Sociedad

 Europa avanzó con una restricción que en la práctica deja afuera de sus importaciones al biodiesel argentino que se produce en polo agroindustrial de Santa Fe. La decisión de clasificar a la soja como materia prima de «alto riesgo ambiental» implica una exclusión del biocombustible local del sistema europeo de energías renovables y amenaza con recortar exportaciones por unos USD 390 millones anuales.

El impacto encendió alarmas en la provincia donde se concentra el 80% de la producción y el gobernador Maximiliano Pullaro se reunió de urgencia con ministro de Relaciones Exteriores Pablo Quirno para evaluar una estrategia que incluye escalar el conflicto a la Organización Mundial del Comercio.

Es que la Comisión Europea incluyó a la soja dentro de las materias primas con «alto riesgo de cambio indirecto del uso del suelo» (ILUC por sus siglas en inglés), una categoría que aunque suene ambiental termina funcionando como una barrera paraarancelaria. Como consecuencia, el biodiesel elaborado con aceite de soja deja de computar como energía renovable dentro de la UE, lo que lo vuelve inviable para ese mercado.

 La Comisión Europea incluyó a la soja dentro de las materias primas con «alto riesgo de cambio indirecto del uso del suelo» (ILUC por sus siglas en inglés), una categoría que aunque suene ambiental termina funcionando como una barrera paraarancelaria 

En ese marco, Pullaro llevó el planteo a la Cancillería. En una reunión en Buenos Aires con Pablo Quirno, el gobernador entregó un dossier técnico elaborado por el Ministerio de Desarrollo Productivo que busca respaldar la posición argentina frente a Bruselas.

El documento reúne evidencia científica, productiva y económica y, según explicó el ministro Gustavo Puccini, «refuta la posición de la UE de considerar a la soja un insumo de alto riesgo».

Según detallaron fuentes provinciales, el informe será incorporado a la presentación que la Cancillería realizará la próxima semana en Europa, en un intento por frenar el endurecimiento de las restricciones y evitar el cierre definitivo del mercado para el biodiesel argentino.

El punto es que ese criterio es duramente cuestionado por Argentina. Los argumentos de la provincia de Santa Fe sostienen que el concepto de ILUC no se basa en impactos medibles sino en modelos teóricos con altos niveles de incertidumbre:

«No existe evidencia científica verificable que demuestre una relación causal entre la producción de biodiesel de soja en Argentina y cambios indirectos en el uso del suelo», advierte el informe.

 No existe evidencia científica verificable que demuestre una relación causal entre la producción de biodiesel de soja en Argentina y cambios indirectos en el uso del suelo  

El documento señala que las sospechas europeas no tienen sustento real porque la superficie sembrada con soja en el país se mantiene estable o incluso en retroceso desde hace más de una década.

En Santa Fe, por ejemplo, los datos muestran que la proporción de bosques se mantuvo prácticamente sin cambios entre 2008 y 2024, lo que refuerza la idea de que no hubo expansión sobre áreas de alto valor ambiental.

Otro de los cuestionamientos apunta a lo que consideran un sesgo metodológico. Mientras la UE penaliza a la soja importada por un supuesto riesgo ambiental, mantiene fuera de esa categoría a cultivos producidos dentro del propio bloque, como la colza y esa discriminación vulnera los principios del comercio internacional.

 El mercado europeo es el más importante para la exportación de del biocombustible. Entre 2018 y 2025, el 97% de la venta de biodiesel tuvieron como destino la UE, llegando al 100% el último año y la restricción pone a la industria en la cornisa 

El mercado europeo es el más importante para la exportación de del biocombustible. Entre 2018 y 2025, el 97% de la venta de biodiesel tuvieron como destino la UE, llegando al 100% el último año y la restricción pone a la industria en la cornisa.

En Santa Fe se concentra el polo industrial del biodiesel donde se fabrica el 80% de la producción y genera una red de empresas que incluye puertos, aceiteras, plantas químicas y logística. El valor promedio de la producción en los últimos cinco años supera los 1.100 millones de dólares anuales, lo que da dimensión del impacto potencial.

A eso se suma el efecto fiscal y laboral. Solo por la caída del comercio con Europa, la provincia podría perder más de USD 100 millones en recaudación. En paralelo, están en riesgo casi 2.000 puestos de trabajo entre empleos directos, indirectos e inducidos, en un sector que se caracteriza por altos niveles de formalidad y salarios por encima del promedio.

En Santa Fe advierten que el impacto puede ir más allá del biodiésel. La clasificación de la soja como insumo de «alto riesgo ILUC» podría extenderse a toda la cadena de valor y complicar la exportación al mercado europeo de otros productos como aceite, harina y poroto. «No se trata solo de un biocombustible, sino de un complejo exportador estratégico», señaló Pullaro.

En ese contexto, el Gobierno nacional y la provincia comenzaron a coordinar una respuesta diplomática. No es la primera vez que Argentina enfrenta a la Unión Europea por el biodiesel y en 2016 la OMC ya había obligado a reabrir el mercado europeo. 

Ricardo Benedicto, Manuel Lao y Federico de Achával negocian con Milei para traspasar por decreto los barcos casino y el Hipódromo de Palermo a la órbita nacional. La transferencia le permitiría al gobierno ingresar millones de pesos por año que pasarían a ser fondos coparticipables y a los empresarios extender las concesiones de las salas de juego.

Benedicto es quien le compró a Cristóbal López su participación en los casinos en una operación que aún no terminó de saldarse. Junto a Lao y Achával negociaron con el gobierno libertario un decreto para cambiar la jurisdicción a la que tributan.

Primero se reunieron con Santiago Caputo, que avanzó con la redacción de un decreto. Pero ante la feroz pelea interna de los libertarios, comenzaron a tender puentes con Martín y Lule Menem, delegados de Karina Milei.

En 2016, Mauricio Macri traspasó por decreto los juegos de azar a la Ciudad asesorado por Pepín Rodríguez Simón. El problema no fue la transferencia, basada en la autonomía porteña y jurisprudencia de la Corte, sino haber evitado al Congreso. «Un decreto mata otro decreto. Mauricio se equivocó», se lamentó un funcionario porteño preocupado por perder un ingreso de miles de millones de pesos mensuales por los barcos y otro tanto por los casinos en concepto de canon y de Ingresos Brutos.

La Ciudad quiere volver a licitar el barco casino y se abre una guerra empresaria

La historia de los barcos comenzó con una licitación de Carlos Menem. El ex presidente decidió concesionar la explotación de dos casinos flotantes por 25 años amparado por una interpretación creativa: la jurisdicción del Río de la Plata era nacional y no provincial.

Tras varias idas y vueltas que incluyeron la transferencia de los juegos de azar de Nación a Ciudad y cautelares judiciales por la pandemia y por el cambio de reglas del juego, el casino flotante siguió funcionando, pero en los últimos años su supervivencia quedó amenazada.

Achaval y De Bendicto primero se reunieron con Santiago Caputo, que avanzó con la redacción de un decreto. Pero ante la feroz pelea interna de los libertarios, comenzaron a tender puentes con Martín y Lule Menem, delegados de Karina Milei.

Hace un año, la Corte revocó una cautelar que le permitió a Casinos de Buenos Aires SA continuar explotando dos barcos casino con la concesión vencida y ordenó a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo que decida sobre otra cautelar que está pendiente. Ese otro expediente traba la partida definitiva de los barcos ‘Estrella de la Fortuna’ y ‘Princess’.

Benedicto, Achával y la familia Lao saben que otro fallo de la Corte los dejará afuera de carrera, por eso se acercaron al gobierno nacional para buscar una salida.

Lule Menem, mano derecha de Karina Milei.

En juego hay miles de millones de pesos mensuales que pasaría a cobrar Nación y que entrarían en el reparto de la coparticipación, una cuestión que interesa a las provincias. De paso, Karina se daría el gusto de darle otro golpe a la gestión de Jorge Macri.

Los dueños del casino también tienen especial interés en dejar de pagar Ingresos Brutos en la Capital y en cambiar la forma en que se reparten los ingresos. Antes del traspaso a la Ciudad se quedaban con el 70% de las ganancias y luego pasaron al 30%.

Pero hay otra cuestión mucho más relevante. Un cambio de jurisdicción permitiría una nueva prórroga, ya que la concesión del hipódromo de Palermo vence en 2027. Esa extensión también podría aplicarse al casino flotante.

Los dueños de las salas de juego tienen especial interés en dejar de pagar Ingresos Brutos en la Capital y en cambiar la forma en que se reparten los ingresos. Antes del traspaso a la Ciudad se quedaban con el 70% de las ganancias y luego pasaron al 30%.

En el gobierno porteño buscan un resarcimiento en caso de que los casinos pasen a manos de Nación y el Tano Angelici, también empresario del juego, está negociando esa «indemnización» con sus colegas. 

El vínculo entre la Ciudad y los dueños de los casinos porteños siempre estuvo atravesado por la tensión entre Mauricio Macri y Cristóbal López, que incluso terminó preso durante la presidencia de Macri. 

Sin embargo, todo parece haber mejorado en los último tiempos. La prueba es que un influyente funcionario porteño logró hace poco que el casino flotante estampe su publicidad en la camiseta de San Lorenzo.

 Economía dispuso una intervención urgente de la licitación de GNL que había anunciado apenas hace 48 horas, ante la posibilidad que un nuevo escándalo de presunta corrupción sacuda al Gobierno.

La licitación de la compra de gas licuado para el invierno dirigida por el secretario a cargo del área de Energía, Daniel González, prometía escándalo porque se habían acordado precios siderales, que duplicaban los del año pasado, por un monto total superior a los USD 1.200 millones.

El Ministerio de Economía tuvo que intervenir para forzar una baja de ofertas. Todo ocurre mientras avanza una causa judicial que ya tiene al propio González imputado, en otra operación muy sospechosa, revelada por LPO, de compra de energía a Uruguay, que no produce, triangula.

El gobierno importó electricidad carísima de Uruguay, que se produce con el gas barato de Vaca Muerta

Después de que LPO revelara el costo fiscal producto de la decisión de Daniel González de «privatizar» la importación de GNL para el invierno, se encendieron las alarmas en el Palacio de Hacienda. El lunes 13 de abril se conocieron las ofertas de las multinacionales Trafigura y Naturgy, para hacer la operación de importación. Las empresas ofrecieron 4,91 y 4,95 dólares por millón de BTU. Es más del doble del costo que pagaba la estatal Enarsa por el mismo concepto. Impactó la suba del gas por la guerra de Irán, pero aún así los números eran desmesurados. «Hubo joda», afirmó a LPO un empresario del sector.

El Ministerio de Economía instruyó a Enarsa para que pidiera una mejora en los precios. En el sector hablan de un movimiento desesperado. Un escándalo silencioso. 

La reacción fue inmediata. El Ministerio de Economía instruyó a Enarsa para que pidiera una mejora en los precios. El resultado de esa presión fue parcial. Naturgy quedó mejor posicionada con una oferta de 4,50 dólares por millón de BTU. Trafigura, que había arrancado con el precio más bajo, corrigió a 4,57 dólares. 

Pero los valores continúan siendo altísimos. En Economía la preocupación por el costo fiscal y el escándalo asociado fue tan grande que se evaluó declarar desierta la licitación. Pero se decidió pedir mejora en el precio, un recurso previsto en los pliegos cuando las ofertas son similares. En otras palabras, ganar tiempo.

El problema es que el reloj corre. Tal como reveló el sitio especializado El Post Energético, por su imprevisión el Gobierno tuvo que salir de urgencia a licitar la compra de dos barcos de gas licuado para que arriben el primero de mayo. A través de Enarsa recibió propuestas de BB Energy, Glencore, BP Gas, Total, Petrochina, Naturgy y Vitol. Un menú amplio, pero condicionado por el mismo problema de fondo: precios elevados y disponibilidad limitada, por el impacto de la guerra que redujo drásticamente los envíos de gas del Golfo.

El Gobierno ahora enfrenta una decisión incómoda. O convalida estos precios, con impacto directo en tarifas y subsidios, o le ordena a Enarsa relanzar la licitación. Eso implicaría postergar la «privatización» del negocio de GNL que ensayó González. 

Todo este desaguisado ocurre mientras la Justicia se mueve rápido. Este martes la fiscal Paloma Ochoa pidió medidas de prueba contra Daniel González, en la causa que investiga los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público por la compra de energía a Uruguay. 

Entre las medidas de prueba se ordenó a Cammesa que detalle si se importó energía eléctrica desde Uruguay los días 1 y 2 de abril de 2026, junto con los registros correspondientes, tal como reveló este medio. También se solicitó información a otros juzgados federales y a la Cámara Federal de Paraná para detectar si existen otras causas sobre los mismos hechos. 

La Liga Federal Universitaria (LFU) obtuvo un aplastante triunfo en las elecciones para el Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) al conseguir cerca del 80 por ciento de los votos y retener la conducción del órgano estudiantil.

La agrupación, representante del movimiento peronista en la Universidad, se quedó con todos los cargos en juego en los claustros y sostuvo su histórica supremacía en las urnas. El segundo lugar quedó para el Frente de Izquierda Unidad, que quedó cerca del ocho por ciento.

 «El desafío del Centro es seguir garantizando que la UNLaM sea un espacio de contención para las y los estudiantes», sostuvo Trímboli, estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. 

Con este resultado, Javier Trímboli obtuvo mandato por los próximos dos años para encabezar por tercera vez consecutiva el órgano de representación estudiantil, secundado por Carlos Gómez como secretario general.

«El desafío del Centro es seguir garantizando que la UNLaM sea un espacio de contención para las y los estudiantes», sostuvo Trímboli, estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social.

Las elecciones de la UNLaM, que se celebraron entre el lunes y el miércoles de esta semana sin afectar el normal desarrollo de las clases, contaron con un alto nivel de participación estudiantil y una diversidad de opciones políticas que enriquece la vida democrática universitaria.

Horacio Rodríguez Larreta busca romper al peronismo para las elecciones porteñas en 2027. El ex jefe de Gobierno quiere liderar un Juntos por el Cambio sin Macri y con el PJ no kirchnerista, con el anzuelo que puede ganar el ballotage al candidato libertario.

«Horacio es mal candidato para la primera vuelta y bueno para el balotaje porque es la segunda opción de muchos espacios», dijo a LPO un dirigente peronista al tanto de las ambiciones de Larreta.

En efecto, en las últimas elecciones Larreta apenas sumó un 8% de los votos, la mitad del PRO, menos de un tercio que el peronismo y casi una cuarta parte que los libertarios. Sin embargo, en su entorno creen que tiene más chances de ganar un ballotage que un candidato puramente peronista, por la resistencia tradicional del electorado porteño a esa fueza.

El peronismo unido llegó a la segunda vuelta en las elecciones porteñas de 2007, 2011 y 2023. En todas perdió.

Negocian una primaria entre Jorge Macri y Larreta para ganar volumen contra Milei

«El peronismo tiene que decidir si quiere seguir quedándose afuera o ser parte de una coalición que los meta de nuevo en el gobierno porteño», afirmó a LPO un asesor del ex jefe de Gobierno. 

Sin embargo, el cálculo que hacen en el larretismo parece difícil de aplicar en la realidad. «Todos los partidos deberían trabajar en contra de sus intereses para ver si Horacio entra al balotaje, esas cosas no pasan en la política», afirmó a LPO uno de los dirigentes más importantes del peronismo porteño.

Horacio es mal candidato para la primera vuelta y bueno para el balotaje porque es la segunda opción de muchos espacios.

En el horizonte del larretismo hay tres opciones. La primera es que Mauricio Macri lo elija como candidato del oficialismo, en lugar de su primo Jorge, actual jefe de Gobierno. 

Macri se reunió con Larreta tiempo atrás y le pidió a suyos que dejaran de criticarlo. Macri y el Tano Angelici tientan a Larreta con una paso con Jorge Macri, como reveló LPO. Pero en el entorno del ex jefe de Gobierno prevalece la desconfianza. 

«Horacio cree que es una trampa, que sólo busca darle volumen político al PRO, para que Jorge entre la ballotage», confió un empresario que tiene diálogo con ambos.

En efecto, en el larretismo afirman que cuando llegue el momento de la paso, Maucricio y Angelici les van a tirar encima el aparato y lo van a sacar de la cancha.

Por eso, Larreta piensa en una reedición de Juntos por el Cambio, sin los Macri. Un armado que incluya al radicalismo, a Graciela Ocaña y la Coalición Cívica. El problema es que tanto la UCR como en el ocañismo, responden a Angelici.

Pero en el entorno de Larreta no se desaniman y quieren convencer a Juan Manuel Olmos que sume a ese acuerdo al peronismo no kirchnerista. La idea es audaz, aunque difícil. «¿Cómo vamos a romper el peronismo meses antes de una elección presidencial?», se preguntan en el peronismo porteño y agregan «el dice que quiere el peronismo sin los k, porque sabe que si vamos juntos le ganamos la primaria».

Y lanzaron una reflexión cruda: «Larreta puede querer lo que quiera, pero la realidad es que mide 8 puntos, y hoy hay dos autos que tienen nafta para llegar al balotaje: el peronismo y los libertarios».