Sociedad

 

 La belga Jan De Nul buscó este jueves, en la recta final de la licitación de la Hidrovía, darle punto final a la campaña en contra negando cualquier vínculo con empresas estatales chinas en una reunión con el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas.

El encuentro se produjo luego de las denuncias que agitó la competidora DEME, que había puesto bajo sospecha la oferta de Jan De Nul al advertir supuestas relaciones comerciales con firmas chinas, aprovechando la tensión geopolítica alrededor de la privatización de la vía navegable.

Como reveló LPO en su momento, el gobierno nunca tomó en serio las acusaciones y desestimó las presentaciones llevando a la licitación a su etapa final.

 [El Gobierno desestimó la denuncia de Deme contra Jan De Nul y la privatización entra en su etapa final]

La reunión entre los representantes de la empresa y el diplomático ocurrió horas después de una nota de una nota publicada por el diario La Nación que habló de una supuesta «influencia maligna» de China en la Hidrovía.

Según el artículo, el republicano Brian Mast, titular de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, habría alertado al secretario de Estado Marco Rubio sobre presuntos vínculos chinos detrás de la licitación.

En consecuencia, para despejar cualquier duda, este mismo jueves representantes de la compañía se reunieron con Lamelas quien «escuchó de primera mano los planes del consorcio belga-argentino que Jan De Nul integra junto a ServiMagnus para una eventual nueva concesión de la Vía Navegable Troncal Paraná-Paraguay», señaló Jan de Nul a través de un comunicado.

Los directivos dieron detalles de las obras proyectadas, las características de las dragas y herramientas de balizamiento que utilizarían en caso de ganar la licitación y la tecnología prevista para reforzar la seguridad de la navegación, el control del contrabando y la lucha contra el narcotráfico.

 La empresa ratificó ante la embajada estadounidense que todos los insumos y sistemas tecnológicos incluidos en su oferta «provienen de países occidentales» y particularmente de proveedores norteamericanos, como las cámaras VTS. 

Pero el eje del encuentro pasó por el intento de despegarse de cualquier sospecha de influencia china. La empresa ratificó ante la embajada estadounidense que todos los insumos y sistemas tecnológicos incluidos en su oferta «provienen de países occidentales» y particularmente de proveedores norteamericanos, como las cámaras VTS.

En ese marco, Jan De Nul habló de «afirmaciones maliciosas» difundidas en medios de comunicación para adjudicarle relaciones comerciales o contractuales con empresas estatales chinas y sostuvo que esas operaciones «solo buscan entorpecer el desarrollo del proceso licitatorio».

La compañía interpretó esas acusaciones como una muestra de la «impotencia» de sus competidores para superar su propuesta técnica y económica, en una disputa que ya escaló mucho más allá de lo comercial.

Por último, los directivos reivindicaron los 30 años de trabajo de la empresa en la Hidrovía y se comprometieron a desarrollar futuros proyectos junto a compañías estadounidenses vinculadas a la concesión.

 

 

Mayra Mendoza profundiza las gestiones tendientes a obtener financiamiento externo para la ejecución de un plan hídrico que contempla obras troncales sobre los arroyos San Francisco y Las Piedras, un proyecto considerado estratégico para mitigar el impacto de las fuertes lluvias en Quilmes y la región.

Durante su participación en el Foro Urbano Mundial de la ONU en Bakú, Azerbaijan, la diputada e intendenta de Quilmes en uso de licencia expuso la relevancia de esta obra que afecta a más de un millón de vecinos de Quilmes, Varela, Brown y Avellaneda.

En Quilmes calculan que, para la ejecución de este plan de obras, se necesita una inversión superior a los 400 millones de dólares, por lo que evalúan imprescindible el financiamiento de un organismo multilateral de crédito en un contexto de parálisis total de la obra pública por parte del gobierno de Javier Milei.

Meses atrás, la diputada provincial había explorado fuentes de financiamiento para ese mega plan de obras durante un encuentro de la Red Mercociudades y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en Brasil.

Sin recursos provenientes de Nación, el año pasado, durante un encuentro con intendentes de la cuenca, Mayra pidió que Axel Kicillof incluya en su pedido de endeudamiento «lo necesario para que podamos comenzar a hacer obras necesarias para mitigar las inundaciones».

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Esa discusión también alimentó las tensiones dentro del peronismo en el marco del debate presupuestario de diciembre.

Elaborado en 2021 con participación de universidades, equipos municipales y especialistas en cuencas urbanas, el Plan Hídrico Social y Ambiental promovido por el Municipio de Quilmes cuenta con un cronograma de acción por etapas y obras a realizar.

El plan abarca obras hidráulicas estructurales, un manejo ambiental de los cursos de agua y la urbanización de barrios aledaños. «Por primera vez sabemos cuáles son las obras necesarias y posibles», destacan en Quilmes.

En una primera etapa, la gestión de Mayra Mendoza avanzó en la limpieza y readecuación del arroyo, apertura de canales, retiro de residuos y sedimentos y desobstrucción de puntos críticos. «Estas tareas ya mejoraron el escurrimiento en zonas clave pero aún falta mucho», señalaron en la comuna.

El área abarca 178 km2 y concentra amplias zonas inundables con alta densidad de población en situación económica vulnerable, con microbasurales a cielo abierto y déficit del ordenamiento territorial.

 El plan abarca obras de gran escala como canalización, reservorios, estaciones de bombeo, nuevos puentes y senderos. Una de las medidas estructurales es la construcción de un túnel aliviador bajo la calle Florencio Varela, de 11 kilómetros de longitud y 6 metros de diámetro. 

En cuanto a los aspectos ambientales, los estudios realizados advierten sobre la calidad del agua, vuelcos cloacales y efluentes industriales.

El plan abarca obras de gran escala como canalización, reservorios, estaciones de bombeo, nuevos puentes y senderos. Una de las medidas estructurales es la construcción de un túnel aliviador bajo la calle Florencio Varela, de 11 kilómetros de longitud y 6 metros de diámetro.

«Para avanzar, se necesita financiamiento sostenido y decisión política», señalaron en el municipio.

Es ahí donde focalizan en el antecedente reciente de una obra realizada en Quilmes con fondos internacionales. Se trata del Ecoparque, un complejo socioambiental de 15 hectáreas clave para la separación, clasificación y tratamiento de residuos que contó con el financiamiento del BID.

Esta semana, en su rol de vicepresidenta de la Red Mercociudades, Mayra Mendoza convocó en el Foro de la ONU a buscar soluciones «urgentes» ante las consecuencias del cambio climático.

Ahí, planteó la necesidad de financiamiento para el Plan Hídrico Social y Ambiental de la Cuenca de los Arroyos San Francisco y Las Piedras.

La diputada puso de relieve la existencia de un plan concreto para la zona: «El abandono y desfinanciamiento del gobierno nacional que preside Javier Milei desde 2024 ha impedido el avance del plan que incluye obras de gran escala», dijo. 

 

 

La votación sobre el régimen de Zona Fría incluyó un articulado que busca compensa las deudas que las compañías eléctricas arrastran con la mayorista Cammesa, desde la época en la que las tarifas estaban congeladas. El avance de este mecanismo podría disparar las cotizaciones de Edenor y Edesur, las dos eléctricas que cotizan en la Bolsa.

La compensación es una idea de la secretaria de Energía, Martía Tettamanti, que entiende que los años de tarifas congeladas son un «activo regulatorio» de las distribuidoras que no tenían otra alternativa que dejar de pagarle a Cammesa, para no quebrar. «Las eléctricas no iba a pagar esa deuda y el Gobiero no se la iba a pagar, pero hacer esta compensación es importante porque le mejora el balance en los libros y ahora las compañías valen mucho más, si algún grupo las quiere comprar», explicó a LPO un directivo del sector.

El corazón de la discusión está en el artículo 4 del proyecto 03/PE-2026 enviado por Javier Milei bajo el título «Autosuficiencia económico financiera del Mercado Eléctrico Mayorista». Detrás del lenguaje técnico, la iniciativa habilita al Estado a reconocerles a las distribuidoras eléctricas «ingresos no percibidos» durante los años de congelamiento tarifario entre 2002 y 2015.

La idea es sencilla pero su implementación no tanto. La idea es que el Estado calculará cuánto dinero habrían dejado de ganar las empresas durante los años de tarifas pisadas y luego utilizaría ese monto para compensar las deudas que mantienen con Cammesa por compra de energía. Pero todavía no hay acuerdo sobre las cifras.

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Según los balances de las propias compañías, Edenor mantiene una deuda con Cammesa de 395.698 millones de pesos al 31 de marzo de 2026. Pero la empresa reclama un «activo regulatorio» de 3,65 billones de pesos a valores de septiembre de 2024, presentado en la Revisión Quinquenal Tarifaria 2025. Es decir: el reclamo empresario supera más de diez veces la deuda que mantiene con Cammesa.

Para el mercado esto es potencialmente enorme. Si el Estado reconoce aunque sea parte de esos activos regulatorios, Edenor y eventualmente Edesur mejoran fuertemente patrimonio y resultados. Eso después se traduce en valuación bursátil.

Por eso, durante el tratamiento de la ley la oposición cuestionó que el articulado deja abierta una zona gris: qué ocurre con el excedente entre el «activo regulatorio» y la deuda con Cammesa. En efecto, el texto establece que el eventual crédito se utilizará «hasta el límite» de las obligaciones con Cammesa. Pero no aclara qué pasa con el saldo restante.

Como sea, un operador del mercado que sigue de cerca a las energéticas explicó a LPO que la lectura en la City es muy clara: «Si el Gobierno termina validando la compensación, las distribuidoras podrían mostrar una mejora patrimonial muy importante en sus balances y esto debería empujar las acciones», afirmó.

La secretaria de Energía, María Tettamanti.

«Para el mercado esto es potencialmente enorme. Si el Estado reconoce aunque sea parte de esos activos regulatorios, Edenor y eventualmente Edesur mejoran fuertemente patrimonio y resultados», explicó.

«El mercado interpreta que el Gobierno está dispuesto a ordenarles los balances a las distribuidoras y eso normalmente termina impactando en la cotización de las acciones», agregó.

El proyecto también establece que las sumas resultantes quedarían exentas del Impuesto a las Ganancias para las distribuidoras y transportistas eléctricas de jurisdicción federal.

Por eso, los críticos sostienen que el Gobierno está construyendo un privilegio fiscal y regulatorio para las distribuidoras, pero lo cierto es que en la City entienden que la combinación de reorganización tarifaria y compensación de deudas,  no sólo limpia el balance de las empresas, si no que además las deja en condiciones objetivas para que mejore de manera importante su cotización bursátil.

 

 

El portero del edificio de Cristina aseguró que Bonadío y Stornelli lo amenazaron para que declare en la causa Cuadernos. El encargado del departamento de Recoleta dijo que le repitieron varias veces «No te olvides nunca que vos tenés dos hijas».

Julio Silva sumó su testimonio a los de varios empresarios que denunciaron aprietes de Bonadío y Stornelli. En su caso no fue para que declarara como arrepentido, sino para que firmara algo con lo que no estaba «de acuerdo», algo que según el encargado «no ocurrió».

En su declaración testimonial durante la instrucción de la causa, Silva había dicho que vio en varias oportunidades a Daniel Muñoz, secretario privado de Néstor Kirchner, ingresar al departamento de los Kirchner en Recoleta con bolsos y valijas.

Pero ante el tribunal oral se desdijo: «Firmé algo que no era cierto. Yo no dije que iba con bolsos y valijas».

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El testimonio del portero causó sorpresa. «Sí, declaré. Me hicieron llegar una correspondencia. Lo único que no entendí en ese momento, me llamaron a una testimonial y estuve en un interrogatorio. Me dijeron que yo tenía dos hijas y que yo tenía que responder todo lo que me preguntaban. Me puse mal, me sentí incómodo y lo quería decir», relató. Cuando le preguntaron quién lo había presionado, nombró al juez Bonadío y al fiscal Stornelli.

Las amenazas a testigos para que declaren como arrepentidos habían sido denunciadas antes de que la causa fuera elevada a juicio oral.

Este año, cuando comenzó el proceso, 27 imputados dijeron que fueron amenazados para declarar como arrepentidos..

«Me vi obligado a reconocer pagos en una situación de coacción psicológica. Nunca, bajo ningún concepto entregué dinero. Pero si no lo aceptaba, me detenían», dijo Mario Rovella, dueño de Rovella-Carranza.

Oscar Sansiseña, dueño de Cleanosol Argentina, y Daniel Pitón, de José Eleuterio Pitón SA, hicieron planteos similares.

 

 

 La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) reunió este jueves a representantes de provincias y cámaras empresarias vinculadas a la Hidrovía para analizar el avance de la licitación de la Vía Navegable Troncal y reforzar el pedido de una rápida adjudicación.

Del encuentro participaron funcionarios de Santa Fe, Entre Ríos, Chaco y Formosa, junto a dirigentes de la Unión Industrial Argentina, la Bolsa de Comercio de Rosario, CIARA, la Cámara de Puertos Privados, el Centro de Navegación y otras entidades ligadas al comercio exterior.

La reunión se produjo luego de la apertura de la última etapa de ofertas de la licitación para privatizar y modernizar la Hidrovía. Según difundió la ANPYN, las provincias y los usuarios privados respaldaron las evaluaciones técnicas realizadas hasta ahora y destacaron la «solidez técnica y transparencia» del proceso.

En paralelo, las entidades empresarias reclamaron que el Gobierno avance rápidamente hacia la adjudicación definitiva para evitar mayores costos logísticos y mejorar la competitividad exportadora. «No se puede perder más tiempo», señalaron en un comunicado conjunto difundido esta semana.

 Tras completar la tercera etapa de la licitación donde compitieron las belgas Jan De Nul y DEME, la primera se impuso en antecedentes luego de presentar ofertas económicas muy similares y ahora resta la adjudicación. 

 

 

La diputada Marcela Pagano denunció que Karina Milei firmó una licitación de $700 millones para el mantenimiento y la jardinería de Olivos, direccionada para que la gane Franco Castelli, de quien sospecha que acreditaría una relación de parentesco con Belén Agudiez, la mano derecha de la secretaria general de la Presidencia.

Según la información aportada por la legisladora, dos empresas se presentaron como oferentes para competir por el negocio, La Mantovana y Grub, pero ambas pertenecen al mismo empresario, Castelli. El procedimiento licitatorio está identificado como Licitación Pública N° 23-0005-LPU26 y fue convocado por Karina para la contratación del «mantenimiento preventivo, correctivo y riego de los espacios verdes de la Residencia Presidencial de Olivos y Casa de Gobierno».

Sin embargo, Pagano precisa en su escrito que consta en un dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia la pertenencia de ambas firmas al mismo grupo económico. «Es un hecho público, notorio y oponible frente a todos desde el 27 de septiembre de 2024», planteó.

Además, indicó que es responsabilidad de Karina «verificar la independencia económica y la efectiva concurrencia competitiva de los oferentes admitidos al certamen». «La admisión simultánea como oferentes formalmente independientes de dos firmas oficialmente reconocidas como integrantes del mismo grupo económico no puede explicarse, en este contexto, por simple ignorancia o negligencia: constituye, como mínimo a título de dolo eventual, la consagración de una ficción licitatoria destinada a aparentar competencia donde no la hay, con la previsible consecuencia de afectar el precio final y, por ende, el patrimonio del Estado Nacional», expresó.

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Pero el problema de la hermana presidencial no se detiene ahí. En rigor, la funcionaria que supervisa todo lo que ocurre en la residencia de Olivos es María Belén Agudiez, subsecretaria de Planificación General y mano derecha de Karina, a quien dentro del Gobierno llaman «la sombra de El Jefe».

Tal como reveló LPO en exclusiva, Agudiez duplicó el presupuesto de su área en los primeros dos meses de gestión, ampliándolo a más de $50 millones solo para sueldos. También nombró a sus primos Osvaldo Javier Sosa, que es jardinero de oficio, como administrador general de Olivos, un cargo que se conoce como el de «intendente» del predio, y Agustín Expósito.

Belén Agudiez.

Fuentes del gobierno deslizaron hace más de dos años que, incluso, habría nombrado a su madre y a su hermana.

Ahora, Pagano reclama al juez de la causa que confirme, con las partidas de nacimiento, si Agudiez es prima hermana de Castelli, el dueño de las empresas que se presentaron a la licitación de Karina.

De comprobarse el lazo familiar, el escándalo sería que la hermana del Presidente contrató por $700 millones a la empresa cuyo dueño es pariente de su funcionaria de mayor confianza.

No es una licitación, es un negocio de familia montado dentro de Olivos, firmado por la hermana del Presidente.

La legisladora desliza, por otra parte, que existe la posibilidad que Castelli ya estuviera trabajando en Olivos pero sin contrato, lo que indicaría que la licitación sería el blanqueo para regularizar un servicio que se brindaba en la informalidad, sin registros fiscales. «No es una licitación, es un negocio de familia montado dentro de Olivos, firmado por la hermana del Presidente», conjetura la diputada.

La denuncia apunta que Karina podría haber incurrido en «los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público».

La admisión simultánea como oferentes formalmente independientes de dos firmas oficialmente reconocidas como integrantes del mismo grupo económico no puede explicarse, en este contexto, por simple ignorancia o negligencia: constituye, como mínimo a título de dolo eventual.

Por otro lado, Pagano advierte en su escrito que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) detectó que, durante el ejercicio 2023, el Estado Nacional ejecutó cerca de 3.000 contratos vinculados a servicios de limpieza y mantenimiento por más de $88000 millones, de los cuales aproximadamente el 60% se concentró en apenas 10 empresas. «Entre los oferentes recurrentes en ese universo, LA MANTOVANA y firmas vinculadas a GRUB S.A. aparecen consistentemente identificadas. La propia SIGEN habría detectado irregularidades administrativas en el 72% de los contratos revisados (falta de documentación respaldatoria, adjudicaciones directas insuficientemente justificadas, controles débiles sobre asistencia, aportes previsionales y ART)», detalla antes de opinar que «ese antecedente no resulta accesorio» sino que «contextualiza el caso de autos dentro de un esquema más amplio cuya investigación corresponde».

Pagano reclama al juzgado que dicte una medida cautelar urgente para suspender el proceso de adjudicación de la licitación, que ordene el secuestro y resguardo del expediente administrativo completo de la licitación denunciada y que trabe las medidas cautelares patrimoniales que correspondan sobre los bienes de los eventuales imputados, en los términos del artículo 23 del Código Penal y normas procesales aplicables.