Sociedad

 

Luego de permanecer en silencio frente al recorte que el año pasado ejecutó Nación en la asistencia a la ciudad tras el trágico temporal, ahora Federico Susbielles amenaza con demandar al gobierno de Javier Milei en la Justicia de consumarse la exclusión de Bahía Blanca de los subsidios contemplados en el régimen de Zona Fría.

Para ese cambio de temporamento, el intendente bahiense busca el paraguas del Concejo Deliberante, donde este viernes presentó un proyecto en el que solicita un apoyo del legislativo frente a una eventual demanda judicial contra Milei.

«Hay dos posiciones: o estás a favor de Bahía Blanca y sus vecinos o estás en contra. Estoy dispuesto a defender judicialmente a la ciudad de este despojo que pretende hacer el gobierno nacional», dijo Susbielles en redes.

En la oposición acusan que Susbielles podría hacer la presentación judicial sin necesidad de pasar por el Concejo y leen esta movida como una intención del jefe comunal de exponerlos ante un tema sensible.

«Se equivoca y lo único que está logrando es unir a la oposición», dijo a LPO un dirigente bahiense del arco opositor en alusión al escenario de fragmentación que, hasta el momento, imperó en los dos espacios que jugaron juntos en las pasadas legislativas, el PRO y La Libertad Avanza.

Guerra abierta entre el PRO y los libertarios por los Concejos

Como contó LPO, la pelea por la presidencia del Concejo, que finalmente quedó para la ritondista Gisela Caputo, generó una ruptura con los libertarios que responden al diputado Oscar Liberman.

Sin embargo, el debate en torno a la exclusión de la ciudad del régimen de Zona Fría alineó en una misma postura a ambos sectores de la oposición.

«Defender a Bahía Blanca no es hacer conferencias de prensa anunciando juicios. Defender a Bahía Blanca es decir la verdad: la nueva ley mantiene beneficios para quienes más los necesitan y corrige privilegios que nunca debieron existir», dijo el concejal y referente del PRO en Bahía, Emiliano Álvarez Porte.

Fuentes de la oposición bahiense sostienen que Susbielles pretende una avanzada judicial mediante la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor que depende del Concejo. «No quiere perder él solo y quiere arrastrar al Concejo a perder con él», analizan, aunque advierten que el intendente «no tiene los votos» 

En esa línea, el dirigente ritondista recordó que, cuando el municipio, a través de la Oficina de Defensa del Consumidor, promovió un amparo contra la empresa Camuzzi «el resultado fue una derrota judicial y miles de vecinos atrapados en años de incertidumbre, reliquidaciones y conflictos».

En esa línea, al discutirse el tema en la Legislatura, Liberman sostuvo que el Régimen de Zona Fría «es un privilegio para los más ricos: el 80% del subsidio se lo apropia entre el 10 y el 15% más rico».

Y agregó: «¿Por qué los hogares vulnerables tienen que subsidiar el gas a un intendente, al CEO de una empresa o a mí, que lo podemos pagar?»

Milei le cobra a Bahía un alquiler millonario por puentes de emergencia puestos tras el temporal

Fuentes de la oposición bahiense sostienen que Susbielles pretende una avanzada judicial mediante la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor, la Omic, que depende del Concejo.

«No quiere perder él solo y quiere arrastrar al Concejo a perder con él», analizan, aunque advierten que el intendente «no tiene los votos» para un eventual apoyo del legislativo local a una judicialización del tema.

Es que, para eso, primero el proyecto debería pasar por dos comisiones en las que el oficialismo no tiene mayoría para que tenga despacho y se trate en el recinto. Y, si lo pide sobre tablas, necesita 16 votos.

Ahí, calculan que Susbielles, en el mejor de los casos alcanzaría la mitad de las voluntades y, en caso de desempate, define la titular del Concejo, Gisela Caputo, del PRO. 

 

 

El juez Alejandro Slokar recibió el máximo honor académico que otorga la Universidad de Morón: el título de Doctor Honoris Causa. El acto de entrega se llevó a cabo el 4 de junio y reunió a importantes dirigentes y referentes políticos, empresariales, sociales y judiciales.

Frente a un auditorio colmado, la presentación de la condecoración estuvo a cargo del ex juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Raúl Zaffaroni y del Padre Carlos Accaputo, quienes resaltaron la prolífica trayectoria de Slokar.

Zaffaroni reconoció el privilegio que supone pronunciar unas palabras en tan significativa ocasión y recordó la enriquecedora relación que lo une con Slokar, signada por intensas discusiones teoricas que confluyeron en el célebre Tratado de Derecho Penal, elaborado por ambos junto con el Fiscal Alejandro Alagia. A su vez, elogió a Slokar y destacó la responsabilidad humanista que trae apareja la honorifica distinción que se le otorga.

El Padre Carlos Accaputo explicó que es tarea de la política construir un orden justo en términos sociales, cuyo imperativo debe ser el bien común entendido como construcción de una comunidad, mientras que la labor propia de la iglesia reside en la caridad, traducida en amor al pueblo. En ese sentido llamó a reconstruir la política y conminó a aquellos que la ejercen a asumir la responsabilidad. Finalmente, resaltó que la Justicia Social es lo fundamental para que todos puedan vivir con dignidad.

Al recibir la distinción como Doctor Honoris Causa el jurista advirtió que: «Sin Justicia Social cualquier proyecto de país es inviable» y luego expresó: «La Justicia Social constituye la dimensión más excelsa de la Justicia y es una condición irrenunciable para la conformación democrática de una Argentina moderna, integrada, mínimamente viable». Sobre ello, recordó al Papa Francisco cuando denunció que «en vez de pagar Justicia Social, pagan el gas pimienta».

Asimismo, dijo que «toda decisión sobre las necesidades sociales no es económica, también es jurídica, antes ética. Cuando los recursos para la supervivencia escasean y acecha la intemperie, la comunidad no puede subordinase al cálculo de utilidad de los más fuertes, sino al amparo prioritario de los más vulnerables». Y remató: «Si la economía regula la escasez, el Derecho gestiona la dignidad».

Al cierre de su exposición, Slokar concluyó: «La Justicia Social constituye el presupuesto de legitimidad del sistema político-institucional que se garantiza, fundamentalmente, cuando el Poder Judicial activa enérgicamente su imperativo decisorio».

Estuvieron presentes, los diputados Miguel Angel Pichetto, Mario «Paco» Manrique, Fernanda Miño, Nicolás Tortta y Guillermo Michel, el ministro de Justicia de la PBA, Martín Mena, el presidente del BAPRO, Juan Cuattromo, el ex ministro de Trabajo Carlos Tomada, el ex intendente Julio Alak, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, Jorge Knoblovits (DAIA), Raúl O. Pleé (Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación), Alejandro «Peluca» Gramajo (Secretario General UTEP), el premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, el ex gobernador y ex canciller Felipe Solá, Joaquin Da Rocha y Carlos Balbín, ex procuradores del Tesoro de la Nación, Victor Santa María (SUTERH), y Mariano Cascallares, consejero de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires.

La distinción reconoce la trayectoria sobresaliente de Slokar en el campo del derecho penal y de los derechos humanos. A lo largo de su carrera, el magistrado se ha destacado por su rol protagónico en los juicios por los crímenes cometidos durante la última dictadura militar en Argentina. La Universidad de Morón, con más de seis décadas de historia, reafirma así su compromiso con los valores de la democracia, la justicia y la memoria, al enaltecer la obra de quien ha dedicado su vida profesional a la defensa del orden jurídico y la protección de los derechos fundamentales.

 

 

Máximo Kirchner y Axel Kicillof retomaron el diálogo para organizar el velorio del Indio Solari, en medio de la confusión que hay en el gobierno nacional sobre como ubicarse ante la muerte del ídolo de Los Redondos, ubicado en las antípodas de los libertarios.

El hijo de Néstor y Cristina Kirchner se acercó en la mañana de este viernes al domicilio del Indio en Parque Leloir para tomar contacto con su familia. Un contacto que en el gobierno de Javier Milei no tienen y buscan de manera desesperada para evitar que la muerte del músico impacte de manera negativa en la imagen del libertario.

Es que las primeras reacciones del oficialismo enervaron a los ricoteros: a la represión policial de los fans que se amontonaron en Plaza de Mayo se sumó el rechazo de Martín Menem a abrir el Congreso para el velorio del cantante. Esto desató una crisis en el gobierno, como anticipó LPO, que los obligó a filtrar que ponían a disposición el predio de Tecnópolis para el velorio, aunque no lograron contactarse con la familia.

Menem no quiso velar al Indio en el Congreso y desató una crisis en el gobierno

El líder de La Cámpora y el gobernador bonaerense se movieron rápido para capitalizar la falla del gobierno y barajan alternativas junto a la familia para organizar el evento que será el sábado.

«Le pusimos a disposición de la familia todo lo que quiera», dijeron a LPO en el gobierno de Kicillof y aclararon que lo único descartado es el Estadio Único de La Plata porque está en obra.

Le pusimos a disposición de la familia todo lo que quiera.

Máximo es muy ricotero y llegó a tener una relación con la músico a quien solía visitar en su casa. En el kirchnerismo aseguran que el Indio, que en sus orígenes estaba más cómodo con el trotskismo, terminó siendo cercano a Cristina, con quien se fotografió en más de una ocasión. El escritor Marcelo Figuera, que trabajó las biografías autorizadas de Cristina y El Indio, fue uno de los puentes para ese acercamiento.

Incluso, en las últimas horas corrieron versiones sobre una carta que el Indio le habría escrito a Cristina, pero que finalmente no se la habría enviado. En el entorno del músico descartaron que el texto que circula en redes sea auténtico.

Lo que no descartaron es que exista una última entrevista de tres horas con el Indio, que por ahora no salió a la luz. 

Como sea, en el peronismo evalúan que el cimbronazo emotivo de la muerte de un ícono popular de la envergadura del Indio termine sirviendo para unificar a los dos sectores que estaban en guerra. 

El Indio y su esposa Virginia Mones Ruiz con Cristina Kirchner.

 

 

Donald Trump activó el «Escudo de las Americas» para reunir el respaldo de países latinoamericanos al gobierno de Bolivia en medio de la crisis por las protestas de los movimientos sociales y la huelga de las centrales sindicales. 

En ese marco, los países integrantes de la iniciativa de seguridad regional «Shield of the Américas» (Escudo de las Américas) emitieron una declaración conjunta en la que expresaron su respaldo a Rodrigo Paz y manifestaron su preocupación por las protestas y bloqueos de rutas que, según sostienen, buscan alterar el orden constitucional del país. 

El comunicado, difundido por el Departamento de Estado de Estados Unidos, señala que los miembros del bloque observan con inquietud las acciones de grupos que «intentan desestabilizar a Bolivia mediante manifestaciones y cortes de rutas». 

 La declaración se produce en medio de una creciente tensión política en Bolivia, donde distintos sectores vinculados al expresidente Evo Morales impulsan movilizaciones para exigir su habilitación como candidato presidencial. 

Trump en la cumbre Escudo de las Américas: «El epicentro de la violencia es México»

El gobierno boliviano ha denunciado que algunos de esos bloqueos afectan el abastecimiento y el normal funcionamiento de la economía. Los países miembros del Escudo de las Américas también hicieron un llamado a resolver las diferencias políticas mediante mecanismos democráticos y pacíficos, evitando acciones que puedan agravar la situación interna. Asimismo, ratificaron su apoyo a las autoridades bolivianas para preservar el orden constitucional y garantizar la seguridad de la población. 

El Escudo de las Américas es una coalición impulsada por Donald Trump que nuclea a líderes de derecha y dice estar orientada a coordinar esfuerzos regionales contra el narcotráfico, el crimen organizado transnacional y otras amenazas a la seguridad hemisférica. La iniciativa reúne países como Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Trinidad y Tobago

La declaración sobre Bolivia constituye una de las intervenciones políticas más explícitas realizadas hasta ahora por el bloque, que originalmente fue concebido como un mecanismo de coordinación en temas de seguridad. 

Esto refleja la creciente voluntad de sus miembros de actuar también frente a crisis políticas consideradas una amenaza para la estabilidad regional y la defensa cerrada de todos los gobiernos de derecha que orbita bajo el liderazgo de Trump.

 

 

Axel Kicillof trabaja en silencio para seducir al radicalismo y sumarlos a su carrera para la presidencia. Todo es muy incipiente, pero en la provincia de Buenos Aires apunta a un acercamiento con el sector que lidera Miguel Fernández, mientras que en el resto del país busca tender puentes al menos con los gobernadores Maximiliano Pullaro y Juan Pablo Valdés.

Armadores de Kicillof sostienen que los gobernadores de Santa Fe y de Corrientes podrían concretar un cierre electoral con Axel, antes que firmar un acuerdo con Javier Milei. Parte de esa premisa tiene que ver con el reciente viaje del bonaerense a Corrientes donde mantuvo un encuentro público con Valdés.

Sin embargo, a pesar del optimismo del axelismo, los movimientos de Pullaro y Valdés no parecen tan claros. Por caso, el correntino tuvo que salir a decir, tras la foto con Kicillof, que está en contra de las PASO. Una manera de mantener abiertos los puentes con los libertarios.

Kicillof visitó al radical Valdés en Corrientes: «tenemos el trabajo de construir una alternativa»

Pullaro en tanto, parece más reticente todavía a un acuerdo electoral con el peronismo. Este viernes, el gobernador de Santa Fe se mostró en la capital junto a Mauricio Macri recorriendo obras del Estadio Multipropósito del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD).

Las intenciones del gobernador de sumar al radicalismo a su armado político no son nuevas. Se sabe que en 2023 Kicillof le ofreció a Fernández -ex presidente del Comité Provincia- la vicegobernación. Fernández rechazó la oferta, en una decisión que hoy todavía se discute en algunos sectores del radicalismo.

Mauricio Macri y Maximiliano Pullaro.

En la provincia, pese a la lista de unidad que se logró semanas atrás, el radicalismo está fracturado. El senador Maximiliano Abad recuperó la conducción del Comité Provincia y busca un acuerdo con La Libertad Avanza o con un eventual resurgimiento de Juntos por el Cambio. Abad sostiene que el radicalismo debe ir a 2027 en un frente electoral.

La elección de 2025 fue desastrosa para todo el radicalismo bonaerense. La alianza con Somos Buenos Aires lo llevó a perder nada menos que 149 concejales en los distritos, incluidos todos los concejales del conurbano. En la Legislatura bonaerense perdió 12 de los 14 legisladores que puso en juego.

Intendentes radicales niegan un acercamiento a Kicillof y uno ya se lanzó para la Gobernación

El radicalismo siempre tuvo un nicho de poder en la provincia: los intendentes que controlan distritos importantes del verde interior bonaerense. Sin embargo, en septiembre pasado 17 de los 28 intendentes perdieron la elección.

A fines de mayo, un grupo de intendentes radicales se mostraron junto a Kicillof en un acto enmarcado en contratos de leasing del Banco Provincia. La foto disparó versiones que hablaban de un acercamiento al axelismo de los jefes comunales UCR.

Lo cierto es que esos puentes siempre estuvieron abiertos. El diálogo abierto entre la actual administración bonaerense y el Foro de Intendentes radicales ya ha generado especulaciones de corte electoral y, en un caso, hasta sondeos de incorporación al gabinete.

Como sea, las versiones obligaron una desmentida. En un documento, el Foro UCR señaló que no integran «ningún armado político impulsado por el oficialismo provincial». De paso, aclararon que nada tienen que ver tampoco con «el proyecto político del presidente Javier Milei». Esa movida, también forzó la candidatura de Franco Flexas, intendente de General Viamonte (Los Toldos) en la carrera por la Gobernación. 

 

 

El gobierno de Axel Kicillof acelera la discusión de la reforma de la Ley de Seguridad Pública, proyecto que, en la última apertura de sesiones en la Legislatura, el gobernador adelantó que presentará para modificar la normativa que data de los 90.

Para eso, profundizó esta semana la ronda de negociaciones que abrió el mes pasado en Escobar, cuando el Ministerio de Seguridad a cargo de Javier Alonso reunió a intendentes del Conurbano en Escobar.

Como contó LPO, en aquella oportunidad también hubo un principio de acuerdo para empezar a dar forma a un proyecto de ley que vuelva a crear la Policía Municipal en los distritos de la provincia.

Como sea, la descentralización y la necesidad de mayores recursos son aspectos que cruzan la discusión de políticas de seguridad en todos los municipios.

En ese encuentro de Escobar, la Provincia reunió mayoritariamente a intendentes del peronismo, con la única excepción de Ramón Lanús que, a pesar de su extracción PRO, mantiene un diálogo fluído con la cartera de Seguridad provincial.

El intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, durante el encuentro de este viernes entre intendentes de la Cuarta y funcionarios de Seguridad.

Ahora, el gobierno de Kicillof expandió en debate a intendentes de otros espacios. Esta semana, realizó encuentros en tres secciones electorales (Cuarta, Quinta y Séptima), convocando a cerca de una treintena de jefes comunales, algunos de ellos radicales, vecinalistas y del PRO.

El último de estos encuentros para debatir la reforma de la ley de seguridad pública se hizo en Chivilcoy, municipio gobernado por el vecinalista Guillermo Britos, de buena relación con el gobierno provincial y que esta semana se mostró en La Plata con Julio Alak, uno de los intendentes del peronismo que piensa en la Gobernación.

En el gobierno de Kicillof  señalaron que la intención es construir una política de seguridad «que reconozca y fortalezca el rol de los intendentes», articulando ese trabajo con la función que cumple la Policía bonaerense dentro de una estructura de conducción provincial.

En la Provincia sostienen que la actual ley no contempla gran parte de las herramientas que los municipios desarrollaron en las últimas décadas, como Centros de monitoreo, sistemas de alerta, programas de asistencia a víctimas e iniciativas de seguridad rural.

En esos dispositivos y otros es que, sostienen, buscan darle un marco legal específico que las regule e integre dentro del sistema de seguridad provincial.

En esa línea, señalaron que la intención es construir una política de seguridad «que reconozca y fortalezca el rol de los intendentes», articulando ese trabajo con la función que cumple la Policía de la Provincia de Buenos Aires dentro de una estructura de conducción provincial.

Principio de acuerdo entre Kicillof y los intendentes para reflotar la Policía Municipal

En los encuentros realizados esta semana en secciones electorales del interior bonaerense, los intendentes coincidieron en la necesidad de diferenciar las problemáticas que atraviesan municipios del interior con respecto a los del conurbano y que eso sea contemplado en la ley.

«Pero los pedidos son los de siempre: falta de móviles, de personal, más recursos. Cada vez que se hacen reuniones con Seguridad, llueven los pedidos de ese tipo», dijo a LPO uno de los intendentes que participó de estos encuentros.