Sociedad

 

Toto Caputo le pidió a Karina Milei que eche a Manuel Adorni. Hace semanas que el ministro de Economía venía protestando por lo bajo contra la sucesión de escándalos interminables del jefe de Gabinete que paralizan al gobierno y acentúan, según su lectura, la desconfianza del Gobierno.

Pero la declaración en sede judicial del constructor que reveló que Adorni le pagó 245 mil dólares al contando y en negro para que le amplíe su casa de country le construya una pileta con cascada, fue demasiado. El encuentro fue cara a cara. Caputo le pidió que saque a Adorni porque está afectando la «confianza» en el programa económico. 

En el gobierno afirman que Karina ya tanteó a Martín Menem como posible reemplazo de Adorni y su lugar en la presidencia de la Cámara de Diputados lo podría ocupar el mendocino Luis Petri, confirmaron a LPO fuentes oficiales.

De hecho, LPO reveló en exclusiva que en la tarde de este lunes la hermana del presidente se trasladó de urgencia a la Cámara de Diputados para tener una reunión con Martín Menem y con varios diputados libertarios.

En efecto, luego de hablar unos veinte minutos a solas, el riojano se fue a una entrevista y la hermana del Presidente se quedó en su despacho recibiendo a algunos diputados libertarios, que como ella y su hermano, pusieron la cara por el jefe de Gabinete el miércoles pasado cuando expuso en el recinto. Milei incluso se peleó a los gritos con diputados opositores y al retirarse de la Cámara, le gritó «chorros» a los periodistas, totalmente sacado.

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«Adorni terminó con las internas en el gobierno y hay acuerdo absoluto: todos quieren que se vaya. Los Menem ya están hartos, ayer fue Martín a un programa y lo mataron. Santiago Caputo, Patricia Bullrich, Pilar Ramírez y hasta Karina lo quieren afuera, pero el que lo banca ahora es Milei», afirmó a LPO un legislador libertario, que agregó: «nadie se anima a decirle que lo eche, todos quieren entregarlo pero nadie se lo dice a Milei».

En el gobierno afirman que Karina ya tanteó a Martín Menem como posible reemplazo de Adorni y su lugar en la presidencia de la Cámara de Diputados lo podría ocupar el mendocino Luis Petri.

Las mismas fuentes confirmaron que Caputo está presionando a fondo para que se vaya Adorni. El ministro reunió a su equipo este lunes y repitió el diagnóstico: el jefe de Gabinete se tiene que ir. El programa enfrenta problemas de confianza por la caída brutal de la imagen del Gobierno y Milei, que se aceleró tras el escándalo de Adorni. En un movimiento espejo al deterioro oficial, Axel Kicillof pasó a liderar casi todas las encuestas. 

Caputo ya venía trabajando ese mensaje hacia afuera. En el Foro Llao Llao, frente a unos 150 empresarios acusó recibo de la nueva situación. Dijo que «es imposible que Axel Kicillof sea presidente», en un intento por despejar dudas en un auditorio que mide riesgos en tiempo real. 

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De hecho, LPO reveló que el establishment ya empezó a buscar un candidato alternativo a Milei que ofrezca más posibilidades de ganarle a Kicillof. Entre ellos, tantean a Patricia Bullrich, el banquero Jorge Brito y el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.

Un dato insoslayable es que el ministro de Economía se ausentó de la reunión de la mesa política libertaria en la previa de la exposición de Adorni en el Congreso. La explicación formal fue un encuentro con Fernando Herrmann, quien asumió en el área que concentra Vivienda, Obras Públicas y Transporte tras la salida de Carlos Frugoni.

 

 

La Legislatura bonaerense lleva dos meses paralizada y no pudo tener sesiones ordinarias en lo que va del año. La interna dentro del peronismo traba la conformación de las comisiones de trabajo tanto en el Senado como en Diputados.

En la Cámara Baja es todo hermetismo, pero este lunes hubo movimientos en el Senado. Verónica Magario filtró un listado con comisiones e integrantes que generó ruidos en La Cámpora y en el Frente Renovador.

La polémica fue por Legislación General. Tanto en el kirchnerimo como en el massismo sostienen que había un acuerdo por el cual esa comisión debía quedar para Malena Galmarini. Aseguran que había un acuerdo previo por el cual Presupuesto debía quedar para el Movimiento Derecho al Futuro, y la poderosa Asuntos Constitucionales para La Cámpora.

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El problema es que -según listado que publicó La Tecla- Galmarini no aparece entre los 11 senadores que integrarán Legislación General. Mientras tanto, al frente de esa comisión aparece el axelista Germán Lago.

El listado que dejó correr Magario no determina quien será el presidente de cada comisión, sin embargo, muchos interpretaron que el primer senador de la lista es quien debería alzarse como presidente. Esos cargos los vota la comisión en el marco de un acuerdo que no parece posible alcanzar.

El esquema que armó Magario desconcertó al bloque. Santalla aparece como eventual presidente de la comisión de Presupuesto y Malena como titular de Asuntos Constitucionales, una comisión que desde hace años controla Emmanuel González Santalla.

Una muestra de la falta de consensos dentro del peronismo es que entre las comisiones que trascendieron no aparece Reforma Política, un espacio clave en el Senado toda vez que por ahí pasarán todos los cambios en las normas electorales de cara al año próximo.

El listado que circuló este lunes genera más tensión dentro del peronismo. Las diferencias entre el kirchnerismo, el massismo y el axelismo son cada vez más notorias en el Senado.

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Los roces se dieron durante todo el verano y el kirchnerismo jugó fuerte para que Mario Ishii se quede con la vicepresidencia de la Cámara Alta, un cargo que Kicillof consideraba clave desde lo institucional toda vez que es el segundo lugar en la línea de sucesión. Kicillof perdió esa batalla que durante todo el verano generó un fuerte desgaste al bloque de Fuerza Patria.

En Diputados todo es hermetismo y circulan versiones cruzadas. Algunas afirman que el bloque libertario no encuentra un consenso interno para integrar las comisiones. Esos transcendidos ganan fuerza tras la salida de Agustín Romo de la presidencia del bloque que ahora quedó en manos de Juan Osaba. En rigor, ese cambio se formalizará cuando la Cámara Baja tenga su primera sesión ordinaria del año, algo que por ahora se ve muy lejos.

Otra versión es que la iniciativa de crear una comisión de Ludopatía generó malestar en un sector de los intendentes.

En tanto, al igual que ocurre en el Senado, la conformación de Reforma Política sería otro de los motivos por los cuales Diputados no logra cerrar un acuerdo por las comisiones y arrancar las sesiones.

 

 

 «El que la usa, la paga» podría ser el eslogan del gobierno de Pullaro para crear un fideicomiso que financie el mantenimiento de las rutas que conectan con los puertos del Gran Rosario por donde sale la mayor parte de las exportaciones agroindustriales del país. El esquema lo están diseñando junto a la Bolsa de Comercio de Rosario y los intendentes de localidades portuarias.

Fuentes al tanto de las negociaciones explicaron a LPO que el gobierno busca trasladar el costo del desgaste de la infraestructura al dador de carga, es decir, los productores, acopiadores y exportadores, mediante una tasa que se calculará en función del peso transportado.

Hasta ahora, cada localidad portuaria le cobraba una tasa vial para hacer frente a los servicios de mantenimiento. Para los intendentes significó una fuente de recursos que en muchos casos superaba lo recibido por coparticipación. Ahora, la idea es unificar los criterios de cobro en toda la región y terminar con la dispersión de esas tasas.

 La idea no es la del peaje tradicional, sino una tarifa variable de acuerdo al peso transportado por camión. El tránsito pesado genera un desgaste sobre la infraestructura vial extraordinario que requiere acondicionamiento permanente. 

La idea no es la del peaje tradicional, sino una tarifa variable de acuerdo al peso transportado por camión. El tránsito pesado genera un desgaste sobre la infraestructura vial extraordinario que requiere acondicionamiento permanente.

Solo en épocas de cosecha ingresan alrededor de dos millones de camiones a los puertos santafesinos, lo que acelera el deterioro de rutas y accesos y obliga a un mantenimiento mucho más intensivo que el de una red vial convencional.

En ese contexto, en el gobierno advierten que la inversión de 400 millones de dólares en los caminos portuarios necesitará nuevas obras accesorias y requerirá fondos para su mantenimiento que quieren sostener con este nuevo fideicomiso.

Lisandro Enrico, ministro de Obras Públicas Santa Fe

En el plan de inversión que sostiene Pullaro se incluye la ampliación de trazas, construcción del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe, intervención en cruces críticos y refuerzo de banquinas.

«El sistema vial no resiste más este nivel de tránsito sin un esquema de financiamiento estable», admitió un funcionario que sigue de cerca las obras, y agregó que la discusión técnica gira en torno a cómo modelizar la tasa en función del peso transportado y del nivel de inversión requerido para sostener la red.La idea no es la del peaje tradicional, sino una tarifa variable de acuerdo al peso transportado por camión. El tránsito pesado genera un desgaste sobre la infraestructura vial extraordinario que requiere acondicionamiento permanente..

El acuerdo incluye a los intendentes de las localidades portuarias, «son parte de la solución», dijo un funcionario provincial y aseguran que buscan garantizarle esos ingresos y que el nuevo esquema contemplará mecanismos de compensación.

 El acuerdo incluye a los intendentes de las localidades portuarias, «son parte de la solución», dijo un funcionario provincial y aseguran que buscan garantizarle esos ingresos y que el nuevo esquema contemplará mecanismos de compensación

El proyecto tiene que pasar por la Legislatura provincial, donde el oficialismo cuenta con mayoría cómoda hasta el próximo año. Por eso en la Casa Gris apuran las negociaciones para enviar la iniciativa en los próximos meses.

En el gobierno de Pullaro no descartan las críticas de La Libertad Avanza y defienden el esquema: «es el mismo principio que plantea el propio Milei, que el que usa, paga. Para las rutas nacionales proponen un peaje cada 100 kilómetros».

La diferencia es que en Santa Fe se plantea una tasa específica sobre la carga que permita sostener la infraestructura clave para el principal complejo exportador del país.

 

 

La Comisión Nacional de Valores (CNV) lanzó un paquete de reformas que promete cambiar de raíz el funcionamiento del mercado de capitales. El organismo, junto al Ministerio de Desregulación, impulsa un esquema que elimina en gran parte la aprobación previa de emisiones y la reemplaza por un modelo basado en la presentación de información. En la práctica, se trata de un giro profundo: menos control antes de salir al mercado y más responsabilidad posterior.

El propio Gobierno lo presenta como un «Big Bang» financiero. La iniciativa se materializa a través de seis resoluciones (de la 1132 a la 1137) que fueron sometidas a consulta pública y que apuntan a agilizar la emisión de instrumentos. El objetivo oficial es reducir tiempos y facilitar el acceso al financiamiento, en un mercado históricamente chico y con baja profundidad.

Uno de los cambios más significativos es que los Fondos Comunes de Inversión abiertos dejarán de requerir autorización previa. En la misma línea, instrumentos como fideicomisos financieros, obligaciones negociables y fondos cerrados podrán contar con autorización automática bajo ciertos umbrales. La lógica es simple: menos trámites, más velocidad.

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Pero detrás de esa promesa de dinamismo aparece una tensión central. La CNV se corre del mostrador y deja de filtrar qué sale al mercado. En lugar de revisar cada emisión antes de su lanzamiento, el organismo pasará a concentrarse en la supervisión posterior, lo que modifica el equilibrio entre regulación y autorregulación.

En el propio mercado reconocen el cambio de lógica. «No va a estar más el confort de la autorización de la CNV», señalan operadores, que advierten que el nuevo esquema exige mayor responsabilidad por parte de los actores privados. Estudios jurídicos, estructuradores e intermediarios deberán asumir un rol más activo en la validación de las operaciones.

No va a estar más el confort de la autorización de la CNV.

Ese corrimiento implica, en los hechos, un traslado del riesgo. Si antes existía una instancia que podía detectar inconsistencias antes de que un instrumento llegara al público, ahora ese filtro desaparece. El sistema pasa a depender más de la calidad de la información y del comportamiento de quienes participan del mercado.

Al mismo tiempo, la reforma amplía el universo de inversores que pueden acceder a estos instrumentos, al reducir los requisitos para ser considerado inversor calificado. Esto puede aportar volumen, pero también implica que más personas queden expuestas a productos complejos en un entorno donde no siempre cuentan con la información o la formación necesaria.

No es la primera vez que la CNV avanza en flexibilizaciones que amplían el universo de participantes sin un refuerzo equivalente en materia de educación financiera. Meses atrás, el organismo habilitó a adolescentes desde los 13 años a operar en una gama más amplia de fondos comunes de inversión, una decisión que generó cuestionamientos desde distintos sectores por la exposición temprana a instrumentos financieros más complejos.

En ese momento, especialistas advirtieron sobre los riesgos de confundir inversión con juego, en un contexto marcado por el crecimiento de la ludopatía online entre menores. El ex titular de la CNV, Alejandro Vanoli, llegó a calificar la medida como «un acto de irresponsabilidad» si no está acompañada por una política masiva de educación financiera. El antecedente vuelve a poner en discusión el enfoque actual del organismo: mayor acceso y desregulación, pero con interrogantes sobre la capacidad real de los nuevos participantes para evaluar riesgos.

El enfoque actual de la CNV es mayor acceso y desregulación, pero abre interrogantes sobre la capacidad real de los nuevos participantes para evaluar riesgos.

No es un punto menor en un contexto en el que se multiplican las promesas de rentas rápidas, esquemas poco transparentes y ofertas difíciles de auditar. Con menos filtros previos, el riesgo de que circulen instrumentos de calidad dudosa crece, especialmente si la supervisión posterior no logra ser efectiva.

La apuesta oficial es que la velocidad compense la falta de control. El interrogante es si acelerar los tiempos alcanza cuando el problema de fondo no es el trámite, sino la confianza. En los hechos, el esquema descansa en que el mercado se discipline solo, algo que en economías con mayor desarrollo puede funcionar, pero que en Argentina tiene antecedentes más frágiles.

La discusión de fondo, sin embargo, excede lo regulatorio. En un contexto donde el ingreso real sigue tensionado y el ahorro es limitado, crece la tentación de buscar rendimientos rápidos. Esa combinación -más oferta de instrumentos, menos control previo y necesidad de hacer rendir la plata- puede ser terreno fértil para promesas exageradas o engañosas.

 

 

La Legislatura comenzará a tratar una ampliación presupuestaria que confirma el fracaso de la pauta inflacionaria de Milei. Por el momento el gobierno de Jorge Macri corrió la meta al 27%.

«En el mes de abril la inflación acumulada superará la estimación anual establecida inicialmente en el presupuesto aprobado por la Legislatura para el corriente año», dice la nota que Jorge Macri envió al parlamento porteño.

Para establecer la cifra anual de inflación, la Ciudad se basa en el cálculo de Nación. El problema para Jorge Macri es que, a diferencia de Milei, debe pedir autorización a la Legislatura para readecuar y redestinar partidas presupuestarias.

En el presupuesto que envió al Congreso, Toto Caputo calculó 10,1% de inflación anual, una cifra que con el 8,9% acumulado hasta marzo ya es imposible de conseguir.

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Por eso, el gobierno envió a la Legislatura una ampliación de 2,6 billones de pesos. El expediente tendrá acompañamiento del PRO, sus aliados y el bloque libertario.

Los aumentos salariales de los empleados públicos suelen estar atados a la ampliación presupuestaria. Hasta 2024 era casi una tradición que todos los espacios políticos acompañaran el pedido del Ejecutivo.

Sin embargo, en los últimos años se acabó la mayoría automática para esa cuestión. De hecho, en el peronismo no acompañarán el proyecto y tampoco lo hará la izquierda.

«Sea sinceridad o sea sincericidio, la ampliación presupuestaria de Jorge Macri ya refleja el fracaso del plan de Milei», twitteó Claudia Neira del bloque peronista. El PJ reclama que además de la ampliación, el gobierno deje de cobrarle Ingresos Brutos a los monotributistas.

Los libertarios lograron que la Legislatura discuta los proyectos del RIGI y la Inocencia Fiscal en la Ciudad, dos polémicas iniciativas que rechazan la mayoría de las fuerzas. Es una incógnita si el oficialismo logrará conseguir los votos.

 

 

El gobierno de Javier Milei mantiene pisadas las partidas presupuestarias para salud universitaria y en la UBA denuncian que ese congelamiento en el giro de recursos pone en jaque la atención en los centros de salud que dependen de las universidades.

De los 80 mil millones de pesos previstos en el presupuesto 2026 para esta área, la administración libertaria no ejecutó un solo peso al cerrar el primer cuatrimestre del año, por lo que advierten que están en riesgo las prestaciones en la red UBA, que atiende a más de 700 mil pacientes por año.

«La administración actual está incumpliendo su propio Presupuesto y la Ley de Financiamiento Universitario. No es solo un conflicto administrativo; es una crisis sanitaria que afecta directamente a la gente», advirtieron las autoridades de la UBA.

De los 80 mil millones previstos para todo el año, un cuarto debió haberse ejecutado entre enero y abril.  

El congelamiento de estas partidas por parte del Ejecutivo nacional pone en riesgo la atención no sólo en los seis hospitales de la red de la UBA sino también en los hospitales de otras universidades nacionales.

 En esa línea detallaron que, de los 80 mil millones previstos para todo el año, un cuarto debió haberse ejecutado entre enero y abril. 

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Bajo la órbita de la UBA existen seis centros de salud: el Hospital de Clínicas, el Instituto de Oncología «Ángel Roffo», el Instituto de Investigaciones Médicas «Alfredo Lanari», el Instituto de Tisioneumonología «Prof. Dr. Raúl Vaccarezza, el Hospital Odontológico Universitario y el Hospital Escuela de Veterinaria.

Estas alertas de ajuste sobre los hospitales universitarios van en línea con la denuncia de incumplimiento en la aplicación de Ley de Financiamiento Universitario aprobada por dos tercios del Congreso en 2025 y ratificada por dos instancias judiciales.

Es en ese contexto que la comunidad universitaria prepara una nueva marcha federal, que se desarrollará el martes 12 de mayo. En las universidades acusan una «decisión arbitraria e ilegal» del gobierno de Milei de no aplicar la Ley de Financiamiento Universitario.