uno de los puntos más sensibles del informe.
Sin nombres propios, pero con responsabilidades políticas
Uno de los aspectos más cuestionados es que el documento no identifica quién realizó cada gasto. Aunque se menciona la existencia de más de un centenar de tarjetas corporativas asignadas a funcionarios y técnicos, no hay un detalle que permita individualizar responsabilidades.
El período analizado coincide con la gestión de Demian Reidel, cercano a Milei y quien estuvo al frente de la empresa durante parte del lapso observado. Reidel buscó despegarse del escándalo y sostuvo públicamente que no realizó gastos personales, aunque el informe no permite verificar ni desmentir esa afirmación con precisión.
Ajuste hacia afuera, descontrol hacia adentro
La reacción oficial llegó después de que los datos se hicieran públicos: el Gobierno dispuso la suspensión de las tarjetas corporativas y prometió reforzar los mecanismos de control. Sin embargo, la medida aparece más como respuesta tardía que como política preventiva.
La contradicción se vuelve difícil de ocultar. Mientras Milei impulsa un ajuste que recae sobre jubilaciones, salarios y políticas públicas, el propio Estado reconoce gastos que remiten a consumos de lujo en el exterior financiados con recursos públicos.
El episodio no sólo expone posibles irregularidades administrativas: también deja al descubierto una lógica más profunda. Un Estado que se achica para la sociedad, pero que sigue siendo permeable a prácticas discrecionales en sus niveles de gestión.
