Sociedad

 

Santiago Viola se juega la confianza de Karina Milei en el destino de los casos Andis y Adorni, ambas investigaciones en manos de Ariel Lijo. Después de una semana traumática para el gobierno, signada por la pelea con Patricia Bullrich y la batalla por el pliego de la cuñada de Alconada Mon, el foco de la secretaria General de la Presidencia podría virar de Juan Bautista Mahiques al apoderado de LLA.

Fuentes del Congreso dijeron a LPO que el joven abogado le había prometido a la hermana presidencial y a Javier Milei su capacidad para administrar las causas que los martirizan. «Viola le vendió a Karina que iba a poder controlar a Lijo porque había trabajado mucho tiempo con él», comentaron.

La jugada del abogado revela una autoestima elevada. En Comodoro Py, la familia judicial no olvida que fue partícipe de la operación con la que instaló, a través de dos testigos falsos, que el juez Sebastián Casanello se había reunido con Cristina Kirchner en la residencia presidencial de Olivos. «Eso se paga, independientemente que Casanello guste más o menos», deslizó un magistrado.

Viola asumió en el Consejo de la Magistratura y sobreseen a su ex defendido Lázaro Báez

Por eso, parece difícil que Viola cuente con recursos como para persuadir a Lijo de frenar la investigación sobre las coimas de la Andis o el patrimonio del Jefe de Gabinete, cuando las pruebas que sobre sus inconsistencias patrimoniales son de tal magnitud que hunden las mejores intenciones de ayudarlo.

Viola le vendió a Karina que iba a poder controlar a Lijo porque había trabajado mucho tiempo con él.

LPO reveló que ya le pasó a Adorni algo similar: el jefe de Gabinete no tuvo mejor idea que ir al despacho de Mahiques para que lo auxilie con su llegada al fiscal Gerardo Pollicita, quien lleva adelante la causa en su contra. 

Mahiques llamó a Pollicita con Adorni presente para pedirle -en tono canchero- que lo ayude. Pero el fiscal cortó la comunicación de forma abrupta, ofendido por la brutalidad del acercamiento. En esa misma época el ministro de Justicia intentó usar el envío del pliego de José Tomás Rodríguez Ponte, un protegido de Lijo, como rehén para condicionar al juez federal. No le fue mejor y tuvo que terminar soltándolo, sin mayores seguridades.

Mahiques toma al pliego de Ponte como rehén para negociar con Lijo

Hasta ahora, Viola ha gozado del beneficio de ser el hijo de Claudia Balbín, una operadora radical de larga trayectoria que cultiva una profunda amistad con la jueza María Servini, quien considera «un sobrino» al viceministro de Justicia. Acaso el afecto de ambas mujeres le haya alcanzado hasta el momento pero en el gobierno siguen esperando los resultados que prometió a Karina en las causas que tiene Lijo.

 

 

El Fondo de Asistencia Laboral quedó reglamentado, pero no operativo. El Decreto 408 puso en papel el manual de uso del nuevo sistema de financiamiento de indemnizaciones, aunque prorrogó su entrada en vigencia plena hasta el 1º de noviembre de 2026. Hasta entonces, las empresas seguirán pagando las contribuciones patronales como hasta ahora. En paralelo, la Secretaría de Trabajo, ARCA, la CNV y la Secretaría de Finanzas tienen 45 días hábiles para dictar la letra chica que permita que el mecanismo funcione sin que el engranaje se trabe en la primera declaración jurada.

El FAL no elimina la indemnización. Ese es el primer punto técnico. La Ley 27.802 dice que el régimen «no modifica, sustituye ni altera» el sistema indemnizatorio vigente. El trabajador sigue teniendo derecho a cobrar lo que corresponde por la Ley de Contrato de Trabajo. Lo que cambia es la forma en que el empleador fondea ese pago. Ya no se trata sólo de sacar la plata de caja al momento del despido, sino de acumular mes a mes recursos en una cuenta financiera propia. Una alcancía con candado bursátil.

El sistema alcanza a empleadores privados. Quedan excluidas las relaciones del sector público, el régimen de la construcción de la ley 22.250 y el personal de casas particulares de la ley 26.844. El fondo puede utilizarse para pagar obligaciones vinculadas con despido, preaviso, integración del mes de despido, mutuo acuerdo, incapacidad, muerte del trabajador, fuerza mayor, quiebra y otros supuestos previstos en los artículos laborales detallados por la ley. También cubre indemnizaciones de estatutos profesionales y del régimen agrario, siempre dentro de las condiciones fijadas por la norma.

Caputo cajonea el capítulo clave de la reforma laboral y choca con Sturzenegger

La cobertura tiene dos filtros. El primero es la registración. El FAL sólo cubre trabajadores registrados con una antigüedad mínima de 12 meses antes de la extinción laboral. No cubre trabajadores no registrados. Si la relación está registrada de manera deficiente, por ejemplo con una remuneración menor a la real, una fecha falsa o una categoría incorrecta, el fondo sólo paga según los datos declarados. Todo lo que quede por fuera de esa registración sigue siendo responsabilidad del empleador.

El segundo filtro es el período de carencia. El fondo no responde hasta que haya recibido al menos seis contribuciones mensuales completas y consecutivas. La cuenta no se activa desde el primer día. Necesita capitalizarse. El período se cuenta desde el mes calendario en que ARCA registre la integración efectiva de la primera contribución. Si una empresa despide antes de cumplir esa carencia, no puede cubrirse con el FAL. La indemnización sigue existiendo, pero debe salir de caja.

El fondo no responde hasta que haya recibido al menos seis contribuciones mensuales completas y consecutivas. La cuenta no se activa desde el primer día. Necesita capitalizarse. 

El aporte mensual obligatorio será del 1% de la masa salarial para grandes empresas y del 2,5% para micro, pequeñas y medianas empresas. La base de cálculo es la misma que se usa para las contribuciones patronales con destino al SIPA. La ley también habilita al Poder Ejecutivo a subir esos porcentajes hasta el 1,5% para grandes empresas y hasta el 3% para MiPyMEs, pero sólo si lo dispone por cumplimiento de metas fiscales y con aprobación de la Comisión Bicameral de Control de Fondos de la Seguridad Social.

La clave fiscal está en que ese aporte no aparece como un costo nuevo para el empleador. Se detrae de las contribuciones patronales que ya iban a la seguridad social. El decreto reglamenta que las empresas restarán la alícuota del FAL de las contribuciones destinadas a los subsistemas de las leyes 19.032, 24.013, 24.241 y 24.714. En castellano: PAMI, Fondo Nacional de Empleo, SIPA y asignaciones familiares. Lo que antes iba directo a la caja pública ahora se desvía hacia una cuenta financiera del empleador.

La cadena tiene varios actores. Primero está el empleador, que elige la entidad habilitada. Después aparece ARCA, que recibe la declaración y deriva la contribución mensual. Luego interviene la CNV, que autoriza, regula, supervisa y sanciona a los vehículos. Y finalmente entra el mercado: sociedades administradoras de fondos, bancos, sociedades depositarias, fiduciarios financieros y ALyCs, que pueden participar en la colocación, administración, custodia y distribución del producto. El decreto no habla de una cuenta salarial. Habla de una rueda financiera completa, con regulador bursátil, patrimonios separados y activos negociables.

En el caso de los Fondos Comunes de Inversión, el dinero de las empresas se convierte en cuotapartes. La sociedad gerente administra la cartera. La sociedad depositaria custodia los activos. Las ALyCs y bancos pueden operar como canales comerciales para captar empresas y ofrecerles rendimiento, liquidez y servicio. En el caso de los fideicomisos financieros, el fiduciario recibe el patrimonio, lo separa del resto de sus bienes y lo administra con un destino exclusivo: pagar las obligaciones laborales cubiertas por el régimen. Si el fideicomiso tiene vencimiento, debe prever la renovación o migración ordenada de activos con 24 meses de anticipación

El circuito operativo arranca antes del primer pago. Cada empleador deberá elegir una entidad habilitada por la CNV, seleccionar un vehículo de inversión colectiva autorizado y abrir una cuenta individual. Esa cuenta no es por trabajador. Es por empresa. Es común para toda la nómina. La entidad asignará un identificador único, el «ID FAL», y deberá informar la cuenta bancaria del fondo o fideicomiso que recibirá las contribuciones. Después, el empleador deberá cargar ese ID FAL ante ARCA.

ARCA actuará como agente de derivación. Va a integrar el pago del FAL dentro de la Contribución Unificada de la Seguridad Social y girará la plata a la cuenta del vehículo financiero elegido. Pero el Estado no responde si la empresa no paga, si el fondo no tiene liquidez o si el saldo no alcanza. La responsabilidad frente al trabajador sigue siendo exclusiva del empleador. ARCA cobra y deriva. No garantiza. La CNV regula. No indemniza.

Si el empleador no informa un ID FAL válido, ARCA imputará los aportes y contribuciones a los subsistemas de seguridad social que correspondan, no derivará fondos al FAL y retendrá las sumas vinculadas a esa contribución sin imputación específica. Si pasa un mes desde el vencimiento y la empresa sigue sin informar el ID correcto, ARCA avisará a la CNV. La CNV podrá asignar de oficio un vehículo de inversión colectiva. Recién ahí ARCA transferirá los fondos acumulados a la cuenta individual asignada.

El Estado no responde si la empresa no paga, si el fondo no tiene liquidez o si el saldo no alcanza. La responsabilidad frente al trabajador sigue siendo exclusiva del empleador. ARCA cobra y deriva. No garantiza. La CNV regula. No indemniza.

Las entidades habilitadas podrán administrar el FAL bajo dos formatos: fondos comunes de inversión o fideicomisos financieros. En ambos casos, deberán estar autorizados y supervisados por la CNV. La cuenta del empleador será un patrimonio separado, independiente, inenajenable, inembargable y de afectación específica. No se mezcla con el patrimonio del banco, de la sociedad de bolsa ni del fiduciario. Tampoco puede ser utilizada para otros fines. Si la empresa usa los recursos para algo distinto o elige una entidad sobre la que tiene participación directa o indirecta, puede recibir una multa de hasta el doble del monto ingresado al fondo más los rendimientos.

La política de inversión también viene cerrada. Los fondos sólo podrán colocarse en instrumentos financieros o valores negociables emitidos y negociados en la Argentina. No se admiten activos cuyo subyacente esté emitido o negociado en el exterior. En la práctica, las carteras deberán combinar liquidez, cobertura y bajo riesgo relativo dentro del mercado local. El objetivo legal es que el dinero esté disponible para pagar una desvinculación, pero el camino natural conduce a letras, bonos y otros instrumentos nacionales. El Gobierno lo presenta como inversión productiva local. En la City lo leen como una nueva fuente de financiamiento al Tesoro.

El pago al trabajador también tiene procedimiento propio. Si el empleador decide usar el FAL, debe presentar una declaración jurada electrónica ante la entidad administradora. Allí tiene que informar CUIT y domicilio legal, nombre y CUIL del trabajador, datos completos de la cuenta bancaria, fecha y causa de extinción, copia del acto extintivo o acuerdo, detalle de la liquidación, mejor remuneración mensual normal y habitual, fecha de ingreso, antigüedad computable, monto a transferir y, si corresponde, carátula y número de expediente judicial o administrativo. La administradora sólo valida tres cosas: que la cuenta bancaria sea del trabajador, que el trabajador esté registrado y que la declaración jurada esté completa.

Con esos requisitos cumplidos, la entidad liquida la posición del empleador en el vehículo de inversión colectiva y transfiere el dinero a la cuenta bancaria del trabajador dentro de un plazo máximo de cinco días hábiles. Después debe reflejar el retiro en el estado de cuenta y notificar a la Secretaría de Trabajo. Pero el cálculo de la indemnización no lo hace el fondo. Lo hace la empresa. Si el monto está mal calculado, si falta plata o si la cuenta acumulada no alcanza, el reclamo vuelve al empleador. El FAL paga hasta donde llega. La diferencia no desaparece.

Miguel Simioni, presidente de La Bolsa de Rosario.

La portabilidad es otro engranaje central. El empleador podrá mudar los recursos acumulados desde una administradora a otra o desde un vehículo de inversión a otro, siempre que el destino esté autorizado por la CNV. Para hacerlo, no puede haber obligaciones pendientes de pago o, si las hay, deben quedar provisiones suficientes en la cuenta de origen. La transferencia debe cumplir los criterios que fije la CNV y comunicarse a ARCA. En los fideicomisos, además, el fiduciario deberá prever la renovación o migración ordenada de activos con al menos 24 meses de anticipación al vencimiento.

También existe una puerta de salida temporal. Si una empresa acredita que el saldo acumulado cubre las posibles contingencias laborales de su nómina según los parámetros que fijen Trabajo y Economía, podrá pedir la suspensión o interrupción de la obligación mensual de aportar. Si se concede, deja de contribuir por el plazo autorizado. Si las condiciones cambian, la Secretaría de Trabajo puede ordenar que vuelva a pagar desde el período siguiente. Es una válvula pensada para empresas con bajo riesgo de rotación, pero también puede agrandar la desigualdad entre firmas estables y empresas con alta movilidad de personal.

En caso de cese, disolución, liquidación o quiebra del empleador, la cuenta individual se extingue. Los recursos deben transferirse a una cuenta bancaria de la empresa en el país, salvo que el juez de la quiebra disponga otra cosa. Si la empresa no tiene trabajadores registrados durante seis meses continuos y no acredita reclamos laborales pendientes, también puede extinguirse la cuenta. Si hay indemnizaciones a pagar, el FAL sirve hasta donde alcanza. Si sobra, el remanente entra en la masa de la quiebra. Si falta, el trabajador conserva su crédito laboral por la diferencia.

El IERAL advirtió durante el debate que el diseño del FAL tiene «aspectos discutibles», que su costo fiscal directo se estimaba en torno al 0,5% del PIB y que su impacto neto dependía de que efectivamente generara empleo formal adicional, algo que no estaba garantizado. 

Los informes técnicos marcan varios puntos críticos. El IERAL advirtió durante el debate que el diseño del FAL tiene «aspectos discutibles», que su costo fiscal directo se estimaba en torno al 0,5% del PIB y que su impacto neto dependía de que efectivamente generara empleo formal adicional, algo que no estaba garantizado. También señaló el problema de una prima fija: puede ser insuficiente para empresas con alta rotación y excesiva para firmas con planteles estables. Como alternativa, planteó un mínimo no imponible sobre la masa salarial, más simple, más focalizado y fiscalmente más acotado.

Del otro lado del mostrador, la Bolsa de Comercio de Rosario lo leyó como una oportunidad para el mercado de capitales. Con estimaciones de AXIS, calculó que el sector privado registrado reúne cerca de 6,2 millones de trabajadores, con un salario bruto promedio de 2,15 millones de pesos y una masa salarial total de 13,3 billones de pesos. Con 35% del empleo en grandes empresas y 65% en MiPyMEs, las alícuotas del 1% y 2,5% darían un flujo mensual de 263.268 millones de pesos, unos 2.179 millones de dólares anuales. Ese es el tamaño de la caja que empiezan a mirar bancos, ALyCs y sociedades administradoras.

Ahí aparece la lectura política. El FAL ordena técnicamente una cuenta de asistencia para despidos, pero lo hace con recursos que antes financiaban la seguridad social. No es plata nueva. Es una reasignación. La ANSES pierde recaudación corriente y el mercado financiero gana flujo obligatorio. Luego esos fondos deben invertirse en instrumentos argentinos. Una parte puede terminar comprando deuda del Tesoro. La operación cierra como un rulo prolijo: se debilita el ingreso previsional, se crea una caja administrada por privados y se refuerza la demanda de títulos públicos.

Por eso la comparación con las AFJP aparece al final, no al principio. El FAL no paga jubilaciones ni abre cuentas individuales por trabajador. Pero reproduce una lógica conocida: recursos de origen laboral que salen del circuito solidario y pasan a vehículos privados de administración financiera. La vieja promesa era eficiencia, capitalización y mercado. La nueva se llama previsibilidad laboral, liquidez y modernización. 

 

 

La suerte de Gastón Salmain está echada, dicen en el Consejo de la Magistratura. El expediente para activar el jury contra juez federal acusado de recibir coimas podría salir 20 a cero en el plenario del próximo miércoles.

La situación de Salmain es compleja: si se activa el juicio para destituirlo será suspendido como juez. Como contó LPO, la sola suspensión podría activar la prisión preventiva de Salmain en un caso donde está procesado por pedir un soborno, que solo no se aplicó porque lo amparan sus fueros como magistrado.

En una situación insólita, Salmain sigue dictando resoluciones desde prisión domiciliaria con una tobillera electrónica puesta. Incluso, a principios de abril la Cámara Federal de Rosario lo designó para subrogar el juzgado federal de Rafaela.

«El tipo está disociado. Piensa que va a zafar de la destitución. Después de que estalló todo, en vez de guardarse se presentó para subrogar un juzgado. Pero la situación es insostenible y no le hace bien a la imagen del poder judicial», explicó a LPO un consejero.

Salmain delató a un colega que también llegó a juez pese a haber sido sancionado 

Salmain está acusado de haber autorizado una compra de diez millones de dólares mientras regía el cepo cambiario, a cambio de 200 mil dólares. La pena en expectativa para el principal delito que le atribuyen es de prisión efectiva y va de cuatro a doce años.

El segundo hecho es que omitió señalar en su CV al concursar que en 2002 la Corte Suprema lo echó de la Justicia Federal, donde era empleado, por ofrecer una coima a una secretaria de juzgado para direccionar un expediente.

A fin de año le dictaron la prisión preventiva, pero como el Consejo de la Magistratura no lo había suspendido, siguió ocupando su cargo.

Su situación empezó a complicarse cuando en diciembre de 2025 cambió la composición de las comisiones del Consejo. Acusación quedó a cargo de Alberto Maques, un hombre cercano a Daniel Angelici.

En los últimos meses, la Comisión de Acusación despachó los expedientes de Alfredo López, el juez antisemita de Mar del Plata, y del pampeano Ramiro Díaz Lacava, acusado de presunto mal desempeño, amenazas, lesiones y violencia de género laboral contra empleados y secretarios de su tribunal. Ambos fueron despachados por el plenario, suspendidos y enfrentarán un jury para destituirlos antes de fin de año.

Patricio Maraniello, el juez que prohibió la difusión de los audios de las coimas en Discapacidad que involucraban a Karina Milei, también tiene abierto un expediente en Acusación por abuso sexual, maltrato laboral y desvío de fondos públicos.

La última semana de mayo, la Comisión de Acusación decidió elevar al plenario el expediente de Salmain y salió por unanimidad. Si bien en Acusación no hay representantes de los jueces, el estamento de los magistrados no hará nada para evitar la suspensión de Salmain.

«El caso es muy fuerte, nadie quiere quedar pegado a un tipo así. Encima para defenderse mandó en cana a un colega. Nadie lo quiere cerca, Está listo», resumió a LPO otro consejero.

Salmain intentó por todos los medios llegar a los consejeros para frenar las acusaciones en su contra. Incluso contrató a operadores judiciales, pero nada le dio resultado. Parece difícil con la evidencia que se acumuló en su contra y con la voluntad del presidente de la Corte y del Consejo, Horacio Rosatti, en avanzar en su contra.

 

 

Cristina Kirchner rechazó el regalo envenenado que se puso a circular esta semana en lo más alto del poder: Si acompañaba la eliminación de las PASO la definición de las candidaturas quedaría en los partidos y con su control total del sello del PJ podía imponer su propia postulación.

La especulación que circuló en el peronismo era la posibilidad de anotar el nombre de Cristina en la boleta, aunque esté inhabilitada de por vida por la justicia. El plan se completaría con la postulación a vicepresidente de un ex gobernador como Sergio Uñac, que terminaría siendo el candidato frente a la inhabilitación de la ex Presidenta, como una manera de vaciar de estructura a Axel Kicillof. «¡Las cosas que hay que escuchar! Hay que ser serios, eso no se puede hacer», dijo este viernes a LPO un compañero de bancada del senador sanjuanino.

«Si se eliminan las PASO y el partido pone un candidato que no contiene a todos, cualquiera planta un candidato por afuera y se pierde la elección», fue el argumento de Cristina para rechazar la movida, según reveló a LPO un dirigente que suele hablar con la ex presidenta.

De hecho, Cristina estaría convencida que la única manera de alcanzar un triunfo electoral es utilizando las PASO. Por eso, quienes la visitan en San José 1111 repiten que «hay que rechazar su eliminación sí o sí».

Santilli insiste con la eliminación de las PASO, pero choca con Patricia que le pisa los votos en el Senado

La eliminación de las PASO es exactamente por el motivo que busca evitar Cristina una prioridad del gobierno de Milei, que encargó a Diego Santilli que consiga su eliminación en el Congreso. Pero el ministro del Interior chocó con la negativa de la jefa del bloque se senadores libertarios, Patricia Bullrich, que tiene sus propios motivos para defender las PASO, como reveló en exclusiva LPO.

Aunque todavía no hubo una discusión sobre la reforma electoral en el interbloque peronista que lidera José Mayans en el Senado, los dirigentes más cercanos a la ex Presidenta aseguran que «Cristina necesita que el peronismo gane». 

Cristina necesita que el peronismo gane. Si se eliminan las PASO y el partido pone un candidato que no contiene a todos, cualquiera planta un candidato por afuera y se pierde la elección.

Sin embargo, la falta de conducción dificulta el armado de una estrategia clara. De hecho, el chaqueño Jorge Capitanich presentó una iniciativa para que las primarias sean optativas, un proyecto que guarda similitudes con otro que elaboró el radical Eduardo Vischi.

La objeción del kirchnerismo a esa idea es que, como se supone que el gobierno va a resolver su fórmula presidencial con el dedo y la lapicera, La Libertad Avanza quedaría liberada para orientar a sus militantes a influir en la elección de los candidatos opositores. «Si las hacemos optativas los libertarios van a jugar en nuestra interna y van a elegir al candidato que más les convenga enfrentar», afirmó a LPO un legislador peronista.

Pero aunque la jugada de aprovechar una hipotética eliminación de las PASO perdió densidad en las últimas semanas, una legisladora kirchnerista reconoció ante LPO que Uñac sí consultó con Cristina antes de agitar su intención de lanzarse a la carrera, con una carta dirigida al PJ en la que planteaba que el peronismo debía elegir su candidato mediante internas antes que culmine este año, por las dudas que se eliminen las primarias.

«Todos los que quieren ser candidatos, como Uñac o (Ricardo) Quintela, lo hablaron con Cristina y ella les dice que sí, que caminen y que se muevan porque necesita un candidato que esté competitivo», explicó, y agregó: «El único que no lo consultó con ella es Axel (Kicillof), pese a que ella lo preparó toda la vida para que fuera candidato».  

Por esa bronca contra el gobernador bonaerense, un sector del peronismo empezó a mirar con cariño la idea de eliminar las PASO, algo que dejaría la definición de las candidaturas en manos del Partido Justicialista que hoy hegemoniza Cristina. Si ese escenario se abriera, la resolución recaería en el Congreso del PJ o bien en una interna, donde la estructura partidaria resultaría determinante. 

Todos los que quieren ser candidatos, como Uñac o (Ricardo) Quintela, lo hablaron con Cristina y ella les dice que sí, que caminen y que se muevan porque necesita un candidato que esté competitivo. El único que no lo consultó con ella es Axel (Kicillof), pese a que ella lo preparó toda la vida para que fuera candidato.

¿Qué significa eso? Que Cristina tendría en sus manos la estructura y las herramientas legales para definir las candidaturas, sin necesidad de negociar con Kicillof o enfrentarlo en una primaria obligatoria.

Hoy por hoy, el gobernador no tiene número para ganar una candidatura en el congreso del PJ y en el kirchnerismo creen que le ganarían una interna cerrada, es decir, sólo con los afiliados. 

Esta es la explicación que encuentran algunos en el peronismo frente al tibio rechazo del kirchnerismo al proyecto de eliminar las PASO o la aparición de peronistas que piden definir el candidato en una interna o apoyan que no sean obligatorias. «No hay todavía debate interno en el bloque, no hay posición unificada», dijo a LPO un senador peronista, que agregó que todavía ni en el partido ni en las bancadas del Congreso se resolvió nada.

 

 

Las empresas navieras difundieron un informe en el que rechazan la intención de desregulación del gobierno en el cabotaje a través de las políticas que llevan a cabo el ministro Federico Sturzenegger.  

De esta manera, el documento titulado «Cabotaje Marítimo y Fluvial en Argentina-Análisis de Desregulación» sostiene que una eventual apertura del transporte marítimo y fluvial de cabotaje a operadores extranjeros podría generar impactos significativos sobre la recaudación fiscal, el empleo, la industria naval y la capacidad estratégica del Estado argentino. 

El documento recuerda que el régimen vigente, sustentado en la Ley de Navegación y en el Decreto-Ley 19.492/72, establece la reserva del cabotaje para buques de bandera argentina, un esquema que los autores comparan con la denominada Jones Act de Estados Unidos. 

Según el análisis, este sistema responde no sólo a criterios económicos sino también a razones vinculadas con la seguridad nacional y el desarrollo industrial. Uno de los principales argumentos del informe es que la incorporación de operadores extranjeros bajo banderas de conveniencia podría reducir significativamente la recaudación tributaria.

Los autores sostienen que las empresas nacionales tributan impuestos, contribuciones patronales y diversas tasas vinculadas a la actividad marítima, mientras que compañías extranjeras podrían beneficiarse de regímenes de no residencia fiscal o convenios internacionales que disminuyan su carga impositiva.

Sturzenegger eliminó los prácticos de los buques para beneficiar a las cerealeras extranjeras y desató una guerra con la Armada

El estudio estima que la diferencia tributaria podría superar el 40% de los costos operativos totales. El documento también advierte sobre posibles consecuencias laborales. Según el análisis, la apertura del cabotaje permitiría el ingreso de embarcaciones con tripulaciones extranjeras, lo que podría desplazar a trabajadores argentinos de la marina mercante. 

El documento titulado «Cabotaje Marítimo y Fluvial en Argentina-Análisis de Desregulación» sostiene que una eventual apertura del transporte marítimo y fluvial de cabotaje a operadores extranjeros podría generar impactos significativos sobre la recaudación fiscal, el empleo, la industria naval y la capacidad estratégica del Estado argentino.

Entre los efectos señalados figuran la pérdida de empleo formal, una reducción de aportes previsionales y un debilitamiento de los sistemas de formación y renovación de personal marítimo. Además, sostiene que cada empleo directo en el sector genera entre tres y cinco puestos indirectos en actividades vinculadas, como logística portuaria, talleres navales, seguros y servicios especializados, por lo que el impacto se extendería a numerosas economías regionales. 

Carlos Presti.

El informe afirma que las compañías argentinas enfrentan costos laborales, financieros y regulatorios superiores a los de operadores internacionales. En ese contexto, una competencia abierta podría derivar en la pérdida de mercado, dificultades para renovar flotas y, eventualmente, en la desaparición de armadores nacionales, reproduciendo fenómenos observados durante la década de 1990. 

El estudio estima que la diferencia tributaria podría superar el 40% de los costos operativos totales. El documento también advierte sobre posibles consecuencias laborales. Según el análisis, la apertura del cabotaje permitiría el ingreso de embarcaciones con tripulaciones extranjeras, lo que podría desplazar a trabajadores argentinos de la marina mercante.

Otro de los ejes centrales del trabajo es la relevancia estratégica del Atlántico Sur. El documento destaca la posición argentina respecto del estrecho de Magallanes y el pasaje de Drake, considerados corredores alternativos ante eventuales interrupciones de los canales de Panamá o Suez. Desde esta perspectiva, la preservación de una marina mercante nacional es presentada como un componente de soberanía y presencia estatal en la región. 

Los autores también plantean que una mayor presencia de operadores extranjeros podría incrementar la dependencia logística del país y reducir la capacidad de control sobre rutas, puertos e infraestructura estratégica. Asimismo, vinculan esta discusión con la cuestión de las Islas Malvinas y la proyección argentina en el Atlántico Sur. Industria naval y seguridad El estudio sostiene que una reducción de la flota nacional impactaría directamente sobre los astilleros argentinos, las escuelas de formación marítima y la cadena de proveedores vinculada al sector. 

También advierte sobre posibles desafíos para los controles de seguridad, ambientales y aduaneros ante un aumento de embarcaciones bajo múltiples pabellones extranjeros. 

Fuentes militares explicaron a LPO que «ka Cámara Naviera Argentina y otros armadores han cambiado radicalmente su postura respecto a un nuevo decreto/ley, que ahora es opuesto al decreto 340 que ayudaron a redactar». 

Esta fuente detalla que «el cambio se debe a la advertencia de que la empresa china Cosco planea posicionar buques con bandera china de forma permanente en Argentina para operar en cabotaje, utilizando tripulaciones chinas y tarifas de dumping.
Inicialmente, buscaban evitar el desguace de la flota argentina y el uso de banderas de conveniencia, pero el nuevo escenario con Cosco los lleva a preferir negociar con sindicatos argentinos». 

«La preocupación es que, si bien se busca sacar a los chinos de las 200 millas, la nueva política podría permitirles entrar en el cabotaje portuario.
Varias organizaciones marítimas intentarán reunirse con Lamela para explicar que las políticas de Sturzenegger van en contra de la política hemisférica», remarca. 

Furia de los empresarios con Sturzenegger por el decreto que elimina el practicaje en los buques

Entre las propuestas finales, el informe recomienda mantener la reserva de cabotaje para buques de bandera argentina, revisar los mecanismos de habilitación de embarcaciones extranjeras, promover programas de financiamiento para la renovación de flota nacional y fortalecer los controles de la Prefectura Naval Argentina. 

Según las conclusiones del trabajo, una desregulación sin salvaguardas podría provocar pérdidas fiscales, destrucción de empleo calificado, debilitamiento de la industria naval y una menor capacidad estratégica del país en el Atlántico Sur.