Luego de 40 años de actividad, John Foos anunció el cierre de su tradicional planta de Beccar, en San Isidro, y se reconvertirá en importadora de zapatillas provenientes de Asia, en una estrategia empresarial que se repite cada vez frente a la aguda recesión y los altos costos de producción.
La empresa de zapatillas orientada al segmento juvenil pasó de tener 400 operarios en 2023 a solo 50 en su etapa final.
Así, anunció un proceso de «reestructuración interna» que se reorientará hacia la importación, no directamente de China, sino desde otros mercados asiáticos, como Vietnam o Tailandia, que no tienen este tipo de barreras antidumping.
«El proceso no es de ahora. Hace rato vienen trayendo contenedores de China. Empezaron con partes de la zapatilla y la armaban acá, y ahora ya traen todo hecho», denunciaron los trabajadores al portal Qué Pasa Web, y agregaron que la producción fue cayendo en los últimos años hasta quedar reducida a una actividad mínima.
Así, hablaron de un achicamiento «gradual», primero con la no renovación de contratos y luego a través de acuerdos individuales de desvinculación.
«A finales de abril nos dijeron que se va a dejar de producir completamente. Van a quedar algunas personas en administración, pero lo que es producción se termina», señalaron. Frente a eso, la empresa abrió un proceso de negociación para acordar las desvinculaciones.
Los intendentes radicales le plantearon este jueves al gobierno de Axel Kicillof la necesidad de tener libre disponibilidad total de los recursos que la Provincia girará mediante el «Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal».
Son recursos que Kicillof negoció con los intendentes en diciembre de 2025 para destrabar el endeudamiento, compuestos por el 8% de la deuda que tome la provincia, autorizada en hacerlo por más de 3.500 millones de dólares.
De acuerdo a lo reglamentado por Kicillof en un reciente decreto, un 70% se repartirá a los municipios vía Coeficiente Único de Distribución (CUD) y el 30% restante está atado a programas provinciales a bajar a los municipios por tres vías: Infraestructura, Transporte e Instituto Cultural.
Es ese 30% que los intendentes radicales le reclamaron destrabar este jueves al ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco. «Dijo que le parecía lógico el pedido. Pero hay que tratarlo con todos los legisladores y empezamos ese proceso», dijo a LPO el intendente de General Viamonte (Los Toldos), Franco Flexas.
En efecto, para lograr la libre disponibilidad total de ese fondo, es necesaria la modificación de la ley de endeudamiento en la Legislatura. «Los legisladores van a entender la situación. Estamos al límite, tanto de uno como de otro partido, no va a haber diferencias partidarias, es común a todos», sostuvo el intendente de Viamonte.
Los intendentes del Foro UCR también pidieron que se flexibilice el Fondo Educativo y que el total de esos recursos pueda destinarse a educación formal y no formal. Hoy, el 40% de ese fondo debe destinarse exclusivamente a obras en escuelas.
El planteo de los radicales tiene su eco en intendentes de otras extracciones que -como contó LPO- acusan estar atravesando una crisis financiera inédita a partir del derrumbe de los recursos que llegan por coparticipación y de la fuerte caída en la cobrabilidad de las tasas municipales.
«Tenemos para cumplir los servicios esenciales. No estamos pudiendo proyectar casi nada de obras o programas nuevos para el año», dijo un intendente a LPO.
Flexas detalló que la comitiva de intendentes del Foro UCR también pidió que, en el caso de los municipios del interior, se flexibilice el Fondo Educativo y que el total de esos recursos pueda destinarse a educación formal y no formal.
Hoy, el 40% de ese fondo debe destinarse exclusivamente a obras en escuelas. Los radicales sostienen que, desafectar ese porcentaje, ayudaría en los municipios donde la infraestructura escolar no está en crisis y donde esos montos serían de mayor utilidad en otros destinos.
El PRO empezó a rearmarse en Tres de Febrero con un definido perfil opositor a Diego Valenzuela y acelera una construcción tendiente a disputarle el municipio en 2027. Para eso, ya comenzaron a lanzar acusaciones de «abandono de la gestión».
Con apoyo de Jorge Macri y Soledad Martínez, el reseteo del partido amarillo es liderado por Sergio Iacovino, armador original del PRO en el distrito junto a Valenzuela y, desde la presidencia del Concejo Deliberante local, uno de los actores centrales en los inicios de la gestión.
En el entorno de Iacovino detallaron a LPO que la relación con Valenzuela comenzó a agrietarse a partir de la estrategia del intendente en la campaña hacia las generales de 2019, luego de las PASO en las Alberto Fernández le había sacado una amplia diferencia a Mauricio Macri.
«Era muy fuerte repartir la boleta de Alberto con la de él», señalaron voces del PRO al recordar el punto de «quiebre» con Valenzuela, al que acusaron de hacer lo mismo en 2023, suplantando la boleta de Patricia Bullrich por la de Javier Milei.
Sergio Iacovino, de ser la mano derecha de Valenzuela a encabezar la nueva etapa del PRO en Tres de Febrero, con fuertes críticas a la gestión local
Pero en Tres de Febrero aseguran que también jugó fuerte en la ruptura entre ambos dirigentes la actitud de Valenzuela de no darle cabida a la intención de Iacovino de posicionarse como un eventual sucesor suyo en la intendencia. «Diego siempre quiso un proyecto totalmente personal», dicen.
En el macrismo definen a Iacovino como un «PRO puro» que integra el espacio desde 2005, pasando por asambleísta del partido y apoderado en varias elecciones.
En precisamente por ese alineamiento que sostienen que, más allá de las pretensiones de competir el año que viene por el municipio, todo está supeditado a la estrategia provincia del partido que, para empezar a delinear esas cuestiones, se reunirá el martes que viene en la sede de Balcarce.
Iaconivo fue funcionario del gobierno de Milei. Su salida se dio en el marco de la disputa entre el PRO y los libertarios en la Ciudad. Ahí, Iacovino integró la lista amarilla liderada por Silvana Lospennato.
«El PRO tiene ganas de tener presencia territorial en toda la provincia y en todos los distritos», señalaron a LPO dirigentes con llegada a la intendenta de Vicente López y referente bonaerense del partido, Soledad Martínez.
Se trata de una estrategia que empujan las líneas más alejadas de los libertarios «No está echo para desaparecer el PRO. No nos podemos quedar en casa mirando cómo todos los que buscan un cargo se van a LLA o forman un partido nuevo», dicen.
Iaconivo fue funcionario del gobierno de Milei, ocupando una subsecretaría en Legal y Técnica de la que fue eyectado a finales de marzo del año pasado, cuando estaba declarada la disputa entre el PRO y los libertarios en la Ciudad. Ahí, Iacovino integró la lista amarilla liderada por Silvana Lospennato.
Cerca del ex funcionario de Legal y Técnica señalaron que su rol en el gobierno libertario fue meramente «técnico» y sin correrse de su pertenencia PRO.
Superada la elección porteña , Iacovino comenzó a rearmar el partido en Tres de Febrero con Valenzuela oficialmente afiliado a La Libertad Avanza (LLA). Sin embargo, pospuso la visibilización del perfil crítico a la gestión local a raíz de la alianza entre el PRO y LLA en las legislativas de la provincia.
Hoy, con Valenzuela en el Senado bonaerense tras no lograr asumir al frente de Aduana, Tres de Febrero tiene a Rodrigo Aybar como intendente interino. Pero en el PRO no dudan que Valenzuela sigue teniendo el control total de la gestión municipal junto con su esposa, Daniela Reich.
Una gestión que supimos formar con el ADN del PRO, con cercanía, escucha, resolución de problemas y la coherencia en los principios y valores que guían nuestro partido, todo se abandonó
En ese contexto, en el PRO acusan «un gobierno cerrado» y «un manejo poco transparente de la gestión. En esa línea fue Iacovino con un mensaje en redes que marcó el inicio de la etapa opositora del partido en el distrito.
«El problema mayor de nuestro municipio es la ausencia y abandono de la gestión desde hace muchos años, cuando se priorizaron intereses personales por sobre la vocación de servicio y el trabajo por el vecino», dijo Iacovino en X al focalizar en la acumulación de basura y falta de limpieza en Ciudadela.
Y agregó: «Una gestión que supimos formar con el ADN del PRO, con cercanía, escucha, resolución de problemas y la coherencia en los principios y valores que guían nuestro partido, todo se abandonó y por eso nos proponemos recuperar desde el PRO el compromiso con el vecino».
Valenzuela con su reemplazante interino, Rodrigo Aybar.
Aunque no estaba blanqueada en la superficie, la fractura del PRO con Valenzuela hizo que el sector hoy encuadrado con Iacovino no tuviera lugar en la lista al Concejo en 2025 y, por tanto, hoy no tenga representación en el deliberativo.
Para trabajar una propuesta al año que viene, en el PRO aseguran mantener estrechos vínculos con dirigentes del radicalismo que también se vieron excluídos de la gestión municipal.
El Senado le dio estado parlamentario este jueves a los más de 60 pliegos de jueces que envió Javier Milei al Congreso la semana pasada, entre los cuales se cuentan los nombres de Emilio Rosatti, el hijo del presidente de la Corte Suprema, y Ana Juan, la esposa de Marcelo Martínez de Giorgi, el magistrado que investiga la causa Libra.
Además, se habilitaron los pliegos de María Julia Sosa, secretaria del juez Julián Ercolini, y Laura Kvitko y Jessica Sircovich, secretarias del camarista Mariano Borinsky. El plan del oficialismo es aprobar esos dictámenes en comisión y convocar a audiencias públicas para mediados de mayo.
Por otra parte, la ex senadora Lucila Crexell obtuvo la aprobación de su pliego como embajadora argentina en Canadá con 45 votos a favor, 26 en contra y la abstención de Pablo Cervi. La neuquina se llevó el rechazo del interbloque peronista en pleno, junto al de su colega Julieta Corroza, quien se opuso por instrucción del gobernador Rolando Figueroa.
Pero mientras la sesión no tenía mayor atractivo que los discursos de los senadores contra la presentación de Federico Sturzenegger este miércoles, cuando defendió el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, la mirada ya está puesta en la audiencia por la que deberá pasar Carlos «Coco» Mahiques, padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, el próximo 16 de abril.
En ese sentido, el pliego de la prórroga que Mahiques consiguió de parte de Milei para continuar en su cargo en la Cámara de Casación, después que cumpla 75 años en noviembre próximo, ya cosechó las impugnaciones de ACIJ e INECIP (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales). Las organizaciones solicitaron que se rechace el pliego porque «no se puede otorgar un nuevo nombramiento a quien no fue nombrado con anterioridad».
En efecto, Mahiques llegó a la Casación Federal luego de un traslado efectuado en 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri, desde su cargo original en un fuero de la Justicia ordinaria.
Juan Carlos Pagotto y Anabel Fernández Sagasti.
Sin embargo, la Corte Suprema declaró inconstitucional ese tipo de traslados en 2020, en el fallo «Bertuzzi», otro juez trasladado por Macri. «Validar un nuevo nombramiento implicaría perpetuar una situación inconstitucional que debe ser corregida inmediatamente por el Senado de la Nación», advierten las organizaciones.
El fallo del máximo tribunal estableció que los traslados no pueden equipararse a los nombramientos y, por eso, sus detractores alegan que «no se puede prorrogar un cargo al que se accedió de manera provisoria». «La única vía constitucional para que Carlos Mahiques pueda continuar en la Cámara Federal de Casación Penal luego de los 75 años es presentarse al concurso que el Consejo de la Magistratura inicie cuando se produzca la vacante», desafían ACIJ e INECIP.
Como parte de una ofensiva feroz contra el gobierno, el juez Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de Manuel Adorni y de su esposa Bettina Angeletti en la causa por enriquecimiento ilícito.
El juez federal acató el pedido del fiscal Gerardo Pollicita, que además llamó a declarar a otros cinco testigos. En una jugada de alto impacto, que habla de cómo están rodeando al jefe de gabinete, el fiscal citó al portero del edifico de Caballito en el que Adorni tiene un departamento comprado con 200 mil dólares que le «prestaron» dos jubiladas.
Además citó a Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas que fue dueña del departamento de Caballito de la calle Miró y que estuvo en la Rosada con Adorni.
Los otros tres citados a declarar fueron los dueños de la inmobiliaria, la martillera Natalia Rucci y su esposo Marcelo Trimarchi y Juan Ernesto Cosentino, quien le vendió al matrimonio Adorni la casa en el country Indio Cuá de Exaltación de la Cruz.
La orden de Lijo se dio el mismo día en que citaron a declarar a Diego Spagnuolo por las coimas de la Andis, el otro caso que tiene en sus manos y que preocupa a Karina Milei.
La diputada nacional Natalia de la Sota pisó el acelerador y profundizó su estrategia de desmarcarse de Martín Llaryora y mostrarse como parte del armado post Milei que se articule en torno al peronismo nacional.
«Es una estrategia 50/50: vamos a ser parte de la reconstrucción que demandará el paso de Milei por el Gobierno y vamos a trabajar en el proyecto provincial; si Llaryora considera que aportará su proyecto, deberá ser él quien la llame», advierten en el hard delasotismo.
Esta planificación tuvo el miércoles su puesta en escena. Mientras el legislador provincial Bernardo Knipscheer, pareja de la diputada, votaba en contra de la ley impulsada por Llaryora para prohibir los «trapitos» (en Cordoba a los cuidacoches se los llama «naranjitas»), ella posteaba una foto junto a Leandro Santoro.
La jugada coordinada vuelve a poner en tensión la relación del delasotismo puro con el proyecto de Llaryora, que el miércoles sentó a dos diputados para contribuir con el quórum que necesitaba Javier Milei para la sanción de la ley de glaciares. Así, Ignacio García Aresca y Alejandra Torres se sentaron en sus bancas para habilitar la sesión.
Asi, al mismo tiempo que De la Sota tendía «puentes» con Santoro en Buenos Aires, el legislador provincial delasotista Knipscheer rechazaba de plano la ley impulsada por Llaryora para prohibir trapitos y limpiavidrios.
Aunque en su discurso no le pegó a Llaryora, el delasotista emparentó esta decisión con la intolerancia de los libertarios hacia los «caídos» del sistema por obra del Gobierno de Milei. «¿Què vamos a hacer más adelante, cuando haya más gente en la calle?», dijo Knipscheer al interpelar a sus (por ahora) compañeros de la bancada oficialista. «Sé que están incómodos», los chicaneó. «¿Van a salir a meter presa a la gente que perdió su trabajo, que cada día son más?», retrucó.
Así, De la Sota sostiene su armado provincial y advierte que la pelota está en cancha de Llaryora: «Si el gobernador considera que ella es importante para el peronismo de Córdoba y para su propia reelección, será él quien debe llamarla. Hasta ahora, apostamos al proyecto propio», dicen los delasotistas.
La advertencia no velada -«si es importante para su propia reelección»- se lee en clave de una eventual derrota del actual gobernador. De la Sota también está pensando en el 2031. Por ahora, en el peronismo cordobés nadie imagina un 2027 sin De la Sota.
Respecto del armado nacional, De la Sota busca incidir desde Córdoba. «Llaryora está entrampado con Milei; y Natalia construye con todos quienes están pensando en la Argentina que viene, que necesitará un modelo distinto al de Milei pero también distinto al pasado», agregan en el delasotismo.
