Sociedad

 

Bajo el discurso de la “eficiencia”, la “transparencia” y el “orden administrativo”, el decreto 942/2025 firmado por Milei elimina la Agencia Nacional de Discapacidad y concentra todas las políticas del sector dentro del Ministerio de Salud. Detrás del lenguaje técnico, la medida implica más controles, más auditorías y un riesgo concreto de recorte de derechos para las personas con discapacidad.

Por Roque Pérez para NLI

La publicación del DNU 942/2025 pasó casi inadvertida en medio del cierre de año, pero su contenido es de enorme gravedad para uno de los sectores más vulnerables de la sociedad argentina. El decreto no solo prorroga la emergencia sanitaria, sino que desmantela la estructura institucional que durante años tuvo a su cargo la política pública en discapacidad.

La decisión central es clara: la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) deja de existir como organismo descentralizado y pasa a ser absorbida por el Ministerio de Salud bajo la figura de una Secretaría Nacional de Discapacidad. Lo que el texto presenta como una “reorganización” es, en los hechos, una fuerte centralización política y presupuestaria.

El fin de la ANDIS y la pérdida de autonomía

Hasta ahora, la ANDIS contaba con cierta autonomía funcional y administrativa. Eso le permitía tener un presupuesto propio, equipos técnicos especializados y un margen —limitado, pero real— para sostener políticas públicas específicas.

Con el decreto de Milei, la discapacidad deja de ser una política integral de derechos y pasa a ser un área subordinada a las prioridades sanitarias y fiscales del Ministerio de Salud. Esto no es neutro: implica que las decisiones sobre discapacidad quedarán atravesadas por criterios de ajuste, “racionalización del gasto” y metas presupuestarias.

En otras palabras, la discapacidad deja de ser un derecho humano garantizado y pasa a ser un costo a administrar.

Pensiones por invalidez: auditorías, revisiones y posibles bajas

Uno de los puntos más sensibles del decreto está en el nuevo inciso 39 del artículo 23 de la Ley de Ministerios. Allí se establece que el Ministerio de Salud tendrá a su cargo:

“el otorgamiento, control, revisión y auditoría de las pensiones por invalidez”.

La inclusión explícita de las palabras control, revisión y auditoría no es casual. El propio decreto justifica la medida hablando de “irregularidades”, “falencias” y “desorden administrativo”.

La experiencia histórica en la Argentina es clara: cuando se anuncian auditorías masivas sobre pensiones por invalidez, lo que sigue son suspensiones, demoras y bajas, muchas veces injustificadas. Personas con discapacidad que dependen de ese ingreso quedan meses sin cobrar o deben atravesar procesos humillantes para volver a demostrar una condición que ya fue certificada.

El decreto habilita legalmente ese escenario.

El Certificado Único de Discapacidad, bajo la lupa

El texto reconoce que existen problemas en la gestión del Certificado Único de Discapacidad (CUD): sistemas fragmentados, falta de interoperabilidad y demoras. Sin embargo, la solución que propone no es fortalecer el acceso, sino centralizar la información y endurecer los mecanismos de control.

Esto puede traducirse en:

• Trámites más lentos
• Mayor discrecionalidad administrativa
• Nuevos obstáculos para renovar o acceder al CUD

Para miles de personas, sin CUD no hay prestaciones, transporte gratuito, medicamentos ni acompañamientos terapéuticos. Cualquier demora o restricción impacta directamente en su vida cotidiana.

Prestaciones en riesgo y prestadores ahogados

La Ley 24.901 garantiza un sistema de prestaciones básicas que incluye tratamientos, rehabilitación, transporte, apoyos y acompañantes terapéuticos. El decreto afirma que busca “transparentar contrataciones” y “optimizar el gasto”.

En la práctica, este tipo de procesos suele derivar en:

• Retrasos en los pagos a prestadores
• Revisión de convenios
• Reducción de coberturas
• Prestadores que dejan de atender porque el Estado no paga

No hace falta un recorte explícito: la asfixia administrativa también es una forma de ajuste.

Mucha Convención, poca participación real

El decreto cita reiteradamente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero no crea ningún mecanismo nuevo y concreto de participación de las organizaciones del sector. Todo queda concentrado en la estructura ministerial.

Esto contradice el espíritu mismo de la Convención, que exige la participación activa de las personas con discapacidad en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas que las afectan.

Emergencia sanitaria prorrogada: más discrecionalidad

La prórroga de la emergencia sanitaria hasta diciembre de 2026 le otorga al Ejecutivo un margen extraordinario para tomar decisiones sin debate parlamentario. En ese marco, la política de discapacidad queda sujeta a resoluciones administrativas, reestructuraciones internas y cambios de criterio que pueden afectar derechos adquiridos.

Menos Congreso, menos control, menos garantías.

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Un cambio de paradigma peligroso

El decreto 942/2025 marca un giro claro: la discapacidad deja de ser abordada desde una perspectiva de derechos y pasa a ser tratada como un problema de gestión y gasto público.

Detrás de palabras como “eficiencia”, “trazabilidad” y “orden”, se esconde un riesgo concreto de ajuste sobre quienes más necesitan del Estado. La eliminación de la ANDIS no es un hecho técnico: es una decisión política con consecuencias reales.

En tiempos donde el gobierno de Milei repite que “no hay plata”, la pregunta es inevitable: ¿el ajuste también va a caer sobre las personas con discapacidad?

 

 

El DNU 941/2025 no moderniza la inteligencia argentina: la redefine en clave autoritaria. Bajo un lenguaje técnico y eufemístico, el decreto amplía facultades, diluye controles y habilita un esquema de vigilancia política interna incompatible con el Estado de Derecho. No es una hipótesis alarmista: está escrito, negro sobre blanco.

Por Tomás Palazzo para NLI

El gobierno de Milei volvió a recurrir al atajo institucional del Decreto de Necesidad y Urgencia para reformular de manera integral el sistema de inteligencia nacional. Lo hizo sin debate parlamentario, sin consensos mínimos y sin explicaciones públicas serias. El resultado es un texto extenso, ambiguo y peligrosamente abierto a interpretaciones expansivas, que concentra poder en la SIDE, debilita los controles democráticos y habilita prácticas históricamente asociadas al espionaje interno y al disciplinamiento político.

No se trata de una discusión técnica. Se trata de qué tipo de Estado se está construyendo y contra quiénes se orientan sus herramientas más opacas.

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De la inteligencia estratégica al control político interno

El DNU 941/2025 redefine los objetivos de la SIDE ampliando de manera sustancial el concepto de “seguridad estratégica”. Bajo esa categoría difusa se incorporan amenazas que ya no se limitan a riesgos externos, sino que incluyen fenómenos internos vinculados a la “influencia”, la “injerencia”, la “desestabilización” o la “afectación del orden institucional”.

El problema no es semántico: es político. En la historia argentina, cada vez que el Estado amplió de forma ambigua estas nociones, el resultado fue el mismo: espionaje sobre partidos políticos, sindicatos, organizaciones sociales, periodistas y referentes opositores. El decreto no prohíbe de manera explícita esas prácticas; por el contrario, las deja implícitamente habilitadas.

La supuesta prohibición del espionaje interno queda vaciada de contenido cuando el propio texto permite acciones “encubiertas” y de “obtención de información” frente a amenazas que no están claramente definidas ni tipificadas. En otras palabras, la SIDE pasa a tener margen para decidir por sí misma qué constituye una amenaza interna, sin control previo efectivo.

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Ambigüedad deliberada y concentración de poder

Uno de los rasgos más preocupantes del DNU es su redacción. Conceptos como “operaciones encubiertas”, “acciones preventivas”, “seguridad estratégica” o “riesgos híbridos” aparecen reiteradamente sin definiciones precisas. Esta ambigüedad no es un error técnico: es una decisión política.

El decreto refuerza la autonomía operativa de la SIDE, reduce instancias de supervisión externa y consolida un esquema de concentración de poder en el Ejecutivo, con una cadena de mando corta y opaca. El Congreso queda relegado a un rol casi decorativo, sin herramientas reales para auditar en tiempo real las actividades de inteligencia.

Además, se amplían las capacidades del personal de inteligencia, incluyendo facultades operativas que rozan funciones de seguridad interior. Aunque no se lo diga de forma explícita, el texto habilita una zona gris donde inteligencia y coerción comienzan a superponerse, un terreno históricamente fértil para abusos.

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Las comunidades CIFN y CITN: redes de captura masiva de información

El decreto formaliza y potencia el rol de las llamadas comunidades CIFN (Comunidad de Inteligencia Federal Nacional) y CITN (Comunidad de Inteligencia Territorial Nacional), estructuras destinadas a articular información entre distintos organismos del Estado y actores privados. En los hechos, se trata de redes de intercambio de datos a gran escala, con escasos límites normativos y controles difusos.

Este esquema plantea un riesgo evidente para la privacidad y las garantías constitucionales. La circulación de información sensible sin reglas claras de protección, almacenamiento y uso abre la puerta a bases de datos políticas, sociales y sindicales, algo expresamente prohibido por la legislación vigente y por estándares internacionales en derechos humanos.

La experiencia histórica demuestra que cuando estos sistemas se expanden sin control, terminan siendo utilizados para el seguimiento de opositores y la anticipación de conflictos sociales, no para la defensa nacional.

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Elusión del Congreso y degradación democrática

Que una reforma de esta magnitud se haya hecho por DNU no es un detalle menor. El sistema de inteligencia es, por definición, uno de los ámbitos que más control democrático requiere. Milei eligió exactamente lo contrario: evitar el debate parlamentario y avanzar por decreto.

Esta forma de legislar no solo vulnera el espíritu de la Constitución, sino que consolida una lógica de Estado de excepción permanente, donde el Ejecutivo se arroga facultades extraordinarias sin justificación real de necesidad y urgencia.

La inteligencia, en este esquema, deja de ser una herramienta al servicio de la soberanía nacional para convertirse en un instrumento de gobierno, orientado a garantizar gobernabilidad mediante la vigilancia y la disuasión.

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Herencias oscuras y un futuro inquietante

Argentina conoce bien este camino. La SIDE de la democracia tutelada, la AFI del espionaje político, los archivos ilegales, las escuchas, las carpetas y los servicios como factor de poder autónomo. Nada de eso empezó con declaraciones explícitas: empezó siempre con decretos ambiguos y promesas de modernización.

El DNU 941/2025 no crea un monstruo nuevo: reactualiza viejas prácticas, ahora bajo el ropaje del liberalismo autoritario y la retórica de la seguridad.

La pregunta no es si estas herramientas pueden usarse mal. La pregunta es cuándo y contra quiénes. La historia argentina ofrece una respuesta incómoda pero clara.

 

 

Desde 1823 hasta hoy, la Doctrina Monroe funcionó como coartada ideológica para justificar invasiones, golpes de Estado, bloqueos económicos y condicionamientos políticos sobre América Latina. Un repaso histórico, crítico y documentado de una política imperial que sigue vigente y que hoy vuelve a exhibirse en el respaldo de Washington a Milei y en el grave episodio denunciado por Venezuela como el secuestro de Nicolás Maduro.

Por Alcides Blanco para NLI

El origen de una doctrina imperial

La llamada Doctrina Monroe, formulada en 1823 por el entonces presidente estadounidense James Monroe, suele presentarse en los manuales como una advertencia contra el colonialismo europeo en el continente. Sin embargo, desde sus primeros usos reales, funcionó como una autoproclamación de tutela: América no sería para los pueblos americanos, sino para los intereses de Washington. En un contexto en el que Estados Unidos aún no era potencia global, la doctrina operó como una declaración de intenciones a largo plazo, que se consolidaría con el crecimiento económico, militar y financiero del país del norte.

A fines del siglo XIX, tras la guerra contra España y la ocupación de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, la Doctrina Monroe dejó de ser una consigna diplomática para convertirse en una herramienta activa de dominación regional, reforzada luego por el llamado Corolario Roosevelt, que legitimó la intervención directa en países latinoamericanos ante cualquier situación que Washington considerara una “amenaza”.

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Golpes de Estado y gobiernos derrocados

Durante el siglo XX, la Doctrina Monroe fue el marco político que permitió una seguidilla de intervenciones directas e indirectas. En 1954, el gobierno democrático de Jacobo Árbenz en Guatemala fue derrocado tras una operación organizada por la CIA para proteger intereses corporativos estadounidenses. En 1964, Estados Unidos respaldó el golpe militar en Brasil; en 1973, jugó un rol decisivo en el derrocamiento y asesinato de Salvador Allende en Chile; en 1976, apoyó activamente a la dictadura argentina.

Estos procesos no fueron excepciones, sino parte de una política sistemática: cuando un gobierno latinoamericano intentó desarrollar un camino autónomo, redistribuir riqueza o controlar recursos estratégicos, la respuesta fue la desestabilización. Golpes, sabotajes económicos, operaciones psicológicas y financiamiento a sectores opositores fueron prácticas recurrentes.

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Dictaduras, terrorismo de Estado y Operación Cóndor

En los años setenta, la Doctrina Monroe se tradujo en su versión más brutal con la Operación Cóndor, una coordinación represiva entre dictaduras del Cono Sur, con apoyo logístico, tecnológico y de inteligencia de Estados Unidos. Miles de militantes políticos, sindicales y sociales fueron secuestrados, torturados y asesinados en nombre de la “lucha contra el comunismo”.

Lejos de ser un desvío, este entramado represivo fue funcional a la imposición de un nuevo modelo económico: apertura irrestricta, endeudamiento externo y destrucción del aparato productivo nacional. La violencia política fue el complemento necesario del saqueo económico.

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Del intervencionismo militar al disciplinamiento económico

Con el fin formal de la Guerra Fría, Estados Unidos no abandonó su política de injerencia, sino que la adaptó. Las invasiones militares dieron paso, en muchos casos, al disciplinamiento financiero, las sanciones económicas, el endeudamiento condicionado y el uso de organismos internacionales como herramientas de presión.

En América Latina, esta etapa incluyó bloqueos como el impuesto a Cuba y Venezuela, persecuciones judiciales selectivas contra líderes populares —el llamado lawfare— y el financiamiento de proyectos políticos alineados con la agenda de Washington. La Doctrina Monroe mutó, pero nunca desapareció.

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Bolivia: el golpe contra Evo Morales y el laboratorio del “golpe blando”

El caso de Bolivia es uno de los ejemplos más claros del intervencionismo estadounidense en el siglo XXI, adaptado a nuevas formas. En 2019, el presidente Evo Morales, primer mandatario indígena del país y artífice de un proceso de nacionalización de recursos estratégicos —en especial el gas y el litio— fue forzado a renunciar tras una operación de desestabilización política, mediática e institucional.

El rol de la Organización de Estados Americanos, alineada históricamente con la política exterior de Washington, fue clave. Un informe preliminar sin sustento técnico sobre supuestas irregularidades electorales fue utilizado como excusa para legitimar un golpe de Estado que derivó en la instalación de un gobierno de facto encabezado por Jeanine Áñez, inmediatamente reconocido por Estados Unidos.

Durante el régimen posterior al golpe, Bolivia vivió masacres en Sacaba y Senkata, persecución judicial contra dirigentes del Movimiento al Socialismo y una política de alineamiento total con Washington. El objetivo fue claro: interrumpir un proyecto soberano y disciplinar a un país que había decidido controlar sus recursos naturales y construir alianzas fuera del eje estadounidense.

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Ecuador: Rafael Correa y la persecución como método

En Ecuador, la Doctrina Monroe se expresó a través de una modalidad cada vez más frecuente: la persecución judicial selectiva. Tras una década de gobierno de Rafael Correa, marcada por la recuperación del rol del Estado, la reducción de la pobreza y una política exterior autónoma, se desplegó una ofensiva para borrar políticamente a su principal referente.

Correa fue víctima de un proceso de lawfare que incluyó causas judiciales armadas, condenas sin pruebas materiales sólidas y la imposibilidad de presentarse a elecciones. Todo ocurrió bajo el gobierno de Lenín Moreno, quien llegó al poder con un discurso de continuidad pero rápidamente giró hacia un alineamiento pleno con Estados Unidos, restaurando acuerdos militares, entregando información estratégica y revirtiendo políticas soberanas.

La persecución contra Correa no fue un hecho aislado, sino parte de una estrategia regional: neutralizar líderes populares sin necesidad de tanques en la calle, usando tribunales, medios concentrados y presión internacional.

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Brasil: Lula, la cárcel y la proscripción política

El caso de Brasil es otro capítulo central del intervencionismo contemporáneo. Luiz Inácio Lula da Silva, líder histórico del Partido de los Trabajadores y dos veces presidente, fue encarcelado en 2018 tras un proceso judicial plagado de irregularidades, que luego serían reconocidas incluso por la propia Justicia brasileña.

La causa que llevó a Lula a prisión se construyó sin pruebas directas y tuvo como resultado inmediato su proscripción electoral, allanando el camino para el triunfo de Jair Bolsonaro, un dirigente alineado ideológicamente con Washington y funcional a sus intereses geopolíticos y económicos.

Años más tarde, quedó demostrado que el proceso contra Lula estuvo atravesado por coordinación entre jueces, fiscales y actores externos, incluyendo cooperación informal con agencias estadounidenses. El objetivo fue inequívoco: desarticular un proyecto político autónomo que había fortalecido la integración regional, los BRICS y la independencia económica de Brasil.

Venezuela como objetivo permanente

Venezuela se convirtió en uno de los principales blancos de esta política en el siglo XXI. Desde la llegada de Hugo Chávez y la recuperación del control estatal sobre el petróleo, Estados Unidos desplegó una estrategia de hostigamiento constante: sanciones económicas, intentos de aislamiento diplomático, reconocimiento de autoridades paralelas y amenazas militares explícitas.

En las últimas horas, el gobierno venezolano denunció un hecho de extrema gravedad: el secuestro del presidente Nicolás Maduro en el marco de una operación atribuida a fuerzas estadounidenses. Más allá de la versión que intenta instalar Washington, el episodio fue calificado por Caracas y por diversos actores internacionales como una violación flagrante de la soberanía y un regreso abierto a las prácticas más crudas del intervencionismo.

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Milei y el alineamiento sin matices

En este contexto regional, la Argentina atraviesa una etapa de subordinación explícita. Durante el proceso electoral que llevó a Milei al poder, el respaldo político y económico de Estados Unidos fue público y determinante. Señales financieras, gestos diplomáticos y apoyos externos funcionaron como un mensaje claro al sistema local: había un candidato alineado con los intereses de Washington.

Lejos de ocultarlo, Milei celebró ese respaldo y adoptó una política exterior de alineamiento automático, avalando sanciones, intervenciones y acciones que históricamente el peronismo y los movimientos nacionales habían cuestionado. El resultado es una Argentina que renuncia a la autonomía regional y se reubica, sin negociación alguna, dentro del esquema de la Doctrina Monroe.

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Una doctrina que nunca fue pasado

A más de doscientos años de su formulación, la Doctrina Monroe sigue viva. Cambió de formas, de discursos y de métodos, pero mantiene intacto su núcleo: América Latina como zona de influencia exclusiva de Estados Unidos. Desde los golpes militares del siglo XX hasta el condicionamiento económico y las operaciones encubiertas del presente, la lógica es la misma.

La historia demuestra que cada vez que un país latinoamericano intentó salirse de ese corset, la respuesta fue la presión, la desestabilización o la violencia. Entender ese recorrido no es un ejercicio académico: es una condición necesaria para defender la soberanía, la democracia real y el derecho de los pueblos a decidir su propio destino.