Mario Ishii presentó un proyecto en la Legislatura bonaerense para declarar la emergencia alimentaria por un plazo de 18 meses. Su proyecto de ley surgió a partir de la decisión de Andrés Larroque de recortar el programa Mesa, una asistencia de módulos alimentarios que reciben familias de estudiantes en situación de vulnerabilidad.
El proyecto de Ishii no escapa a la interna. No apunta a la situación de ajuste que enfrenta la provincia de Buenos Aires por parte del gobierno de Javier Milei. De hecho, no menciona al presidente en ningún párrafo de los fundamentos.
«La provincia atraviesa un escenario de extrema gravedad social, caracterizado por el deterioro acelerado de las condiciones de vida y el aumento sostenido de la vulnerabilidad», dice el texto de Ishii. Además insta al gobierno de Kicillof a reasignar sus recursos «con criterios de estricta prioridad social» y pide que el acceso a la alimentación «prevalezca por sobre la ejecución de obras o erogaciones que no resultan esenciales o urgentes».
Mario Ishii.
Larroque respondió al proyecto de Ishii con un reclamo dirigido a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para que salde la deuda acumulada con la provincia, que, según afirmó, asciende a más de $ 220.000 millones.
El ministro bonaerense pidió esos recursos para el programa MESA como también la revisión y actualización de los montos propuestas para el financiamiento del Servicio Alimentario Escolar (SAE) correspondientes a este año.
Larroque planteó que el contexto social actual presenta «niveles críticos» que requieren el fortalecimiento de las políticas alimentarias. Dijo que en la provincia reside el 38% de la población total del país, un dato que revela «la responsabilidad compartida que debe asumir el Estado Nacional».
Hemos presentado un reclamo formal a la ministra de Capital Humano de la Nación Sandra Pettovello, instando a saldar la deuda acumulada que mantiene el Estado nacional con la Provincia desde el 2024 por el Servicio Alimentario Escolar que asciende a más de $220.000 millones…. pic.twitter.com/ZcQERAw90P
En las últimas horas, los intendentes recibieron la noticia de recortes en el programa MESA, un dispositivo de asistencia alimentaria que se implementa en la provincia de Buenos Aires como complemento del SAE y que consiste en la entrega mensual de módulos con productos secos destinados a las familias de estudiantes que asisten a escuelas públicas.
La iniciativa surgió en el contexto de la pandemia, cuando la suspensión de la presencialidad obligó a reemplazar el esquema tradicional de comedores escolares por un sistema de entrega directa de alimentos. Con el regreso a las aulas, el programa se mantuvo como una herramienta adicional dentro de la política alimentaria bonaerense.
Actualmente, la distribución de los módulos se canaliza a través de las instituciones educativas y se articula con el ministerio de Desarrollo de la Comunidad, los municipios y los consejos escolares.
En la primera jornada en la que se revisa la sentencia a nueve años de prisión a Patricio Serjal, el jefe de todos los fiscales de Rosario hasta 2020 que fue hallado culpable de proteger a un empresario de juego clandestino a cambio de sobornos, apareció como uno de los más fuertes ejes de la defensa el nombre de Armando Traferri, uno de las figuras más fuertes del peronismo santafesino, que está imputado en la misma causa.
«A Traferri lo condenaron en un juicio en el que estuvo ausente. No tuvo derecho a defensa. Esta es una de las principales razones por la que el juicio en el que condenaron a Serjal es inconstitucional y es inválido», dijo este lunes el defensor del ex fiscal regional de Rosario ante el tribunal de tres jueces que revisa la condena.
Lo repitió a lo largo de dos horas de exposición. «Se condenó a personas que no sometieron a juicio. Una de ellas es Traferri», subrayó.
Como pasó en septiembre pasado, cuando arrancó el largo juicio que terminó con la condena de Serjal, en el trámite se habló de Traferri en cada jornada de audiencia, que duró dos meses. Esto porque se señaló que el histórico senador provincial es según el equipo de fiscales también organizador del mismo delito atribuido a Serjal, como jefe de la «pata política» de la organización criminal, que comprendía funcionarios legislativos y políticos, para garantizarle cobertura al capitalista de juego Leonardo Peiti, a cambio de dinero para campañas políticas y para hacer lobby en favor del empresario. Peiti aspiraba a obtener licencias de juego online en la Legislatura. Esto mismo quedó plasmado en la sentencia que en noviembre pasado por unanimidad condenó al ex fiscal regional.
El acto judicial de este lunes en la Cámara Penal de Rosario, donde esa sentencia empezó a revisarse, es el anticipo de lo que la defensa que Traferri ensayará cuando le toque a él mismo presentarse, en el primero resistido y ahora demorado juicio en su contra. La condena a Serjal dictada hace seis meses había sido interpretada como una condena al senador ya que los jueces, en forma coincidente, habían considerado inequívoca la pertenencia del senador a la asociación ilícita que le mereció al conductor de los fiscales una pena por ese delito, por cohecho y prevaricato.
Traferri es un actor fundamental de la gobernabilidad de Santa Fe en los últimos veinte años. A partir de su histórica capacidad de controlar el Senado de la provincia ganó peso específico sobre las gestiones socialistas y sobre la experiencia de Omar Perotti que intentó sin mayor éxito darle pelea interna.
Traferri es un actor fundamental de la gobernabilidad de Santa Fe en los últimos veinte años. A partir de su histórica capacidad de controlar el Senado de la provincia ganó peso específico sobre las gestiones socialistas y sobre la experiencia de Omar Perotti que intentó sin mayor éxito darle pelea interna. Aunque ahora la coalición del gobernador Maximiliano Pullaro controla el Senado, Traferri fue indispensable para garantizarle al mandatario radical la cláusula de la reelección en la reforma constitucional provincial sancionada el año pasado.
Pullaro suele reivindicarlo, como lo hizo en la pasada Convención Constituyente, pero para el influyente senador se viene el juicio, que resistió durante cuatro años desde la Cámara Alta provincial. Este cuerpo se negó a darle el desafuero, hasta que de manera voluntaria renunció cuando, como pretendía, el Ministerio Público de la Acusación cambió los fiscales que habían llevado inicialmente el caso. No le sirvió de mucho. Los reemplazantes endurecieron la acusación al agregar asociación ilícita.
Los jueces Carolina Hernández, Javier Beltramone e Ismael Manfrin. De espaldas, (de azul) el defensor de Serjal.
En la larga audiencia de este lunes, Ignacio Carbone, que es abogado de Serjal, dijo que durante el juicio a su cliente estaban desde la fiscalía mostrando evidencia que implicaba a otras personas que no estaban allí para controlar esa prueba y para defenderse en consecuencia. «Estuvo como testigo en ese juicio Oscar Romera, que es el abogado de Traferri, y lo dijo. Y también dijo que había cosas que no se habían probado y que no eran correctas».
«Hubo personas ausentes y se las juzgó igual», dijo Carbone aludiendo explícitamente a Traferri. Sostuvo que los jueces intervinientes -Hebe Marcogliese, Nicolás Foppiani y Facundo Becerra- dijeron entonces que no iban a juzgar conductas de terceros que no estaban presentes en el juicio. «Pero lo que escribieron con la mano lo borraron con el codo», afirmó. «Porque sí juzgaron a esas personas».
Para explicar que Traferri ya está condenado aunque aún espere juicio repasó párrafos textuales de la sentencia a Serjal. Donde los jueces, leyó Carbone, dicen: «No resulta ilógico pensar que Peiti no pretendiera otra cosa que no sea el contacto directo del fiscal regional, aprovechando los ‘buenos oficios’ de Traferri», leyó Carbone.
Remarcó también como otro ejemplo de que ya hay condena para Traferri otro párafo en que se lo considera al senador jefe de la «pata política» de la asociación ilícita.
La atmósfera de esta etapa del caso que implica a Traferri viene tan enrarecida como lo estuvo el juicio donde al senador se lo consideró asociado al condenado Serjal. Entonces la estrategia fue acusar a la fiscalía de cometer delitos para montar la imputación que incluso fueron planteados por fiscales. El tribunal rechazó eso en términos descalificadores y explícitos.
«Para comprender cabalmente el alcance de la red en la que se enmarca la acción de los aquí acusados, resulta trascendental tener presente que el área de alcance de Patricio Serjal, Gustavo Ponce Asahad y Nelson paraguas de estamentos integrados por aunque no se encuentra bajo juzgamiento Ugolini actuaba bajo el personas cuya actividad, aquí, fue permanentemente aludida a lo largo del debate, en lo que ha dado en llamarse la «pata política», comprensiva de la participación de funcionarios legislativos y políticos, siendo el eje central el senador Armando Traferri y personas de su entorno, quien supuestamente dirigía la faceta superior de la asociación ilícita», dicen los jueces en su sentencia de noviembre pasado, leída por el defensor de Serjal.
Ponce Asahad es el fiscal adjunto que trabajaba con Serjal, que actuó como arrepentido y recibió condena en juicio abreviado que ya está cumplida. Ugolini era empleado asignado a Ponce Asahad y lo acusaron de pasar información reserva de la fiscalía al entorno de Peiti. Recibió cinco años de condena.
La atmósfera de esta etapa del caso que implica a Traferri viene tan enrarecida como lo estuvo el juicio donde al senador se lo consideró asociado al condenado Serjal. Entonces la estrategia fue acusar a la fiscalía de cometer delitos para montar la imputación que incluso fueron planteados por fiscales. El tribunal rechazó eso en términos descalificadores y explícitos.
El ex fiscal Serjal.
Ahora que se revisa esa condena los fiscales José Luis Caterina y Marisol Fabbro, que son quienes también deberán acusar a Traferri, recusaron a uno de los miembros del tribunal de Cámara, el juez Javier Beltramone, por su amistad con Fernando Moschini, que es un abogado que será imputado como parte de la asociación ilícita. Beltramone lo rechazó y esta mañana presidió el tribunal junto a sus colegas Carolina Hernández e Ismael Manfrin.
Entre los que serán imputados como parte de la asociación delitiva en este tramo también estarán el ex piloto de fórmula 1 y ex concejal rosarino Oscar «Poppy» Larrauri, el ex diputado provincial Darío Scattaglini, el abogado José Fernández Chemes y Aníbal Porri entre otros.
Esta audiencia de imputación se suspendió porque dos abogados acusaron al fiscal actuante José Luis Caterina de haber ocultado la desaparición de un teléfono celular que contenía evidencia utilizada en este trámite para imputar. El defensor de Central repitió esta mañana que son dos celulares los que se perdieron y lo consignó como grave. En la fiscalía responden que el contenido de esos celulares estaba extraído en una pericia firmada por profesionales habilitados que las realizaron con lo que la evidencia está respaldada.
El abogado Carbone dijo que él mencionaba a Traferri porque la estructuración de la condena a su cliente Serjal se asienta en considerar a senador pieza central en el delito de protección al capitalista del juego.
El abogado Carbone dijo que él mencionaba a Traferri porque la estructuración de la condena a su cliente Serjal se asienta en considerar a senador pieza central en el delito de protección al capitalista del juego. «Traferri no estuvo en el juicio y se lo juzgó igual», repitió. Sostuvo que los jueces por entonces hablaron de que le darían a todos los implicados que aún no habían sido llevados a juicio la misma calidad que se daba a los que están en rebeldía o prófugos. «Pero resulta que a los que implicaron y no pudieron controlar la prueba no son rebeldes ni prófugos», dijo el defensor. «Tenemos un proceso en base a atajos, con ilegalidades, con violación de garantías», sostuvo.
Por último dijo que su asistido, el ex jefe de un equipo de más de 80 fiscales en Rosario, había perdido 18 kilos de peso desde que está detenido en prisión efectiva al recibir condena en noviembre. «Está en estas condiciones tras ser condenado sin ningún tipo de legalidad».
El derrotero de este caso pega de lleno en la política santafesina. Traferri fue defendido por un esquema transversal en el Senado cuando pedía que le levanten la inmunidad para ser llevado a proceso. El pleito sobre la protección de los fueros en Santa Fe, que protegía a legisladores no solo de arresto sino de comparecer para ser investigado, llegó hasta la Corte Suprema de la Nación. La Corte de Santa Fe, ahora bajo proceso de renovación, le había dado la razón a Traferri en decisión dividida.
Mario Ishii presentó en las últimas horas un proyecto en el Senado bonaerense tendiente a declarar la emergencia alimentaria en la provincia.
La iniciativa surge tras conocerse la puesta en revisión por parte de la gestión de Axel Kicillof del programa «Mesa Bonaerense» que entregaba cajas de alimentos a familias vulnerables.
El vice del Senado e intendente de José C. Paz en uso de licencia señaló que el proyecto presentado busca dar respuesta «a la profunda crisis social imperante en la provincia de Buenos Aires».
Al advertir que «resulta indispensable que el Estado provincial reasigne sus recursos con criterios de estricta prioridad social», Ishii dijo que «en situaciones de emergencia, la asignación presupuestaria no puede permanecer ajena a la realidad».
Frente a eso, reclamó «garantizar el acceso a la alimentación debe prevalecer por sobre la ejecución de obras o erogaciones que no resultan esenciales o urgentes para la vida cotidiana de la población».
Ishii sostuvo que «la readecuación presupuestaria que se propicia implica reorientar partidas originalmente destinadas a intervenciones no prioritarias hacia políticas alimentarias directas».
«A diario las familias, no solo de mi distrito, sino de la provincia, me hacen saber que ya no pueden más. Y si a esto se le suma la eliminación de planes que llevaban comida a la mesa de nuestras familias bonaerenses, el problema es mayor», apuntó Ishii en alusión a la parálisis al menos por tres meses del Mesa Bonaerense.
Frente a ese cuadro, Ishii sostuvo que «la readecuación presupuestaria que se propicia implica reorientar partidas originalmente destinadas a intervenciones no prioritarias hacia políticas alimentarias directas».
Y agregó: «Esta decisión no solo responde a un criterio de racionalidad económica, sino a un mandato ético y constitucional: en un contexto donde amplios sectores de la población no logran cubrir sus necesidades básicas, ningún recurso público puede ser asignado sin considerar su impacto social inmediato».
La interna libertaria se desbordó en las redes con los cruces entre el Gordo Dan y Lilia Lemoine, que en dos ocasiones recibió el apoyo explícito del presidente Milei. «Javier echó a los pibes de la Plaza», dramatizan en Las Fuerzas del Cielo, emparentando los módicos retuiteos del libertario con el cruce de Perón con los Montoneros, que abandonaron la Plaza de Mayo, en una época que las internas peronistas se resolvían a balazos.
El eje de la pelea es el karinista armador bonaerense Sebastián Pareja a quienes los seguidores de Santiago Caputo acusan de haber llenado las listas de «kukas» y runflas de la política bonaerense.
La pelea llegó hasta el canal de streaming libertario Carajo, donde pasaron un audio con un ataque directo a Karina Milei, que luego corraron. La interna se descontroló porque Pareja denunció a varios tuiteros libertarios de doxeo y la justicia los citó a indagatoria.
En esta pelea se mezcla la interna libertaria bonaerense y el pedido de indagatoria coincidió con la decisión de Agustín Romo, de Las Fuerzas del Cielo, de renunciar a la jefatura de bloque de los diputados bonaerenses, por sus diferencias con Pareja.
Las dos intervenciones de Milei en favor de Lilia terminaron de hartar a las bases tuiteras que este lunes empezaron a atacar directamente a Milei.
En medio de ese clima espeso, cerca de Pareja buscaron bajarle el precio a la interna digital: «No opinamos de cruces en redes», afirmó a LPO un colaborador del diputado y agregó que todo su esfuerzo está enfocado en el encuentro partidario que tendrán el próximo sábado en la ciudad bonaerense de Suipacha.
No opinamos de cruces en redes. Sebastián hizo la denuncia pero no fue querellante. La fiscal es la que aporta las pruebas y pide al juez las actuaciones. Sebastián no tiene a esta causa entre sus temas de agenda.
Pareja, como los Menem, busca pararse por encima del enojo de los tuiteros, a quienes tratan como poco menos que nenes caprichosos. «Ellos y Karina te corren con que tienen la lapicera para armar las listas y nosotros boludeamos en X», reconoció a LPO un histórico de los tuiteros libertarios.
Presidente @JMilei: Pareja te cagó de arriba de un poste. Averiguá! ¿Una manga de kukardos que juraron la lealtad Néstor y Cristina es lo que vamos a volver a presentar en las elecciones de PBA? ¿Nos resignamos a perder otra vez?https://t.co/kOASjh1Ogo
Y con un cinismo notable, al encuentro de Suipacha que organiza Pareja con la diputada Miriam Niveyro, invitaron a los celestiales Nahuel Sotelo y Agustín Romo. «Las Fuerzas del Cielo pertenecen a La Libertad Avanza», afirmó a LPO un colaborador del diputado, para explicar la invitación a sus rivales internos.
Incluso, minimizan la propia denuncia de Pareja contra los seguidores de Santiago Caputo. «Sebastián sólo hizo la denuncia pero no fue querellante. La fiscal es la que aporta las pruebas y pide al juez las actuaciones. Sebastián no tiene a esta causa entre sus temas de agenda», agregó la fuente consultada, subrayando el ninguneo.
Por esa denuncia, Lemoine había chocado fuerte con el Gordo Dan. La diputada había invitado a dejar de seguir a Milei a una usuaria que cuestionó a Pareja. «No», respondió el tuitero cercano a Santiago Caputo. Y agregó: «Vos no tenes la potestad de echar a nadie ni de hacer que nadie deje de seguir a Milei. No tenés jurisdicción acá para hacer eso. Esto no es el Congreso. No pasarás».
Pero la desilución entre los tuiteros libertarios creció cuando este viernes Milei tomo partido en contra de ellos al darle retuit de un posteo de Lemoine que apuntó a Dan sin mencionarlo: «La realidad sigue siendo la misma sin importar cuántos shares, likes o comments tengas. Podés influenciar a otros? Sí… circunstancialmente. No la vas a torcer a fuerza de bots, callcenters ni comunicadores ensobrados». Muy lejos quedaron los tiempos en los que bastaba un tuit de Daniel Parisini (Gordo Dan) para echara a un funcionario.
La realidad sigue siendo la misma sin importar cuántos shares, likes o comments tengas. Podés influenciar a otros? Sí… circunstancialmente. No la vas a torcer a fuerza de bots, callcenters ni comunicadores ensobrados.
Este lunes, Milei volvió a cargar contra los críticos internos, que vienen protestando por la permanencia de Manuel Adorni en el gobierno. Esta vez con un posteo donde otra vez apoyó a Lemoine, que cuestionó que le den espacio mediático a Nicolás Márquez, que pidió la renuncia del jefe de Gabinete.
«Lilia tiene razón. Muchas veces, con toda la intención de ensuciar, llaman a personas a opinar (sabiendo la respuesta que muchos usan para ganar cámara) como si fueran parte de LLA aun sabiendo que no lo son. En 2023 lo han hecho miles de veces con el fin de ensuciar. CIAO!» escribió el presidente.
El Gordo Dan con el diputado Sotelo.
Ese posteo desató una ola de repudio de tuiteros libertarios, que incluso hablaron de «desilusión». «Dejá de hacerte el boludo Javier. Blanqueá lo de Pareja. O estás con él o estás con los que te seguimos desde hace años y años y pusimos el cuerpo para que hoy estés donde estás», fue uno de los tantos posteos que cruzaron al presidente.
No parece ser la intención de Milei ni de su hermana retroceder ante la sublevación digital De hecho, días atrás Pareja le sacó la coordinación distrital en Campana al concejal Maximiliano Corio, que reporta a Las Fuerzas del Cielo.
Dejá de hacerte el boludo Javier. Blanqueá lo de Pareja. O estás con él o estás con los que te seguimos desde hace años y años y pusimos el cuerpo para que hoy estés donde estás.
«No hay tregua contra aquellos que quieren robarnos el partido desde adentro. Es hora de la rebelión urgente», posteó Corio. No fue el único lugar donde Pareja cambió los coordinadores. También lo hizo en Ituzaingó y Pilar. Como bien reflexionó ese tuiterio orininario, Karina y su círculo han decidido aferrarse a la lapicera del control del partido, los bloques y candidaturas y contestar a los tuits con decisiones de poder real.
Martín Menem detectó en la última semana que al oficialismo le faltan votos para eliminar las PASO y, por eso, comentaron a LPO desde la bancada libertaria el riojano habría pedido a la Casa Rosada que no mande el proyecto de supresión hasta que se destraben los apoyos.
Como informó LPO, el gobierno está en tratativas con Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora para conseguir el respaldo de los diputados que responden a esos jefes provinciales, a cambio de no plantarles listas competitivas en sus distritos en 2027. Sin embargo, fuentes de Provincias Unidas advirtieron que si Juan Schiaretti quisiera ser candidato a presidente en el próximo turno electoral, el Gringo necesitaría las primarias, una razón para dejar las reglas y el cronograma de los comicios tal como están.
Por lo demás, hasta los radicales se oponen a la derogación. «Nadie en los diferentes sectores de la oposición quiere acompañar al gobierno en ese tema, sería cómo quitarle agua a un tipo en el desierto o pegarse un tiro entre las gambas», admitieron desde el entorno de un gobernador de la UCR.
Hasta los diputados del PRO son asaltados por la duda. El bloque de Cristian Ritondo todavía no definió qué haría pero un legislador de los suyos reconoció que «no hay postura unificada» sobre el tema.
En el peronismo no se pronunciaron todavía, pese a que las PASO fueron sancionadas durante el mandato de Cristina Kirchner y fueron reivindicadas por el kirchnerismo aunque nunca se utilizaron seriamente para las fórmulas del PJ a nivel nacional. «Como siempre, hasta que no haya proyecto ingresado, no hablamos del tema», contestaron desde la conducción de la bancada de UP.
La estrategia peronista todavía no está definida. LPO informó que la discusión no está saldada y que, en ese contexto, el senador Sergio Uñac envió una carta al PJ pidiendo que el partido defina su candidato en internas abiertas para afiliados y no afiliados.
La jugada dejaría afuera a los dirigentes que quisieran postularse por otros partidos que han integrado el Frente de Todos o UP, como el Frente Renovador de Sergio Massa o el Frente Cívico de Santiago del Estero, liderado por Gerardo Zamora. El jefe del interbloque peronista en el Senado, José Mayans, habría sido categórico ante la consulta acerca de la supresión de las primarias que le hicieron llegar sus colegas: «hasta ahora se mantiene, no hay otra propuesta», respondió.
Que nadie sea designado candidato a dedo, que haya una discusión interna, donde el que llegue a la presidencia esté legitimado por el voto de la gente, y un presidente que agarre la lapicera y ejecute.
Sin embargo, la cautela inquieta a los legisladores del PJ que chocan con la conducción del kirchnerismo en el Congreso. El entrerriano Guillermo Michel, por caso, expresó: «el peronismo tiene que ir a un espacio político más amplio, donde traten de volver aquellos actores que se fueron y traten de ampliar la base de sustentación». «Para lo que viene no alcanza solo con el peronismo y, para eso, es importante defender la herramienta de las PASO, que es el primer desafío que vamos a tener en la Cámara de Diputados ahora, cuando el gobierno trate de ir por su eliminación», completó.
Michel apuntó también que «el punto de partida es la política» y «que nadie sea designado candidato a dedo, que haya una discusión interna, donde el que llegue a la presidencia esté legitimado por el voto de la gente, y un presidente que agarre la lapicera y ejecute».
Axel Kicillof participará el martes de una audiencia en la Corte Suprema que deberá decidir por el recorte de fondos a la provincia de Buenos Aires. Fuentes de Casa de gobierno confirmaron que el propio gobernador estará presente en el segundo encuentro con funcionarios del gobierno de Milei en medio de la pelea por más de 2 billones de pesos.
El primer encuentro ocurrió a mediados de marzo. En esa audiencia, los representantes de la Corte le preguntaron al Estado nacional si tenía algún ofrecimiento para hacer y respondieron que no contaban con datos suficientes para estimar las supuestas transferencias adeudadas.
La provincia de Buenos Aires, es una de las 13 jurisdicciones que no transfirieron sus regímenes provisionales a Nación. Por lo que el Estado Nacional debe compensar los déficits. Eso se realiza a través de un sistema de simulaciones y auditorias que debe hacer el Estado Nacional sobre las cuentas provinciales.
En La Plata aseguran que vienen enviando toda la documentación sin demoras. Sin embargo, desde el primer día de enero de 2024 dejaron de recibir las transferencias.
Los argumentos que plantearon los representantes de la ANSES en la audiencia con la provincia fueron que no estaban terminadas las auditorías sobre la provincia. Los enviados por Kicillof dijeron que todo estaba presentado en tiempo y forma, pero dejaron en claro que estaban dispuestos a volver a enviar toda la documentación. En función de eso, la Corte convocó a una nueva audiencia para el 21 de abril.
La convocatoria a la audiencia está a cargo de la secretaría de Juicios Originarios que controla Alejandro Daniel Rodríguez. Allí se presentaron por parte de la provincia Pablo López (Economía), Hernán Gómez (Fiscal de Estado), Santiago Pérez Teruel (asesor General de Gobierno) y Marina Moretti (IPS). En tanto, en representación de la ANSES asistió su secretario Legal y Técnico, Andrés María Gutiérrez.
Según la demanda del gobierno bonaerense, las deudas corresponden a anticipos recibidos y adeudados por la Nación; actualización de los anticipos 2023 (se recibieron con base 2018); fondos del anticipo 2024 más su actualización (base 2020) y diferencias entre el déficit de caja no transferida y los anticipos sin actualizar correspondientes a los ejercicios 2018, 2019 y 2020.
Días atrás, el gobierno de Kicillof presentó su octava demanda ante la Corte. En este caso reclama más de 1,13 billones de pesos por el incumplimiento del Consenso Fiscal 2017 y el convenio firmado en 2023.
Este último reclamo incluye el saldo impago correspondiente al acuerdo de 2023 y las diferencias proyectadas para el período 2023-2025 por el Fondo del Conurbano, según precisa la administración provincial. Con la presentación, también se solicita una medida cautelar que ordene al gobierno nacional la restauración del método de cálculo original, a fin de reparar los perjuicios futuros.
El consenso fiscal se firmó durante el macrismo y contempló un acercamiento entre el gobierno nacional y las provincias para determinar acuerdos en materia tributaria y de coparticipación. Por ejemplo, contemplaba la baja de impuestos como Ingresos Brutos, al tiempo que especificaba sobre la adecuación de normas jubilatorias y la cobertura del déficit de las cajas previsionales.
El resto de las presentaciones ante el Máximo Tribunal tienen que ver con el recorte del Fondo de Seguridad; el Fondo compensador al Transporte, el boleto integrado, el Fondo de Incentivo Docente (FONID), el Fondo para bosques nativos y la posibilidad de cobrar tributos locales en los servicios de gas.
