Sociedad

 

Javier Milei dio el visto bueno para que el gobierno firme con China la Adenda 12 que destraba las represas de Santa Cruz, la obra emblemática de Cristina Kirchner. La decisión permitirá la inmediata liberación de USD 250 millones de la potencia asiática y de manera casi simultánea se descuenta la molestia de la Casa Blanca.

Este mismo martes en su discurso de la Unión ante el Congreso de Estados Unidos, el eje de Trump fue reducir la influencia global de China. Y como reveló LPO México en exclusiva el secretario de Estado, Marco Rubio, encabeza una gira al Cariba para reducir al máximo la presencia de la potencia asiática en la refión, verdadero motivo de la decapaitación del régimen chavista.

La reactivación de las represas de Santa Cruz no son un guiño menos a Beijing, se trata de la obra de infraestructura más grande financiada por China fuera de su territorio. 

Marco Rubio aterriza en el Caribe para limitar la presencia china y cortar los nexos con Cuba

Después de años de parálisis, renegociaciones y tensiones diplomáticas, Milei decidió reactivar un proyecto que excede lo energético: es una pieza central del vínculo financiero y geopolítico entre Argentina y China. Hasta Alberto Fernández frenó el proyecto, en ese momento por presiones del demócrata Joe Biden. Es decir, su rechazo es una política de Estado en la potencia del norte.

La reactivación de las represas de Santa Cruz no son un guiño menos a Beijing, se trata de la obra de infraestructura más grande financiada por China fuera de su territorio.

El albertismo frenó la obra contra la opinión del kirchnerismo duro, que defendía sostener el financiamiento chino como única vía realista para completar los trabajos en la provincia de Cristina y Máximo. 

El nuevo entendimiento busca cerrar ese ciclo. La adenda 12 reordena las condiciones financieras, reconoce costos adicionales generados por los desplazamientos geológicos del terreno y habilita el reinicio pleno del proyecto. 

En paralelo, se acordó un reconocimiento económico cercano a los 250 millones de dólares a favor de la UTE constructora por los sobrecostos acumulados durante los años de paralización. 

La Unión Transitoria de Empresas está encabezada por la estatal china Gezhouba junto a los socios argentinos

Eiling e Hidrocuyo

que participaron desde el inicio del emprendimiento. En las últimas semanas comenzó a circular la versión de que los socios locales podrían salir del consorcio y que la obra quedaría exclusivamente bajo control chino. 

Sin embargo, fuentes al tanto de la negociación aclararon a LPO que esa interpretación es prematura. Según explicaron, el documento que está por concretarse es un memorando de entendimiento que reconoce los deslizamientos, fija el esquema de compensaciones económicas y abre la posibilidad de ajustes internos en la composición societaria durante 2026, algo habitual en megaproyectos de infraestructura.

«No existe una cláusula automática que obligue a la salida de empresas argentinas ni está previsto el ingreso de nuevos socios», afirmo la fuente consultada. 

El trasfondo excede lo contractual. Para China, las represas representan su obra insignia en el exterior y un símbolo del despliegue global de su financiamiento estatal. Para Argentina, la reactivación genera una tensión inesperada con la Casa Blanca, que MIlei busca amortiguar con gestos de alineamiento exagerado y personal con Trump. 

 

 

 Cada licitación de deuda del Tesoro funciona como una encuesta en tiempo real sobre la confianza en el rumbo económico la Argentina. No se trata solo de renovar deuda: ahí se mide hasta donde el mercado acompaña el programa económico. 

La última operación dejó un dato central: el Gobierno decidió empezar a soltar pesos. El Ministerio de Economía adjudicó $6,74 billones tras recibir ofertas por casi $8 billones. El resultado permitió refinanciar el 93,3% de los vencimientos.  

Después de meses de absorción monetaria, el equipo de Luis Caputo empezó a mover el péndulo hacia el lado contrario. La lógica oficial es simple. Economía busca aumentar la circulación de pesos para aflojar el costo del dinero. «Están intentando bajar tasas sin decir que bajan tasas», sintetizó un operador financiero. 

Caputo ignora el consejo de Brito para reactivar y seca la plaza 

El comportamiento de los inversores mostró cautela. El 57% del total adjudicado se concentró en la Lecer más corta, confirmando que el mercado sigue refugiado en instrumentos de muy corto plazo. La preferencia es liquidez y cobertura inmediata contra la inflación. 

En los títulos dolar linked la demanda fue moderada, aunque el instrumento cortó con un rendimiento considerado atractivo. El mensaje implícito es que no hay expectativa inmediata de devaluación brusca, pero tampoco voluntad de abandonar completamente la cobertura cambiaria. 

La principal novedad fue la primera colocación del nuevo bono en dólares con vencimiento en octubre del año próximo, que captó USD 150 millones a una tasa del 5,9%, inferior a la prevista. La operación forma parte de la estrategia de financiarse sin volver a Wall Street, donde el riesgo país sigue restringiendo el acceso. 

La principal novedad fue la primera colocación del nuevo bono en dólares con vencimiento en octubre del año próximo, que captó USD 150 millones a una tasa del 5,9%, inferior a la prevista. 

En las mesas financieras dan por descontado quiénes entraron: bancos locales con depósitos en dólares récord producto del blanqueo que pagan interés por esos fondos pero tienen dificultades para colocarlos. El bono del Tesoro apareció como destino natural para esos dólares inmovilizados dentro del sistema. 

Otro dato relevante fue lo que no ocurrió. El Tesoro decidió no licitar instrumentos a tasa fija, como las Lecaps. La decisión buscó evitar convalidar rendimientos elevados y, al mismo tiempo, liberar liquidez para presionar a la baja las tasas del mercado secundario. 

La imagen es la de un Gobierno que pasa de aspiradora a regulador de flujo. Durante meses retiró pesos para estabilizar precios; ahora necesita que vuelvan a circular sin perder el control nominal. 

La licitación dejó además una conclusión política además de financiera. Sin financiamiento externo, el programa económico depende cada vez más del mercado doméstico. Cada subasta se vuelve un test de confianza. Y esta vez el mensaje fue claro: el Tesoro empezó a devolver pesos porque la economía ya no tolera seguir funcionando en modo sequía monetaria.

 

 

Es la interna de la interna. La cúpula del gabinete de Axel Kicillof está atravesada por fuertes peleas que empezaron a emerger a la superficie en los últimos días. El eje central de los enfrentamientos es el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, que empezó a chocar con el «ala técnica» del kicillofismo que acompañan al gobernador desde sus épocas de ministro.

Pero la pelea más dura de Bianco es con el otro ministro político de Kicillof, el ex camporista Andrés «Cuervo» Larroque, ministro de Desarrollo Social. Tras su ruptura con Máximo Kirchner, el Cuervo fue una pieza clave en el armado político del gobernador toda vez que contaba con el know how sobre la estructura de La Cámpora.

Los motivos de la pelea con varios, pero el principal es que Bianco está decidido a quedarse con el Organismo de Niñez y Adolescencia, un área que controla Larroque a través de Andrea Cáceres. La funcionaria es de Necochea y su nombre viene sonando fuerte para quedarse con las riendas del Puerto Quequén, una terminal que no tiene autoridades definidas tras la salida de la massista Jimena López. 

Alak rompió con Kicillof porque lo vetó como presidente del PJ bonaerense

Si Cáceres finalmente logra desembarcar en Quequén, el Cuervo quiere ubicar en Niñez a su hermana, la ex diputada Mariana Larroque. LPO consultó a fuentes del entorno de Larroque, quienes no confirmaron los roces con Bianco, aunque tampoco los negaron.

Son varios los motivos de la pelea de Bianco con Larroque, pero el principal es que el ministro de Gobierno de Kicillof está decidido a quedarse con el Organismo de Niñez y Adolescencia, un área que controla el Cuervo a través de Andrea Cáceres. 

En la interna del gabinete, Bianco le viene avisando a Larroque que peleará por el organismo de Niñez y Adolescencia. El Cuervo busca defender ese área porque forma parte de la estructura central de su ministerio.

Pero los choques con Bianco también se dan con los ministros con perfil técnico, los axelistas de paladar negro, que conocen al gobernador de las épocas de militancia en Económicas de la UBA. Integran ese grupo Augusto Costa (Producción), Agustina Vila (Secretaria General) y Pablo López (Economía). También Federico Thea, presidente del Tribunal de Cuentas y uno de los candidatos de Kicillof a integrar la Corte bonaerense. Vila y López son muy cercanos y forman parte del círculo de mayor confianza del gobernador.

Agustina Vila y Pablo López.

Las diferencias son múltiples. Bianco -que al inicio del gobierno de Kicillof era su mano derecha y jefe de Gabinete- chocó con Vila por temas de gabinete y luego en las negociaciones iniciales en el PJ bonaerense, cuando el axelismo tuvo que elegir dos apoderados. 

La bronca de Bianco con López es que el ministro de Hacienda no le gira fondos para algunas áreas de su ministerio. Mientras que Thea sostiene que el ministro de Gobierno le boicotea su camino a la Corte Suprema bonaerense.

Esos funcionarios «técnicos» conforman con Kicillof un grupo al que Bianco nunca pudo ingresar. El ministro ganó protagonismo durante la campaña de 2019 por ser el dueño del Clio con el que recorrieron la provincia, pero nunca pudo ser parte del grupo con perfil técnico, los más valorados por Kicillof. 

El kicillofista Thea sostiene que Carli Bianco le boicotea su camino a la Corte Suprema bonaerense.

Probablemente, para que todo el gabinete recuerde la importancia de su rol en esa campaña, Bianco todavía tiene el Clio estacionado en los patios de Casa de Gobierno y hasta lo usa para llegar a algunos actos del peronismo.

Pero pese a ser supuestamente el hombre político de Kicillof, el ministro de Gobierno no le ahorra problemas en ese frente al gobernador. LPO reveló que Bianco jugó fuerte durante el cierre de listas del año pasado para quedar como primer diputado por la ciudad de La Plata en un desafío al intendente Julio Alak, que buscaba sintetizar una lista de unidad donde confluyera el kirchnerismo, el axelismo y el massismo. 

Finalmente se impuso el intendente, pero esa maniobra complicó el cierre de listas y fue uno de los motivos que desgastaron el vínculo entre Kicillof y Alak.

El Clío de Carli Bianco estacionado en los patios de la Casa de Gobierno bonaerense.

Sus declaraciones públicas son recordadas, no por los cuestionamientos al gobierno de Javier Milei, sino por las durísimas críticas hacia el interior del peronismo. El año pasado dijo varias veces que los legisladores del peronismo debían aprobar «sin chistar» los proyectos del Ejecutivo.

Baradel no pudo evitar que los judiciales se sumen al paro contra Kicillof

Este martes, Bianco volvió a generar malestar hacia dentro del peronismo. Dijo en una entrevista con Infobae que el peronismo está fragmentado y con problemas en la conducción, como si esa descripción no incluyera a Kicillof, gobernador de la provincia más grande, presidente del PJ bonaerense y candidato a presidente. Cuando le preguntaron si cree que Cristina Kirchner no conduce más el peronismo, Bianco fue contundente: «Cristina es uno de los sectores que tiene el peronismo fragmentado en Argentina».

El peronismo está fragmentado y con falta de conducción. Cristina es uno de los sectores que tiene el peronismo fragmentado en Argentina.

En La Cámpora lo comparan con Manuel Adorni y aseguran que tiene que nombrar a Cristina para desviar la atención ante el paro de docentes, estatales y judiciales del próximo lunes, un conflicto que como ministro de Gobierno le pega de lleno. «Durante el gobierno de Kicillof, los estatales perdieron 34% de su salario. Por eso Chiche Bianco (sic) tiene que distraer y hablar de Cristina», dijo a LPO un referente de la agrupación kirchnerista.

La diputada nacional Teresa García le pidió a Bianco que guarde silencio. «Hay miles que hoy se han quedado sin trabajo y sin salud», dijo en las redes y siguió: «No sé si se enteró que la Conducción está presa, proscripta, y con restricción inhumana».

 

 

El Gobierno pagará 33 millones de dólares a la empresa privada canadiense Top Aces Corp con sede en Arizona para que capacite a los pilotos de los aviones F-16. La información fue confirmada por el Departamento de Guerra de Estados Unidos pero no es el país del norte el que hará el entrenamiento sino la firma contratada. 

Una importante fuente militar dijo a LPO que «en ningún momento de la gestión de Luis Petri se habló de un contrato con una empresa privada. En Estados Unidos lo que va a hacer es autorizar que los pilotos a venir a la Argentina pero el entrenamiento se los da una empresa privada canadiense que cobra 33 palos». 

Según este militar, el costo del entrenamiento hay que sumarlo a lo que nos cobraron por instruir a los pilotos tanto en Estados Unidos como en Dinamarca, que eso era parte del contrato de compra de los aviones, y lo que nos sale, tener a los 30 instructores daneses que tenemos viviendo en Córdoba con su familia». 

Malestar en las Fuerzas Armadas porque Petri le concedió al Reino Unido que los F-16 no tengan radares para vigilar las Malvinas 

«No fue contemplado en ningún momento, no se habló, no fue motivo de análisis, siempre fue que con el paquete venía el entrenamiento a los pilotos y los simuladores», insistió.

Este militar detalla que «son los famosos contratistas de defensa de Estados Unidos que desarrolla el sistema de armas, lo operan, tienen su propio personal militar retirado que labura para ellos y después finalmente se lo vende a la fuerza. Este es un negocio privado. Estados Unidos sólo da el visto bueno para que se realice el entrenamiento, obviamente en espacio aéreo estadounidense y con militares extranjeros entrenando como tales». 

En ningún momento de la gestión de Luis Petri se habló de un contrato con una empresa privada. En Estados Unidos lo que va a hacer es autorizar que los pilotos a venir a la Argentina pero el entrenamiento se los da una empresa privada canadiense que cobra 33 palos

Esto abre un frente con la Armada. Un importante integrante de esa fuerza reveló a LPO que «esos 33 millones de dólares es una cifra muy cercana a los 30 millones que le habían prometido a la Armada para comprar dos Fragatas, casualmente, en Dinamarca». 

«Presti les aplica mano militar a los jefes de Estado Mayor y con el jefe de la Armada no dialoga, le ordena nada más pero están todos a las puteadas porque se enteraron hoy por los diarios», aseguró. 

No fue contemplado en ningún momento, no se habló, no fue motivo de análisis, siempre fue que con el paquete venía el entrenamiento a los pilotos y los simuladores

La compra a Dinamarca incluyó un total de veinticuatro aviones F-16 A/B Block 15 MLU, modernizados al estándar «Tape 6.5»: 16 monoplazas y ocho biplazas destinados a entrenamiento. Además, la operación contempló la incorporación de armamento, equipamiento de apoyo, cuatro simuladores de vuelo, ocho motores, cascos de última generación y repuestos para cinco años, con una entrega gradual de cuatro aviones por año.

Lapidario informe de la Fuerza Aérea sobre los F-16: «No hay capacidad técnica para mantener pistas y hangares»

El envió incluyó seis aviones: cuatro biplazas F-16BM (matrículas M1004/05/07/08) y dos monoplazas F-16AM (matrículas M1009 y M1020). Estos aparatos reciben apoyo logístico de un Boeing 737 T-99 «Islas Malvinas» y un KC-130H TC-69 para misiones de búsqueda y rescate.

Todo esto no estuvo exento de controversias, no solo por el costo de la operación sino también porque, como adelantó LPO, no cuenta con radares para vigilar las Islas Malvinas porque Estados Unidos es aliado de Reino Unido en la OTAN.

Este medio reveló también el lapidario informe de la Fuerza Aérea sobre los F-16 que dijo que «no hay capacidad técnica para mantener pistas y hangares», hablan de maquinaria obsoleta y equipos en mal estado. «Si tuviéramos los 24 aviones se los podría hacer volar dos horas a cada uno en el año», afirmó a LPO en ese momento una fuente militar.

 

 

El gobierno confía que este jueves conseguirá en el Senado la media sanción de la modificación a la Ley de Glaciares con los votos del bloque de Carolina Moisés y los peronistas Sergio Uñac y Lucía Corpacci.

La senadora jujeña acaba de separarse del interbloque de José Mayans y se convirtió en vicepresidenta de la cámara con el respaldo de los 44 antikirchneristas, quedándose sorpresivamente con el lugar que le correspondía a la principal fuerza opositora. Si se inclina por la afirmativa, su postura serviría de excusa para que sus excompañeros de bancada se reconforten en el reproche por su acompañamiento a Javier Milei.

Uñac y Corpacci, por su parte, ni siquiera asistieron este miércoles a la reunión del bloque peronista. La catamarqueña preside el PJ de su provincia y, aunque se encolumna bajo el liderazgo de Cristina Kirchner, se cuida siempre de no desairar a su gobernador pero, encima, cultiva un profundo malestar después que Mayans blandiera su nombre para compulsar contra Moisés en vano, por el sillón que dejó vacante Silvia Sapag.

Por lo demás, fuentes del oficialismo adelantaron a LPO que cuentan con el apoyo de los gobernadores Raúl Jalil y Marcelo Orrego, quienes expusieron a favor de los cambios a la norma aprobada el 30 de septiembre de 2010, con el histórico voto de Miguel Pichetto.

«No hay impacto ambiental más negativo que la pobreza»

El propio Orrego anunció este martes que los diputados que le responden, Nancy Picón Martínez y Carlos Jaime Quiroga, tienen la orden de votar por la afirmativa pero aprovechó para pronunciarse contra los peronistas que rechacen la iniciativa en la Cámara Alta. «Votar en contra de esta ley es votar en contra del desarrollo, del empleo y del futuro de los sanjuaninos», dijo.

A Uñac, de todas formas, lo asiste incluso la postura del exgobernador José Luis Gioja, que no solo se opuso a la ley nacional vigente sino que impulsó una legislación provincial que flexibilizó las condiciones impuestas por el Congreso. Además, su hermano César Gioja se desempeñaba en 2010 como senador y votó contra la normativa impulsada en ese entonces.

Carolina Moisés y Flavia Royón.

En rigor, Moisés, que se abrió junto a Sandra Mendoza y Guillermo Andrada con Convicción Federal, más Corpacci y Uñac, sumarían cinco voluntades al lote de los 21 libertarios, los dos misioneros, los dos santacruceños, el correntino Carlos «Camau» Espínola, la salteña Flavia Royón y la neuquina Julieta Corroza. En total serían 33 y habría que agregarles alrededor de cinco radicales, porque se espera que el bloque de la UCR también se divida.

Cerca de Eduardo Vischi comentaron a LPO que la preocupación radical se basaba en «las competencias de las provincias cuando se tomen decisiones que afecten a otras» y se evaluaban «alternativas para dirimir las discusiones».

Votar en contra de esta ley es votar en contra del desarrollo, del empleo y del futuro de los sanjuaninos.

El dictamen que se estará este jueves en las bancas todavía no estaba totalmente pulido, al cierre de esta nota. A ese trabajo de correcciones y negociaciones se dedicaban en la tarde de este miércoles el libertario Agustín Coto, la salteña Flavia Royón, la chubutense Edith Terenzi y la santacruceña Natalia Gadano.

En el bloque de Patricia Bullrich, no obstante, aseguraron a LPO que la ley saldría. «De piso, tenemos 38 votos pero podemos acercarnos un poco más al techo de 44», dijeron.

Los libertarios reivindican que «no se va a tocar el inventario de glaciares» hecho por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) y se jactan de promover el respeto pleno al artículo 124 de la Constitución Nacional, que establece que las provincias tienen la potestad sobre los recursos que provean sus suelos. «Vamos a usar los argumentos de Cristina para el veto de 2008», anticipan.

La ley en debate se basa en el cuestionamiento a la pericia del IANIGLA para inventariar con imágenes satelitales los miles de glaciares del país. Un senador de LLA lanzó ante LPO una crítica furiosa «al progresismo de Palermo que impulsó la ley Bonasso», en referencia al periodista y exdiputado Miguel Bonasso. «No vamos a tocar el artículo del objeto protegido pero necesitamos que las provincias puedan decidir si habilitan la minería o no en glaciares de escombros, donde no hay relevancia hídrica», argumentó.

En los últimos 10 años se observó una reducción del 17 por ciento en la superficie glaciar del noroeste del país, precisamente en las zonas donde más se necesitan como reservas y reguladores del recurso hídrico.

A pedido de los gobernadores, los libertarios repusieron la primacía de los distritos provinciales por encima de los criterios científicos del IANIGLA para que sea cada jurisdicción, en base a sus propios estudios de impacto ambiental y con la legitimidad social que emane de audiencias públicas, la que resuelva si una zona de glaciares o sus adyacencias pueden abrirse a la minería u otro tipo de producción.

Según la última actualización del inventario del IANIGLA, apuntó Eugenia Testa, redactora de la ley de 2010 y actual directora del Círculo de Políticas Ambientales, «en los últimos 10 años se observó una reducción del 17 por ciento en la superficie glaciar del noroeste del país, precisamente en las zonas donde más se necesitan como reservas y reguladores del recurso hídrico». «Estas áreas corresponden en gran parte a las provincias cuyos gobernadores hoy buscan flexibilizar la norma que los protege», alertó.