Bajo el lenguaje técnico de la “interoperabilidad”, el Ministerio de Seguridad habilitó el acceso automático y en tiempo real a bases de datos sensibles. Sin debate público ni control parlamentario, la Resolución 1404/2025 profundiza una lógica de vigilancia permanente que concentra poder y erosiona garantías.
Por Roque Pérez para NLI
El backend del control
La Resolución 1404/2025, firmada por el Ministerio de Seguridad Nacional y publicada hoy en el Boletín Oficial, no crea una nueva base de datos ni anuncia cámaras adicionales. Hace algo más eficaz: automatiza y normaliza el acceso de las fuerzas federales al SIFCOP mediante APIs y servicios web, integrándolo a sus sistemas internos en tiempo real. En términos políticos, reduce fricciones para mirar y acelera la capacidad de actuar.
El SIFCOP reúne pedidos de captura, prohibiciones de salida del país, búsquedas de personas, secuestros vehiculares y datos sobre documentos y armas. Hasta ahora, ese acceso exigía pasos y tiempos. Desde ahora, la consulta puede ser constante, silenciosa y transversal, sin que el ciudadano sepa cuándo ni por qué fue consultado.
De la excepción a la rutina
El problema no está solo en qué datos existen, sino en cómo se usan. La resolución convierte lo excepcional en cotidiano: consultas automáticas, cruces en segundo plano, alertas internas. La vigilancia deja de ser un acto puntual para convertirse en una función permanente del sistema. Así, el control se vuelve burocrático, técnico y difícil de impugnar.
Aunque el texto prohíbe usos ajenos a la seguridad pública y promete auditorías, la experiencia argentina demuestra que la trazabilidad no siempre implica sanción. Más usuarios, más credenciales y más integraciones significan más superficie de riesgo para filtraciones, abusos o “carpetazos” sin firma.
Sin contrapesos democráticos
Nada de esto pasó por el Congreso. No hubo debate público ni evaluación de impacto en derechos. La norma concentra poder informacional en la cartera de Seguridad, que decide quién accede, cómo y con qué límites, y además se reserva la facultad de dictar actos complementarios. El control judicial queda relegado a ver resultados (detenciones, procedimientos), no el uso cotidiano de los datos.
En términos institucionales, la resolución ensancha la discrecionalidad de las fuerzas federales y profundiza asimetrías con provincias y CABA, que dependen del acceso autorizado a un backend centralizado.
El Gran Hermano del siglo XXI
No es el ojo visible de la pantalla gigante. Es el Gran Hermano del backend: legal, eficiente, permanente. Como en 1984, el control no necesita mostrarse; alcanza con que funcione todo el tiempo. La certeza de que el Estado puede mirar, cruzar y actuar en tiempo real disciplina conductas y desplaza derechos, sin necesidad de anuncios grandilocuentes.
La Resolución 1404/2025 no es ilegal ni improvisada. Es peor: es prolija, técnica y silenciosa. Y en ese silencio administrativo se consolida una forma de vigilancia que avanza sin votos, sin debate y sin límites claros.
El gobierno nacional confirmó que Juan Pazo renunció como director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), una novedad que LPO adelantó en exclusiva el sábado pasado.
Pazo, mano derecha de Toto Caputo, será reemplazado en ARCA por el actual titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Vázquez, que responde a Santiago Caputo. De esta forma, el asesor gana una posición de poder clave dentro del Estado. Su ascenso tuvo el visto bueno de Karina Milei, que transita una tregua en la interna con el asesor.
LPO reveló que Pazo había decidido su renuncia agobiado por la tensión permanente del cargo, aumentada en los últimos tiempos por el achicamiento del superávit que está generando una presión adicional sobre el organismo recaudador.
De hecho, Pazo estaba involucrado en una fuerte pelea con la Unión Industrial Argentina porque quería cobrarle a las grandes empresas supuestas deudas de hasta 3 mil millones de dólares a partir del bloqueo de la actualización por inflación de los quebrantos impositivos (las pérdidas que las empresas utilizan para compensar futuros impuestos a las ganancias).
Pazo estaba involucrado en una fuerte pelea con la Unión Industrial Argentina porque quería cobrarle a las grandes empresas supuestas deudas de hasta 3 mil millones de dólares
El gobierno informó que Pazo «volverá a desempeñarse en el sector privado», donde es socio de Toto Caputo en el sector agropecuario. De todos modos, agregaron que «seguirá colaborando incondicionalmente con el Ministro. LPO reveló que podrían ofrecerle que continúe en algún cargo en el Banco Nación, el BICE o Cancillería.
En lugar de Pazo se concretará el ascenso de Vázquez, un viejo conocido en el organismo recaudador. Funcionario de carrera, durante los 90 fue jefe interino de la Dirección de Inteligencia Fiscal y en el kirchnerismo fue jefe de la estratégica Dirección Regional Sur. En 2009 saltó a la famacuando, en plena guerra de los Kirchner con Clarín, ordenó un operativo con 200 inspectores en oficinas del Grupo, incluidas las del diario.
El año pasado Vázquez fue ascendido por Caputo a jefe de la DGI y el diario La Nación publicó que tiene inmuebles no declarados: Vázquez compró a través de sociedades del exterior tres inmuebles en Estados Unidos en las que tiene participación accionaria desde hace 12 años.
Vázquez será el tercer jefe de ARCA de la gestión Milei, después de Pazo y Florencia Misrahi. Su ascenso
Centro Político, el principal partido de oposición en Colombia, eligió como candidata para para las presidenciales de 2026, a una senadora afín a Donald Trump que apoya la presión contra el régimen de Nicolás Maduro.
Se trata de la Senadora, Paloma Valencia será la carta del partido del Alvaro Uribe en la carrera presidencial que transcurre en el marco del despliegue militar de Estados Unidos en aguas cercanas a Venezuela.
Valencia fue una férrea defensora del despliegue militar de Donald Trump en el Mar Caribe porque «la caída de Maduro» debía ser el «primer paso para que Latinoamérica sea libre».
La candidata de derecha defiende los valores tradicionales y el combate frontal a los grupos armados ilegales y se opone tanto a la Paz Total que implementó Gustavo Petro como al proceso de diálogo que fundó Juan Manuel Santos con las FARC.
Este lunes en un discursocon partidarios en Bogotá promovió el «puño de acero» contra la delincuencia y el narcotráfico en el principal productor de cocaína del mundo.
La candidata dijo también que si es elegida como la primera presidenta de Colombia trabajaría con los líderes opositores venezolanos Edmundo González y la Nobel de Paz María Corina Machado.
Valencia fue una férrea defensora del despliegue militar de Donald Trump en el Mar Caribe porque «la caída de Maduro» debía ser el «primer paso para que Latinoamérica sea libre
La primera vuelta en Colombia se realizará el 31 de mayo mientras que el segundo turno tendrá lugar durante el mes de agosto.
Alvaro Uribe, ex presidente y líder del Centro Democrático.
El oficialismo presentará al senador petrista, Iván Cepeda, que aparece liderando las encuestas pero con un margen corto y en un mapa político atomizado, especialmente dentro de las alternativas de derecha que tiene otras figuras competitivas como el outsider Abelardo de la Espriella.
La candidata de derecha defiende los valores tradicionales y el combate frontal a los grupos armados ilegales y se opone tanto a la Paz Total que implementó Gustavo Petro como al proceso de diálogo que fundó Juan Manuel Santos con las FARC
Sin mencionar a Cepeda, Alvaro Uribe dijo en una videollamada proyectada durante el evento que Valencia enfrentará a quien «representa» «el lado opuesto de la democracia».
El exmandatario de 73 años encara las elecciones revitalizado, luego de que un tribunal revocó en octubre una condena de 12 años de prisión domiciliaria en su contra por soborno a paralimitares y fraude procesal.
Valencia es nieta del expresidente conservador Guillermo León Valencia (1962-1966) y se describió como «la más leal» de «los soldados» de Uribe.
El espejo de Colombia es la reciente elección en Chile donde la oficialista Jeannette Jara fue la más votada en la primera vuelta pero la suma del resto de los candidatos le permitieron a José Antonio Kast ganar con contundencia en el ballotage.
La recesión expone a los comercios de Mar del Plata a frenar inversiones previstas para la temporada. Solo en noviembre, el desplome de ventas fue del 9,6% y se acerca a los dos dígitos, panorama que genera pocas expectativas de repunte.
Así se desprende de un informe reciente de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata (Ucip), que además reveló que el 82,5% de los asociados consultados cree que no es un buen momento para realizar inversiones significativas.
En esa línea, el trabajo del Departamento de Estudios Sociales y Económicos de la Ucip detalla que, en lo relativo al rendimiento de las operaciones comerciales, el 50,8% calificó a sus utilidades como regulares, el 28,6 % como malas, 12,7 % como buenas, 6,3 % pésimas y solo el 1,6 % restante como muy buenas.
El dato también es leído en el contexto de un fin de semana largo de noviembre en donde el caudal turístico fue positivo en Mar del Plata pero que no fue acompañado en términos de ventas, lo que da indicios preocupantes sobre lo que puede llegar a ser la dinámica de consumo durante la temporada 2026.
Este escenario de caída constante de ventas y pérdida de esperanzas de mejora en el mediano plazo preocupa de cara a la temporada que se inicia.
Es preocupante que para menos del 15% de los comercios las utilidades sean buenas, esto indica que el 85% restante se mantiene en actividad resignado márgenes para seguir abiertos
«Se sigue acumulando caída de ventas en el sector comercial, con una dinámica que no escapa al resto de los sectores, los costos suben más rápido que los precios y se resigna margen de utilidad», dijo el titular de la Ucip, Blas Taladrid.
Y agregó: «Es preocupante que para menos del 15% de los comercios las utilidades sean buenas, esto indica que el 85% restante se mantiene en actividad resignado márgenes para seguir abiertos. Y que más de la mitad de los comercios piensen que a corto y mediano plazo las ventas sigan igual, plantea un futuro muy complejo».
Proyectándose a futuro, el 54% de los comerciantes marplatenses señalaron que dentro de un año estarán igual que en el actual contexto recesivo, mientras que un 12,7 % prevé un horizonte aún peor. Solo un tercio piensa que estará mejor.
Por otra parte, el 46 % percibió durante noviembre más o menos la misma cantidad de gente, el 30,2 % algo menos de gente, el 6,3 % mucha menos gente, el 15,9 % notó algo más de público y solo el 1,6 % afirmó que a su comercio entró mucha más gente.
Sobre las ventas a futuro, el 52,4 % de los consultados afirmó que sus ventas se mantendrán sin variaciones en los próximos 6 meses, el 41,3 % confía en que aumentarán y el 6,3 % que disminuirán.
Los vencimiento de deuda que enfrentará Milei en lo que le queda de mandato son muy desafiantes y explican la renovada presión del FMI y los bancos acreedores para que acuule reservas, que este lunes se cristalizó en el forzado giro del plan económico.
El último informe de coyuntura de CIFRA describe con precisión un giro central en la política económica de Javier Milei: el paso de una desdolarización forzosa inicial hacia un nuevo ciclo de endeudamiento.
Ese proceso de desdolarización involuntaria de arranque no respondió a una decisión soberana, sino a una imposibilidad estructural de financiamiento externo, en una economía «atravesada por la irresuelta crisis de deuda que le pone límites estrechos a la recuperación de la actividad y a la propia sostenibilidad del régimen económico que instauró el gobierno de Milei», describen los investigadores.
Pero el cuadro cambió cuando «con el salvataje del FMI y los organismos internacionales de crédito se registró un importante ascenso de la deuda externa pública de 20.860 millones en el segundo trimestre, hasta alcanzar su récord de 197.499 millones de dólares», afirma CIFRA. «Con dos agravantes decisivos», advierte el informe, «casi la mitad está en manos de organismos internacionales de crédito y es una deuda de muy corto plazo».
La foto es dura. En los próximos 18 meses vencen cerca de 47.800 millones en capital e intereses. Si se suman los compromisos privados, los vencimientos superan los 57.000 millones. Eso no es una coyuntura: es una agenda de pagos que condiciona todo.
En paralelo, la salida de dólares por fuga se aceleró después de la flexibilización cambiaria acordada con el FMI: más de 32.000 millones que se fueron al exterior desde que se abrieron las restricciones, según el reciente informe de CIFRA.
Con el salvataje del FMI y los organismos internacionales de crédito se registró un importante ascenso de la deuda externa pública de 20.860 millones en el segundo trimestre, hasta alcanzar su récord de 197.499 millones de dólares.
En este tablero, la apertura y la apreciación cambiaria tuvieron un efecto práctico: las cantidades importadas subieron más de 36% y las de bienes de consumo final crecieron 62,7% interanual en los primeros diez meses de 2025. Producción local que se sustituye por compras afuera. Otra forma de drenaje de dólares.
Mientras tanto, por la puerta de los dólares genuinos, las proyecciones mas optimistas estiman que Argentina lograra juntar USD 9.000 millones por la via comercial a lo largo del 2026. En efecto, en los primeros 10 meses del año de este año, el resultado fue de 6.846 millones de dólares, cuando en 2024 había arañado los 19.000 millones, y en el acumulado de los primeros 10 meses alcanzaba 16.000 millones.
A las claras, no se trata de una mala racha. Es la reproducción de una estructura histórica donde el endeudamiento externo y la fuga de capitales condicionan la viabilidad macro.
El ministro de Economía de la Dictadura, Alfredo Martinez de Hoz habla con el entonces secretario del Tesoro, W. Michael Blumenthal en un enctro del FMI en la Ciudad de México.
Desde 1976, la economía argentina reproduce el esquema. Cada ciclo de apertura financiera comienza con un fuerte ingreso de divisas vía deuda externa y termina con una sangría equivalente o superior por fuga de capitales privados.
El primer episodio estructural se inicia con la dictadura de Martínez de Hoz. Entre 1976 y 1983, la deuda externa pasó de 7.800 millones de dólares a 45.000 millones, mientras la fuga de capitales rondó los 23.000 millones. En apenas siete años, el endeudamiento se multiplicó por seis y medio, y por primera vez el Estado asumió deudas que originalmente habían sido privadas.
Durante el gobierno de Raúl Alfonsín, el proceso no se detuvo. La deuda alcanzó los 65.000 millones de dólares y la fuga sumó otros 10.000 millones. El país ya destinaba más de la mitad de su producto a atender compromisos externos. El colapso de fines de los ochenta, con la hiperinflación y el retorno del FMI como árbitro de la política económica, fue la evidencia empírica de la imposibilidad de sostener la valorización sin destruir la base productiva.
En los años noventa, con Menem y Cavallo, la dinámica se relanzó a gran escala. La deuda trepó hasta los 145.000 millones de dólares y la fuga acumuló cerca de 80.000 millones. Bajo la convertibilidad, el país pareció estabilizarse, pero lo hizo a costa de sustituir inversión productiva por entrada de capitales financieros y privatizaciones. La relación deuda/PBI se mantuvo en torno al 50%, un nivel que sólo era sostenible mientras los flujos externos siguieran ingresando. Cuando se interrumpieron, el modelo implosionó en 2001.
El quiebre de la convertibilidad dio lugar a una etapa de signo opuesto. Entre 2003 y 2015, los gobiernos kirchneristas redujeron la deuda externa pública de 145.000 millones a cerca de 63.000 millones de dólares, llevando el ratio deuda/PBI a su mínimo histórico, alrededor del 17%. Fue el período del desendeudamiento, impulsado por los canjes de 2005 y 2010 y el pago al FMI. Sin embargo, la fuga de capitales no desapareció: según los cálculos de FLACSO, durante esos años se fugaron unos 70.000 millones de dólares, el equivalente a casi todo el superávit comercial de la década.
Con el gobierno de Cambiemos, el patrón volvió a invertirse. Entre 2016 y 2019, la deuda externa total saltó de 75.000 a 323.000 millones de dólares -una expansión del 330%- y el Banco Central registró salidas netas de capitales por 86.000 millones. En términos de producto, la deuda trepó al 89% del PBI, y la correlación entre ingreso de deuda y fuga fue casi perfecta: por cada dólar que entró, 0,9 dólares salieron del país.
En función de la relación entre deuda y fuga, resulta interesante observar la dinámica del endeudamiento privado. Durante la gestión de Macri, la deuda externa privada aumentó en «15.335 millones de dólares, alcanzando un stock de 81.088 millones a fines de 2019», dicen desde CIFRA.
En el período del Frente de Todos, dice el informe, «se asiste a una nueva expansión de 22.076 millones de dólares, pero en cuya composición sobresale una reducción de la deuda financiera, en el marco de las concesiones cambiarias que hizo ese gobierno al gran capital privado para que reduzca sus compromisos externos, y un aumento de la deuda comercial».
Esas «concesiones cambiarias» implicaron que el Estado les proveyó dólares baratos para cancelar deuda externa, lo que permitió a las grandes empresas reducir sus pasivos financieros al costo de las reservas del Banco Central.
Como sintetiza CIFRA, el resultado fue un cambio en la estructura del endeudamiento: menos deuda financiera, más comercial, y una ampliación del stock total a «103.154 millones de dólares».
Con Milei, el informe registra un giro opuesto: «un fuerte aumento de la deuda financiera en el marco del ‘festival de obligaciones negociables’ y una reducción de la deuda comercial», lo que marca el regreso pleno al esquema de valorización financiera y endeudamiento en dólares que el Frente de Todos había intentado desarmar con dólares baratos.
La serie histórica pinta un cuadro preocupante: El 87% de los dólares que ingresaron por endeudamiento desde 1976 terminó fugado.
El denunciado presidente del Mercado Central, Fabián Miguelez, pagó 180 millones de pesos en concepto de horas extras sin la autorización del directorio.
La situación se da en un marco de irregularidad flagrante. El Mercado Central es administrado en forma conjunta por Nación, la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. Por una norma interna, la presidencia es rotativa y Miguelez debería haber dejado su cargo el 31 de marzo, pero se niega a hacerlo.
Según anticiparon a LPO fuentes internas del Mercado, la firma de la autorización corrió a cargo de Silvana Paula Fontana, gerente de la Unidad General Jurídico-Administrativa y de Jorge Gabriel Jozame Novoa, gerente de la Unidad General Operativa.
Fontana responde directamente a Miguelez, que ya la había designado en su anterior gestión en el Mercado Central durante el gobierno de Mauricio Macri, de donde se fue con causas penales por corrupción por contrataciones a familiares y amigos, irregularidades con los gastos de representación y otras maniobras. En ambas gestiones de Miguelez también fue nombrada como gerente María Gabriela Durán, quien junto a Fontana resultó clave para instrumentar las maniobras de contratación y cobertura administrativa.
Una rata gigante es capturada en las inmediaciones del Mercado Central.
En 2018, la Oficina Anticorrupción hizo un informe de 90 páginas detallando irregularidades en la gestión del Mercado y se mencionaba un desvío de 1.400 millones de pesos a siete empresas. Esa acusación se sostuvo en el testimonio arrepentido del ex gerente general del Mercado.
Por esta razón Miguelez todavía está siendo investigado en el Juzgado Federal de Morón en una causa por abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles y defraudación contra la administración pública.
El pago exorbitante de horas extras se da en medio del desmanejo del Mercado Central que ya fue objetado por el síndico del organismo. Como explicó LPO, el último informe realizado por el síndico reveló que de los 80 puntos auditados, Miguelez cumplió sólo tres.
La situación no cambió en los últimos meses: el Mercado Central vive una situación de abandono por la falta de higiene tal, que se pueden ver ratas gigantes entre la comida.
Miguelez es un protegido de Mauricio Macri y su continuidad en el cargo se vuelve incomprensible, salvo por un detalle: es muy cercano al ministro Toto Caputo.
