El 25 de agosto de 1825, los Treinta y Tres Orientales proclamaron la independencia de la Provincia Oriental y desencadenaron un proceso que terminaría creando Uruguay.
Por Alcides Blanco para NLI
El 25 de agosto de 1825, en la pequeña localidad de Florida, una asamblea proclamó la independencia de la Provincia Oriental respecto del Imperio del Brasil y declaró su voluntad de incorporarse a las Provincias Unidas del Río de la Plata. La escena suele ser presentada en la historia uruguaya como uno de los momentos fundacionales de la nación, pero detrás de aquella declaración existe una historia bastante más compleja, en la que aparecen una invasión brasileña, una provincia disputada entre imperios, exiliados orientales organizándose en territorio argentino, una expedición de apenas unas decenas de hombres y una guerra que terminaría modificando definitivamente el mapa del Río de la Plata. La independencia uruguaya, paradójicamente, no nació inicialmente como la separación de la Banda Oriental de las Provincias Unidas, sino como un intento de expulsar al poder brasileño y recuperar una incorporación al espacio rioplatense que, pocos años después, terminaría dando lugar a la creación de un Estado independiente.
Una provincia atrapada entre dos proyectos
Para comprender qué ocurrió aquel 25 de agosto hay que retroceder hasta la crisis del orden colonial y la revolución iniciada en 1810. La Banda Oriental se convirtió rápidamente en uno de los territorios más disputados del antiguo Virreinato del Río de la Plata, tanto por su posición estratégica frente a Buenos Aires como por la importancia de sus puertos, sus recursos y su ubicación sobre el estuario. José Gervasio Artigas encabezó desde allí un proyecto político propio, basado en una concepción federal que entró en conflicto tanto con el centralismo porteño como con las pretensiones de las potencias vecinas. La derrota del artiguismo abrió el camino para que los portugueses invadieran el territorio en 1816 y, posteriormente, lo incorporaran al Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve bajo una nueva denominación: la Provincia Cisplatina.
Cuando Brasil declaró su independencia de Portugal en 1822, la Banda Oriental quedó integrada al nuevo Imperio brasileño. Para una parte importante de los orientales, aquella situación era una ocupación extranjera que debía ser revertida. Sin embargo, el problema tenía una dificultad adicional: la región tampoco constituía un territorio políticamente homogéneo. Existían diferentes proyectos sobre su futuro, desde quienes pretendían recuperar una autonomía propia hasta quienes aspiraban a reincorporarla a las Provincias Unidas. La frontera entre esos proyectos todavía no estaba definida y, en 1825, la idea de una República Oriental del Uruguay independiente todavía no era el resultado inevitable de la historia, sino una posibilidad que surgiría de una guerra y de las negociaciones posteriores.
En ese contexto apareció Juan Antonio Lavalleja, militar oriental que había participado en las luchas de la década anterior y que se encontraba exiliado en Buenos Aires. Allí comenzó a organizar una expedición destinada a cruzar el Río de la Plata, desembarcar en la Banda Oriental y levantar a la población contra las autoridades brasileñas. El gobierno de Buenos Aires conocía los preparativos y, aunque la relación entre las autoridades porteñas y los expedicionarios fue compleja, el territorio argentino terminó funcionando como plataforma fundamental para aquella operación. Los hombres que partieron no representaban todavía un ejército nacional uruguayo, porque Uruguay todavía no existía como país independiente: eran orientales comprometidos con la recuperación de su territorio y aliados rioplatenses dispuestos a acompañarlos.
El cruce del río y la campaña de Lavalleja
La expedición quedó inmortalizada como la de los Treinta y Tres Orientales, aunque la cantidad exacta de integrantes ha sido objeto de discusiones históricas y distintas listas elaboradas posteriormente no siempre coinciden. Lo fundamental no está tanto en la cifra como en lo que aquella pequeña fuerza consiguió desencadenar. Los expedicionarios cruzaron el río desde territorio argentino y desembarcaron en la costa oriental el 19 de abril de 1825, iniciando una campaña que rápidamente consiguió sumar apoyos locales y debilitar la presencia brasileña en diferentes puntos del territorio.
La famosa bandera de la expedición llevaba una consigna que sintetizaba el proyecto político de aquel momento: “Libertad o muerte”. Pero la libertad que reclamaban no significaba todavía exactamente lo que décadas posteriores interpretarían como independencia nacional. La lucha estaba dirigida contra el dominio brasileño y se vinculaba con la recuperación de la soberanía oriental, mientras la posibilidad de reincorporarse a las Provincias Unidas permanecía abierta. Esa diferencia es fundamental porque permite comprender por qué el episodio del 25 de agosto posee una dimensión histórica más compleja que la de una simple declaración independentista.
El avance de las fuerzas de Lavalleja permitió convocar una asamblea en Florida, donde se aprobaron las llamadas Leyes Fundamentales. Una de ellas declaró la independencia de la Provincia Oriental respecto del Imperio del Brasil y de cualquier otro poder extranjero; otra estableció la voluntad de reincorporación a las Provincias Unidas del Río de la Plata. La fórmula podía parecer contradictoria desde una mirada posterior, pero en realidad expresaba con bastante precisión la situación política de aquel momento: los orientales se declaraban libres del poder brasileño mientras aspiraban a reconstruir un vínculo político con las provincias rioplatenses.
La decisión tuvo consecuencias inmediatas. El gobierno de las Provincias Unidas reconoció la incorporación de la Provincia Oriental en octubre de 1825, y Brasil respondió declarando la guerra. El conflicto se prolongaría durante tres años y terminaría involucrando a fuerzas militares de ambos lados en una guerra que ya no podía resolverse solamente en territorio oriental. El Río de la Plata se convirtió nuevamente en escenario de una disputa internacional en la que estaban en juego no solamente las fronteras, sino también el equilibrio regional entre Brasil, las Provincias Unidas y las propias fuerzas orientales.
La independencia que nadie había planeado de ese modo
La guerra terminó produciendo un resultado que ninguno de los dos grandes contendientes había buscado originalmente: la creación de un Estado independiente en la Banda Oriental. La intervención diplomática británica fue decisiva para alcanzar un acuerdo que permitiera cerrar el conflicto sin que Brasil aceptara la incorporación definitiva del territorio a las Provincias Unidas ni estas últimas consiguieran convertirlo en una provincia propia. La Convención Preliminar de Paz de 1828 estableció las bases para la independencia de la Provincia Oriental, que finalmente se convertiría en la República Oriental del Uruguay.
El proceso revela una de las grandes particularidades de la historia rioplatense: Uruguay nació en buena medida como resultado de una disputa entre proyectos regionales que ninguno consiguió imponer completamente. Brasil no pudo conservar la Cisplatina; las Provincias Unidas no pudieron incorporarla; los orientales consiguieron liberarse del dominio brasileño, pero tampoco lograron reconstruir una integración duradera con el espacio rioplatense. Entre esos intereses contrapuestos apareció una solución que transformó a la Banda Oriental en un Estado independiente y modificó el equilibrio político de toda la región.
Por eso, la fecha del 25 de agosto tiene una importancia que trasciende el calendario uruguayo y también forma parte de la historia argentina. La expedición de Lavalleja salió desde Buenos Aires, muchos de sus protagonistas tenían vínculos políticos y militares con las Provincias Unidas y el conflicto posterior involucró directamente al gobierno de Buenos Aires. La historia de los dos países, en ese momento, todavía no podía escribirse por separado porque ambos formaban parte de un mismo espacio histórico que estaba atravesando el difícil proceso de fragmentación de la antigua estructura virreinal.
La propia Buenos Aires conserva huellas de aquella conexión. Los Treinta y Tres Orientales no fueron solamente protagonistas de una epopeya uruguaya; fueron también parte de una historia rioplatense en la que las fronteras nacionales todavía estaban en construcción. La separación definitiva entre Argentina y Uruguay sería posterior a la declaración de Florida y surgiría de un proceso diplomático y militar mucho más amplio. En 1825 nadie podía saber exactamente qué país existiría después de aquella guerra.
Una independencia nacida de una derrota compartida
Hay una ironía profunda en el origen del Uruguay moderno. La declaración del 25 de agosto de 1825 proclamó la independencia respecto de Brasil, pero simultáneamente expresó la voluntad de unión con las Provincias Unidas. Tres años después, el resultado sería otro: un país independiente de Brasil y también de las Provincias Unidas. La nación uruguaya nació, entonces, no a partir de un único acto fundador perfectamente definido, sino de una cadena de acontecimientos en la que los proyectos políticos fueron modificándose a medida que avanzaban la guerra y la diplomacia.
Esa complejidad no disminuye el valor histórico de los Treinta y Tres Orientales; por el contrario, permite comprender mejor su verdadera dimensión. No fueron personajes aislados que aparecieron de repente para crear una nación predeterminada por la historia, sino protagonistas de una época en la que las identidades políticas todavía estaban en movimiento. La Banda Oriental había sido parte del Virreinato, territorio artiguista, provincia disputada, dominio portugués y provincia brasileña antes de transformarse en Uruguay. La nación fue el resultado de ese conflicto, no su punto de partida.
Cada 25 de agosto, Uruguay celebra una independencia que comenzó a construirse con aquellos hombres que cruzaron el río desde territorio argentino bajo una bandera que anunciaba “Libertad o muerte”. Pero la verdadera importancia de aquella jornada reside quizás en todo lo que todavía no estaba decidido. No existía aún el Uruguay que hoy conocemos, ni estaban definitivamente fijadas las fronteras, ni había concluido la guerra que determinaría su nacimiento. Lo que existía era una sociedad oriental intentando recuperar su capacidad de decidir sobre su propio territorio en medio de la disputa entre dos grandes poderes regionales.
Los Treinta y Tres no cruzaron el río para entrar directamente en la historia de una nación ya existente; cruzaron para abrir una historia cuyo desenlace todavía desconocían. Y esa es justamente la razón por la que el 25 de agosto continúa siendo una fecha tan poderosa: porque recuerda que las naciones no siempre nacen de decisiones tomadas de una vez y para siempre, sino de guerras, proyectos, derrotas, negociaciones y voluntades colectivas que, con el tiempo, terminan dibujando sobre el mapa aquello que las generaciones posteriores llamarán patria.
En agosto de 1791 comenzó en Saint-Domingue una revolución protagonizada por esclavizados que derrotó a las potencias coloniales y creó Haití. La historia de una revolución que cambió América.
Por Alcides Blanco para NLI
Hay revoluciones que cambian un gobierno, otras que modifican las fronteras de un continente y algunas que consiguen alterar para siempre aquello que una época considera posible. La Revolución Haitiana pertenece a esta última categoría, aunque durante mucho tiempo haya quedado relegada en los relatos tradicionales de la historia mundial. Entre 1791 y 1804, en la colonia francesa de Saint-Domingue, una población sometida a uno de los sistemas esclavistas más brutales del planeta consiguió levantarse, derrotar sucesivamente a fuerzas francesas, británicas y españolas y finalmente fundar una nación independiente. No fue solamente una rebelión de esclavizados: fue una revolución social, anticolonial y antiesclavista que convirtió en realidad una idea que para las potencias de la época resultaba prácticamente inconcebible: que quienes habían sido reducidos legalmente a la condición de propiedad podían destruir el sistema que los oprimía y construir un Estado propio. El proceso comenzó en agosto de 1791 y tuvo como uno de sus antecedentes inmediatos la reunión clandestina de Bois Caïman, pero su explicación exige retroceder bastante más, hasta comprender qué era realmente Saint-Domingue y por qué aquella pequeña colonia caribeña tenía una importancia económica descomunal.
La colonia más rica a costa de los más explotados
A fines del siglo XVIII, Saint-Domingue, ubicada en la parte occidental de la isla que hoy comparten Haití y República Dominicana, era una de las posesiones coloniales más valiosas del mundo. Bajo dominio francés, sus plantaciones producían enormes cantidades de azúcar y café destinadas a los mercados europeos, y esa riqueza dependía de un sistema económico construido sobre la explotación extrema de cientos de miles de africanos esclavizados. La prosperidad que aparecía en los puertos, en las casas de los grandes propietarios y en los mercados europeos tenía, en el otro extremo de la cadena, un costo humano gigantesco que las sociedades coloniales habían convertido en parte de su normalidad. Allí estaba la contradicción que terminaría haciendo estallar el sistema: la colonia que generaba una riqueza extraordinaria para Francia estaba sostenida por una población a la que se negaban los derechos más elementales.
La Revolución Francesa de 1789 introdujo, además, una contradicción política imposible de ignorar. En París se proclamaban principios de libertad e igualdad mientras las colonias francesas continuaban organizadas alrededor de la esclavitud. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano hablaba de derechos universales, pero la palabra “universal” adquiría límites muy concretos cuando llegaba a las plantaciones del Caribe. La circulación de esas ideas, sumada a los conflictos entre blancos, mulatos libres y esclavizados, abrió un escenario político cada vez más inestable. En Saint-Domingue, la pregunta dejó de ser exclusivamente quién gobernaría la colonia y comenzó a convertirse en una cuestión mucho más profunda: qué significaba realmente la libertad cuando la economía entera estaba construida sobre la ausencia de libertad de la mayoría de sus habitantes.
Bois Caïman y la noche en que empezó a cambiar todo
En agosto de 1791, representantes de comunidades de esclavizados se reunieron clandestinamente en Bois Caïman, en el norte de Saint-Domingue. La tradición histórica ha convertido aquella ceremonia en uno de los momentos simbólicos de la Revolución Haitiana, porque allí se combinaron elementos religiosos, políticos y organizativos que precedieron a la gran insurrección. La reunión estuvo asociada a líderes como Dutty Boukman, y las fuentes históricas sitúan en esos días la coordinación de grupos que posteriormente se lanzarían contra las plantaciones. La noche del 22 de agosto comenzó una oleada de ataques que se extendió por la región septentrional y que rápidamente adquirió una magnitud que las autoridades coloniales no pudieron controlar.
Lo verdaderamente extraordinario es que aquella rebelión no se produjo en una sociedad sin organización, sino en una comunidad donde los esclavizados habían construido redes sociales, culturales y religiosas propias pese a los intentos del sistema colonial por fragmentarlos. Las plantaciones podían controlar el trabajo y castigar los cuerpos, pero no habían conseguido eliminar completamente la capacidad de comunicación y organización de quienes las sostenían. La insurrección demostró que detrás de la aparente inmovilidad del régimen existía una sociedad capaz de coordinarse y actuar colectivamente cuando apareciera una oportunidad histórica.
La rebelión se propagó con una velocidad extraordinaria y numerosas plantaciones fueron incendiadas. El fuego comenzó a destruir precisamente aquello que había convertido a Saint-Domingue en una de las colonias más rentables del planeta: las plantaciones, los ingenios y las instalaciones sobre las cuales descansaba el sistema esclavista. El mensaje era inequívoco: si la riqueza de la colonia dependía de mantener a cientos de miles de personas sometidas, entonces destruir las plantaciones significaba atacar directamente la estructura económica del poder colonial.
Una revolución dentro de otra revolución
La Revolución Haitiana resulta todavía más extraordinaria cuando se observa su relación con la Revolución Francesa. En cierto sentido, los acontecimientos del Caribe fueron una consecuencia radical de las ideas que habían comenzado a circular desde Europa, pero también fueron mucho más allá de los límites que muchos revolucionarios franceses estaban dispuestos a aceptar.
La libertad podía ser proclamada en París, pero ¿qué ocurría cuando esa libertad llegaba hasta quienes trabajaban las plantaciones?
La igualdad podía ser defendida en los clubes políticos franceses, pero ¿qué sucedía cuando los hombres que exigían igualdad tenían propiedades y esclavizados en las colonias?
La tensión terminó siendo inevitable.
En los años siguientes, distintos sectores de la población de Saint-Domingue participaron en conflictos cruzados y alianzas cambiantes. Los grandes blancos defendían sus privilegios económicos; los blancos pobres reclamaban determinadas prerrogativas; los libres de color exigían derechos políticos; los esclavizados luchaban directamente por su emancipación. Al mismo tiempo, las potencias europeas observaban el conflicto porque comprendían perfectamente que el destino de Saint-Domingue podía afectar el equilibrio colonial del Caribe.
La revolución había dejado de ser un problema interno de una colonia francesa y se había convertido en una cuestión internacional.
Toussaint Louverture y el salto de la rebelión a la revolución
Dentro de ese escenario apareció una de las figuras políticas y militares más extraordinarias de la historia americana: Toussaint Louverture. Nacido esclavizado y posteriormente convertido en hombre libre, Louverture llegó a transformarse en el principal dirigente político y militar del proceso revolucionario durante una parte decisiva de la década de 1790.
Su trayectoria resulta fascinante porque no encaja cómodamente en la imagen simplificada de un líder revolucionario que solamente combate contra Francia. Louverture fue un político extraordinariamente pragmático que debió moverse entre franceses, británicos, españoles y diferentes grupos internos de Saint-Domingue, intentando preservar la autonomía de la revolución mientras enfrentaba enemigos que podían cambiar de posición de un momento a otro.
En 1793, en medio de la guerra y la presión de las fuerzas extranjeras, los representantes franceses en la colonia proclamaron la abolición de la esclavitud. Posteriormente, en 1794, la Convención Nacional francesa extendió oficialmente la abolición de la esclavitud a las colonias francesas. Aquella decisión modificó radicalmente el conflicto, porque el poder revolucionario francés pasó a defender formalmente una medida que años antes hubiera resultado prácticamente impensable.
Pero la historia todavía estaba lejos de terminar.
Napoleón quiso recuperar la colonia
A comienzos del siglo XIX, Napoleón Bonaparte decidió intentar recuperar el control directo de Saint-Domingue. La importancia económica de la colonia seguía siendo enorme y el gobierno francés no estaba dispuesto a aceptar fácilmente la pérdida de una de sus principales fuentes de riqueza colonial.
En 1802, una poderosa expedición francesa llegó al Caribe. Louverture fue capturado mediante engaños y trasladado a Francia, donde murió encarcelado en 1803. Sin embargo, la captura del líder no consiguió destruir la revolución. Al contrario, la ofensiva francesa produjo una resistencia todavía mayor.
La conducción militar pasó entonces a figuras como Jean-Jacques Dessalines, antiguo esclavizado que se convirtió en uno de los principales dirigentes de la lucha independentista. Las tropas revolucionarias comprendieron que ya no se trataba simplemente de defender determinadas conquistas dentro del imperio francés: había llegado el momento de romper definitivamente con Francia.
El ejército napoleónico, además, encontró un enemigo adicional que no podía controlar con facilidad: la fiebre amarilla, que provocó enormes pérdidas entre las tropas europeas. La enfermedad, combinada con la resistencia militar y las dificultades logísticas, terminó debilitando profundamente la expedición francesa.
En 1803, las fuerzas revolucionarias obtuvieron una victoria decisiva en la batalla de Vertières.
Poco después, el proyecto colonial francés quedó definitivamente derrotado.
Haití nació en 1804, pero el mundo no estaba preparado para reconocerlo
El 1 de enero de 1804, Dessalines proclamó la independencia y recuperó el nombre de Haití, derivado del término indígena utilizado para la isla. La nueva nación se convirtió en el primer Estado independiente de América Latina y el Caribe surgido de una revolución de esclavizados victoriosa y en el primer país del mundo nacido de una insurrección antiesclavista de esas características.
El acontecimiento tenía una dimensión internacional extraordinaria porque demostraba que el sistema esclavista podía ser destruido por quienes habían sido sometidos a él.
Para las potencias esclavistas, esa noticia era peligrosa.
No solamente porque Haití había dejado de ser una colonia francesa, sino porque su existencia misma constituía una amenaza política para sociedades enteras que dependían de la esclavitud. Un antiguo esclavizado podía convertirse en ciudadano de una república; una plantación podía dejar de existir; una colonia podía transformarse en un Estado independiente.
La revolución haitiana demostraba que aquello que parecía imposible podía ocurrir.
El castigo de las potencias
La independencia no significó el final de las dificultades. Haití quedó aislado durante años y tuvo enormes problemas para obtener reconocimiento internacional. Francia, derrotada militarmente, consiguió décadas después imponer una indemnización extraordinaria a cambio del reconocimiento de la independencia, una carga financiera que condicionó profundamente el desarrollo económico del nuevo país.
En 1825, el rey francés Carlos X reconoció la independencia haitiana mediante una ordenanza que exigía el pago de 150 millones de francos como compensación a los antiguos colonos por las propiedades perdidas. La suma fue posteriormente reducida, pero el principio resultó devastador: la nación que había conseguido su libertad debía endeudarse para compensar económicamente a quienes habían perdido el derecho a explotar a los esclavizados. Esa deuda se convirtió en uno de los grandes lastres de la historia económica haitiana.
La paradoja es brutal.
Haití había pagado con sangre su libertad y después tuvo que pagar dinero por haberla conquistado.
Una revolución que incomodó a demasiados relatos
La historia haitiana fue durante mucho tiempo presentada de manera marginal en buena parte de los relatos occidentales sobre las grandes revoluciones modernas. La Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos y las guerras napoleónicas ocuparon un espacio central, mientras que la revolución protagonizada por los esclavizados de Saint-Domingue quedó muchas veces reducida a un capítulo secundario.
Pero resulta imposible comprender plenamente la historia atlántica de fines del siglo XVIII y comienzos del XIX sin Haití.
La revolución modificó el equilibrio colonial del Caribe, afectó los proyectos franceses en América y tuvo consecuencias indirectas sobre la política de Estados Unidos. La venta de Luisiana por parte de Francia en 1803 estuvo vinculada, entre otros factores, con el fracaso de los planes franceses en Saint-Domingue y con la pérdida de perspectivas de reconstrucción de un gran imperio francés en América del Norte.
Es decir que una revolución nacida en las plantaciones del Caribe terminó teniendo consecuencias sobre la geopolítica continental.
Y lo hizo protagonizada por quienes, según el orden colonial de la época, estaban destinados a no tener voz política.
El verdadero significado de Haití
La Revolución Haitiana no fue perfecta, no estuvo libre de violencia y tampoco produjo inmediatamente una sociedad igualitaria. Como todas las grandes revoluciones, estuvo atravesada por conflictos internos, disputas por el poder y contradicciones. Pero su significado histórico permanece intacto porque consiguió destruir una estructura que parecía indestructible.
Los esclavizados de Saint-Domingue no esperaron que las potencias europeas les concedieran la libertad.
La conquistaron.
No esperaron que un imperio decidiera voluntariamente abandonar su colonia.
Derrotaron al imperio.
No se limitaron a destruir un régimen de explotación.
Construyeron un Estado independiente.
Y esa secuencia explica por qué Haití ocupa un lugar tan particular en la historia de América.
Cuando hoy se habla de las grandes revoluciones que cambiaron el mundo, es imposible limitarse a París, Filadelfia o las campañas napoleónicas. En el Caribe, hombres y mujeres que habían sido convertidos en mercancía demostraron que podían convertirse en protagonistas de su propia historia y llevar hasta sus últimas consecuencias una idea que las sociedades esclavistas habían intentado mantener encerrada dentro de los discursos: la libertad no podía ser universal si excluía precisamente a quienes más necesitaban conquistarla.
La noche del 22 de agosto de 1791, cuando comenzó la gran insurrección en Saint-Domingue, probablemente pocos europeos imaginaron que estaban asistiendo al comienzo de una transformación capaz de alterar el orden colonial del Atlántico.
Pero la historia tiene esas ironías.
La revolución que nació entre plantaciones, esclavizados y fuego terminó haciendo temblar a los imperios.
Y quizá por eso su memoria haya resultado durante tanto tiempo tan incómoda.
Porque Haití no solamente consiguió independizarse.
Haití demostró que la libertad también podía ser conquistada desde abajo.
Milei autorizó el amarre de un petrolero británico en Ushuaia, una decisión que genera polémica y cuestionamientos por su impacto sobre la soberanía y la causa Malvinas.
Por Bruno A. Monteverde para NLI
El Gobierno de Javier Milei acaba de quedar atrapado en una de esas contradicciones que ya no pueden explicarse como simples errores administrativos. Mientras la Argentina sostiene constitucionalmente que la recuperación del ejercicio pleno de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur constituye un objetivo permanente e irrenunciable, la administración nacional que interviene el puerto de Ushuaia autorizó allí el amarre y la operación de un buque petrolero de bandera británica, el VS Promise, en la capital de la provincia que incluye bajo su jurisdicción a los territorios australes usurpados por el Reino Unido.
La decisión provocó el inmediato repudio del Gobierno de Tierra del Fuego, que calificó la situación como “inadmisible” y exigió explicaciones públicas sobre los criterios políticos, estratégicos y administrativos que permitieron la operación. El reclamo adquiere una dimensión todavía mayor porque el Puerto de Ushuaia se encuentra actualmente bajo intervención de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, es decir, bajo una administración que depende directamente del Estado nacional. La misma Nación que decidió desplazar a la Provincia del manejo de una infraestructura estratégica del extremo austral es, por lo tanto, la que ahora debe explicar por qué habilitó el ingreso de una embarcación vinculada a la bandera de la potencia que ocupa las islas cuya soberanía reclama la Argentina.
Un puerto intervenido en nombre de la soberanía
Hay una contradicción política difícil de disimular. La intervención nacional del puerto fue presentada como una medida destinada a garantizar el funcionamiento de una terminal considerada estratégica para los intereses argentinos, ubicada en un punto fundamental del Atlántico Sur y vinculada directamente con la proyección hacia la Antártida. Sin embargo, meses después, esa administración nacional autorizó que un petrolero británico amarrara en Ushuaia, precisamente en un escenario geopolítico donde la soberanía argentina sobre el Atlántico Sur no es una cuestión simbólica sino un conflicto territorial reconocido internacionalmente.
La situación resulta todavía más llamativa porque la Provincia recordó la existencia de normas locales que restringen la permanencia, amarre, abastecimiento y operaciones logísticas de embarcaciones de bandera británica vinculadas con actividades relacionadas con los recursos naturales de Malvinas. Tierra del Fuego reclamó entonces que el Gobierno nacional explique bajo qué criterios se permitió la operación y cuestionó que una decisión de semejante sensibilidad estratégica haya sido tomada sin coordinación con las autoridades provinciales.
El problema no es, entonces, solamente que un barco haya llegado a un puerto argentino. El problema es qué representa ese barco, dónde fue autorizado a operar y quién tomó la decisión. Ushuaia no es un puerto cualquiera: es la ciudad más austral del país, capital de la provincia que constitucionalmente comprende a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, y constituye además una pieza fundamental de la presencia argentina en el Atlántico Sur y de su proyección antártica.
Malvinas no es una consigna para los actos oficiales
La Constitución Nacional no deja margen para interpretaciones caprichosas sobre la cuestión. La Disposición Transitoria Primera establece que la Nación Argentina ratifica su “legítima e imprescriptible soberanía” sobre Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y que la recuperación de esos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía constituyen un objetivo permanente e irrenunciable.
Por eso resulta insuficiente que el Gobierno de Milei ratifique formalmente el reclamo argentino durante un acto del 2 de abril si, en la administración concreta del territorio, de los puertos, de los recursos naturales y de la infraestructura estratégica del Atlántico Sur, aparecen decisiones que parecen subordinar esa cuestión a una lógica puramente comercial. En abril de este mismo año, Milei volvió a reivindicar públicamente la soberanía argentina sobre las islas y habló de fortalecer las capacidades de defensa nacionales. Pero cuatro meses después, la noticia que llega desde Ushuaia es que un petrolero británico pudo operar en el puerto bajo administración nacional.
La cuestión de fondo es precisamente esa distancia entre lo que se declara y lo que se hace. Defender Malvinas no consiste únicamente en pronunciar la palabra “soberanía” en un discurso presidencial, colocarla en un comunicado oficial o recordarla cada 2 de abril. Una política soberana implica también definir qué empresas, qué embarcaciones y qué intereses económicos participan en el desarrollo de los recursos estratégicos del Atlántico Sur, y hacerlo de acuerdo con una visión nacional de largo plazo.
El propio Estado argentino ha reconocido históricamente el carácter estratégico de esa región por sus recursos pesqueros e hidrocarburíferos, su posición geográfica, las rutas comerciales y su condición de plataforma natural hacia la Antártida. En consecuencia, convertir al Atlántico Sur en un simple espacio de negocios donde prevalece la conveniencia inmediata sobre la dimensión geopolítica significa, como mínimo, vaciar de contenido práctico la defensa de la soberanía.
El modelo Milei y una soberanía subordinada al negocio
La polémica del VS Promise vuelve a instalar una pregunta que el Gobierno debería responder sin consignas ni evasivas: ¿qué significa soberanía para Javier Milei? Porque si soberanía significa solamente reivindicar formalmente las islas mientras se flexibilizan las condiciones para que intereses vinculados al Reino Unido participen de actividades económicas en el extremo austral argentino, entonces estamos ante una concepción profundamente limitada de la defensa nacional.
Y allí aparece el problema político más profundo. La administración libertaria ha construido buena parte de su política exterior alrededor de una relación privilegiada con Estados Unidos y de una marcada cercanía ideológica con determinados sectores del mundo anglosajón. Esa orientación puede ser presentada como una elección diplomática, pero se vuelve problemática cuando comienza a chocar con intereses territoriales que la Argentina sostiene como política de Estado y no como patrimonio de un gobierno particular.
La propia legislación argentina creó mecanismos institucionales destinados a sostener una política de Estado sobre Malvinas y a generar consensos políticos y sociales para avanzar en el ejercicio pleno de la soberanía. El reclamo argentino, además, no depende de una interpretación partidaria: está incorporado a la Constitución y forma parte de una posición histórica sostenida por gobiernos democráticos de distinto signo político.
Por eso el episodio de Ushuaia merece algo más que una pelea circunstancial entre Nación y Provincia. Expone una concepción de país. De un lado está la idea de que el territorio, los puertos, los recursos naturales y el Atlántico Sur forman parte de una estrategia nacional que debe preservarse durante décadas. Del otro aparece una lógica en la que todo puede transformarse en una operación comercial mientras cumpla determinadas condiciones administrativas.
Y Malvinas no puede ser reducida a una cuestión administrativa. Tampoco puede convertirse en una variable secundaria frente a los negocios. Mucho menos puede sostenerse una política exterior que reivindique la soberanía argentina en los discursos mientras, en la práctica, habilita situaciones que generan el interrogante inevitable sobre cuánto pesa realmente esa soberanía a la hora de tomar decisiones.
El Gobierno de Tierra del Fuego pidió explicaciones y reclamó el fin de la intervención nacional sobre el puerto. También advirtió que la soberanía se ejerce “en todos los ámbitos posibles”, una definición que resume el núcleo de la controversia. Porque la soberanía no se defiende solamente frente a los organismos internacionales: se defiende en los puertos, en el mar, en los recursos naturales, en las decisiones económicas y en cada metro del territorio nacional.
El amarre del petrolero británico en Ushuaia deja así una imagen política difícil de ignorar: mientras una parte del territorio argentino permanece bajo ocupación británica y la Constitución ordena sostener como objetivo irrenunciable la recuperación de la soberanía, en la ciudad que mira hacia ese territorio una administración dependiente de la Casa Rosada permite operar a una embarcación vinculada al Reino Unido. Puede haber una explicación administrativa para la autorización, pero todavía falta la explicación política. Y esa explicación es la que Milei le debe al país, porque Malvinas no es una bandera que se levanta en los discursos: es una causa nacional que se defiende también cuando están en juego los intereses económicos del presente.
Si “muévete rápido y rompe cosas” era el eslogan no oficial de la era de las redes sociales, ¿cuál es el eslogan no oficial de la era de la inteligencia artificial generativa? Podemos estar casi seguros de que debe de ser el mismo, aunque esta vez las cosas que se rompan pueden ser muchísimo peores. Gary Marcus, Frenar a Silicon Valley, 2024
“Pedimos que se prohíba el desarrollo de la superinteligencia, prohibición que no debe levantarse hasta que haya un amplio consenso científico en que se realizará de forma segura y controlada, y con fuerte respaldo público”. Así, muy breve, fue la segunda declaración de alerta frente al desarrollo de lo que podría ser la más avanzada inteligencia artificial imaginable, publicada por la organización Future of Life Institute el 22 de octubre de 2025, apenas dos años y medio después de aquella primera carta abierta que pedía suspender “por al menos seis meses” la investigación sobre modelos iguales o superiores a ChatGPT-4.
Más allá de sus intenciones explícitas y su menos evidente cometido implícito, aquel pedido de tregua publicado el 22 de marzo de 2023 había contribuido a identificar el lanzamiento público de las IA lingüísticas y generativas como un acontecimiento tecnopolítico de gran escala, con el consiguiente “furor normativo” que todavía hoy envuelve a Estados y sociedades en el debate acerca de si es posible, y de qué modo, comprender e idealmente conducir el despliegue de estas metatecnologías.
El pronunciamiento de 2025, por su parte, vino acompañado de un párrafo muy conciso donde se afirmaba que, si bien estas nuevas IA “podrían traernos una salud y prosperidad sin precedentes”, el intento por parte de un puñado de empresas por desarrollar en pocos años una superinteligencia capaz de superar a los humanos “en prácticamente todas las tareas cognitivas” genera inquietudes que van “desde la obsolescencia económica y el desempoderamiento de los seres humanos, con la consiguiente pérdida de libertades, derechos civiles y control de sus vidas, hasta riesgos para la seguridad de los Estados nación e incluso la posible extinción de la humanidad”. Firmaban el texto un conjunto de expertos encabezados por Geoffrey Hinton —premio Turing y Nobel de Física—, el también premio Turing Yoshua Bengio, Stuart Russell, Steve Wozniak, Steve Bannon, Yuval Harari y muchos más (no estaba Elon Musk esta vez, pero sí los duques de Sussex, el príncipe Harry y Meghan, quienes aparecían mencionados así, solo con sus nombres de pila).
Por esas mismas semanas comenzaron a oírse con fuerza voces que auguraban el inminente primer pinchazo de la burbuja de la IA. Teniendo en cuenta que la burbuja puntocom de internet había demorado en estallar entre siete y ocho años, quizá fuera la ansiedad ambiente la que hacía que dos años parecieran, o en realidad fueran, demasiado tiempo.
Desde 2023, estas noticias vienen poblando de manera creciente los medios y las plataformas de conversación pública, sin que sea muy claro cuánto hay de fantasía, cuánto de fascinación y temor, cuánto de investigación confiable. Para volver más inteligible este escenario, ampliaré aquí de qué se trata la cuestión de la superinteligencia, esbozada en el capítulo anterior, y comentaré las que identificó como las cinco principales discusiones que rodean hoy la emergencia de las IA “de frontera”.
Una improbabilidad
En el ámbito cultural, el término superinteligencia se utiliza particularmente en la ciencia ficción y en textos de no ficción tecnofuturistas. Y si bien no hay consenso acerca de que algo así como una superinteligencia pueda existir por fuera de estos márgenes, el vocablo se refiere a seres o máquinas con una inteligencia superior a la humana en muchas o todas las áreas donde entendemos razonablemente que se manifiesta la inteligencia (nunca se mencionan todas: la definición es enumerativa incompleta por el momento).
“Según el conocimiento del que se dispone —señala la conspicua Wikipedia alemana—, no existe un ser que en verdad sea intelectualmente superior y que cumpla los criterios de superinteligencia”. En seguida presenta una definición que sigue la de Nick Boström, fundador y director del Instituto Futuro de la Humanidad en la Universidad de Oxford desde su creación en 2005 hasta que cerró sus puertas en 2024, y autor —entre otras obras— del libro Superinteligencia. Caminos, peligros, estrategias, de 2014 (cuyo traductor al castellano llama, en una dramatizada introducción, una “obra trascendental”).
En 1998, cuando todavía usaba la diéresis sobre la “o” y estaba fundando con David Pearce la Asociación Transhumanista Mundial, Boström publicó un artículo titulado “¿Cuánto tiempo falta para la superinteligencia?” en el International Journal of Future Studies, en cuyo resumen señala: “Este texto describe las razones para creer que tendremos una inteligencia artificial superhumana en el primer tercio del próximo siglo”. La definía así:
“Por ‘superinteligencia’ nos referimos a un intelecto mucho más inteligente que los mejores cerebros humanos en prácticamente todos los campos, incluyendo la inteligencia creativa, la capacidad de resolver problemas y las habilidades sociales. Esta definición deja abierta la forma en que se implementará: podría ser una computadora digital, un ensamble de redes de computadoras, tejido cortical cultivado o lo que sea. También deja abierto si la superinteligencia es consciente y tiene experiencias subjetivas. Entidades como las empresas o la comunidad científica no son superinteligencias, según esta definición […]. [Ellas] no son intelectos y hay muchos campos en los que su rendimiento es mucho menor que el de un cerebro humano; 80 vidas artificiales por ejemplo, no se puede mantener una conversación en tiempo real con la ‘comunidad científica’”.
En el artículo “Historia del pensamiento transhumanista”, de 2011, Bostrom, ya sin diéresis, cuenta que la idea de una singularidad tecnológica o superinteligencia (no son lo mismo, pero a los efectos de esta inmersión podemos considerarlas ideas muy cercanas) fue insinuada por primera vez por John von Neumann. Se refiere a la hipótesis de una inteligencia o cognición maquínica que, al aprender por sí misma a gran velocidad, da lugar a una suerte de “explosión de inteligencia”. Esos precisos términos fueron los que utilizó en 1965 Irving Good, quien se había desempeñado como criptógrafo del equipo de Alan Turing en Bletchley Park durante la Segunda Guerra Mundial, y luego siguió trabajando con él en el diseño de computadoras en la Universidad de Manchester.
Según la forma más conocida de la idea de Good, un agente maquínico inteligente podría eventualmente entrar en un bucle de retroalimentación positiva, que daría lugar a generaciones más inteligentes cada vez más rápido. El vertiginoso aumento de inteligencia culminaría en una poderosa superinteligencia que superaría en mucho la inteligencia humana. Esta tesis fue retomada en 1993 por el matemático, teórico de la computación y también escritor de ciencia ficción Vernor Vinge en un artículo conocido como “La singularidad tecnológica”, y luego la popularizó Raymond Kurzweil, el audaz futurista e investigador principal de IA en Google desde 2012.
En La Singularidad está cerca, de 2005, Kurzweil predecía la fusión de la conciencia humana y la de las máquinas en una civilización posthumana superconectada en torno a 2045. Auguraba un futuro de longevidad (para ayudar a la causa desarrolló una línea de suplementos alimentarios) y sin problemas: ni hambre, ni crisis climática, ni energética. No había referencias a cómo sería posible algo así, pero hay que decir que no solo en este caso; hay varias otras improbabilidades sociales y políticas, aún más que tecnológicas, en ese libro. Siguiendo la superinteligencia y la nube de humo 81 el impulso de la más reciente ola de IA, en 2024 publicó La Singularidad está más cerca. Cuando nos fusionamos con la IA.
Allí Kurzweil afirma que para la década de 2030, “uno de los avances más trascendentales será la conexión de las capas superiores del neocórtex con la nube, lo que ampliará la capacidad de razonamiento del ser humano”. Para ese momento, sigue escribiendo, “los fragmentos ‘no biológicos’ del cerebro humano nos proporcionarán una capacidad cognitiva miles de veces superior a la que hoy nos ofrecen sus componentes orgánicos”. Augura que, con velocidad exponencial, se ampliará “la capacidad del cerebro humano varios millones de veces antes de 2045”, y que la hoy inimaginable velocidad y magnitud de esta transformación es lo que permite utilizar la metáfora de la singularidad inspirada en las leyes de la física para describir nuestro futuro”.
Tan lejos, tan cerca
Las respuestas no se hicieron esperar. Dejando de lado a los aduladores, este libro de Kurzweil suscitó más lecturas de expertos en ciencia, tecnología y sociedad que los anteriores. El historiador y estudioso de la tecnología Edward Tenner señaló que “ofrece una buena excusa para reflexionar sobre los profundos cambios que, nos guste o no, nos trae la tecnología”. Con todo, agregó no sin ironía, “su contribución más valiosa podría ser como contrapeso a los sombríos estudios sobre la cultura y la política contemporáneas en una era de populismo antirracional. De hecho, la casi certeza de Kurzweil de que la tecnología está a punto de salvarnos de nosotros mismos podría ser la luz más brillante en un firmamento deprimente”.
“La Singularidad es miope”, tituló Forbes, con un juego de palabras (near, “cerca”; nearsighted, “miope”), un texto del experto en tecnología David Teich, quien señala que el libro de Kurzweil “tiene casi todos los problemas” de la mayoría de los textos sobre IA, que “se niegan a analizar el impacto en el 82 vidas artificiales mundo real para la mayoría de nosotros”. Con distinto énfasis, tanto Teich como Tenner mencionan los efectos sobre el mundo del trabajo, la espiral de desigualdad, los posibles usos maliciosos, los costos ambientales y energéticos. Y en efecto, el costo energético es uno de los puntos ciegos del desarrollo de estos modelos de IA en Occidente. Es tal la demanda energética que Microsoft se propuso reabrir la central nuclear de Three Mile Island, que había sido cerrada después del accidente de 1979, el primero en la energía nuclear civil del que se tiene registro, y el que inspiró el libro Accidentes normales, publicado en 1984 por el sociólogo de las organizaciones Charles Perrow. En junio de 2025 se anunció que la planta se reabrirá en 2027, un año antes de lo previsto originalmente.
Por cierto, la creciente necesidad de electricidad para alimentar centros de datos, fábricas y hogares está revitalizando la industria nuclear en los Estados Unidos de Donald Trump. El estado de Nueva York anunció ese mismo mes planes para construir un nuevo reactor en el estado, y en agosto de 2025 Holtec International informó que reiniciaría la planta de Palisades en Michigan, que había cerrado en 2022. Volviendo a Teich, termina su texto exhortando “encarecidamente” a evitar este libro y leer Frenar a Silicon Valley, de Gary Marcus.
“La Singularidad es estúpida”, redobló en The Washington Post la ensayista y crítica cultural Becca Rothfeld. “No cabe duda de que la IA pronto superará a los humanos en muchos aspectos, y Kurzweil tiene razón al sospechar que la sociedad cambiará considerablemente —acepta Rothfeld—. Hace tiempo debería haberse hecho una evaluación seria de lo que las computadoras pueden y lo que no pueden aportar al proyecto humano, pero lamentablemente La Singularidad está más cerca no lo hace”.
Incluso en un espacio libertario como el think tank Cato, el especialista en innovación y políticas públicas Thomas Hemphill aseguró que le preocupa que la perspectiva de laissez-faire de Kurzweil con respecto a la innovación tecnológica (con la que Hemphill en líneas generales acuerda, y que es bien distinta del “principio precautorio” más típicamente europeo) pueda ser ingenua. “Incluso un enfoque abierto para la innovación tecnológica —escribió Hemphill— reconoce la necesidad de directrices regulatorias y legales claras y responsables, aplicadas por un gobierno transparente y receptivo, para garantizar que la innovación no viole las libertades humanas”.
El recién mencionado Gary Marcus también es escéptico acerca de la superinteligencia. “Es solo una exageración de quienes no comprenden lo lejos que estamos de la inteligencia genuina —afirmó en agosto de 2024—, y no tenemos que preocuparnos (al menos en un futuro próximo) por la extinción”. Eso no le impide comprender que las IA pueden generar “muchas amenazas graves”. Según Marcus, la actual generación de inteligencias artificiales “se ha convertido en una herramienta extremadamente poderosa para generar desinformación”; se la puede inducir “a que enseñe a la gente a fabricar armas biológicas”, puede socavar la ciberseguridad e introducir sesgos en decisiones laborales.
Sin duda la atmósfera de preocupación va más allá del libro de Kurzweil. El físico Michael Nielsen, uno de los impulsores de la computación cuántica y el movimiento de ciencia abierta, escribió desde 2023 varios ensayos reflexivos sobre superinteligencia y riesgo existencial, en los que recorre los debates contemporáneos y expone algunos de sus propios interrogantes. En un texto de septiembre de ese mismo año sostiene que “la humanidad puede lograr la superinteligencia artificial”, y que es probable que eso suceda “pronto, dentro de tres décadas, quizás mucho antes, si no ocurre un desastre ni se hace un gran esfuerzo de desaceleración”. En tanto Dario Amodei, uno de los hermanos cofundadores de Anthropic, la big tech más involucrada en la seguridad de la IA, escribió en enero de 2026 un largo ensayo, “La adolescencia de la tecnología”, donde afirma: “Estamos entrando en un rito de pasaje turbulento e inevitable, que pondrá a prueba quiénes somos como especie. La humanidad está a punto de recibir un poder casi inimaginable, y no está nada claro si nuestros sistemas sociales, políticos y tecnológicos poseen la madurez para ejercerlo”.
Llegados hasta aquí, retomamos la pregunta acerca de cómo se conecta esto que hasta hace poco considerábamos una fantasía futurista con la carta que mencionamos al comienzo. ¿Por qué un grupo relevante de expertos —desde premios Nobel hasta historiadores, desarrolladores y directores universitarios de departamentos de computación, esto es, personas cuya autoridad erudita está en juego— piden prohibir algo que otros expertos señalan como improbable? ¿Cómo comprender el sentido de esa carta, más allá de las especulaciones, razonables pero desde mi punto de vista algo toscas, de que se trata solo de una estrategia de marketing —para conseguir fondos de financiación, para entretener a las audiencias, para confundir a la competencia—?
Teniendo en cuenta la mezcla de desconcierto, desmesura publicitaria y perplejidad (la “nube de humo” del título) que marca nuestro tiempo, propongo abordar estos interrogantes siguiendo las controversias sobre las IA de frontera que se dieron en ámbitos académicos, periodísticos y políticos a partir de 2023, cuando se pusieron en disponibilidad pública las IA generativas y, en particular, los grandes modelos de lenguaje. Pero antes, algunas informaciones.
Una. En mayo de 2024, el informático teórico Ilya Sutskever, discípulo de Geoffrey Hinton —con quien participó en el desarrollo de la red neuronal AlexNet— y uno de los cofundadores de OpenAI, se fue de esa empresa peleado con Sam Altman, el director ejecutivo. Desde hacía poco menos de un año Sutskever era el líder del equipo de superalineación junto con el investigador de aprendizaje automático Jan Leike. La alineación o alineamiento de IA busca prevenir resultados engañosos, incorrectos o dañinos, así como usos maliciosos, mediante procedimientos de aprendizaje por refuerzo a partir de la retroalimentación humana. Entre las informaciones que trascendieron en su momento, se supo que Sutskever veía en la comercialización apresurada que Altman impulsaba para OpenAI un riesgo de seguridad. Pocos meses después fundó junto con dos socios una startup llamada Safe Superintelligence, con sede en Palo Alt (EE. UU.) y Tel Aviv (Israel), cuyo objetivo explícito es “desarrollar sistemas de IA superiores a los humanos, pero también seguros”. Leike, por su parte, se fue en el mismo momento y pasó a trabajar en Anthropic.
Dos. El 26 de marzo de 2025, luego de un apagón eléctrico que dejó a España, Francia y Portugal sin suministro hasta por 20 horas, un documento de la Comisión Europea incluyó una recomendación a los ciudadanos europeos de tener listo un kit de supervivencia que permita afrontar hasta 72 horas sin asistencia externa, una medida que pretende reforzar la preparación de los hogares ante emergencias como apagones, desastres naturales o posibles conflictos armados. El kit incluye agua embotellada (cinco litros por persona), alimentos fáciles de preparar no perecederos, radio a pilas, linterna, batería de repuesto para el teléfono móvil, hornillo portátil y garrafa, combustible, fósforos, dinero en efectivo, medicamentos, pastillas de yodo, material de primeros auxilios, artículos de higiene y extintor. La recomendación incluye tener a mano documentos de identidad y cargador para dispositivos electrónicos.
Tres. En noviembre de 2023, Gran Bretaña impulsó la primera Cumbre sobre Seguridad (safety) de la IA. En diciembre de ese año se creó el AI Safety Institute, la primera organización respaldada por un Estado dedicada a probar la seguridad de la IA avanzada, y en febrero de 2025 su nombre pasó a ser AI Security Institute. No fue solo un cambio de nombre sino de enfoque: desde la seguridad sistémica (safety), que protege la integridad para las personas, el ambiente y los derechos fundamentales, hacia la seguridad entendida como protección (security) ante el delito y orientada a objetivos de Defensa.
Desde entonces se crearon otros once institutos de seguridad de la IA en el mundo dedicados a analizar los riesgos y potenciales daños de estas metatecnologías: en los Estados Unidos, Japón, la Unión Europea, Singapur, Israel, India, Francia, Corea del Sur, Canadá, Alemania y Brasil, y están anunciados en Kenya y Australia. Sus objetivos suelen coincidir: monitorear el panorama del desarrollo de IA; hacer evaluación de los riesgos que plantea para la seguridad nacional y la seguridad pública; promover soluciones como defensas en profundidad, alineación y control; trabajar con desarrolladores de IA para garantizar un desarrollo responsable; informar a los responsables de políticas sobre los riesgos actuales y emergentes de la IA; colaborar y compartir hallazgos con instituciones aliadas.
Esos institutos están inscritos en iniciativas nacionales o regionales de IA, muchas veces acompañados de marcos regulatorios específicos: pueden ser leyes o políticas del Poder Ejecutivo. En nuestra región, Chile, Brasil y Uruguay tienen iniciativas nacionales de IA consistentes y son, de hecho, los tres países considerados pioneros en la edición 2025 del Índice Latinoamericano de IA (ILIA), que mide el estado de avance de la inteligencia artificial en 19 naciones de América Latina y el Caribe de acuerdo con la madurez alcanzada en tres grandes áreas: (a) factores habilitantes (infraestructura, datos, talento humano); (b) investigación, desarrollo y adopción; y (c) gobernanza. Les siguen a esos tres, en orden según el nivel alcanzado, Colombia, Costa Rica, Argentina, Perú, México, República Dominicana, Ecuador y Panamá. Chile, por ejemplo, cuenta desde 2021 con una Política Nacional de IA desde la cual se ha impulsado la creación del Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA): una corporación público-privada de investigación y desarrollo, que creó herramientas como el propio índice ILIA y el modelo de lenguaje Latam-GPT. Pese a que la gobernanza no se limita a la legislación (involucra, entre otros aspectos, la participación en el diseño de estándares internacionales como las normas ISO, o consultas públicas a la población sobre estrategias de adopción), en la región solo Brasil tiene un proyecto de ley con media sanción. Países como Chile, México y Argentina están en etapas previas de debate legislativo.
Vuelvo ahora a la idea de que en el futuro recordaremos estos años como un tiempo transcurrido “entre accidentes”: de la pandemia provocada por el covid-19 al desencadenamiento de uno o varios de los riesgos sistémicos que conllevan los nuevos tipos emergentes de IA. El primero de estos accidentes, la pandemia del coronavirus, ubicó a buena parte de la población del mundo en la necesidad de ingresar a un shock de virtualización. E instaló en la conversación pública la necesidad de interceptarlo a través de un “nuevo acuerdo tecnológico”: un tech new deal para unas nuevas democracias digitales. Con respecto a los potenciales “accidentes normales” de la IA, en el tiempo transcurrido desde aquel alerta público que pedía poner pausa a su desarrollo, se ha disparado una enorme cantidad de interrogantes, debido a la fuerza disruptiva con la que esta metatecnología parece atravesar las diversas escalas de la vida social, y porque la aceleración que imprime a los procesos que automatiza se manifiesta, al menos en este momento —en el cruce no contingente sino histórico entre la tendencia técnica y la tendencia bio(tanato)política—, como un impulso de destitución de muchas de las mediaciones que constituían y favorecían hasta hace poco “lo social”.
“Hemos atravesado un período en que se ha hecho creera demasiadas personas: ‘¡Tengo un problema, es responsabilidad del gobierno solucionarlo!’ […] Así, proyectan sus problemas en la sociedad, pero ¿qué es la sociedad? ¡No existe tal cosa! Existen individuos, hombres y mujeres, y existen familias. Ningún gobierno puede hacer nada excepto a través de las personas, y las personas deben velar primero por sus propios intereses”. La frase es de la entonces primera ministra británica Margaret Thatcher en una entrevista que dio en 1987 al semanario Woman’s Own. En ella señalaba la dirección de una ideología que niega la existencia, y por ende la potencia, de la siempre provisoria estabilización cultural e institucional de las asociaciones, las relaciones entre personas que se acompañan y siguen unas a otras a lo largo del tiempo (por años, décadas, incluso siglos enteros) sin necesidad de que las una el parentesco: gremios, partidos políticos, movimientos sociales, organizaciones religiosas, instituciones científicas, sindicatos, academias, grupos espirituales, movimientos rtísticos, organizaciones profesionales, agrupaciones estudiantiles, escuelas filosóficas, clubes sociales y deportivos, universidades, iglesias, escuelas de pensamiento. Es decir, niega la realidad humana. O con más precisión: busca debilitar la compleja y entramada sociabilidad tardomoderna para fragilizarla y volverla ordenable “desde arriba”. Lo hace mediante el desprestigio y el bombardeo a estas instancias de mediación, acción que hoy encuentra en las IA “de frontera” un medio ideal.
Las tecnologías desencadenadas para automatizar y “saltearse” lo social presentan una sugestiva correlación con una filosofía de la historia que solo quiere ver individuos sin asociación, sin socius, sin la fortaleza del acompañamiento sostenido. No es extraño, entonces, que entrado 2026 la “crisis de la democracia” haya dejado de ser un horizonte de amenaza emergente para sedimentarse en un hecho constatable. En él convergen desde la radicalización de los sistemas de partidos hasta la subordinación de los poderes judiciales, pasando por el descrédito en las instituciones representativas, la polarización algorítmica y la progresiva pérdida de autoridad de los organismos multilaterales. La incertidumbre afecta a quienes formaron sus marcos de comprensión en otro escenario y condiciona a quienes todavía los están construyendo. Y aun así, esta apertura temporal puede ser un momento de gran potencial heurístico. Nuestros saberes y nuestras prácticas expertas sobre lo social tienen por delante un doble desafío: la inteligencia artificial y, sobre todo, la sociedad artificial que el siglo XXI ya está produciendo.
La causa que investiga a Fernando Cerimedo sumó nuevos chats que comprometen de manera exponencial al ex asesor de Javier Milei. Según los chats, Cerimedo aparece monitoreando en vivo el operativo de los sicarios para eliminar a su novia Nadia Beller, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
Los chats, que constan en documentos de la fiscalía de Bolivia y fueron revelados por la prensa local, son mensajes intercambiados por Cerimedo con una persona cuyas iniciales son E.C.G. que se trataría de un agente vinculado a la inteligencia.
Allí hay mensajes previos y posteriores al tiroteo del Swissotel, donde Beller recibió tres tiros. En uno de ellos se menciona que «el equipo estará mañana aquí», en supuesta alusión a los que irían a ejecutar los disparos.
En otro mensaje, en vivo desde el lugar del tiroteo, quien escribe menciona a las 20.54: «Hermano, en este momento le dispararon. Está herida» y agrega: «Un Yango, dos tipos en motocicleta».
Los mensajes están intercalados con respuestas que fueron borrados en el registro de llamadas, como si el que los recibió quisiera ocultarse.
Según La Nación, entre los textos se adjuntan fotos y videos de la escena del crimen, donde se ve una ambulancia y personal de auxilio. «Escucha esto», dice el mensaje, «al parecer no comprometió órganos», señala y adjunta un video que no es posible reproducir.
En otros mensajes, Cerimedo y E.C.G. hablan de una supuesta traición de Beller, que estaba «trabajando con los gringos» y conspirando contra los intereses del Gobierno.
Los mensajes muestran que una persona le enviaba a Cerimedo fotos de la fachada y datos minuto a minuto de lo que ocurría en el lugar del hecho en Santa Cruz de la Sierra. En las pericias al teléfono también apareció una nota previa que indicaba: «O la eliminamos ya o estamos jodidos».
Este lunes, la Policía identificó a los dos presuntos autores materiales del atentado contra la abogada Nadia Beller que se produjo el pasado 17 de agosto en Santa Cruz. La fiscalía avanza en la reconstrucción de la logística que habría permitido ejecutar el hecho. Aunque las autoridades evitaron revelar sus identidades por razones de estrategia, informaron que uno de los sospechosos sería de nacionalidad colombiana.
«Han dado los elementos suficientes para tener ya una hipótesis clara», afirmó el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) Jhonny Coca que, según informa El Deber, aseguró que las pesquisas permitieron consolidar una hipótesis sobre la participación de los atacantes.
Este lunes se realizó el acto de asunción de autoridades en la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), con la presencia del intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini.
Nardini estuvo acompañando en el estrado por referentes académicos y gremiales como Flavia Terigi, rectora de la institución en uso de licencia y actual directora general de Cultura y Educación bonaerense.
En su discurso, Nardini resaltó el valor de la institución para las familias de toda la región: «La Universidad General Sarmiento es el orgullo, la usina de profesionales que nos acompañan en nuestros equipos y que nutren la política institucional de municipios como San Miguel, José C. Paz, Pilar, Tigre y muchos otros», dijo.
A mediados de la década de 1980, vecinos del viejo General Sarmiento impulsaron el Consejo Multisectorial Pro-Universidad, que integró a distintos sectores de la comunidad con el objetivo de instalar una universidad nacional en la región.
Ese esfuerzo logró la sanción de la Ley 24.082 en mayo de 1992, que dio origen a la Universidad Nacional de General Sarmiento. Con la división del distrito en 1994, el campus fue instalado en Los Polvorines, dentro del municipio de Malvinas Argentinas.
Hace no mucho tiempo hubo un gobierno con una mirada inclusiva que pensaba un país donde la educación era primordial, donde había que invertir en el conurbano para que los chicos tengan la oportunidad de acceder a la educación pública y de calidad
Más de 30 años después, universidad y distrito crecieron a la par. En 2016, ya como intendente, Nardini firmó un convenio marco que consolidó hitos de gestión conjunta y fortaleció la articulación institucional.
«En estos años que nos tocó estar al frente del municipio, hemos tenido la suerte de articular y llevar adelante diferentes acciones con esta universidad, que les da la oportunidad a miles de jóvenes de seguir formándose porque quieren un país mejor, una provincia más pujante y poder aportar en el lugar donde viven», dijo Nardini.
Este año, la comunidad académica realizó su octava elección, designando a Germán Pinazo como rector y a Julia Smola como vicerrectora para el período 2026-2030. El intendente puso de manifiesto el valor de un Estado que tenga como pilar fundamental la educación.
«Hace no mucho tiempo hubo un gobierno con una mirada inclusiva que pensaba un país donde la educación era primordial, donde había que invertir en el conurbano para que los chicos tengan la oportunidad de acceder a la educación pública y de calidad», dijo.
Así, reafirmó el apoyo y acompañamiento a las nuevas autoridades desde el Estado municipal: «En estos momentos difíciles, con un gobierno nacional que no cree que hay que seguir destinando recursos a la educación, tenemos que redoblar el esfuerzo», sostuvo.
En ese sentido, puso a disposición el municipio «para colaborar en todo lo posible y trabajar codo a codo por un Malvinas mejor, una región más fuerte, una provincia digna y la Argentina grande que todas y todos queremos».
También participaron en la actividad el titular de la Federación de Trabajadores de Universidades Nacionales (FATUN), Walter Merkis, la titular de la Confederación de Docentes Universitarios (CONADU), Clara Chevalier y el rector de la Universidad Nacional de Hurlingham, Jaime Perczyk.
Además, Franco Bartolacci, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR); y Germán Pinazo, rector entrante.
