Este jueves se cerró el plazo para presentar alianzas en la interna del radicalismo cordobés. Al igual que el año pasado, de un lado quedó el esquema que contiene a Rodrigo de Loredo; del otro, los aliados del exintendente Ramón Mestre. Esto en el trazo grueso.
En lo fino, hay ruidos en ambos campamentos. Pero en el del deloredismo hay uno particular que involucra a la tropa que responde al exgobernador correntino Gustavo Valdés. En ese armado, el dirigente con peso de la UCR cordobesa es Javier Bee Sellares, mano derecha de los Valdés, que hace un tiempo está radicado en el Litoral pero que tiene intenciones de bajar a Córdoba a pelear la intendencia en el 2027.
Motivo por el cual, Bee Sellares quería un empujón de De Loredo para él y su armado como conductores del radicalismo en la capital cordobesa.
Cabe recordar que entre los aliados directos de esa tropa de Valdés en Córdoba está, por ejemplo, Juan Negri, el hijo del exdiputado nacional que también quiere ser candidato a intendente, al igual que Bee Sellares. Y junto a ellos se encuentra el concejal Javier Fabre, un radical con origen en el angelocismo y hoy mucho más cercano a las ideas de Javier Milei.
Esa triada se opone a que De Loredo banque al legislador provincial Miguel Nicolás para la silla de la UCR en la capital cordobesa. Nicolás, también tiene un núcleo partidario -al igual que Bee Sellares, Fabre y los Negri- y es otro de los que firmó la alianza con De Loredo para la interna contra Mestre en septiembre.
Ramón Mestre
Precisamente, en el campamento mestrista donde, entre los aliados están el exfuncionario de Raúl Alfonsín, Carlos Becerra; el riocuartense Juan Jure (de relación con la vicegobernadora de Llaryora, Myrian Prunotto); y Fernando Montoya junto a Franco Jular, creen que esa resistencia de De Loredo para negociar la capital cordobesa abre la hipótesis de la doble candidatura.
Algo que LPO adelantó hace un tiempo al igual que en el caso del libertario Gabriel Bornoroni. El diputado de Milei puede ser candidato a gobernador y al Senado en caso de derrota provincial; De Loredo busca pelear la provincia en el primer semestre del 2027 y la intendencia cerca de septiembre. Probable fecha que fijaría el peronista Daniel Passerini.
Nicolás asoma como una garantía para que De Loredo juegue la segunda chance sin la necesidad de disputarle ese poder. La tropa de Valdés no parece tan confiable en este sentido.
Ya se cerraron las alianzas de núcleos; la semana próxima se definen las candidaturas para la interna radical. Los que quieren la conciliación buscan calma ahora y dirimir los candidatos a Provincia e intendencia con ese mismo mecanismo en el 2027. Escenario que el peronismo bloqueará con plazos muchos más cortos el año próximo.
La pelea del embajador Peter Lamelas con el gigante de telecomunicaciones chino Huawei esconde un interés de Estados Unidos por quedarse con el control de la red de fibra óptica más grande de Argentina.
La amenaza de la Embajada de EE.UU. a los integrantes de la cooperativa CALF de Neuquén, la principal distribuidora eléctrica de la Patagonia, por un acuerdo con Huawei; y la
advertencia de Lamelas sobre la continuidad de las inversiones estadounidenses en Vaca Muerta, son parte de una estrategia de presión para quedarse con un objetivo mucho más ambicioso.
Fuentes del sector explicaron a LPO que el objetivo real de Estados Unidos es que el gobierno de Javier Milei les entregue el control de la Red Federal de Fibra Óptica (Refefo) que opera Arsat y fue desarrollada durante el gobierno de Cristina Kirchner.
La Refefo tiene, según datos oficiales, 36.500 kilómetros de fibra óptica desplegada y 31.500 kilómetros iluminados, es decir activos. Se trata de una infraestructura indispensable para el despliegue de 5G.
Aunque Arsat es superavitaria, el gobierno de Milei la quiere privatizar. Ese escenario es el que quiere aprovechar Estados Unidos para que Milei le entregue esa monumental infraestructura a una empresa estadounidense.
El trasfondo de este debate es la pérdida de soberanía digital de la Argentina, un tema que LPO ya alertó con la entrega por parte de Milei de las bases de datos del Estado nacional a empresas como Amazon, Google o Microsoft.
El ataque de Lamelas a Huawei esconde un interés de Estados Unidos por quedarse con el control de la red de fibra óptica más grande de Argentina
El ataque de Lamelas a Huawei durante el AmCham Energy Summit generó una fuerte reacción de la embajada de China, que calificó los dichos como «una calumnia sin ningún fundamento». «El gobierno chino nunca pide ni pedirá a las empresas recolectar datos para el gobierno, violando las leyes», sostuvo.
Los chinos acusan a Estados Unidos de tener una «mentalidad de guerra fría». «Estorbar el orden de mercado con medidas excluyentes no está en sintonía con la política argentina de apertura económica. Argentina no necesita que nadie le enseñe cómo atraer mejor inversiones extranjeras», dice la embajada china, en una defensa de la soberanía argentina que no se le ha escuchado nunca al canciller Quirno o Milei.
Huawei, en tanto, sostuvo en un comunicado que «es una empresa 100% privada, con presencia en Argentina desde 2001, que opera en estricto cumplimiento de las leyes y regulaciones de cada país». «Desde su fundación en 1987, Huawei ha construido un historial impecable en materia de ciberseguridad y protección de datos», resaltaron.
También desde la cooperativa neuquina CALF rechazaron la presión de Lamelas. «Nosotros no vamos a relegar una transacción comercial con Huawei, excepto que aparezca una empresa que nos dé un mejor producto y a mejor precio», sostuvo el vicepresidente de CALF, Carlos Quintriqueo, en radio Led. «El silencio por parte del Estado, eso es lo que preocupa», advirtió.
En tanto, el gerente de Tecnologías de la Información y Comunicación de CALF,
Sergio Fernández Novoa, dijo en radio Urbana Play que antes de hacer pública la amenaza de la embajada de EEUU le escribieron a Quirno, pero nunca contestó. «Le compramos a otras fábricas chinas, a fábricas europeas y le compramos mucho a fábricas estadounidenses. No tenemos un convenio de exclusividad ni con Huawei, ni con nadie. Le compramos al que nos ofrece mejor precio, mejor financiación y la tecnología que se adapta mejor para ese proyecto», explicó.
La situación de los docentes civiles que trabajan en los institutos educativos de las Fuerzas Armadas es cada vez más crítica y se suma al drama económico que viene los militares activos y retirados.
LPO adelantó hace meses que el conflicto salarial de los docentes civiles de las Fuerzas Armadas llegó al punto que una docente cobrar poco más de 500.000 pesos y el atraso salarial alcanza el 106% respecto de otras jurisdicciones.
Un docente afectado por la crisis dijo a LPO que «no se trata solamente de cobrar poco.Se trata de trabajar, cumplir una jornada, formar alumnos, sostener instituciones educativas y, aun así, no llegar a fin de mes».
ATE describió en mayo la situación del sector como una verdadera «catástrofe salarial» y señaló que existen trabajadores que ni siquiera llegan al día 10 con su sueldo. También estimó una pérdida salarial cercana al 50% en el colectivo de civiles y docentes civiles de las Fuerzas Armadas, Seguridad e IOSFA.
El endeudamiento es otro de los drama que viven los docentes. En ese punto, denuncian que «cuando un trabajador cobra un salario que no alcanza para vivir, tiene solamente algunas alternativas: reducir el consumo, pedir ayuda a familiares, utilizar la tarjeta de crédito, sacar un préstamo o refinanciar una deuda anterior. Después llega la segunda tarjeta, otro préstamo el adelanto de haberes y finalmente comienza la conocida bola de nieve».
«No hace falta ser economista para comprender el mecanismo. Cuando el salario no alcanza, el crédito deja de ser una herramienta para financiar un proyecto y se transforma en una herramienta para sobrevivir», añadió.
Cuando un trabajador cobra un salario que no alcanza para vivir, tiene solamente algunas alternativas: reducir el consumo, pedir ayuda a familiares, utilizar la tarjeta de crédito, sacar un préstamo o refinanciar una deuda anterior. Después llega la segunda tarjeta, otro préstamo el adelanto de haberes y finalmente comienza la conocida bola de nieve
Este docente planteó que también que «allí aparece una diferencia fundamental respecto del endeudamiento del personal militar. Si un militar endeudado destina una parte importante de su salario al pago de créditos, la situación es grave. Pero si un docente civil que percibe alrededor de medio millón de pesos debe recurrir al mismo mecanismo para pagar alquiler, alimentos, transporte, medicamentos, servicios y gastos familiares, la deuda adquiere una dimensión mucho más destructiva sobre sus ingresos disponibles. Por eso, hablar de endeudamiento sin hablar de salarios es mirar solamente la consecuencia y ocultar la causa».
Por último, remarca que «el docente civil quedó atrapado en el inframundo salarial. La paradoja es brutal. Las Fuerzas Armadas necesitan formar a sus futuros oficiales, suboficiales y cadetes. Para eso necesitan docentes. Profesionales que enseñan matemática, lengua, historia, idiomas, informática, ciencias, pedagogía, ingeniería y las distintas disciplinas que sostienen el sistema educativo militar».
Sin embargo, culmina, «quienes realizan esa tarea reciben salarios que se encuentran muy por debajo de los que perciben docentes que realizan exactamente la misma función en otras jurisdicciones».
«La morosidad es el último capítulo. Antes estuvieron la pérdida salarial, la inflación, la falta de recomposición, las paritarias insuficientes y la imposibilidad de recuperar lo perdido», concluyó.
“Aquí no volverá a haber elecciones, para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder”. Así fue como Daniel Ortega anuló los comicios programados para noviembre de este año. Para ello, contó el presidente de Nicaragua, va a trabajar con la Asamblea Nacional con el objetivo de aprobar leyes que sirvan de “muro” para que la oposición no llegue al poder. Estas palabras se pronunciaron en el acto de conmemoración del 47° aniversario de la Revolución Sandinista. En la lengua de Daniel Ortega, la palabra revolución hace convivir dos estrategias prácticas: mantener y conservar el poder para sí (a cualquier precio) y perpetuar una dinastía política y económica.
Ante la novedad, se impone una pregunta: ¿por qué el sandinismo —que cuenta con el apoyo de partidos que legitiman su proyecto, con empresarios que intentan adecuarse con recelo y temor a la dinámica económica, y con un marco donde los disidentes están presos o exiliados— decide clausurar las elecciones?
Para responder esta pregunta es necesario revisar lo ocurrido durante las últimas décadas. En primer lugar, este experimento político no es novedoso. Ya lo hizo Anastasio Somoza García, quien construyó un sistema de poder autoritario que le permitió a su familia controlar Nicaragua desde 1933 a 1979. Daniel Ortega se le parece a “Tacho” Somoza en dos aspectos: ambos provienen del mundo de las armas (uno del Frente Sandinista de Liberación Nacional; el otro de la Guardia Nacional) y comparten una mirada sobre la centralización autoritaria para mantenerse en el poder.
En la lengua de Daniel Ortega, la palabra revolución hace convivir dos estrategias prácticas: mantener y conservar el poder para sí (a cualquier precio) y perpetuar una dinastía política y económica.
El sandinismo —que había tomado el poder en 1979— perdió las elecciones de 1990 y comenzó el tiempo de su reconfiguración en un proceso cruento en el que Ortega desplazó a los disidentes sandinistas y fortaleció su jefatura. Entre 1994 y 1995 se afianzó el punto cero de su liderazgo y empezó la carrera por llegar al poder. En 2006 ganó las elecciones y asumió la presidencia acordando con partidos tradicionales, con la Iglesia católica y con empresarios para construir un gobierno estable hasta 2018. En esos doce años consolidó su poder, lo amplificó con el apoyo de las fuerzas armadas y policiales, y logró expandirse hacia territorios electorales que ocupaban otros partidos. También se vio beneficiado por la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, un acuerdo con la Venezuela chavista a partir del cual Nicaragua obtuvo petróleo barato y subsidios para los sectores populares.
Este sistema —que gozaba de legitimidad, estabilidad y crecimiento sostenido (en promedio, un 4% anual desde 2006)— se quiebra en 2018 desatando una rebelión civil, a partir de un decreto que modificaba el sistema de pensiones, algo percibido por la ciudadanía como un gesto autoritario. Dos años antes, en las elecciones de 2016, hubo un punto de quiebre: la esposa de Ortega, Rosario Murillo, se convirtió en vicepresidenta y empezaron ciertas tensiones con un sistema de poder que la miraba de reojo.
A partir de ese entonces, no solo se alejan los empresarios del acuerdo con el gobierno sandinista, sino que se erosiona la sostenibilidad del Estado. Los subsidios y el petróleo barato venían cayendo desde 2014 (con el derrumbe del precio internacional del barril) y para 2018 se desplomó la cooperación financiera entre Venezuela y Nicaragua en un 73 por ciento. El desgaste presupuestario del Estado nicaragüense y la caída del crecimiento implicaron ajustes que empujaron a gran parte de la sociedad a la calle. La desigualdad social y la pobreza empezaron a crecer en 2017 en una sociedad que ya tenía entre el 78 y 82 por ciento de informalidad laboral. La protesta anti autoritaria de las calles se combinó con el agotamiento de un sistema de poder que tenía más de diez años.
¿Por qué el sandinismo —que cuenta con el apoyo de partidos que legitiman su proyecto, con empresarios que intentan adecuarse con recelo y temor a la dinámica económica, y con un marco donde los disidentes están presos o exiliados— decide clausurar las elecciones?
Como indica Elvira Cuadra, socióloga e investigadora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica, el autoritarismo de Ortega y Murillo se radicalizó a partir de 2018. El camino para recuperar el control del liderazgo y acallar esas protestas —como ya había pasado entre 1994 y 1995— fue a partir de una fuerte y capilar represión: 355 personas asesinadas y la persecución de opositores provocaron el miedo social y un masivo exilio político. Entre 2019 y 2024, la pareja presidencial logró que la Asamblea Nacional vote una serie de leyes para aumentar la capacidad represiva, el control ideológico y la clausura del sistema democrático: más persecución, menos garantías. Se clausuró la libertad de expresión y se sometió a opositores al despojo de la nacionalidad y a ser considerados traidores a la patria.
En cuanto a la política social, el gobierno sandinista se alejó de la atención de los problemas sociales y descansó, paradojalmente, en las remesas que recibían las familias nicaragüenses de quienes habían emprendido el exilio provocado por las represiones del sandinismo y por su propio modelo económico. Hoy, entre el 25 y el 30 por ciento del PBI lo representan las remesas. La política social está en manos de exiliados que se han escapado del régimen sandinista.
La disputa al liderazgo de Ortega desde las protestas opositoras de 2018 tuvo como resultado el rediseño del sistema político: el sandinismo compitió en las elecciones de 2021 contra partidos que colaboraban con el gobierno. El FSLN ganó unos comicios controlados y obtuvo, con el 75,2 por ciento, el control mayoritario del parlamento.
La política social de Nicaragua está en manos de exiliados que se han escapado del régimen sandinista.
Ahora bien, volviendo a la pregunta sobre por qué clausurar las elecciones, modificar la constitución y la ley electoral, podríamos responder que Ortega busca asegurar el poder más allá de su propia biología y, como indica Cuadra, resolver el problema de la sucesión. La primera propuesta para definir al sucesor fue la reforma constitucional de 2024 que estableció la copresidencia, cargo asumido por Rosario Murillo. Esta nueva posición en el Ejecutivo le permitió acceder a todas las instituciones del Estado y poner en cuestión la división de poderes. A la radicalización del autoritarismo le siguió la aceleración de la concentración de poder. La segunda propuesta se pronunció el pasado 19 de julio: Ortega, en el proyecto que enviará a la Asamblea, desea extender el mandato presidencial a siete años y que la continuidad, en vez de ser decidida en las urnas, pueda renovarse por el mismo parlamento en el que tiene mayoría. De esta manera, intenta constitucionalizar el fin de la alternancia política, blindar a Rosario Murillo —quien no cuenta en el sandinismo con los apoyos que sí tiene su esposo— y perpetuar una dinastía que se piensa más allá de la actual dupla presidencial. Algunos de los hijos de Ortega ya han asumido roles políticos y económicos relevantes. Entre ellos, Laureano Ortega Murillo, a quien nombraron Asesor Presidencial para las Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional y hace las veces de canciller paralelo, tejiendo alianzas con China, Rusia y Bielorrusia mediante acuerdos de inversión en infraestructuras. Esto también lo posiciona, en caso de que las tensiones con Estados Unidos aumenten, en un lugar relevante para futuras negociaciones.
Esta propuesta de clausurar la alternancia política y de radicalizar la concentración de poder bicéfalo no llega en momentos de bienestar económico. Si bien las remesas ayudan a muchas familias y sostienen la demanda social, la informalidad superó al 80 por ciento, cayó el poder de compra y empeoró la situación de aquellos hogares que no reciben remesas. El deterioro de las prestaciones públicas y de los programas de transferencia directa van en aumento, al igual que los costos de la energía y el transporte. A esto se agrega el temor a que la política migratoria estadounidense afecte el envío de dinero a Nicaragua.
El sandinismo tendrá que gestionar los próximos años con una situación económica muy precaria, en la que se impone el refuerzo de los “comités sandinistas”, que persiguen el control y asistencia barrio por barrio.
La clausura de la alternancia política generó el rechazo del gobierno de Estados Unidos, de Costa Rica —que cobijó a una importante cantidad de exiliados y emigrantes—, de la Unión Europea, entre otros. Si bien Venezuela apeló al principio de autodeterminación de los pueblos, su apoyo es retórico. Desde el secuestro de Nicolás Maduro y de la presión sobre Cuba, Ortega sabe que está solo. Nicaragua no tiene petróleo y ha sido un aliado eficiente de Estados Unidos a la hora de contener los flujos migratorios y el surgimiento de pandillas. Entiende que puede tener una vía de negociación con la Casa Blanca y más si Donald Trump pierde las elecciones de medio término en noviembre.
En estos días, la Asamblea y Rosario Murillo abrieron el proceso de consultas para una nueva reforma constitucional. Convocaron a los funcionarios estatales, al ejército, a la policía, a los empresarios y grupos sociales cercanos al gobierno. La mayoría de los analistas entienden que se abre la posibilidad de constitucionalizar el partido único acompañado de medidas que profundicen aún más la clausura de la vida democrática y de derechos fundamentales.
Daniel Ortega busca asegurar el poder más allá de su propia biología y, como indica Cuadra, resolver el problema de la sucesión.
Daniel Ortega, desde su llegada al poder en 2006, tuvo como meta concentrar el poder y quedarse. Provocar una simbiosis entre el sandinismo, el Estado y su propia persona. Actualmente está en marcha un laboratorio político que lo perpetúa más allá de la biología. Ortega busca afianzar una dinastía bicéfala, combinando, desde su regreso al poder, juego democrático, prácticas autoritarias, negación de derechos y garantías, represión y asesinato, tortura a manifestantes y acceso al poder estatal de algunos de sus hijos. Ha esgrimido distintos fundamentos narrativos: un mandato providencial para gobernar Nicaragua y el influjo del “poder popular” que les permite diseñar una constitución a medida.
El cierre de la alternancia democrática es un momento más de una estrategia donde en el centro de la escena está la estructura de poder construida sobre su propia figura. Ese guerrillero que le arrebató el poder a los Somoza, que nunca tuvo el carisma de otros guerrilleros y que pervive con algo de mesianismo entendió que ese hilo rojo de la historia nicaragüense vinculado a la concentración del poder (autoritaria o democrática) era un legado a rescatar para mantenerse a flote, gobernando y mandando a una sociedad cada vez más atemorizada, precarizada y con poco entusiasmo por la política.
El mercado empieza a mostrar una preferencia llamativa dentro de los activos argentinos: para buscar retornos en dólares, algunos inversores encuentran más atractivo en las provincias que en los bonos del gobierno de Javier Milei. Una cartera recomendada por Facimex Valores asigna el 40% de la inversión a títulos provinciales, contra apenas un 25% destinado a soberanos argentinos.
La composición muestra hasta qué punto los bonos subsoberanos ganaron espacio. Entre las apuestas aparecen títulos de Córdoba, Santa Fe y Mendoza, mientras que para la deuda nacional Facimex selecciona el GD35 y el AE38. La recomendación se completa con un 35% de obligaciones negociables corporativas. Es decir, tres de cada cuatro dólares de la cartera quedan fuera de los títulos emitidos por el Tesoro nacional.
«Hay una búsqueda de rendimiento que ya no pasa exclusivamente por comprar soberanos. Las provincias que tienen buenos números fiscales y capacidad de pago ofrecen una combinación de tasa y riesgo que está resultando atractiva», explicó un operador financiero consultado por LPO.
Pero detrás de la distribución de la cartera aparece una segunda lectura. Mientras el gobierno de Milei decidió no emitir nueva deuda en los mercados internacionales, las provincias aprovecharon la reapertura del financiamiento para colocar sus propios bonos. Desde las elecciones legislativas del año pasado, seis jurisdicciones captaron cerca de USD 4.900 millones, el ritmo más alto de emisiones subnacionales desde 2017.
La lista es extensa. Córdoba abrió el ciclo con USD 725 millones y posteriormente volvió por otros USD 800 millones. La Ciudad de Buenos Aires realizó dos colocaciones por USD 600 millones y USD 500 millones; Santa Fe consiguió USD 800 millones; Entre Ríos, USD 300 millones; Chubut, USD 650 millones; y Neuquén acaba de sumar otros USD 500 millones.
El caso neuquino mostró que el apetito continúa. La provincia buscó USD 500 millones y recibió ofertas por USD 1.100 millones, más del doble del monto que pretendía colocar. Finalmente emitió deuda con vencimiento en 2034 y una tasa del 7,65%, incluso sin utilizar como garantía directa las regalías petroleras de Vaca Muerta.
Hay una búsqueda de rendimiento que ya no pasa exclusivamente por comprar soberanos. Las provincias que tienen buenos números fiscales y capacidad de pago ofrecen una combinación de tasa y riesgo que está resultando atractiva.
Las tasas pagadas por las provincias oscilaron entre 7,3% y 9,75%. Ciudad consiguió en mayo financiamiento al 7,3%, el costo más bajo de su historia, mientras Córdoba había iniciado el ciclo pagando 9,75%. El descenso posterior de las tasas muestra también cómo fue mejorando el acceso de los emisores argentinos al mercado.
El proceso todavía podría continuar. San Juan y Santa Cruz preparan emisiones de hasta USD 600 millones cada una, principalmente destinadas a financiar obras de infraestructura vinculadas con minería y otros proyectos productivos.
El contraste con Nación es particular porque no responde, al menos por ahora, a que el Tesoro esté intentando colocar deuda y no encuentre compradores. La estrategia de Caputo es directamente no emitir nuevos bonos internacionales. Economía sostiene que puede cubrir sus compromisos mediante otras fuentes y que prefiere esperar una caída adicional de las tasas antes de volver al mercado.
Caputo explicó esa decisión cuando presentó el Programa Financiero 2026-2027. Según el ministro, las primeras propuestas que recibió el Gobierno contemplaban colocar USD 5.000 millones a diez años pagando alrededor de 12,5%, un costo que consideró demasiado elevado. La apuesta oficial es esperar hasta conseguir financiamiento en condiciones considerablemente más favorables.
Hay provincias con balances ordenados que ofrecen tasas interesantes y, al mismo tiempo, Nación prácticamente no está creando papel nuevo. Eso hace que los inversores tengan cada vez más alternativas fuera de los soberanos.
Esa diferencia obliga a matizar la fotografía que deja la cartera de Facimex. Que el 40% esté colocado en provincias y solamente el 25% en soberanos muestra una preferencia concreta de inversión, pero también responde a que las provincias están generando nuevos títulos y alimentando el mercado con oferta, mientras Nación decidió no emitir nueva deuda internacional.
«Son dos fenómenos que se potencian. Hay provincias con balances ordenados que ofrecen tasas interesantes y, al mismo tiempo, Nación prácticamente no está creando papel nuevo. Eso hace que los inversores tengan cada vez más alternativas fuera de los soberanos», señaló otro operador financiero consultado por LPO.
La paradoja es que la reapertura del mercado internacional terminó siendo aprovechada primero por otros emisores argentinos. Provincias y empresas consiguieron miles de millones de dólares mientras Caputo continúa esperando una tasa más baja para regresar.
Por ahora, esa dinámica también se refleja en las recomendaciones de inversión. Facimex mantiene exposición a los bonos de Milei, pero les reserva apenas una cuarta parte de su cartera: por cada dólar destinado a soberanos, recomienda colocar más de un dólar y medio en deuda provincial.
Como correlato del encuentro de este jueves en Casa Rosada, el PRO y La Libertad Avanza (LLA) preparan una mesa política provincial para comenzar a discutir la estrategia electoral a 2027 en la que también aparece la UCR en los planes.
Fuentes al tanto de la negociación señalaron a LPO que Karina Milei se muestra permeable a un acuerdo con los radicales, a los fines de no repetir el escenario de 2025, donde el juego de la UCR bajo el sello de Somos dividió el voto antiperonista y habilitó el triunfo de Fuerza Patria en secciones clave del interior bonaerense.
Dentro del gobierno libertario calculan que un acuerdo amplio implicaría que LLA llegue a las elecciones con cerca de 50 municipios aliados, número ambicioso para el que no solo suman a intendentes PRO y UCR, también a vecinalismos dentro de los que incluyen a San Miguel y , también, a Tigre.
Karina Milei se muestra permeable a un acuerdo con los radicales, a los fines de no repetir el escenario de 2025, donde el juego de la UCR bajo el sello de Somos dividió el voto antiperonista y habilitó el triunfo de Fuerza Patria en secciones clave del interior bonaerense.
En 2025, con un comité de contingencia que no apaciguó las diferencias en términos de esquemas de alianzas, la estructura radical conformó Somos con lilitos e, incluso, con dirigentes PRO que no cerraron bajo las condiciones de Karina.
Ahora, la UCR bonaerense tiene una nueva conducción ungida en unidad pero que ya expuso grietas en la convención provincial del último sábado, cuando el sector referenciado con el ex intendente de Trenque Lauquen, Miguel Fernández, pegó el portazo en medio de la disputa por el control de la Junta Electoral partidaria y armó el espacio «Construir».
«Usaron la convención para hacer un posicionamiento, todo muy premeditado», señalaron fuentes cercanas a la conducción partidaria a cargo de Emiliano Balbín, alineado al senador Maximiliano Abad.
Desde ese sector, salieron al cruce de Fernández posteando fotos del ex candidato a vice de Grindetti junto a Gabriel Katopodis. «En el sector de Miguel siempre hay señales de entendimiento con Axel», dijo un encumbrado dirigente radical a LPO.
En esa línea, fuentes del Comité Provincia de la UCR aseguran: «No nos vemos en una alianza con el peronismo, nos vemos en un frente de cambio con todo lo que no sea peronismo». Es ahí donde se muestra receptivos a mantener conversaciones con los libertarios para explorar un acuerdo electoral a 2027.
Por lo pronto, no dudan en definir como «un error» el frente Somos en 2025. «Era mejor ir solos. Hay radicales que no nos votaron porque no sabían que estábamos ahí», agregan a la vez que sostienen que el objetivo a corto plazo es «tener un candidato radical en cada municipio» para, desde esa base, negociar arriba.
Como sea, lo concreto es que el sector de Fernández, que ya evidenció su rechazo a acordar con los libertarios en 2025, es integrado por alrededor de una docena de intendentes.
En medio de eso, en el PRO, el jorgemacrismo impulsa la incorporación de los radicales a un frente opositor amplio que compita contra el peronismo en la provincia pero que también le dé músculo a los intendentes amarillos para plantarse en la negociación frente a Karina.
«Hay que trabajar en el acuerdo para que en los municipios donde gobierna el PRO sean respetados y acompañados. Si no hay una instrucción ordenadora de arriba se complica, eso es un tema de negociación», dijo a LPO un intendente PRO
Es que, por lo pronto, el diálogo no arrancó y hasta los propios intendentes del PRO ven las negociaciones en estado embrionario y, antes de sentarse a discutir, lo primero que exigen es que los libertarios no desafíen sus liderazgos territoriales.
«Hay que trabajar en el acuerdo para que en los municipios donde gobierna el PRO sean respetados y acompañados. Si no hay una instrucción ordenadora de arriba se complica, eso es un tema de negociación», dijo a LPO un intendente PRO que detalló que, desde la semana próxima, comienzan las reuniones seccionales del partido para trabajar en el armado.
«Mínimamente, van a tener que respetar los distritos gobernados por el PRO», dijo otro jefe comunal consultado, que reclama a los libertarios «un compromiso que se cumpla». La referencia no es sólo en términos electorales, también en lo relativo al acompañamiento de la gestión, donde varios intendentes amarillos acusan a los libertarios de pararse como opositores en el Concejo.
