Sociedad

 

“¿Qué elegirías para llevarte de tu casa si tuvieras que huir en medio de un incendio?” La pregunta no es meramente retórica, ni tampoco exclusivamente personal. Desde hace meses, del lado argentino de la cordillera nordpatagónica, los incendios forestales arrasan con bosques, animales y casas; hace poco tiempo, también, los incendios devastaron una gran cantidad de mansiones de ricos y famosos en California; y durante la temporada seca, a mediados de 2024, la querida provincia de Córdoba ardió nuevamente, mientras el humo caliente y sofocante de los múltiples focos en la Amazonia llegaba a casi todas las capitales de Sudamérica. 

En la Comarca Andina, el paralelo 42, una de las regiones más hermosas y visitadas de la Patagonia argentina, situada entre las provincias de Río Negro y Chubut, la gente vive en  zona de interfase, un área de transición entre zonas urbanas y rurales, y muchas viviendas se hallan encastradas en el bosque, sobre las tupidas laderas de los cerros o en la costa de ríos y lagos de aguas transparentes. Hippies viejos, llegados hace décadas, que todavía incursionan en las ferias de artesanos, permacultores y ambientalistas de nuevo cuño, jóvenes de todo el país en busca de otros horizontes, se instalaron en  pequeñas chacras, dedicadas a la agroecología o a los cultivos orgánicos. Hoy se codean con comunidades indígenas originarias que disputan orgullosas la tierra, y con criollos de campo, de boina, que andan a caballo y sufren parte del desplazamiento que propone la gentrificación creciente. La Comarca es también ahora un territorio donde desembarcaron grandes empresarios turísticos y forestales. La tierra es fértil, se dice que una de sus lonjas, la que atraviesa El Bolsón, al pie del rocoso cerro Piltriquitrón, es tierra negra rica en nutrientes. Durante el verano austral, para muchos turistas del país y del exterior y para los que somos patagónicos y vivimos a apenas cien kilómetros de distancia, solo un par de lagos de por medio, la temporada de frambuesas y cerezas, el lúpulo para cerveza artesanal, y todo tipo de verduras orgánicas, hacen de la comarca andina un sitio obligado de visita. 

Pero, lejos de ser un lugar idílico, la convivencia entre los diferentes grupos sociales que habitan la Comarca Andina no es armoniosa. Y ello, por varias razones. En primer lugar, en medio de los grandes incendios forestales hay también una fuerte embestida inmobiliaria, para cambiar los usos del suelo, y habilitar la construcción de emprendimientos turísticos. Aquellos sectores de la población, hippies, naturistas y ecologistas que en sintonía con las comunidades mapuche, fomentan otros modos de habitar el territorio, desarrollaron fuertes resistencias contra lo que se llama el “extractivismo inmobiliario”, como antes lo hicieron contra la minería a cielo abierto y las represas. Cada vez que se desata un incendio y hay focos intencionales que escapan a la dinámica del cambio climático, no son pocos los que afirman que éstos están asociados a los intereses inmobiliarios. 

Hippies, naturistas y ecologistas que en sintonía con las comunidades mapuche, fomentan otros modos de habitar el territorio, desarrollaron fuertes resistencias contra lo que se llama el “extractivismo inmobiliario”, como antes lo hicieron contra la minería a cielo abierto y las represas.

En la zona, desde los años 70, la deforestación y el reemplazo de los árboles nativos por especies exóticas, como el pino radiata, que vienen del hemisferio Norte, trajo consecuencias que, con el avance de la crisis climática, se volvieron dramáticas. El pino radiata es una especie que tiene en su genética al fuego como la mejor forma de dispersar sus semillas. Los conos del mismo, al calentarse, salen disparados como si fueran granadas, expandiendo sus semillas por todos lados. El fuego establece una trágica dinámica de destrucción, regeneración e invasión, mientras retrocede el bosque nativo y se pierden especies centenarias como coihues, lengas, notros y maitenes.

El corazón de la Comarca Andina, la localidad de El Bolsón, es un enclave controlado por un magnate inglés, Joe Lewis, que en 1996 se asentó en esta suerte de paraíso surcado de cerros exuberantes y lagos silenciosos, y usurpó ilegalmente el camino de acceso público al Lago Escondido. Allí empezó un conflicto que pronto escalaría. Se presentaron varios amparos que solicitaban la apertura del camino público más corto al lago, pero en una larga trama judicial, que arrancó en 2005, con muchas idas y vueltas, finalmente en 2023, la justicia de la provincia de Río Negro, falló de modo muy controvertido en favor de Lewis, y volvió a cerrar el camino público que pasa por su estancia. No era la única causa que afrontaba Lewis, también tuvo otra por compra fraudulenta de tierras, unas 12.000 hectáreas, donde hoy se extiende su mansión, un zoológico privado y una catarata artificial. Aunque la oposición de la población le impidió construir un aeropuerto propio en su patio trasero, Lewis lo hizo en Bahia Dorada, a 42 km de Sierra Grande, en medio de la estepa rionegrina. Dicen que tiene una pista casi tan larga como la de Aeroparque Jorge Newbery, el principal aeropuerto argentino de cabotaje. 

Los tentáculos del milmillonario con el poder político y judicial son muy conocidos en Argentina. Lewis no solo es amigo del expresidente, el empresario Mauricio Macri, quien ha visitado varias veces su residencia de Lago Escondido. En 2022, se desató un escándalo que saltó a los medios, cuando varios jueces federales y funcionarios porteños, incluso personas ligadas a un conocido multimedios argentino, viajaron en un avión privado, y fueron a pasar unos días allí. También se hizo público que dichos jueces habían firmado fallos en favor de Lewis (por el tema de la compra de tierras), así como en favor del multimedios involucrado. La colusión de intereses era evidente, más allá de la instrumentalización política-partidaria del affaire, y sin embargo, la justicia desestimó el “delito de dádivas” y de “lawfare” y declaró nula la causa, por considerar que se trataba de “una excursión de pesca”. 

Lewis zafó de la justicia argentina pero no así de la de Estados Unidos, donde en 2024 fue condenado por “tráfico ilegal de influencias”, al ser encontrado culpable de proporcionar información confidencial de ciertas empresas que cotizan en bolsa, a sus empleados, incluidos sus chóferes privados, y sus amantes, en una trama insólita que entre 2013 y 2021 le reportó millones de dólares. ¿Habrá sido acaso una expresión de populismo plutocrático para con sus subalternos? Vaya a saber. Lewis fue condenado a tres años de libertad condicional y se lo multó con apenas 5 millones de dólares.

El racismo anti-mapuche fue escalando y el intento de cancelación de las demandas indígenas se instaló de lleno en los medios de comunicación.

En segundo lugar, desde hace varios años ya, idas y vueltas mediante, se ha ido instalando una virulenta campaña anti-indígena, en un contexto de fuerte disputa de tierras y de avance del extractivismo petrolero, minero, represas y megaproyectos turísticos en todo el país, muy particularmente en esa codiciada zona de la Patagonia. No es algo nuevo, es cierto, recorre la historia argentina y vuelve a traer a la memoria el genocidio indígena, llevado a cabo por el ejército argentino en el siglo XIX. Sin embargo, hace unos años el racismo anti-mapuche fue escalando y el intento de cancelación de las demandas indígenas se instaló de lleno en los medios de comunicación. Un ejemplo fue lo sucedido en octubre de 2021, en el programa de un reconocido periodista, hoy fallecido, transmitido en el prime time televisivo: bajo el título “Indios al ataque”, aplicado sobre una foto o infografía que mostraba los colores de la bandera mapuche cubriendo el mapa de la Patagonia, una voz en off que en tono enfático decía: “Son los nuevos terroristas. Incendian y ponen en jaque a poblaciones enteras. Reclaman la mitad de la Argentina con la complicidad del gobierno que no se inmuta”. Si la derecha neoliberal, con Mauricio Macri, disparó el peligroso dispositivo del “enemigo interno”, algo que fue matizado durante el gobierno del oscilante Alberto Fernández (al cual medios mainstream acusaban de ser “cómplice”), con la llegada del ultra-neoliberal Javier Milei, y el regreso de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad Nacional (estuvo a cargo de dicho ministerio durante la gestión del PRO y fue responsable de los operativos que terminaron con la vida de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel), el racismo anti-mapuche volvió a encenderse a niveles delirantes. 

En tiempos de crisis múltiple, de Estado ausente y de negacionismos de todo tipo, lo más rápido es buscar un chivo expiatorio, y alentar la hipótesis de que los responsables de todo mal son un supuesto “enemigo interno”, el que ineludiblemente se encuentra entre los sectores más vulnerables de la sociedad. Sobre la comunidad mapuche se lanzaron todo tipo de acusaciones absurdas,  como por ejemplo, que son los responsables de los focos de incendio intencional en la Comarca Andina, cuando lo real es que las comunidades indígenas, por su cosmovisión, jamás prenderían fuego un árbol y resultan tan afectadas como cualquier otro sector de la población por los incendios. Incluso, muchos de los brigadistas comunitarios en la primera línea de fuego son mapuches. Sin embargo, el racismo anti-indígena del gobierno otorga combustible fácil para encender aún más la mecha del odio y habilitar toda suerte de teoría conspirativa. 

Antes de cerrar este relato patagónico, quisiera volver a Lewis, cuyo largo brazo se extiende al poder local. Importantes funcionarios municipales de El Bolsón fueron sus empleados, el milmillonario es también uno de los principales empleadores de la localidad. En este marco, se disparan hechos de tensión: criollos montados a caballo acusan de ser “falsos mapuches” a los indígenas o la policía privada que trabaja para Lewis impide el ingreso al camino que era público de los manifestantes que cada año suben para reclamar por la soberanía argentina, entre otros. 

Criollos montados a caballo acusan de ser “falsos mapuches” a los indígenas, la policía privada que trabaja para Lewis impide el ingreso al camino que era público de los manifestantes que cada año suben para reclamar por la soberanía argentina.

Además, en los últimos años, en un contexto de avance de los reclamos de los derechos territoriales de las comunidades indígenas, amparados en la Ley 26160 (que el gobierno de Javier Milei derogó a fines de 2024), hubo ocupaciones de territorios. Años atrás, una fracción indígena radicalizada, muy minúscula (me refiero a Facundo Jones Huala), fue acusada de protagonizar hechos de violencia. Jones Huala terminó siendo usado por las autoridades provinciales y nacionales: cada tanto sacan a relucir viejos videos, que vuelven a circular oportunamente en las redes sociales. Mientras, varias personas de origen indígena fueron asesinadas en contextos de tomas, sea por las fuerzas de seguridad, como por los socios de un empresario forestal. En el medio de estos hechos controvertidos, cada tanto hay disturbios en El Bolsón: gauchos de a caballo operan como fuerza de choque y golpean con su rebenque a miembros de la población completamente desarmados, que se manifiestan por alguna causa.

La bella y prometedora Comarca Andina aparece como una suerte de analizador social, que revela elementos ocultos y permite leer lo que sucede, en pequeña escala, en el resto de la sociedad. Se pueden ver cómo se activan las redes de solidaridad ante cada incendio, frente a la desidia estatal. Pero también se puede palpar la desigualdad social, con sus gauchos criollos marginados por el proceso de gentrificación; se puede ver la desigualdad racial, teñida de un racismo anti-indígena que estremece por su nivel de desprecio y violencia; se puede ver la impunidad con la cual obran empresarios y millonarios, sean extranjeros o no; se puede ver el esfuerzo de diferentes grupos de clase media emigrados de las grandes ciudades y convertidos en chacareros, por llevar una vida buena, en interconexión con la naturaleza, atravesada por otros modelos productivos; se puede ver la lucha asimétrica de las organizaciones indígenas por acceder a la tierra y afirmar su identidad cultural; se puede ver el dispositivo represivo que une fuerzas de seguridad locales, provinciales y nacionales; se puede ver el avance de la frontera extractiva en varias de sus modalidades; se puede ver el entramado corrupto de la política local, amañada con la justicia y los magnates territorializados. Todos estos elementos son parte del combustible que se enciende y estalla cuando los focos de fuego se multiplican, y en medio de la ola de solidaridad ante el desastre, de pronto todo se vuelve confuso y peligroso, y el territorio, con sus desigualdades múltiples, su racismo y su impunidad, se convierte en zona de tensiones y las fuerzas de seguridad arrancan con su cacería.

 Así, no son solo los incendios del Antropoceno o del Capitaloceno los que acechan la Comarca Andina y más allá. Entonces, ¿qué elegirías para llevarte  de tu casa si tuvieras que huir en medio de un incendio?

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Martín Llaryora y Daniel Passerini entran en 2026 con una certeza incómoda: si el peronismo no logra mostrar gestión, el proyecto provincial podría empezar a crujir en el año previo a la elección de 2027. Por su fragilidad financiera, en parte por la herencia que recibió Passerini al suceder a Llaryora, y por «funcionarios que no funcionan», la capital cordobesa aparece como el eslabón más frágil del esquema cordobesista, aunque claro que no es el único.

Para revertir esta situación, confiaron en el peronismo provincial, habrá tres grandes apuestas durante este año: se habilitarán tres majestuosas obras viales en la ciudad; se apostará al mantenimiento de alumbrado, bacheo y plazas (varias de ellas cerradas) y aparecerá como gran objetivo erradicar a los «naranjitas» (trapitos), algo que Llaryora intentó en diciembre aunque finalmente clavó los frenos a último momento por las críticas de la Iglesia.

Por ahora, en la agenda del gobernador aparecen programadas para este año las habilitaciones del altonivel de Valle Escondido, que beneficia principalmente a los vecinos del mega country homónimo y otros barrios ABC1 de la zona de la ciudad donde La Libertad Avanza arrasa; del altonivel de avenida Vélez Sársfield, uno de los ingresos más importantes desde el sur provincial; y del acceso sobre la ruta 19, a la altura de Malvinas Argentinas, una obra clave para la logística y el transporte regional.

A Passerini, por su parte, le toca el complejo día a día, con cuentas en crisis por los pagos de la deuda y la caída de la recaudación. La sistematización de los bulevares San Juan (en el Centro) y Ambrosio Olmos (Nueva Córdoba), cuya finalización está prevista para el primer semestre, le permitirá al jefe comunal mostrar obra vial propia.

Daniel Passerini

Ambas obras son un símbolo ambivalente: para la gestión, es modernización urbana, ordenamiento del tránsito y recuperación del espacio público; pero para comerciantes y vecinos, sinónimo de cortes, caída de ventas y una planificación que no termina de convencer, sobre todo por el lento avance producto de la situación financiera, pero también de la burocracia municipal.

Como contrapeso, Passerini tiene que lidiar con la gestión diario de bacheo, mantenimiento de alumbrado y el espacio público, con varias plazas emblemáticas de la ciudad cerradas porque las empresas abandonaron las obras de refuncionamiento iniciadas durante la gestión de Llaryora, una descoordinación que horada la expectativa electoral.

Llaryora cede a la presión de la Iglesia y posterga la prohibición de los trapitos 

Sin embargo, el capítulo más sensible es el de los «naranjitas» (cuidacoches). Llaryora pasó de largo en diciembre cuando amagó con prohibir esa actividad y reculó por la presión de la iglesia católica. Es un tema de doble filo: avanzar implica confrontar con denuncias de criminalización de la pobreza y un conflicto social latente. No hacerlo implica pagar el costo del hartazgo ciudadano frente a prácticas extorsivas cada vez más visibles. Como dato objetivo: durante 2025, la Policía detuvo en la ciudad de Córdoba más de 350 cuidacoches por ejercer violencia hacia automovilistas.

«Si se logra sacar a los naranjitas ilegales y a los limpiavidrios, los libertarios se quedan sin una de sus principales banderas en la ciudad. Y con las obras viales deberíamos representar a nuestro electorado tradicional», dice un funcionario que confía en el plan para que el peronismo recupere la iniciativa de gestión.

 

 

El escándalo de corrupción en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) golpea cada vez más cerca de Gerardo Zamora.

El exgobernador de Santiago del Estero ya venía complicado por las andanzas de su mano derecha Pablo Toviggino, pero ahora aparecieron nuevos datos y nombres que lo acercan a la trama.

LPO reveló la semana pasada que el hombre fuerte de Santiago del Estero empezaba a quedar cada vez más pegado a Toviggino, primero por la revelación sobre la flota de autos de colección que tiene su hermano Daniel Zamora y luego por el dato de los más de 1.000 mil millones que el gobierno provincial giró a Central Córdoba, el club del tesorero de la AFA.

Zamora derivó más de 1.000 millones de fondos públicos al club de Toviggino

Ahora Zamora aparece conectado a la mansión de Pilar que se atribuye a Toviggino y que está valuada en 20 millones de dólares. Esa quinta, que el juez Marcelo Aguinsky investiga por presunto lavado de dinero y utilización de testaferros, es propiedad en los papeles de una SRL que emitió poderes a varias personas para que la

administren,

Según reveló Clarín, uno de los poderes fue emitido a nombre de Francisco Alejandro Capurro, que era empleado de Zamora en el Senado. Capurro fue designado en 2014 en la Dirección General de Secretaria Privada, Despacho, Ceremonial y Protocolo por el entonces presidente provisional de la Cámara alta.

Tapia y Toviggino

Por otro lado, La Nación reveló que una empresa española que tiene como su principal socio a un santiagueño, como Zamora y Toviggino, actuó

como «intermediaria» de la AFA por lo que recaudó varios millones de dólares y cobró una llamativa indemnización.

Se trata de la firma Odeoma Gestión SL, que tiene como socio al santiagueño Fabián Marcelo Saracco, que es señalado por ese diario como cercano a Toviggino. Pero Clarín también agrega que Saracco fue compañero de estudios de Zamora.

El escándalo AFA llega a Zamora, los autos de lujo exponen la relación de Toviggino con el hermano del exgobernador

La firma de Saracco firmó al menos siete contratos como agente comercial de la AFA por los que recibió transferencias por más de 30 millones de dólares y se quedó con el 30 por ciento, una modalidad idéntica a la que utilizó más adelante la empresa de Javier Faroni.

Además de ese jugoso contrato, la AFA le otorgó a Odeoma una llamativa indemnización de 14 millones de dólares por otros dos contratos que se cancelaron de mutuo acuerdo y por causa de fuerza mayor.

 

 

 El equipo económico no terminó de recuperarse del estrés que pasó para conseguir los USD 4.300 millones del vencimiento de la semana pasada, que ya tiene que ocuparse de ver como transita una licitación clave el próximo miércoles, que supera los 20 millones de pesos, en otro de los puntos de mayor tensión financiera de lo que queda de enero. 

El miércoles 14 vencen $19,3 billones correspondientes a dos Lecaps. Cerca de la mitad de ese monto está en manos del propio Estado, lo que reduce el riesgo inmediato. Pero el resto está en poder del mercado y obliga a renovar deuda en un contexto de tasas altas y expectativas inflacionarias en aumento.

A ese compromiso se suma el remanente de la letra dólar linked D16E6. El vencimiento original era de $6 billones. Pero el Gobierno logró postergar $3,4 billones hasta fin de mes mediante una operación de canje corto, lo que alivió parcialmente la carga del 14 de enero. 

La maniobra se instrumentó a través de la Resolución Conjunta de las secretarías de Finanzas y Hacienda. Se dispuso la ampliación de la LELINK D30E6, con vencimiento el 30 de enero, por hasta USD 4.000 millones, para absorber la D16E6 que vencía originalmente el 14 de enero. 

¿Por qué si Caputo pagó el vencimiento, subió el riesgo país y cayeron los bonos?

La conversión se apoya en la Ley de Presupuesto 2026 y en decretos que permite emitir letras para el mismo ejercicio y aceptar títulos como forma de pago, independientemente de la moneda. 

Estos enjuagues acompañan un creciente interés de los operadores financieros por los bonos ajustados por inflación, un giro previsible ante la aceleración infalcionaria. Según IEB, estos instrumentos resultan más atractivos en un escenario de «desinflación más lenta» y son funcionales a estrategias de carry trade. Los operadores recomienda privilegiar bonos CER con vencimientos en diciembre y octubre de 2026, con rendimientos cercanos al 6%, y papeles al 2027 y 2028 en la zona que va del 7,5% a 8%. 

El mercado empieza a priorizar los bonos ajustados por inflación, porque observan que la baja del ritmo inflacionario es más lenta de lo esperado. Los operadores recomienda privilegiar bonos CER con vencimientos en diciembre y octubre de 2026, con rendimientos cercanos al 6%, y papeles al 2027 y 2028 en la zona que va del 7,5% a 8%. 

Así, el calendario de deuda en pesos volvió a convertirse en una trampa que el propio Gobierno se colocó delante. Mes a mes, el Tesoro fue acumulando compromisos crecientes, con picos previsibles. Una estrategia que fue procastinando el problema. 

El primer semestre muestra una dinámica irregular, con saltos fuertes al inicio del año y un alivio hacia el invierno. La segunda mitad del año arranca con un respiro engañoso. Julio es casi un desierto y agosto apenas mueve la aguja. Septiembre reaparece con señales de alerta, pero todavía manejables. Octubre y noviembre vuelven a tensar la cuerda. Diciembre, en cambio, es otra cosa. No es un pico más. Es una pared. 

La acumulación de vencimientos se dispara en el último mes del año y concentra una masa de deuda que el propio esquema oficial decidió llevar hasta ahí. No es herencia ni mala suerte: es diseño. Una pared construida con instrumentos en pesos, indexados y de corto vuelo. El problema no es solo el monto, sino el contexto. Llegar a diciembre exige haber renovado todo lo previo sin fisuras, sostener tasas altas, convivir con indexaciones y confiar en que el mercado siga acompañando. Cualquier ruido antes de fin de año convierte ese mes en un test de estrés extremo. 

 

 

El año comanzó con una mala noticia financiera: el regreso del descontrol de las tasas, una dinámica errática que complica una de las pocas palancas que el gobierno libertario tiene para empujar la economía real. 

En el primer día hábil del año hubo un alivio fugaz. La liquidez se colo por una hendija y la la tasa de caución a un día se desplomó en apenas dos ruedas desde niveles arriba del 65% a la zona del 35%. Duró poco. Mientras transcurría la primer semana de enero, se dispararon a picos cercanos al 150% anualizado. 

La City se volcó a capturar saltos puntuales de rentabilidad. Una lógica de trading defensivo diametralmente opuesto al financiamiento productivo. 

La suba de la inflación agrava el problema de la deuda en pesos y Caputo enfrenta otro vencimiento grande

El problema es que esas apuestas financieras golpea a las empresas. Ledesma lo señaló sin vueltas. Cerró el último ejercicio con pérdidas cercanas a los $25.000 millones y apuntó de lleno al impacto de las tasas de interés. El costo financiero se volvió una carga imposible de absorber, incluso para una compañía con espalda y diversificación. 

En la misma línea habló Milagros Brito, heredera del Grupo Macro. Su frase incomodó al relato libertario respecto al clima de negocios. «Con tasas así no hay inversión que cierre», dijo.  El diagnóstico no vino de una pyme asfixiada, sino de una de las familias más representativas del capitalismo local. 

Con tasas así no hay inversión que cierre.

Ahí aparece la contradicción de fondo. Un gobierno que, en teoría, promueve la inversión privada y la previsibilidad, convive con un manicomio de tasas que destruye balances. La valuación de las empresas se resiente. El endeudamiento se vuelve impagable. Y el crédito deja de ser una palanca para transformarse en un ancla. 

Pero el problema no es solo el nivel de la tasa en pesos. Desde que asumió Milei muchas empresas tomaron deuda en dólares. Cuando el financiamiento se cortó y varias compañías entraron en default. Con el crédito restringido, los ratios clásicos pierden sentido. El deterioro de esa relación, destruye los balances de las compañías.  

El presidente de Citrícola San Miguel, el empresario mileista Otero Monsegur.

Los casos lo muestran con crudeza. La citrícola San Miguel tuvo que reestructurar su deuda y sigue al borde del default. Bioceres, otra agroindustrial que supo ser modelo de innovación, no pudo evitar la cesación de pagos.

El empresario mileista Otero Monsegur, en crisis porque citrícola San Miguel quedó al borde del default 

El estrés financiero pasó a ser un rasgo dominante del mapa empresario. La energética Albanesi es otro de los casos emblemático. El grupo creció apalancado, con fuerte presencia en generación térmica. El problema no fue la expansión, sino el contexto. Tasas altas, refinanciaciones cada vez más caras y un esquema financiero que empezó a crujir. La compañía debió encarar varias reestructuraciones para evitar el default.

Muy parecido al caso de Aconcagua. La petrolera de capitales argentinos apostó a crecer rápido y financiarse en el mercado de capitales. Funcionó mientras hubo apetito por ONs y cobertura en dólares. Cuando esa ventana se cerró, la empresa quedó atrapada en el clásico problema de liquidez: activos de largo plazo financiados con deuda que se acorta.

Todas estas empresas revelan que no se trata de una discusión de innovación o potencial productivo. Es un problema macro de debilidad financiera del modelo. 

 

 

La modificación profunda que dispuso Milei a través de un DNU del sistema de inteligencia produjo un fuerte impacto por dar facultades históricamente prohibidas para evitar el espionaje interno. La mayor polémica la generó la posibilidad de detenciones concretadas sin control judicial por agentes de inteligencia.

Alberto Binder es especialista en sistemas penales, docente de múltiples posgrados por toda América Latina y presidente del Instituto de Estudios Sociales y Penales (Inecip) alude a una relación histórica entre servicios, política y mundo judicial. 

«La nueva dirección de inteligencia está pensada como un centro de administración de ilegalidades», enfatiza. 

El fiscal que investigó a Cristina por Vialidad suena como coordinador del nuevo modelo acusatorio

-¿Milei crea su policía secreta con este decreto de la SIDE, como denuncia el kirchnerismo? ¿Por qué el Poder Judicial no se ha pronunciado?

-La Constitución dice claramente que el Poder Ejecutivo no puede dictar disposiciones legislativas, leyes, y la Corte Suprema deja hacer esto sin ningún tipo de problema. 

Lo que me interesa destacar es que este gobierno -de un modo aparentemente desordenado y siempre irritando- lo que está haciendo es modificar tres leyes centrales de los primeros consensos democráticos. Son la ley de Defensa Nacional, con este cambio que se hizo de abandonar la conducción civil por la conducción militar. La Ley de Seguridad Interior, con el reformateo de las fuerzas de Seguridad, y la Ley de Inteligencia. Esas eran las tres leyes centrales de la tradición democrática y costaron mucho. 

Este gobierno -de un modo aparentemente desordenado y siempre irritando- lo que está haciendo es modificar tres leyes centrales de los primeros consensos democráticos, como son las leyes de Defensa Nacional, Seguridad Interior e Inteligencia, que son las bases de la recuperación democrática.

Son las bases de la recuperación democrática las que se están modificando con esto que sacan. La discusión primordial es que este último decreto, a diferencia del de la mitad del año pasado, está hecho por gente que conoce más el sistema. Su punto más importante es que restablece un modelo muy negativo para la democracia, que es en realidad el modelo menemista. Y es el modelo Stiuso.

¿Qué es el modelo menemista?

Nos empezamos a preocupar de un modo especial de la Inteligencia después del atentado del AMIA. Entonces era jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy y con él la Inteligencia empieza a avanzar fuertemente sobre las facultades de investigación, con nuevas ambigüedades y finalidades sobre la criminalidad organizada. Antonio «Jaime» Stiuso nunca fue director del sistema de inteligencia sino que siempre fue director de contrainteligencia, para utilizar métodos que se acercan a la actividad policial.

-La contrainteligencia para definirla es la actividad que se hace sobre los que realizan inteligencia sobre las instituciones u objetivos nacionales, ¿está bien?

-Claro, esa es la definición clásica de contrainteligencia, que existe para defendernos de los otros servicios de inteligencia, los que atacan nuestros sistemas de inteligencia. Para volver a Stiuso, su modelo es el de una SIDE que avanza sobre las investigaciones criminales, que empieza a ser el gran actor encubierto del Poder Judicial Federal, es el que distorsiona y pervierte Comodoro Py.

Es el creador de personas como Oyarbide y un poder que se preocupa por nombrar jueces federales. Toda la lógica de este modelo de Justicia Federal es lo que ahora está estallando. Porque hay que conectar este mundo de la Justicia Federal con la llegada del sistema acusatorio donde los actos judiciales empiezan a ser más transparentes. Eso produce una tremenda resistencia con tres intentos postergados de implementar el juicio oral que Comodoro Py no quiere y es ahí donde hay que leer la aparición de este decreto. 

Los titulares fáciles son la policía secreta, la persecución de medios, las detenciones sin orden judicial. Eso va a existir y no es menor pero lo que hay es un rearmado del submundo que opera la inteligencia.

Los titulares fáciles son la policía secreta, la persecución de medios, las detenciones sin orden judicial. Eso va a existir y no es menor, pero lo que hay es un rearmado del submundo que opera la inteligencia. Y que se vio con mucha claridad en el último tiempo en la Justicia Federal de Rosario donde quedan expuestas las influencias de este mundo sobre dos jueces acusados de delitos.

-¿Cuál debe ser la tarea de inteligencia legítima en un orden jurídico democrático?

-La tarea de inteligencia legítima es generar información de calidad para toma de decisiones de política muy delicadas. El mundo es complejo. Tenemos amenazas en el espacio ciber, zonas grises entre negocios lícitos y capitales que viven del narcotráfico. 

Un país para tomar decisiones necesita no solo saber cómo se mueven las organizaciones criminales. También conocer cómo se está moviendo China, como van a ser sus relaciones con Estados Unidos o con Rusia, cómo va a jugar la India, cómo juegan nuestros vecinos. 

Conocer todo eso depende de inteligencia nacional y sirve para toma de decisiones estratégicas del país, de sus relaciones exteriores, del descubrimiento de amenazas. Para eso es clave la recolección de información y su análisis. Y esto debe ser hecho por grupos de especialistas que sean confiables.

-¿Y ese trabajo de búsqueda de información se puede autonomizar del pedido de un fiscal y de una orden judicial?

-Hay que distinguir. La inteligencia nacional no tiene nada que ver con una investigación criminal en principio. La inteligencia nacional clásica, la que necesita el país, tiene que ver con informes que recibe el presidente o los ministros para la toma de decisiones. Esas decisiones tienen que ser tomadas con el mayor nivel de información posible. 

Para decidir cómo se va a manejar o que riesgos tienen las relaciones con Estados Unidos, cuál va a ser la política energética hacia China, o descubrir cuáles son las nuevas amenazas de la tecnología en los sistemas informáticos. Todo eso es información que se desarrolla en algo que se conocen como alertas primarias o alertas tempranas. Cuantas más alertas se hacen, mejor funciona un sistema de inteligencia. 

La investigación criminal, la entrada judicial, es cuando ya la inteligencia fracasó. La persecución de un caso de terrorismo la tienen que hacer las policías especializadas en terrorismo, para la prevención de que en la Triple Frontera se estén instalando células de Hezbolá, o del Comando Vermelho o el PCC. Para eso necesito información, con la máxima anticipación posible, sobre si los planes de esas organizaciones son tratar de ingresar a la Argentina. 

Porque en base a esa información hay organismos especializados de prevención, fuerzas de seguridad, que sirven para, a partir de ahí, desarrollar inteligencia. La búsqueda de información de inteligencia nacional no precisa de órdenes judiciales. Cuando ya hay una investigación criminal concreta hacia un grupo específico, entonces sí.

-¿Es posible una profesionalización de la Inteligencia en la actual SIDE? 

-Bueno, el modelo anterior, que se intenta rearmar, impidió que se desarrollara el sistema acusatorio, y esto yo se lo escuché a ministros de la época de Cristina, e imposibilitó que se desarrollara una policía de investigaciones. Estuvimos hablando durante 15 años que necesitábamos un FBI y no lo podemos crear. 

Algo importante es que el movimiento que expresa el decreto lo hizo gente que entiende cómo jugar. Lo que había hecho antes en un decreto anterior el propio Milei, pero era un decreto técnicamente mal hecho. Estos de ahora entienden exactamente lo que quieren.

Porque el que había ocupado ese lugar era la dirección de competencia de inteligencia. Si miramos el narcotráfico hoy la inteligencia nacional es un sinsentido. No hay plan, no hay objetivos, no se hace funcionar coordinadamente a fuerzas de seguridad federales y provinciales, o a los fiscales de un lado y de otro. Ese modelo deriva necesariamente en un sistema privado de negocios. 

La expresión y la debacle de ese modelo está en la figura de operadores territoriales que se van autonomizando como (Marcelo) D’Alessio. Y luego un sector de la Justicia Federal, que como nunca en la historia, lo vemos ahora, tiene niveles de corrupción altísimos. En Corrientes, en Rosario, en Mendoza, esto antes no había ocurrido. 

Algo importante es que el movimiento que expresa el decreto lo hizo gente que viene probablemente de esa época, pero que entiende cómo jugar. Lo que había hecho antes, el decreto anterior, el propio Milei, era un decreto técnicamente mal hecho. Estos de ahora entienden exactamente lo que quieren.

D’Alessio tenía un fallo sobre los cuadernos antes de que lo emitiera la Cámara

-¿Qué le parece lo más disruptivo y lo más preocupante?

-En la exposición de motivos el decreto dice que se busca coordinar la nueva función de la Policía Federal, lo que es relativamente falso, y que hay que corregir los problemas de la Agencia de Seguridad y de Ciberseguridad, cosas que parecen más razonables. Pero el centro del decreto es poner el funcionamiento de la inteligencia no en el análisis y en la producción de información, sino en la contrainteligencia. 

Yo no busco defender el sistema de inteligencia anterior, que es un desorden absoluto sin control. Lo que reclamo es que se pueda conformar un buen sistema de inteligencia, para las necesidades de nuestra democracia.

¿Y eso qué significa? La contrainteligencia, aún en un sistema democrático correcto, tiene una metodología que se acerca a lo policial. Es normal que eso implique hacer investigaciones. Ahora, ¿qué hicieron? Cambiaron la definición de contrainteligencia, porque ahora contrainteligencia no es solamente defenderte del accionar de otros grupos que están tratando de pervertir o de sacarte información de tu propio sistema de inteligencia, sino que pusieron como esencial una metodología policial, más que una metodología de inteligencia y de análisis de información.

-¿Y qué es lo crítico de eso?

-Que el eje deja de ser el análisis y la alerta temprana para centrarse en la investigación de tipo policial, que por otra parte se vuelve permanente y que permite meter a agentes encubiertos en la dinámica del narcotráfico, como en la época de Lauchón Viale con Stiusso (NE: Pedro Tomás Viale fue un ex agente de la SIDE cercano a Stiuso, asesinado a balazos por el Grupo Halcón de la Policía Bonaerense en su casa de La Reja en 2013). 

Para mí el mayor peligro está en que esta nueva dirección de inteligencia está pensada como un centro de administración de ilegalidades. Veamos cómo a través de (el ex juez federal de Rosario Marcelo) Bailaque actuaba un ex agente informal de inteligencia (Santiago Busaniche), instituciones empresarias, el juego ilegal, todo un juego complejo que está en Rosario.

-Bailaque es un ex juez acusado de una extorsión digitada por un lobista, que es Santiago Busaniche, conectado con Héctor Marchi, que era el administrador general de la Corte Suprema. Hay también un juez civil que es Gastón Salmain que es designado de una manera sorprendente y está hoy imputado en una causa penal junto a Busaniche. Es decir, hay un vínculo entre presuntos servicios de inteligencia y magistratura que se está viendo en audiencias judiciales.

-Bueno, es el mundo oscuro en el cual participaban jueces, empresarios, agentes de inteligencia. Se trató de frenar esto durante el gobierno de Alberto Fernández y como pasó con todo lo de Alberto Fernández, quedó en la nada y perdimos la gran oportunidad de reconfigurar el sistema de inteligencia para basarlo en necesidades reales de inteligencia. 

Veamos qué pasa hoy con todo este tema de la AFA y el Chiqui Tapia. ¿Cómo puede ser que tengamos jueces metidos en todo el sistema disciplinario del AFA? Está un juez que es Barroetaveña que está en la Casación Federal, está en el Tribunal Disciplinario de la AFA, está en el Consejo de la Magistratura.

Se trató de frenar esto durante el gobierno de Alberto Fernández y como pasó con todo lo de Alberto Fernández, quedó en la nada y perdimos la gran oportunidad de reconfigurar el sistema de inteligencia para basarlo en necesidades reales de inteligencia.

Lo que yo interpreto es que ese modelo se estaba cayendo. Entonces el decreto viene a reconfigurar eso, donde la inteligencia es el centro de administración y de juego de estas ilegalidades para mantener el control. 

¿Por qué? Porque la Justicia Federal está cambiando, porque la Policía Federal está cambiando, porque los servicios de inteligencia del mundo están cambiando. Con el decreto se están aggiornando normativamente para reconfigurar la vieja lógica.

Yo no busco defender el sistema de inteligencia anterior, que es un desorden absoluto sin control. Lo que reclamo es que se pueda conformar un buen sistema de inteligencia, para las necesidades de nuestra democracia, de conocimiento de las amenazas complejas que hoy existen y de la necesidad de inserción estratégica de Argentina en el mundo. 

-¿Precisamente, qué opina de las dificultades del progresismo para hacer una transformación de la estructura de inteligencia argentina?

-El modelo Stiuso se crea en el menemismo, pero es sostenido firmemente por el kirchnerismo. Con una mano firme como la de Néstor Kirchner, se había armonizado a los intereses del gobierno de entonces, que lo dejó crecer. Cristina, yo creo que en determinado momento, pierde el control. Pero tampoco se anima a destruirlo, no puede cambiarlo. Ahí se dan las reformas del 2015, cuando entra Parrilli, entra Mena, en Inteligencia. Son enmiendas que no se animan a modificar totalmente lo que había. No digo que hacerlo es soplar y hacer botellas pero lo que pretendieron, muy al estilo del kichnerismo, fue generar un mecanismo de control del sistema viejo, que no terminaron de controlar. Se quedaron a mitad de camino, no tuvieron audacia ni intención para un cambio fundamental. 

En el gobierno de Fernández estuvimos insistiendo que había que intervenir y reformatear todo el sistema de inteligencia, y había que cortar los vínculos con la justicia penal y también se quedaron a mitad de camino. Después aparece otro grupo dentro del kirchnerismo, cuyas figuras son Moreau y Tailhade, que otra vez pretenden hacer lo mismo, que es jugar ese juego. 

Históricamente, aunque yo creo que ha ido perdiendo peso, el nosiglismo siempre mantuvo algún sector en los servicios, pero ese sector se está yendo, porque hay gente que se está volviendo vieja. Milani trató de manejar el sistema de inteligencia militar sin éxito. Y Macri tampoco pudo, intentó hacerlo con Angelici y no pudo. Con lo cual, el sistema se fue degradando y desorganizando. 

Hay un problema de fondo: a buena parte de la dirigencia política le interesa manejar este mundo. Y este gobierno, que es mucho más desenfadado, lo que hizo es transparentar ese modelo.

Porque hay un problema de fondo: a buena parte de la dirigencia política le interesa manejar ese mundo.Y este gobierno, que es mucho más desenfadado, lo que hizo es transparentar ese modelo.

-¿Usted cree, como ha dicho Agustín Rossi, que esta reforma también sustituye la inteligencia del Ministerio de Defensa para derivarla directamente a las Fuerzas Armadas?

-Eso fue parte de la modificación de la ley de Defensa. La ley de Defensa de la Democracia estaba basada en la idea de profesionalización de las Fuerzas Armadas, y eso se fue logrando a medias. El nombramiento del actual ministro de Defensa es la modificación de eso, sin hacer mucho bombo y ocultando el problema más grave que nosotros tenemos, que es la obsolescencia profunda de nuestras Fuerzas Armadas. 

Al ver por televisión lo de Venezuela notamos cómo cambió la defensa y los conflictos por esto que se llama la guerra híbrida. Hoy día la guerra es básicamente tecnología, inteligencia, drones y análisis digital. Nosotros estamos desfasados, nuestras Fuerzas Armadas sirven para poco. 

-¿Qué futuro estima tendrá el decreto tras la intervención del Congreso?

-Tengo sospechas de que hay sectores políticos mucho más interesados en tener algún vínculo con esta nueva central de administración de ilegalidades, que con tirarla abajo. Pero la que debería tirar todo esto abajo de un plomazo, y tiene las facultades para hacerlo, es la Corte Suprema. Pero, bueno, sus ministros están callados. 

Hay que empezar a dar una discusión de fondo. Tenemos que discutir el modelo de inteligencia para la nueva etapa de la democracia. Tenemos que discutir el nuevo modelo de defensa y de fuerzas armadas para la nueva democracia, así como tenemos que discutir el modelo policial. Esas son las tres grandes discusiones que tenemos por delante.