El bloque de senadores peronistas trabaja sobre un proyecto que obligue a los candidatos a cargos electivos a pasar un examen psicotécnico auditado por el cuerpo de peritos psiquiátricos de la Corte Suprema, como anticipó en exclusiva LPO.
La iniciativa bautizada «Ficha Sana» es una respuesta político-institucional a la ofensiva del gobierno libertario para incluir «Ficha Limpia» en la reforma política que intenta aprobar Patricia Bullrich. Ficha Limpia en lugar de poner el acento en la salud mental, prefiere excluir de la competencia electoral a quienes tengan condenas confirmadas por corrupción.
Senadores del bloque peronista consultados por LPO evadieron dar precisiones sobre la iniciativa, pero reconocieron que el tema se habló en la bancada y citaron un antecedente de un proyecto de esas características elaborado por el senador chaqueño Jorge Capitanich (ver documento adjunto).
La senadora Juliana di Tullio está analizando el tema, igual que su colega, el formoseño José Mayans, que suele preocuparse por la salud mental de los funcionarios electos.
Maximiliano Pullaro volvió a dar señales a favor del dirigente del PRO como candidato a la intendencia de Rosario por Unidos. El gobernador le otorgó un lugar central en las primeras jornadas de los Juegos Suramericanos, relegando al actual intendente, Pablo Javkin, de la comunicación del gobierno provincial.
Los Juegos se convirtieron en el acontecimiento más importante de la gestión de Pullaro de cara a la campaña de 2027. El gobernador construyó alrededor del evento una narrativa clara: hace tres años Rosario contaba muertos y ahora cuenta medallas.
El gobernador le otorgó a Angelini un lugar central en las primeras jornadas de los Juegos Suramericanos, relegando al actual intendente Pablo Javkin
Si bien, Santa Fe fue elegida como sede durante el gobierno de Perotti, Pullaro encaró las obras, el financiamiento y los créditos internacionales para hacerlo tras la recuperación de los índices de homicidios que bajaron significativamente en Rosario.
En ese contexto, Pullaro eligió a Angelini como principal vocero del gobierno provincial en Rosario. El exdirigente de Patricia Bullrich acompañó al gobernador en las actividades oficiales y ganó una visibilidad que contrasta con el papel secundario que el equipo de pullaro le reservó a Javkin que casi no aparece en la comunicación oficial del evento.
Conferencia de prensa del balance de la inauguración y primera jornada de los Juegos
Este lunes, se relizó el primer balance del imponente acto de apertura a los pies del Monumento a la Bandera y de la primera jornada de competencias. En Unidos sostienen que Pullaro aprovecha a la competencia como una plataforma para instalar a su propio candidato en la ciudad más importante de la provincia.
El gobernador siempre buscó construir una figura propia en Rosario. En un primer momento alentó a Federico Lifschitz pero el concejal nunca consiguió levantar el perfil. Incluso recibió fuertes críticas después de presentar un proyecto contra el nepotismo en el Estado siendo hijo del ex gobernador socialista que falleció en pandemia, Miguel Lifschitz.
Después, en el pullarismo tantearon al ministro de Producción, Gustavo Puccini, uno de los hombres de mayor confianza de Pullaro. Sin embargo, el funcionario ocupa una cartera especialmente sensible en momentos en que la industria, el comercio y la construcción atraviesan una fuerte caída por el modelo económico de Milei. Además, dirigentes de Unidos dijeron a LPO que no lo veían entusiasmado con una candidatura a intendente.
A partir de allí, comenzó a crecer Angelini. Tras dejar el gobierno de Milei y sumarse al gabinete provincial, el exfuncionario de Bullrich recuperó protagonismo dentro del PRO y quedó integrado al círculo político de Pullaro.
Con la Legislatura cordobesa convertida en un hervidero a raíz de las denuncias por violencia de género y abuso sexual de algunos asesores y empleados, tanto del peronismo como de la UCR, la senadora nacional Alejandra Vigo salió a pedir la cabeza de la radical Alejandra Ferrero. Dentro de cuya oficina trabajaba Omar Ludueña, el radical de la capital cordobesa que militaba para el deloredismo y que se encuentra detenido desde el viernes pasado en una compleja causa por abuso sexual intrafamiliar.
«Ferrero debe renunciar», lanzó Vigo este lunes a La Voz del Interior, para fijar una coherencia en su conducta con respecto al pedido que había hecho sobre Ramón Flores, el legislador del peronismo que tenía entre sus asesores a José Villarreal, el hombre detenido por grooming y abuso sexual a menores en el norte de la provincia.
«Tengo la misma convicción que expresé firmemente en la oportunidad anterior. La nueva denuncia por abuso sexual contra un empleado de la Legislatura que cumple funciones en el despacho de Alejandra Ferrero (UCR) exige una respuesta contundente», dijo Vigo este lunes.
Presión que, puertas adentro de la Legislatura vuelve a ocasionar un ruido como en aquel momento, también dentro del oficialismo. «No hay que revolear pedidos así. No es la forma. Ella tiene que estar por encima de esto», dijo a LPO un llaryorista puro sobre el nuevo pedido de Vigo, ahora para una legisladora del radicalismo.
Y la exigencia de Vigo se conoció este lunes por la tarde, cuando también salió a la luz otra denuncia en contra de otro funcionario del peronismo: Pablo Ortíz, funcionario de Cormecor, el ente intergubernamental que gestiona los residuos de Córdoba y el Gran Córdoba. Hombre que, además, responde a Facundo Torres, el jefe del bloque del oficialismo en la Unicameral que esta mañana salió a acusar al radicalismo de «mear agua bendita cuando tenían a un abusador trabajando para el bloque».
Frase que desató la furia de un sector de la oposición y que dejó con la guardia alta a los 70 parlamentarios de la Unicameral.
Rodrigo de Loredo
Sobre el pedido de Vigo, en torno a la renuncia de Ferrero, otro peronista admitió que «no hay un orden, ni una estrategia», acerca de pedir la dimisión de la legisladora que es parte del deloredismo. «No tenemos una coordinación con el tema. Entonces, salen y piden esto, ahora saltan algunos casos cercanos a Facundo y no podemos caer en un pedido de renuncias constante», agregó la fuente del peronismo.
Torres, además, es el presidente del PJ cordobés y uno de los que se convirtió en el vocero de la acusación en contra del radicalismo desde el pasado jueves cuando estalló el caso Ludueña, el hombre que militaba para el deloredismo y antes lo había hecho para Oscar Aguad.
El gobierno dio marcha atrás con una desregulación que había celebrado apenas cuatro meses atrás. La Comisión Nacional de Valores (CNV) prohibió el uso de cheques y eCheqs para ingresar y retirar fondos de las cuentas comitentes y dispuso que las transferencias sean la única vía habilitada.
En el mercado lo leyeron como un cepo reforzado. Pero detrás de la decisión aparece una razón menos doctrinaria: la recaudación del impuesto al cheque se desplomó y Economía decidió cerrar una puerta que había abierto la propia CNV.
La Resolución General 1166 establece que los fondos que ingresan a una ALyC deben provenir de una cuenta bancaria a la vista del propio cliente o de una CVU vinculada a su CUIT. Para retirar el dinero ocurre lo mismo. La CNV justificó la decisión por la necesidad de garantizar la disponibilidad inmediata, evitar rechazos de cheques y fortalecer los controles frente a «posibles conductas disvaliosas».
La explicación oficial, sin embargo, deja afuera el elefante de la habitación. En mayo, la CNV había dictado las resoluciones 1139 y 1141, que incorporaron el cheque electrónico y permitieron que los eCheqs circularan sin límites en la cantidad de endosos, siempre que pudiera garantizarse su trazabilidad. La regulación mantenía un máximo de dos pagos por día y cliente, pero no ponía límites a los endosos de los cheques electrónicos que ingresaban al circuito.
Ahí apareció el agujero fiscal. La transmisión de cheques mediante endoso está contemplada entre las operaciones exentas del impuesto sobre los créditos y débitos bancarios. Empresas comenzaron a utilizar eCheqs para fondear sus cuentas en sociedades de Bolsa, colocar esos pesos en instrumentos de muy corto plazo y luego retirarlos mediante transferencia. La secuencia podía completarse en unas 48 horas y permitía evitar el costo del impuesto al cheque.
El mecanismo creció justo cuando la recaudación comenzó a mostrar números cada vez más raquíticos. En términos reales, los ingresos por el impuesto al cheque cayeron 11% interanual en junio, 6,3% en julio y 9% en agosto.
En un primer momento, el Gobierno atribuyó el deterioro a la caída de la actividad. Pero un informe de ARCA y el aumento del volumen de endosos pusieron el foco sobre la nueva operatoria. Economía pidió entonces cerrar el grifo.
La crítica apunta a una contradicción incómoda para un gobierno que hizo de la desregulación una bandera. En mayo habilitó una herramienta que facilitaba el movimiento de fondos por fuera del circuito bancario tradicional y en septiembre la eliminó cuando comprobó su costo fiscal.
La marcha atrás encendió a las sociedades de Bolsa. Franco Tealdi, managing partner de IEB Córdoba, calificó la decisión como una «HORRIBLE medida» en mayúscula y apuntó además contra el comportamiento de los bancos. «Los bancos ‘retienen por las dudas’ el impuesto a débitos y créditos aún cuando fondeás a ACDI (después tenés que reclamarlo). No hay incentivos para que las PyMes operen en el mercado mediante ALyCs. Inentendible y espero que corrijan», afirmó. El experto Christian Buteler eligió una ironía más política: «¿Volvió Kicillof?».
La crítica apunta a una contradicción incómoda para un gobierno que hizo de la desregulación una bandera. En mayo habilitó una herramienta que facilitaba el movimiento de fondos por fuera del circuito bancario tradicional y en septiembre la eliminó cuando comprobó su costo fiscal.
El torniquete no apareció por una pulsión regulatoria sino porque la alquimia financiera comenzó a perforar una caja que el Tesoro necesita cuidar. Pero existe otra lectura en la City, sintetizada con menos diplomacia por la cuenta conocida como «Pájaro Loco»: «Bien CNV. Los curros que metían las ALyCs con los cheques ya era joda».
Esa mirada pone el foco sobre el uso de una franquicia pensada para facilitar operaciones del mercado de capitales como vehículo para evitar un impuesto. La exención terminó funcionando en algunos casos como un atajo para administrar tesorería empresaria y no necesariamente para financiar inversión productiva.
La pelea también es por quién se queda con esos pesos. Los bancos habían cuestionado la operatoria porque las ALyCs les estaban quitando depósitos y parte del negocio de tesorería corporativa. Los fondos que antes permanecían dentro del sistema bancario podían entrar mediante eCheqs al mercado de capitales y terminar estacionados en money markets o cauciones.
Fuentes del mercado reconocieron a LPO que los bancos venían reclamando contra ese circuito. Con la nueva resolución, buena parte de esos fondos vuelve a pasar obligatoriamente por las cuentas bancarias.
Por eso la decisión tiene ganadores y perdedores bastante definidos. Las ALyCs pierden una herramienta que se había vuelto atractiva para empresas y pymes. Los bancos recuperan terreno en el manejo de la liquidez corporativa. Y el Estado procura recuperar recaudación obligando a que los movimientos vuelvan a transitar por un canal alcanzado por el impuesto a los débitos y créditos. La medida golpea especialmente a las pymes que utilizaban cheques como parte habitual de su circuito comercial.
En enero de 1945, mientras la Segunda Guerra Mundial entraba en su tramo final y el régimen de Edelmiro Farrell todavía no había declarado la guerra a Alemania y Japón, el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública enviaba a las escuelas argentinas una circular que recomendaba a las alumnas utilizar zapatos con tacos de no más de cuatro centímetros. Detrás de una medida aparentemente trivial había un extenso expediente médico y administrativo sobre el cuerpo femenino: anatomía, postura, maternidad, trabajo, disciplina, moral y hasta la idea de “mejoramiento de la raza”. La historia de aquellos cuatro centímetros permite asomarse a una época en la que el Estado pretendía conocer, clasificar y modelar los cuerpos juveniles en nombre de la ciencia y de la nación.
Por Guillermo Carlos Delgado Jordan para NLI
Hay documentos que, vistos desde el presente, parecen demasiado pequeños para contener una época. Una disposición sobre el largo de un taco puede parecer uno de ellos. Sin embargo, cuando se la lee completa, cuando se reconstruyen los funcionarios que participaron de su elaboración y cuando se la coloca dentro del universo intelectual de la educación física argentina de los años treinta y cuarenta, aquellos cuatro centímetros adquieren otra dimensión. El 29 de enero de 1945, la Dirección General de Educación Física remitió a los establecimientos de enseñanza para mujeres la Circular N.º 3, firmada por su director, César S. Vásquez, transcribiendo las actuaciones que habían conducido a la Resolución Ministerial N.º 1980, del 21 de diciembre de 1944. La resolución no prohibía legalmente los tacos altos para todas las mujeres: recomendaba a las escuelas que aconsejaran a sus alumnas utilizar calzado cuyo taco no excediera los cuatro centímetros, por considerarlo beneficioso “desde el punto de vista higiénico y sanitario”.
La diferencia no es menor. El Estado no dictaba una ley nacional sobre la moda femenina. Construía algo más sutil: una recomendación administrativa dirigida a las instituciones educativas, acompañada por un voluminoso expediente médico destinado a persuadir a autoridades, familias y alumnas de que determinado modo de utilizar el cuerpo era saludable y otro resultaba perjudicial. Y ese expediente había comenzado varios meses antes, el 19 de julio de 1944, cuando la Dirección General de Educación Física decidió consultar a su Servicio Médico sobre los efectos del taco alto en las estudiantes.
Un médico frente al cuerpo femenino
El encargado de responder fue el doctor Luis La Madrid, jefe del Servicio Médico de la Dirección General de Educación Física, quien elaboró su informe con la colaboración de los médicos David Orlando y Domingo Ortiz. La Madrid no era un profesional convocado ocasionalmente para resolver una cuestión de calzado. Para entonces llevaba varios años trabajando en la medicalización de la educación física y había participado de la Primera Conferencia de Profesores de Educación Física, realizada en Buenos Aires en diciembre de 1942. Allí había presentado un trabajo sobre la importancia del examen físico y había intervenido en una sección donde se discutieron precisamente las fichas, los tests, las mediciones y la clasificación corporal. Un estudio histórico de Pablo Ariel Scharagrodsky sobre la Primera Conferencia de Profesores de Educación Física de 1942 reconstruye el universo de saberes que atravesaba aquel campo y registra la presencia de conceptos como la antropometría, la biotipología, la degeneración, la clasificación entre ‘aptos’ e ‘inaptos’, los llamados paramorfismos y el examen físico-funcional.
El propio programa aprobado en aquella conferencia resulta revelador. Se sostuvo que el examen físico debía constituir una guía para orientar científicamente la práctica de las actividades físicas, que debía ser obligatorio para quienes practicaran actividad física en instituciones oficiales o particulares y que los alumnos debían agruparse para gimnasia y deportes sobre la base de “características biológicas homogéneas”. También se reclamó que el médico vigilara la evolución de los practicantes y que la ficha de educación física expresara sintéticamente su estado de salud y aptitud integral.
No se trataba, por lo tanto, simplemente de hacer que los jóvenes corrieran o hicieran gimnasia. Se estaba construyendo una ciencia estatal del cuerpo juvenil. Había que examinarlo, medirlo, clasificarlo, conocer sus defectos, determinar sus aptitudes y establecer qué ejercicios convenían a cada organismo. Una investigación dedicada específicamente a la recepción de la eugenesia y la biotipología en la educación física argentina ha señalado que esas prácticas produjeron procesos de “medición, clasificación y jerarquización” de los estudiantes, y que durante el período estudiado existieron conexiones entre esas ideas y las políticas impulsadas por César Vásquez al frente de la Dirección General de Educación Física.
Es dentro de ese mundo donde debe leerse el informe de La Madrid sobre los tacos.
El médico comienza explicando minuciosamente la anatomía del pie, la función del astrágalo, las bóvedas plantares y la distribución del peso corporal. Incluso ofrece un cálculo: sobre una carga de 80 kilogramos aplicada sobre el astrágalo, sostiene que aproximadamente 45 kilos son dirigidos hacia atrás y 35 hacia adelante. Una elevación moderada del talón, explica, puede contribuir al equilibrio, y por eso admite que un taco de uno o dos centímetros puede resultar adecuado. El problema aparecería cuando la elevación es mayor.
Según su razonamiento, el taco alto produce el denominado “equinismo”, desplaza hacia adelante la mayor parte de las fuerzas y concentra el peso sobre las cabezas de los metatarsianos. De allí se desencadenaría el aplanamiento de la bóveda plantar y una serie de compensaciones sucesivas que alcanzarían la rodilla, la pelvis y la columna. El informe habla de lordosis lumbar, cifosis dorsal, hipotonía muscular, alteraciones de la marcha, fatiga, torceduras, fracturas, artrosis y deformaciones.
La cadena llega incluso al abdomen. La Madrid sostiene que la inclinación de la pelvis puede producir una alteración que denomina “visceroptosis”, porque las vísceras abdominales quedarían sometidas a nuevas condiciones mecánicas. En el pie, mientras tanto, aparecen la hiperqueratosis, los dolores metatarso-digitales y el “hallux valgus”, el juanete.
Todo esto desemboca en una conclusión categórica: “Las alteraciones funcionales y orgánicas que se originan por el uso habitual del taco alto, obligan a considerarlo pernicioso para la salud y peligroso para la integridad física”. Pero la frase más significativa llega después: dado que los huesos y ligamentos del adolescente poseen menor solidez que los del adulto, el taco alto debía ser, para las alumnas de enseñanza media, “definitivamente proscripto”. La Madrid recomendaba punta ancha, suela mediana o gruesa y taco de entre tres y cuatro centímetros.
La cuestión médica, sin embargo, no terminaba en la medicina.
Del consultorio a la disciplina y la moral
El expediente pasó por distintas instancias de la burocracia educativa. El subsecretario de Instrucción Pública Antonio J. Benítez pidió considerar la posibilidad de establecer el límite de cuatro centímetros. La Inspección General de Enseñanza intervino después y allí aparece otro protagonista: el inspector doctor José A. Belfiore.
Belfiore no era un funcionario menor. La documentación ministerial lo muestra participando en distintas tareas de la Inspección General: integró comisiones oficiales, intervino en concursos y actuaciones sobre establecimientos educativos y tuvo funciones de inspección territorial. En 1944, además, aparece vinculado a la evaluación de materiales audiovisuales destinados a la enseñanza, incluidos contenidos de carácter sanitario. La documentación posterior confirma su continuidad como inspector, entre otros destinos, en el Colegio Nacional N.º 6.
Su intervención en el expediente resulta decisiva porque agrega una dimensión que el informe médico no había colocado en primer plano. Belfiore sostuvo que la medida no sólo podía adoptarse sino que sería “altamente beneficiosa” y agregó que, a las razones técnicas expuestas por La Madrid, correspondía sumar “las de orden disciplinario y moral”.
La frase es pequeña, pero históricamente enorme.
Belfiore comparó la recomendación sobre los zapatos con las disposiciones existentes sobre “el uso del guardapolvo, sobre peinados y pinturas”. De ese modo, el taco alto quedó incorporado a un universo mucho más amplio: el de las normas destinadas a determinar cómo debía presentarse una alumna dentro de la institución escolar.
El expediente muestra así dos lenguajes complementarios. La medicina decía qué cuerpo era saludable; la inspección educativa intervenía para establecer qué comportamiento era disciplinado y moralmente aceptable. La resolución ministerial podía entonces presentarse como una recomendación sanitaria, pero detrás de ella había también una concepción de la apariencia femenina adecuada para la escuela.
La Inspección General, de hecho, fue todavía más prudente que La Madrid. El 11 de septiembre de 1944 recomendó aprobar la iniciativa, pero sugirió que las autoridades escolares procuraran persuadir “a los padres o tutores de la conveniencia” del calzado recomendado. Finalmente, el ministro Rómulo Etcheverry Boneo convirtió aquella cadena de informes en la Resolución N.º 1980, del 21 de diciembre, que ordenó recomendar el taco de hasta cuatro centímetros y enviar una circular a los establecimientos para mujeres.
No hubo una policía de los tacos. Hubo algo mucho más característico de la administración educativa de aquel tiempo: medicina, inspección, autoridad escolar y familia articuladas para producir una determinada conducta corporal.
El cuerpo en tiempos de guerra
El contexto histórico vuelve el expediente todavía más significativo.
La Circular N.º 3 llegó a las escuelas el 29 de enero de 1945, cuando la Segunda Guerra Mundial todavía estaba en curso y la Alemania nazi aún resistía. Edelmiro Farrell ejercía la Presidencia de facto desde febrero de 1944, luego del desplazamiento de Pedro Pablo Ramírez. El gobierno argentino recién declararía el estado de guerra con Alemania y Japón el 27 de marzo de 1945, dos meses después de aquella circular. La propia Presidencia de la Nación registra el carácter de facto del gobierno de Farrell entre febrero de 1944 y junio de 1946.
No existe presunción documental de que la decisión sobre el calzado hubiera sido tomada por influencia directa de las políticas raciales alemanas entonces vigentes. La relación que puede establecerse es otra, más compleja y más interesante: la medida forma parte de un ambiente intelectual argentino en el que la medicina, la educación física, la higiene y la biotipología habían convertido al cuerpo en objeto de conocimiento, clasificación y administración estatal.
Una investigación histórica sobre el Departamento de Cultura Física de Pablo Kopelovich mostró que durante las décadas anteriores se habían incorporado y resignificado en Argentina conceptos provenientes de la eugenesia y la biotipología, produciendo prácticas de medición y clasificación de los estudiantes. Ese trabajo señala además que las políticas impulsadas por César Vásquez a nivel nacional compartieron parte de aquel universo de preocupaciones sobre el fortalecimiento físico y moral de la juventud.
En la mencionada Primera Conferencia de Profesores de Educación Física de 1942, Guillermo L. Canessa, secretario general de la misma, propuso personalmente una ponencia que reclamaba investigar el desarrollo físico y psíquico de los niños argentinos para conocer su ‘tipo medio normal’ y ‘propender al mejoramiento de la raza’. En la misma conferencia, cuya declaración de principios fue presentada por Canessa, la Educación Física era definida expresamente como de carácter ‘eugénico’.
En aquellos años, mientras el nazismo llevaba al extremo criminal las políticas de selección racial, esterilización, exclusión y exterminio, en diferentes países circulaban conceptos médicos que hablaban de normalidad, degeneración, aptitud, herencia, higiene racial, biotipos y mejoramiento de las poblaciones. La Argentina tenía una historia propia de eugenesia y biotipología anterior al nazismo y que sobrevivió a gobiernos de distintas orientaciones políticas. La dictadura de Farrell comenzó en febrero de 1944, pero la educación física argentina ya había incorporado discursos de este tipo durante las décadas anteriores. El Departamento de Cultura Física de la Universidad Nacional de La Plata, por ejemplo, funcionó entre 1929 y 1946, atravesando gobiernos radicales, conservadores, la llamada Década Infame, el golpe de 1943 y los primeros años del peronismo.
El estudio de Pablo Kopelovich sobre ese Departamento justamente muestra cómo eugenesia y biotipología fueron incorporadas a la cultura física universitaria durante un período político mucho más amplio que un solo gobierno.
Lo que sí puede observarse es una inquietante coincidencia de época: el cuerpo había dejado de ser exclusivamente un asunto privado.
El eugenismo, nacido a fines del siglo XIX a partir de las ideas del británico Francis Galton, proponía intervenir sobre la reproducción y las condiciones de vida de las poblaciones con el propósito de favorecer determinados rasgos considerados deseables y evitar aquellos juzgados como perjudiciales. En la Argentina, estas ideas comenzaron a adquirir presencia desde las primeras décadas del siglo XX y se entrelazaron con tradiciones locales como el higienismo, la medicina social, la antropometría y la biotipología, ingresando en ámbitos tan diversos como la medicina, la educación, la criminología y la educación física. No se trató de una simple importación de las doctrinas raciales del nazismo: existió un desarrollo argentino propio, anterior al ascenso de Hitler y atravesado por gobiernos de distintas orientaciones políticas, en el que conceptos como “normalidad”, “aptitud”, “degeneración”, clasificación de los cuerpos y mejoramiento de la población adquirieron legitimidad científica. En ese universo intelectual debe leerse la documentación que, pocos años después, llevaría a las autoridades educativas a intervenir incluso sobre la altura de los tacos utilizados por las alumnas.
La mujer que debía ser sana, fuerte y funcional
Hay otra pieza documental de La Madrid que resulta imprescindible para comprender el expediente. En abril de 1944, nueve meses antes de la circular sobre los tacos, el Boletín del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública publicó un artículo suyo titulado “La educación física y la mujer”. Allí aparece expresamente como jefe del Servicio Médico.
El artículo permite comprobar que su concepción del cuerpo femenino era mucho más amplia que una preocupación por los pies. La Madrid sostenía que la mujer necesitaba un “cuerpo fuerte y sano” y vinculaba esa salud tanto con su capacidad de trabajo como con su función reproductiva. La educación física aparecía así conectada con la maternidad, la fortaleza, la armonía corporal y la capacidad funcional.
El contraste con el expediente del taco resulta evidente. La Madrid podía admitir que el taco alto contribuía a aquello que la época denominaba “gracia femenina”. En el informe de 1944 reconoce expresamente que estiliza la pierna, el tobillo y el pie y que produce una cadencia particular en la marcha. Pero para él esa ventaja estética debía ceder frente a la salud. La estética verdadera, sostiene, debía encontrarse en la integridad del organismo.
La Madrid escribía desde una época en la que el cuerpo femenino era pensado simultáneamente como cuerpo individual, cuerpo productivo y cuerpo reproductivo. No es casual que la educación física apareciera como herramienta para fortalecerlo y disciplinarlo.
Y tampoco es casual que el zapato terminara en el expediente.
El taco modificaba la postura. La postura modificaba la marcha. La marcha afectaba el rendimiento. El rendimiento se relacionaba con el trabajo. La pelvis se vinculaba con la maternidad. La apariencia quedaba sometida a la disciplina escolar. Y la disciplina, finalmente, era presentada como parte de la formación de una juventud sana y moral.
La cadena es reveladora. Un simple zapato podía convertirse, dentro de aquella lógica, en una cuestión de salud pública y formación nacional.
La Dirección General de Educación Física había sido creada en 1938 y permaneció bajo la conducción de César Vásquez hasta 1947. Investigaciones recientes caracterizan su gestión por un fuerte conservadurismo y por la utilización de la educación física como instrumento de formación moral, ética y nacionalista. Incluso las grandes fiestas de educación física organizadas durante aquellos años fueron concebidas como rituales patrióticos donde el cuerpo, la disciplina y los valores nacionales aparecían estrechamente asociados. Por eso, aquellos cuatro centímetros no fueron una extravagancia burocrática aislada. Fueron una pequeña manifestación de una política mucho más amplia: la voluntad de construir un determinado tipo de cuerpo y, a través de él, un determinado tipo de ciudadano y de ciudadana.
La propia circular termina con una instrucción que hoy puede resultar casi pintoresca: César S. Vásquez solicita que se dé “amplia difusión” a la medida y, “en lo posible”, que se coloque en la cartelera del establecimiento.
El taco terminaba así expuesto públicamente.
Pero lo verdaderamente expuesto era otra cosa: la concepción del Estado sobre el cuerpo de sus jóvenes.
En enero de 1945, cuando las tropas soviéticas avanzaban sobre Europa oriental, cuando el Tercer Reich se acercaba a su derrumbe y cuando la Argentina todavía no había declarado formalmente la guerra a Alemania, una oficina del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública dedicaba páginas y páginas a explicar cómo debía apoyarse el pie de una adolescente, cómo debía caminar, qué postura debía adoptar, qué calzado debía llevar y qué apariencia era compatible con la disciplina escolar.
No hace falta convertir ese expediente en algo que no fue para comprender su importancia. No era una ley general contra los tacos. No era una simple anécdota de moda. Era un documento argentino de una época en la que la medicina había adquirido autoridad para definir el cuerpo normal, la escuela para disciplinarlo y el Estado para intervenir sobre él.
Y justamente por eso, cuatro centímetros alcanzan para abrir una ventana sobre una época entera.
La crisis en Reino Unido es una nueva oportunidad para potenciar el reclamo de las Islas Malvinas. El inédito anuncio de los gobierno de Gales, Escocia e Irlanda del Norte en el que anuncian el impulso a la independencia de Inglaterra y el expreso reclamo para retornar a la Unión Europea marcan una crisis sin precedente en Gran Bretaña.
En Cancillería la reacción fue de optimismo porque consideran que este proceso forma parte de la ventana que abrió Donald Trump con su idea de revisar la postura de Estados Unidos respecto de Malvinas como parte de su presión contra los británicos para que aumente su gasto en defensa.
Pero también hubo sorpresa, lo que expone que no hubo un trabajo diplomático de la embajada argentina en el Reino Unido respecto a la decisión de estos tres países respecto de Inglaterra.
Cabe destacar que la embajadora Mariana Plaza es una de las artífices del abandono de la narrativa de confrontación por Malvinas en defensa de una cooperación con los británicos. Desde la cadena nacional de Milei, esta postura perdió fuerza y Plaza quedó desdibujada.
El declive de Gran Bretaña no es algo nuevo. En octubre de 2024, entregó las islas Mauricio tras una larga disputa en tribunales internacionales que entusiasmó al Gobierno para el reclamo de las Malvinas.
En Cancillería la reacción fue de optimismo porque consideran que este proceso forma parte de la ventana que abrió Donald Trump con su idea de revisar la postura de Estados Unidos respecto de Malvinas como parte de su presión contra los británicos para que aumente su gasto en defensa.
El acuerdo para transferir el archipiélago del Océano Índico a Mauricio incluye el atolón tropical de Diego García, una base de Estados Unidos que Reino Unido consideran crucial para la estabilidad de la región y que seguirá bajo dominio de Washington por 99 años.
Andy Burhman, primer ministro de Reino Unido.
Según distintas versiones, a esa base militar llevaban prisioneros a «agujeros negros» en diferentes partes del mundo como desaparecidos en la batalla contra Al Qaeda en la década del 2000. LPO publicó en enero de 2021 que el tribunal marítimo internacional especial de las Naciones Unidas en Hamburgo rechazó por completo el reclamo británico de soberanía.
Según informó The Guardian en ese momento, el fallo de la corte proporciona un gran dolor de cabeza ya que las islas representan el principal activo estratégico del Reino Unido en el Océano Índico, pero una negativa a cumplir con la sentencia dañará la reputación internacional de Gran Bretaña en cuanto al cumplimiento de la ley.
El contexto es favorable para profundizar el reclamo y el gobierno quiere mantenerlo en agenda. Sin embargo, como adelantó LPO, el impacto del tema se desinfló en las redes sociales, donde las menciones cayeron un 78 por ciento.
Así lo indica un informe de la consultora Ad Hoc, que se dedica a medir el pulso de las redes sociales y había destacado el salto que generó la iniciativa del gobierno en la conversación digital.
