Graciela Giménez es de Bariloche y en los noventa se mudó a CABA, donde estudió Literatura. En 2002 nació Margarita, su hija. Desde 2009, con la puesta en marcha de la Universidad Nacional de Río Negro, se mudaron a Carmen de Patagones.
Trabaja al otro lado del río y entre los árboles de Viedma en el rectorado a cargo de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad. Inició su trayectoria profesional en 1993 en la ex Secretaría de Políticas Universitarias y desde entonces trabaja en análisis institucional, gestión académica y aseguramiento de la calidad universitaria.
Fue docente secundaria y universitaria. Participó en proyectos de investigación, incluyendo la formulación de nuevas universidades nacionales y publicaciones centradas en la política y gestión universitaria.
La Justicia realizó 35 allanamientos simultáneos en la AFA, el predio de Ezeiza y 17 clubes del fútbol argentino en el marco de la causa Sur Finanzas, en plena escalada política entre Milei y Chiqui Tapia. El trasfondo: el avance del Gobierno para forzar las sociedades anónimas deportivas y disciplinar al fútbol argentino.
Por Ignacio Elfratini para NLI
Un operativo descomunal en el momento político exacto
La mañana del martes amaneció con un despliegue judicial pocas veces visto: 35 allanamientos simultáneos en el edificio de la AFA, el predio de Ezeiza y las sedes de una larga lista de clubes—entre ellos Independiente, Racing, San Lorenzo, Banfield, Barracas Central, Argentinos Juniors, Morón, Platense y Deportivo Armenio—ordenados por el juez Luis Armella en el marco de la causa que investiga maniobras financieras y presunto lavado de dinero vinculados a la firma Sur Finanzas.
Según detalló el periodista de C5N Diego Gabriele en Mañanas Argentinas, la investigación apunta al presunto lavado de $818 mil millones mediante empresas ficticias, parte de los cuales habrían llegado a las arcas de los clubes allanados y de la propia AFA. La fiscal Cecilia Incardona pidió además el levantamiento del secreto fiscal y bancario para reconstruir el circuito del dinero, que incluía créditos otorgados por Sur Finanzas y cobrados mediante derechos de televisación o contratos de marketing.
Mientras el dueño de la financiera, Ariel Vallejos, aparece como principal investigado, el avance judicial se produce en el punto más caliente de la pelea política entre Milei y el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, justo cuando el Gobierno presiona para forzar la llegada de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) al fútbol argentino.
Una Justicia alineada al poder y los viejos métodos de presión
La simultaneidad, el volumen del operativo y el momento elegido no pasaron inadvertidos. En medio de la ofensiva discursiva y política de Milei contra la AFA, este despliegue surge como una herramienta de disciplinamiento. Mientras el Gobierno repite que el fútbol debe “modernizarse” y abrirles la puerta a las SAD, el mensaje detrás de estos operativos parece claro: o aceptan el nuevo esquema de negocios, o se profundiza la persecución judicial.
La historia reciente muestra cómo la Justicia federal se ha convertido en un arma preferencial del poder político de turno. Lo vimos con la persecución al kirchnerismo durante el lawfare, y ahora reaparece la misma matriz aplicada sobre otra estructura que le resulta incómoda a Milei: el fútbol organizado.
El contraste es evidente. La misma Justicia que mira para otro lado frente a los desastres económicos del Gobierno, que se mueve con parsimonia ante los negociados de los funcionarios libertarios, actúa con velocidad quirúrgica cuando se trata de un conflicto central para la construcción de poder del Presidente.
Esta selectividad quedó expuesta también en las últimas semanas, mientras el Gobierno niega cualquier responsabilidad por la crisis sanitaria, los casos de fentanilo y la caída en los niveles de vacunación que derivó en el retorno de enfermedades que estaban erradicadas. Frente a esas emergencias, silencio. Frente a Tapia, allanamientos.
Las SAD detrás de la cortina y un fútbol que resiste
Desde que Milei reveló su intención de abrir la puerta a las Sociedades Anónimas Deportivas, la AFA y la mayoría de los clubes afirmaron públicamente que no permitirán la privatización del fútbol argentino. Tapia, convertido en enemigo público del oficialismo, es la cara visible de esa resistencia.
El eje real del conflicto aparece entonces con nitidez: la pelea no es por Sur Finanzas, sino por el control del negocio del fútbol. Y cuando la política quiere avanzar, la Justicia suele funcionar como su ariete.
En paralelo, los allanamientos alcanzaron a Sur Finanzas tanto en su sede de Adrogué como en las oficinas donde funcionaba la empresa rebautizada Neblockchain. Las medidas fueron impulsadas desde el juzgado federal 11, a cargo de Sebastián Casanello, para secuestrar información que permita reconstruir cómo se movieron los fondos que administra el grupo investigado.
Pero más allá de los aspectos técnicos de la causa, la lectura política es inevitable. Enfrentado a un Chiqui Tapia que no se le arrodilla, Milei vuelve a encontrar en los jueces de siempre un aliado para desgastar, presionar y condicionar. No es una novedad: es un método.
El gobierno nacional anunció una nueva rebaja de las retenciones al campo, la segunda en lo que va del año, en un reflejo de la urgencia de Toto Caputo para conseguir dólares.
El ministro anunció de uno y dos puntos para los principales productos. La soja bajará de 26 a 24 puntos y los derivados de soja de 24,5% a 22,5%. También bajan dos puntos el trigo y la cebada, de 9,5 a 7,5 por ciento. En tanto, maíz y sorgo bajan de 9,5% a 8,5%; y el girasol de 5,5% a 4,5%.
La medida tendría un impacto fiscal de unos 500 millones de dólares, aunque cubierta por una mejora de los precios internacionales de los granos que mejoró la recaudación prevista para 2026.
Fuentes del sector indicaron a LPO que en el campo ya estaban advirtiendo al gobierno que con el actual valor del dólar liquidarían solo lo necesario para cubrir costos y se sentarían a esperar mejores condiciones.
El campo ya le demostró al gobierno este año que puede esperar sentado sobre el grano hasta que le mejoren el panorama. La rebaja a cero que Caputo aplicó en septiembre para conseguir dólares generó una dinámica de la que el ministro difícilmente pueda salir.
«Le va a volver a pasar», dicen en el campo, donde arriesgan que la liquidación de soja será mínima en marzo y abril y esperarán a que el gobierno esté ahorcado en julio y agosto para que le vuelvan a bajar las retenciones.
La rebaja de las retenciones podría tensar la discusión de Milei con el FMI ya que se sabe que el organismo es reacio a que se baje este impuesto porque complica la meta fiscal.
El gobierno ya había aplicado una rebaja temporal de las reducciones a principios de año, que se extendió hasta el 30 de junio. En julio, Milei anunció finalmente que esa reducción quedaría fija.
En septiembre, Caputo y Milei dispusieron una suspensión total de las retenciones para que el campo liquide 7 mil millones de dólares, una medida muy cuestionada en el campo que solo le sirvió a las cerealeras para hacer un negocio monumental y al gobierno para tener un poco de aire en la previa de las elecciones.
IMPORTANTE! %uD83D%uDC47 Nueva reducción de impuestos a las exportaciones para el campo.%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7Damos hoy un nuevo paso en el camino del alivio fiscal para el sector agropecuario, avanzando en la reducción permanente de los derechos de exportación para las cadenas de granos y…
Los chilenos votarán presidente el próximo domingo. El candidato de ultraderecha José Antonio Kast y la comunista Jeannette Jara cerrarán el proceso electoral que pone fin al gobierno de Gabriel Boric que comenzó en marzo de 2022.
Las encuestas desde el fin de la primera vuelta hasta acá no cambiaron y Kast se muestra con una abrumadora diferencia de aproximadamente 20 puntos. Esto confirmaría que la mayoría de los votos del resto de los candidatos de derecha de Chile irían el domingo para el líder del Partido Republicano.
El sector en disputa era el del outsider Franco Parisi que tendió algunos puentes con Jara pero la encuesta de Cadem publicada el 25 de noviembre indica que el 34 por ciento de los que votaron por Parisi en primera vuelta se iría a Kast, el 22 a Jara y 44 no sabe o no responde.
En ese contexto, por estas horas, en el entorno de Jara hay enojo con el gobierno de Gabriel Boric porque consideran que no bajó lo suficientemente el perfil y eso perjudicó a la candidata del progresismo.
Por estas horas, en el entorno de Jara hay enojo con el gobierno de Gabriel Boric porque consideran que no bajó lo suficientemente el perfil y eso perjudicó a la candidata del progresismo
Si bien Jara fue ministra de Trabajo de Boric, no es exactamente una candidata del oficialismo porque no forma parte de su partido y durante toda la campaña presidencial se esforzó para diferenciarse.
Jeannette Jara.
La última semana, Boric tuvo un nuevo cruce público con Kast y eso provocó la ira de Jara que terminó diciendo en público lo que repite en privado hace tiempo. «Que Boric se dedique a gestionar», fue la respuesta.
Que Boric se dedique a gestionar
La imagen negativa con la que dejará el gobierno Boric es superior al 60 por ciento producto de un proyecto que generó mucha expectativa pero se apagó antes de tiempo porque apostó todo a una reforma constitucional que fue rechazada.
Este panorama la deja a Jara tan solo con el núcleo de apoyo de los chilenos al proyecto de Boric, es decir, una base que le permite ser la mas votada en una primera vuelta fragmentada pero le impide construir una mayoría para ganar en la segunda vuelta.
En efecto, la polarización que Kast construye con Boric le conviene en términos políticos y deja a Jara en un lugar secundario y se sumisión al gobierno. Esa será la estrategia del líder de ultraderecha en el debate de esta semana en donde Jara buscará la última oportunidad de mostrar un perfil de autonomía que le sirva para despegar de las encuestas y dar la sorpresa el domingo.
A una semana de las elecciones todavía no hay ganador oficial en Honduras. El último conteo oficial del Consejo Nacional Electoral lo da al candidato de Donald Trump, Nasry Asfura, primero por una diferencia de 40 mil votos sobre el liberal Salvador Nasralla.
En ese marco, el gobierno de izquierda del partido Libertad y Refundación (Libre), denunció fraude y anunció que no reconocerá el resultado.
La candidata oficialista, Rixi Moncada, dijo a través de un comunicado que «Libre no reconoce las elecciones celebradas bajo injerencia y coacción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la oligarquía aliada, que han embestido al pueblo hondureño con un golpe electoral en curso».
Moncada afirmó que se había adulterado la soberanía nacional porque el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares fue manipulado en su código fuente.
«Sin utilizar las tres llaves del sistema de seguridad, a espalda de los técnicos responsables, fue adulterado e intervenido el software, violando la Ley Electoral y los protocolos de seguridad», expresó la candidata.
El conteo de las actas electorales se interrumpió el viernes, en medio de una durísima disputa interna dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE) entre el representante en el órgano del oficialismo, Marlon Ochoa, y las del Partido Liberal y el Partido Nacional, Ana Paola Hall y Cossette Alejandra López, respectivamente.
Libre no reconoce las elecciones celebradas bajo injerencia y coacción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la oligarquía aliada, que han embestido al pueblo hondureño con un golpe electoral en curso
Hasta ese momento, en el primer lugar figuraba el candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, quien es apoyado por Trump, con 1.132.321 votos (40,19%). En segundo lugar se situaba Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, que sumaba 1.112.570 votos (39,49%), mientras que la oficialista Moncada estaba tercera con 543.675 votos (19,30%).
Este lunes la consejera Hall anunció que el recuento de votos proseguiría después de que se solucionaran los problemas técnicos que habían obligado a detener el conteo, que habían sido denunciados el domingo.
Sin utilizar las tres llaves del sistema de seguridad, a espalda de los técnicos responsables, fue adulterado e intervenido el software, violando la Ley Electoral y los protocolos de seguridad
«Después de realizarse las acciones técnicas necesarias (acompañadas de una auditoría externa), los datos ya están actualizándose en la divulgación de resultados. Candidatos y candidatas deben estar pendientes y, en su caso, presentar las impugnaciones que correspondan de acuerdo a la ley. ¡Seguiré informando!», escribió Hall en su cuenta de X.
El pedido de nulidad de las elecciones planteado por Libre causó amplio rechazo en los dos partidos de derecha que van adelante en el conteo.
Además, el presidente del Colegio de Abogados de Honduras, Gustavo Solórzano, afirmó que ningún partido político puede declarar la nulidad de un proceso electoral, porque esa facultad le corresponde exclusivamente al CNE.
En declaraciones recogidas por el diario La Tribuna, Solórzano indicó que, al no cumplirse las causales del artículo 298 de la Ley Electoral, cualquier solicitud de nulidad debe declararse inadmisible conforme al artículo 300.
Ya valorando el pedido de Libre, Solórzano calificó su postura como antidemocrática y evidencia de falta de madurez política. El abogado recordó que la jornada electoral fue normal, que el pueblo hondureño votó masivamente y en paz, y que esa voluntad soberana debe respetarse.
Mientras la gestión sanitaria acumula fracasos —desde el caso fentanilo hasta la caída histórica en la vacunación que reabrió la puerta a enfermedades antes controladas—, Milei profundiza una reestructuración del Ministerio de Salud que concentra el poder en áreas administrativas, debilita la política sanitaria y abre de par en par la puerta a privatizaciones y tercerizaciones.
Por Roque Pérez para Noticias La Insuperable
Un Ministerio que deja de hacer política sanitaria y pasa a administrar un negocio
La nueva arquitectura del Ministerio de Salud, presentada hoy a través del Decreto 866/2025, expone una decisión política nítida: la salud deja de ser política pública y pasa a ser administración de recursos. Todo gira alrededor de lo administrativo, lo financiero, lo contable, lo legal y lo contractual.
Tal manifiesta el Boletín Oficial, la Secretaría de Gestión Administrativa se convierte en el verdadero centro de mando. Controlará el presupuesto, los recursos humanos, la infraestructura, las compras, la logística sanitaria, los sistemas informáticos, la seguridad de datos, las donaciones, los créditos externos, los sumarios y los convenios.
Ese esquema no es técnico: es ideológico. La salud como derecho queda subordinada a una estructura que responde más al mapa mental de una empresa que al de una política pública.
Y llega, además, en un contexto donde la gestión sanitaria de Milei ya mostró que, sin conducción política, los daños se pagan con vidas.
Una gestión que ya fracasó: fentanilo, vacunación en caída y brotes evitables
La reorganización del Ministerio bajo el mando de Mario Lugones no ocurre en el vacío: ocurre en medio de una gestión que ya está desbordada.
Caso fentanilo: la intoxicación masiva por fentanilo expuso gravísimas fallas en control, regulación, vigilancia epidemiológica y articulación entre áreas sanitarias y judiciales. La respuesta del Gobierno llegó tarde, sin estrategia y sin una coordinación mínima.
Vacunación en caída libre: se registró la peor cobertura de los últimos años, con faltantes periódicos y demoras en la distribución de dosis básicas del calendario nacional.
Regreso de enfermedades que estaban controladas: el descenso en la vacunación ya derivó en brotes de sarampión y un aumento preocupante de coqueluche, algo impensado para un país con tradición de inmunización fuerte.
Desfinanciamiento de programas: la merma en presupuestos y el vaciamiento técnico de áreas claves se sienten en las provincias, donde los hospitales denuncian falta de insumos, recortes y desorganización.
Todo esto ocurre antes de la nueva reestructuración. Ahora, con la salud sometida a un aparato administrativo gigantesco, la capacidad de respuesta sanitaria va a ser aún menor.
Centralización de compras y modelo PPP: antesala de privatizaciones
El nuevo diseño insiste obsesivamente en las compras. Entre la Secretaría y sus subsecretarías, las palabras que se repiten son adquisiciones, contrataciones, infraestructura, logística, auditoría, financiamiento externo, bienes y monitoreo financiero.
Esta hipercentralización crea un embudo donde todo pasa por el mismo lugar. Eso ralentiza, encarece y despolitiza la ejecución sanitaria, pero facilita otra cosa: la tercerización.
El texto lo dice sin rodeos: la Subsecretaría de Coordinación Administrativa tendrá competencias para intervenir en proyectos de participación público-privada, una autopista hacia la privatización de:
logística sanitaria,
compra de insumos,
infraestructura hospitalaria,
almacenamiento y distribución,
y parte de los programas nacionales.
En cualquier reestructuración neoliberal, la prioridad administrativa es siempre el prólogo del negocio privado.
La salud, para Milei, es un mercado. Y con este rediseño deja de disimularlo.
Sumarios y auditorías para disciplinar a quienes sostienen el sistema
La Subsecretaría Legal queda convertida en un órgano de control interno con dientes afilados: sumarios, recursos, supervisión de convenios, dictámenes, litigios, control documental.
En paralelo al ajuste, esto huele a disciplinamiento. En cada gobierno neoliberal, el recorte viene acompañado de un aparato punitivo para controlar a quienes sostienen el sistema: trabajadores, profesionales, técnicos, coordinadores de programas. Sin protección política, quedan a tiro de sumarios y recortes.
El mensaje interno es claro: obediencia o sumario.
¿Cómo le pega esto a la gente? Más costos, menos protección y un Estado retirado
El ciudadano común no ve un anexo administrativo. Ve consecuencias:
Medicamentos más caros, porque se pierde poder de negociación y crece la intermediación privada.
Faltantes de insumos, por embudos administrativos que ralentizan compras y entregas.
Programas de vacunación debilitados, en un país que ya vio cómo regresan enfermedades por falta de decisión política.
Menos capacidad de respuesta ante emergencias, como la intoxicación con fentanilo, que requiere coordinación real, no un organigrama de oficina.
Hospitales nacionales y provinciales desfinanciados, porque el ajuste baja por cadena lógica.
Privatización silenciosa de funciones esenciales, desde logística hasta infraestructura.
Un Estado que deja de proteger, porque cada área sanitaria queda subordinada a un filtro administrativo que no entiende —ni prioriza— la salud pública.
Este rearmado no mejora nada: agrava todo lo que ya salió mal.
La salud pública no es un Excel. La salud pública es territorio, vacunas, insumos, vigilancia, hospitales, profesionales y presencia del Estado. Milei logró lo contrario: una gestión que ya mostró su incompetencia y ahora se reorganiza para facilitar negocios privados y profundizar el desinterés por la salud de la gente.
