La economía argentina enfrenta dos posibles escenarios para los próximos 18 meses, pero ambos comparten un denominador común: crecimiento moderado, consumo débil y una mayor presión sobre el dólar a medida que se acerquen las elecciones de 2027. FIX SCR -la filial regional de la calificadora Fitch- proyectó que el tipo de cambio podría terminar el próximo año entre $2.047 y $2.246, mientras que el crecimiento económico se ubicaría entre 1,6% y 2,5%, dependiendo de la tensión cambiaria.
En el escenario de mayor tensión, la calificadora supone que durante 2026 continuará la erosión de los factores que sostienen el consumo privado, con caída del salario real entre los trabajadores formales, mayor morosidad y elevados costos financieros. Para 2027 agrega un contexto político más complejo, que provocaría una mayor dolarización de las carteras y obligaría al Gobierno a utilizar con más intensidad las tasas de interés y la deuda de corto plazo para absorber pesos y contener la demanda de divisas.
En ese caso, el dólar oficial terminaría 2026 en $1.671 y saltaría hasta $2.246 en diciembre de 2027, lo que implicaría una devaluación del 34,4% durante el año electoral. La inflación, después de cerrar este año en 30,7%, se ubicaría en 26,3% el próximo. La combinación supone una suba del tipo de cambio real y un traslado moderado de la devaluación hacia los precios internos.
El costo aparecería principalmente sobre la actividad. Con tasas más altas y menor disponibilidad de crédito, FIX estima que el PIB crecería solamente 2,1% este año y desaceleraría hasta 1,6% en 2027. El estrés financiero de las familias se profundizaría porque la recuperación de los salarios reales resultaría insuficiente para compensar el costo de refinanciar las deudas.
El otro escenario supone una dinámica cambiaria menos disruptiva. Allí, FIX proyecta un crecimiento de 2,8% para 2026 y de 2,5% para 2027. El dólar cerraría este año en $1.625 y alcanzaría los $2.047 a fines del próximo, con una suba del 26% durante 2027. La inflación, en tanto, bajaría desde 28,7% este año hasta 18% el próximo.
El estrés financiero de las familias se profundizaría porque la recuperación de los salarios reales resultaría insuficiente para compensar el costo de refinanciar las deudas
Pero incluso en este escenario, la calificadora anticipa tensión durante el año electoral. FIX espera una dolarización de carteras en la previa de los comicios, que presionaría sobre el tipo de cambio, las reservas y las tasas de interés. En particular, proyecta una mayor velocidad de devaluación durante el segundo trimestre de 2027 por la búsqueda de cobertura de los inversores.
El punto de partida tampoco muestra una economía particularmente dinámica. Durante los primeros meses de 2026 se mantuvieron débiles varios indicadores asociados al consumo. Los salarios reales formales siguen deprimidos, cayó la cantidad de trabajadores registrados, el financiamiento para las familias continúa siendo caro y la morosidad acumula 17 meses consecutivos de aumento. La cartera irregular de más de 90 días de las familias alcanzó el 15,9%.
La actividad también presenta fuertes diferencias sectoriales. La producción industrial cayó 2,2% interanual durante el primer semestre, con retrocesos en 11 de los 15 sectores relevados. Los textiles acumularon una caída del 24,4%, maquinaria y equipo del 19,3% y vehículos del 11,5%. La construcción, en cambio, creció 2,8% y sectores vinculados a las exportaciones, como minería, hidrocarburos y agro, muestran un comportamiento mucho más favorable.
Precisamente, el sector externo aparece como el principal sostén de los dos escenarios. FIX proyecta para 2026 un superávit comercial de USD 23.837 millones y de USD 19.632 millones para 2027 en el escenario de menor tensión. Las inversiones vinculadas al RIGI, especialmente en hidrocarburos, y el buen desempeño esperado para el sector agropecuario permitirían sostener la actividad aun con un mercado interno débil.
Las diferencias también aparecen en las tasas. En el escenario menos turbulento, la TAMAR bajaría hasta una TNA del 17,9% hacia fines de 2027. En el más adverso, el Gobierno tendría que mantener una política monetaria mucho más restrictiva y la tasa terminaría en 27,5%, ante una menor demanda de pesos y una inflación más elevada.
El frente fiscal sería otro de los puntos de resistencia. En uno de los escenarios, FIX proyecta un superávit primario del 1,4% del PIB tanto para este año como para el próximo. En el otro, el menor crecimiento reduciría la recaudación y llevaría el resultado al 1,3% en 2026 y al 1,2% en 2027, aun manteniendo contenido el gasto público en términos reales.
Así, más allá de la intensidad que finalmente tenga la tensión electoral, los dos escenarios trazados por FIX comparten varios elementos: una economía creciendo a tasas bajas, un consumo privado con dificultades para recuperarse y un dólar que aceleraría su marcha durante 2027. La diferencia central pasa por cuánto deberá subir la tasa para contener la dolarización y cuánto terminará pagando la actividad por esa estrategia.
1. IA y el sueño de la industria del software argentina
Un alto ejecutivo de Facebook pidió a sus trabajadores que “no utilicen la IA solo por el hecho de utilizarla”; Uber limitó el uso de tokens de sus trabajadores a 1.500 USD mensuales, después de descubrir en abril que ya se habían gastado todo el presupuesto asignado de la compañía a IA de 2026. Estas y otras noticias similares han estado rebotando por los diferentes rincones del mundo tecnológico por meses, pero ahora, amplificado por varios medios internacionales, podemos decir que es oficial: la IA se ha revelado como cara, carísima. Es extraño, porque esperábamos muchas cosas (buenas y malas) de la IA, excepto esto.
Para la industria de software y servicios informáticos de Argentina, una de las ramas industriales que mayor uso hace de herramientas de IA en el país, la noticia no hace más que desnudar el principal rasgo estructural del sector: su dependencia.
Durante dos décadas -antes de Vaca Muerta, la minería y el litio-, la economía del conocimiento era una de las grandes promesas de la economía argentina. Se creaban nuevas empresas, crecía el empleo, los salarios y las exportaciones. Una industria que se caracterizaba tanto por su dinamismo en los negocios, como por su base tecnológica. La historia tenía, además, todos los ingredientes de una épica moderna; desde Sadosky fundando una nueva disciplina científica en el país, hasta los miles de jóvenes decididos a estudiar informática con la promesa de ascenso social. La ley de software completaba el panorama, dando un marco institucional que fomentaba a las empresas tecnológicas por su contribución a la transformación productiva del país. Pero esa historia tenía sus límites.
Desde la salida de la pandemia, el sector fue perdiendo dinamismo. Esto se refleja en menor crecimiento, estancamiento de las exportaciones, y, la novedad: despidos masivos. El chivo expiatorio ha sido la IA, pero también se conoce que el deterioro del mercado interno y de la demanda estatal han hecho su parte. La unificación y apreciación cambiaria también afectó al negocio exportador, especialmente para el segmento del empresariado local acostumbrado a cobrar en dólares y pagar en pesos. Sin dudas, el verdadero talón de Aquiles del sector ha sido su especialización en la colocación de programadores, bajo una lógica extractiva, sin el desarrollo de productos tecnológicos propios o servicios sofisticados.
Nuestra hipótesis es que la inteligencia artificial generativa no inventó la crisis, pero sí modificó las reglas del juego. Si durante años Argentina se especializó en ofrecer programadores y ahora ya no son el factor escaso, ¿cuál va a ser nuestra fuente de competitividad? Y si además la industria es crecientemente dependiente de herramientas de IA que se pagan en dólares, la promesa de aportar divisas a la economía con un sector intensivo en conocimiento se hace cada vez más utópica.
2. La IA redefine las condiciones de escasez
Hasta hace muy poco, el principal problema de una empresa de software era conseguir buenos programadores. Formarlos llevaba años, retenerlos era caro. Esa escasez explicaba buena parte de la renta del sector. La inteligencia artificial modifica esa ecuación. Los grandes modelos de lenguaje encontraron uno de sus primeros campos de aplicación en el desarrollo de software. Herramientas como Copilot, Claude o Codex de ChatGPT ya forman parte de la rutina cotidiana de millones de desarrolladores en todo el mundo. Pero los modelos de lenguaje, antes que reemplazar a los programadores, trabajan con ellos. Un programador asistido por IA puede escribir código más rápido, automatizar tareas repetitivas, encontrar errores con mayor facilidad y aprender nuevas tecnologías en menos tiempo. En promedio, se necesitarán menos horas de programación para resolver los mismos problemas o, alternativamente, los mismos equipos podrán desarrollar más y mejores soluciones.
Los programadores, entonces, no dejaron de ser necesarios, pero ya no son el eslabón sensible de la cadena. En cambio, lo que empezó a manifestar su escasez es el servicio que ofrecen las grandes plataformas de inteligencia artificial. Los costos crecientes de la IA tienen fundamentos tecnológicos, económicos, ambientales y geopolíticos. Desarrollar un modelo de frontera exige inversiones gigantescas en investigación y desarrollo, entrenamiento e infraestructura. Pero, además, también tiene grandes costos la inferencia: cada vez que un usuario realiza una consulta, el modelo debe volver a ponerse en funcionamiento consumiendo energía y recursos. Esto marca una diferencia fundamental con software tradicional —donde desarrollar el producto es costoso pero distribuir una copia adicional cuesta prácticamente cero—.
Las gigantes tecnológicas y las nuevas empresas de IA (como Anthropic) todavía enfrentan enormes dificultades para monetizar plenamente sus modelos. En muchos casos continúan subsidiando el acceso para acelerar su adopción y ganar participación de mercado, una estrategia que difícilmente pueda sostenerse por mucho tiempo. Todo indica que, a medida que esos subsidios disminuyan, el acceso a los modelos de mayor capacidad tenderá a encarecerse.
La explicación es sencilla. Detrás de cada respuesta generada por un modelo de lenguaje hay centros de datos masivos que consumen cantidades extraordinarias de energía y agua, para la refrigeración. La electricidad (y en particular su costo), pasa a ser una variable crítica del negocio de la IA, a tal punto que las gigantes tecnológicas prevén infraestructuras eléctricas dedicadas especialmente a abastecer a estos centros, al tiempo que evalúan la localización de centros en función del acceso a estos recursos junto con la infraestructura de comunicaciones.
En este contexto, el cuello de botella ya no es el talento humano, sino la capacidad de cómputo, la disponibilidad energética y la infraestructura necesaria para sostener esos servicios a escala global, desde los modelos hasta los propios datos utilizados para el entrenamiento e inferencia. La inteligencia artificial no eliminó la escasez. Simplemente la trasladó. Y cuando cambia aquello que es escaso, también cambia quién está en condiciones de capturar la renta.
3. Tokenmaxxing
Si la inteligencia artificial vuelve más productivos a los programadores, parecería lógico pensar que las empresas de software simplemente ganarán más dinero al incorporarla. Bajo esta idea muchas empresas impulsaron el uso irrestricto de estas herramientas. En parte por entusiasmo tecnológico y en parte por miedo a quedarse atrás frente a la competencia.
La consigna fue simple: usar toda la IA posible. Al punto que muchas empresas empezaron a incluir como indicador de desempeño y proxy de productividad de los equipos el uso de tokens. Pero los costos y la factura de la IA empezó a inflarse rápidamente sin un correlato claro por el lado de los resultados. En primer lugar, porque los trabajadores empezaron a maximizar el uso de tokens más allá de lo necesario. En segundo lugar, una mayor productividad no garantiza mayores ingresos. Que un desarrollador pueda escribir código más rápido no implica que aparezcan automáticamente más clientes o que las empresas puedan vender soluciones más caras. Como ocurre en cualquier mercado, la oferta no crea por sí sola su propia demanda. Y por último, esa mayor productividad del trabajo depende del acceso a un insumo cuya provisión está altamente concentrada y sus costos se revelan crecientes con el uso.
Ese es el cambio verdaderamente importante. Durante décadas, el principal costo de una empresa de software eran los salarios de sus trabajadores (representaba alrededor del 70% de sus costos totales). Hoy una parte creciente de ese costo empieza a orientarse al pago de servicios digitales, incluyendo servicios de la nube e inteligencia artificial. Lo que antes remuneraba casi exclusivamente trabajo altamente calificado realizado en la Argentina comienza, cada vez más, a compartirse con quienes controlan los modelos, la infraestructura de cómputo y las plataformas digitales.
En otras palabras, la inteligencia artificial no sólo reorganiza el trabajo dentro de las empresas de software. También reorganiza la geografía de la captura de renta.
4. Cuando la renta cruza la frontera
Estos cambios tienen implicancias especialmente profundas para países como la Argentina.
Durante las últimas dos décadas, una de las principales virtudes de la industria del software fue generar divisas. El conocimiento producido por miles de programadores se transformaba en ingresos que financiaban salarios, inversiones y nuevos proyectos dentro del país.
La inteligencia artificial empieza a alterar esa dinámica. Cada licencia corporativa, cada suscripción, cada consulta realizada mediante una API representa un pago hacia empresas que desarrollan y controlan los modelos fundacionales. Lo que antes era, principalmente, una masa salarial pagada en Argentina empieza a transformarse en pagos recurrentes por servicios digitales importados.
Hasta hace pocos años, la mayor parte del valor generado en el sector se distribuía entre salarios y ganancias de las empresas locales de software. Hoy una fracción creciente comienza a concentrarse en las empresas que controlan los modelos, los centros de datos, los chips y las plataformas tecnológicas.
Eso no significa que la industria argentina deje de exportar. Significa que necesita importar cada vez más para seguir siendo competitiva. Y esas importaciones pasan a formar parte de su estructura permanente de costos.
Todavía no existen estadísticas oficiales que permitan medir con precisión cuánto están gastando las empresas de software argentinas en inteligencia artificial. Sin embargo, estimaciones construidas a partir de consultas a especialistas y empresas del sector sugieren que el uso intensivo de modelos de frontera puede representar entre 100 y 500 dólares mensuales por desarrollador.
Si se toma un gasto de 500 dólares mensuales y se lo aplica a los aproximadamente 158.000 trabajadores del sector de software y servicios informáticos, la cuenta anual se acerca a los 1.000 millones de dólares.
No es una predicción. Es un orden de magnitud, que alcanza para poner en perspectiva el cambio que está ocurriendo. Una industria que durante años fue presentada como una fuente privilegiada de generación de divisas comienza, al mismo tiempo, a demandar crecientes cantidades de dólares para funcionar. Y ese puede ser el comienzo de una nueva forma de dependencia tecnológica.
5. Los números de una transformación
La hipótesis que venimos planteando todavía es difícil de medir con precisión. Sin embargo, la balanza de pagos ya empieza a mostrar señales compatibles con esa transformación.
Durante años, la Argentina construyó una industria capaz de exportar conocimiento y generar divisas. Pero, al mismo tiempo que crecieron las exportaciones de software y servicios informáticos, comenzaron a expandirse también las importaciones de servicios digitales indispensables para sostener esa misma actividad.
Los datos muestran una aceleración llamativa. En 2024, las importaciones del rubro «servicios informáticos» alcanzaron los 2.086 millones de dólares. En 2025 ascendieron a 2.551 millones. Durante el primer trimestre de 2026 ya sumaban 777 millones de dólares, un 24% más que en igual período del año anterior. De mantenerse esa tendencia, el año cerraría con importaciones cercanas a los 3.000 millones de dólares, un máximo histórico. Para ponerlo en perspectiva, se estima que las exportaciones de litio serán 2.500 millones este año. Es decir, la extracción de litio récord, no alcanzará para pagar los servicios digitales.
Ese crecimiento no puede atribuirse exclusivamente a la inteligencia artificial. En este rubro también se registran pagos por servicios en la nube, plataformas digitales, videojuegos, publicidad en buscadores o streaming. Pero, justamente ahí reside el punto. La IA no crea una dependencia completamente nueva: profundiza una dinámica en la que la provisión de servicios digitales estratégicos se concentra cada vez más en un reducido número de empresas globales.
Mientras tanto, las exportaciones argentinas de software y servicios informáticos se ubican en torno a los 2.500 millones de dólares anuales. Dicho de otro modo, una proporción creciente de los dólares que el propio sector genera comienza a regresar al exterior para pagar los insumos digitales que necesita para seguir siendo competitivo.
Ingresos, egresos y saldo por el rubro de servicios informáticos en la cuenta de servicios de la balanza de pagos de Argentina (millones de dólares). Fuente: INDEC, Cuentas Internacionales y Balanza de Pagos.
Todavía es prematuro afirmar que estamos frente a un cambio estructural. Pero por primera vez desde la consolidación de la industria del software en el país aparece una pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando uno de los principales sectores generadores de divisas empieza, al mismo tiempo, a transformarse en un demandante creciente de dólares?
6. La IA hace más fácil lo fácil y más difícil lo difícil
Durante años, la industria del software argentina creció vendiendo capacidad para escribir código. Ese modelo permitió crear empleo de calidad, formar decenas de miles de trabajadores altamente calificados y construir uno de los sectores más dinámicos de la economía. Pero también dejó una deuda pendiente: desarrollar empresas capaces de crear productos propios y resolver algunos de los problemas tecnológicos más complejos de la industria, el Estado y el pueblo.
Durante esos años hubo una enorme inversión en formar programadores. Crecieron las carreras universitarias, aparecieron tecnicaturas, cursos intensivos y programas de capacitación impulsados tanto por el Estado como por las propias empresas. Miles de jóvenes eligieron estudiar informática porque encontraron allí una oportunidad de movilidad social.
Lo que nunca conseguimos con la misma intensidad fue construir una demanda capaz de desafiarlos. La mayor parte de las empresas terminó desarrollando soluciones definidas por clientes externos o participando en proyectos donde las decisiones estratégicas, los productos y los mercados se encontraban fuera del país. Hubo excepciones importantes, pero no alcanzaron para convertir ese aprendizaje en una plataforma sostenida de innovación.
La inteligencia artificial vuelve esa limitación mucho más evidente. Si escribir código deja de ser relativamente escaso, competir únicamente por la capacidad de programar será cada vez más difícil. La ventaja comenzará a desplazarse hacia quienes comprendan procesos productivos complejos, integren tecnologías, conozcan industrias específicas y sean capaces de diseñar soluciones originales para problemas que todavía no tienen respuesta.
Esto importa especialmente para un país como Argentina. Si nuestros desarrolladores participan únicamente de la programación de soluciones concebidas en otro lado, la IA tenderá a reducir el valor relativo de aquello que ofrecemos. Si, en cambio, participan del diseño de productos, de la resolución de problemas complejos y de la construcción de conocimiento específico, la inteligencia artificial puede transformarse en una herramienta que multiplique esas capacidades en lugar de sustituirlas.
Sin embargo, ese recorrido hoy aparece amenazado. Muchas empresas comenzaron a reducir la contratación de perfiles junior precisamente porque los desarrolladores con mayor experiencia pueden apoyarse en herramientas de IA para realizar tareas que antes delegaban. Al mismo tiempo, el deterioro de los salarios universitarios dificulta la formación de las próximas generaciones de profesionales.
El riesgo no es solamente perder empleo hoy. El riesgo es interrumpir la principal escalera de aprendizaje de la industria. La inteligencia artificial hace más fácil lo fácil: automatiza buena parte de las tareas rutinarias con las que tradicionalmente se formaban los programadores. Pero, precisamente por eso, puede volver más difícil lo difícil: si desaparecen los espacios de aprendizaje, también se vuelve más difícil formar a los programadores junior de hoy, quienes dentro de diez años deberán diseñar las soluciones que la IA todavía no puede imaginar. En otras palabras, si desaparecen los primeros escalones, tarde o temprano también desaparecerán los últimos.
7. ¿Qué estamos promoviendo?
Desde 2004 Argentina apostó por el sector de software. La Ley de Software promovió generosamente un sector basado en una tecnología clave. Había buenas razones para hacerlo. La industria creaba empleo calificado, diversificaba la estructura productiva, exportaba servicios y generaba divisas. Además, los beneficios estaban condicionados a invertir en capacitación, investigación y desarrollo, certificaciones de calidad y apertura de nuevos mercados. No era un subsidio sin condiciones, sino una política industrial orientada a construir capacidades tecnológicas.
Luego de una década, el sector había multiplicado sus empresas y el número de trabajadores. Pero flexibilizaciones inexplicables de las reglas del Régimen de Promoción y fundamentalmente una especialización en la venta de servicios de desarrollo al exterior llevaron a la concentración de los beneficios en grandes empresas y al divorcio del sector de las principales necesidades tecnológicas del país.
El advenimiento de los grandes modelos de lenguajes hace necesario revisar estos regímenes promocionales. Si una parte creciente del conocimiento producido localmente depende de infraestructura, modelos de lenguaje y plataformas controladas desde el exterior, también cambian los efectos esperados de esas políticas. Los beneficios fiscales siguen financiándose con recursos públicos argentinos, pero una parte creciente del aprendizaje, de la innovación y del excedente económico termina desplazándose hacia las empresas que controlan esos activos estratégicos.
Eso no significa que haya que abandonar la promoción del sector. Significa que hay que preguntarse qué capacidades queremos promover. ¿Tiene sentido seguir incentivando principalmente la exportación de horas de programación? ¿O conviene orientar esos instrumentos hacia el desarrollo de productos propios, aplicaciones de IA para sectores estratégicos, modelos abiertos, infraestructura nacional de cómputo y soluciones tecnológicas vinculadas con los problemas productivos, sociales y ambientales del país?
La discusión ya no debería limitarse a cómo hacer crecer la industria del software. La pregunta es qué papel queremos que esa industria desempeñe en una estrategia de desarrollo. Porque el desarrollo no consiste solamente en incorporar nuevas tecnologías. Consiste, sobre todo, en construir la capacidad de decidir qué tecnologías desarrollar, para resolver qué problemas y bajo qué prioridades. En la periferia, esa capacidad de decisión es, quizás, la forma más importante de autonomía.
8. El riesgo de confundir centros de datos con desarrollo
En este contexto aparece una nueva promesa. Si la inteligencia artificial necesita enormes cantidades de energía y capacidad de procesamiento, ¿por qué no convertir a la Argentina en un gran proveedor de infraestructura para esa economía?
En ese punto cobra importancia el debate alrededor del RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) y más recientemente con la propuesta de un «Super RIGI» orientado a centros de datos para inteligencia artificial. Tal régimen, vigente desde 2024, otorga condiciones extraordinarias a inversiones en actividades fundamentalmente extractivas, incluyendo beneficios fiscales, estabilidad fiscal y cambiaria por 30 años, la no liquidación de las divisas por exportaciones en el país, y la cesión de soberanía en materia de resolución de controversias. Lo hace sin establecer exigencias significativas de desarrollo de proveedores locales, investigación y desarrollo, transferencia tecnológica o agregado de valor en el país. Hasta el momento, los principales proyectos aprobados corresponden a energía, petróleo y gas, litio y minería metalífera. ¿Por qué? Porque el mundo demanda de forma voraz todos estos recursos.
En el caso de la inteligencia artificial, el razonamiento es similar. Los centros de datos buscan, sobre todo, energía abundante y barata, buena conectividad digital y estabilidad regulatoria. Argentina reúne varias de esas condiciones: Vaca Muerta, recursos eólicos y solares de clase mundial y una extensa red federal de fibra óptica. No sería extraño que grandes inversiones llegaran al país por esos motivos.
Si los centros de datos llegan por estas razones, Argentina habrá cambiado de lugar dentro de la cadena tecnológica, pero no su lugar periférico en la economía mundial. Los servidores estarán aquí. El conocimiento seguirá desarrollándose en otro lado. El riesgo es reproducir, en versión digital, un patrón conocido: aportar energía, recursos naturales e infraestructura mientras las decisiones tecnológicas, la investigación, la propiedad intelectual y el aprendizaje permanecen concentrados en los países que controlan las plataformas.
No tiene por qué ser así. Brasil, por ejemplo, también busca atraer inversiones vinculadas a la inteligencia artificial, pero procura hacerlo incorporando exigencias de investigación y desarrollo, contratación local, desarrollo de proveedores e infraestructura de cómputo disponible para el sistema científico y tecnológico nacional. La diferencia no está en atraer inversiones, sino en utilizarlas para fortalecer capacidades propias.
Para una economía periférica, el desafío no consiste únicamente en participar de la nueva economía digital. Consiste en hacerlo reduciendo los márgenes de dependencia y ampliando la capacidad local para decidir qué tecnologías desarrollar, para resolver qué problemas y en beneficio de quién.
9. Una ventana que todavía está abierta
Nada de esto significa que el futuro ya esté escrito. La competencia tecnológica entre Estados Unidos y China está modificando rápidamente el mercado mundial de la inteligencia artificial. Si los modelos desarrollados por empresas chinas continúan acercándose al desempeño de los modelos estadounidenses con costos significativamente menores, la estructura de precios de los servicios de IA podría cambiar de manera importante durante los próximos años.
La disputa por el liderazgo tecnológico también puede transformarse en una disputa por reducir el costo de acceso a estas herramientas. China también busca orientar un modelo de regulación global de la IA, mientras que su apuesta por las energías limpias y la electrificación dan sustento material a sus menores costos comparados. En este contexto, cambiar los modelos de las gigantes tecnológicas por modelos chinos más baratos, puede ser una forma de reducir la dependencia tecnológica.
Por otra parte, la rápida expansión de modelos abiertos permite imaginar otra estrategia complementaria para la industria local. No todas las aplicaciones requieren utilizar permanentemente los modelos de frontera más costosos. En muchos casos es posible desplegar modelos abiertos en infraestructura local, ajustarlos para resolver problemas específicos e integrarlos a procesos productivos concretos. Las ventajas en el uso de la IA depende no sólo de la tecnología, sino también de cómo las organizaciones repiensan el trabajo, las capacidades humanas y el desempeño.
Estos caminos no eliminan la dependencia tecnológica, pero sí la pueden reducir, así como minimizar la factura de la IA que pagarán las empresas. Pero lo que es más importante, abre oportunidades para desarrollar empresas especializadas en integración de inteligencia artificial, fortalecer capacidades nacionales de cómputo y generar conocimiento aplicable a los problemas propios de la producción, la salud, la educación, la energía o la administración pública.
La infraestructura pública de ARSAT, incluida su Red Federal de Fibra Óptica y su Centro de Datos, constituye un activo estratégico para un modelo de desarrollo autónomo. Aunque, bajo la lógica extractivista actual, también pueden ser espacios para subsidiar la acumulación privada con insignificantes beneficios sociales. Por eso es fundamental diseñar las políticas tecnológicas, de ciencia, de infraestructura digital y de capacitación. Es imprescindible que un nuevo modelo de política industrial reemplace al viejo régimen de economía del conocimiento, que ya no responde a la resolución de problemas estratégicos del país.
En definitiva, la inteligencia artificial no obliga a elegir entre importar tecnología o resignarse al atraso. La verdadera discusión consiste en decidir si queremos limitarnos a consumir una tecnología diseñada por otros o construir las capacidades necesarias para adaptarla, mejorarla y ponerla al servicio de una estrategia de desarrollo soberano.
El Gobierno de Milei admite que utiliza fondos destinados a las rutas para sostener el equilibrio fiscal, mientras más de un billón de pesos permanece sin ejecutar en obras viales.
Por Roque Pérez para NLI
El Gobierno de Javier Milei quedó nuevamente expuesto ante una contradicción central de su programa económico: mientras presenta el ajuste y el “déficit cero” como una cuestión casi moral, existen recursos públicos recaudados con un destino específico que no llegan a las obras para las que fueron creados. Una investigación de LA NACION reveló que el fondo vial recibió más de $1,5 billones durante los dos años y medio de gestión libertaria, pero apenas una cuarta parte fue aplicada a obras, mientras que más de $1 billón permanecía colocado en inversiones financieras al cierre de mayo. Días después, el propio vocero presidencial, Adrián Ravier, reconoció que una parte de esos recursos es utilizada por el Ministerio de Economía para contribuir al “equilibrio fiscal”.
El dato adquiere una dimensión política todavía mayor cuando se lo cruza con el deterioro de las rutas nacionales, la paralización de obras y la creciente necesidad del Gobierno de construir acuerdos parlamentarios con gobernadores que no necesariamente comparten su programa. La denuncia publicada por Prensa Obrera sostiene precisamente que los recursos del Sistema Vial Integrado (SisVial) no solo están siendo retenidos para fortalecer las cuentas fiscales, sino que la administración de esos fondos permitiría manejar discrecionalmente recursos hacia las provincias en momentos políticamente sensibles. La acusación es grave y debe ser diferenciada de los hechos comprobados: está documentada la subejecución y la utilización financiera de los recursos; la hipótesis de que determinados desembolsos hayan sido utilizados para comprar voluntades políticas requiere probar cada caso concreto.
Un impuesto que se cobra para las rutas y termina financiando otra cosa
El corazón del problema está en el Impuesto a los Combustibles y en el Sistema Vial Integrado, un mecanismo creado para garantizar que una parte de esos recursos tenga un destino determinado: la construcción, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura vial. Según la investigación de LA NACION, entre 2024 y mayo de 2026 ingresaron al SisVial $1.503.252 millones, pero solo fueron ejecutados $394.406 millones en obras. Es decir, quedaron sin aplicar más de un billón de pesos, de los cuales $1.038.779 millones estaban colocados en instrumentos financieros o inmovilizados en una cuenta corriente al cierre del período analizado.
No se trata, entonces, simplemente de que el Estado “no tenga plata” para arreglar las rutas. El problema es bastante más incómodo: hay recursos recaudados y asignados específicamente al sistema vial que no se están transformando en infraestructura vial. El propio Gobierno confirmó la existencia del mecanismo. Ravier sostuvo que una parte de lo recaudado se destina a Vialidad y que otra es dispuesta por Economía como parte del objetivo de alcanzar el equilibrio fiscal. La declaración modifica sustancialmente la discusión, porque ya no estamos solamente ante una denuncia de la oposición o de organizaciones gremiales: existe un reconocimiento oficial de que esos recursos están siendo utilizados dentro de la estrategia fiscal del Ejecutivo.
La dimensión del desvío también permite comprender por qué el deterioro de las rutas dejó de ser una cuestión secundaria. De acuerdo con los datos difundidos por LA NACION, la subejecución del SisVial alcanzó el 73,8% durante el período analizado. En 2024 se ejecutó apenas el 11,3% de lo recaudado; en 2025, el 39%; y entre enero y mayo de 2026, apenas el 18,5%. El contraste entre la recaudación y la ejecución resulta particularmente fuerte porque se produce mientras miles de kilómetros de rutas nacionales requieren mantenimiento, rehabilitación y obras de seguridad.
El déficit cero como prioridad por encima de la infraestructura
La cuestión de fondo es qué entiende el Gobierno por “ordenar las cuentas públicas”. El discurso oficial presenta cada peso no gastado como una victoria frente al supuesto despilfarro estatal. Pero no todo gasto público es equivalente. Una cosa es eliminar un gasto superfluo y otra muy distinta es dejar de mantener una infraestructura estratégica que utilizan diariamente trabajadores, transportistas, productores, comerciantes, turistas, ambulancias y comunidades enteras.
Las rutas no son un lujo ni una concesión ideológica del Estado. Son parte de la infraestructura básica que permite que la producción circule. Un camión que tarda más, rompe neumáticos o suspensiones, consume más combustible o enfrenta una ruta deteriorada termina incorporando esos costos al precio final de los productos. Una ruta sin mantenimiento tampoco es solamente un problema de comodidad: puede convertirse en un factor de riesgo vial. El propio sindicato de trabajadores viales advirtió que el ajuste sobre Vialidad implica frenar obras, reducir inversión y trasladar el costo del deterioro hacia quienes circulan por las rutas.
Por eso resulta difícil sostener que el ajuste en infraestructura es neutral. La reducción de la inversión pública puede mejorar una planilla fiscal en el corto plazo, pero también deteriora activos públicos, aumenta costos logísticos y obliga a afrontar reparaciones más caras en el futuro. Es la vieja discusión sobre el mantenimiento de una casa: ahorrar en el techo puede mejorar las cuentas del mes, pero cuando finalmente entra el agua la reparación cuesta mucho más.
Y existe una segunda dimensión: el trabajo. La obra pública moviliza directamente a trabajadores de la construcción, pero también genera actividad en empresas proveedoras, transporte, producción de materiales y servicios. La paralización de rutas no solamente deja pozos y obras inconclusas; también destruye cadenas económicas en localidades del interior que dependen de esos proyectos.
Cuando el ajuste se convierte en una herramienta política
La denuncia política más delicada aparece cuando se analiza qué ocurre con los fondos que no se distribuyen regularmente. Los desembolsos para obras viales se concentraron en determinados períodos vinculados con sesiones legislativas en las que el oficialismo necesitaba votos y que algunas provincias recibieron recursos en momentos políticamente sensibles. Esa interpretación debe ser presentada como una acusación, no como un hecho judicialmente probado. Pero incluso dejando de lado esa hipótesis, existe un problema institucional evidente cuando un Gobierno concentra recursos que tienen un destino específico y luego administra discrecionalmente cuándo y cómo los libera.
El Gobierno de Milei necesita permanentemente negociar con gobernadores para conseguir respaldo legislativo. La experiencia de los últimos meses mostró que la relación entre la Casa Rosada y las provincias está atravesada por reclamos de fondos, obras, coparticipación y transferencias. En ese contexto, cualquier recurso nacional cuya distribución pueda acelerarse, demorarse o condicionarse adquiere inevitablemente una dimensión política.
Y aquí aparece una paradoja particularmente fuerte para un gobierno que llegó al poder prometiendo terminar con la llamada “casta”. La discrecionalidad estatal no desaparece cuando se reduce el gasto: puede cambiar de forma. Si el Estado deja de financiar masivamente obras pero conserva recursos determinados para administrarlos según sus necesidades fiscales y políticas, el problema no desaparece. Simplemente cambia el mecanismo de distribución del poder.
La discusión, por lo tanto, no debería reducirse a si el Gobierno “gasta mucho” o “gasta poco”. La pregunta verdaderamente importante es qué hace con los recursos que recauda, qué destino legal tienen y quién decide cuándo se utilizan. Porque un Estado puede tener equilibrio fiscal y, al mismo tiempo, estar descapitalizando su infraestructura, deteriorando sus rutas y acumulando problemas que tarde o temprano deberán ser pagados por la sociedad.
El caso del SisVial desnuda esa tensión con una claridad difícil de ocultar. Mientras el Gobierno exhibe el déficit cero como la prueba de su éxito económico, más de un billón de pesos recaudados para infraestructura vial permanecían fuera del asfalto. Y mientras las rutas esperan mantenimiento, el dinero puede permanecer colocado en instrumentos financieros o ser utilizado dentro de la estrategia general de administración fiscal.
El interrogante político que queda planteado es, entonces, mucho más profundo que una disputa presupuestaria: ¿hasta dónde puede llegar un Gobierno para mostrar una determinada cifra fiscal, incluso cuando para conseguirla posterga obras que tienen un destino específico y una función económica y social concreta? El “déficit cero” puede ser presentado como una bandera de austeridad, pero si el precio de esa bandera es una ruta destruida, una obra paralizada, un trabajador despedido o una infraestructura que pierde valor, habrá que preguntarse qué tipo de equilibrio se está construyendo y, sobre todo, quién termina pagando su costo.
Kicillof, Massa y Máximo Kirchner se reunieron junto a gobernadores y legisladores peronistas para defender las PASO y comenzar a reconstruir la unidad opositora.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
El peronismo dio este miércoles una señal política que, hasta hace apenas unas semanas, parecía difícil de imaginar: Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner volvieron a compartir una mesa, acompañados por gobernadores, senadores y diputados de distintos sectores del justicialismo. El encuentro, realizado en un hotel de Retiro y extendido durante más de tres horas, tuvo un objetivo concreto: construir una posición común frente al intento del Gobierno de Javier Milei de eliminar o suspender las PASO. Pero detrás de esa discusión electoral aparece una cuestión mucho más profunda: la posibilidad de que el peronismo empiece a reconstruir una unidad capaz de disputar el poder en 2027.
La escena tiene un peso político que excede largamente la defensa de un mecanismo electoral. Durante más de un año, las diferencias entre el kicillofismo, La Cámpora, el massismo y distintos sectores del PJ se profundizaron hasta convertir la interna en una disputa que amenazó con quebrar definitivamente al principal espacio opositor. Kicillof y Máximo Kirchner habían quedado enfrentados luego del cierre de listas de las elecciones legislativas, mientras Sergio Massa reconstruía su propio espacio y varios gobernadores reclamaban una conducción que pudiera trascender las peleas internas. Ahora, esos mismos sectores volvieron a encontrarse ante un adversario común.
Una foto que hace unos meses parecía imposible
La importancia de la reunión no reside solamente en quiénes estuvieron, sino también en quiénes lograron sentarse juntos después de meses de enfrentamientos. Además de Kicillof, Massa y Máximo participaron Gildo Insfrán, Ricardo Quintela, Sergio Ziliotto, Gerardo Zamora y Gustavo Melella, junto con los jefes de bloque del peronismo en el Congreso, José Mayans y Germán Martínez. La convocatoria buscó reunir a prácticamente todas las terminales del peronismo que mantienen una posición de oposición frente al Gobierno nacional.
No se habló de candidaturas. Y esa ausencia probablemente sea uno de los datos políticos más importantes del encuentro. En una fuerza atravesada por dirigentes con aspiraciones presidenciales, comenzar una discusión sobre nombres habría significado volver inmediatamente al terreno de la disputa interna. En cambio, la decisión fue concentrarse en una cuestión institucional y electoral: impedir que la reforma impulsada por el Gobierno termine eliminando una herramienta que podría permitirle al peronismo ordenar democráticamente sus diferencias.
Las PASO, en este contexto, son mucho más que una elección previa. Para una fuerza que hoy contiene distintas corrientes, desde el kirchnerismo hasta el massismo y el kicillofismo, pasando por los gobernadores y sectores sindicales, una primaria puede funcionar como mecanismo de resolución de las diferencias sin necesidad de una ruptura. Eliminarla, en cambio, obligaría a construir acuerdos de candidaturas antes de que esas diferencias hayan encontrado un mecanismo legítimo para resolverse.
Por eso el argumento utilizado por los dirigentes reunidos en Retiro fue directo. Según trascendió, uno de los participantes planteó que quienes acompañen la eliminación o suspensión de las PASO deberán hacerse responsables de “ayudar a Milei a tener 4 años más”. La frase expresa una definición estratégica: para una parte importante de la oposición, la discusión sobre las primarias no puede separarse de la disputa por la sucesión presidencial.
El Gobierno quiso ordenar la oposición y consiguió el efecto contrario
La paradoja política es evidente. El Gobierno busca modificar las reglas electorales antes de la próxima gran disputa nacional, mientras el peronismo interpreta esa iniciativa como una amenaza a su capacidad de competir unido. La reforma electoral, entonces, empieza a funcionar como un factor externo de cohesión para una fuerza que hasta hace poco parecía incapaz de encontrar un punto de encuentro.
Incluso el PRO mantiene una posición que complica todavía más el escenario oficialista. Aunque todavía no definió su postura definitiva, dentro del partido consideran valiosas las PASO y algunos dirigentes comenzaron a explorar la posibilidad de mantenerlas pero convertirlas en voluntarias. Es decir, el Gobierno no tiene garantizado que su propuesta de eliminación encuentre un consenso amplio ni siquiera entre sus aliados o potenciales aliados.
La cuestión adquiere otra dimensión si se observa lo ocurrido recientemente en el Congreso. La derrota oficialista en el Senado alrededor de distintos capítulos de la legislación sobre tierras y manejo del fuego mostró que, cuando existen coordinación política y voluntad de negociación, la oposición puede reunir votos suficientes para bloquear iniciativas centrales del Ejecutivo. Según elDiarioAR, esa experiencia de trabajo conjunto fue uno de los factores que ayudó a generar las condiciones para el reencuentro entre sectores peronistas que venían enfrentados.
La unidad, por supuesto, todavía está lejos de estar consolidada. Una cena no borra un año de conflictos políticos, ni resuelve las diferencias entre Kicillof y el kirchnerismo, ni determina quién conducirá el espacio en los próximos años. Tampoco significa que las aspiraciones presidenciales de Massa, Kicillof u otros dirigentes hayan desaparecido. Lo que cambió es algo más elemental: por primera vez en mucho tiempo, distintos sectores aceptaron que necesitan volver a hablar entre ellos.
Y eso, en la política argentina, no es un dato menor.
La unidad como condición para 2027
El desafío que enfrenta el peronismo es considerable. No alcanza con resistir una reforma electoral ni con coincidir circunstancialmente en el Congreso. Para convertirse nuevamente en alternativa de gobierno deberá transformar una unidad defensiva en una propuesta política capaz de hablarle a una sociedad que atravesó un profundo cambio desde 2023.
Pero ningún proyecto opositor puede construirse si sus principales dirigentes se mantienen permanentemente enfrentados. La reunión de Retiro parece haber producido, al menos por unas horas, una tregua entre quienes representan tradiciones y electorados diferentes dentro del mismo universo político. El dato significativo es que Kicillof, Massa y Máximo Kirchner comprendieron que pueden seguir disputando liderazgo, pero que primero necesitan preservar el espacio donde esa disputa pueda resolverse.
El Gobierno de Milei, mientras tanto, pretende avanzar sobre las reglas electorales con la mirada puesta en su propia continuidad. El peronismo empieza a responder con otra lógica: conservar las herramientas que le permitan dirimir sus diferencias y evitar que la fragmentación termine convirtiéndose en una ventaja automática para el oficialismo.
Todavía no hay una candidatura, ni una conducción común, ni un programa de gobierno. Hay algo más modesto, pero políticamente decisivo: una mesa que volvió a reunir a quienes durante meses parecían destinados a competir entre sí antes que contra Milei.
Si esa mesa consigue mantenerse abierta, el encuentro de Retiro puede terminar siendo recordado no por las PASO, sino como el primer capítulo de una reconstrucción mucho más grande. Si vuelve a romperse, quedará apenas como una fotografía pasajera. La política argentina, una vez más, acaba de entrar en esa zona donde una tregua puede convertirse en alianza o terminar siendo apenas un paréntesis.
Gustavo Sáenz apoyó a Hugo Passalacqua en su pelea con Carlos Rovira y destrozó al histórico jefe político de Misiones, al que trató de «capanga» y «fantasma».
El gobernador de Salta participó en Posadas de la reunión de los mandatarios del Norte Grande y encendió el encuentro al tomar posición sobre la interna política que se desató en Misiones.
El salteño lanzó una frase que se convirtió en protagonista de la reunión: «Se terminaron los capangas».
Esas palabras tuvieron como claro destinatario a Rovira, ex mandatario misionero y actual conductor político del Frente Renovador de la Concordia. «No puede gobernar un fantasma, un señor ingeniero que no lo conoce nadie, o por lo menos no lo conozco yo», manifestó Sáenz y sin titubear, agregó: «Rovira creo que se llama».
La cuestión no terminó ahí. Sáenz afirmó que ciertos dirigentes con los que comparte espacios legislativos suelen decirle que «hay que hablar con el ingeniero» y contó que en una oportunidad le envió un mensaje a Rovira, pero nunca le contestó.
«Lo que sé es que por teléfono digita y dice qué es lo que hay que hacer o no hacer para los misioneros», dijo el salteño. «Yo acompaño a los gobernadores, acompaño a la gente que ha sido elegida por la gente y está bueno que se democratice de una vez por todas Misiones», agregó.
Al ser consultado sobre una eventual reelección de Passalacqua, Sáenz apoyó sin dudar a su par provincial: «Yo lo voy a acompañar seguramente si él decide ser candidato, pero más que nada acompaño la decisión de gobernar. El gobernador es él, lo eligió la gente a él».
Guido Sandleris puso sobre la mesa la principal paradoja que enfrenta Javier Milei rumbo a 2027: «la economía está mucho mejor que cuando asumió, pero el Gobierno está perdiendo el apoyo de la gente».
El expresidente del Banco Central hizo este diagnóstico en la Bolsa de Comercio de Córdoba, horas antes de la exposición de Luis Caputo, y con una mirada muy distinta sobre las chances electorales del oficialismo. Mientras el ministro de Economía se mostró este miércoles «sumamente optimista» con la reelección de Milei, Sandleris advirtió que la dinámica política del Gobierno viene siendo negativa.
«Todas las encuestas son muy inciertas a un año de las elecciones», aclaró. Pero luego se concentró en los indicadores de confianza. Según su lectura del Índice de Confianza en el Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, «el valor tiende a ser consistente con el resultado electoral».
La conclusión es inquietante para la Casa Rosada: «Si las elecciones fueran hoy, Milei obtendría 40%». Y agregó que «la dinámica viene siendo negativa para Milei».
Sandleris comparó además la evolución de la confianza durante la actual gestión con la de Mauricio Macri. «En el mes tres de cada uno de los gobiernos están casi iguales», señaló. La incógnita, dijo, es «si va a continuar la tendencia negativa».
El problema es que el deterioro de la confianza ocurre mientras los principales indicadores macroeconómicos muestran una mejora sustancial.
«Hay equilibrio fiscal, hay superávit de balance comercial, el dólar está estable; la economía está mucho mejor», sostuvo. Y agregó que Argentina crecerá por segundo año consecutivo y que también se espera crecimiento en 2027, con una inflación sustancialmente menor.
«Es paradójico», resumió: «El Gobierno parece estar perdiendo el apoyo de la gente, pero los números de la economía son mucho mejores de los que recibió Milei».
Para Sandleris, la explicación está en que la recuperación todavía no llegó a las variables que más impactan sobre la vida cotidiana. «La mejora impactó en algunas variables, pero todavía no impactó en salarios y empleo», sostuvo.
Estimó que la economía crecerá entre 2% y 2,5% este año, pero advirtió que ese crecimiento es moderado y, además, muy heterogéneo. Los sectores que más crecieron, explicó, «son menos mano de obra intensivos».
«Hubo muy poca creación de empleo con Milei», afirmó. Y marcó un dato especialmente sensible: «El empleo registrado cayó y creció el empleo no registrado».
También señaló que los salarios reales privados están alrededor de 4% por debajo de los niveles anteriores, mientras que la caída fue todavía mayor en el sector público.
A eso se suma el aumento de las tarifas. «No sólo los salarios no crecieron sino que el gasto en servicios públicos creció. Es lógico que el consumo sufra cuando crecen las tarifas de servicios públicos», explicó.
El consumo se recuperará, según su pronóstico, pero «nada excepcional».
Sandleris también puso la lupa sobre el crédito al consumo. La mora y las situaciones irregulares alcanzaron niveles récord y, según explicó, muchos consumidores se acostumbraron durante años a que la inflación licuara sus deudas.
«Uno no ve un mercado de crédito al consumo dinámico en lo que viene», advirtió.
El diagnóstico no implica, para Sandleris, que Milei haya fracasado. Por el contrario, fue explícito en reconocer las dificultades que heredó. «Quiero ser justo con el Gobierno de Milei: pretender que en dos años y medio se resuelvan todos los problemas no era algo razonable. Milei heredó una situación explosiva», sostuvo.
Pero ahora el problema es el calendario electoral.
«El rumbo debe mantenerse», dijo, aunque reclamó acelerar el crecimiento de la actividad, el empleo y los ingresos. También pidió evitar un rebote inflacionario y un sobresalto cambiario.
En ese escenario apareció una herramienta concreta: la obra pública.
«Un elemento dinamizador inmediato es la obra pública a un año de las elecciones. Deberíamos estar viendo más movimiento ahí», planteó.
Sandleris consideró que al Gobierno «le costó comenzar con los proyectos de reparación de rutas», pero sostuvo que «hay espacio para la obra pública» sin sacrificar el equilibrio fiscal.
También reclamó encontrar alternativas para dinamizar el crédito. Y puso un límite temporal muy concreto: «Los próximos seis meses». Después, advirtió, «es tarde».
«Después del primer trimestre de 2027 será muy tarde para dinamizar la economía antes de las elecciones», sostuvo.
La advertencia de Sandleris adquiere mayor peso en un momento en que el oficialismo empieza a ordenar su estrategia electoral con un eventual acuerdo con el PRO. La coincidencia temporal no es menor: mientras el Gobierno busca ampliar su base política para 2027, uno de los economistas que mejor conoce la dinámica de las crisis argentinas advierte que la estabilidad macroeconómica no alcanza por sí sola para garantizar la reelección.
