Sociedad

 

El equipo económico ya empezó a analizar la posibilidad de reestructurar la deuda con el FMI que vence el año próximo, para aligerar un muro de vencimientos externos que ronda los USD 19 mil millones. Con el riesgo país por encima de los 600 puntos Toto Caputo prepara un plan de contingencia por si no puede volver a los mercados voluntarios de deuda.

Los vencimientos  suman USD 18.927 millones y su renegociación es posible si Milei consigue respaldo político de Trump. Ese monto es el total que la Argentina debería pagar el año próximo sumando tres grandes bloques de deuda en moneda extranjera: FMI, otros organismos multilaterales y acreedores privados. Es la proyección del propio FMI.

El desglose revela la estructura del problema. Por un lado, el FMI explica USD 5.544 millones en 2027. Es la parte más rígida. Y tiene un cronograma muy concentrado: pagos en marzo, junio, septiembre y diciembre, combinados con intereses y sobretasas trimestrales. Es el corazón de la «muralla».

Fracasó una licitación de deuda de Caputo y el riesgo país se disparó

Los pagos se distribuyen a lo largo del año, pero con momentos críticos. Marzo abre con más de USD 580 millones. En junio aparece otro pico de USD 625 millones. Septiembre es el mes más pesado, con más de USD 900 millones. Y diciembre vuelve a concentrar pagos por otros USD 625 millones. A eso se suman intereses y sobretasas en mayo, agosto y noviembre. Es un esquema que obliga a tener dólares disponibles casi todos los meses.  

El segundo bloque es el de organismos multilaterales excluido el FMI: Banco Mundial, BID, CAF. Ahí aparecen USD 5.897 millones en 2027. Se dividen casi en partes iguales entre intereses y amortizaciones. Es deuda más dispersa, pero igual de exigente. No tiene la visibilidad del Fondo, pero suma presión constante durante todo el año.

El gobierno enfrenta la herencia de Guzmán. No fue una reestructuración de la deuda de Macri, sino un nuevo préstamo para cancelar el anterior. Una refinanciación. Guzmán pateó los vencimientos hacia adelante, pero no modificó la lógica del endeudamiento.

El tercer bloque es el de los acreedores privados en moneda extranjera, con USD 5.245 millones proyectados para 2027. Acá entra la deuda reestructurada por Martín Guzman en 2020 y las emisiones posteriores. 

Los bonos surgidos del canje de 2020 pagan intereses en enero y julio. Ahí se concentra buena parte del flujo anual. Pero además, en 2027 se suma un dato clave: el bono USD 2038 empieza a amortizar capital en julio. Es decir, deja de ser solo pago de intereses y pasa a exigir desembolsos de capital.

A eso se le suma la nueva deuda emitida en los últimos meses. El BONAR 2029N paga cupones en mayo y noviembre, mientras que el bono AO27 introduce una lógica distinta: pagos mensuales de intereses desde 2026 hasta su vencimiento en octubre de 2027, cuando además se amortiza todo el capital. Es un goteo constante que termina en un desembolso final.

Y por fuera de estos tres grandes bloques aparece el frente bilateral, encabezado por el Club de París, con pagos semestrales que se extienden hasta 2028. No es el componente principal, pero agrega presión en momentos específicos del calendario.

Para entender la situación hay que hacer una distinción clave: no es lo mismo refinanciar que reestructurar. En los primeros tramos de la negociación de Guzmán había consenso en que el objetivo era reestructurar la deuda tomada en 2018. Es decir, cambiar plazos, tasas y condiciones de un compromiso que ya entonces era considerado impagable.

Sin embargo, el acuerdo terminó siendo otra cosa. No fue una reestructuración, sino un nuevo préstamo para cancelar el anterior. Una refinanciación. Guzmán pateó los vencimientos hacia adelante, pero no modificó la lógica del endeudamiento. 

La deuda original, tomada por el gobierno de Mauricio Macri en 2018, el mayor préstamo en la historia del FMI, por hasta USD 57.000 millones, con USD 45.000 millones efectivamente desembolsados; quedó intacta en su estructura. 

El resultado es el calendario actual. Un esquema que alivió el corto plazo pero cargó el mediano. Ahora la deuda con el FMI no es un problema futuro. Es un problema presente que ya tiene fecha de vencimiento. Y ese calendario marca un punto crítico: 2027. Ahí se levanta una muralla de pagos que, hoy, nadie en el mercado cree que Argentina pueda afrontar sin una reestructuración.

El estado de situación con el Fondo suma incertidumbre. La revisión del programa, que debía resolverse en noviembre y luego se esperaba para marzo, volvió a postergarse. Ahora el Gobierno apunta a fines de abril, después de la cumbre del FMI y el Banco Mundial. Allí estará Luis Caputo.

Para los mercados, el diagnóstico es claro. Sin un «reschedule de payments» el riesgo país difícilmente baje de manera sostenida. Daniel Marx,  Jefe de Negociación de Deuda Soberana entre 1988 y1993, cuando se estatizó la deuda de las empresas privadas, lo explica en términos estructurales: Argentina tiene una proporción inusualmente alta de deuda «privilegiada». Es decir, compromisos con organismos multilaterales y bilaterales que tienen prioridad de cobro. Esa porción representa cerca del 20% del total de la deuda pública, un nivel muy elevado en comparación internacional.

Esa estructura condiciona todo. Porque si no alcanza para pagarle al FMI que tiene prioridad de cobro, nada queda para cumplir con el resto. Y eso, logicamente, impacta en la percepción de riesgo. «Mientras esa carga siga así, el mercado va a mirar con  desconfianza», explicó un operador.

En ese contexto, el estado de situación con el Fondo suma incertidumbre. La revisión del programa, que debía resolverse en noviembre y luego se esperaba para marzo, volvió a postergarse. Ahora el Gobierno apunta a fines de abril, después de la cumbre del FMI y el Banco Mundial. Allí estará Luis Caputo.

De esa revisión depende un desembolso de unos USD 1.000 millones y, sobre todo, el waiver por el incumplimiento de la meta de reservas. Sin esa dispensa, el programa queda en falta. «Este delay debe leerse como un reto, pero no hay soltada de mano», deslizó una fuente al tanto de las conversaciones. 

Lo concreto es que Argentina corre sobre una cinta de Moebius. Sin acceso a los mercados internacionales, el Tesoro debe pagar sus vencimientos en efectivo. Para hacerlo, el Banco Central le vende los dólares. Es un circuito cerrado donde las reservas no crecen, pero acumular reservas es condición necesaria para conseguir financiamiento. 

El balance cambiario pone en números la desconfianza del mercado. En febrero, el último dato disponible, se repitió el patrón que dominó gran parte de 2025: déficit de cuenta corriente, incluso morigerado por ingreso de capitales financieros. La cuenta financiera registró un déficit de USD 115 millones.

 

 

El fallo reciente que ordena al municipio de Daireaux a devolver a un grupo de productores el dinero que les cobró en concepto de tasa vial motiva por estas horas a varias rurales a avanzar con demandas contra ese tributo en sus municipios.

La sentencia dictada por Pablo Germain, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Trenque Lauquen, no está firme y será recurrida ante instancias superiores por la gestión municipal a cargo de María Serra, que reemplaza a Esteban Acerbo, que asumió en diciembre en la Cámara baja provincial.

Más allá de eso, en el campo ven que se refuerza la jurisprudencia sentada en 2023, cuando la tambera y referente de lechería de Carbap, Andrea Passerini, le ganó un juicio al municipio de Carlos Casares, que tuvo que pagarle el equivalente a tres años de tasa por no demostrar contraprestación.

Con el precedente de aquel fallo, varios grupos de productores iniciaron el proceso de judicialización de la tasa vial. Al momento, la mayoría de las presentaciones se hicieron en municipios administrados por el peronismo.

Ya se hicieron planteos judiciales en Baradero, Henderson, Necochea, General Alvarado y Azul, donde los ruralistas demandaron la anulación de «sobretasas» aplicadas en el tributo por mantenimiento de caminos.

 Con el fallo de Daireaux, varias rurales apuraron las reuniones de productores para avanzar en presentaciones judiciales contra las tasas viales en sus distritos. 

Esta semana, la Justicia hizo lugar a un amparo colectivo de productores azuleños y ordenó a la gestión local de Nelson Sombra a que entregue información «completa, veraz y adecuada» sobre el destino de los fondos recaudados por tasas viales.

El de Azul es un conflicto que se arrastra del año pasado y con el que salió al cruce de intendentes el titular de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino: «Pagar una tasa implica recibir un servicio y eso no está pasando. En algunos casos, la tasa vial que se paga al municipio incide más que el impuesto inmobiliario», dijo.

  Más productores se van a animar a hacer estos reclamos porque hasta ahora muchas veces se hicieron sin resultados favorables

Ahora, con el fallo de Daireaux, varias rurales apuraron las reuniones de productores para avanzar en presentaciones judiciales contra las tasas viales en sus distritos.

«Con la Mesa de Enlace local estamos teniendo reuniones para hacer algo parecido a lo que están haciendo en otros distritos porque los caminos rurales están destruidos. Estamos en tratativas con abogados para avanzar», dijo a LPO el titular de la Rural de Rojas, Alberto del Solar Dorrego.

Y agregó que el objetivo es «pedirle explicaciones a la Municipalidad, qué han hecho con lo que han cobrado de la tasa vial, que no se ve reflejado en los caminos».

 El criterio adoptado en algunos tramos del fallo -que pretende exigir una relación estricta y directa entre lo que paga cada contribuyente y una prestación individualizada- no refleja el funcionamiento real de los servicios públicos municipales 

En esa línea, el dirigente de la Rural de San Pedro, Raúl Victores, adelantó a LPO que en la entidad tienen definido «ir a la instancia judicial» contra el municipio por esa tasa.

El tema preocupa en varios municipios donde, frente al derrumbe de la coparticipación y de la cobrabilidad de las tasas en general, advierten un panorama de emergencia financiera que se agravaría sensiblemente de agregarse erogaciones por juicios perdidos por este tema.

«Más productores se van a animar a hacer estos reclamos porque hasta ahora muchas veces se hicieron sin resultados favorables», dijo a LPO el ex titular de la Sociedad Rural de Junín, Rodrigo Esponda.

El productor juninense analizó que empieza a haber «una tendencia en la Justicia de entender que las tasas tienen que tener contraprestación de servicio y que no son impuestos».

En el campo alertan que Milei aún no canceló deudas para reactivar obras que prometió en el Salado

«El problema de los caminos rurales es del 90% de los distritos, con lo cual es importante que el productor vuelva a tener el coraje de reclamar lo que en su momento hizo y la justicia no le daba lugar y que los intendentes entiendan que las tasas tienen que volver en servicios», sentenció Esponda.

En el caso de Daireaux, la demanda fue los ejercicios 2022 y 2023, cuando Acerbo estaba al frente de la comuna. El juez sentenció que en 2023 el 17% del presupuesto de la tasa se destinó a mantener la red vial y que en 2022 apenas el 10% fue aplicado a caminos rurales.

 Al momento, la mayoría de las presentaciones de los ruralistas se hicieron en municipios administrados por el peronismo. 

«El criterio adoptado en algunos tramos del fallo -que pretende exigir una relación estricta y directa entre lo que paga cada contribuyente y una prestación individualizada- no refleja el funcionamiento real de los servicios públicos municipales, que son generales, continuos y organizados en función del interés colectivo», cruzó el municipio de Daireaux, que apelará el fallo.

Al señalar que presta un servicio «razonable», la gestión municipal sostuvo que el mantenimiento de la red vial rural «no responde a una lógica matemática ni individual, sino a una planificación permanente que busca garantizar la circulación, la producción y la conectividad de todo el distrito». 

 

 

La crisis económica y los aumentos del transporte ya pegan fuerte en las clases bajas. Cientos de personas que vienen desde el Conurbano para hacer changas en la Capital duermen en la calle porque no puede pagar el pasaje de regreso.

Jorge Macri le envió a Axel Kicillof una factura de 27 mil millones de pesos. Sostiene que los centros de inclusión porteños están atendiendo a más de 2300 bonaerenses. «Es hora de que los bonaerenses dejen de pagar tu desgobierno», acusó Macri.

«Nosotros no vamos a dejar de atender a ninguna persona en situación de emergencia. Pero tampoco vamos a naturalizar que otros no hagan su parte», dijo el ministro de Desarrollo Social porteño Gabriel Mraida. 

El reclamo del gobierno porteño llega un día después de que Milei festejó una baja de 3 puntos en la medición de pobreza, que afecta al 28,1% del país.

La inflación de febrero marcó 2.9% y se evapora la meta de Milei de una marca anual del 10%

Más allá de la pelea política entre Macri y Kicillof, el problema de las personas en situación de calle empeora desde hace una década, pero está alcanzando niveles nunca vistos. 

«Es gente que viene a pedir o hacer una changuita y ya no le rinde volverse a su casa en Provincia. O se le complica porque hay cada vez menos servicios de tren», contó a este sitio un funcionario porteño.

Un referente de la asistencia social le dijo a LPO que ya hay trabajadores formales que comenzaron a dormir en paradores.

«Hace poco me crucé un empleado de un supermercado chino, otro de un lavadero de autos. Es gente que cobra un salario todos los meses, pero ya no puede alquilar un cuarto», explicó.

También se sorprendió al ver a un rappitendero que llegaba al parador con su mochila. «Nos dijo que ya no podía pagar la pensión», relató.

El gobierno de Jorge Macri comenzó a reclamarle a Kicillof que pague los gastos del alojamiento de personas con domicilio en Provincia. «Hace seis años que gobierna Kicillof, ¿la Provincia no tiene una red de contención? ¿No hay paradores?», cuestionó un funcionario porteño.

«En vez de hacerse cargo de lo que le toca, Jorge Macri prefiere inventar un enemigo inexistente y culpar a los sectores más vulnerables de la sociedad, a los vecinos del conurbano y a Kicillof de las consecuencias de su propia incapacidad y desidia. Por más sucia y abandonada que esté la Ciudad en la actualidad, hay algo en lo que coincidimos con el Jefe de Gobierno: Buenos Aires es la ciudad más linda del mundo. Pero no alcanza con ser la Ciudad más linda del mundo, tiene que ser la mejor para vivir», respondió el ministro bonaerense Augusto Costa.

 

 

Axel Kicillof llegó a Tierra del Fuego para participar de la vigilia por Malvinas. El gobernador aterrizó en Ushuaia esta tarde y fue recibido por Gustavo Melella. Allí estaba también el riojano Ricardo Quintela quien también participará de las actividades.

El bonaerense deberá moverse con muchísimo cuidado en esa provincia del sur extremo. A pesar de ser un territorio con sólo tres municipios -Río Grande, Ushuaia y Tolhin- la interna del peronismo es feroz y todos los actores están enfrentados.

Kicillof buscará hacer equilibrio. Hablar con todos los sectores y probablemente esquive reuniones políticas. Los liderazgos en Tierra del Fuego son muy débiles. Por caso, la ausencia del intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, en la comitiva que recibió a Kicillof fue lo primer que llamó la atención a quienes siguen de cerca la política del sur.

Vuoto estaba en ese momento junto a Mayra Mendoza en el Palacio Municipal. La diputada de La Cámpora viajó en un vuelo previo al de Kicillof. En el pasaje iban legisladores libertarios y también el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, que ocupó uno de los asientos de primera clase.

Kicillof canceló sus recorridas de campaña por las provincias hasta el segundo semestre

El viaje de Kicillof no está vinculado a un raid por las provincias en el marco de su carrera hacia la presidencia. Cómo adelantó LPO, esas incursiones por el interior están en pausa por la delicada situación económica. De todos modos, el gobernador bonaerense busca confrontar a Milei desde un mismo plano y por eso aceptó la invitación del gobernador fueguino para participar del acto por Malvinas.

Gustavo Melella, Ricardo Quintela y Axel Kicillof.

El viaje estaba confirmado cuando surgió el fallo en favor del Estado argentino por la estilización de YPF. Esa sentencia de la Justicia de Nueva York ubicó a Kicillof en el centro de la escena para confrontar al Presidente: los ejes clave del discurso del gobernador atravesaban ese momento: sus decisiones respecto de la petrolera y la soberanía energética. De todos modos, Kicillof decidió mantener el viaje y participar de la vigilia por Malvinas.

En La Plata saben que serán horas donde la interna del peronismo se hará sentir. En el sur más extremo, Tierra del Fuego presenta todos los componentes de las diferencias en el principal partido opositor.

Villarruel se bajó del acto de Malvinas porque no quiere quedar pegada a Kicillof y Quintela

Melella transita sus últimos años como gobernador y no tiene reelección. Eso dispara una carrera por su sucesión. Lejos del peronismo tradicional, Melella proviene el radicalismo K y ganó su provincia en 2019 con el sello Concertación Forja, el partido creado por Leopaldo Moreau y Gustavo López en los tiempos de la transversalidad de Néstor Kirchner.

En diciembre de 2023 consiguió los votos para una reforma de la constitución (probablemente para tener un tercer mandato) sin embargo, desde entonces no pudo realizar la convocatoria para elegir convencionales. Desgastado y sin consenso en el peronismo, en la Legislatura ya transitan por comisiones iniciativas para voltear esa reforma.

Vuoto es intendente de Ushuaia. Está encuadrado con La Cámpora y tiene intenciones de ser gobernador. En 2022 logró modificar la Carta Orgánica de la capital provincial para pelear por un tercer mandato al que accedió en 2023. Si Melella consigue reformar la constitución para seguir en la provincia, Vuoto podría buscar un cuarto mandato en la ciudad.

Martín Pérez es el intendente de Río Grande. Supo formar parte de las filas de La Cámpora, incluso fue parte del directorio de Aerolíneas Argentinas. Después tomo distancia de la agrupación de Máximo y hoy su armado levanta las banderas del peronismo tradicional. También está decidido a pelear por la gobernación. Daniel Harrington es el intendente de Tolhuin, un distrito de unos 10.000 habitantes. En la interna fueguina juega con Pérez.

El peronismo está en crisis. La elección legislativa del año pasado expuso esa debilidad frente a La Libertad Avanza, que le sacó casi 10 puntos a la lista de Fuerza Patria. Agustín Coto fue quien encabezó la lista de senadores nacionales de La Libertad Avanza. Su triunfo lo dejó bien posicionado para ser el candidato de los libertarios para suceder a Melella. 

 

 

Federico Sharif Menem obtuvo un crédito del Banco Nación por 357 millones de pesos. El joven es sobrino de Martín y Lule Menem, tiene 24 años y tuvo su primer trabajo en blanco en 2024. Además, a un dirigente libertario de Córdoba la banca estatal le dio un préstamo que superaba 52 veces su capacidad crediticia.

El escándalo por los generosos préstamos que otorgó el Nación sigue escalando. A los créditos que consiguieron los funcionarios Felipe Núñez, Federico Furiase y Juan Pablo Carreira y los diputados Alejandro Bogiovanni y Agustín Campero, se suma un miembro de la familia Menem.

El joven ingresó al Congreso en 2024 en lo que fue su primer trabajo registrado. Es secretario y mano derecha de su tío Martín Menem y maneja las contrataciones de la Cámara de Diputados. En el Congreso aserguran que Sharif se mueve en un auto con chofer, aunque sus allegados lo niegan. Adeamás lidera la juventud libertaria por decisión de Karina.

Llegó al congreso con un salario de 2 millones de pesos en enero de 2024. A pesar del ajuste en los salarios estatales logró un préstamo de 357 millones de pesos del Banco Nación. Antes había trabajado en una empresa familiar de software.

Los Menem se quedan con una licitación de 4.000 millones del Banco Nación

En los últimos días se conoció que hubo decenas de beneficiarios con préstamos del Nación en todo el país. Según publicó Jornada Política, el yerno del número dos del PAMI en Córdoba logró un préstamo de 250 millones de pesos.

En ese momento, su capacidad crediticia alcanzaba para 4, 8 millones de pesos, 52 veces menos de lo que obtuvo.

En esa línea se inscribe el caso de Felipe Núñez, muy cercano a Toto Caputo y director del BICE.

En su declaración jurada de 2024, entre bienes, acciones, plazos fijos y dinero en efectivo, Núñez sumaba menos de 20 millones de pesos y 18 mil dólares. Su alta en AFIP corresponde a junio de 2024, momento en que ingresó a trabajar para el Estado. De todas formas logró que el Nación le prestara 370 millones de pesos.

Los Menem ya estaban envueltos en un escándalo con el Banco Nación luego de la preadjudicación de un contrato por más de $3.900 millones para la empresa de seguridad Tech Security, propiedad de Fernando y Adrián, los hermanos del presidente de la Cámara de Diputados.

 

 

Horacio Rosatti habilitó a los consejeros de la Magistratura en representación del Congreso y el estamento de los abogados para que hundan provisoriamente la acordada de la Corte Suprema, firmada por sus colegas Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, para cambiar el mecanismo de selección de los jueces.

Detrás de la decisión se juega una pelea estratégica sobre el formato que tendrá la justicia argentina. Un experimentado funcionario judicial explicó a LPO que el proyecto de Lorenzetti y Rosenkrantz es un paso en un limitación de la injerencia de la política en los tribunales, no en favor de la democratización del poder más elitista del Estado, sino en una acentuación de ese rasgo, propiciando detrás de la bandera de lo «técnico» un mayor peso de las grandes empresas y los grandes estudios que las asesoran en la selección de los jueces.

Por eso, un tema absolutamente críptico para el ciudadano de a pie, es tapa de los grandes diarios y por eso también las asociaciones de empresas más concentradas, como el G6, salieron a respaldar públicamente la movida de Lorenzetti y Rosenkrantz, que antes de sumarse a la Corte eran abogados de muchas de esas mismas empresas.

Escándalo judicial: Mahiques mandó el pliego de su papá y el de la esposa del juez que investiga a Karina Milei

No se trata de teorías conspirativas. Luego de la decisión del Consejo de la Magistratura de postergar el tema, el establishment más concentrado hizo conocer su desagrado. El Grupo de los Seis (G6), integrado por la Sociedad Rural, la UIA, la Bolsa de Comercio, la Cámara de Comercio, la Cámara de la Construcción y la Asociación de Bancos, emitió un poco usual comunicado apoyando la acordada de Rosenkrantz y Lorenzetti. 

«El G6 insta al Consejo de la Magistratura, en el marco de sus funciones y atribuciones, a aprobar con celeridad el reglamento propuesto, lo que constituiría un paso concreto hacia el fortalecimiento institucional del país», ordenaron las cámaras que reúnen a los grandes actores del poder económico.

Detrás de discusión se juega una pelea estratégica sobre el formato que tendrá la justicia argentina. El proyecto de Lorenzetti y Rosenkrantz es un paso en un limitación de la injerencia de la política en los tribunales, no en favor de la democratización del poder más elitista del Estado, sino en una acentuación de ese rasgo, propiciando un mayor peso de las grandes empresas y los grandes estudios en la selección de los jueces.

Estas tensiones quedaron en evidencia durante la reunión del Consejo de la Magistratura de este miércoles. Cuando se analizaron los temas que se tratarán en el plenario previsto del próximo 15 de abril, la iniciativa de Rosenkrantz fue postergada. Con los sofisticados modos de la justicia, el abogado César Grau, identificado con el kirchnerismo, planteó que se había emocionado con el discurso que dio Rosenkrantz este lunes cuando presentó la iniciativa y propuso que el expediente se incluyera en el orden del día pero «no para votarlo, sino para habilitar el pase a la comisión de Reglamentación». Un elogio para enterrarlo. 

En ese momento, en lo que pareció un movimiento cordionado, Rosatti respondió que se trataba de un proyecto que debía ser analizado en detalle y profundidad, según relató a LPO uno de los consejeros presentes. Esta jugada enfrió el pedido de tratamiento perentorio formulado por Rosenkrantz y las empresas que representaba. La postura de Rosatti contó con el respaldo de los representantes de los académicos, que responden a Diego Molea, el juez Diego Barroetaveña y los abogados Jimena De la Torre y Alberto Maques, quienes responden a Mauricio Macri y Daniel Angelici, respectivamente.

El consejero de los abogados, César Grau.

Pero la discusión no terminó allí. Más tarde, al reunirse la comisión de Selección, presidida por Fernanda Vázquez, que accedió a su silla por la lista de la minoría de los abogados pero con el auspicio de Molea, se criticó el apuro de Lorenzetti y Rosenkrantz por modificar el reglamento vigente, bajo el argumento de eliminar la «partidización» y la «discrecionalidad».

«Los jueces querían a Montenegro de ministro y ahora no están amigos del gobierno»

De La Torre adelantó que está «absolutamente de acuerdo con todos los términos de la acordada» pero aclaró que el tema «deberá discutirse en la comisión de Selección y la de Reglamentación y, en todo caso, votarse en plenario». Una manera de alargar el debate. De La Torre agregó que ella es autora de uno de los 14 proyectos sobre el tema, otra manera de avisarle que son los consejeros los que discuten cómo mejorar los mecanismos de selección de jueces y son muchas las ideas en danza, no sólo las de Rosenkrantz y Lorenzetti.

Es una acordada que ha sido presentada para ser sometida a este consejo, no es un libro cerrado ni mucho menos pero entiendo que hay muchas cosas para modificar. Es un colectivo donde los abogados seguimos viajando de parados y nos gustaría también poder sentarnos.

Esa advertencia coincidió con una pregunta demoledora que un diputado le hizo en los últimos días a un juez de la Corte: «¿Nosotros podemos meternos con las sentencias?». La respuesta por la negativa solo ameritó una lacónica onomatopeya del legislador: «Ah».

En la misma sintonía, el consejero Maques objetó este miércoles la premura de Rosenkrantz y Lorenzetti. «Es una acordada que ha sido presentada para ser sometida a este consejo, no es un libro cerrado ni mucho menos», afirmó y agregó: «es un colectivo donde los abogados seguimos viajando de parados y nos gustaría también poder sentarnos».

Maques es hombre de Angelici y, por propiedad transitiva, pertenecería al mismo esquema que termina en la figura de Karina Milei, quien definió el ascenso de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia y detonó la aspiración de Ricardo Lorenzetti.

Santiago Viola, representante del Ejecutivo en el Consejo.

Lorenzetti quedó del lado perdedor en la discusión por el Ministerio de Justicia, ya que como reveló LPO, respaldaba junto a los principales jueces de Comodoro Py la designación de Guillermo Montenegro.

Milei le exige a Clarín que ceda 6 millones de clientes para aprobar la fusión con Telefónica

Que se instale el tema de la necesidad de «limitar» la intervención política en la selección de jueces, justo cuando el flamante ministro Juan Bautista Mahiques remite al Senado el pliego para que de manera excepcional se extienda por cinco años la calidad de juez de la Cámara de Casación Federal de su papá, Coco Mahiques, no parece casualidad.

Una impugnación a la que contribuye el ministro cuando de manera pública oficia como un abogado de los Milei en la causa por la criptoestafa $Libra, proponiendo cursos de acción para anular las pruebas contra el presidente y su hermana. En esa misma sintonía, parece inscribirse la decisión de Mahiques de promover el ascenso a jueza de Ana Juan, esposa de Marcelo Martínez de Giorgi, que instruye la causa $Libra. Un verdadero escándalo.

Le sirve además el tema a Lorenzetti para raspar a su eterno rival por la postulación de su hijo, Emilio Rosatti, como juez federal de Santa Fe. En el Palacio Talcahuano podía percibirse este miércoles la bronca contenida contra la publicación de Clarín que reveló que el heredero del presidente de la Corte no había sacado la nota más alta para el orden de mérito, donde había quedado 9º, pero luego de la entrevista terminó más arriba. Precisamente el proyecto de Lorenzetti y Rosenkrantz busca limitar el peso de las entrevistas personales en la selección del orden de mérito de los que compiten por la calidad de juez.

Es por eso, que el deslizamiento más impactante es el que concretó Rosenkrantz, que de pasar los últimos tres años formando mayoría con Rosatti, pasó a alinearse con Lorenzetti. «Acaso ese cambio se explique por la confrontación de Milei con Clarín por las trabas para la fusión Telecom-Telefónica», analizó un consejero consultado por LPO. Rosenkrantz, antes de ser juez, fue abogado del grupo de medios al que Milei quiere imponer un draconiano pliego de condiciones para aprobarle la fusión, como reveló LPO en exclusiva.