Luis Caputo insiste en que el «riesgo kuka» vale cero y que las chances de un regreso del peronismo son prácticamente inexistentes. Sin embargo, en Wall Street ya empezaron a ponerle precio a otro escenario. Los seguros contra default de la deuda argentina muestran una diferencia cada vez más marcada entre las coberturas que vencen antes y después de las elecciones presidenciales de 2027, una señal de que el mercado empieza a cubrirse frente a un eventual cambio político o, incluso, frente a las dudas sobre la propia sustentabilidad del programa económico actual.
Los credit default swaps (CDS), los seguros que se utilizan para cubrirse ante un incumplimiento de deuda, se transformaron en uno de los principales termómetros de la incertidumbre financiera argentina. Aunque la referencia más utilizada es el CDS a cinco años, en el mercado comenzaron a mirar con especial atención la diferencia entre los contratos a uno y dos años, porque permiten medir específicamente el riesgo asociado al período electoral.
Actualmente, el spread entre ambas coberturas supera los 270 puntos básicos. Mientras el seguro a un año opera en torno a los 238 puntos básicos, el CDS a dos años salta a 509 puntos. En términos simples, los inversores pagan más del doble para cubrirse frente a un evento de default posterior a las elecciones presidenciales.
La diferencia es particularmente llamativa porque en otros países ese tipo de spreads suele ubicarse entre 20 y 60 puntos básicos. En Argentina, en cambio, la curva financiera empieza a mostrar un quiebre cada vez más pronunciado justamente a partir del horizonte electoral de 2027.
En el mercado reconocen que esa lógica ya empezó a reflejarse también en los bonos soberanos. Los títulos más largos, cuyos vencimientos quedan por fuera del actual mandato presidencial, vienen ofreciendo tasas sensiblemente más altas que aquellos que vencen antes de las elecciones. Esa diferencia de rendimientos funciona como una «prima política» que el mercado exige para asumir el riesgo de largo plazo.
El consultor financiero Javier Peralta viene advirtiendo que bonos como los AL30 y GD30 muestran una mayor volatilidad justamente porque quedan expuestos al escenario posterior a 2027. «El mercado está empezando a ponerle precio al riesgo político de largo plazo», explica. Según detalla, el diferencial de tasas entre bonos que vencen antes y después de las elecciones ronda actualmente el 3 por ciento, una cifra que en términos financieros equivale a unos 300 puntos básicos y que, en la práctica, convalida la misma señal que muestran hoy los CDS.
Peralta sostiene que ahí aparece el negocio para los inversores más agresivos: asumir hoy un mayor nivel de incertidumbre a cambio de capturar rendimientos más elevados si el escenario termina estabilizándose y la deuda efectivamente se paga. Pero detrás de esa apuesta también aparece una señal incómoda para el Gobierno: el mercado ya no da por garantizada la continuidad sin sobresaltos del actual esquema económico.
Sin embargo, algunos economistas sostienen que la lectura de los CDS no necesariamente implica que los inversores estén apostando únicamente a una derrota electoral del oficialismo. Desde el Centro Cultural de la Cooperación advierten que el problema también puede ser la propia sustentabilidad financiera del modelo económico de Javier Milei, incluso en un escenario donde el Presidente logre sostener el poder más allá de 2027.
«El mercado parece asumir que el esquema puede llegar relativamente estable hasta las elecciones, pero no necesariamente que sea sostenible en el largo plazo», señalan desde el CCC. Según esa mirada, la curva de los seguros contra default no sólo refleja dudas políticas, sino también crecientes interrogantes sobre la capacidad futura de acumular reservas y sostener los pagos de deuda.
El mercado parece asumir que el esquema puede llegar relativamente estable hasta las elecciones, pero no necesariamente que sea sostenible en el largo plazo
En ese marco, sostienen que el mercado empieza a mostrar dudas sobre la consistencia financiera del programa económico en el mediano plazo. «Persisten interrogantes sobre cómo el Gobierno sostendrá en los próximos años los pagos de deuda, la necesidad de dólares y el creciente peso de los compromisos financieros». Según esa mirada, la suba de los seguros contra default refleja justamente esa incertidumbre estructural que empieza a filtrarse en los precios de mercado.
A eso se suma otro dato que empieza a generar ruido entre operadores y analistas: incluso en plena liquidación del agro, momento donde históricamente ingresan más divisas, las reservas muestran un comportamiento prácticamente estancado. Parte de los dólares que compra el Banco Central vuelven rápidamente a salir por otros canales, ya sea vía pagos financieros o formación de activos externos.
En definitiva, detrás del discurso oficial sobre la «confianza de los mercados», empieza a aparecer una señal bastante menos cómoda para el Gobierno. Los inversores todavía acompañan el esquema económico de Milei, pero cada vez pagan más caro cubrirse para el período posterior a las elecciones. El mensaje de fondo es claro: el mercado puede creer que el modelo llega a 2027, pero ya no muestra la misma certeza sobre lo que ocurre después. Y en Wall Street, cuando empiezan a subir los seguros contra default, es porque alguien ya empezó a desconfiar del relato de estabilidad eterna que intenta vender Caputo.
El flamante fiscal General de Córdoba, Carlos Lezcano, dijo en una reunión reservada que «la batalla contra el narcotráfico sabemos que no la vamos a ganar, pero la tenemos que dar de todas maneras». Aunque la frase no quedó registrada, importantes funcionarios del Gobierno provincial la confirmaron a LPO y señalaron que Martín Llaryora fue puesto al tanto de inmediato.
Es que Lezcano la pronunció en el lanzamiento de la Mesa Provincial de Análisis de Narcocriminalidad, un mega organismo consultivo que coordina el Ministerio de Justicia, pero del que participan desde la DAIA hasta la Universidad Nacional de Córdoba.
Por ser fiscal General, Lezcano comanda la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), un grupo de elite creado por José Manuel de la Sota e integrado por policías y ex militares que tiene un presupuesto anual de 38 mil millones de pesos (con 80 millones de pesos de gastos reservados).
El fuero especial antinarco es una de las grandes apuestas de Llaryora: creó nuevas fiscalías en todo el territorio y desplegó nuevas delegaciones de la FPA en el interior provincial. «Menos mal que cuando Lezcano dijo esa barbaridad no estaba el gobernador; no sé cómo hubiera terminado esa reunión», dijo uno de los testigos directos de la polémica frase del flamante jefe de los fiscales cordobeses.
Menos mal que cuando Lezcano dijo esa barbaridad no estaba el gobernador; no sé cómo hubiera terminado esa reunión
Como sea, Llaryora movió las fichas y cercó a Lezcano: primero, bloqueó la mayoría de las designaciones que quería hacer para conformar su equipo de trabajo. Así, colocó al dirigente del PJ Capital Justo Casado en la dirección general del Ministerio Público Fiscal y al histórico técnico Julio Comello en la dirección de Administración de la Fiscalía General. Además de los fondos para el funcionamiento de la fuerza antinarco, el Ministerio Público Fiscal tiene un presupuesto de 704.500 millones de pesos.
«Lo designaron fiscal general por descarte, hizo todo mal y quedó rodeado: duró dos semanas en el ejercicio real del poder», dijo un fiscal que lee la política tribunalicia. El fiscal General tiene un mandato de cinco años (y puede continuar otro período igual), por lo que uno de sus principales desafíos es sostener la voz de mando hasta el final. Sobre todo porque sus fiscales generales adjuntos son vitalicios.
En este caso, Lezcano está rodeado de leones que responden a distintas tribus del peronismo. Héctor David fue ministro de José Manuel de la Sota; José Gómez Demmel representa al schiarettismo puro y Alejandro Pérez Moreno es parte del entramado de abogados de confianza de Martín Llaryora.
Como contó LPO, Lezcano fue militante del PJ y llegó a montar un estudio jurídico con Luis Juez, cuando el ahora libertario era líder de la JP Capital. Aunque se distanciaron en 2003, cuando Juez decidió enfrentar al delasotismo y Lezcano llegó sorpresivamente a ser juez de Control, los puentes entre ambos se mantuvieron. El caso emblemático fue el de Walter Montenegro, que integró el gabinete de Juez en la Municipalidad de Córdoba y a quien Lezcano quiso ubicar como mano derecha en la Fiscalía General. A él también lo bloqueó Llaryora.
El fiscal que analiza los movimientos en el serpentario judicial recurre a la metáfora maradoniana: «Se les ‘escapó la tortura'», dice respecto del flojo análisis de CV que se hizo en el Gobierno provincial al momento de impulsar a Lezcano.
Era 15 de agosto de 2023. Silvio Casadío, geólogo prestigioso en su campo, profesor e investigador universitario en Río Negro, recibía el video por Whatsapp y los algoritmos de las redes se lo mostraban a cada rato. Javier Milei, aún candidato a presidente, explicaba su proyecto para achicar y ajustar el Estado desde la pantalla de La Nación+ junto a Jony Viale. El periodista le preguntaba al candidato que haría, ministerio por ministerio:
—Ciencia, Tecnología e Innovación…
Milei tacha con un fibrón. Viale dice “uff”. Sigue Milei:
—Eso que quede en manos del sector privado.
—¿Ciencia y tecnología?
—Obvio.
—¿Y el Conicet?
Milei abre sus brazos e insiste:
—Que quede en manos del sector privado. Que se ganen la plata sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad o mejor precio, como hace la gente de bien.
Mirando hacia atrás para reconstruir los motivos que lo llevaron a dejar la Universidad Nacional de Río Negro para instalarse en una universidad en Chile, Silvio Casadío recuerda ese video como el primer “mazazo”.
En diciembre, Milei asumía la presidencia y Casadío recibía un correo del otro lado de la cordillera: la oferta hablaba de investigación, docencia, conducción de equipos. Buena paga. El geólogo conversó con su pareja y prefirieron esperar “a ver qué pasaba”.
Casadío se licenció en Geología en la Universidad Nacional de La Pampa, hizo un doctorado en Ciencias Geológicas de la Universidad Nacional de Córdoba y luego estudios postdoctorales en la Universidad de Kent en Ohio, Estados Unidos. Entró como investigador al Conicet en 2004 y en 2018 llegó a investigador principal. Como docente se inició en La Pampa hasta que en 2010, junto con otros geólogos se radicó en Río Negro, donde a lo largo de 14 años armaron carreras de grado, de posgrado y un equipo robusto de investigación que llegó a tener 70 miembros. Hoy Casadío vive en Chile y de ese equipo algunos investigadores partieron entre 2024 y 2026 a Brasil, España, Italia, Canadá y Bélgica.
Pero el movimiento es mayor. La casuística y los datos de lo que está ocurriendo a esta altura de 2026 son demoledores: una decana de Humanidades de una universidad del conurbano dice que en la última semana se fueron dos, una profesora de historia a una universidad de España y otro —con doctorado en marcha— a trabajar a un call center. En la Facultad de Exactas de la UBA, su decano Guillermo Durán, dijo que “438 docentes e investigadores renunciaron entre diciembre de 2023 y abril de 2026”. Un filósofo joven y divulgador de una universidad pública tradicional fue tentado por una universidad privada con campus en zona norte del conurbano: salario triplicado a cambio de dedicación exclusiva. Un físico destacado, especializado en ciencia de datos e inteligencia artificial aplicada, también fue captado por una universidad privada: en el acuerdo logró que le permitieran seguir dando clases en la universidad pública pero no dirigiendo una carrera. La Federación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (FAGDUT) dijo que cerca de mil profesores ya abandonaron sus cargos en la UTN. ¿A dónde van los que renuncian? A universidades privadas de Argentina y del extranjero. Del Río Colorado para abajo, a Vaca Muerta. En muchos casos a engrosar las filas del cuentapropismo de actividades varias: emprendimientos en soledad, con sus parejas o algún amigo, trabajos de consultorías, choferes en aplicaciones. En algunas provincias, los docentes universitarios pasan a dar clases en escuelas secundarias, porque hay gobiernos locales que pagan mejores salarios que Nación.
—Lo económico fue determinante para irme —dice Casadío—, pero no fue lo único. Yo pasé otras crisis de presupuesto en ciencia y universidad, en el 82, en el 89, en el 2001… fueron tremendas ¿eh? Las viví todas. Pero a nadie se le ocurría decir que un investigador científico era un parásito o era un inservible.
Juan Ignacio Doberti, doctor en Ciencias Económicas de la UBA, profesor universitario, se ha especializado en presupuestos y modelos de financiamiento de educación superior, haciendo estudios comparados en la región, tanto en educación pública como privada. Sus análisis ratifican lo que dice el geólogo emigrado: “En 1976 al asumir el último gobierno dictatorial, en 1982 debido a la guerra de las Malvinas, en 1989 con el fenómeno hiperinflacionario al finalizar el gobierno de Alfonsín y en 2002 con la crisis del final del régimen de convertibilidad: en todos estos casos la merma de recursos fue transitoria y el presupuesto en pocos años recuperó los niveles previos”. Y además, en todos los casos los gobiernos plantearon abiertamente que eran recortes requeridos por las circunstancias, pero nunca deseados o, peor aún, festejados.
Doberti atiende el teléfono un sábado, luego de dar clases de 9.30 a 14.30 en la Universidad Nacional de Hurlingham. Explica que la degradación es en todos los frentes: las universidades no pueden retener a sus docentes, por supuesto no atraen a docentes a sumarse, el Estado Nacional paralizó todo tipo de obra de infraestructura, no hay presupuesto para viajes de estudio, los gastos de funcionamiento no se actualizaron acorde a los aumentos tarifarios.
En otro de sus trabajos, Doberti define a la política universitaria de Milei como “un esquema Ponzi”: un gobierno que prometió bajar impuestos, no endeudarse, no emitir y al mismo tiempo no provocar ningún perjuicio en los servicios prestados por el Estado, como la educación pública, la salud pública, el mantenimiento de las rutas o el pago de las jubilaciones. “Es un ardid que dura un tiempo hasta que se diluye el encantamiento del beneficio por la baja de impuestos y los servicios públicos tienen una baja en su calidad”, escribió Doberti.
—Y además ocurre algo inédito —dice ahora el economista al teléfono— históricamente, por cómo se compone el sistema tributario y de recaudación de Argentina, el Estado Nacional financió a provincias y municipios. En las universidades está ocurriendo que las provincias, como Buenos Aires o Río Negro, financian obras de infraestructura en universidades (obras que el gobierno nacional decidió abandonar), incluso hay municipios haciendo aportes para terminar obras.
La idea de “tirarles” las universidades a las provincias, como ya ocurrió con la educación primaria y secundaria, estuvo —o sigue estando— en la cabeza de funcionarios nacionales a cargo de la educación. Se lo comentaron en alguna reunión a los rectores, a modo de amenaza: sepan que todo puede ser peor.
Por ahora, no prosperó.
En otras reuniones, los funcionarios a cargo de educación y política universitaria sugirieron la posibilidad de que la paritaria docente y nodocente se defina entre las universidades y los gremios, sin presencia de la secretaría de Educación. “Otro delirio que por ahora no avanzó”, explicó un rector hace unos días.
Desde el retorno de la democracia en 1983, el sistema universitario argentino ha expandido y aumentando proporcionalmente su matrícula estudiantil más que su población: en 1983 había unos 350 mil estudiantes universitarios y hoy ese número se multiplicó por siete, superando los 2,7 millones de estudiantes (según el anuario publicado por la Subsecretaría de Políticas Universitarias). Mientras que la población total de Argentina no llegó a duplicarse en el mismo período (de 29 millones en el 83 a 47 millones en la actualidad). El 80% de los estudiantes de grado cursan en universidades públicas (en posgrado es el 68%). También creció la cantidad de universidades. Si tomamos la última década, en 2015 había 130 entre públicas y privadas; para 2024 el número llegaba a 143.
Graciela Giménez, a cargo de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad de la Universidad Nacional de Río Negro, aporta un dato clave: “Mientras que la matrícula de estudiantes aumentó un 38,5% entre 2015-2024, la planta docente creció un 23%. La masificación del sistema aumentó a una velocidad superior a la creación de nuevos puestos de trabajo docente”. Y ese aumento, de por sí inferior al que se necesitaría, se dio sobre todo en cargos de dedicación simple. “Las dedicaciones exclusivas, fundamentales para la investigación, aumentaron apenas un 3,5%”. El dato positivo es que mejoró la calidad de la formación de los docentes: el porcentaje de profesores con título de posgrado pasó del 15% al 21%.
La pérdida salarial de los trabajadores universitarios (docentes y nodocentes) es del 34% en términos reales desde noviembre de 2023. Mientras que el total presupuesto universitario cayó un 28,9% entre 2023 y 2025 (alrededor del 90% del presupuesto de cada universidad se destina al pago de salarios). Dicho de otro modo: el incremento acumulado de los salarios para profesores y trabajadores nodocentes universitarios entre diciembre de 2023 y principios de 2026 fue del 144,2%. En el mismo período, la inflación acumulada medida por el INDEC alcanzó aproximadamente el 280,5%. Ese es el motor principal de la marcha convocada a Plaza de Mayo (y plazas de todo el país) para el martes 12 a las 17 horas: que el gobierno aplique la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso y ratificada en dos instancias por la Justicia. De aplicarse la ley, el gobierno debería actualizar salarios y becas estudiantiles para compensar la pérdida.
Para el geólogo Casadío, tanto como lo salarial pesaron otros aspectos en su decisión de emigrar. En 2024, un colega suyo, geólogo, profesor e investigador, estaba haciendo un trabajo de campo cerca de San Antonio Oeste. Cuando volvió a la camioneta, que tenía ploteado el logo del Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología del Conicet-Universidad Nacional de Río Negro, la encontró llena de basura. Alguien había desparramado desechos en la caja y en el interior del vehículo. Semanas después, otro geólogo que viajaba en transporte público y tenía puesta una campera con el mismo logo fue insultado por un hombre. Por la misma época, fueron noticia las agresiones a un grupo de geólogos que hacía trabajo de campo en Potrerillos, Mendoza.
El discurso contra las universidades no es nuevo ni exclusivo de la Argentina. Ocurrió con Bolsonaro presidente en Brasil (sobre todo contra las ciencias sociales y humanas), pasa en Estados Unidos con Trump y ahora también con Kast en Chile. Y está dentro de una narrativa (de un programa político) más amplia. La narrativa antiestatal suele ser más belicosa contra las universidades y no es casual: la universidad es en su esencia intelectual, inconformista y cuestionadora del orden vigente.
—A fines de 2024, la Universidad Andrés Bello insiste con una propuesta. Y ahí decidí irme.
El 18 de febrero de 2025, Silvio Casadío envió un correo a algunas personas de la UNRN para contarles que había aceptado la propuesta de radicarse en Chile.
En 2025, los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional ( órgano institucional que agrupa a más de 70 universidades nacionales y provinciales) hicieron un relevamiento que arrojó un dato contundente: más de 10.000 profesores universitarios habían renunciado o reducido al mínimo su dedicación docente. En muchos casos, docentes como el geólogo Casadío: con dedicación exclusiva y un rango alto de investigador. Es decir, un profesor que dirige tesis de grado y posgrado, que forma becarios (jóvenes investigadores), que conduce equipos, que contagia, que estimula, que publica investigaciones, que es referente en su campo, que es reconocido internacionalmente, que pasó más de 40 años formándose (casi todos en Argentina) y formando a otros. Hasta que un día cruza la cordillera. También se fueron otros que tienen dedicaciones semiexclusivas y otros que tienen “dedicaciones simples” (pueden enseñar 4 horas semanales en una universidad, 4 horas en otra).
En distintos momentos, con discursos frente al parlamento, en reuniones públicas o privadas, en algunas intervenciones en medios de comunicación o algún tuit, el presidente de la Nación o sus funcionarios responsables de las políticas de educación universitaria y ciencia han señalado que para este gobierno son centrales áreas de investigación y desarrollo como la inteligencia artificial, los recursos minerales, la biotecnología, la industria nuclear y aeroespacial. En todos esos sectores hay renuncias. Todos los días. El gobierno no dispuso, en el formato que fuere, ningún mecanismo de retención de esos talentos que hasta hace un año, meses o semanas hacían ciencia y docencia en universidades e institutos de investigación.
El éxodo, la migración o la fuga de investigadores y docentes destacados golpea en la calidad de lo que hoy ofrecen las universidades a la sociedad (las posibilidades de desarrollo) y a las familias (la promesa de una educación gratuita y de calidad). Los profesionales que se forman en el sistema universitario público son parte del engranaje que mueve a las comunidades que (según indican todos los estudios y encuestas) todavía creen en las universidades como espacios educativos de calidad y progreso individual y colectivo. Profesionales que están en cada rincón del entramado social:
El médico que te atendió en la guardia, formado en la universidad pública.
La docente de literatura de tercer año de tu hija: universidad pública.
El veterinario que atiende a tus perros.
La arquitecta que proyecta una reforma para tu casa.
El agrónomo que mide la humedad del suelo para definir si te conviene arrancar con la cosecha hoy o pasado mañana.
El físico que hace las fórmulas y los cálculos para los desarrollos con IA.
El técnico que repara ese artefacto que se te rompió.
La ingeniera en alimentos que mejora la yerba mate que tomás cada mañana.
La biotecnología que diseña las vacunas que pueden salvarte la vida.
Los científicos sociales que diseñan políticas públicas y mediciones para conocer la sociedad en la que vivimos.
El ingeniero que construye un satélite capaz de viajar a miles de kilómetros de distancia de la Tierra para enviar datos que luego alimentan las aplicaciones que abrís en el celular.
E incluso aquellos que pasaron por las universidades, se formaron pero no llegaron a graduarse, también son parte del capital acumulado del país, ponen esos conocimientos en diálogo con otros saberes no universitarios y quieren que sus hijos estudien.
Una mañana de un martes de mayo, con llovizna y viento del sur, dos personas caminan por el campus de la Universidad de San Martín. Son dos hombres. Uno aparenta 40 años y el otro, que parece el hijo, 17 o 18 años. Llevan cascos de motos en la mano. Giran sus cabezas a un lado y a otro, como si buscaran algo. Efectivamente, buscan información sobre la inscripción a Ingeniería Electrónica. Encuentran la oficina correcta. El padre le hace un gesto con la cabeza al hijo, como diciendo “andá vos y preguntá”. El hijo pregunta. Faltan algunos meses para la inscripción. El padre se llama Gastón. Vive en San Martín. Trabaja por su cuenta como técnico en reparación de aires acondicionados. De lunes a viernes en barrios de San Martín. Los sábados cruza la General Paz y trabaja en departamentos de Devoto, Belgrano, Nuñez. Esos sábados, el hijo, Ramiro, le hace la segunda.
—Mal no le pago, no se puede quejar —dice el padre.
El hijo levanta las cejas.
—Es lo que yo hubiera querido estudiar. Y él se da mucha maña, en un año ya se puede largar solo.
Ese es el plan (de Gastón): que en 2027 Ramiro arranque a estudiar y a reparar equipos de aire acondicionado por su cuenta.
Se vienen meses de decisiones para Ramiro. Quizás se inscriba en ingeniería electrónica en octubre. O en otra carrera. O empiece a trabajar y arranque los estudios más adelante. En cualquier caso, lo que Gastón y Ramiro pareciera que saben es que la universidad pública estará ahí, con la promesa de educación pública, gratuita y de calidad.
Agradecimiento: A Graciela Giménez, por la información, la bibliografía y los contactos.
Mientras crece el debate politico y las especulaciones en torno a la posibilidad de un nuevo desdoblamiento electoral en la provincia de Buenos Aires en 2027, en la Junta Electoral contemplan ese escenario y preparon un anteproyecto para ampliar los plazos electorales con el fin de ordenar este proceso.
Para la presentación de alianzas, el anteproyecto de la Junta Electoral pide ampliar la presentación de 60 a 80 días antes de las PASO. En tanto, lleva de 50 a 60 días antes de la elección la presentación de listas de candidatos.
Además, la presentación de modelos de boletas se amplía de 30 a 45 días y el inicio de la campaña estaría fijado en 60 días antes de los comicios. En tanto, establece que el padrón se cierra 90 días antes.
La iniciativa girada al Ministerio de Gobierno bonaerense a cargo de Carlos Bianco se redactó días antes de que Hilda Kogan dejase la presidencia rotativa de la Corte bonaerense (y por ende de la Junta Electoral provincial) a Sergio Torres.
Cono contó LPO, Kogan había ejercido una fuerte presión a la Legislatura para ampliar los plazos electorales el año pasado, consumado el desdoblamiento que dispuso Axel Kicillof para aquellas legislativas.
«La ampliación de los términos asegura que la oferta electoral sea fidedigna, ya que una restricción irrazonable de los mismos, pone en jaque el debido proceso electoral», dice el documento de la Junta Electoral
En esa oportunidad, la Junta Electoral había dado fuertes señales de alerta sobre la imposibilidad de cumplir con la ley vigente, por lo que en la Legislatura se hicieron modificaciones de los plazos para la presentación de listas de candidatos y de las boletas.
En el organismo focalizan en una ampliación de los plazos que corren entre la presentación de las listas de candidatos, su verificación y posterior oficialización y la presentación de las boletas partidarias permitiría.
Entre los argumentos, hablan de «humanizar el trabajo de los empleados de la junta atento su extenso volumen», además de «garantizar que los partidos políticos cuenten con el tiempo suficiente para ejercer su derecho de defensa y puedan competir en la contienda electoral».
«La ampliación de los términos asegura que la oferta electoral sea fidedigna, ya que una restricción irrazonable de los mismos, pone en jaque el debido proceso electoral», dice el documento de la Junta Electoral al que tuvo acceso LPO.
Y agrega: «En el caso de la presentación de las listas de candidatos, se busca con la ampliación del plazo, facilitar el principio de participación y evitar que por errores de forma se pueda ver alterado el mismo, ello en virtud del arduo proceso de oficialización de las candidaturas que implica un gran volumen de trabajo».
En el caso de extensión del plazo de presentación de las boletas partidarias, la Junta señala que está íntimamente ligado con el de presentación de candidatos y lleva consigo varias etapas (reserva del color, presentación del diseño, audiencia de boletas, impugnaciones a los diseños y su resolución, oficialización del modelo, etc.), «extremos que conlleva a que sea impracticable transitar todas esas etapas del proceso con los términos hoy previstos en la ley».
Patricia Bullrich empezó a hacer más explícita sus diferencias con los casos de corrupción que rodean al círculo de Javier Milei y se metió de lleno en su proyecto para representar al establishment que comparten la misma incomodidad.
El quiebre interno entre el grupo de Karina con Bullrich se aceleró en las últimas semanas y terminó de desbordar con el escándalo de Manuel Adorni. En el entorno de la ministra admiten que el caso impactó de lleno sobre la relación con Karina Milei y «la banda» que rodea a la secretaria general.
«Patricia pensó que después de lo de Adorni no le iban a pegar más, pero siguieron», dijeron a LPO en el círculo íntimo de la ministra. Bullrich arrastra desde hace meses un creciente malestar con el armado de Karina Milei y los Menem.
A la hermana presidencial no le importó sacarla del Ministerio de Seguridad para mandarla a la Cámara de Senadores con el objetivo de licuarle su volumen político. Bullrich no quería ser candidata, pero sin darse cuenta, Karina la corrió del lugar incómodo de ministra donde la podían echar por decreto. Ahora, en la Cámara Alta, tiene libertad de juego.
En el bullrichismo sostienen que con Patricia se empieza a consolidar el espacio político que representa a los votantes del PRO y a los sectores empresarios que respaldan el ajuste económico de Milei, pero se molestan con los escándalos de corrupción y el funcionamiento del círculo presidencial.
«Orden fiscal, baja de inflación, reformas y seguridad, pero sin corrupción y respetando principios republicanos», resumen cerca de Bullrich.
La ministra cree que el caso Adorni dañó especialmente al karinismo y expuso un problema político más profundo alrededor de la administración libertaria. Por eso empezó a mostrarse como una alternativa de continuidad económica, pero con mayor institucionalidad y volumen político.
La ministra cree que el caso Adorni dañó especialmente al karinismo y expuso un problema político más profundo alrededor de la administración libertaria. Por eso empezó a mostrarse como una alternativa de continuidad económica, pero con mayor institucionalidad y volumen político
En definitiva, Bullrich sale a disputar el lugar de representación electoral que pretende Mauricio Macri que, como contó LPO, empezó a trabajar nuevamente en una candidatura presidencial propia y decidió endurecer su enfrentamiento con Milei.
El ex presidente incluso impulsó el duro comunicado del PRO contra el oficialismo y ordenó al bloque votar la remoción de Adorni, una decisión que cayó pésimo en la Casa Rosada, como adelantó en exclusiva La Política Online.
El tema preocupó tanto a Macri que lo mandó a Fernando de Andreis a pegarle a Bullrich: «Me parece que lo mejor que podría hacer Patricia por el país es dejar de pasar de un lugar al otro, de un partido a otro», chicaneó el armador de Mauricio.
En el entorno de Bullrich interpretaron el ataque como una señal de que Macri detectó que la ministra empezó a disputarle el mismo electorado y el mismo vínculo con el establishment. La senadora mira las encuestas que la ubican con mejor imagen que Javier Milei y triplica a Mauricio Macri.
La ex ministra mantiene diálogo con importantes empresarios y sectores de poder económico como Paolo Rocca, Héctor Magnetto y otros hombres fuertes del establishment que empiezan a pensar escenarios alternativos para 2027.
Por eso cerca de Bullrich repiten que la ministra quiere transformarse en «el plan A del establishment y el plan B de Milei». Si el desgaste del gobierno crece y Milei llega debilitado a la elección que ponga en riesgo la reelección, la senadora cree que puede negociar para quedar como la candidata presidencial del espacio libertario ampliado.
Recrudece la polémica por el manejo de la recolección de residuos en la provincia. Tras el reciente conflicto en Villa Gesell que amenazó con trasladarse a otros distritos, ahora en la Federación de Municipales, Fesimubo, salieron a pedir la municipalización del servicio, algo que generó una fuerte reacción de Pablo Moyano.
En la mayoría de los municipios el servicio se terceriza a una empresa que tiene a sus trabajadores bajo el convenio de Camioneros, un esquema de larga data que consolidó la influencia del gremio de los Moyano en los territorios.
No obstante, en medio de la crisis que se profundiza con el derrumbe de la recaudación y de la coparticipación, en algunos municipios se tientan con dar de baja esos contratos y hacerse cargo del servicio para achicar costos.
En esa línea fue el titular de Fesimubo, Hernán Doval: «Hay que remunicipalizar la recolección de residuos sólidos, porque el servicio de las empresas privadas se lleva gran parte de los presupuestos», dijo durante una reciente reunión de la Federación de Municipales en Balcarce.
«Los Municipios pueden brindar el servicio pagando un tercio de lo que pagan hoy con la plata de los vecinos», agregó.
El planteo de Doval representa un desafío directo a un tradicional bastión de poder de Camioneros que, en defensa de ese esquema, viene de plantarle una protesta en la puerta del municipio a un intendente del riñón de Axel Kicillof (el geselino Gustavo Barrera) e, incluso, llevó el reclamo al despacho del gobernador.
«Doval actúa como jefe de prensa de sus patrones, de los intendentes, pidiendo la municipalización total de la recolección de residuos y barrido manual de calle», acusó Pablo Moyano, al advertir que el titular de los Municipales «pide la precarización de los trabajadores de recolección de residuos».
Moyano focalizó en la diferencia entre lo que percibe actualmente un trabajador de recolección bajo convenio de Camioneros y lo que podría percibir, de pasar al régimen municipal: «Este personaje quiere achicarles el salario a casi el 50%, como cobran los municipales, no lo vamos a permitir», dijo el camionero.
«¿Qué diferencia hay entre Caputo, Sturzenegger, Adorni, Jorge Macri y este señor Doval?», agregó Moyano, que acusó a Doval se querer aplcar la reforma laboral «contra los trabajadores de la recolección».
Fuentes cercanas a Pablo Moyano señalaron a LPO que el planteo de Doval «puso como loco» al dirigente camionero y acusaron al municipal de lanzar esos dichos «para estar en escena» en un contexto donde -admitieron- «hay problemas en muchos municipios, situaciones económicas graves».
«Muchos esperaban que Barrera gane la batalla», agregó un dirigente de Camioneros consultado, que sostuvo que, de haberse municipalizado el servicio en Gesell, se habría disparado un efecto dominó en otras comunas. «Venimos de un conflicto muy grande en Villa Gesell que lo defendimos con huevos», dijo Moyano.
Cerca de Pablo Moyano señalaron a LPO que el planteo de Doval «puso como loco» al dirigente camionero y acusaron al municipal de lanzar esos dichos «para estar en escena» en un contexto donde -admitieron- «hay problemas en muchos municipios»
En Camioneros señalaron que el conflicto de Villa Gesell «se solucionó» con la reincorporación de los 45 trabajadores afectados. También se disiparon las tensiones en La Plata, donde se abrió una mesa de diálogo.
Este cortocircuito entre Camioneros y Municipales se contrapone a la estrecha relación que, años atrás, existía entre Hugo Moyano y el otrora mandamás de Fesimuno, Rubén «Cholo» García, que el año pasado le cedió la posta a Doval. «Nunca hubo reuniones con Pablo, no hay feeling», sintetizó una voz de Camioneros sobre la relación con el actual titular de los Municipales.
