Sociedad

 

Un crédito de más de $52.600 millones para una empresa creada en 2024, sin ingresos declarados y con inconsistencias en sus antecedentes terminó convertido en un escándalo dentro del Banco Nación. El dato político es inevitable: la operación fue impulsada desde la Casa Central en Buenos Aires, durante la administración de Milei, y el gerente que se negó a firmarla denunció presiones y terminó con un traslado a 1.300 kilómetros de su casa. La Justicia frenó la medida. El potencial beneficiario, Mariano Jinkis, acaba de admitir ante la Justicia estadounidense el pago de sobornos en el escándalo FIFAgate.

Por Roque Pérez para NLI

Hay una contradicción que atraviesa buena parte de la gestión de Milei: el Gobierno habla permanentemente de eficiencia, austeridad, mérito y cuidado de los recursos públicos, pero cuando se mira el funcionamiento concreto de algunas estructuras estatales aparecen episodios que obligan a formular preguntas mucho más incómodas. El caso que acaba de salir a la luz en el Banco Nación es uno de ellos y tiene una cifra imposible de ignorar: más de $52.600 millones que estuvieron en proceso de evaluación para financiar un emprendimiento inmobiliario en Mar del Plata.

No se trata de una operación menor ni de una pyme buscando capital de trabajo. Se trataba de un proyecto inmobiliario compuesto por dos torres de 23 y 16 pisos, con 238 unidades funcionales, promovido por Jardines de Chauvín SA, una sociedad constituida en junio de 2024. Según la investigación de Hugo Alconada Mon, la propia auditoría interna del Banco Nación detectó que la empresa no tenía experiencia comprobable en construcción, no presentaba ingresos durante el ejercicio analizado y tenía un balance negativo. Más todavía: en la documentación presentada aparecían como antecedentes obras de 2014, 2017, 2020 y 2021, pese a que la sociedad había sido constituida recién en 2024.

El Estado que quería prestar $52.600 millones

El dato que debería encender todas las luces amarillas es que el crédito no comenzó en Mar del Plata porque el empresario hubiera llegado con una carpeta a golpear las puertas del banco. Según una auditoría interna citada por LA NACION, fue un área de la Casa Central del Banco Nación, en Buenos Aires, la que contactó al estudio de arquitectos vinculado con el emprendimiento para conseguir el contacto de Jardines de Chauvín. El banco ofrece otra versión sobre el origen de la relación, pero la propia auditoría dejó registrado que el proceso se inició desde Buenos Aires.

Es decir, la discusión no es solamente por quién pidió el préstamo. Lo verdaderamente relevante es quién dentro de la estructura estatal tomó la decisión de avanzar, quién evaluó el proyecto y por qué una operación de semejante magnitud llegó hasta las instancias superiores del banco cuando existían elementos que ya generaban dudas.

Durante 2025, funcionarios de la entidad consideraron que el proyecto tenía una “factibilidad financiera favorable” y una capacidad de repago consistente. Inicialmente se hablaba de unos $35.600 millones, pero una tasación externa ubicó el valor del emprendimiento en US$35,6 millones, equivalente entonces a unos $52.638 millones.

Y aquí aparece una de las partes más llamativas del expediente: mientras el proceso avanzaba desde Buenos Aires, el gerente de la Gerencia Zonal Atlántica, Pablo Pourrere, empezó a plantear objeciones. Cuestionó los antecedentes de la empresa, observó su situación económica y pidió una evaluación externa.

También apareció otro dato sensible. El principal accionista de Jardines de Chauvín era Mariano Jinkis, dueño del 90% de la sociedad. Jinkis y su padre, Hugo, habían quedado involucrados en el escándalo internacional FIFAgate y el 26 de agosto de este año admitieron ante la Justicia estadounidense haber pagado sobornos a dirigentes del fútbol sudamericano entre 2010 y 2015. El acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense contempla un pago de US$50 millones.

Ante ese antecedente, la Subgerencia General de Integridad del propio Nación había recomendado aplicar un “criterio reforzado de debida diligencia” antes de avanzar con la operación.

Pero el problema es que esa advertencia no llegó inmediatamente al gerente que debía analizar el crédito. El informe fue elaborado el 19 de febrero y, según la investigación, recién llegó a Pourrere el 26 de marzo.

El gerente dijo que no y después llegó el traslado

La secuencia es la que convierte un expediente crediticio en un problema político.

El 3 de marzo, desde el área de Productos Hipotecarios de Buenos Aires enviaron a Pourrere un modelo de resolución para avanzar con el crédito. La instrucción pedía continuar con la propuesta formal para el cliente, incluyendo incluso la apertura de cuentas y otros productos bancarios.

Pourrere se negó a firmar.

Pocos días después comenzó otro capítulo: el gerente fue notificado de su traslado a una sucursal de menor categoría en Reconquista, Santa Fe, a unos 1.300 kilómetros de Mar del Plata. La resolución del Directorio estaba fechada el 20 de febrero, antes de la negativa formal, un argumento que el Banco utiliza para rechazar cualquier relación entre ambas cuestiones. Pero Pourrere denunció presiones y sostuvo que el traslado constituía una represalia por haberse negado a impulsar la operación.

Aquí es donde el caso adquiere una dimensión que excede al Banco Nación: ¿qué mensaje recibe un funcionario público cuando formula objeciones frente a una operación millonaria y poco después se encuentra con un traslado que lo aleja 1.300 kilómetros de su familia?

El Banco sostiene que ambos procesos fueron independientes. La Justicia, por ahora, no cerró esa discusión, pero sí consideró que había elementos suficientes para suspender el traslado. El juez federal subrogante de Mar del Plata, Bernardo Bibel, señaló que la medida, “prima facie”, no parecía estar debidamente fundada en razones objetivas y técnicas y tomó en consideración las inconsistencias detectadas en la operación, las presuntas presiones y las observaciones de la propia auditoría interna.

El discurso libertario frente a la caja del Estado

Y acá aparece el problema político para Milei.

El Banco Nación no es una entidad privada. Es una institución estatal que administra recursos públicos. Por eso, aunque todavía no exista ninguna prueba que permita afirmar que el Presidente haya intervenido personalmente en esta operación, sí resulta absolutamente legítimo preguntarle al Gobierno qué controles políticos y administrativos existen sobre lo que ocurre dentro de una institución estratégica que forma parte del aparato estatal nacional.

Más todavía cuando el relato oficial de La Libertad Avanza construyó buena parte de su identidad política alrededor de una supuesta superioridad de la gestión privada sobre el Estado, de la eliminación de la “casta”, de la eficiencia y de la reducción del gasto público.

El episodio del Nación expone una paradoja difícil de esconder: el mismo Estado que el mileísmo presenta como ineficiente cuando tiene que garantizar derechos sociales aparece, en este expediente, intentando canalizar decenas de miles de millones de pesos hacia un emprendimiento privado.

Y no hacia cualquier empresa. Hacia una sociedad creada apenas dos años antes, sin ingresos declarados en el ejercicio analizado, con antecedentes documentales que despertaron objeciones y cuyo principal accionista acaba de admitir ante la Justicia norteamericana el pago de sobornos vinculados al fútbol internacional.

El crédito finalmente fue rechazado. Y ese dato es importante. No hay que decir que los $52.600 millones fueron entregados porque no lo fueron. Pero tampoco alcanza con decir que “no pasó nada” porque el dinero nunca salió.

Pasó que la Casa Central impulsó la operación. Pasó que hubo funcionarios que evaluaron favorablemente el proyecto. Pasó que aparecieron inconsistencias. Pasó que un informe de integridad recomendó extremar los controles. Pasó que documentación clave llegó con semanas de demora. Pasó que desde Buenos Aires se pidió avanzar con la propuesta formal. Pasó que un gerente se negó a firmar. Pasó que ese gerente recibió una orden de traslado a 1.300 kilómetros de distancia. Pasó que denunció presiones. Pasó que el propio Banco abrió una auditoría. Y pasó que esa auditoría encontró “deficiencias”, “inconsistencias”, debilidades documentales y ausencia de evidencia sobre experiencia comprobable en construcción.

Finalmente, el 18 de mayo, el propio Banco Nación terminó rechazando el financiamiento por cuestiones vinculadas con el riesgo reputacional y de integridad.

Por eso, el interrogante político no debería reducirse a si “Milei ordenó el crédito”, porque eso no está probado. La pregunta es mucho más seria: ¿cómo funciona el Banco Nación bajo la administración de Milei para que una operación de más de $52.600 millones pueda avanzar hasta semejante instancia pese a las objeciones internas que ya estaban planteadas?

Porque si el Gobierno pretende convencer a los argentinos de que el Estado debe retirarse de todo aquello que pueda hacer el sector privado, entonces tendrá que explicar también por qué la estructura estatal que administra el dinero de todos llegó a evaluar con semejante entusiasmo un crédito multimillonario para un emprendimiento privado rodeado de advertencias.

Y si la respuesta oficial es que los controles funcionaron porque finalmente el crédito fue rechazado, queda otra pregunta todavía más incómoda: ¿por qué fue necesario que un gerente se plantara, que aparecieran denuncias de presiones, que interviniera la Justicia y que una auditoría interna detectara inconsistencias para que esos controles terminaran funcionando?

En el Banco Nación de Milei, por ahora, los $52.600 millones no salieron. Pero el expediente dejó algo mucho más difícil de esconder: una radiografía de cómo se toman algunas decisiones dentro del Estado que el Gobierno dice querer hacer desaparecer.

 

 

Antes del celular y WhatsApp, el cartero era una figura central de la vida cotidiana argentina. Cartas, postales y telegramas construyeron una cultura de la espera.

Por Alcides Blanco para NLI

Hubo un tiempo en la Argentina en que el sonido de una bicicleta frenando frente a la puerta podía despertar una expectativa inmediata. El cartero llegaba con una bolsa cargada de sobres, postales, facturas, revistas y telegramas, y durante algunos minutos podía convertirse en la persona más esperada de toda la cuadra. No existían los mensajes instantáneos, el correo electrónico ni la posibilidad de saber inmediatamente qué estaba haciendo alguien que vivía a cientos de kilómetros. Una carta podía tardar varios días y, precisamente por eso, tenía un valor que hoy resulta difícil de explicar. Había personas que esperaban durante semanas una respuesta, familias que recibían noticias de hijos que habían emigrado a otra provincia o a otro país y parejas que sostenían su relación a través de sobres que viajaban de una ciudad a otra. En aquella Argentina, esperar también formaba parte de comunicarse.

El ritual de mirar el buzón

El correo tenía una presencia mucho más importante en la vida cotidiana que la que conserva actualmente. El buzón podía estar junto a la puerta, en una pared o en la entrada del edificio, y abrirlo formaba parte de las pequeñas rutinas domésticas. Había días en los que solamente aparecían facturas y publicidad, pero bastaba reconocer la letra del remitente para que todo cambiara. El sobre se abría con cuidado, a veces utilizando un cuchillo de cocina o simplemente rasgando uno de sus extremos, y antes de leer ya existía una pequeña emoción: alguien se había tomado el trabajo de escribir y enviar aquello.

Las cartas familiares podían contener varias páginas. Se contaban enfermedades, nacimientos, problemas laborales, viajes, cumpleaños, discusiones y novedades del barrio. Una persona que vivía lejos podía conocer la vida de su familia a través de una descripción detallada que hoy probablemente ocuparía varios mensajes de WhatsApp. También se mandaban fotografías, estampitas, pequeños recuerdos y postales. Para quienes tenían familiares en Europa, Estados Unidos u otros países de América, el correo era durante décadas uno de los principales vínculos con los argentinos que habían partido en busca de trabajo o nuevas oportunidades.

Los noviazgos a distancia tenían también su propio lenguaje epistolar. Una carta permitía pensar durante horas qué decir, tachar una frase, volver a escribirla y elegir cuidadosamente las palabras antes de cerrar el sobre. Después comenzaba la espera. No había confirmación de lectura ni dos tildes azules: solamente quedaba confiar en que la carta hubiera llegado y esperar una respuesta. Esa demora obligaba a convivir con la incertidumbre de una manera que las tecnologías actuales prácticamente eliminaron.

El cartero conocía el barrio

La figura del cartero tenía además una dimensión profundamente territorial. Quien recorría todos los días las mismas calles terminaba conociendo a buena parte de los vecinos, sus horarios y sus casas. Sabía quién recibía cartas del interior, dónde vivía una persona mayor, qué domicilio correspondía a una familia que acababa de mudarse y qué casa estaba vacía porque sus habitantes se habían ido de vacaciones. El cartero formaba parte del paisaje cotidiano del barrio, del mismo modo que el almacenero, el diariero o el encargado de la estación.

El correo argentino tenía, además, una importancia enorme para la administración de la vida cotidiana. Llegaban documentos, comunicaciones oficiales, facturas, revistas, diarios, tarjetas y todo tipo de correspondencia comercial. Antes de la expansión de las comunicaciones digitales, recibir determinada información podía depender literalmente de que un sobre recorriera correctamente una cadena de oficinas, centros de distribución y carteros hasta llegar a la puerta indicada.

Y después estaban los telegramas. Su llegada tenía una solemnidad especial porque generalmente estaban asociados con acontecimientos importantes o urgentes. Un nacimiento, una enfermedad grave, una noticia familiar o un fallecimiento podían comunicarse mediante unas pocas palabras que llegaban en un papel mucho más pequeño que una carta. El telegrama tenía algo de acontecimiento en sí mismo: cuando alguien decía que había llegado un telegrama, todos querían saber inmediatamente qué decía.

Las postales ocupaban otro lugar dentro de aquella cultura. Quien viajaba podía comprar una en Mar del Plata, Córdoba, Bariloche, Mendoza o cualquier destino turístico y enviarla a familiares o amigos. La imagen del lugar visitado aparecía en el frente y detrás se escribían unas pocas líneas. Muchas familias conservaban durante años esas postales en cajones o cajas. No eran solamente recuerdos de un viaje: eran pequeñas pruebas materiales de que alguien había estado allí y había pensado en quienes se habían quedado en casa.

Del sobre al mensaje instantáneo

La transformación comenzó lentamente y se aceleró con cada nueva tecnología. El teléfono redujo la necesidad de escribir para ciertas comunicaciones urgentes; luego aparecieron el fax, el correo electrónico, los teléfonos celulares y finalmente las aplicaciones de mensajería. La información dejó de depender de un cartero y pasó a circular prácticamente en tiempo real. La velocidad ganó lo que la espera perdió: hoy podemos saber en segundos si alguien recibió un mensaje, dónde está, qué está haciendo o si leyó lo que acabamos de escribir.

Pero esa velocidad también modificó la naturaleza de la comunicación. Escribir una carta implicaba detenerse, ordenar las ideas y producir un objeto que iba a viajar físicamente hasta otra persona. Un mensaje actual puede enviarse en pocos segundos y corregirse o reemplazarse inmediatamente. La carta, en cambio, quedaba allí como testimonio de un momento determinado. Décadas después podía volver a abrirse un sobre y recuperar una voz que ya no estaba, reconstruir una relación o recordar cómo pensaba alguien cuando todavía era joven.

Por eso muchas familias conservaron cartas durante generaciones. Algunas aparecen todavía dentro de cajas antiguas, junto con fotografías, documentos y postales. Son archivos íntimos de la historia argentina, porque permiten observar cómo hablaban las personas comunes, qué preocupaciones tenían, qué palabras utilizaban y qué acontecimientos atravesaban sus vidas. La historia de un país no está solamente en los discursos presidenciales, las leyes o los grandes acontecimientos: también está en esas hojas escritas a mano que alguien guardó porque no quería perderlas.

El cartero desapareció de la vida cotidiana como figura central, pero no dejó de existir. Continúa llevando correspondencia, documentos y paquetes, aunque su función quedó transformada por una sociedad en la que la comunicación personal viaja mayoritariamente por medios digitales. Aquella espera frente al buzón parece pertenecer a un mundo remoto, aunque apenas hayan pasado unas pocas décadas.

Quizás por eso una carta antigua produce una sensación tan particular. No necesita una contraseña, una batería ni conexión a internet. Puede estar amarillenta, doblada en cuatro y tener una estampilla que ya no se fabrica. Al abrirla, vuelve a aparecer una persona y vuelve a hablar desde otro tiempo. Hubo una Argentina en la que las noticias viajaban en bicicleta, dentro de una bolsa de cuero y detrás de un sello postal; y quizá por eso, cuando finalmente llegaban, parecían importar un poco más.

 

 

La periodista lanzó una acusación explosiva sobre la relación entre Javier Milei y Donald Trump y advirtió que los argentinos podríamos estar siendo utilizados como “títeres de intereses ajenos”. El interrogante que queda flotando es brutal: ¿el Gobierno está defendiendo la soberanía sobre Malvinas o está jugando una partida geopolítica diseñada en Washington?

Por Luis Bulnes Valdez para NLI

Hay preguntas que incomodan porque obligan a mirar detrás del escenario. Y hay preguntas que directamente pueden hacer saltar por los aires el relato oficial. Nancy Pazos puso sobre la mesa una de esas preguntas al analizar la relación entre Javier Milei y Donald Trump y el nuevo protagonismo que el Gobierno argentino le está dando a la cuestión Malvinas. Su planteo fue tan contundente como provocador: detrás del alineamiento entre ambos presidentes podría existir una negociación política y geopolítica que excede ampliamente la relación personal entre dos mandatarios.

Pazos habló de un supuesto “pacto secreto” y sostuvo que los argentinos estaríamos siendo utilizados como “títeres de intereses ajenos”. La afirmación, naturalmente, debe ser presentada como lo que es: una denuncia y una interpretación política de la periodista, no la existencia comprobada de un documento secreto firmado por Milei y Trump. Pero descartarla simplemente como una provocación sería demasiado cómodo. Porque hay algo que sí puede comprobarse: la Argentina de Milei avanzó hacia un alineamiento extraordinariamente estrecho con Estados Unidos, mientras la administración Trump convirtió el respaldo al Gobierno libertario en una pieza importante de su estrategia regional.

Y ahí aparece la pregunta que el poder preferiría evitar.

¿Qué está entregando la Argentina a cambio de ese respaldo?

Pazos apuntó al corazón del modelo Milei

Desde que llegó a la Casa Rosada, Milei convirtió su relación con Trump en mucho más que una alianza diplomática. El Presidente argentino hizo de la admiración por el mandatario estadounidense una verdadera definición estratégica de su Gobierno. Washington pasó a ocupar un lugar privilegiado en la política exterior, mientras la Argentina profundizó sus vínculos económicos, financieros y estratégicos con Estados Unidos.

El cambio no es solamente discursivo. La Casa Blanca y el Tesoro estadounidense adquirieron una gravitación inédita sobre la economía argentina, en momentos en que el Gobierno necesita dólares, financiamiento y respaldo externo para sostener su programa económico.

Eso modifica inevitablemente la relación de fuerzas.

Porque una cosa es que Argentina tenga buenas relaciones con Estados Unidos. Otra muy distinta es que la estabilidad económica de un Gobierno dependa crecientemente del respaldo de una potencia extranjera y, simultáneamente, ese Gobierno adopte una política exterior de alineamiento prácticamente automático con Washington.

Pazos puso justamente el dedo en esa herida.

La cuestión no es si Milei puede reunirse con Trump, si puede admirarlo o si Estados Unidos puede convertirse en un socio privilegiado. Por supuesto que puede. El problema comienza cuando la frontera entre alianza estratégica y subordinación empieza a hacerse demasiado delgada.

Y en el medio aparece Malvinas.

¿Soberanía argentina o ficha de un tablero internacional?

La paradoja es difícil de ignorar.

Durante décadas, la Argentina sostuvo una política de Estado alrededor de la recuperación pacífica de la soberanía sobre las Islas Malvinas. Gobiernos peronistas, radicales, desarrollistas, conservadores y de diferentes signos ideológicos mantuvieron, con matices, la misma reivindicación.

Ahora, bajo Milei, Malvinas vuelve al centro del discurso presidencial mientras el Gobierno profundiza su alianza con Estados Unidos.

Y Estados Unidos no es una potencia neutral en el Atlántico Sur.

Tiene intereses estratégicos, económicos, militares y geopolíticos propios. El Reino Unido es uno de sus principales aliados internacionales. Las islas constituyen una posición estratégica en el Atlántico Sur y la Antártida y tienen además una creciente importancia vinculada con recursos naturales, pesca, hidrocarburos y rutas marítimas.

Entonces aparece la contradicción que Pazos pone sobre la mesa: ¿puede un Gobierno que busca una relación de dependencia política, financiera y estratégica con Washington llevar adelante al mismo tiempo una política verdaderamente autónoma sobre Malvinas?

La pregunta no supone afirmar que Milei haya cedido la soberanía argentina. No existe evidencia pública que permita sostener se