Sociedad

 

La media sanción al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea marcó una fuerte derrota de La Cámpora y el kirchnerismo duro dentro del bloque Unión por la Patria, donde por primera vez los diputados del interior se impusieron y aportaron mayoría de votos para que se apruebe.

El acuerdo se aprobó en la Cámara de Diputados con una mayoría amplísima de 203 votos a favor y 42 en contra, aportados por el kirchnerismo duro y la izquierda.

Como anticipó LPO, ya en la previa se sabía que el bloque peronista se dividiría porque los diputados del interior y el massismo estaban a favor del acuerdo. La novedad es que por primera vez La Cámpora quedó en minoría dentro de la bancada que dirige Germán Martínez.

De los 93 diputados que tiene Unión por la Patria 47 votaron a favor, 38 en contra, 4 se abstuvieron y otros 4 estuvieron ausentes. Entre los que votaron en contra estuvieron Máximo Kirchner, Juan Grabois y los representantes de La Cámpora y grupos afines.

El acuerdo con la UE también fue avalado por diputados peronistas que no integran Unión por la Patria, pero son cercanos como la cordobesa Natalia de la Sota y el puntano Jorge «Gato» Fernández. También lo votaron los tres catamarqueños que responden a Raúl Jalil y los tres tucumanos de Osvaldo Jaldo.

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El grupo que se retobó y votó a favor del acuerdo está liderado por el entrerriano Guillermo Michel y lo integran otros referentes provinciales como el chubutense Juan Pablo Luque o el mendocino Omar Félix, entre otros. Pero también votaron a favor el kirchnerista Agustín Rossi y el jefe de bloque Germán Martínez. 

La división del peronismo a la hora de las votación del acuerdo es un reflejo de las tensiones que atraviesan la bancada, donde un grupo cada vez más grande está convencido de la necesidad de ampliar la representación del peronismo para integrar a dirigentes que contengan expresiones como las que podrían sintetizar Miguel Pichetto o el gobernador Martín Llaryora. Enfrente, se atrincheran los dirigentes de La Cámpora y las organizaciones afines que aspiran a alambrar ideológicamente el PJ en medio de un repliegue histórico que, para colmo, encuentra a Cristina Kirchner cumpliendo arresto domiciliario.

En ese sector creen que los peronistas de centro como Pichetto y Llaryora tienen que confluir con el grupo bonaerense que responde a Axel Kicillof, pero curiosamente el axelismo también salió a criticar la aprobación del acuerdo con la UE, en línea con La Cámpora. 

«Se consuma la entrega de la industria nacional a cambio de nada», escribió en sus redes Carlos Bianco, mano derecha de Kicillof y que años atrás fue su delegado en la Cancillería cuando el ahora gobernador era ministro de Economía. Además del tuit de Bianco, el diputado Jorge Taiana, hoy alineado a Axel, también votó en contra del acuerdo.  

Se consuma la entrega de la industria nacional a cambio de nada. pic.twitter.com/Etp1cadMiR

— Carli Bianco (@Carli_Bianco) February 13, 2026

 

 

 La Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública de Chubut inició una investigación tras la denuncia presentada por un sindicalista contra un empresario y un ex funcionario, quienes lo habrían querido coimear para que no empiecen las clases.

La fiscal

Julieta Gamarra solicitó allanamientos en los domicilios de los involucrados y

en la empresa donde se habría llevado a cabo la reunión en la que le ofrecieron un soborno al secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Trelew, José Severiche. En los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares y cámaras de seguridad.

Severiche denunció que recibió un llamado de Ricardo Traversini, empresario local que fue investigado por presunta evasión, quien le manifestó que su jefe, Gonzalo Carpintero, quería reunirse con él.

Carpintero tuvo una extensa trayectoria como funcionario público vinculado al peronismo. Fue director general de Niñez, Adolescencia y Familia; subsecretario de Desarrollo Social; ministro de Familia y Promoción Social; concejal de Trelew; y viceministro coordinador de Gabinete, entre otros cargos. Su carrera concluyó con una condena por corrupción, tras acreditarse un incremento patrimonial superior al 500% y el cobro de coimas y sobresueldos en las causas conocidas como «Embrujo» y «Revelación».

Tras el llamado, Severiche se dirigió a la oficina que Carpintero comparte con el empresario pesquero Raúl «Tato» Cereseto. Allí, según consta en la denuncia, le habría solicitado «que haga quilombo con el gremio para que no empiecen las clases en las escuelas de la provincia el próximo 23 de febrero».

«Me aclaró que tenía que generar el conflicto antes del 23, sino no servía. Me agregó que habría otros actores que me ayudarían a generar discordia», declaró el sindicalista.

Raúl «Tato» Cereseto

En su presentación judicial, Severiche aseguró que Carpintero le prometió «una retribución económica» y que luego se realizarían «paritarias» para compensarlo si accedía al pedido. «Creo que Carpintero me ofrece dinero a cambio de que yo trate de impedir que empiecen las clases porque él me conoce bien y sabe que tengo problemas económicos», afirmó.

Más allá de la cuestión política, fuentes del Gobierno indicaron que el interés de los empresarios y del ex funcionario condenado estaría vinculado a evitar el pago de impuestos adeudados, que rondarían los $1.200 millones, frenar el incremento del canon pesquero y bloquear el eventual envío del proyecto de «Ley de Ficha Limpia para la Pesca» que el Ejecutivo analiza presentar.

 

 

El arco opositor en Córdoba empieza

de a poco

a generar un bloque alrededor de una sola figura: la del diputado libertario Gabriel Bornoroni. Todos, en mayor o en menor medida dentro del sistema, coinciden en el trazo grueso de los análisis que el jefe del bloque mileísta en la Cámara baja es quien asoma para ser ungido por Casa Rosada para enfrentar al gobernador Martín Llaryora en 2027.

Por esto, no es raro que algunos radicales empiecen a desacoplarse de las intenciones del exdiputado Rodrigo de Loredo y manden señales al campamento libertario. Como sucedió, según admitieron fuentes de distintos espacios en los últimos días, con las conversaciones entre Bornoroni y el exconcejal del radicalismo, Juan Negri.

Hubo una charla hace algunos días que no trascendió y allí el hijo del caudillo y exdiputado de la UCR, Mario Negri, aprovechó el contacto para hacerle saber que sostendrá su intención de entrar en el lote de opositores que peleen por la intendencia.

Aunque esto no signifique que la situación lo ate de manera deliberada a De Loredo. «Lo habló, se juntó y le dijo que quiere ser precandidato a intendente. Y que él no está en la jugada de Rodrigo de ser candidato a gobernador», reconoció una persona de línea directa con Bornoroni.

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Particularmente, el comentario del hijo de Negri habría estado en la disconformidad sobre lo que sucedió el año pasado con la interna del partido y lo ocurrido en octubre con el magro resultado de la UCR debajo de la candidatura de Ramón Mestre.

Por lo que, con el objetivo de avanzar en una construcción opositora colectiva, el actual vocal del Ersep -el organismo de control de los servicios públicos- presentará propuestas para la intendencia cordobesa el próximo martes por la mañana frente al edificio municipal.

Negri se juntó con Bornoroni y le dijo que quiere ser precandidato a intendente. Y que él no está en la jugada de

De Loredo

de ser candidato a gobernador

Sin embargo, esto desata un fuerte enojo en la UCR cordobesa, sobre todo en la porción alineada con De Loredo. Porque en 2025, cuando estaba latente la posibilidad de una interna entre el deloredismo y el mestrismo, Juan Negri se mostró cercano al exdiputado y al presidente del partido, Marcos Ferrer. Gesto que luego fue recompensado con el cargo de la vocalía por la oposición en el Ersep, en una silla que hasta el año pasado ocupaba el mestrista Facundo Cortés Olmedo.

De Loredo y Ferrer desconocen de todas maneras este movimiento del exconcejal buscando tirar algunas líneas para acercarse a la sociedad que hoy integran los libertarios con Juez y con una pata radical avalada por Karina y los Menem. Y donde, por ahora, no está el exjefe del bloque radical en la Cámara baja.

No obstante, lo del hijo de Negri para la pelea capitalina tiene otras aristas difíciles de sortear en la carrera por suceder al peronista Daniel Passerini. Porque, si bien es complejo distinguir quién o entre quiénes estará la fórmula provincial de la oposición, aún más arduo es entender por dónde se encaminará la candidatura a la intendencia de este espacio.

Porque los libertarios tienen intenciones, el juecismo también pretende hacer valer su rol de socio, dentro del mismo esquema la radical Soledad Carrizo es una variante, al igual que el legislador con pasado en el lilismo Gregorio Hernández Maqueda o el hombre del PRO, Sebastián García Díaz, primo de la senadora Carmen Álvarez Rivero. 

 

 

Axel Kicillof entró en por primera vez en lo que va de su gestión en una negociación real con los empleados públicos. Este jueves subió apenas un punto la oferta que la semana pasada habían rechazado docentes y estatales, y que había sido del 2% para el mes de febrero.

Desde el gobierno advirtieron a los gremios que la provincia no cuenta con un margen mayor para mejorar la oferta debido al «complejo contexto fiscal» que atraviesa. Por lo pronto, los sindicatos estatales UPCN, ATE y Fegeppba ya la rechazaron y argumentan que está por debajo de la inflación.

La negociación se da en un contexto complejo para los líderes gremiales. Roberto Baradel (Suteba) y Claudio Arévalo (ATE) fueron los primeros aliados de Kicillof en el arco gremial. El gobernador y los gremios mantuvieron una fuerte alianza en los últimos años sin ningún paro cuestiones salariales.

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Sin embargo, desde el año pasado las bases sindicales comenzaron a exigir mejores aumentos y reniegan de ver a Baradel, Arévalo y Oscar de Isasi en la primera fila de todos los actos del gobernador.

El malestar de las bases con los dirigentes llegó a un punto que este año la negociación paritaria se realiza por conferencia virtual porque los gremialistas temen escraches en las oficinas del ministerio de Trabajo.

Roberto Baradel.

La oferta del gobierno está muy lejos de lo que las bases reclaman. Por caso, UPCN, ATE y Fegeppba la rechazaron de plano. Sin embargo, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) que comandan el Suteba de Baradel y la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) se llevaron la oferta para analizarla.

El gobierno afirmó que el mes pasado los estatales cobraron un 4,5% más que en diciembre, pero los gremios advierten que eso ocurre porque se otorgaron dos retroactivos por un total del 1,5% que ya no se cobran más. Por eso, ahora afirman que el aumento ofrecido hoy en realidad mantiene ese 1,5% y le suma un 1,5% más, por debajo de la inflación de enero que fue 2,9%.

Si la negociación se dilata, el gobierno de Kicillof podría aplicar el aumento ofrecido este miércoles sin el asentimiento de los gremios, para luego seguir negociando. En enero, la poderosa FEB ya habían rechazado el acuerdo (que se aceptó por mayoría de los gremios del Frente de Unidad Docente). En tanto, los judiciales firmado la oferta en disconformidad.

Kicillof necesita asegurar el inicio de clases en tiempo y forma para poder lanzarse a recorrer las provincias en clave electoral. Hasta ahora, el gobierno viene evitando que los gremios retrasen el inicio de clases, un conflicto recurrente durante las gestiones anteriores durante cada mes de marzo.

 

 

El derrumbe de la actividad industrial sigue en caída libre y aún no toca fondo. Según datos del Indec, en diciembre la capacidad instalada bajó de 57.7% a 53.8%, dato que está muy por debajo de la pandemia (cercana al 60%) y alcanza el peor momento de 2024.

Entre los sectores más golpeados están los que sintieron de lleno la apertura de importaciones del gobierno de Javier Milei, entre ellos los textiles (con una capacidad instalada del 35,2%), metalmecánica (38,9%) y la industria automotriz, que tuvo el número más bajo (31,2%).

También, aparecen en un proceso de desaceleración creciente de la actividad la industria de minerales no metálicos (51,1%), edición e impresión (46,5%) y caucho y plástico (33,4%).

Como contó LPO, la crisis de la industria automotriz se expone en casos como los de la planta de General Motors en Santa Fe, que en el arranque de 2026 decidió sostener el esquema de suspensiones al personal.

A la vez, desde Ford amenazaron con cerrar la planta de Pacheco, de no existir mejores condiciones para la exportación de los modelos que allí se producen.

La industria textil, en tanto, expone cifras alarmantes y, por la contracción de su producción a partir de la llegada de importados, ya despidió a más de 600 trabajadores en distintas plantas del país en los últimos tiempos.

En la industria metalúrgica, luego del golpe perpetrado a Techint que se quedó sin la licitación del gasoducto a Río Negro, una contratista de Ternium cerró en San Nicolás, afectando a 110 trabajadores.

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En el comparativo de diciembre de 2025 con el mismo mes de 2024, las caídas más fuertes se dieron en metalmecánica, plásticos y automotriz.

 

 

 El puerto de Chancay es la inversión portuaria más fuerte de China fuera de sus fronteras. Se inauguró en noviembre de 2024 con la presencia de Xi Jinping en el marco de un Foro de Asia-Pacífico que se realizó en Lima. 

El puente cuenta con una infraestructura capaz de atraer a los buques contenedores más grandes del mundo y la obra portuaria requirió una inversión cercana a los 1.300 millones de dólares en la primera de cuatro etapas. 

La terminal busca convertirse en la salida de los productos de Latinoamérica hacia Asia y ya provocó un sismo geopolítico. Chancay es para China una parada clave en la nueva Ruta de la Seda, la mega iniciativa de infraestructura y comercio que la potencia diseñó para afianzar su supremacía global.

Por ese motivo es que Estados Unidos puso los ojos sobre esa obra estratégica. La oficina de Latinoamérica del Departamento de Estado de EEUU advirtió que Perú podría quedar «imposibilitado» de supervisar el puerto bajo propietarios chinos «depredadores» y señalara que «el dinero barato chino cuesta soberanía».

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La respuesta de China fue contundente y a través de un comunicado expresó su «fuerte insatisfacción» por las declaraciones de Estados Unidos y acusó a Washington de una «fabricación y difamación flagrantes» en relación con el proyecto desarrollado por la naviera estatal china Cosco. 

La oficina de Latinoamérica del Departamento de Estado de EEUU advirtió que Perú podría quedar «imposibilitado» de supervisar el puerto bajo propietarios chinos «depredadores» y señalara que «el dinero barato chino cuesta soberanía

El portavoz del Ministerio de Exteriores Lin Jian afirmó este jueves, en rueda de prensa, que China «se opone firmemente» a las declaraciones de la parte estadounidense.

Esta tensión coincide el fallo de un juez peruano, que excluyó al puerto de ser regulado y fiscalizado por el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) de Perú, más allá de las tarifas de los servicios que brinda.

Mega puerto de Chancay en Perú

El Gobierno peruano anunció que apelará la sentencia, mientras que Washington criticó la decisión judicial al considerar que limita la capacidad de supervisión estatal sobre una infraestructura estratégica.

Las críticas de Washington llegaron tanto de la Oficina para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EEUU, como del embajador estadounidense en Perú, Bernie Navarro, enfocado en contrarrestar la influencia de China. 

En esa tarea, el presidente interino, José Jerí se mostró con Navarro y el diplomático trumpista posteó: «Cambiando el menú. Compartiendo una hamburguesa americana con el presidente del Perú». 

Ese tuit pareció un mensaje encriptado relacionado a la polémica por reuniones semiclandestinas del mandatario con empresarios chinos en un restaurante de comida peruano-china. Justamente, el duelo de ese restaurante es Zhihua Yang, que este jueves se negó a presentarse ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.

Manzano logró meterse en Chancay, el mega puerto que Xi Jinping construye en Perú 

Esta situación tiene al Jerí muy cerca de sufrir un juicio político que lo saque del cargo, un práctica habitual en la última década en Perú. 

El puerto, que tiene una capacidad de un millón de contenedores al año, se ubica a 80 kilómetros al norte de Lima y pertenece, en un 60 %, a la empresa estatal china Cosco Shiping y, en un 40 %, a la minera peruana Volcan Compañía Minera, la cuarta productora de plata y zinc a nivel mundial. Su objetivo es convertirse en el principal ‘hub’ (centro de conexiones) del comercio marítimo de China con Suramérica. 

Un dato relevante es que en abril se realizarán elecciones presidenciales y tanto Estados Unidos como China están mirando con atención a quienes se presentan como candidatos en un mapa electoral donde quienes lideran las encuestas no superan el 10 por ciento de la intención de voto.