Sociedad

 

En otro episodio que pone en duda el espíritu democrático de la gestión de Alejandra Monteoliva al frente del ministerio de Seguridad de la Nación, en los últimos días en la ciudad cordobesa de Río Tercero se produjo un hecho grave. Un hombre de 42 años fue detenido por la Policía Federal y trasladado a Villa María donde, horas después fue liberado.

El motivo que adujeron las personas que lo detuvieron en su propio domicilio fue un presunto ataque en redes sociales en contra del Gobierno.

El propio hombre detalló lo ocurrido en la mañana de este martes en FM Sol. «Tuve un episodio el viernes cuando vino una persona supuestamente del Correo Argentino a traerme un paquete a mi casa y me dijo que no me podía entregar por el documento. A los días busqué a mi mujer en el trabajo, me intercepta la policía, me dicen que tenían una orden de allanamiento y que me tenían que detener por amenazas al Gobierno. No entendía nada», dijo el hombre.

Con lo cual, deja traslucir que previo a la detención hubo inteligencia con la visita de un falso cartero de Correo Argentino. «Cuando me llevaron, me hablaron de una amenaza de muerte a una senadora a la que no conozco», dijo el hombre.

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También contó que cuando fue liberado en Villa María horas más tarde, los efectivos de la Policía Federal le pidieron disculpas. Minutos después de que lo esposaran, sin tener ningún tipo de antecedentes y en una situación que describió como «chocante».

Vino una persona supuestamente del Correo Argentino a traerme un paquete a mi casa y me dijo que no me podía entregar por el documento. A los días busqué a mi mujer en el trabajo, me intercepta la policía, me dicen que tenían una orden de allanamiento y que me tenían que detener por amenazas al Gobierno. No entendía nada.

Le llevaron el celular con el argumento de que había una fecha y una hora en la que había registrado la amenaza. Por lo que debían peritar el aparato.

En declaraciones al diario Río Tercero, la madre del detenido dijo: «Fue de terror lo que vivimos, todavía nos tiemblan las piernas». Sin embargo, la persona detenida sostuvo además que «ayer me pintaron los dedos» y que debe ser citado a indagatoria porque la causa sigue abierta.

En la entrevista con FM Sol, el hombre admitió también que en el 2023 votó a Milei y que ahora vive «un garrón por tener que explicarle a todo el mundo».

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Monteoliva estuvo el lunes en Córdoba en la Bolsa de Comercio, pero en ningún momento hizo referencia a esta situación que se produjo en Río Tercero. Como tampoco entró en demasiados detalles sobre la detención del comisario a cargo de Drogas Peligrosas en la delegación de la Federal en Córdoba de hace semanas.

Aunque sí se refirió a este medio como «la mentira online» después que publicara el pasado viernes su intención de ser candidata a diputada el año que viene.

«Eso existió. Hubo un sondeo con Santilli y se habló. Y tiró primero una candidatura al Senado para negociar arriba y después bajar. El tema es que lo hizo todo a espaldas de Patricia Bullrich, por eso el quilombo», dijo una fuente que conoce la dinámica de Casa Rosada y la interacción de Balcarce 50 con Córdoba.

En territorio mediterráneo, el bullrichismo pesa. Y tiene bancas en el Congreso, la Legislatura y el Concejo Deliberante, además de una porción de intendentes que reportan a la senadora. «Borno (por Gabriel Bornoroni) siempre dice que a ese espacio le habla por intermedio de Laura Rodríguez Machado. Por eso suena raro lo de Monteoliva puenteando a la pata cordobesa del armado», la ningunearon a la ministra este martes.

 

 

Aumentos en la tarifa de luz desataron un estallido vecinal en el Partido de La Costa, donde los usuarios denuncian incrementos de hasta un 700%, con boletas que definen como «impagables» y que trepan en algunos casos al millón y medio.

De forma espontánea, los afectados -sobre todo de zona centro y norte del distrito- se dirigieron a las oficinas de la empresa local para exigir explicaciones por los aumentos que, en algunos casos, superan sus ingresos mensuales.

Una jubilada reveló que, de una boleta de 100 mil pesos pasó a una de 750 mil. Otro caso denunció que el mes pasado pagó 160 mil pesos de luz y, ahora, recibió una boleta por un millón y medio.

«Nos morimos de frío, estamos en la Costa, no podemos prender la estufa», exclamó una vecina a FM La Marea durante el reclamo realizado en la sede Santa Teresita de la empresa local.

El tarifazo de luz desató un estallido vecinal en La Costa: «Nos morimos de frío»

«Queremos soluciones, estamos cansados que nos roben a los pobres, a los jubilados», acusaron los manifestantes. En la protesta de este martes, se registraron episodios de tensión con el personal de seguridad de la empresa y los vecinos acusaron empujones

Queremos soluciones, estamos cansados que nos roben a los pobres, a los jubilados. Nos morimos de frío, estamos en la Costa, no podemos prender la estufa.

En las últimas horas, autoridades de la empresa propusieron suspender por 15 días los cortes de suministro por falta de pago y analizar los casos de aquellos usuarios a los que ya se les había interrumpido el servicio.

Pero la propuesta no logró calmar el malestar vecinal, que prevé avanzar con un corte en la ruta interbalnearia 11 a la altura de la intersección con la avenida 79, el acceso principal a Mar del Tuyú.

El intendente Juan de Jesús.

También, se analiza marchar desde ahí hasta el palacio municipal, con el objetivo de reclamarle a la gestión municipal de Juan de Jesús que intervenga en el conflicto.

Por lo pronto, fuentes del Concejo Deliberante de La Costa adelantaron a LPO que en la sesión de este miércoles el bloque radical que comanda Daniel López tiene previsto presentar pedidos de informes por el tema.

En la empresa explicaron que los cambios en el cuadro tarifario fueron autorizados por el Organismo de Control de Energía Eléctrica provincial (Oceba) que regula a las distribuidoras y advirtieron que varios usuarios no estaban inscriptos en los subsidios. 

La preocupación de los vecinos es aún mayor considerando que está en ciernes el debate en el Congreso por Zonas Frías, beneficio en la tarifa de gas que el gobierno de Javier Milei quiere recortar, algo que impactaría a casos como en del Partido de La Costa. 

 

 

La imagen de Javier Milei alcanzó el 57% de negativos y solo lo superan en ese ítem Máximo Kirchner y Mauricio Macri según un estudio de la consultora Giacobbe.

El presidente suma 33,9% de imagen positiva, un número que lo deja por debajo del 36,7 de Axel Kicillof y del 34,5% de Patricia Bullrich.

Más atrás se encuentra Cristina Kirchner con 29,6%, Diego Santilli con 27,4%, Mauricio Macri con 18,3%, Máximo Kirchner con 16,4% y Victoria Villarruel con 12,4%.

Macri tiene una negativa de 61,4%, más que el 58% de Máximo Kirchner y que Milei y los tres quedaron últimos en ese rubro.

El 57 por ciento dice que votaría un cambio total de gobierno

El presidente tiene peor diferencial que Cristina Kirchner: 23,3 de negativa contra 23,2 de CFK.

En la encuesta, realizada a través de dispositivos móviles sobre 2500 casos, ninguno de los ocho dirigentes medidos tiene diferencial positivo. 

 

 

Karina Milei armó un esquema de reuniones de gabinete blue sin la participación de su hermano Javier y blanqueó que tomó el control del gobierno.

La secretaria general de la Presidencia encabezó este martes en la Rosada una reunión de la «mesa política» y anunció que de ahora en más hará desfilar a los ministros para que den explicaciones sobre sus áreas, como sucede en teoría en las reuniones de gabinete.

«Se definió que en próximas reuniones se convocará a otros ministros del Gabinete nacional, con el objetivo de ampliar la participación sectorial y profundizar el abordaje de las distintas áreas de gestión y de la agenda legislativa», informaron desde Presidencia.

Desde la propia Presidencia comunicaron que en la mesa de este martes repasaron la agenda legislativa y los principales temas económicos y de gestión del Gobierno nacional. Es decir, lo que se hace en una reunión de gabinete. La particularidad de la mesa política es que no la encabeza el presidente sino su hermana Karina.

 La mesa política se transformó en una reunión de gabinete pero con la presidente

«La mesa política se transformó en una reunión de gabinete pero con la presidente», sintetizó ante LPO uno de los referentes de Las Fuerzas del Cielo de Santiago Caputo, que estuvo presente en la reunión de este martes.

El primer ministro en ir a dar explicaciones a la mesa de Karina fue el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que tuvo que detallar los proyectos de ley en los que trabaja su equipo. En el gobierno no quieren sorpresas después del conflicto con los prácticos que provocó «El Coloso», que paralizó el comercio exterior y que provocó pérdidas por 300 millones de dólares. «Lo voy a echar a patadas», gritó el presidente en Olivos, como reveló LPO.

El monopolio de Karina de la gestión deja aislado al propio presidente que, como confirman en el propio gabinete, se desentiende cada vez más de los temas diario del gobierno.

 

 

Carlos Rosenkrantz e Inés Weinberg, miembros designados como jurado para el concurso N° 527 para cubrir a una vacante de vocal en Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial, ofendieron a un postulante al que le bajaron el puntaje por utilizar «lenguaje mediocre» y quedaron envueltos por el polémico criterio de evaluación que utilizaron contra los concursantes que respondieron a las preguntas con jurisprudencia que condenaba al Estado por incumplir derechos de personas con discapacidad.

Los exámenes para los jueces tienen un marco metodológico de evaluación. Los candidatos deben responder ante un caso específico que deberían resolver si ocuparan la vacante y, de los 100 puntos totales para la calificación máxima, 45 corresponden a la consistencia jurídica de la solución propuesta, 35 a la pertinencia y el rigor de los fundamentos y 20 a la corrección del lenguaje utilizado, algo que incluye la apelación a latinismos, barroquismos o giros casi ociosos para revestir la crudeza de una sentencia.

Pero la evaluación de Rosenkrantz y Weimberg amagan con desatar un vendaval en el Consejo de la Magistratura, después que el concursante enfurecido por la calificación mandara una nota en queja a la Comisión de Selección de ese órgano del Poder Judicial. En su mensaje, el candidato consideró que lo dispuesto por el juez de la Corte Suprema y su par del TSJ porteño era «injuriante» e «indecoroso», precisó uno de los consejeros a LPO.

El problema es que la bronca del concursante despertó la curiosidad de los integrantes del Consejo y ahora crecen las sospechas acerca del criterio ideológico utilizado por ambos jueces para aprobar a algunos candidatos y aplazar a otros.

Rosenkrantz traba un concurso clave mientras presiona para aprobar cambios en la selección de jueces

En efecto, a los candidatos les tocaba analizar el caso hipotético sorteado de una trabajadora del Estado que quedaba «cuadripléjica» y al cuidado de sus padres, adultos mayores de bajos ingresos. El relato indicaba que la obra social le recortaba la cobertura de prestaciones unilateralmente, contra las prescripciones de los médicos y la advertencia sobre el riesgo vital que conllevaba la suspensión del tratamiento.

Lo curioso es que los que concluían que el Estado tenía responsabilidad subsidiaria por las prestaciones por discapacidad obtuvieron notas bajas o fueron bochados. «Rosenkrantz y Weimberg terminan avalando la postura del gobierno que se ensañó con los discapacitados», comentaron a LPO.

Santiago Viola, Alberto Maques y Alejandra Provítola en el Consejo.

Fuentes judiciales explicaron que antes de la llegada de Rosenkrantz al máximo tribunal, la jurisprudencia indicaba que el Estado, como garante subsidiario o de última instancia en salud, debía tutelar el derecho de las personas al acceso a las prestaciones médicas cuando las obras sociales o las prepagas no lo hicieran. Desde 2018, el magistrado que desplazó a Ricardo Lorenzetti de la presidencia de la Corte impuso matices que contemplaban un giro hacia la sustentabilidad o racionalidad presupuestaria que permitiera cuidar los recursos públicos.

Pese a la postura que fue consolidando Rosenkrantz, Rosatti se mantuvo en disidencia sobre el criterio fiscalista de su colega. No es casual tampoco que los concursantes que apelaron a la visión del presidente de la Corte fueran relegados, después que Rosenkrantz suscribiera junto a Lorenzetti la acordada que promovía un cambio de reglamento en la selección de magistrados bajo la crítica a la falta de transparencia actual.

En rigor, las pruebas de oposición exigen que los evaluadores no sepan quiénes son los aspirantes al cargo vacante. Por eso, se les asigna una sigla particular en lugar del nombre propio.

Lo curioso es que los que concluían que el Estado tenía responsabilidad subsidiaria por las prestaciones por discapacidad obtuvieron notas bajas o fueron bochados. ‘Rosenkrantz y Weimberg terminan avalando la postura del gobierno que se ensañó con los discapacitados’, comentaron a LPO.

Sin embargo, la carta del concursante ofendido habría movido el avispero y fuentes del Poder Judicial comentaron a LPO que el juez de la Corte Suprema y su par del TSJ porteño dejaron primero en el orden de mérito a un candidato que trabajó en el máximo tribunal, en la Secretaría de Juicios Ambientales y que también se desempeñó en la vocalía de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema y titular del Consejo de la Magistratura, y en segundo lugar habría quedado otro miembro de la misma vocalía.

También se rumoreaba este martes que en el sexto lugar habría quedado un secretario letrado de la Corte que atiende juicios ordinarios y extraordinarios. No obstante, resta que se conozcan las impugnaciones antes de establecer el orden definitivo.

Para colmo, un consejero sembró la duda de que haya sido Rosenkrantz quien decidiera calificar las respuestas del candidato ofendido bajo la etiqueta de «lenguaje mediocre» y deslizó ante LPO la posibilidad de que haya sido algún colaborador suyo quien elaboró el informe. «Es incapaz de incluir expresiones como las que aparecen en el informe, quizá confió en quien redactó o revisó el informe y firmó sin leer», dijo como si quisiera ayudar con una reflexión tan inquietante como comprometedora.

 

 

Ex intendente de La Plata, Julio Garro, fue imputado y notificado formalmente en la causa que lleva el fiscal Juan Menucci en el marco de una investigación que lo señala por presuntas irregularidades vinculadas a loteos ilegales para barrios privados.

La denuncia es por enriquecimiento ilícito, administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Asimismo, la acusación contempla una eventual afectación ambiental de incidencia colectiva.

El ex intendente -que ejerció entre 2015 y 2023, durante la gestión de Juntos por el Cambio- concurrió personalmente a la citación, donde se le informaron detalladamente los cargos que pesan en su contra y los derechos constitucionales que lo asisten.

Imputaron y allanaron al ex intendente Garro por el desarrollo de 400 loteos de barrios ilegales

La causa penal se originó a partir de una denuncia impulsada por el actual intendente de La Plata, Julio Alak, a través de la secretaria de Justicia de la comuna, Marina Mongiardino.

La presentación judicial requirió investigar la omisión deliberada de los controles necesarios para verificar el cumplimiento de los requisitos legales en la comercialización de barrios cerrados.

También fueron notificados de las imputaciones los ex funcionarios Oscar Negrelli -ex secretario de Coordinación-, María José Botta -ex titular de Planeamiento- y Marcela Rogg -ex directora general de Planeamiento-, y se espera que en los próximos días sigan otros, como el ex secretario de Obras Públicas Luis Barbier.

Según la acusación, se facilitaron desarrollos habitacionales sin la autorización de la provincia de Buenos Aires, desoyendo las objeciones de la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y avanzando sobre el cordón frutihortícola de la región.

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La investigación busca determinar si las resoluciones adoptadas durante la gestión local entre los años 2015 y 2023 desobedecieron una orden del gobierno bonaerense que prohibía autorizar urbanizaciones sin la correspondiente convalidación legal y técnica.

Quien investigaba la denuncia era el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, pero fue recusado ante la jueza Marcela Garmendia por «demoras e inacción» en la instrucción, por lo que durante la feria judicial el Ministerio Público Fiscal designó a Menucci.

De acuerdo con los datos aportados por la actual administración municipal en su denuncia, los loteos bajo sospecha serían unos 450, de los cuales 250 no podrían regularizarse.