Sociedad

 

La Justicia Federal de Córdoba atraviesa la mayor crisis institucional de las últimas décadas. En menos de cuatro meses, los camaristas Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi (pareja entre sí) quedaron en el centro de dos investigaciones penales que, combinadas, amenazan con sacudir el funcionamiento del principal tribunal federal de la provincia y con exponer un presunto entramado de favores entre la pareja de magistrados y el poder económico.

La última ofensiva llegó este viernes, cuando los fiscales Pablo Turano, de la Procuración General de la Nación, y Maximiliano Hairabedián, titular de la Fiscalía Federal N° 3 de Córdoba, promovieron una nueva acción penal contra ambos jueces por el presunto delito de admisión de dádivas.

El expediente sostiene que la pareja de magistrados habría recibido un vuelo privado a Punta del Este, valuado en unos 34.000 dólares, mientras intervenían en expedientes vinculados con empresarios que aparecen relacionados con la aeronave utilizada para el viaje.

La nueva causa se suma a otra investigación, iniciada en abril, en la que Sánchez Torres y Montesi ya están siendo investigados por supuestamente manipular la integración de las salas de la Cámara Federal de Córdoba para intervenir en expedientes de alto impacto económico, especialmente causas tributarias y penales contra empresarios.

La hipótesis de los fiscales apunta a un mismo patrón de comportamiento: la utilización de la estructura interna de la Cámara Federal para influir en causas sensibles y la posible existencia de contraprestaciones indebidas provenientes de sectores empresarios beneficiados por algunas resoluciones judiciales.

La investigación más reciente reconstruyó un viaje realizado entre el 29 de marzo y el 2 de abril de 2024. Según los registros migratorios incorporados al expediente, Sánchez Torres y Montesi viajaron desde Córdoba hacia Punta del Este en un avión privado matrícula LV-WTP y regresaron cuatro días después en la misma aeronave.

Los fiscales calcularon que un vuelo de esas características tiene un costo cercano a los 17.000 dólares por tramo, por lo que el beneficio económico recibido rondaría los 34.000 dólares.

El principal interrogante de la investigación es quién pagó ese viaje.

Los allanamientos realizados hasta el momento no permitieron identificar al supuesto financista, pero la fiscalía encontró una serie de vínculos societarios que conducen hacia dos grupos empresarios con fuerte presencia en Córdoba: Porta Hermanos y el Grupo Astori.

La aeronave pertenece a Airjet S.A., una sociedad que durante años fue presidida por José Vicente Ramón Porta. La investigación sostiene además que integrantes de la familia Porta continuaron utilizando ese avión aun después de dejar formalmente la conducción de la compañía.

Ese dato adquirió relevancia porque Montesi intervino durante años en el expediente ambiental iniciado por vecinos de barrio San Antonio, de la ciudad de Córdoba, contra Porta Hermanos por la actividad de su planta de bioetanol.

En varias oportunidades la camarista votó en disidencia respecto del resto de sus colegas para rechazar medidas reclamadas por los vecinos, entre ellas la exigencia de una evaluación de impacto ambiental.

Más recientemente, en septiembre de 2025, Sánchez Torres y Montesi integraron la mayoría que dejó sin efecto una multa tributaria aplicada a Porta por la entonces AFIP, hoy ARCA.

La segunda línea investigativa conduce al Grupo Astori.

Según la reconstrucción realizada por los fiscales, los camaristas habrían compartido el viaje a Uruguay con María Pía Astori y Guillermo Alberto Assales, presidente de Astori Estructuras S.A.

Esa empresa aparece vinculada al Fideicomiso Barrio Ampliación Palmar, protagonista de una larga disputa judicial contra el Estado Nacional y la Fuerza Aérea por terrenos ubicados en Córdoba.

Lo que llamó la atención de los investigadores es que Sánchez Torres y Montesi continuaron interviniendo en esos expedientes antes y después del viaje sin excusarse pese a la presunta relación personal con empresarios ligados al litigio.

Los fiscales consideran que esos elementos son suficientes para sospechar que los jueces aceptaron una dádiva de personas con intereses concretos en causas bajo su competencia.

Pero el expediente por el vuelo privado no es el único problema judicial de los camaristas.

En abril, Hairabedián y Turano impulsaron otra investigación que puso bajo la lupa el funcionamiento interno de la Cámara Federal de Córdoba.

En esa causa se denuncia que Sánchez Torres habría alterado deliberadamente la integración de las salas para asegurarse intervenir en expedientes específicos, particularmente investigaciones por evasión tributaria vinculadas a ejecutivos de la cerealera Bunge y otros procesos de gran impacto económico.

La denuncia sostiene que el mecanismo consistía en modificar las integraciones naturales de las salas de la Cámara que ambos magistrados integran, lo que podría haber beneficiado a grandes empresarios en casos de evasión.

Ese expediente incorporó además un capítulo especialmente delicado: una secretaria judicial denunció haber sufrido violencia laboral por negarse a participar de esas maniobras administrativas.

En los tribunales federales nadie recuerda un escenario semejante.

La Cámara Federal de Córdoba es el órgano revisor de todas las decisiones adoptadas por los juzgados federales de la provincia. Allí se resuelven causas por narcotráfico, corrupción, delitos tributarios, lavado de dinero y conflictos con los principales grupos económicos del centro del país.

Fuentes judiciales no descartan que las próximas medidas incluyan un análisis patrimonial de ambos magistrados y la profundización de las pericias sobre los vínculos societarios entre Airjet, Porta y el Grupo Astori.

Las investigaciones acabaron con la estrategia de Sánchez Torres de convertirse en ministro de la Corte Suprema de la Nación, con el aval de Martín Llaryora y otros gobernadores. El propio Sánchez Torres le expuso su plan a Roberto Urquía en un bar de Córdoba meses atrás. Allí, Sánchez Torres intentó convencer al dueño de General Deheza de que lo avale en el círculo rojo para destrabar cualquier resistencia a su llegada al máximo tribunal. La jugada fue coincidente con la caída de Ariel Lijo.

 

 

Estudiantes de Filosofía y Letras echaron a un grupo de libertarios que habían ido a tapar un mural del Ché Guevara en la facultad. A pesar de que habían ido con gas pimienta, los libertarios tuvieron que refugiarse entre policías.

«Zurdo vas a correr» es una de las frases preferidas del universo libertario en redes sociales aunque no suele comprobarse en el universo de los átomos.

Desde hace algunos días, el infuencer Marco Fattorello tiene una cruzada contra los murales del Ché Guevara que decoran distintas facultades de la UBA. Fattorello aprovechó que durante las vacaciones de invierno los claustros están semivacíos para intentar cumplir con su cometido.

Anunció que el viernes se presentaría en Filosofía y Letras, ubicada en la calle Puán, tal vez la facultad más asociada con la izquierda de todas las que componen la UBA.

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Tras reunirse en Parque Chacabuco, los libertarios intentaron ingresar a Filosofía y Letras, pero un grupo de estudiantes se los impidió.

Hubo algunos forcejeos y los libertarios utilizaron gas pimienta. Sin embargo, el aerosol no fue suficiente para alejar a los estudiantes y los convocados por Fattorello debieron resguardarse entre los patrulleros que estaban en la zona.

«Vienen a hacer estas cosas en medio del desfinanciamiento del gobierno a las universidades y siguen sin aplicar la ley. Nosotros no vamos a aceptar ningún tipo de provocación», rechazó Luca Bonfante, ex candidato a legislador porteño por el PTS y secretario general del centro de estudiantes de Filosofía y Letras.

 

 

El gobierno mandó este viernes al Congreso el proyecto de Inocencia Fiscal II, cuya presentación fue delegada por Luis Caputo en tres tributaristas en el Ministerio de Economía, pero la oposición ya advierte sobre su inconstitucionalidad.

El peronista Guillermo Michel señaló que el texto fue redactado por el estudio Lisicki Litvin y advirtió que «César Litvin es un asesor impositivo, que trabaja mucho para Patricia Bullrich». «Incluso hay una foto de Caputo con varios tributaristas, ni siquiera lo armó el Estado porque como la mayoría de las leyes que presenta este gobierno, no las hacen los funcionarios públicos sino los estudios de abogados», sostuvo.

Según el entrerriano, los libertarios «buscan copiar el viejo tapón fiscal» de Domingo Cavallo. «Consiste en que el contribuyente presente la última declaración jurada y que para atrás no se pueda ir», indicó, y concluyó que «así como está el borrador, claramente es inconstitucional porque, con un blanqueo, eximís de responsabilidad penal y tributaria para atrás».

En declaraciones al streaming Gelatina, el legislador conjeturó que «no van con un blanqueo general de nuevo porque le GAFI le pondría reparos». «Es inconstitucional porque las facultades del Estado, la de controlar, fiscalizar y recaudar, no las podés delegar. No podés decir ‘no voy a hacer esa facultad'», argumentó.

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De todas maneras, aventuró que se trata nada más que de «un anuncio periodístico». «El blanqueo anterior fue exitoso, 24 mil millones de dólares, pero este último lo están modificando porque no está dando resultados», aseguró.

También el socialista Esteban Paulón se pronunció contra la intención del gobierno de habilitar el acogimiento de funcionarios y familiares al esquema de este proyecto. «El Gobierno confirmó que funcionarios, políticos y sus familiares también podrán adherir al régimen de «inocencia fiscal. Más impunidad. Menos transparencia», posteó en X.

%uD83D%uDEA8 El Gobierno confirmó que funcionarios, políticos y sus familiares también podrán adherir al régimen de «inocencia fiscal».Más impunidad. Menos transparencia.Insistimos con el proyecto que presenté hace unas semanas para excluir a quienes ejercen cargos públicos. La ley no… pic.twitter.com/mwYcGs5feb

— Esteban Paulón (@EstebanPaulon) July 23, 2026

Paulón había presentado a principios de mes un proyecto para excluir a quienes ejercen cargos públicos. «La ley no puede ser un salvavidas para los poderosos», dijo.

Agustín Rossi también se manifestó contra la iniciativa, al tildar el proyecto como «vergonzoso». «No solo premian a los grandes evasores, ahora también habilitan un régimen para quienes ejercen la función pública», se quejó.

 

 

 El oficial alcanzó un nuevo máximo nominal por tercer día consecutivo. También avanzaron el mayorista, el MEP y el CCL, mientras los bonos volvieron a caer y el riesgo país siguió en alza. En las mesas financieras aseguran que las declaraciones del vocero presidencial sobre un dólar de $1.800 terminaron de acelerar la demanda de cobertura.

El dólar cerró este viernes otra jornada alcista y volvió a marcar un récord nominal. Fue la tercera rueda consecutiva de subas para el tipo de cambio oficial, en un mercado que llegó al cierre con más demanda de cobertura y con los bonos bajo presión. La tensión también se reflejó en el riesgo país, que volvió a subir a 437 puntos, en una señal de mayor cautela entre los inversores.

En las pantallas del Banco Nación, el dólar minorista terminó en $1.510 para la venta y $1.460 para la compra, su valor más alto desde la implementación del nuevo esquema cambiario. El dólar mayorista cerró en torno a $1.489, mientras que el MEP finalizó cerca de $1.515, el contado con liquidación alcanzó $1.574. Por su parte el blue terminó en $1.550, con una leve baja del 0,3%. 

En algunas mesas de dinero atribuyen buena parte de la suba de la cotización a las declaraciones del vocero presidencial, Adrián Ravier. El funcionario sostuvo eque un dólar de $1.800 «es una posibilidad»  y relativizó ese escenario al considerar que implicaría una corrección acotada. La definición cayó en un mercado especialmente sensible a cualquier señal oficial sobre el tipo de cambio.

«Cuando un funcionario pone un número sobre la mesa, el mercado deja de discutir si puede pasar y pasa a calcular cuándo», resumió un operador consultado por LPO. En la City sostienen que esas declaraciones terminaron de darle impulso a una demanda de cobertura que ya venía creciendo en las últimas ruedas.

Pero el efecto más fuerte de los dichos del vocero presidencial se estaba dando por fuera de lo visible para el público común. Fuentes del mercado dijeron a LPO que empezaron a verse desarmes de posiciones de carry trade.

 Una devaluación de ese tenor deja sin sentido el carry trade y que nada menos que el vocero de Milei salga a anticiparla, le mete presión extra al dólar. Lo que es casi lo mismo que decir que atenta contra la estabilidad del programa económico que se sostiene con la tranquilidad del dólar.  

Es que los operadores del mercado apuestan a la estabilidad del tipo de cambio para seguir haciendo una diferencia con las tasas en pesos frente al dólar planchado, un negocio que se vuelve inviable si el vocero presidencial anticipa que podría haber una devaluación del 20 por ciento.

Otra fuente del mercado dijo que en los últimos días ya venía subiendo de a poco el desarme de carry trade. «Esperemos que no impacten mucho esos comentarios», agregó.

Un operador consultado por LPO intentó restarle dramatismo a la declaración al sostener que Ravier dijo «una obviedad» y agregó que todo el mercado cree que el dólar estará arriba de $ 1700 en diciembre. El problema es que Ravier lo ubicó incluso más arriba y no precisó cuando ocurriría el salto.

El episodio dejó expuesta una contradicción incómoda para el Gobierno. Mientras el equipo económico insiste en que el régimen cambiario funciona y que no existe atraso del dólar, uno de sus principales voceros instaló públicamente una cotización bastante más alta para los próximos meses. Ese mensaje fue leído como una validación implícita de una depreciación adicional del peso.

 

 

En una recorrida por el interior de la provincia, Axel Kicillof volvió a expedirse en favor de modificar la ley que limita las reelecciones de los intendentes. «Es muy infrecuente que a nivel de gobiernos locales no haya posibilidad de que se presenten todos los candidatos para que el pueblo vote a dirigentes que conoce, que son cercanos», dijo.

El gobernador estuvo este viernes en General Alvear donde inauguró un Centro de Atención Primaria de la Salud. Allí hizo un guiño a los intendentes que deberán resolver este año la ley que les impide pelear por un nuevo mandato.

Kicillof planteó que es la discusión por la reelección de intendentes «es muy distinta a otras discusiones acerca de reelección de gobernadores o presidente». Además, agregó que en la provincia las formaciones políticas ya se expresaron a favor de permitir que haya posibilidad de elegir a cualquiera, de no prohibir a ninguno».

El peronismo propone una ley para que los Concejos Deliberantes habiliten las reelecciones de los intendentes

LPO adelantó la semana pasada que gana fuerza en el peronismo la idea de que sean los Concejos Deliberantes quienes definan si el intendente de su distrito puede tener más de dos mandatos consecutivos.

En el peronismo apelaron a la creatividad y a las leyes madre para argumentar que el artículo 123 de la Constitución Nacional exige a todas las provincias asegurar el régimen municipal y garantizar su autonomía en los órdenes institucional, político, administrativo, económico y financiero.

La idea entusiasma a varios en la compleja Legislatura bonaerense, atravesadas por internas hacia adentro del peronismo, pero también en el interior de los bloques libertarios y radicales.

Verónica Magario.

La oposición podría aceptar la iniciativa si la ley exige que la habilitación excepcional sea por una mayoría especial de dos tercios en el Concejo Deliberante. Esto es importante para la política porque abre el juego político en los territorios. Es que la mayoría de los intendentes tiene asegurada la mayoría simple, pero no los dos tercios de los concejales.

El problema para el peronismo es que la imposibilidad de reelegir de muchos intendentes impacta sobre la definición del candidato a gobernador. Es que varios intendentes -a quienes la ley les impide un nuevo mandato- salieron a promoverse como posibles sucesores de Kicillof en el gobierno provincial.

Federico Achaval (Pilar), Jorge Ferraresi (Avellaneda) y Gustavo Menéndez (Merlo) son algunos de los que -sin chances de reelegir- buscan otros destinos en la política. También se lanzaron a la carrera otros intendentes que tienen chances de un mandato más. Allí están Federico Otermin (Lomas) y Julio Alak (La Plata).