Sociedad

 

El jefe de Gabinete de Milei confirmó que la Agencia Nacional de Discapacidad dejará de existir y será absorbida por el Ministerio de Salud. La decisión fue presentada como una medida administrativa, pero llega en pleno escándalo por presuntas coimas, direccionamiento de compras y manejos irregulares que el Gobierno evita mencionar.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tiene las horas contadas. Así lo anunció Manuel Adorni, quien informó que el organismo será disuelto y absorbido por el Ministerio de Salud, en una decisión que el Gobierno intenta mostrar como un simple “reordenamiento del Estado”, pero que se produce en un contexto político mucho más delicado.

Según explicó el vocero de Milei, la medida responde a “irregularidades detectadas” en el funcionamiento del organismo. Sin embargo, Adorni evitó mencionar el escándalo de presuntas coimas, sobreprecios y maniobras de corrupción que involucran a funcionarios y exfuncionarios del propio Gobierno y que ya se encuentran bajo investigación judicial.

Una disolución que intenta borrar huellas

La ANDIS viene siendo señalada desde hace meses por denuncias vinculadas al manejo de fondos públicos destinados a personas con discapacidad, especialmente en la compra de medicamentos, insumos y prestaciones. En lugar de transparentar la situación, avanzar con auditorías públicas y señalar responsables, el Ejecutivo, complicado por el 3% de Karina, eligió una salida conocida: cerrar el organismo cuestionado.

La absorción por parte del Ministerio de Salud no aclara qué pasó con los recursos, quiénes tomaron las decisiones ni quiénes se beneficiaron con las presuntas maniobras irregulares. Por el contrario, diluye responsabilidades políticas y administrativas.

“No se van a cortar pensiones”, pero crece la incertidumbre

Ante la preocupación de miles de beneficiarios, Adorni aseguró que “esto no significa que se vayan a cortar pensiones”. La frase busca llevar tranquilidad, pero no despeja las dudas de fondo en un contexto marcado por ajustes, recortes y revisiones masivas de beneficios sociales.

Organizaciones de personas con discapacidad, familiares y prestadores advierten que la desaparición de la ANDIS puede traducirse en más burocracia, menos controles específicos y una pérdida de jerarquía institucional para un área históricamente postergada.

Corrupción sin nombres ni explicaciones

Uno de los puntos más llamativos del anuncio fue el silencio oficial sobre las causas concretas de las irregularidades. El Gobierno no explicó por qué no se avanzó con sumarios, denuncias penales o apartamientos preventivos, ni dio precisiones sobre el rol de los funcionarios involucrados.

La estrategia parece clara: presentar la disolución como una decisión técnica mientras se evita el costo político de reconocer un nuevo escándalo de corrupción que choca de frente con el discurso anticasta y anticorrupción con el que Milei llegó al poder.

Ajuste, desmantelamiento y opacidad

La eliminación de la ANDIS no es un hecho aislado. Se inscribe en una política más amplia de desmantelamiento del Estado, ajuste fiscal y opacidad, donde se cierran organismos sin explicar qué falló, quién robó y quién paga las consecuencias.

En el medio, las personas con discapacidad vuelven a quedar atrapadas en la incertidumbre, mientras el Gobierno promete continuidad de derechos al mismo tiempo que borra instituciones clave y esquiva explicaciones.

 

 

El presidente volvió a generar polémica internacional al sugerir que la restitución de las Islas Malvinas debería contemplar la voluntad de los kelpers. La afirmación, realizada en una entrevista con el diario británico The Telegraph, contradice la posición histórica argentina y reaviva el debate sobre una claudicación diplomática en materia de soberanía.

Por Tomás Palazzo para NLI

Un reportaje en clave británica y una frase que encendió las alarmas

En una extensa entrevista publicada por el medio conservador británico The Telegraph, Milei abordó distintos ejes de su política exterior, pero fue su referencia a la cuestión Malvinas la que generó mayor impacto en Argentina. Allí, el mandatario sostuvo que la soberanía argentina sobre las islas es “irrenunciable”, aunque inmediatamente introdujo un condicionante clave: la restitución debería darse mediante negociaciones y con el consentimiento de los habitantes actuales del archipiélago, es decir, los kelpers.

Esa afirmación no pasó desapercibida. En el texto del diario inglés, la posición de Milei aparece alineada con la narrativa histórica del Reino Unido, que desde hace décadas intenta instalar la idea de la autodeterminación de los isleños como eje central del conflicto, desconociendo el carácter colonial de la ocupación británica.

Autodeterminación kelper: un giro peligroso en la política de Estado

El planteo de Milei resulta especialmente sensible porque Argentina nunca reconoció a la población implantada en Malvinas como sujeto con capacidad de decidir sobre la soberanía. La posición sostenida por todos los gobiernos democráticos, y respaldada por resoluciones de Naciones Unidas, establece que la disputa es bilateral entre Estados y que el principio de autodeterminación no aplica a una colonia establecida tras una ocupación ilegítima.

Al sugerir que las islas “volverían” cuando los isleños así lo deseen, Milei introduce un criterio ajeno a la tradición diplomática argentina y funcional a los intereses británicos, debilitando el reclamo histórico y constitucional del país sobre el territorio usurpado en 1833.

Una mirada funcional al colonialismo británico

Lejos de tratarse de un simple matiz discursivo, el enfoque expresado en The Telegraph implica un cambio de paradigma. En los hechos, traslada el eje del reclamo desde el derecho soberano argentino hacia la voluntad de una población que el propio Reino Unido implantó para consolidar su dominio colonial.

Este tipo de declaraciones no solo contradicen la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional, que ratifica el reclamo irrenunciable sobre Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, sino que también legitiman el statu quo que Londres busca perpetuar.

Acercamiento al Reino Unido y señales de concesión

En la misma entrevista, Milei destacó su intención de recomponer las relaciones con el Reino Unido, mencionó la posibilidad de avanzar en acuerdos comerciales y dejó entrever su interés en normalizar vínculos militares que permanecen limitados desde la guerra de 1982. Ese tono de acercamiento fue leído por analistas como una estrategia de alineamiento que tiene como costo la dilución del reclamo soberano.

Mientras el gobierno insiste en que no hay renuncia formal a Malvinas, las palabras del propio presidente en un medio británico de referencia dibujan un escenario de concesiones simbólicas que no pasan inadvertidas ni en el plano interno ni en el internacional.

Malvinas, entre la retórica y la claudicación

La entrevista con The Telegraph deja una conclusión inquietante: aunque Milei repite que la soberanía argentina no se negocia, al mismo tiempo introduce condiciones que la vuelven impracticable. Al aceptar la autodeterminación kelper como variable decisiva, el reclamo histórico queda supeditado a una voluntad construida bajo dominio colonial.

En un contexto global donde las disputas territoriales vuelven a ocupar un lugar central, la postura expresada por Milei no fortalece la causa Malvinas: la debilita, y la acerca peligrosamente al relato británico que Argentina ha combatido durante más de un siglo.

 

 

Con la Resolución 213/2025, el Estado se retira de una de sus funciones más sensibles: controlar balanzas, surtidores, medidores y radares. Bajo el discurso de la “desburocratización”, Milei profundiza un modelo donde el mercado se audita a sí mismo.

Por Tomás Palazzo para NLI

El Consejo Directivo del INTI oficializó, a días de terminar el año, una decisión que marca un antes y un después en la política de control estatal: el organismo deja de prestar los servicios de metrología legal y certificación obligatoria en buena parte de los instrumentos que se usan todos los días en el comercio, la industria y el control público.

No se trata de un cambio técnico ni administrativo. Es un retiro deliberado del Estado de una función estratégica: garantizar que lo que se mide, se cobra, se multa o se factura sea correcto. Balanzas, surtidores de nafta, medidores de agua y electricidad, etilómetros, taxímetros y radares de velocidad ya no serán controlados directamente por un organismo público, sino por laboratorios y certificadoras privadas.

Un Estado que deja de controlar

La Resolución 213/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial dispone que el INTI abandona la aprobación de modelos, las verificaciones primitivas y los controles periódicos de instrumentos clave para la vida cotidiana. Estas tareas quedan en manos de entidades privadas acreditadas por el Organismo Argentino de Acreditación (OAA), en un esquema donde el propio mercado pasa a auditarse.

El cronograma es progresivo, pero el sentido es claro: desde enero de 2026 el INTI empieza a correrse, primero en el AMBA y luego en el resto del país. Lo que durante décadas fue una función pública indelegable se transforma en un servicio tercerizado, pago y orientado por la lógica comercial.

La privatización que no se nombra

El texto habla de “simplificación”, “eliminación de trabas” y “reducción de costos”. Pero lo que no dice es que se vacía una capacidad estatal construida durante décadas. El INTI no era un actor más: era el garante público de que las reglas se cumplieran sin conflictos de interés.

Ahora, el mismo actor que fabrica, importa o comercializa un instrumento elige y paga al organismo que lo certifica. El riesgo es evidente: menos control independiente, más margen para el fraude, menos protección para consumidores y usuarios.

Este esquema no es nuevo. Es el mismo libreto que se aplicó en otras áreas del Estado bajo la consigna de achicar, delegar y confiar en el “autocontrol” del mercado. El resultado, históricamente, siempre fue el mismo: beneficios privados, costos socializados.

Milei y el Estado mínimo en acción

La Resolución del INTI no es un hecho aislado. Se inscribe en una política más amplia del Gobierno de Milei: retirar al Estado de las funciones de regulación y control, incluso en áreas donde está en juego el bolsillo de la gente, la seguridad vial y la salud pública.

Mientras se habla de eficiencia, el Estado renuncia a saber, medir y verificar. El INTI queda reducido a un rol casi académico, enfocado en metrología científica e industrial, pero sin capacidad real de control masivo. La soberanía técnica se diluye y el interés público queda subordinado a la rentabilidad privada.

En nombre de la “libertad”, el Gobierno habilita un sistema donde el control deja de ser una política pública y pasa a ser un negocio. Y cuando el Estado deja de controlar, nunca es el mercado el que pierde: pierde la sociedad.