Mientras la política nacional discute el futuro del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Y cuando hasta incluso los propios libertarios decidieron pedir la cabeza del protegido de Milei y Karina, el gobernador cordobés Martín Llaryora decidió desmarcarse de su antecesor, Juan Schiaretti, y no avanzará en el pedido de remoción del funcionario nacional.
Sobre todo, porque entienden en el gabinete llaryorista eso se contrapone con las encuestas en Córdoba. «Las encuestas a Martín le marcan que la gente no lo quiere haciendo politiquería, lo quiere gestionando. Entonces, cuando tiene que opinar acerca de la gestión es crítico; ahora, por cosas como estas, como la de Adorni, no», dijo un funcionario de primera línea del llaryorismo en la mañana de este miércoles.
De esta manera, Llaryora tomo distancia de Schiaretti, quien el viernes pasado salió a exigir en redes la salida de Adorni, en plena sintonía con lo que pide el PRO y, particularmente, Mauricio Macri.
Sin embargo, cuando Adorni estuvo haciendo su presentación en la Cámara baja los diputados del schiarettismo decidieron no interpelar al jefe de Gabinete. Situación con la que Natalia de la Sota, quien sí cruzó al funcionario de Milei en Diputados, marcó la cancha en las últimas semanas.
Las encuestas a Martín le marcan que la gente no lo quiere haciendo politiquería, lo quiere gestionando. Entonces, cuando tiene que opinar acerca de la gestión es crítico; ahora, por cosas como estas, como la de Adorni, no.
«Natalia lo hace porque le rinde putearlo a Milei y porque le habla a un peronismo más duro», dijo un llaryorista y agregó en referencia a la decisión de Schiaretti de cruzar al jefe de Gabinete: «‘el Gringo’ lo hace por la relación con (Mauricio) Macri».
Decisión la de Schiaretti que también arrastra a su mujer, la senadora Alejandra Vigo cuando se discuta el devenir de Adorni.
Con lo cual, en el llaryorismo sostienen que no se pliegan al pedido de remoción del funcionario porque «a pesar de la caída de Milei en las encuestas, la gente le pide a Llaryora otra cosa», agregó una fuente.
En esa línea, el gobernador cordobés sí cruzó a la Nación por no ocuparse de un delito federal como es el narcotráfico. «El narcotráfico es un delito federal, en las 427 comunas y localidades de la provincia, ¿cuántas tienen una dependencia de la Policía Federal?», dijo y agregó el reclamo por las cárceles federales: «tenemos 5.000 presos por delitos federales en Córdoba y no hay una cárcel federal».
En simultáneo con la queja de Llaryora a la Nación, a esa hora en Casa Rosada, el ministro del Interior, Diego Santilli mantenía una reunión con intendentes cordobeses que fueron llevados a Balcarce 50 por el diputado Gabriel Bornoroni, la radical Soledad Carrizo y la bullrichista Laura Rodríguez Machado.
En esa reunión, Santilli les dijo a los alcaldes cordobeses que no hay acuerdo entre La Libertad Avanza y Llaryora para el 2027: ni explícito ni implícito.
El gobierno de Javier Milei le ordenó al Grupo Clarín que se desprenda de 6 millones de abonados o de lo contrario rechazará la fusión de Telecom con Telefónica Argentina, tal como anticipó LPO en exclusiva.
La durísima medida se conoció por un comunicado del gobierno en base a una fallo del «Tribunal de Defensa de la Competencia», un órgano decisor de la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) que los libertarios se aseguraron de validar recientemente en el Senado.
«Telecom deberá ceder 6 millones de clientes móviles, junto con la infraestructura asociada, distribuidos estratégicamente entre el AMBA, la Región Norte y la Región Sur, a un nuevo competidor del sector de las telecomunicaciones», dice el comunicado.
El texto publicado en la página oficial del gobierno apunta directamente al Grupo Clarín y dice que buscan «evitar que esta operación constituya la formación de un monopolio que perjudique a los usuarios y a la libre competencia».
En el Grupo hablan de una animadversión por parte del presidente, que tiene un tuit fijado hace un año y medio en el que califica a Clarín como «la gran estafa argentina» y cuestiona especialmente la fusión de Telecom y Telefónica, por la que el grupo debió endeudarse en más de 1000 millones de dólares.
En el mulimedio aseguran que la del Tribunal no fue una decisión técnica, sino política y «con mala onda». Los 6 millones de abonados representan un 40 por ciento de la facturación del grupo.
Una muestra de esa animadversión, creen en el multimedio, es que se enteraron de la decisión por el comunicado y ni siquiera les hicieron llegar la resolución para que la estudien los abogados. En el comunicado se habla solamente del Grupo Clarín, pese a que en Telecom son socios el mexicano David Martínez, otra parte de Telecom que cotiza en Wall Street y otra parte que tiene Anses, por lo que en el multimedio creen que Milei ordenó atacar al grupo.
LPO también anticipó que el gobierno había rechazado la propuesta de Clarín, surgida tras el informe de Enacom de marzo que recomendaba la desinversión. En este entonces, el multimedio presentó dos empresas que absorberían 2.9 millones de los seis millones de usuarios que le pedía el gobierno de Milei que resignaran, para aprobar la fusión de las telco. Una de ellas fue creada recientemente por un ex CEO de Telefónica que quedó afuera tras la venta, mientras que la segunda es una empresa local que quedó como alternativa, por si el gobierno objetaba la primera.
Para cumplir otro de los requisitos del Tribunal, la empresa «deberá garantizar a un nuevo operador acceso a su infraestructura, espectro, sistemas y condiciones de interconexión por el término de 2 años, asegurando la continuidad y calidad del servicio mientras el competidor desarrolla su propia red».
En Clarín aseguran que en Argentina quedó probado que no hay lugar para una tercera empresa en el rubro y que por eso Telefónica vendió sus acciones. En el Grupo aseguran que ya no compiten a nivel local ni tienen un monopolio, sin que tienen competencia global: Starlink, la empresa de internet satelital de Elon Musk, entró al negocio por obra de Milei y ya tiene un millón de usuarios en sólo dos años.
Ahora, en Clarín esperan que les manden la resolución para que los abogados definan si la aceptan o si resisten judicialmente. En el caso de que acepten, el proceso no será fácil: Clarín debe encontrar un comprador que quiera pagar por el 40% de su cartera. En ese caso creen que el gobierno les pondrá un plazo y es incierto qué pasaría si ese plazo no se cumple, ya que se asoma la posiblidad de una expropiación.
Se disparan las alertas en torno al funcionamiento del sistema ferroviario. La Auditoría General de la Nación (AGN) y los gremios del sector expusieron un panorama crítico en las líneas San Martín y Sarmiento que evidencia la desinversión del gobierno de Javier Milei a pesar de la emergencia decretada hace dos años.
En un reciente informe de 225 páginas al que tuvo acceso LPO, la AGN advirtió fallas en los mecanismos de control del mantenimiento y las prácticas operativas del Tren San Martín, servicio que conecta Retiro con Pilar y que es utilizado por cerca de 30 millones de pasajeros al año.
La auditoria que abarca 2024 alertó un aumento del 72% del total de accidentes en relación con el 2023, siendo para el caso de «Colisiones y choque» del 50% y «Descarrilamientos» del 150%.
El dato relevante es que los accidentes por fallas técnicas escalaron un 400% y fueron las principales causantes de los choques, semi choques y descarrilamientos sucedidos.
Entre estos accidentes, el choque entre trenes de mayor gravedad fue el ocurrido en la Línea San Martín el 10 de mayo de 2024 «que, de acuerdo con las investigaciones realizadas por la CNRT y Trenes Argentinos Operaciones, se debió al incumplimiento de prácticas operativas», reveló el informe de la AGN.
Así, la AGN concluyó que la gestión del control del mantenimiento y las prácticas operativas realizadas a la Línea San Martín por parte de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la supervisión de la Secretaría de Transporte «mostraron debilidades en su programación, ejecución y seguimiento».
Eso -advierte el informe- incidió «en el estado del material rodante y de la infraestructura ferroviaria, en el riesgo de la seguridad ferroviaria, y en el deterioro de la calidad del servicio para el usuario».
En la declaración de emergencia ferroviaria que decretó hace dos años, el gobierno de Milei anunció una inversión de casi 1400 millones de dólares adicionales para el sistema ferroviario nacional. Pero en los gremios del sector sostienen que ni siquiera se destinó un tercio de ese monto en estos dos años.
El riesgo de chocar es cada vez más grande. El sistema está colapsado y el Gobierno no hace nada. La emergencia fue puro humo, no bajaron un peso, solo se dedicaron a despedir trabajadores
De acuerdo a datos de la Unión Ferroviaria, en los primeros cuatro meses de 2026 se registraron 101 descarrilamientos, lo que representa un incremento del 30% respecto del mismo periodo de 2025.
«El riesgo de chocar es cada vez más grande. El sistema está colapsado y el Gobierno no hace nada. La emergencia fue puro humo, no bajaron un peso, solo se dedicaron a despedir trabajadores», dijo el secretario general de la Unión Ferroviaria Línea Sarmiento, Rubén «Pollo» Sobrero, que agregó: «Si ocurre un accidente, va a ser culpa de Milei».
En ese contexto, la sección GBA Oeste de la Unión Ferroviaria envió una nota a las autoridades denunciando el estado crítico de degradación detectado en la infraestructura de las vías del tendido ferroviario de la línea Sarmiento, servicio que va desde Moreno hasta Once.
Ahí, la Unión Ferroviaria alertó un «peligro inminente de descarrilamiento» del servicio que va desde Moreno hasta Once, al advertir rieles fisurados o deformados, degradación de juntas, falta de pernos, acumulación de residuos y durmientes podridos.
En La Fraternidad, en tanto, denunciaron semanas atrás una disminución del 30 % promedio de los servicios de pasajeros ofrecidos, mientras que, en lo relativo a los servicios de carga, apuntaron contra «lo deplorable de la prestación de servicios» y expusieron un promedio de «tres descarrilamientos diarios».
Los senadores Carlos Camau Espínola, Flavia Royón, Eduardo Vischi y Beatriz Ávila, entre otros, desbarataron la estrategia desesperada del gobierno por sostener a Manuel Adorni y Patricia Bullrich, con dificultades para driblear entre las presiones de la Casa Rosada y el backchannel con el peronismo, aceptó que se vote la interpelación al jefe de Gabinete el próximo 25 de junio.
Con esa maniobra, la jefa del bloque libertario se apoyó en los aliados del oficialismo para bajar la sesión de este jueves y habilitar el mismo temario para la semana siguiente, con la incorporación de los proyectos de interpelación y la posibilidad de que el peronismo impulse la moción de censura contra Adorni incluida. «Si tienen el número, habrá interpelación el 2 de julio», reconoció un senador oficialista.
El problema es que Adorni se había pavoneado a la salida de la última reunión de mesa política con que esa fecha iría al Senado para brindar su informe como jefe de gabinete. La furia opositora quizá cambie el escenario.
La resolución sobre el calendario se tomó este miércoles, en la reunión de Labor Parlamentaria convocada por Victoria Villarruel la semana pasada. A la cita asistieron, además de la propia Bullrich, Espínola, Royón, Vischi y Ávila, los peronistas José Mayans, Juliana di Tullio y Carolina Moisés, quien se apartó del interbloque liderado por el formoseño este verano.
La ex ministra de Seguridad llegó a la oficina de Vicepresidencia después de haber mantenido un encuentro en el despacho del bloque de la UCR con los jefes de las bancadas que suman los 44 votos antiperonistas. Fuentes parlamentarias comentaron a LPO que «Bullrich no sabe qué hacer porque quedó en un lugar incómodo», y agregaron: «ya lo incineró a Adorni pero no puede aparecer volteándolo».
En una situación similar quedaron los senadores radicales, los que responden a gobernadores y los del PRO. Como informó LPO, desde el bonaerense Maximiliano Abad hasta el misionero Martín Göerling plantean que el jefe de Gabinete no puede seguir en su cargo pero reclaman que sea Javier Milei quien tome la decisión de echarlo.
Bullrich no sabe qué hacer porque quedó en un lugar incómodo, ya lo incineró a Adorni pero no puede aparecer volteándolo.
Por eso, la escena de este miércoles encontró a Bullrich y los aliados aplazando la sesión tan solo por una semana, para no quedar subordinados al impulso del peronismo por promover la interpelación al funcionario. «Acordaron sesionar el 25 de junio pero el 2 de julio lo despedazan», comentó un libertario que ya no tolera la continuidad de Adorni.
El caso Adorni es un tapón para la agenda parlamentaria. Ninguna de las leyes del gobierno puede avanzar por el momento debido a la terquedad de los hermanos Milei por sostener al jefe de Gabinete, pese a que los dialoguistas se han sentado a negociar cambios en los proyectos insignes para la Casa Rosada, como el de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
Para esa iniciativa, que incluye un capítulo sobre extranjerización de tierras, los senadores aliados reescribieron los artículos para modificar su sentido y comprometer su respaldo. «Ya va por la versión undécima, la corregí en mi celular», dijo uno de los negociadores libertarios al cabo de una nueva postergación de su tratamiento.
A dos días de la visita de Javier Milei a Rosario por el Día de la Bandera, el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin reinauguraron este miércoles la restauración integral del Monumento Nacional a la Bandera, una obra que llevaba más de una década sin terminarse y que atravesó los gobiernos de Mauricio Macri, Alberto Fernández y el propio Milei.
Tras el abandono nacional, la provincia decidió concluir los trabajos con fondos propios para finalizar la obra. El objetivo era llegar al 20 de junio con el principal símbolo patrio del país libre de andamios y completamente recuperado.
Según explicó a LPO el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, la restauración comenzó en 2015 pero nunca logró completarse. El gobierno de Macri fue el primero en paralizar la obra, después Alberto Fernández nunca se hizo cargo por su interna con Perotti y ahora Milei se había comprometido a terminarla, pero quedó en la nada.
«Un acuerdo firmado en junio de 2024 establecía que la Casa Rosada se iba a hacer cargo de nueve obras en territorio santafesino. Una de ellas era el Monumento a la Bandera. Sin embargo, los avances fueron mínimos y la empresa terminó abandonando los trabajos por falta de pago», explicó el ministro.
Tras el abandono nacional, la provincia decidió concluir los trabajos con fondos propios para finalizar la obra
«Hasta febrero prácticamente no había pasado nada. Nación hacía algunos desembolsos aislados, pero para la contratista ya no era viable continuar. Ahí el gobernador tomó la decisión de pedir la obra y terminarla con recursos provinciales antes del Día de la Bandera», agregó Enrico.
Para concretarlo, Santa Fe asumió una deuda superior a los dos mil millones de pesos que Nación mantenía con la empresa y destinó otros 2.600 millones para completar las tareas pendientes. Las obras se retomaron en abril y se ejecutaron contrarreloj para llegar a tiempo a la celebración del 20 de junio.
Durante el acto, Pullaro defendió la decisión de utilizar fondos provinciales para concluir la intervención. «No nos merecíamos tener la chapa y los andamios quitándole esplendor a esta obra magnífica que nos representa y que nos une a los argentinos. Teníamos que tomar la decisión de terminarla de una vez por todas», afirmó.
La restauración incluyó la recuperación de los revestimientos de mármol travertino, la restauración de esculturas de piedra y bronce, trabajos en el Propileo y la Llama Votiva, la modernización del ascensor y la puesta en valor de la Sala de las Banderas.
No nos merecíamos tener la chapa y los andamios quitándole esplendor a esta obra magnífica que nos representa y que nos une a los argentinos. Teníamos que tomar la decisión de terminarla de una vez por todas
Además, se renovaron los sistemas de iluminación y climatización, se restauró el mástil principal y volvió a funcionar el sistema de agua de la fuente ornamental, que llevaba cerca de 18 años fuera de servicio.
La reinauguración coincidió con el inicio de la tradicional Promesa de Lealtad a la Bandera. Más de 8.000 alumnos de distintos puntos del país fueron los primeros en utilizar el Monumento restaurado y participar de una ceremonia que se extenderá hasta el próximo 20 de junio.
El Gobierno volvió a mostrar superávit en mayo y Javier Milei salió a celebrarlo: «el granítico ancla fiscal». Pero debajo de ese número prolijo apareció un dato incómodo para el relato oficial. El gasto en universidades fue una de las partidas que más creció en términos reales, una tendencia que se acentuará en los próximos meses cuando comience a ejecutarse el acuerdo que firmó el Gobierno para tratar de evitar un fallo en contra de la Corte.
El otro gasto que subió fue el destinado a subsidios de servicios públicos que aumentaron nominalmente $784.178 millones. Energía explicó $523.417 millones y transporte $258.687 millones, a pesar de los aumentos tarifarios, o mejor dicho para contenerlos por su presión inflacionaria.
El Sector Público Nacional registró en mayo un superávit primario de $1.924.367 millones y un superávit financiero de $478.613 millones, después de pagar intereses de deuda por $1.445.754 millones. Con ese resultado, el acumulado de los primeros cinco meses llegó a 0,7% del PBI en el resultado primario y a 0,2% del PBI en el financiero.
Ese 0,7% tiene valor político. Es la mitad de la meta de superávit primario de 1,4% del PBI que el Gobierno renegoció con el FMI para 2026. La meta original era más exigente: 2,2% del PBI. El Fondo la bajó luego de la revisión del programa y el acuerdo técnico que habilitó un desembolso de 1.000 millones de dólares.
El número también tiene una lectura menos épica. La meta anual quedó en torno de $16,4 billones. A mayo, el Gobierno acumuló cerca de $6,98 billones de superávit primario. Es decir, llegó con aire a junio, aunque todavía tiene por delante el pago de aguinaldos y una segunda mitad del año donde la recaudación no muestra una recuperación sólida.
De hecho, la consultora Equilibra reveló que el superávit fiscal se achicó en mayo porque los ingresos cayeron más que los gastos. El superávit primario tuvo una caída real del 14,9% y el financiero del 45,7% interanual. En los primeros 5 meses del año, el deterioro acumulado es de 12% para el primario y 25,2% para el financiero, en la comparación interanual.
La consultora Equilibra reveló que el superávit fiscal se achicó en mayo porque los ingresos cayeron más que los gastos. El superávit primario tuvo una caída real del 14,9% y el financiero del 45,7% interanual.
Los ingresos totales de mayo fueron $14.531.657 millones, con una suba nominal de 27,8% interanual. Los recursos tributarios crecieron 30%. El impulso central vino de Ganancias, que saltó 72,5% por el vencimiento de sociedades. En cambio, los derechos de exportación siguieron en baja y cayeron 17,4% interanual.
La caída de los recursos obedeció fundamentalmente a los impuestos ligados a la actividad interna, como el IVA neto de reintegros con una baja del 11%, los aportes y contribuciones a la seguridad social que cayeron 4,4%, los débitos y créditos y los impuestos internos un 16,7%. Los tributos ligados al exterior también continuaron cayendo, tanto los derechos de exportación como los de importación.
Cuando se descuenta la inflación, se ve el deterioro del superávit. Según IARAF, los ingresos totales cayeron 4,1% real interanual. Los tributarios bajaron 2,4% y los no tributarios retrocedieron 22,5%. El gasto primario también cayó, aunque menos: 2,2% real. Por eso, el superávit primario de mayo fue 14,9% menor al de un año atrás.
Ahí aparece una tensión clave. En abril, el Gobierno había encendido luces amarillas porque el gasto subió en términos reales mientras los ingresos caían. En mayo corrigió esa foto, pero no del todo: los ingresos bajaron más que el gasto.
El dato más político está en las universidades. IARAF registró que las transferencias a universidades crecieron 78,5% real interanual en mayo. Fue el mayor aumento entre los componentes del gasto. En la ejecución oficial, las transferencias corrientes al sector público subieron 47,4% nominal, explicadas por un salto de 89,1% en las transferencias universitarias.
Ese movimiento revela que pese a su discurso blindado, el gobierno tocó un límite en el ajuste universitario y es evidente que las masivas protestas terminaron mellándolo. El aumento responde a recomposiciones parciales en medio de la pelea, pero todavía no refleja el reciente acuerdo que incluye una recomposición salarial de 24,33% en dos tramos, una suba de 20% para gastos de funcionamiento, 50.000 millones adicionales para hospitales universitarios y un aumento de 50% para las becas Manuel Belgrano.
Un acuerdo transitorio mientras se espera el fallo de la Corte Suprema sobre el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, avalada por la Cámara Contencioso Administrativo Federal.
Según el cálculo del economista Ricardo Rotsztein en los primeros cinco meses de 2026, el resultado financiero oficial cercano a 0,3% del PBI se transforma en un déficit de 2,2% si se suman intereses capitalizables.
La otra cara del superávit está en las partidas que siguen ajustadas. El gasto de capital se ubicó en $183.519 millones, un nivel similar al mes anterior. IARAF marcó caídas reales fuertes en gasto de capital a provincias, otros gastos corrientes y otras funciones (gastos operativos del sector público)
Los principales recortes se dieron en el gasto de capital (obra pública), que tuvo una caída del 3,8% interanual nominal, siendo los rubros más afectados agua potable y alcantarillado, una hipoteca al futuro sanitario del país.
El punto más delicado no está en el comunicado de Economía sino en lo que queda debajo de la línea. El FMI ya había advertido que, si se computa el componente real de los intereses capitalizados, el resultado financiero deja de verse tan prolijo. En su staff report, el organismo señaló que el superávit de caja global de 0,2% del PBI de 2025 pasaría a un déficit de 0,8% del PBI si se incorporaran esos intereses.
La discusión volvió a circular con fuerza en redes. Según el cálculo del economista Ricardo Rotsztein en los primeros cinco meses de 2026, el resultado financiero oficial cercano a 0,3% del PBI se transforma en un déficit de 2,2% si se suman intereses capitalizables por 2,5% del PBI.
