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La Independencia no terminó el 9 de julio de 1816. Al día siguiente, las Provincias Unidas seguían rodeadas por guerras, divisiones internas, amenazas externas y un futuro completamente incierto. La historia del verdadero «día después».
Por Alcides Blanco para Noticias La Insuperable
Durante generaciones, la historia argentina enseñó a imaginar el 9 de julio de 1816 como una especie de punto de llegada, una jornada en la que un grupo de congresales reunidos en Tucumán declaró la Independencia y, desde ese momento, nació la Argentina tal como hoy la conocemos. Sin embargo, la investigación histórica desarrollada durante las últimas décadas permite reconstruir un escenario muy diferente, mucho más complejo y profundamente humano, porque el verdadero desafío comenzó precisamente al día siguiente, cuando aquella declaración solemne debía convertirse en una realidad política, militar, económica y diplomática en un territorio atravesado por guerras, disputas internas y enormes incertidumbres.
Lo que ocurrió el 10 de julio de 1816 fue, justamente, el comienzo del trabajo más difícil. La emoción de haber proclamado la ruptura con la monarquía española convivía con una pregunta inevitable que nadie podía responder con certeza: ¿cómo sostener esa independencia frente a un imperio que todavía conservaba ejércitos poderosos, frente a provincias enfrentadas entre sí y frente a un mundo que, lejos de celebrar las revoluciones americanas, buscaba restaurar el viejo orden monárquico?
La sesión del 9 de julio no había resuelto los principales problemas de las Provincias Unidas. El Congreso seguía reunido porque quedaban por discutir cuestiones fundamentales como la forma de gobierno, la organización institucional, la administración de los recursos públicos, la representación política de los distintos territorios y la estrategia diplomática para obtener reconocimiento internacional, un aspecto indispensable para garantizar la supervivencia del nuevo Estado.
En otras palabras, existía una declaración de independencia, pero todavía no existía una nación plenamente organizada. No había Constitución, tampoco un consenso definitivo sobre el modelo político, y las diferencias entre proyectos centralistas y federales seguían atravesando toda la vida pública.
La imagen de un país unido detrás de un mismo objetivo pertenece mucho más a la construcción posterior de la memoria nacional que a la realidad de aquellos días, porque el Congreso de Tucumán representaba solamente a una parte de las antiguas jurisdicciones del Virreinato del Río de la Plata, mientras otras regiones permanecían alejadas del proceso político o directamente enfrentadas con el Directorio instalado en Buenos Aires.
Si el mapa político resultaba complejo, el militar era todavía más preocupante.
Al norte, las tropas realistas continuaban ocupando buena parte del Alto Perú y mantenían capacidad suficiente para intentar una nueva invasión sobre el actual territorio argentino. La resistencia dependía casi exclusivamente de la extraordinaria guerra de recursos organizada por Martín Miguel de Güemes, cuyos gauchos sostenían una frontera militar mediante tácticas de desgaste que impedían el avance español, aunque a un costo humano enorme para la población del noroeste.
Mientras tanto, en Mendoza, José de San Martín aceleraba la preparación del Ejército de los Andes, consciente de que la defensa permanente resultaba insuficiente y de que la única posibilidad estratégica consistía en trasladar la guerra hacia Chile y posteriormente hacia el Perú, donde se encontraba el principal centro del poder español en Sudamérica. Aquella expedición todavía era un proyecto que demandaba recursos, hombres, armamento, animales, alimentos y una organización logística sin precedentes para la región.
En simultáneo, la Banda Oriental se encontraba sometida a la invasión portuguesa iniciada meses antes, mientras las tensiones entre el Directorio y la Liga de los Pueblos Libres encabezada por José Gervasio Artigas impedían construir una estrategia común frente a los enemigos externos. Paradójicamente, el mismo territorio que acababa de proclamarse independiente enfrentaba conflictos militares tanto contra las fuerzas de la Corona española como entre los propios proyectos políticos surgidos de la Revolución de Mayo.
La independencia, entonces, no eliminó los peligros. Simplemente cambió la naturaleza de la lucha.
A menudo se olvida que la declaración de Tucumán ocurrió en uno de los momentos más adversos para cualquier revolución americana.
Tras la derrota definitiva de Napoleón en 1815, las principales potencias europeas impulsaban la restauración de las monarquías tradicionales mediante el Congreso de Viena y la posterior Santa Alianza, un sistema internacional diseñado precisamente para impedir la expansión de los movimientos revolucionarios que habían sacudido Europa y América durante las décadas anteriores.
Desde esa perspectiva, la independencia declarada en Tucumán no contaba con un escenario internacional favorable. España pretendía recuperar sus colonias y buena parte de Europa compartía ese objetivo, mientras las Provincias Unidas carecían todavía del reconocimiento diplomático necesario para consolidarse como un Estado soberano.
No resulta casual que apenas diez días después, el 19 de julio de 1816, el Congreso decidiera ampliar el texto original agregando la expresión «y de toda otra dominación extranjera», una aclaración destinada a despejar cualquier sospecha de que la ruptura con España pudiera desembocar en la dependencia respecto de otra potencia europea.
Aquella modificación demuestra que los diputados seguían pensando la independencia como un proceso abierto, susceptible de ajustes conforme evolucionaban las circunstancias políticas y diplomáticas.
Lejos de la imagen de una obra terminada, el Congreso trabajaba casi diariamente para fortalecer una construcción institucional que todavía era extremadamente frágil.
La historia suele recordar el 9 de julio como el día en que nació la Independencia argentina, pero el 10 de julio de 1816 recuerda algo igualmente importante y quizá más cercano a la experiencia humana: las grandes transformaciones nunca concluyen con una firma ni con una proclamación solemne, sino que recién empiezan cuando llega el momento de sostenerlas frente a la realidad. Aquellos hombres salieron de la histórica casa de Tucumán sabiendo que no habían llegado a la meta, sino que acababan de asumir una responsabilidad inmensa cuyo resultado todavía era incierto, porque la libertad recién declarada debía defenderse en los campos de batalla, consolidarse en las instituciones, financiarse con una economía devastada y legitimarse ante un mundo que todavía no estaba dispuesto a reconocerla.
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Donald Trump dio por terminada el cese al fuego con Irán y viene desarrollando ataques a posiciones militares de Irán. Esta ofensiva volvió a cerrar Estrecho de Ormuz y aumentó la tensión en los mercados internacionales y el precio del petróleo.
Esta renovada escalada militar entre Estados Unidos e Irán está provocando una creciente disputa dentro del Partido Republicano y amenaza con convertirse en uno de los principales desafíos políticos para Donald Trump de cara a las elecciones legislativas de noviembre.
Según un análisis publicado por Politico, el conflicto expone las profundas diferencias entre quienes defienden una política exterior intervencionista y el ala más aislacionista del movimiento Make America Great Again (MAGA), que reclama que Trump cumpla su promesa de mantener a Estados Unidos alejado de nuevas guerras en Medio Oriente.
En este marco, la reanudación de los bombardeos estadounidenses contra objetivos iraníes de esta semana tras el fracaso del alto el fuego reavivó un debate que el presidente había logrado contener durante los primeros meses del conflicto.
EEUU ataca un puerto iraní y recrudece la tensión en el estrecho de Ormuz
Mientras los sectores más duros del Partido Republicano sostienen que Washington debe aprovechar la debilidad del régimen iraní para incrementar la presión militar, los aliados más cercanos al ideario «America First» advierten que una guerra prolongada traicionaría uno de los pilares del trumpismo y puede afectar a las chances electorales de noviembre.
Mientras los sectores más duros del Partido Republicano sostienen que Washington debe aprovechar la debilidad del régimen iraní para incrementar la presión militar, los aliados más cercanos al ideario «America First» advierten que una guerra prolongada traicionaría uno de los pilares del trumpismo y puede afectar a las chances electorales de noviembre
Entre los críticos aparecen dirigentes como Marjorie Taylor Greene (la principal voz del movimiento MAGA) y Thomas Massie que cuestiona la legalidad de las operaciones militares sin autorización del Congreso y sostienen que el involucramiento militar corre el riesgo de repetir los errores de Irak y Afganistán, con un elevado costo económico y humano.
Marjorie Taylor Greene.
Del otro lado, los llamados «halcones» entre los que se destacan Lindsey Graham que representa el sector más intervencionista del partido y defiende una respuesta militar contundente contra Irán porque considera que Washington debe aprovechar la oportunidad para debilitar definitivamente al régimen iraní y Mike Johnson que respalda la estrategia de Trump y sostiene que el enfrentamiento con Irán era prácticamente inevitable debido a la amenaza que representaba para Israel y para las fuerzas estadounidenses en la región.
Entre los críticos aparecen dirigentes como Marjorie Taylor Greene (la principal voz del movimiento MAGA) y Thomas Massie que cuestiona la legalidad de las operaciones militares sin autorización del Congreso y sostienen que el involucramiento militar corre el riesgo de repetir los errores de Irak y Afganistán, con un elevado costo económico y humano.
A su vez, ellos creen que detener ahora la ofensiva permitiría a Teherán reorganizarse y recuperar capacidad militar. La preocupación crece porque diversas encuestas muestran que el conflicto con Irán continúa siendo impopular entre amplios sectores del electorado estadounidense, especialmente entre independientes y votantes moderados, un segmento clave para conservar la mayoría en el Congreso.
Los sectores críticas a la estrategia bélica advierten que una guerra larga podría erosionar el respaldo a la Casa Blanca y beneficiar a los demócratas en los comicios dado que vienen apelando a la narrativa contra la guerra con resultados exitosos.
En este marco, Trump intenta sostener un delicado equilibrio. Por un lado, insiste en que Estados Unidos responderá con contundencia a cualquier agresión iraní y no descarta nuevas operaciones militares.
Irán cierra el estrecho de Ormuz por los bombardeos de Israel en Líbano
Por otro, continúa afirmando que su objetivo final es alcanzar un acuerdo que garantice la estabilidad regional y la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz, evitando un conflicto indefinido.
La interna está en desarrollo en donde los sectores más tradicionales afirman que Estados Unidos corre el riesgo de desaprovechar una oportunidad histórica para debilitar definitivamente al régimen iraní. En cambio, en el universo MAGA, el conflicto amenaza con diluir la identidad política que llevó a Trump nuevamente a la Casa Blanca: la promesa de priorizar los intereses internos de Estados Unidos y evitar nuevas guerras en el extranjero.
En el último año se triplicó la cantidad de hogares argentinos que no llegan a pagar sus créditos. La morosidad bate récords. El dato importa y genera una preocupación obvia y compartida. Pero mirar solo las deudas impagas es confundir el síntoma con el problema.
Esta es la segunda nota publicada en Anfibia que retoma y profundiza la investigación del libro Una historia de cómo nos endeudamos (Siglo XXI editores) para analizar lo que sucede un poco más allá del ruido de la coyuntura.
El primer texto explicaba por qué no todas las deudas son iguales y por qué es fundamental prestarle atención a cómo se experimentan, toman sentido y son vividas. Para una parte importante de la sociedad, las deudas que cargan no son el precio de algo —no son el escalón hacia ningún lugar. Son simplemente el precio de permanecer en el lugar. Para no caer. Eso es la deuda de sacrificio: una deuda sin aspiración. Una deuda que es el precio de sobrevivir.
Ahora vamos a dar un paso más allá, y cambiar el foco: abandonamos las experiencias y analizamos las estructuras.
Las deudas de sacrificio pasaron de ser amortiguadores transitorios de las crisis a un rasgo estructural de la desigualdad de la sociedad argentina.
La mora es el árbol. Esa transformación social es el bosque.
En nuestro país no hay una serie de largo plazo sobre prácticas financieras de los hogares. Y las encuestas que preguntan si alguien está «endeudado» no alcanzan: para medir la desocupación no se consulta «¿usted está desocupado?». El problema es el mismo: no sabemos qué entiende cada quien por esa palabra y cuántas realidades se ocultan o distorsionan en las respuestas.
La pregunta que importa no es si hay deuda. Es para qué fue tomada: ¿para crecer o para no caer? Le sigue otra pregunta, derivada de la anterior: ¿qué nos dice el cambio de las dinámicas de endeudamiento de las familias sobre la desigualdad social de un país?
La Encuesta Permanente de Hogares brinda información que ayuda a resolver, aunque no del todo, estas preguntas. En Una historia de cómo nos endeudamos (Siglo XXI editores) nos apoyamos en algunos indicadores de la encuesta periódica del INDEC para trazar los rasgos de una transformación social que tiene a las deudas de los hogares como driver principal. Podemos ver la evolución de los que tomaron crédito y, al mismo tiempo, «sacrificaron» ahorros y/o bienes, entre 2003 y 2025. Un proxy de acceso al crédito bajo estrés financiero, no de deuda en general.
La serie completa muestra dos Argentinas, y no se diferencian por el volumen de la deuda sino por la función que cumple y para quién.
Primera etapa (2003-2014). Con la crisis de 2007-2009, estos hogares subieron de 12,9% a 17,2% y, cuando la crisis pasó, casi volvieron a su nivel previo. La deuda amortiguó. Y en esta etapa no hubo un patrón de clase estable: el 20% más rico estuvo tan expuesto como el 20% más pobre.
Segunda crisis (2016-2019). El indicador volvió a subir. Pero esta vez no volvió a bajar. El piso posterior quedó casi 70% por encima del período previo. Ahí arrancó el segundo tiempo de la historia, y es donde la función empezó a cambiar de manos.
Al analizar el indicador en sus dos partes -gastar ahorros y vender pertenencias- aparece el mecanismo exacto de esa transformación.
Vender pertenencias nunca fue parejo. El 20% más pobre se deshizo de sus cosas siempre más que el 20% más rico, desde 2003. Esto no se volvió desigual: siempre lo fue. Lo que cambió después de 2016 fue la magnitud de esa desigualdad, que se agrandó con fuerza. Gastar ahorros sí era parejo, y con signo opuesto: hasta 2016, quien más los gastaba era el rico, no el pobre —los doce años de esa etapa, sin excepción. Después de 2016, se invirtió: pasó a ser predominantemente el pobre.
Dos historias distintas que terminan en el mismo lugar: una que siempre fue desigual y se agrava; otra que cambia de manos por completo.
Al sumar las dos series se ve que hasta 2016, ricos y pobres corrieron parecido en la deuda de sacrificio agregada. Desde entonces, el 20% más pobre se despegó y quedó sistemáticamente arriba del 20% más rico.
La desigualdad no nació en 2016. Ya estaba ahí, escondida en el componente de venta de bienes —que siempre fue más común entre los sectores de menos ingresos. Lo que cambió en 2016 fue que se recurrió a esa forma de capitalizarse más que a gastar ahorros, y pasó a pesar más en el promedio. Por eso el indicador agregado, que antes no distinguía por clase, terminó arrastrado hacia el grupo más expuesto a tomar créditos y vender sus bienes: los sectores de menos ingresos.
En 2024 las deudas de sacrificio tocaron su máximo histórico: más del doble que al comienzo de la serie. Lo excepcional se volvió estructural, y siguió impactando sobre todo en los que menos tienen.
Al mismo tiempo cambió la composición del endeudamiento. El crédito bancario formal fue la fuente que más creció en 22 años en general, y en los sectores de menos ingresos en particular. Y desde la salida de la pandemia, no paró de aumentar. Los préstamos entre familiares cayeron hasta 2023, pero repuntaron en los últimos dos años. Las dos fuentes aún conviven no se reemplazaron.
Lo que sí revela un desfasaje de clase es el ritmo de bancarización. A nivel país, el peso del préstamo bancario alcanzó y superó al préstamo familiar alrededor de 2011: ambas fuentes se cruzaron en torno al 15,6% cada una. En el 20% más pobre eso nunca llega a pasar: el préstamo familiar siguió siendo, en 2025, la fuente más importante de las dos (32,9% contra 20,9% del crédito bancario). Lo que sí ocurrió es una convergencia: la brecha entre ambas fuentes, que era de 43 puntos en 2003, se achicó a 12 puntos en 2025 —y esa convergencia se aceleró justo en la ventana en que la deuda de sacrificio se volvía estructural y desigual. Los hogares de menores ingresos se acercaron al patrón de bancarización que el resto de la sociedad ya tenía hace más de una década, sin terminar de alcanzarlo.
La mora aparece justo ahí. No es coincidencia, aunque tampoco alcanza con mirar cuánto creció el crédito: hay que preguntar a quién llegó, y cuándo.
Dos desigualdades viejas se confirman: inquilinos y hogares con menores de edad ya estaban más expuestos antes de 2016, y ahora lo están más. Pero aparece un tercer y nuevo factor de desigualdad: la precariedad labora. La inestabilidad del trabajo se suma a la lista de lo que empuja a los hogares hacia la deuda de sacrificio.
Por eso la morosidad récord de 2025-2026 no aparece sobre una sociedad que se quebró de repente. Aparece sobre una sociedad donde la deuda venía cambiando de función, y de manos, desde hacía casi una década.
Si el problema es la mora, discutimos tasas y refinanciaciones. Si el problema es que las deudas de sacrificio dejaron de amortiguar las crisis para organizar la desigualdad, la pregunta es otra: por qué una parte creciente de los hogares solo logra reproducir su vida cotidiana endeudándose y sacrificando ahorros y bienes.
Donde falla un derecho —laboral, social— no nace una necesidad. Nace una deuda de sacrificio.
La entrada La nueva desigualdad estructural se publicó primero en Revista Anfibia.
La economía puede mostrar una planilla prolija y, al mismo tiempo, dejar a los trabajadores haciendo equilibrio en la cornisa. Ese es el dato incómodo que aparece detrás del nuevo informe de la UCA: el desempleo no arde, pero el empleo se rompe por adentro. La macro luce ordenada en la vidriera. En la trastienda hay changas, monotributos flacos, motos prestadas y cuentas que no cierran.
El Observatorio de la Deuda Social Argentina publicó un trabajo sobre la estructura laboral urbana entre 2010 y 2025. La conclusión es fuerte: el deterioro no aparece como una expulsión masiva al desempleo abierto, como en los años noventa, sino como una degradación silenciosa de las condiciones de trabajo. La UCA lo resume como una «desintegración laboral sin desempleo».
El dato central está en las trayectorias laborales. Entre 2011-2013 y 2023-2025, la proporción de desocupados que pasó al autoempleo informal subió del 24,1% al 29,5%. En cambio, la salida hacia empleos asalariados formales o públicos cayó del 24,1% al 19,6%. Dicho más simple: cada vez menos desocupados consiguen un empleo registrado y cada vez más terminan inventándose una ocupación de baja escala.
La misma dinámica golpea a quienes ya tenían un empleo formal. Según el informe, el pasaje de asalariados formales hacia el autoempleo informal subió del 4,8% al 6,2%. La caída ya no es sólo del desocupado que no encuentra puerta de entrada. También alcanza al trabajador registrado que pierde el escalón y cae en el rebusque.
Un modelo de empleo precarizado
Por eso la tasa de desempleo puede quedar relativamente contenida mientras el mercado laboral se deteriora. En el primer trimestre de 2026, la desocupación fue del 7,8%, casi sin cambios frente al mismo período del año anterior. Pero la informalidad subió al 44,2% y también creció la subocupación. El Estado cuenta a una persona como ocupada. El hogar mira si ese ingreso alcanza para llegar a fin de mes.
La composición del empleo confirma el corrimiento. El sector microinformal pasó del 46,4% de los ocupados en 2010 al 48,3% en 2025. Dentro de ese universo, los no asalariados informales treparon del 28,2% al 31,7%. En paralelo, el empleo público cayó del 20,1% en 2023 al 16,7% en 2025.
El sector microinformal pasó del 46,4% de los ocupados en 2010 al 48,3% en 2025. Dentro de ese universo, los no asalariados informales treparon del 28,2% al 31,7%. En paralelo, el empleo público cayó del 20,1% en 2023 al 16,7% en 2025.
La precariedad también tiene números duros. En 2025 alcanzó al 45% del total de los ocupados. En el sector microinformal llegó al 66,5%. Entre los asalariados informales de microestablecimientos, trepó al 81,1%. En el empleo público fue del 15,9% y en el sector privado formal del 29,1%.
El ingreso muestra la parte más brutal del fenómeno. La UCA advierte que los trabajadores del sector microinformal cobran, en promedio, entre 30% y 40% menos que el resto. En 2025, los trabajadores privados formales regulados tenían una probabilidad 18 veces mayor de estar en el quintil más alto de ingresos que en el más bajo. En el microinformal, esa relación caía a 0,28.
Ahí aparece la otra cara del orden macroeconómico que el Gobierno vende como modernización. El informe marca dos motores en tensión. Por un lado, sectores de baja productividad que absorben mucha mano de obra. Por otro, actividades de alta rentabilidad, como recursos naturales, finanzas y servicios empresariales, que generan pocos puestos directos.
La apuesta libertaria combina ajuste fiscal, desregulación, incentivos exportadores y una mirada muy favorable a recursos naturales y finanzas. Ese camino puede ordenar algunas variables. Pero no arma, por sí mismo, un régimen de desarrollo. Sin crédito, proveedores, infraestructura, tecnología y coordinación estatal, los números cierran arriba y la factura se abre abajo.
El espejo peruano entra justo ahí. Perú logró durante años baja inflación, reservas altas y bajo endeudamiento. Pero en 2025 tuvo una informalidad laboral del 70,2%. Fueron 12,3 millones de trabajadores informales sobre una población ocupada de 17,6 millones. En las zonas rurales, la informalidad llegó al 94,8%. En las urbanas, al 64,5%. La desocupación, en cambio, fue de apenas 4,9%. La trampa queda a la vista: una macro eficiente puede convivir con una sociedad partida.
El ex ministro peruano Piero Ghezzi lo dijo en una entrevista con La Nación: «La política macro, que es transversal, no alcanza». También advirtió que en Perú «no hay suficientes sectores para incorporar a esos trabajadores». Esa frase explica el riesgo argentino.
Perú incluso mostró crecimiento del empleo en 2025. El INEI informó 17,57 millones de ocupados, un aumento de 1,5% frente a 2024. Pero la calidad del empleo siguió siendo el agujero negro. En empresas de hasta diez trabajadores, la informalidad fue del 88,6%. En las grandes, del 15,6%. En agricultura, pesca y minería, llegó al 91,1%. En servicios, al 57,6%. El orden macro no impidió que la mayoría trabajara sin red.
En Argentina, la palabra peruanización pega porque toca una fibra sensible. El país todavía conserva protecciones sociales y laborales más extendidas que Perú explicada por su complejo científico inudstrial. Pero el informe de la UCA advierte que esa arquitectura se erosiona. La norma protectoria sigue escrita. El problema es que una porción creciente del trabajo queda afuera de su alcance. .
Ramiro Robles, investigador del Observatorio de la Deuda Social, planteó que hacen falta políticas de coordinación salarial, fortalecimiento del salario mínimo y formalización. Pero con una aclaración clave: formalizar no es sólo registrar. También supone crear canales reales para incorporar a quienes hoy están fuera del sistema fiscal, previsional y laboral porque sus márgenes productivos son mínimos. Su diagnóstico fue poco amable para la épica oficial: «No parece evidente que en el corto plazo la situación del empleo vaya a mejorar».
