Luis Toto Caputo confirmó que el gobierno de Javier Milei no utilizará el IPC elaborado por la gestión de Marco Lavagna con el argumento de que quedó «desactualizada» porque se basa en datos de consumo del año 2018, por lo que el Indec continuará midiendo la inflación con la canasta de 2004 que incluye entre otras cosas productos como el fax o los VHS.
El ministro tuvo que seguir dando explicaciones para tratar de cerrar el escándalo de la manipulación de los datos del Indec que terminaron con la renuncia de Lavagna, y ahora dice que la propuesta del exdirector era vieja por lo que se continuará utilizando la de 2004.
«La Encuesta Nacional de Hogares en la que se basa el nuevo índice no es de ahora, es de 2017, 2018, en el medio pasaron una pandemia, un montón de cosas», afirmó Caputo en una entrevista en La Nación +. «Probablemente los patrones de comportamiento de consumo de hoy difieren más con los de 2018 que los de 2018 con antes», argumentó el ministro.
Caputo confirmó de esa forma que el nuevo IPC no se utilizará y que se realizará uno nuevo, todavía sin fecha. Esto pese a que el gobierno se había comprometido con el FMI a actualizarlo. El exviceministro Joaquín Cottani contó ayer que el Fondo incluso financió «con un programa de asistencia técnica la revisión del índice».
Lo insólito del argumento de Caputo es que se seguirá utilizando un índice de precios que toma como referencia para elaborar la canasta la información brindada por la Encuesta Nacional de Gastos de Hogares del año 2004, cuando por ejemplo Milei tenía unos jóvenes 23 años o el propio Caputo andaba por los 28.
Es decir que la medición actual del Indec incluye productos tan modernos como el fax, los teléfonos fijos, las llamadas en locutorios, antenas de TV, tocadiscos, contestadores automáticos, los VHS, disketes, CD vírgenes, radiorelojes, revelado de fotografías o el alquiler de películas.
El argumento del Indec durante estos años fue que se relevaban los precios de productos sustitutos, lo que marca otra contradicción grosera con el argumento de Caputo para justificar la no innovación del índice.
En 1929, durante la segunda presidencia de , el Congreso sancionó la Ley 11.544, que estableció por primera vez en todo el país la jornada máxima de 8 horas diarias o 48 semanales. El texto legal recogía una demanda histórica del movimiento obrero argentino y colocaba a la Argentina, al menos formalmente, dentro del mapa de las legislaciones laborales modernas.
Sin embargo, entre 1929 y 1945, la distancia entre la ley y la realidad fue abismal. La jornada de 8 horas existía en los códigos, pero no organizaba la vida cotidiana de la mayoría de los trabajadores.
La sanción de la ley no implicó automáticamente su cumplimiento. El Estado argentino carecía —y en muchos casos no tenía voluntad— de los mecanismos necesarios para garantizarla. Las inspecciones laborales eran escasas, las sanciones simbólicas y la justicia tendía a fallar en favor de los empleadores. En los hechos, el límite horario seguía siendo una decisión patronal.
En algunos sectores urbanos e industrializados la situación fue diferente. Grandes empresas, talleres visibles y actividades con fuerte organización sindical —gráficos, ferroviarios, portuarios— lograron imponer, no sin conflictos, la jornada legal. Aun allí, el cumplimiento era parcial: horas extras obligatorias no pagadas, jornadas partidas que extendían el tiempo total de trabajo y mecanismos de evasión salarial eran prácticas habituales.
Pero fuera de esos núcleos organizados, la ley simplemente no existía en la práctica. En el campo, donde la relación laboral estaba atravesada por el aislamiento, la dependencia personal y la ausencia casi total de inspección estatal, las jornadas de sol a sol siguieron siendo la regla. En las economías regionales, la situación era aún más evidente. En los ingenios azucareros de Tucumán, la jornada se organizaba en torno al ritmo de la zafra: turnos extensos, calor extremo y trabajo continuo mientras durara la molienda, sin límites horarios reales. En los yerbatales de Misiones, los mensúes cobraban por cantidad de kilos transportados, lo que los obligaba a prolongar indefinidamente la jornada para alcanzar un ingreso mínimo. El tiempo de trabajo no se medía en horas, sino en desgaste físico.
En los viñedos cuyanos y los algodonales del norte, la lógica era similar: trabajo estacional, pago por rendimiento y jornadas que se extendían mientras hubiera luz natural. La ley de 8 horas era irrelevante frente a un sistema productivo que organizaba el trabajo por campaña y no por jornada.
En los pequeños talleres urbanos de ciudades como Buenos Aires o Rosario, especialmente en rubros como la confección, el calzado o la metalurgia liviana, eran habituales las jornadas de 10 a 12 horas, justificadas como “aprendizaje” o compensadas con salarios miserables. El trabajo a destajo permitía al empleador exigir una producción diaria fija que solo podía alcanzarse extendiendo el horario real de trabajo.
El comercio minorista reproducía una lógica similar. Empleados de almacenes, tiendas y casas de ramos generales abrían temprano y cerraban de noche, muchas veces con descanso parcial o inexistente, bajo la excusa de la atención al público. En el servicio doméstico, directamente excluido de toda protección efectiva, la jornada carecía de límites: vivir en la casa del empleador implicaba disponibilidad permanente, sin distinción clara entre tiempo de trabajo y tiempo de descanso.
La ley estaba vigente, pero no tenía ejecutores. El Estado carecía de un cuerpo de inspectores con presencia territorial, las sanciones eran irrisorias y la justicia laboral —cuando intervenía— tendía a legitimar las prácticas patronales. En ese contexto, la jornada de 8 horas no era un derecho exigible sino una declaración abstracta, desconocida para amplios sectores del mundo del trabajo. Para millones de trabajadores, la jornada legal era una promesa distante, ajena a su vida cotidiana y subordinada a una realidad donde el poder de fijar el tiempo de trabajo seguía en manos del patrón.
La clave no estaba en el texto legal sino en la correlación de fuerzas. Donde había sindicatos fuertes, comisiones internas y capacidad de huelga, la jornada de 8 horas se defendía. Donde no, el trabajador quedaba librado a su patrón. Durante esos años, el cumplimiento de un derecho laboral dependía más de la organización colectiva que del Estado.
En los últimos años, sectores libertarios repiten como argumento que el peronismo “miente” porque la jornada de 8 horas no fue creada por Perón, sino sancionada en 1929. El señalamiento es formalmente correcto, pero históricamente falaz. Confunde deliberadamente legislar con garantizar. La Ley 11.544 existía desde hacía más de una década, pero fue incumplida de manera sistemática por amplios sectores del empresariado, con un Estado ausente o complaciente. Reducir la historia social a una fecha en el Boletín Oficial implica borrar la diferencia central entre un derecho escrito y un derecho vivido.
Ese divorcio entre la ley y la realidad empieza a romperse recién a partir de 1943–1945, cuando el Estado deja de mirar para otro lado y decide intervenir de manera directa en la relación entre capital y trabajo. No se trató de crear nuevos derechos, sino de hacerlos cumplir. Bajo la acción del Estado y el impulso político de , la jornada de 8 horas dejó de ser una recomendación abstracta y pasó a convertirse en una norma exigible. El límite al tiempo de trabajo ya no lo fijó el patrón, sino el Estado. Ese fue el verdadero punto de inflexión.
La experiencia deja una enseñanza incómoda pero fundamental: los derechos laborales no existen solo porque estén escritos. Existen cuando hay un Estado dispuesto a garantizarlos y una sociedad organizada para defenderlos. Entre 1929 y 1945, la jornada de 8 horas fue una conquista legal sin poder. Su historia demuestra que la legislación social, sin voluntad política, puede convertirse en una promesa vacía.
La jornada de 8 horas no nació plena. Fue primero una letra, después una pelea y recién más tarde una realidad. Y esa diferencia —entre ley y vida— explica buena parte de la historia social argentina.
La trama que rodea a José Luis Espert suma un capítulo internacional explosivo: Fred Machado, el financista condenado por narcotráfico que aparece ligado al economista libertario, mantuvo vínculos comerciales y sociales con Jeffrey Epstein, el multimillonario acusado de abuso sexual de menores y tráfico sexual. Aviones, dinero negro, fiestas privadas y un entramado que vuelve a salpicar al entorno político que hoy orbita a Milei.
Por Roque Pérez para NLI
Imagen modificada digitalmente por NLI
Desde hace meses, Noticias La Insuperable viene reconstruyendo la red de negocios, vuelos, transferencias y favores cruzados entre José Luis Espert y Fred Machado, un financista con condena en Estados Unidos por delitos ligados al narcotráfico. Ahora, una investigación difundida este martes por medios nacionales suma un dato inquietante: Machado también aparece vinculado a Jeffrey Epstein, el financista estadounidense señalado como uno de los mayores depredadores sexuales del poder global.
EL VÍNCULO MACHADO–EPSTEIN: AVIONES, DINERO Y LUJO
Según documentación y testimonios relevados en Estados Unidos, Fred Machado compartió circuitos de negocios, vuelos privados y encuentros sociales con Epstein, en un esquema donde el dinero fluía sin demasiadas preguntas y los aviones privados funcionaban como moneda de intercambio. No se trata de una amistad casual, sino de coincidencias reiteradas en operaciones financieras y uso de aeronaves de lujo.
Epstein, hoy muerto en una cárcel federal en circunstancias nunca aclaradas del todo, utilizaba empresas pantalla, jets privados y cuentas offshore para mover fondos y personas. El nombre de Machado aparece en ese mismo ecosistema, lo que refuerza el perfil de un financista habituado a los márgenes más oscuros del sistema financiero internacional.
ESPERT, LOS LIBROS CONTABLES Y LOS 200 MIL DÓLARES
En Argentina, el nombre de Machado ya era conocido gracias a una investigación de Noticias La Insuperable, que reveló documentación contable donde figura un pago de 200.000 dólares a nombre de José Luis Espert, registrado en los libros de un narco condenado en Estados Unidos. No es una denuncia mediática: es un documento concreto que forma parte de causas judiciales en curso.
Lejos de aclarar el origen de esos fondos, Espert optó por el silencio y la victimización, mientras la Justicia avanzaba con medidas que incluyeron allanamientos en su domicilio por presunto lavado de dinero vinculado a Machado.
VUELOS, COCAÍNA Y UNA RED QUE NO SE EXPLICA
Otra investigación de este medio detalló la existencia de vuelos privados, vínculos con empresarios ligados al narcotráfico y un circuito de favores que conecta a Espert, Machado y el grupo Bada Vázquez. Aviones que entran y salen, dinero sin trazabilidad clara y relaciones políticas que garantizan protección.
El dato nuevo —la conexión Machado–Epstein— no hace más que reforzar el patrón: personajes que se mueven entre el delito financiero, el narcotráfico y las redes de poder internacional, con ramificaciones directas en la política argentina.
EL SILENCIO DE MILEI Y EL PODER QUE MIRA PARA OTRO LADO
Mientras estas revelaciones se acumulan, Milei evita cualquier explicación pública sobre el entramado de relaciones que rodea a uno de los referentes históricos del liberalismo local. Ni una aclaración, ni un repudio, ni una distancia política clara frente a un caso que mezcla narcotráfico, lavado y ahora también vínculos con un abusador serial de menores.
En una Argentina golpeada por el ajuste, el dinero libertario vuelve a mostrar su verdadera cara: no la del mérito ni la libertad, sino la de los negocios turbios, los aviones privados y las redes que operan en las sombras. Lo que antes eran “operaciones” hoy son documentos, causas judiciales y conexiones internacionales imposibles de ignorar.
Sebastián Pareja pasó por la ciudad de La Plata para ordenar el espacio de La Libertad Avanza y se defendió de los silbidos que recibió en el Derecha Fest por parte de un grupo de Las Fuerzas del cielo.
La semana pasada, en el evento organizado por los libertarios en Mar del Plata, volvió la tensión entre las facciones oficialistas y Las Fuerzas del Cielo de Santiago Caputo le hicieron sentir el rigor a Pareja. No solo evitaron aplaudirlo durante todo su discurso, sino que le recordaron los incidentes con Traductor Te Ama en Rosario.
«Yo, como presidente del partido, tengo una responsabilidad superior a todas esas situaciones que se dan en las redes sociales. Yo era el que estaba parado arriba del escenario del Derecha Fest y eran cinco personas las que estaban incitando a la violencia», dijo la mano derecha de Karina Milei en la provincia durante un encuentro con periodistas de la capital provincial.
«Tenemos que entender que internamente existe un espacio de debate y de apertura. Yo contesto todas las llamadas telefónicas que tengo», dijo y siguió: «cualquiera puede estar molesto o puede tener otro punto de vista. En la medida en que esa persona del espacio ventile las diferencias para desgastar la imagen de La Libertad Avanza o del Presidente, esa persona está fuera del espacio.
En la medida en que esa persona del espacio ventile las diferencias para desgastar la imagen de La Libertad Avanza o del Presidente, esa persona está fuera del espacio.
«No hay mucha vuelta. Nosotros trabajamos bajo la lógica de un partido político que tiene sus autoridades, tiene sus cuestiones internas y tiene su manual disciplinario», aseguró el armador libertario en un mensaje que también buscó limitar las acciones de sus legisladores provinciales que lo escuchaban atentos.
«Desde el día uno las puertas de La Libertad Avanza están abiertas a todos los que vengan a discutir y proponer lo que sea. Acá tenemos un ámbito de actuación, el que está allá, por definición, está afuera», dijo.
Además, negó que Milei tenga que llamar la atención a quienes lo insultaron en el cierre del Derecha Fest. «Es gente que se empresa libremente en una red social. Traductor te Ama no está en ningún espacio de La Libertad Avanza». Además, dijo que El Gordo Dan nunca le hizo ningún tipo planteo público. «Ahí había cinco personas que eran irreconocibles para mí», cerró.
Pareja fue el encargado de hablar antes que Milei en el escenario que convocó a la militancia de derechas. La encargada de presentarlo fue Lilia Lemoine, que tras haberse sumado a Las Fuerzas del Cielo ahora intentó una ovación para «Seba» Pareja.
Sin embargo, el público libertario, mayormente de la facción de Caputo, le devolvió un silencio incómodo y algunos silbidos.
Tras la polémica generada por las declaraciones de Luis «Toto» Caputo que sostuvo que nunca compró ropa en Argentina «porque es un robo», los trolls de Javier Milei salieron en defensa del ministro con una pieza propagandística de la dictadura que exaltaba la apertura de importaciones de José Alfredo Martínez de Hoz.
«Esta propaganda es la obra maestra de un genio», dijo el troll Pregonero en alusión a un clásico spot de la Junta Militar que, usando como ejemplo la producción de sillas, alienta la apertura de las importaciones del entonces ministro de Economía de Jorge Rafael Videla.
En paralelo, otras cuentas alineadas al gobierno libertario difundieron este spot que, para organismos de derechos humanos y sindicatos, es un símbolo de la destrucción de la industria nacional por la apertura de importaciones durante la última dictadura.
Envalentonado en medio de la defensa troll, Caputo redobló la apuesta en X y eligió el posteo de una usuaria que cuestionó sus dichos relativos a comprar la ropa afuera. «No tengo guita para el pasaje porque me lo paso pagando impuestos en este país», lo habían acusado desde una cuenta.
«Ya no necesitás comprar pasaje si querés comprarte ropa más barata. Solo tenes que saber usar internet. Podes comprar dólares libremente para pagarla», cruzó Caputo, en un posteo celebrado por el Gordo Dan y su granja de trolls.
En esa línea, también salieron al cruce de empresarios textiles que expusieron en las últimas horas la situación crítica del sector. «Durante 2 décadas cerraron el culo con los impuestos porque tenían el zoológico de tarados pagando mierda a precio de oro», acusó Pregonero.
También, varias cuentas alineadas a Milei cruzaron a la ministra de Mujeres de la provincia, Estela Díaz, que aludió a la propaganda de la dictadura para cuestionar a Caputo.
«Mismo libreto: desprecio y destrucción de la industria nacional y del empleo bajo el engaño de la «modernización». Siempre sale mal para las mayorías. Nada nuevo bajo el sol», dijo la ministra de la gestión Kicillof en un posteo que disparó ataques de trolls libertarios que extremaron la defensa de Caputo.
Paolo Rocca escribió una carta para acusar a Javier Milei de no cuidar a la industria nacional tras el ataque que recibió de parte del presidente luego de perder la licitación de los caños para el gasoducto de Río Negro.
Milei calificó al dueño de Techint como «Don Chatarrín» y le deseó la quiebra luego de que ofreciera un monto mucho mayor al que propuso la empresa ganadora, la india Welspun.
En la carta, publicada por La Nación, Rocca levantó la figura proteccionista de Donald Trump en contraste con la del libertario.
«Sin lugar a dudas, la Argentina debe abrirse al mundo y nosotros apoyamos este proceso. Pero la forma en la que nos abrimos nos parece muy importante. La defensa de la industria frente a las importaciones en condiciones de competencia desleal es fundamental para alentar la confianza de los inversores que quieren apostar al fortalecimiento de las cadenas de valor de los sectores en los cuales la Argentina tiene ventajas competitivas como la agroindustria, la energía y la minería», dijo Rocca.
«Estados Unidos, bajo la conducción del presidente Trump, introdujo aranceles del 50% a la importación de acero de todos los orígenes», comparó Rocca.
En otro tramo de la carta, Rocca apuesta a buscar una contradicción en el proceder del gobierno, alineado totalmente con Estados Unidos y la celebración del triunfo indio por sobre una empresa local.
En ese sentido, el empresario recalcó que en el acuerdo recientemente firmado entre Argentina y Estados Unidosa ambos países se comprometieron a identificar herramientas para alinear enfoques en control de exportaciones, seguridad de inversiones, evasión de aranceles y otros temas relevantes.
