Los intendentes radicales salieron este jueves a despegarse de un eventual armado electoral que los incluya debajo de la candidatuta presidencial de Axel Kicillof. En paralelo, uno de ellos, Franco Flexas, de General Viamonte (Los Toldos) ya se anotó para la carrera a la Gobernación.
Luego de un acto nstitucional con Kicillof enmarcado en contratos de leasing del Banco Provincia, surgieron versiones que hablaban de un acercamiento al axelismo de los jefes comunales UCR.
No es la primera vez. El diálogo abierto entre la actual administración bonaerense y el Foro de Intendentes radicales ya ha generado especulaciones de corte electoral y, en un caso, hasta sondeos de incorporación al gabinete.
Sin embargo, en un documento, el Foro UCR señaló que no integran «ningún armado político impulsado por el oficialismo provincial». De paso, aclararon que nada tienen que ver tampoco con «el proyecto político del presidente Javier Milei».
Como intendente de tres períodos ya es un deber ser candidato y quiero ser gobernador de la provincia porque hay muchas cosas para cambiar
Con el acento en generar una propuesta radical, Franco Flexas manifestó su intención de competir por la Provincia.
«Como intendente de tres períodos ya es un deber ser candidato y quiero ser gobernador de la provincia porque hay muchas cosas para cambiar», dijo Flexas a LPO y sostuvo sobre las versiones de un acercamiento a Kicillof: «Ni siquiera vi un gesto que tenga que ver con eso, alejadísimo de la realidad».
Dentro de la siempre agitada interna radical, el intendente de General Viamonte se encuadra en el denominado «Grupo Saladillo» que integra la diputada Alejandra Lordén y algunos intendentes como Francisco Recoulat (Trenque Lauquen), Nahuel Mittelbach (Ameghino), Salvador Serenal (Lincoln), José Luís Salomón (Saladillo), entre otros. También, al ex titular de la UCR bonaerense, Miguel Fernández.
Sobre la lista de unidad a la que se alcanzó entre su espacio, Evolución y el sector que lidera Maximiliano Abad, Flexas dijo: «Fue importante recuperar la institucionalidad del partido, ahora hay que formar la unidad entre los tres sectores mayoritarios».
«Hay que generar un proyecto de poder que tenga que ver con la visión que tiene el radicalismo en la provincia y después veremos qué es lo que pasa el año que viene pero si no tenemos un proyecto propio, no podemos ir colgados de nadie y no podemos ir en búsqueda de otros acuerdos que solo impliquen acompañar otras ideas», dijo Flexas.
Y agregó: «Para acompañar ideas que nada tienen que ver con el radicalismo, es preferible perder elecciones, ganar en los municipios que tengamos que ganar, pero ser honestos con nosotros y con la gente».
Como la mayoría de sus pares en el radicalismo, Flexas apuesta por un desdoblamiento de la elección bonaerense con respecto de la nacional. «Es importante que la Provincia pueda discutir sus problemas separada de la Nación», dijo.
Más allá de eso, consideró que, para la nacional, el radicalismo debería tener su candidato presidencial y que el mismo salga de los cinco gobernadores que tiene el partido. «Veo a la gente defraudada y desesperanzada, por el anterior gobierno y ya se está sintiendo con este», sostuvo.
Crece la tensión política en Morón a la par de un escándalo que toca de cerca a la gestión de Lucas Ghi, que será interpelado en el Concejo por el caso que involucra a Luna Ortigoza, ahora ex funcionaria del área de Género local a la que días atrás le allanaron la casa y le encontraron un ladrillo de más de medio kilo de cocaína.
Acusada de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de arma de fuego, Ortigoza permanece prófuga. Al trascender el hecho, la gestión Ghi informó la «inmediata la desvinculación» de la funcionaria.
El hecho se suma al caso de Karen Cufré, ex funcionaria de Seguridad municipal que fue detenida, acusada de integrar la banda de extorsionadores que operaba desde la cárcel de Magdalena y que se vincula al suicidio del soldado en la Quinta de Olivos.
«Morón atraviesa una de las crisis institucionales, éticas y de seguridad más profundas de su historia reciente», señala el proyecto de interpelación
En ese marco, este jueves la oposición en el Concejo avanzó con el pedido de interpelación a Ghi al lograr los dos tercios para su tratamiento sobre tablas a partir del apoyo del bloque de Nuevo Encuentro, de Martín Sabbatella, lo que representó una nueva foto de la ruptura total del panperonismo de Morón.
El proyecto de interpelación habla de una «gravísima situación institucional» y recuerda que, el de Ortigoza es «el segundo escándalo penal en el último año que involucra a personal municipal.
Entre los puntos a interpelar a Ghi aparece su «responsabilidad política y funcional» en el caso y si, luego del Caso Cufré, la comuna implementó algún mecanismo preventivo, alertas tempranas, filtros de idoneidad y/o si tomó acciones judiciales.
«Morón atraviesa una de las crisis institucionales, éticas y de seguridad más profundas de su historia reciente», señala el proyecto impulsado por los bloques opositores, que acusaron a la gestión Ghi de intentar «minimizar» el caso «con un tibio comunicado de prensa».
En sus canales oficiales de comunicación, la gestión municipal manifestó que lo hallado en el domicilio de Ortigoza fue en el marco de «allanamientos impulsados desde la Secretaría de Seguridad». En tanto, cerca de la comuna señalaron que el pedido de interpelación responde a intereses «políticos».
La ahora ex funcionaria prófuga es vinculada al armado que en Morón Sur (barrios San Juan y Santa Rosa) despliega Rogelia Franco, madre de la jefa de Gabinete de Ghi, Estefanía «Toffi» Franco, de fuerte ascendencia en el intendente e impulsora de un armado luquista puro, Primero Morón.
Ante eso, en la oposición se hacen preguntas sobre la relación que puede tener un allanamiento impulsado por la comuna y una funcionaria municipal que estaba ausente al momento del operativo y que permanece prófuga.
Como sea, este episodio vino a recrudecer la ya detonada relación entre Nuevo Encuentro y Ghi.
En una encendida intervención, el jefe del bloque sabbatellista, Diego Spina acusó a Ghi de nombrar en el gabinete a dirigentes PRO y, en el caso de Género, dijo que el «equipo de profesionales» de Nuevo Encuentro fue corrido para poner a funcionarias como Ortigoza.
«Hablaron de su idoneidad, y que incluso había hecho masters en género, pero en el movimiento feminista nadie la conoce y no tiene ningún estudio hecho», sostuvo.
Y agregó: «Antes, fue nombrada en Género Laura De Peri, una funcionaria corrupta del departamento judicial. La fueron a buscar para garantizar la impunidad de los varones golpeadores y para hacer intervenciones espurias ante el Departamento Judicial de San Isidro y de Morón. Ella la trajo a esta funcionaria».
Cerca de Martín Sabbatella señalaron a LPO que Ortigoza militó en Nuevo Encuentro en Morón sur y que se quedó con Ghi con la ruptura. Es con ese corte que Ortigoza pasa de un puesto de empleada a un cargo de directora en el área de Género.
En el sabbatellismo analizan que, al desprenderse «tan rápida y violentamente» de la estructura de Nuevo Encuentro, Ghi fue construyendo un marco político a partir otras estructuras. «Ahí, se metió todo», dicen.
La ahora ex funcionaria prófuga es vinculada al armado que en Morón Sur (barrios San Juan y Santa Rosa) despliega Rogelia Franco, madre de la jefa de Gabinete de Ghi, Estefanía «Toffi» Franco, de fuerte ascendencia en el intendente e impulsora de un armado luquista puro, Primero Morón.
Frente a eso, en Nuevo Encuentro acusan «operaciones» que intentan ligar a Ortigoza con el sabbatellismo. «Este Gobierno está lleno de traidores que antes eran de Nuevo Encuentro y se fueron. No me vengan a hablar de operaciones políticas, no le tenemos miedo a nada, tenemos la conciencia tranquila, queremos que se sepa la verdad», dijo Spina.
Con vehemencia, el concejal y mano derecha de Martín Sabbatella trazó diferencias en cuanto a cómo la gestión Ghi abordó los casos de Cufré y Ortigoza, por un lado, y el caso de Hernán Sabbatella (denunciado por violencia de género), por el otro.
Alineado a Ghi y peleado con su hermano, Hernán Sabbatella (por entonces secretario de Legal y Técnica local) fue alejado de la gestión con licencia por tiempo indeterminado, hasta que se esclarezca el caso.
«De las dos chicas sí dieron los nombres inmediatamente y al secretaria de Legal y Técnica salieron a decir que lo corrían con licencia especial, flor de licencia con goce de haberes, que además no está firmada», dijo Spina.
Los varoncitos, los que tienen el pito parado, siguen gozando de la impunidad de un gobierno que se hizo abiertamente de derecha, por eso votamos esta interpelación y esperamos que mañana no venga ningún farsante derechoso a dar la cara acá, que venga el intendente
Y se preguntó: «¿Cuál es la licencia que le dieron para que el día de hoy siga cobrando más de 3 millones de pesos un funcionario que por ser varón no lo corrieron de la gestión?»
En esa línea, apuntó: «Los varoncitos, los que tienen el pito parado, siguen gozando de la impunidad de un gobierno que se hizo abiertamente de derecha, por eso votamos esta interpelación y esperamos que mañana no venga ningún farsante derechoso a dar la cara acá, que venga el intendente».
En el sabbatellismo analizan que, al desprenderse «tan rápida y violentamente» de la estructura de Nuevo Encuentro, Ghi fue construyendo un marco político a partir otras estructuras. «Ahí, se metió todo», dicen.
Por eso, creen que escándalos de este calibre pueden llegar a repetirse. «Al lotear el municipio lo que perdió es control sobre la estructura. Corre el riesgo de que se le desbande todo», analizan.
El juez federal de Rosario Gastón Salmain entró en un laberinto de difícil salida. Este jueves la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura impulsó por unanimidad de sus siete miembros que dos de los hechos que se le reprochan sean analizados por el plenario de veinte miembros del órgano que evalúa jueces, lo que lo deja en la orilla de la suspensión para un juicio político. La sola suspensión podría activar la prisión preventiva de Salmain en un caso donde está procesado por pedir un soborno, que solo no se aplicó porque lo amparan sus fueros como magistrado.
Los hechos por los que Salmain está en la mira del Consejo son dos. Uno es la causa penal por haber autorizado a los tenedores de un fideicomiso Attilla a comprar diez millones de dólares mientras regía el cepo cambiario, a cambio de un pago del diez por ciento de la diferencia de cambio entre el dólar oficial y el dólar blue, lo que se considera un soborno que los fiscales del caso estimaron en 200 mil dólares. La pena en expectativa para el principal delito que le atribuyen es de prisión efectiva y va de cuatro a doce años.
El segundo hecho es el que más ruido causó desde que se escuchó el descargo del juez la semana pasada. Es porque omitió señalar en su CV al concursar que en 2002 la Corte Suprema lo echó de la Justicia Federal, donde era empleado, por ofrecer una coima a una secretaria de juzgado para direccionar un expediente. Ocho días atrás, ante una consulta del consejero y senador nacional Luis Juez, que le preguntó porqué escamoteó eso, Salmain dijo que no lo mencionó porque no se lo habían preguntado.
Esa respuesta, que fue un latiguillo en redes durante días, la recogió Juez este miércoles antes de votar para impulsar el jury. No lo perdonó y habló bien en criollo. «El nunca dijo que había sido funcionario judicial y, cuando concursó, que había sido expulsado de la Justicia por un hecho gravísimo. A ver si podemos lograr que los jueces que van a venir a rendir ac{a entiendan lo que es la categoría de juez. ¿Va a ser juez federal hasta los 75 años y vas a hacer eso, hermano? Lo que tenés que hacer es decir siempre la verdad».
El argumento de Salmain es que el reglamento del concurso vigente pide reseñar los antecedentes del concursante en los últimos diez años. Y a Salmain la Corte lo echó por coimero hace veinticuatro.
Antes de la sesión de este miércoles, Salmain intentó un recurso a través de un abogado para que Juez no pudiera votar por mérito para ser recusado y que el expediente disciplinario se declarara nulo. No tuvo eco en ningún consejero.
La sesión siguió entonces adelante y el recusado tuvo su oportunidad. Suena tautológico, pero Juez despellejó al juez. «Después le exigimos al ciudadano común condiciones que no estamos dispuestos a cumplir cuando somos jueces», dijo. Siguió señalando que el sospechado hizo reproches sobre la cantidad de gente que a su criterio los fiscales que lo investigan deberían haber citado en su mismo caso y no lo hicieron. «Esta es la forma en que se defienden los delincuentes. Se defienden acusando a otros». Dijo por último que se imaginaba salir airoso si él fuera imputado en un caso e, indagado por su delito, le dijera a cualquier juez que no había hablado de eso «porque no me preguntó».
«El otro día lo teníamos acá a Salmain. No puedo creer que una persona esté más preocupada por la continuidad del salario y su cargo que defender su honor», dijo el senador cordobés. «Lo escuché con oído entrenado como abogado, hace 40 años que ejerzo la profesión, fue una defensa espantosa. Estamos hablando de un magistrado enormemente sospechado y la defensa del señor Salmain nos quería hacer creer que se confabuló toda la Justicia Federal de Rosario para ponerlo en este lugar procesal. Necesitamos jueces con honor. Y el honor no se defiende con artilugios, picardías o chicanas. Que vaya al jury para que podamos evaluar su conducta». Lo señalaba porque la defensa de Salmain intentó en reiteradas ocasiones, sin lograrlo, recusar a los jueces que actuaron en sus causas y también apartar a los fiscales.
El diputado nacional Rodolfo Tailhade impulsó el dictamen que manda los antecedentes de Salmain al plenario del Consejo para decidir el jury. No estuvo de acuerdo en que se lo reproche por haber obviado que lo dejaron cesante por pedir una coima, porque efectivamente el reglamento de concurso no exige dar cuenta de antecedentes que excedan los diez años a la fecha de esa compulsa. Y sostuvo que el juez hizo una defensa técnica acorde cuando compareció, que deben analizarse en el jury. Pero alertó que Salmain tiene procesamiento confirmado por corrupción y sigue en su cargo.
«Es un juez con prisión preventiva que está tomando audiencias, es una situación inverosímil», observó Tailhade.
El consejero César Grau dijo que si estuviera vigente el reglamento de concursos que postulan ahora desde la Corte Suprema el artilugio atribuido a Salmain no habría prosperado y nunca habría llegado a juez. ¿Por qué? Porque se establece la conformación de un legajo digital único, unificado, público, transparente y permanente», afirmó Grau. «El sistema actual se basa en la buena fe, es una declaración jurada. Entonces, si miente el postulante, ¿qué pasa?» La respuesta que sugería es que un aspirante con un gravísimo antecedente irregular, como pasó con Salmain, puede llegar a juez. «La casta en algún momento tiene que perder», dijo.
Salmain está actualmente procesado por presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato. El plenario del Consejo sesionará sin fecha definida pero en breve para considerar si lo lleva a juicio político, lo que podría definirse con trece de los veinte votos. En caso de suspensión los jueces a cargo del caso en Rosario tendrán que decidir si tornan efectiva la prisión preventiva que le dictaron y que su inmunidad como magistrado dejó en suspenso.
El bloque de diputados de La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense evitó formalizar en la sesión de este jueves los cambios en el bloque. Agustín Romo sigue siendo el presidente de la bancada libertaria y la llegada de Juan Osaba deberá esperar quizás hasta después del mundial.
La salida de Romo de la jefatura del bloque supone un enroque con Osaba por el cual el legislador que responde a Santiago Caputo pasará a ocupar una de las vicepresidencias de la Cámara que hoy tiene Osaba, mano derecha de Sebastián Pareja en La Plata.
Se esperaba que este jueves quedarán formalizados los cambios, sin embargo eso no ocurrió. Todo indica que existe un acuerdo para los cambios en la jefatura del bloque, pero no hay un consenso para aprobar la llegada de Romo a una de las vicepresidencias, un cambio que supone la votación de todos los bloques. «Romo va a tener que salir a conseguir los votos», dicen diputados del bloque libertario.
Desde el bloque explicaron a LPO que se inició el proceso administrativo, vía notas del bloque, tanto para el cambio en la presidencia de la bancada como en la vicepresidencia de la Cámara. Y agregan que los cambios se efectivizaran en la próxima sesión.
Mientras tanto, el bloque pareció estar acéfalo durante la primera sesión del año. Ni Romo, ni Osaba pidieron la palabra para defender los cambios que impulsa el gobierno de Javier Milei al régimen de Zona Fría.
Ese proyecto de ley que discute el Congreso fue el eje de los discursos durante la sesión. Por parte del bloque libertario salió Oscar Liberman quien expuso las distorsiones distributivas del sistema vigente basándose en investigaciones de la Universidad Nacional del Sur y el Conicet.
Oscar Liberman.
«Con el modelo actual en la zona ampliada, el 80% del subsidio se lo apropia entre el 10 y el 15% de la población con más altos ingresos. Es un subsidio para ricos», aseguró Liberman. Además, dijo que existe cierta injusticia de que los sectores vulnerables que no tienen acceso a la red de gas natural terminen financiando el consumo de las familias con mayor poder adquisitivo.
Sin embargo, sobre el final de la sesión, cuando los presidentes de los bloques dan un cierre a los debates, nadie en La Libertad Avanza pidió la palabra. El camporista Facundo Tignanelli se mostró sorprendido por la actitud de los diputados libertarios.
El gobernador del Chubut, Ignacio «Nacho» Torres, mantuvo una reunión con autoridades de Pan American Energy en el marco de la inversión de USD 680 millones prevista por la empresa para desarrollar un nuevo esquema de recuperación terciaria en Cerro Dragón, a través de la construcción de 22 plantas de inyección de polímeros, y perforaciones adicionales, destinadas a incrementar la producción convencional y contrarrestar el declino del área.
El anuncio fue realizado de manera conjunta por el mandatario provincial; el secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge «Loma» Ávila; y el Group CEO de PAE, Marcos Bulgheroni; ante el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, junto a funcionarios nacionales y provinciales.
Al respecto, Torres destacó la importancia de las inversiones que Pan American Energy viene realizando en la provincia y aseguró que «son una señal concreta de confianza en el potencial productivo de Chubut y en el futuro de una industria clave para la economía provincial».
«El crecimiento y sostenimiento de la actividad demuestra que, cuando hay previsibilidad y compromiso entre el sector público y privado, se generan oportunidades de desarrollo, empleo y fortalecimiento de las economías regionales», expresó el mandatario, agregando además que el plan de inversiones «permitirá modernizar la producción, incorporar tecnología y sostener miles de puestos de trabajo directos e indirectos en toda la Cuenca».
«Chubut tiene un enorme potencial y necesita continuar consolidando políticas que incentiven nuevas inversiones, impulsen la competitividad y acompañen el crecimiento de la industria hidrocarburífera, generando un impacto positivo y sostenible a largo plazo», concluyó Torres.
Pan American Energy anunció que presentará la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para avanzar con un nuevo desarrollo en el área de Cerro Dragón, basado en un proyecto de recuperación terciaria que contempla la construcción de 22 plantas de inyección de polímeros.
La iniciativa prevé inversiones por casi USD 680 millones para extender la vida útil de una cuenca madura como la del Golfo San Jorge, incorporando nuevas tecnologías orientadas a incrementar la producción y mejorar la eficiencia operativa del yacimiento.
El proyecto contempla además la preparación de cerca de 220 pozos inyectores y alrededor de 650 pozos productores, que durante su vida útil podrán generar una producción incremental acumulada de 24 millones de barriles de petróleo, equivalentes a más de 11.300 barriles diarios en su pico de producción.
Asimismo, el desarrollo permitirá incrementar los ingresos provinciales a través de regalías asociadas a la producción incremental y generará una mayor actividad en la cuenca, habilitando el desarrollo de nuevas zonas que anteriormente no resultaban económicamente viables.
La recuperación terciaria es una técnica que se aplica luego de las etapas de recuperación primaria y secundaria, con el objetivo de movilizar el petróleo remanente atrapado en el yacimiento y maximizar su aprovechamiento. En este caso, el sistema incorpora polímeros que permiten aumentar la viscosidad del fluido inyectado y mejorar el desplazamiento del petróleo hacia los pozos productores.
El anuncio, realizado en el Palacio de Hacienda, fue encabezado por el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo; el Group CEO de Pan American Energy, Marcos Bulgheroni; y el gobernador del Chubut, Ignacio Torres; junto al secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González; el ministro de Hidrocarburos del Chubut, Federico Ponce; el secretario general del Sindicato del Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables del Chubut, Jorge «Loma» Ávila; y el secretario general del Sindicato Petrolero Jerárquico de la Patagonia Austral, José Lludgar.
Por parte de PAE también estuvieron presentes el Upstream Managing Director, Fausto Caretta; el vicepresidente corporativo de Relaciones Institucionales, Daniel Felici; el vicepresidente de Relaciones Laborales, Sergio Faraudo; y el vicepresidente de Operaciones en Golfo San Jorge, Tomás Catzman.
Una montaña de juicios se acumula en el fuero comercial nacional por las ejecuciones de saldos adeudados que realizan los bancos contra sus clientes con tarjeta de crédito. El Banco Santander es el que lidera la presentación de demandas y ahora fiscales y jueces empezaron a mirar con lupa los intereses que cobra a su clientes.
Según el análisis de un camarista que habló con LPO, estos procesos prosperan rápidamente porque los clientes no se presentan. «Los resúmenes de la tarjeta no son títulos ejecutivos, sino que hay que validarlos previamente mediante un proceso que se llama preparación de la vía ejecutiva, pero la gente no se presenta en esa instancia y ahí es donde los bancos obtienen los juicios ejecutivos», explica.
Un fiscal advirtió a LPO que «en el fuero comercial, Banco Santander está iniciando cientos de ejecuciones contra sus clientes, por saldos adeudos de tarjeta de crédito y lo llamativo es que en todos los casos los montos que reclama superan en un 300% los límites de las tarjetas que el mismo banco aprobó».
En el fuero comercial, Banco Santander está iniciando cientos de ejecuciones contra sus clientes, por saldos adeudos de tarjeta de crédito y lo llamativo es que en todos los casos los montos que reclama superan en un 300% los límites de las tarjetas que el mismo banco aprobó.
Del análisis de las causas que se apilan surge que habría perforación sistemática del límite de compra de la tarjeta de crédito. «En la totalidad de los casos analizados, el banco demanda saldos que lo duplican, triplican y hasta quintuplican», dijo el fiscal y agregó: «incluso, previo a la mora los pagos mínimos superan ese límite en los resúmenes, lo que demuestra que el límite de compra en los hechos no opera como un freno de seguridad financiera, sino como un elemento ficticio que la entidad expande unilateralmente para abultar un saldo potencialmente ejecutable».
Sin embargo, Alejandro Butti, CEO de Santander Argentina, afirmó en la conferencia Inside Argentina 2026, organizada a principios de mayo por Moody’s en Buenos Aires, que se está «llegando a un punto de inflexión» en el sistema financiero, en el buen sentido. Butti admitió en su exposición que «la mora creció» y explicó que cuando los bancos prestaban a tasa fija y después la inflación alcanzaba tres dígitos, «las cuotas se licuaban y era más fácil pagarlas».
El ejecutivo celebró que ahora «estamos yendo a tasas de interés reales, que es como tiene que funcionar, como funciona el resto del mundo, con lo cual que la mora suba es esperable» y explicó que la mora está concentrada «en personas» por su consumo con tarjetas de crédito o préstamos personales.
Sin embargo, la justicia analiza de manera crítica el financiamiento forzoso mediante Planes V (por Visa) o AMEX (por American Express), donde se observa el diseño de un mecanismo de anatocismo, que es el cobro de intereses sobre intereses.
Esto se investiga en el expediente 4923/2026, que recayó en el Juzgado N° 16. De los resúmenes presentados se desprende que al cliente de Santander se le cobraron intereses compensatorios de hasta 160% anual, pagos mínimos y totales que superaron el límite de compra. La usuaria tenía un límite de compra de $6.110.200 sumando las tarjetas Visa y AMEX, pero el banco reclama $22.025.652,62. Es decir, más del triple.
Similar es el expediente 10316/2026, que tramita ante el Juzgado N° 19. Al analizar la documentación del expediente, los fiscales detectaron que Santander autorizó refinanciaciones con tasas de 223,31% anual, incrementó unilateralmente los límites a pesar de que el cliente sólo abonaba pagos mínimos y así los pagos mínimos escalaron hasta triplicar el límite de compra. El usuario tenía un límite de compra de $15.250.000 considerando en conjunto las tarjetas Visa y AMEX y el Banco reclama $56.157.422,31. O sea, casi cuatro veces más.
La dificultad de los clientes para afrontar sus deudas se explica, fundamentalmente, porque los salarios crecieron muy por debajo de la inflación y las tasas bancarias. La entidad crediticia, según la justicia, no congeló las cuentas ni emitió alertas de riesgo, lo que redunda en un sobreendeudamiento crónico que mina la capacidad de pago del cliente.
Hoy estamos yendo a tasas de interés reales, que es como tiene que funcionar, como funciona el resto del mundo, con lo cual que la mora suba es esperable.
En la Justicia, comentaron además que existen casos en los que Santander habría autorizado «transacciones masivas, consecutivas, atípicas bajo la plataforma Mercado Pago que inflaron los saldos de cuentas en plazos mínimos». «La entidad financiera soslayó unilateralmente la evaluación del riesgo crediticio que realizó para otorgarles un límite de compra determinado, para luego consolidar una deuda espuria y derivarla a la vía ejecutiva», indicaron.
El problema de la mora con tarjetas ya es sistémico. Recientemente, el Banco Nación empezó a promocionar una línea de crédito para consolidar deudas, con una TNA del 65%. El guarismo está muy por encima del cálculo de la inflación oficial para el 2026.
