Sociedad

 La empresa emblema de Nicky Caputo tuvo momentos más felices. Su cotización se desplomó de la franja de los 27.000 pesos en diciembre a los actuales 17.000, de manera coincidente con el debilitamiento del régimen de ensamblado de Tierra del Fuego y las feroz crítica del Banco Mundial a ese fallido intento de promoción industrial.

Mirgor anunció una estrategia de «diversificación» para mostrarse más atractiva a los inversores, ante el debilitamiento del régimen de Tierra del Fuego que le permitió crecer al habilitarse la polémica ventaja de cobrar IVA y no pagarlo. Algunos creen que tiene futuro y es la acción más subvalorada del mercado, pero especialistas ponen el ojo no sólo en su dependencia de un régimen distorsivo y cuestionado, si no en la enorme deuda en dólares que arrastra, que la pondrían al borde del colapso en caso de una devaluación.

En su informe Panorama económico de América Latina y el Caribe: revisitando la política industrial, el Banco Mundial afirmó que el régimen fue concebido como una política industrial de largo plazo para fomentar el empleo y la producción en una región estratégica, pero terminó derivando en una mochila fiscal para el Estado sin desarrollo industrial significativo.

Que inversiones en pesos proponen en el mercado para cubrirse en caso de una devaluación

El costo fiscal, estimado en más de USD 1.000 millones anuales, no se tradujo en mejoras significativas de productividad ni en avances tecnológicos. Por el contrario, generó un esquema donde muchas empresas dependen estructuralmente de beneficios impositivos y arancelarios para sostener su rentabilidad, señaló el organismo multilateral.

Este diagnóstico impactó de lleno en la lectura de mercado sobre Mirgor, que pasó de ser conocida por fabricar aires acondicionados a reconvertirse en esmabladora de productos electrónicos, gracias al sueño kirchnerista de hacer una Manaos argentina en la isla del findel mundo.

Ese «domo del Estado» le permitió a la Mirgor competir con costos diferenciales frente a productos importados y consolidar una posición relevante en el consumo local.

La posibilidad de una mayor apertura económica o de una nueva revisión del esquema de incentivos introduce un factor de riesgo estructural para el core business de la compañía del hermano del alma de Mauricio Macri.

Sin embargo, el escenario está cambiando. Tal como señaló a LPO un experimentado operador de la City, la discusión ahora es «cuánto se puede sostener Mirgor sin ese respaldo». La posibilidad de una mayor apertura económica o de una nueva revisión del esquema de incentivos introduce un factor de riesgo estructural para el core business de la compañía del hermano del alma de Mauricio Macri, que ahora intenta vender una «diversificación».

Mirgor anunció supuestas incursiones en nuevos negocios como el retail y un regreso a la provisión de componentes para sector automotriz, así como un mega proyecto portuario en Río Grande, que por ahora no pasó de los papeles.

Estos movimientos buscan reducir la dependencia del negocio electrónico subsidiado y construir nuevas fuentes de ingresos más alineadas con dinámicas. «El mercado exigirá evidencia concreta de que Mirgor puede competir en entornos menos protegidos, con márgenes sostenibles sin depender de ventajas fiscales», agregó el especialista consultado.

Creo que el gran riesgo que tiene Mirgor es la posición en moneda extranjera. Mucho mas que el riesgo régimen o apertura. Hoy tiene un pasivo comercial por u$650MM. Si en diciembre se viene una devaluta fuerte se come un golpazo.

Pero el usuario Juancito Nieve, una leyenda del mercado argentino, reveló en X un dato mucho más inquietante: «Creo q el gran riesgo que tiene Mirgor es la posición en Moneda extranjera. Mucho mas q el riesgo régimen o apertura. Hoy tiene un pasivo comercial por u$650MM. Si en diciembre se viene una devaluta fuerte se come un golpazo.»

«El PN son u$350M oficiales. Una devaluta del 60% le borra el PN. Es verdad que tiene una gran parte contra stock y cuando los precios hagan el catch up al nuevo TC va a recuperar parte de la pérdida pero el golpe inicial es fuerte. Creo q eso es lo q mas condiciona el precio», completó.

En la licitación para la concesión por 20 años del corredor de la autopista Ricchieri, el Gobierno corrió de competencia a la estatal bonaerense Aubasa y, de las 11 ofertas en pugna, dejó en carrera a seis. Entre ellas, sorprendió la presencia de CPC, de Cristóbal López.

Dentro de las licitaciones de la Red Federal de Concesiones que Toto Caputo pretende tener adjudicadas antes de mitad de año, la constructora del empresario patagónico vinculado al kirchnerismo también pasó el filtro para el tramo de la Ruta Nacional 5 que conecta el oeste bonaerense con Santa Rosa, La Pampa.

Según se desprende del dictamen de preclasificación al que tuvo acceso LPO (ver abajo), las ofertas de CPC -que hizo de manera conjunta con Clear Petroleum- fueron admitidas pese a la medida cautelar informada respecto de esa firma. Para el aval, se citó la sentencia que declaró concluido el concurso preventivo.

Distinta fue la consideración que tuvieron en el Ministerio de Economía con Aubasa, a la que objetaron argumentando que la documentación de la estatal bonaerense «da cuenta de tareas de operación, pero no acredita la ejecución material de obras con recursos y estructura propia, en los términos exigidos por el pliego».

En el Gobierno aducen que ese requisito apunta a que se trate de una empresa que ejecute efectivamente las obras por sí misma y no de contratistas que las tercericen. También, acusaron que la oferta de Aubasa presentó un «incumplimiento de los requisitos económico-financieros».

Caputo amenaza con una purga en Transporte si no se concesionan todas las rutas antes de julio

Pero en la administración de Axel Kicillof hablan de una «exclusión arbitraria». La empresa estatal que comanda el massista José Arteaga refutaron los argumentos de la Secretaría de Transporte nacional y marcaron que Aubasa «viene ejecutando un plan de obras inédito en sus rutas de concesión actual»

Sobre el aspecto económico-financiero, en la Provincia acusaron «deficiencias metodológicas y omisiones relevantes en la evaluación», incluyendo la falta de consideración de documentación «presentada en tiempo y forma» por la empresa, así como «la ausencia de una fundamentación clara de los criterios utilizados».

 En el sector miran con atención el avance en esta licitación de la constructora de Cristóbal López y lo leen como señales de un diálogo abierto entre el gobierno libertario y el dueño del Grupo Indalo. 

«Se observa una posible afectación al principio de igualdad de trato, en tanto se habría aplicado a Aubasa un criterio más restrictivo que el utilizado respecto de otros oferentes», denunciaron en la empresa estatal bonaerense que presentó una impugnación que puede generar una dilación del proceso licitatorio de esta etapa.

En el sector miran con atención el avance en esta licitación de la constructora de Cristóbal López y lo leen como señales de un diálogo abierto entre el gobierno libertario y el dueño del Grupo Indalo.

En esa clave hay quienes también observan las negociaciones que encaran con Milei Ricardo Benedicto, Manuel Lao y Federico de Achával para traspasar por decreto los barcos casino y el Hipódromo de Palermo a la órbita nacional, como reveló LPO.

Achával y Benedicto negocian con Milei que traspase el Barco Casino y el Hipódromo a Nación, en un golpe a Macri 

Sucede que Benedicto es quien le compró a Cristóbal López su participación en los casinos en una operación que aún no terminó de saldarse.

En el caso del corredor de la Ricchieri, la constructora del empresario patagónico competirá con las ofertas de Roggio-Chediack; Creditch-Ceosa; Panedile-Supercemento-Eleprint; Vial Agro-Fontana Nicastro y Concret Nor-Marcalba-Pose-Coarco. Entre las descartadas, además de Aubasa, figuró Sacde, de Marcelo Mindlin. 

Victoria Villarruel dispuso una readecuación de la escala salarial de los empleados del Senado comprendidos entre las categorías 1 y 7 del escalafón para «corregir el acotamiento de la brecha salarial» y Martín Menem la acusó de elevar el gasto en $ 53800 millones.

A través del decreto 203/26, la Vicepresidenta resolvió una recomposición de los módulos que redunda en una suba de $ 923.447,59 para la categoría más alta, $ 693.251,16 para la segunda, $ 496.554,84 para la tercera y $ 358.023,55 para la cuarta. Los acreedores de planta permanente con categoría 5 recibirán un incremento de $ 235.350,29, los de categoría 6 uno de $ 128.535,07 y los de categoría 7 otro de $ 34.038,15.

Según los fundamentos de Villarruel, «se ha verificado un progresivo achatamiento del escalafón, como consecuencia de la aplicación de aumentos porcentuales diferenciados en sucesivas negociaciones paritarias, lo que ha desdibujado las diferencias salariales legítimas entre categorías superiores e inferiores previstas originalmente en la Ley». «Dicha situación desincentiva la promoción por mérito, antigüedad y mayor responsabilidad, afectando la motivación, la permanencia y el desarrollo del personal con mayor nivel de funciones, y repercute negativamente en la eficiencia y calidad del servicio legislativo», agrega.

Bronca con Menem en Diputados porque les dio un plus salarial de 20% a los jerárquicos

En la Cámara Alta aseguran que la medida «es viable» por «la reducción de la dotación de personal en más de 1000 agentes».

Sin embargo, los libertarios de la bancada de Gabriel Bornoroni se quejan de la decisión de Villarruel. «Además de la paritaria ya otorgada en 2026, representa subas extra de entre 3% y 34% según la categoría», dicen.

Patricia Bullrich y Martín Menem, en la Rosada. 

Un diputado peronista le dijo a LPO que la Vicepresidenta habría conversado la maniobra con Patricia Bullrich, quien llegó a plantearle el tema al secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Sin embargo, Villarruel terminó apurando la medida, acaso porque la suba se aplica con dinero presupuestado para el Congreso y conviene darle destino antes que avance el torniquete de Luis Caputo.

Pese a que Menem le aumentó un 30 % al personal jerárquico de Diputados y solo un 10,5 a los empleados de categorías más bajas, en el Congreso estimaron que el costo total de la definición de la Vicepresidenta implica un costo total de $ 53800 millones. Suman a la readecuación de la pirámide salarial, la incorporación de 60 trabajadores a la DAS y la intención de tomar alrededor de 100 más en la Imprenta.

Fuentes gremiales explicaron a LPO que, como Hacienda no homologa las paritarias, los dirigentes sindicales y las autoridades «se ponen creativos para conseguir o conceder aumentos salariales». «Desde hace dos años, la pelea viene porque cada sector cobra diferente: hace dos años Menem dio un bono y Villarruel no, entonces los trabajadores se miran mal entre sí», comentó un delegado.

Pese a que Menem le aumentó un 30 % al personal jerárquico de Diputados y solo un 10,5 a los empleados de categorías más bajas, estimaron que el costo total de la definición de la Vicepresidenta implica un costo total de $ 53800 millones.

Villarruel acompañó su decreto con un mail que llegó a las casillas de los empleados, con la firma de Alejandra Laura Figini, directora general de Recursos Humanos. En ese mensaje, dice que la decisión «representa un importante esfuerzo de la gestión, impulsado por la Presidencia, orientado a la revalorización del mérito y de la carrera administrativa, fortaleciendo la equidad interna del sistema salarial y reconociendo adecuadamente las responsabilidades asociadas a cada nivel escalafonario». Su medida alcanzaría a más de 2500 trabajadores.

La divulgación del aumento en el Senado derivó en un malestar más profundo entre los trabajadores de Diputados. «Salió la resolución para el Senado y en Diputados no quisieron firmar. ¿Puede ser posible que nuestro presidente no quiera firmar los módulos para los trabajadores?», dijo un empleado de la Cámara Baja.

El gobierno asumió este jueves que no llegaría a sancionar el tratado de patentes de medicamentos antes que finalice abril, un cronograma con el que se había comprometido Javier Milei con los laboratorios extranjeros en Estados Unidos. Fuentes del oficialismo en el Congreso reconocieron que «no se llega antes del 30 de abril» y cargaron la responsabilidad en la Cancillería, tal como informó LPO.

El principal promotor para sacar la aprobación definitiva del proyecto, que tiene media sanción del Senado desde 1998, es Federico Sturzenegger. Sin embargo, la resistencia de los laboratorios locales, nucleados en CILFA, es total.

Un sector del oficialismo aducía que, incluso, la suspensión del plenario de comisiones que debía tratar el proyecto este martes que pasó, se debía a que había alrededor de 20 diputados de excursión con la Red de Acción Política (RAP) en Estados Unidos, para una charla sobre IA en Harvard y el MIT, junto con empresas del sector minero y gerentes de laboratorios. En rigor, la orden para levantar el pie del acelerador habría salido de Cancillería, después de atender al riesgo de erosionar la relación con los laboratorios locales.

En efecto, Hugo Sigman, Daniel Sielecki y la familia Kovalivker figuran entre los más importantes aportantes de campaña de Milei, algo que condiciona el compromiso del Presidente con CAEME, la cámara que representa a las empresas extranjeras en este rubro.

Quirno demora el tratado de patentes y choca con Sturzenegger

Un diputado libertario admitió que su bloque prepara una sesión para el próximo 22 de abril, con la Ley Hojarasca como eje del temario, y el miércoles 29 de abril ya está reservado para la presentación de Manuel Adorni. Del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por su sigla en inglés), nada.

Por eso, resulta difícil encontrar un hueco en las agendas de los 257 diputados para convocar a una tercera sesión en menos de 15 días pero el legislador confía en que la demora no traerá inconvenientes en la relación bilateral con el gobierno de Donald Trump.

Gabriel Bornoroni y Nicolás Mayoraz.

La postergación del debate sugiere que los laboratorios locales le doblaron el brazo, provisoriamente, a Sturzenegger. «Los laboratorios argentinos tienen un poder de lobby muy grande, financian todos los partidos políticos y, desde Arturo Illia para acá, son capaces de voltear gobiernos», dijo un dirigente al tanto de la situación del mercado farmacéutico.

Desde el entorno de Sturzenegger aseguraron a LPO que el tratado «se va a aprobar porque es un compromiso y, más importante que eso, es positivo para los argentinos, los investigadores, las startups biotecnológicas». Además, consideran que los estadounidenses «entienden que son esfuerzos que se hacen por resolver cada tema, como se hizo con las guías de patentabilidad farmacéutica, que se derogaron pero con una cláusula de transición».

Un diputado libertario admitió que su bloque prepara una sesión para el próximo 22 de abril, con la Ley Hojarasca como eje del temario, y el miércoles 29 de abril ya está reservado para la presentación de Manuel Adorni. Del PCT, nada.

El tema del patentamiento trascendió las fronteras legislativas y hasta estalló en un grupo de chat de WhatsApp de la Red de Acción Política, la organización de lobby que nuclea a dirigentes políticos de distintos partidos y cuenta con el auspicio de alrededor de 80 grandes empresas en el mundo.

El diario La Nación publicó una nota en la que cuenta la discusión entre el dueño de laboratorios Richmond, Marcelo Figueiras, el ruralista Miguel de Larminat y Jorge Steverlynck, miembro de Los Grobo y directivo del Hospital Británico. «Algunos creen que los de afuera son los buenos y nosotros, siempre los malos», posteó Figueiras.

Algunos creen que los de afuera son los buenos y nosotros, siempre los malos.

La réplica de de Larminat fue inmediata. «La realidad que la prensa cuidadosamente omite es que los medicamentos en la Argentina, sean de marca o genéricos, están entre 3 y 15 veces más caros que en los países en donde rigen las patentes», se quejó.

En ese contexto, la pelea escaló y tuvieron que intervenir el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, mano derecha de Sturzenegger, y Luciano Vivlione, una suerte de Vocero de Bayer, pero el grupito de WhatsApp ardía. «Está todo el país prácticamente ahí, gobernadores, senadores, diputados, funcionarios, empresarios, pero nunca se había filtrado nada hasta ahora», expresó con sorpresa uno de los miembros del chat.

Las diferencias al interior del sector de los laboratorios parecen difífiles de saldar. LPO informó que fue Pablo Quirno quien pisó el tratado de patentes de medicamentos y chocó de lleno Federico Sturzenegger. «La Cancillería le volteó a Sturzenegger el tratado», dijeron.

 José Antonio Kast busca superar la crisis de imagen en medio de una estrepitosa caída de la aprobación en poco más de un mes provocada por el aumento de los combustibles que ya generó cacerolazos contra su gestión en las principales ciudades. 

En ese marco, el líder chileno lanzó el denominado «Plan de Reconstrucción Nacional», una ambiciosa reforma tributaria que busca transformar la estructura impositiva del país. El objetivo declarado del gobierno es estimular la inversión y dinamizar la economía; sin embargo, la propuesta ha encendido las alarmas en diversos sectores sociales y políticos.

El núcleo del proyecto radica en una serie de medidas diseñadas para disminuir la carga tributaria empresarial. Entre los puntos más destacados se encuentran la reducción del impuesto corporativo del 27% al 23%, la eliminación temporal del IVA en la venta de viviendas nuevas e incentivos para la repatriación de capitales y una mayor simplificación regulatoria para las empresas.

Sin embargo, la iniciativa ya tiene criticas de los partidos opositores que la definieron como  «reforma tributaria encubierta» para beneficiar a los ricos. Según esos partidos, el beneficio se concentra desproporcionadamente en las grandes empresas y los sectores de ingresos más altos, favoreciendo la concentración de riqueza.

El aumento del combustible desploma la imagen de Kast en Chile

En ese marco, la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus) advritió que esta medida podría perjudicar a la clase media y provocar una disminución significativa en la recaudación fiscal. Esta preocupación surge en un contexto social complejo, donde si bien se valora el crecimiento, existe un apoyo ciudadano mayoritario hacia el aumento de impuestos a las grandes empresas para financiar derechos sociales.

El núcleo del proyecto radica en una serie de medidas diseñadas para disminuir la carga tributaria empresarial. Entre los puntos más destacados se encuentran la reducción del impuesto corporativo del 27% al 23%, la eliminación temporal del IVA en la venta de viviendas nuevas e incentivos para la repatriación de capitales y una mayor simplificación regulatoria para las empresas

Conadecus enfatiza que, en este escenario, resulta fundamental exigir transparencia y una fiscalización efectiva para asegurar que la reforma no profundice las desigualdades estructurales del país. 

Por su parte, el ministro de Hacienda Jorge Quiroz, planteó que «Chile enfrenta un estancamiento estructural que exige una respuesta integrar para retomar nuestra trayectoria de progreso, porque el camino lo extraviamos hace más de 12 años». 

Jorge Quiroz, ministro de Hacienda. 

«No da lo mismo crecer al 2% que al 3% o 4%. Con este desempeño mediocre tenemos más de 850 mil compatriotas que buscan trabajo y no lo encuentran, y llevamos más de 30 meses con un desempleo superior al 8%», aseguró Quiroz. 

No da lo mismo crecer al 2% que al 3% o 4%. Con este desempeño mediocre tenemos más de 850 mil compatriotas que buscan trabajo y no lo encuentran, y llevamos más de 30 meses con un desempleo superior al 8%

La excandidata presidencial, Jeannette Jara, también cargó contra el plan de Kast y acusó que las iniciativas no favorecen a los sectores medios, sino que privilegian a los más ricos. Por eso, llamó a frenarlo en Congreso: «No puede avanzar», señaló.

«La rebaja tributaria que se está proponiendo no es para la persona que tiene una pyme, no es para el taxista, no es para la señora que tiene un taller de costura: es para los empresarios más ricos del país», afirmó la exministra del Trabajo.

Por último, Jeannette Jara, dijo que «aunque el gobierno se esfuerce en decir que esta es una reforma para las empresas y no para los empresarios, les quiero decir que las empresas son de los empresarios, no de los marcianos».

«No está pensando en el bienestar común, sino en privilegiar a un grupo reducido de la población, con el cual comparte intereses económicos, ideológicos y políticos», finalizó.