Sociedad

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    Caputo da el tiro de gracia a la fabricación de calzado deportivo nacional

    PorInvitad@ Especial

     

    La Resolución 531/2026, firmada por el ministro de Economía Luis Caputo, elimina el antidumping para el calzado deportivo desmontado y expone el rumbo de un modelo que resigna producción nacional. Bajo el argumento de reducir precios y modernizar la industria, el Gobierno avanza en un esquema que reemplaza fabricación por ensamblaje, profundiza la dependencia tecnológica y redefine el trabajo industrial en la Argentina.

    Por Walter Onorato

    El Gobierno de Javier Milei acaba de dar un paso que, lejos de ser técnico o neutro, expone con crudeza el rumbo económico que eligió transitar: menos industria, más dependencia y una peligrosa resignación productiva. La Resolución 531/2026 del Ministerio de Economía, publicada el 21 de abril de 2026 y firmada por el ministro Luis Caputo, no es solo una norma administrativa; es una declaración ideológica en estado puro. Bajo la excusa de “modernizar” el sector del calzado, se decidió excluir del régimen antidumping al calzado deportivo desmontado proveniente de China, es decir, zapatillas que llegan en partes para ser ensambladas en el país.

    El dato puede parecer menor, casi burocrático, pero esconde una transformación profunda. Lo que antes ingresaba como producto terminado y pagaba un derecho antidumping para proteger a la industria local, ahora entra desarmado, eludiendo ese recargo. En términos prácticos, el Estado argentino deja de defender la producción nacional en nombre de una supuesta eficiencia que, en realidad, se apoya en una lógica de importación encubierta.

    El argumento oficial suena prolijo: abaratar costos, facilitar el acceso a insumos tecnológicos y, en última instancia, bajar los precios al consumidor. Una narrativa seductora en tiempos de bolsillos golpeados. Sin embargo, cuando se corre el velo, aparece la tensión estructural que atraviesa toda la medida. Porque lo que el Gobierno presenta como una estrategia de competitividad no es otra cosa que la aceptación explícita de una derrota industrial.

    La propia resolución lo admite sin rodeos: existe una “brecha tecnológica significativa” en el segmento de calzado deportivo de alta performance. Traducido: Argentina no produce los materiales ni las tecnologías necesarias para competir en ese nicho. Frente a ese diagnóstico, el camino elegido no es invertir, desarrollar o proteger capacidades locales, sino directamente importar la tecnología en forma de piezas y limitarse a ensamblarlas.

    Ahí está el corazón del problema. El modelo que se promueve no es industrial en sentido pleno. Es un esquema híbrido, donde el país aporta mano de obra y procesos básicos —pegado, armado, terminación— mientras el valor estratégico queda en el exterior. Según los datos oficiales, este sistema genera apenas un 20% de valor agregado local. El resto, el núcleo tecnológico y económico del producto, sigue estando afuera.

    Empresas como Topper Argentina o Puma Sports Argentina ya operan bajo este formato. Importan kits desmontados, los ensamblan en plantas locales y colocan el producto en el mercado. El Gobierno utiliza estos casos como ejemplo de “integración productiva”. Pero la pregunta incómoda es inevitable: ¿esto es industria o simplemente una maquila sofisticada?

    El crecimiento de este esquema no deja lugar a dudas sobre la dirección del sector. Entre 2015 y 2019, el calzado desmontado representaba el 28% de las importaciones. Entre 2021 y 2023, esa cifra saltó al 59%. Es decir, el modelo ya no es marginal: se está convirtiendo en la regla. Y la decisión oficial no hace más que consolidarlo.

    El problema es que esta transformación ocurre en un contexto de debilidad estructural. El empleo en el sector del calzado viene en caída desde hace más de una década y la producción está lejos de sus niveles históricos. En ese escenario, flexibilizar las barreras a la importación —aunque sea de manera indirecta— no parece una política inocua. Más bien, funciona como un acelerador de esa tendencia regresiva.

    Desde el Gobierno insisten en que no se destruye industria, sino que se la reconvierte. Una palabra elegante para describir un proceso mucho más áspero: el pasaje de un modelo productivo integral a uno fragmentado, dependiente y vulnerable. Porque ensamblar no es lo mismo que fabricar. Y en esa diferencia se juega algo más que una discusión técnica: se juega la soberanía económica.

    La medida también se alinea con otra decisión clave: la reducción del Derecho de Importación Extrazona al 0% para estos insumos. En otras palabras, se construye un andamiaje normativo que facilita, abarata y estimula la importación de partes. El resultado es una ecuación clara: producir localmente cada vez menos y ensamblar cada vez más.

    El discurso oficial promete que esa reducción de costos se trasladará a los precios. Pero la experiencia histórica invita a la cautela. No hay garantías reales de que esa baja llegue al consumidor. Lo que sí es seguro es que las empresas verán reducidos sus costos. El resto, como tantas veces, quedará librado a la lógica del mercado.

    Mientras tanto, el sector productivo vive una tensión cada vez más evidente. Las pymes reclaman protección frente a la competencia externa, mientras las grandes marcas empujan por un acceso más flexible a insumos importados. La resolución, lejos de equilibrar esas posiciones, toma partido de manera implícita por uno de los actores.

    En ese sentido, la exclusión del calzado desmontado del régimen antidumping funciona como una suerte de “zona liberada” dentro del sistema comercial. Un espacio donde la lógica de la apertura se impone sin matices, aun cuando el costo sea profundizar la fragilidad industrial.

    El trasfondo es ideológico. La medida responde a una visión que desconfía del Estado como herramienta de desarrollo y apuesta a la desregulación como solución universal. En esa lógica, la industria deja de ser un objetivo estratégico y pasa a ser una variable de ajuste.

    Pero la realidad es más compleja. La economía no es un laboratorio donde las teorías se aplican sin consecuencias. Detrás de cada decisión hay trabajadores, empresas, territorios. Y en este caso, lo que está en juego es el futuro de un sector que ya viene golpeado.

    Aceptar que Argentina no puede producir calzado deportivo de alta tecnología puede ser un diagnóstico honesto. Convertir esa limitación en política permanente es otra cosa. Es resignar la posibilidad de desarrollar capacidades propias, de generar conocimiento, de construir un entramado productivo más robusto.

    En ese escenario, hablar de “industria nacional” ya no es una consigna abstracta sino una realidad cada vez más acotada y, en muchos casos, al borde de la asfixia. Porque mientras el discurso oficial celebra la apertura y la baja de costos, lo que queda del entramado productivo local sobrevive como puede, lejos de las grandes marcas globales y sin el respaldo de políticas sostenidas. Existen, sí, fábricas que todavía producen en serio, que no se limitan a ensamblar piezas importadas, pero son cada vez menos y operan en condiciones desiguales.

    Ahí aparecen casos como Raptor, una experiencia nacida en plena pandemia que decidió fabricar botines y calzado deportivo con procesos locales en su propia planta, apostando a un modelo productivo que parece ir a contramano del rumbo general. También está Unitec Blue, una pyme con base industrial que sostiene producción nacional en un mercado cada vez más hostil, o Bando, que mantiene una lógica fabril clásica aunque con escala reducida. En un registro similar se ubica Signia, que conserva procesos productivos propios y presencia en segmentos técnicos, mientras que Gaelle representa ese híbrido entre diseño local y fabricación que aún intenta sostenerse dentro del país.

    Pero incluso en estos casos, la realidad impone límites difíciles de esquivar. La mayoría depende, en mayor o menor medida, de insumos importados, enfrenta costos estructurales elevados y compite contra cadenas globales que operan con otra escala, otra tecnología y otro respaldo financiero. No se trata de empresas ineficientes, como muchas veces se intenta instalar, sino de actores que juegan en una cancha inclinada.

    Y ahí es donde la medida del Gobierno deja de ser un simple ajuste técnico para convertirse en un factor decisivo. Porque cuando se facilita la importación —aunque sea en forma de piezas “desmontadas”— no se está generando una competencia virtuosa, sino profundizando una desigualdad estructural. Lo que queda en pie no es una industria robusta que se adapta, sino un puñado de fábricas que resisten. Y la pregunta, otra vez, es cuánto tiempo más podrán hacerlo.

    En definitiva, la Resolución 531/2026 firmada por Luis Caputo no es solo una medida sobre zapatillas. Es una pieza más de un modelo económico que prioriza el corto plazo, la baja de costos y la apertura comercial por sobre cualquier estrategia de desarrollo industrial. Un modelo que, en nombre de la eficiencia, corre el riesgo de vaciar de contenido a la propia idea de producción nacional.

    Y en ese camino, la pregunta que queda flotando —incómoda, persistente— es si el país está eligiendo competir en el mundo o simplemente resignarse a ensamblarlo.

    Fuentes:
    Boletín Oficial de la República Argentina. (2026, abril 21). Resolución 531/2026 del Ministerio de Economía. https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/340997/20260421

    Cámara de la Industria del Calzado. (s. f.). Ya rigen las medidas por dumping a calzado de origen chino. https://www.calzadoargentino.org.ar/comercio-exterior/ya-rigen-las-medidas-por-dumping-a-calzado-de-origen-chino/

    CDA – Comercio Exterior. (s. f.). Dumping – Calzados (NCM 6401 a 6405), de China. https://www.cda.org.ar/detalle_normativa.php?id=8453

    PCRAM. (s. f.). Pelea entre fabricantes de calzado por importaciones. https://www.pcram.net/post.php?mid=9061

     

  • Llaryora le dio 40% de aumento a los docentes y blanquea la crisis del plan de Milei

    PorInvitad@ Especial

     

    Martín Llaryora anticipa que el plan económico de Javier Milei naufraga y que la inflación se escapa: por eso otorgó a los docentes -el grupo de estatales más grande- un aumento del 40%, muy por encima de cualquier cálculo libertario.

    El Gobierno cordobés jugó fuerte, aunque acorralado por el gremio de docentes que endureció su postura. Lo cierto es que al final del día, Llaryora admitió un 40% para todo el año, en un esquema de aumentos mensuales atados al IPC y con una cláusula de revisión en octubre. Es un número que rompe por completo con las previsiones oficiales.

    El Presupuesto provincial, alineado con las proyecciones nacionales de Javier Milei y su ministro Luis Caputo, estimaba una inflación apenas superior al 10% y un crecimiento económico del 6%. Ninguna de esas variables se está cumpliendo. El acuerdo docente funciona, entonces, como una admisión implícita de que el escenario económico es otro. Mucho más adverso.

    Lo que se firmó con la UEPC no queda ahí. Como ocurre históricamente en Córdoba, el acuerdo docente se convierte en referencia obligada para el resto de los estatales. Desde el Sindicato de Empleados Públicos (SEP), su titular Sergio Castro ya adelantó que buscarán replicar el esquema con un piso del 40%.

    Llaryora se hartó de cubrir a Milei por el abandono del Pami y los comedores: «Que paguen el costo» 

    Eso implica trasladar el impacto a toda la estructura estatal: administración central, fuerzas de seguridad, salud y jubilados. La cifra es contundente: el costo fiscal adicional ascendería a $1,25 billón en el año.

    Aunque Llaryora destrabó el conflicto con docentes, y seguramente pasará lo mismo con el resto de los estatales provinciales, encendió un foco de conflicto con los intendentes. «Ahora, los empleados municipales se dan vuelta y piden un aumento igual que los docentes y eso nos prenden fuego las cuentas», dice un intendente peronista ajustado por la caída de la coparticipación desde hace ocho meses. La recaudación provincial viene mostrando signos de debilidad, en línea con la contracción de la actividad económica.

    Ante ese panorama, en el Gobierno empiezan a mirar de reojo un recurso que hasta ahora evitaban mencionar: los fondos obtenidos en los mercados internacionales. Pero para los intendentes, esa posibilidad no es una solución: los gobiernos locales no tienen acceso al fondeo.

     

  • Juicio al poder médico

    PorInvitad@ Especial

     

    Conocí la historia de María Magdalena en enero de 2012, cuando volví de mis vacaciones. Llegué a mi casa, abrí mi casilla de correo y allí estaba el mail de Fernanda Mónaco, una psicóloga del Instituto de Maternidad y Ginecología Nuestra Señora de Las Mercedes de Tucumán. 

    Todavía faltaban tres años para el histórico Ni Una Menos, pero ya habían pasado otros tres de la aprobación de la Ley 26.485, de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Esa ley reconoció por primera vez a la violencia obstétrica como una de las formas de violencia. 2012 también fue el año del fallo conocido como F.A.L, en el que la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció que el aborto de un embarazo producto de cualquier violación no es punible, independientemente de la salud mental de la persona gestante. Para que el aborto sea legal aún nos quedaba casi una década de armar redes, encuentros y luchas. 

    Un año antes de que me llegara ese mail de Fernanda, yo había empezado a estudiar secreto profesional y denuncias de aborto. En una capacitación sobre el “Programa de Salud Sexual y Reproductiva” que el ministerio de Salud de la Nación vino a hacer a Tucumán, conocí a las psicólogas del Instituto de Maternidad y Ginecología Nuestra Señora de Las Mercedes (la Maternidad, como le decimos en Tucumán). A propósito de que yo cuestioné que Tucumán fuera una de las dos provincias que no había adherido a la ley 25.673, que asegura el acceso a métodos anticonceptivos gratuitos, se me acercó Silvia Landaburu, la jefa del Servicio de Salud Mental de la Maternidad  y nos pusimos a charlar sobre confidencialidad, derechos y violencias de género dentro de la estructura hospitalaria. 

    Esa primera conversación derivó en encuentros con mates en el sexto piso de la Maternidad junto a otras psicólogas que también querían saber cuáles eran los derechos que tenían sus pacientes. Ellas veían situaciones injustas, malos tratos y a veces objeciones de conciencia violentas que estaban naturalizadas en la atención de aborto. Ellas querían saber y yo quería que supieran de los fallos de “Natividad Frías” (un plenario de Cámaras Penales de 1966 que declaró la nulidad de una investigación de aborto iniciada con la denuncia médica)  y “Baldivieso” (cuando la Corte Suprema de la Nación anuló una condena de narcotráfico en una causa también iniciada con la violación del secreto médico). Quería contarles de la Recomendación N° 24 de la CEDAW, “La mujer y la salud” (1999) que, entre otras muchas cosas pide “dar prioridad a la prevención del embarazo no deseado mediante la planificación de la familia y la educación sexual” y que “debería enmendarse la legislación que castigue el aborto a fin de abolir las medidas punitivas impuestas a mujeres que se hayan sometido a abortos”. Y, sobre todo, quería que pensemos juntas por qué si había una ley, la 26.529,  que reconocía los derechos de  las pacientes  a la confidencialidad, la intimidad, el trato digno, la información y el respeto por la autonomía, no se estaba cumpliendo con las mujeres que abortaban. Nos juntamos varios viernes, intercambiamos opiniones, risas, pero también angustias: ellas me contaron de las pacientes «fundidas», así les llamaban a las mujeres que llegaban con abortos sépticos, con miedo a ser denunciadas y cómo eso les podía costar la vida. Hablábamos de la angustia de ser pobre, porque las muertas por complicaciones por aborto siempre fueron las pobres. En esa artesanía feminista de saberes supimos encontrarnos para mejorar las prácticas, para repeler los daños de quienes tienen poderes biomédicos para castigar y, sobre todo, supimos encontrarnos para no perder a otras: las pacientes que abortaban. 

    Volviendo a aquel enero de 2012, el mail de Fernanda me contaba la historia de una joven de 26 años, con 3 hijos que, al llegar a la Maternidad de Tucumán con dolores abdominales y una ginecorragia, había sido denunciada por las dos médicas que la atendieron: la jefa de Guardia, Claudia Callejas, y la residente Alejandra Berenguer. Además, le habían practicado un legrado sin anestesia, quizás como una forma sanitaria de castigo. Por suerte estaban ahí Fernanda, Daniela y Lourdes, las psicólogas que la atendieron. Ellas hicieron ese mismo día una nota escrita a la Dirección denunciando la violencia obstétrica y como la abogada, Daniela De Francesco, dijo en su dictamen que «era legal» lo que había pasado, ellas le dieron mi contacto porque temían que fuera procesada. Fue muy importante la intervención del Servicio de Salud Mental en este caso para evitar que se silenciaran estas prácticas, no sólo para acercarle un derecho a la paciente. 

    En esa artesanía feminista de saberes supimos encontrarnos para mejorar las prácticas, para repeler los daños de quienes tienen poderes biomédicos para castigar y, sobre todo, supimos encontrarnos para no perder a otras: las pacientes que abortaban. 

    Al día siguiente me contactó ella, María Magdalena. Nos encontramos en mi estudio. Ella estaba aterrada: temía ir presa, temía morir, temía por sus familiares. Como pudo y a borbotones me explicó que ella no sabía que estaba embarazada, que “se cuidaba” y que cuando empezó a sangrar fue con su mamá y su esposo a la Maternidad para que la ayudaran. No comprendía por qué la habían acusado y mucho menos por qué los policías la habían interrogado en la sala de partos. Tampoco comprendía por qué razones le habían dicho, en medio de su legrado, que si moría de una infección su marido “no le llevaría ni flores a la tumba”. No comprendía por qué quienes debían atenderla, la maltrataron. 

    Tomé su defensa al mes siguiente, en febrero de 2012 y conseguí su absolución recién en septiembre de 2015. Si: ella estuvo procesada por “aborto provocado” en Tucumán, pero no estuvo presa porque, a diferencia de Belén, ella tuvo una abogada feminista. 

    Por supuesto que María Magdalena no es el nombre real. Elegí llamarla así porque la María Magdalena de la Biblia fue estigmatizada por puta. Quisieron apedrearla y al final de la historia estuvo al pie de la crucifixión de Jesús y hasta se le atribuye un evangelio gnóstico. Es fácil pensar que incomodaba porque era una mujer con poder.

    Yo estaba terminando de cursar mi Maestría en  Género, Sociedad y Políticas Públicas en Flacso y nunca había defendido a una mujer criminalizada por aborto. Podía imaginar que no sería fácil. Lo que no imaginé es que sería tan difícil encontrar justicia para ella. 

    Junto a mi equipo, denunciamos la violación del secreto profesional y las violencias obstétricas institucionales que sufrió María Magdalena. El Fiscal Arnoldo Suasnábar archivó la causa 2 meses después: sostuvo que “frente a maniobras abortivas es correcto hacer la denuncia” y remató su misoginia con clasismo al afirmar que “en el ámbito público, la relación médico-paciente es no formal”. De esta forma, el racismo judicial desbloqueaba otro nivel de discriminación y daño: el de habilitar que quienes reciben atención médica en sanatorios privados gozaran de todos los derechos que la Ley 26.529 le reconocía a los pacientes, y quienes iban al hospital –esas “menesterosas” de las que en 1966 hablaba el Plenario “Natividad Frías”- no tenían ninguno. Palabras más, palabras menos, el Poder Judicial de Tucumán legitimaba una atención sanitaria para ricas y otra para pobres. Para las primeras, atención clínica conforme a derechos. Para las segundas, limosna sanitaria. 

    Esa decisión del Ministerio Público Fiscal fue confirmada por el Juez de Garantías, la Cámara de Apelaciones Penal —que ya no existe— y la Corte Suprema de Justicia tucumana. Este último Tribunal incluso me mandó a estudiar considerando que la perspectiva de género no decide nada en estos casos, sino que es el derecho penal el que manda. Esa sentencia me hizo saltar las lágrimas porque podía leerse como intertexto: lo que le pasó a María Magdalena no le interesaba a nadie. 

    El Poder Judicial de Tucumán legitimaba una atención sanitaria para ricas y otra para pobres. Para las primeras, atención clínica conforme a derechos. Para las segundas, limosna sanitaria. 

    Impugné esa decisión judicial en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El 27 de febrero de 2020 esta corte ordenó el desarchivo para que se investiguen las violencias de género que había sufrido María Magdalena y que el silencio judicial quería mantener en secreto. Ordenó además que se investigue por violación de secreto profesional y violencias a Claudia Callejas y Alejandra Berenguer. 

    En el medio conocí a la periodista Mariana Carbajal, quien escribió todas y cada una de las notas que no dejaron morir el caso. También fundamos una ONG feminista, Mujeres X Mujeres, desde donde defendemos los derechos de todas las mujeres, también los de las mujeres que abortan. Y escribí, junto a Mariana Álvarez y Alejandra Iriarte el libro “Jaque a la Reina” (2014) donde contamos la historia de María Magdalena y revelamos que muchas de las 532 causas de aborto que tenía Tucumán entre 1992 y 2012 eran producto de la violación de la confidencialidad y el secreto profesional, pero ambos estaban naturalizados en casos de emergencias obstétricas. Un libro que, al parecer, nadie leyó, porque sino, Belén no hubiera estado presa ni un día. 

    El 5 de Abril de 2020, después de 11 años, el fiscal regional de Tucumán Mariano Fernández pidió la elevación a juicio oral de Claudia Callejas por el delito de violación de secreto, y el sobreseimiento de la residente Alejandra Berenguer por considerar que actuó bajo las órdenes de Callejas.

    Hoy María Magdalena tiene 40 años y no es la misma. Yo tampoco soy la misma porque, a diferencia de lo que pasaba entonces, ya no me señalan de modo juicioso, ni me tildan de militante y, aunque lo hicieran, lo que antes me despertaba temor, hoy es un motivo de orgullo. Esta es una causa que antes del juicio ya tiene cuatro sentencias de la Corte local. Una clara expresión de las resistencias judiciales para investigar las violencias que denuncian las mujeres. En este contexto, no es un dato menor que esclarecer la verdad en un caso de violencia de género te lleve 14 años de litigio.

    María Magdalena fue el principio de mi segunda vida como litigante: antes  fui abogada de Bancos y me dedicaba, en un estudio muy reconocido de Tucumán, al derecho privado. 

    Catorce años después, no sé a ciencia cierta si los operadores de la salud comprenden del todo cómo funciona su obligación de guardar secreto, ni sus compromisos legales y éticos con la intimidad de sus pacientes, porque además del juicio que comienza esta semana, el 13 de mayo próximo defenderé en Tribunales a Eva, una joven de 18 años que fue acusada de “homicidio agravado” luego de un parto en avalancha dentro del Hospital de Famaillá, después de que le diagnosticaran una “lumbalgia” y mientras la medicaban. La duda sobre cuánto de crueldad y cuánto de ignorancia tiene el personal de salud que la denunció y la Fiscalía que le pidió la prisión preventiva siempre está dando vueltas. Cuesta digerir el uso del poder más descarnado, con tanta obscenidad. La Campaña por el Aborto Legal, el Socorrismo, el Niunamenos, la Red de Profesionales  y las distintas redes que los feminismos supirmos construir estos últimos años sacaron del closet la decisión de abortar. Porque abortar se abortó siempre, la injusticia es en qué condiciones. Y son esas redes feministas que se hilvanan con equipos de salud recargados de trabajo, pero respetuosos de sus  pacientes, con quienes continuamos defendiendo el derecho a decidir. Hoy, frente al desguace de los recursos y las políticas, más que nunca.  

    Son esas redes feministas que se hilvanan con equipos de salud recargados de trabajo, pero respetuosos de sus  pacientes, con quienes continuamos defendiendo el derecho a decidir.

    Lo que si sé y no me deja ninguna duda, es que este 27 de abril existe una oportunidad histórica para que el Poder Judicial de Tucumán cierre un capítulo funesto para las mujeres y condene la denuncia de aborto como lo que verdaderamente es: un delito imperdonable que sólo se comete contra mujeres pobres.  

    La entrada Juicio al poder médico se publicó primero en Revista Anfibia.

     

  • Paranoia total en la Rosada: anularon las acreditaciones de todos los periodistas

    PorInvitad@ Especial

     

    En un clima de paranoia total, el gobierno decidió sacarle la acreditación a todos los periodistas que cubren en Casa Rosada y cerrar la sala de periodistas. No hay otro antecedente similar en los últimos 50 años, ni siquiera en la Dictadura.

    Los periodistas ingresan a la casa de gobierno con su huella dactilar, pero el jueves se les prohibió el acceso a horas de la reunión de Javier Milei con Peter Thiel, el creador de la empresa de ciberespionaje Palantir, ícono de la derecha libertaria global, que supuestamente está interesado en ver de cerca el fenómeno mileista.

    La explicación formal brindada desde el gobierno fue que dejaron sin efecto la prórroga que extendía durante abril las acreditaciones vencidas el 31 de marzo.

    Tres semanas atrás, el oficialismo utilizó un controvertido informe que daba cuenta de acciones de propaganda rusas que buscaban desestabilizar a Milei para quitarle la acreditación a algunos medios durante más de 15 días.

    El Gobierno aprovecha el «espionaje» ruso para sacar de la Rosada a los periodistas que molestan a Adorni 

    Ahora, según trascendió, el gobierno decidió suspender las acreditaciones luego de que un equipo de TN filmara algunos pasillos de la casa de Gobierno sin autorización, con lentes Ray-ban con cámara incorporada. Un chiche que no termina de instalarse en el consumo masivo, pese a los esfuerzos de las grandes empresas tecnológicas.

    El gobierno, siempre dispuesto para atacar a los periodistas, denunció penalmente a Ignacio Salerno y Luciana Geuna y Milei los llamó «basuras repugnantes». 

    LPO reveló días atrás que el gobierno también planea enviar un proyecto al Congreso para que los periodistas presenten declaraciones juradas como si fueran funcionarios.

     

  • Sin obras de Nación, los municipios promueven consorcios de vecinos que financien el asfalto

    PorInvitad@ Especial

     

    Hizo estragos en la economía de las ciudades del interior la parálisis de la obra pública nacional, que absorbía una parte significativa del caudal de trabajadores locales y regionales de la construcción. Por eso, en varios municipios empiezan a pensan en alternativas para retomar la obra pública.

    Un caso paradigmático en ese sentido es el de Chascomús, donde los bloques del oficialismo local alineado al massista Javier Gastón promueven un proyecto para crear un sistema de consorcios vecinales que financie su propio asfalto.

    La iniciativa, que será tratada este jueves en el Concejo Deliberante local, se denomina «Programa Municipal de Ahorro Previo para Infraestructura Vial», la cual apunta a ser «una estrategia de autonomía municipal» ante el corte de la obra pública nacional.

    En los considerandos de la iniciativa se plantea que la detención de las obras viales no solo afecta la transitabilidad y la seguridad, sino que también perjudica el patrimonio de los vecinos y el desarrollo productivo local.

    Masivo reclamo de intendentes a las puertas de Economía por el desastre de rutas

    El programa propone la formación de «Círculos de Ahorro» por cuadra o sector con adhesión voluntaria. Para iniciar un «círculo», se pide que el 70% de los frentistas de una cuadra se sumen al plan. Con eso, el sistema se vuelve obligatorio para el resto bajo el régimen de contribución por mejoras.

    Como protección ante la inflación se proyecta una Unidad de Metros de Asfalto para que el vecino pague por «metros cuadrados de obra». Al cancelar una cantidad de metros, el valor queda fijo para el contribuyente, independientemente de los aumentos futuros en el costo de los materiales.

     En Chascomús, el proyecto de Círculos de Ahorro prevé como incentivo un descuento del 15% para los vecinos que paguen al contado su plan de ahorro. 

    Las etapas del plan estiman que los suscriptores abonen cuotas hasta cubrir el 50% del valor total de la cuadra. Una vez alcanzado ese porcentaje, el municipio garantiza el inicio de la obra y el saldo restante se amortiza en cuotas posteriores.

    El proyecto prioriza el uso de pavimento articulado (intertrabado) y asfalto negro. Esta elección se debe a que el hormigón intertrabado es de fácil reparación, tiene un menor costo inicial y fomenta la compra a proveedores del distrito, además de generar empleo local para su colocación.

    También, se estipula que todo lo recaudado irá a una cuenta afectada que garantice que los fondos de los vecinos solo puedan usarse para las obras de asfalto y no para gastos corrientes. El proyecto prevé como incentivo un descuento del 15% para los vecinos que paguen al contado su plan de ahorro.

    Esta iniciativa surge en un contexto donde los intendentes vienen denunciando el impacto que está causando en sus economías la baja de los recursos que reciben por coparticipación y el derrumbe de la cobrabilidad de tasas.

    Por eso, días atrás hicieron una presentación masiva ante el Ministerio de Economía nacional, reclamando que el gobierno de Javier Milei destina a obras en rutas y caminos los porcentajes que, por ley, debe afectar a esas tareas de lo que recauda del Impuesto a los Combustibles. 

     

  • Docentes denunciaron agresiones de un concejal de Pareja que quiso impedir un reclamo en Anses

    PorInvitad@ Especial

     

    Uno de los referentes de Sebastián Pareja en el sur bonaerense, el presidente del Concejo Deliberante de Coronel Rosales (Punta Alta), Pablo «Papu» Gómez, fue denunciado en las últimas horas por «violencia política, agresión institucional y maltrato».

    La presentación realizada en el mismo deliberativo la hizo el gremio Suteba, que acusó a Gómez de intentar bloquear la presentación de una nota en la delegación local de Anses que comanda su pareja, Jeanette Rivas.

    Se trata de un petitorio que reclama el pago de la deuda de alrededor de 2 billones que mantiene la Nación con el Instituto de Previsión Social (IPS) provincial. Ese documento fue entregado en todas las oficinas locales de Anses de la provincia en el marco de una jornada de reclamo del Frente de Unidad Docente Bonaerense.

    Sin embargo, en Punta Alta esa presentación desató un escándalo a partir de la actitud de Gómez. «El funcionario se dirigió hacia mi persona y hacia el resto de los presentes con un trato prepotente, utilizando un vocabulario violento y grosero, impropio de su investidura», detalla en su nota al Concejo la titular del Suteba de Coronel Rosales, Claudia Introssi.

     Según pudo reconstruir LPO, al llegar Gómez a la puerta de la oficina de Anses, pidió ver la nota y adelantó que, si no lo autorizaba, no se recibiría. Cuando la secretaria general le preguntó quién era para tener ese poder de decisión, la respuesta de García fue insultante. 

    Ahí, Introssi expuso que Gómez se hizo presente en la oficina de Anses e «intervino de manera injustificada, pretendiendo arrogarse atribuciones y facultades que no corresponden a su cargo ni a su esfera de competencia administrativa».

    Según pudo reconstruir LPO, al llegar Gómez a la puerta de la oficina de Anses, pidió ver la nota y adelantó que, si no lo autorizaba, no se recibiría. Cuando la secretaria general le preguntó quién era para tener ese poder de decisión, la respuesta de García fue insultante.

    La referente de Pareja en la Sexta sección, Franca Grippo abraza para la foto a su armador en Punta Alta, el concejal Pablo Gómez, acusado de agresiones por parte de docentes.

    Fuentes al tanto de la dinámica política rosaleña señalaron a LPO que «Papu» ubicó a su pareja en Anses apenas asumió el gobierno libertario, en una maniobra que en la interna local algunos definen como «nepotismo explícito».

    A nivel seccional, Gómez responde directamente en la Sexta a la bahiense Franca Grippo, la armadora de Sebastián Pareja que, como reveló LPO a comienzos de 2026, usaba el padrón de Andis para la campaña.

    Una armadora de Pareja usaba el padrón de Andis para la campaña 

    «La gravedad de su conducta constituye un atropello al libre ejercicio de la labor sindical y un agravio a la dignidad de las y los trabajadores de la educación presentes, sentando un precedente que no puede ser omitido por este cuerpo deliberativo», sostiene el Suteba en su denuncia, donde señalaron que las disculpas que improvisó Gómez cuando el tema escaló «resultan insuficientes».

    Por eso, el gremio docente reclamó a los ediles que evalúen «la conducta del funcionario en la comisión correspondiente o en sesión, de acuerdo con lo previsto por el reglamento interno y las normativas de ética pública vigentes».

    Pero en Punta Alta hay quienes dudan que el tratamiento de la presentación del Suteba avance, en un contexto donde el oficialismo local que responde al intendente axelista Rodrigo Aristimuño necesita de los siete votos de La Libertad Avanza para tener aprobada su rendición de cuentas.

     Gómez ubicó a su pareja en Anses apenas asumió el gobierno libertario, en una maniobra que en la interna local algunos definen como «nepotismo explícito». 

    Por eso, en los pasillos de Concejo se habla de «un tufo de concordancia» para que el planteo del Suteba sea derivado para su evaluación precisamente a la presidencia del Concejo, que encarna el mismo Gómez.

    «Como organización no vamos a naturalizar el maltrato, defendemos también el derecho a que en nuestra Comunidad el Respeto Institucional no sea una excepción, sino parte de ella», advirtieron en Suteba.