Sociedad

 

El fragmento que publicamos pertenece al artículo: “La nueva cruzada. Derecha radical versus democracia, derechos, ONU y cooperación internacional”.

Introducción

El autoritarismo, el conservadurismo y la crisis de la democracia representativa están hoy en el centro de un debate crucial sobre la naturaleza del Estado y el futuro de la política, las sociedades y las instituciones nacionales e internacionales.

La aparición, el fortalecimiento gradual y, por último, la aceptación y la normalización de los partidos y movimientos políticos de extrema derecha en las sociedades democráticas se han convertido en elementos fundamentales para cualquier debate sobre gobernanza y sistemas políticos. Se trata de un fenómeno global que abarca las Américas (las presidencias de Donald Trump en Estados Unidos, Javier Milei en la Argentina, Nayib Bukele en El Salvador, José Antonio Kast en Chile y Jair Bolsonaro en Brasil, entre otras) y Europa (con el avance de los partidos de extrema derecha en las elecciones al Parlamento Europeo en 2024, el gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni en Italia, el firme control de Viktor Orban sobre el poder en Hungría (1), la fuerza creciente de los partidos de extrema derecha RN en Francia, AfD en Alemania, Vox en España y Reform UK en el Reino Unido, etcétera), pero también Medio Oriente (con la ampliación de la coalición de Benjamin Netanyahu para crear el gobierno más extremista de derecha en la historia de Israel) y Asia (con la reelección de Recep Erdoğan en Turquía y la consolidación del dominio del partido BJP, de Narendra Modi, en India).

Las fronteras entre la derecha tradicional, que aceptaba las reglas de la democracia liberal, y la nueva y agresiva extrema derecha se hicieron cada vez más tenues. Los discursos racistas, xenófobos, supremacistas y homófobos se han vuelto cada vez más comunes, mientras que las agendas autoritarias son ahora abiertamente perseguidas por actores políticos que ya ocupan posiciones de poder o que pronto pueden conquistarlas (Mudde, 2019). Como en todo el mundo, la mayoría de los partidos progresistas y de izquierda abrazaron hace tiempo la democracia y la agenda económica liberal, mientras que la extrema derecha se transformó gradualmente en el principal espacio social de rebelión política y desafío al statu quo (Stefanoni, 2021). Al explorar los sentimientos de miedo, ansiedad e inseguridad que impregnan cada vez más nuestras sociedades –alimentados por incertidumbres económicas, cambios étnicos y demográficos, crisis climática, violencia, inestabilidad social, cambios en las reglas sociales y la imprevisibilidad del futuro–, las fuerzas de extrema derecha ocupan espacios cada vez mayores en la arena política global. Como los actores políticos tradicionales parecen incapaces de ofrecer una perspectiva creíble del futuro basada en la expansión de los derechos y la inclusión (Danowiski y Castro, 2019), la extrema derecha desafía de forma agresiva los mecanismos establecidos de límites y contrapesos, la participación política y las instituciones representativas. Aspectos críticos de la democracia liberal son atacados hoy, tales como la libertad de prensa y la independencia de los sistemas judiciales. Tanto en el ámbito nacional como en el internacional, las políticas de protección o de ampliación de los derechos humanos son activamente buscadas.

El esfuerzo para destruir las instituciones que representan el debate colectivo, las negociaciones y los procesos de toma de decisiones comienza a nivel nacional, pero tiene claras y peligrosas implicaciones que trascienden las fronteras, a medida que se desarrolla en la arena global. Las organizaciones y las instituciones internacionales se ven directamente afectadas en este proceso. Cuando los actores de extrema derecha asumen responsabilidades gubernamentales, tienden a socavar el sistema multilateral.

El ascenso de la extrema derecha fue objeto de extensa investigación académica en la última década, así como foco de contraposición activa por parte de movimientos políticos, think tank y organizaciones de la sociedad civil (Estrada Campos, 2023; Löwy, 2019). Este intenso escrutinio dejó claro que los actores de extrema derecha en todo el mundo siguen patrones típicos de comportamiento y discurso público. 

Además, fortalecen constantemente su red y la coordinación política global, hasta el punto de que podemos referirnos a un movimiento transnacional de extrema derecha (Forti, 2024; Abrahamsen et al., 2024) o una auténtica “internacional reaccionaria” (Goldstein, 2024). Como sugiere Musharbash (2021), los actores políticos de extrema derecha “se imaginan a sí mismos como participantes en una lucha global contra un enemigo global”.

Los actores de extrema derecha en todo el mundo siguen patrones típicos de comportamiento y discurso público. 

A pesar de las importantes especificidades nacionales o regionales, este es sin duda un fenómeno global con fuertes vínculos transnacionales que, por ese motivo, debe ser estudiado y tratado como tal.

Los vínculos transnacionales de la extrema derecha se formaron a través de referencias intelectuales comunes y una red creciente de espacios internacionales: como el Foro de Madrid (creado en 2020 por el partido español de extrema derecha Vox y muy activo en América Latina con el objetivo de promover la “iberoesfera”), Atlas Network (que reúne a más de 500 think tank e institutos que promueven agresivamente políticas públicas neoliberales y antiambientales en un centenar de países), y los capítulos nacionales de la Conservative Political Action Conference (CPAC), creada originalmente en los Estados Unidos, que ya presentó conferencias en Brasil, México, Argentina, Paraguay, Hungría, Polonia, Israel, Corea del Sur, Japón y Australia. A través de los años, las reuniones de la CPAC fueron oportunidades para que líderes y operadores de extrema derecha se conocieran y establecieran conexiones personales (entre otros, Orbán, Meloni, Trump, Bolsonaro, Milei y Kast ya asistieron a reuniones de la CPAC).

Un análisis preliminar de las interacciones transnacionales de los actores de este espectro político indica que ya tuvieron un impacto significativo en la agenda y en los procedimientos del sistema multilateral, influyendo así en la política internacional. La visión de mundo de la extrema derecha entra en conflicto directo con uno de los principales pilares del sistema de gobernanza luego de la Segunda Guerra Mundial: la cooperación entre los Estados miembros en el sistema de las Naciones Unidas y en otras organizaciones regionales e internacionales, que producen normas comunes, bienes públicos globales y foros de negociación de conflictos. El principio subyacente de esta colaboración es que se necesita una pérdida relativa, mutuamente acordada y negociada, de la soberanía nacional para hacer frente a los desafíos globales (como la crisis climática) y para lograr bienes públicos internacionales y objetivos compartidos (como la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible promovidos por la ONU).

En sentido contrario, en los últimos años, la acción diplomática de los gobiernos nacionales liderados por actores de extrema derecha se concentró en crear obstáculos a cuestiones y agendas específicas (como la igualdad de género o la eliminación gradual de los combustibles fósiles) y en el intento de rediseñar sectores enteros del sistema multilateral considerados contrarios a determinados valores morales o a una visión estrecha de los intereses nacionales. Los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas son uno de los principales objetivos de estos actores.

Los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas son uno de los principales objetivos de estos actores.

Con este texto, buscamos contribuir a la creciente literatura sobre el impacto de la extrema derecha en las relaciones internacionales y en la política global (Estrada Campos, 2023), analizando de manera específica cómo esta tendencia transnacional tiene efectos concretos en el sistema multilateral. Para esto, dividimos el capítulo en dos partes. En la primera, discutimos un tipo ideal de actores de extrema derecha como una lente analítica que nos permite investigar este fenómeno global. En la segunda parte, analizamos cómo los elementos de estos tipos ideales weberianos interactúan con el sistema multilateral. Nuestro enfoque son las tensiones entre el discurso y las prácticas de la extrema derecha y los elementos centrales de la arquitectura multilateral, como las normas internacionales, la flexibilización del concepto de soberanía, los valores de inclusión y derechos.

Todos los tonos de la derecha

(…)

Tras analizar material empírico e histórico, así como la bibliografía sobre el tema, sugerimos que algunas estructuras cognitivas son comunes en la actual tendencia global de la extrema derecha. En términos weberianos, estas estructuras pueden componer un tipo ideal, lo suficientemente abstracto como para dar cabida a las numerosas diferencias entre los actores políticos de extrema derecha en diferentes regiones del mundo. De este modo, podemos comprender mejor la lógica de experiencias históricas específicas. Además del desprecio o la actitud negativa hacia las instituciones democráticas liberales, tal y como subraya Mudde, proponemos destacar otras cinco características comunes que son especialmente relevantes para analizar las implicaciones del fortalecimiento global de la extrema derecha para la gobernanza internacional y el futuro del orden mundial multilateral (2). Son las siguientes:

1. El rechazo de la asociación entre derechos (políticos, sociales, económicos, ambientales, de género, sexuales, reproductivos, religiosos, etcétera) y la igualdad, la inclusión y el progreso.

2. La exaltación del nativismo y el patriotismo como resultado de la búsqueda de una comunidad homogénea idealizada y la exigencia de lealtad al Estado como representante legítimo de la comunidad homogénea.

3. La lógica amigo-enemigo.

4. Tradicionalismo, con la exaltación de un pasado idílico y mítico, cuando prevalecían las jerarquías sociales y los valores morales claros.

5. La aceptación de la violencia como instrumento legítimo de interacción social y política.

Existe un consenso en que parte de la explicación del auge global de la extrema derecha reside en la crisis cada vez más profunda de la democracia liberal. Por lo tanto, no es de extrañar que una característica común a todos los actores autoritarios sea la crítica o el rechazo de esta forma de organización de la vida política. Sanahuja y López Burian (2020) sugirieron que los cambios estructurales en el funcionamiento del capitalismo globalizado hegemónico explican esta tendencia. Especialmente después de la crisis financiera mundial de 2008, la progresiva precarización del trabajo, el empeoramiento de las condiciones de vida (y de las expectativas) tanto de la nueva clase trabajadora informal de las plataformas digitales como de la clase media tradicional y la degradación de los servicios públicos provocada por las políticas económicas y de austeridad neoliberales minaron la cohesión social en Europa y América. El resentimiento generalizado hacia las elites políticas, culturales y económicas establecidas y su aislamiento de la vida de la gente común alimentan la crisis de legitimidad de las democracias liberales, de la que se aprovechan los actores políticos de extrema derecha (Levitsky y Ziblatt, 2018).

Cuando logran llegar al gobierno, los partidos de extrema derecha degradan activamente la democracia y las instituciones de sus países. A medida que se rechazan los valores pluralistas de la democracia liberal, se atacan las instituciones que permiten que estos florezcan. La libertad de expresión y los derechos de las minorías están bajo constante ataque. El equilibrio de poderes se ve atacado, se favorece el poder ejecutivo en detrimento del judicial y del legislativo, lo que genera una fuerte concentración de poder. El conformismo social, el convencionalismo y la sumisión a las autoridades establecidas son los pilares del autoritarismo (Mudde, 2010). Por lo tanto, es posible detectar una clara tendencia autoritaria. 

A medida que se rechazan los valores pluralistas de la democracia liberal, se atacan las instituciones que permiten que estos florezcan.

La extrema derecha contra los derechos

La era posterior a la Segunda Guerra Mundial, especialmente desde finales de la década de 1940 hasta principios de la de 2000, fue llamada a menudo “la edad de oro de los derechos humanos” o, según la definición del académico  estadounidense Louis Henkin (2019), “la era de los derechos”. El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH). En las seis décadas siguientes, la ONU aprobó nueve tratados fundamentales que abarcan una amplia gama de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y que constituyen los fundamentos del derecho internacional de los derechos humanos. En 1993, la Asamblea General de la ONU estableció la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y definió su mandato para promover y proteger los derechos humanos a nivel mundial.

Aunque las violaciones de estos derechos hayan persistido y, a menudo, las grandes potencias hayan sido políticamente selectivas (y abiertamente cínicas) a la hora de elegir qué abusos denunciar o, por el contrario, ignorar, desde hace tiempo hay un reconocimiento creciente de la importancia de proteger y promover los derechos humanos como fundamentales para la dignidad humana, la igualdad y la paz. El establecimiento de instituciones y mecanismos internacionales (como el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas) y órganos regionales (como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos) contribuyó al avance de las normas y los estándares de derechos humanos. Además, la lucha contra el colonialismo y los movimientos por los derechos civiles promovieron de manera significativa los principios de los derechos humanos, la igualdad racial y el derecho a la autodeterminación. La búsqueda de derechos se ha expandido en los ámbitos nacional e internacional e incluye los derechos de las mujeres, de la comunidad LGBTQIA+, de las comunidades indígenas, de los sectores racialmente oprimidos de la sociedad, de las víctimas de la opresión del Estado, así como los derechos sexuales y reproductivos y los derechos ambientales.

En el siglo XXI, sin embargo, los ataques contra las instituciones de derechos humanos y de inclusión se han multiplicado, ya que un número creciente de actores (tanto del Sur Global como de los países desarrollados) ha comenzado a cuestionar el concepto de universalidad de los derechos humanos y está utilizando su poder político para erosionar lo que Hannah Arendt (1951) definió como “el derecho a tener derechos”. Los gobiernos de extrema derecha forjaron alianzas de facto con otros actores autoritarios y religiosos que comparten una visión del mundo basada en la aspiración de volver a una supuesta edad de oro de jerarquías sociales, raciales y geográficas claramente definidas y de dominio patriarcal indiscutible. El orden, la tradición, la familia, la religión, la patria y la lealtad son los pilares del discurso público de estos grupos. Como observa Teitelbaum (2020), estos actores también coinciden en criticar la difusión del secularismo, la democracia y la globalización. Así, tienden a centrarse en la defensa de los derechos de propiedad y religión en oposición a los derechos basados en la igualdad y la dignidad humana (Leigh, Zulver y Escoffier, 2023, pp. 1-28).

Los gobiernos de extrema derecha forjaron alianzas de facto con otros actores autoritarios y religiosos que comparten una visión del mundo basada en la aspiración de volver a una supuesta edad de oro de jerarquías sociales, raciales y geográficas claramente definidas y de dominio patriarcal indiscutible.

En oposición al “derecho a tener derechos” y al impulso hacia los derechos sociales y civiles que, en términos generales, caracterizan los procesos de democratización y apertura de las sociedades, la extrema derecha se centra casi exclusivamente en las libertades individuales –una concepción restrictiva basada en la idea de libertad económica sin interferencia del Estado– y en la defensa de los “valores” conservadores dentro del núcleo fundamental de la sociedad, es decir, la familia tradicional. Desde esta perspectiva, los resultados de la competencia económica ilimitada y no regulada –la desigualdad, el deterioro de las condiciones de vida de las clases populares y medias, la creciente influencia política de los multimillonarios– se consideran naturales y funcionales para el orden social. Por el contrario, las políticas sociales, la planificación económica y la justicia administradas por el Estado contrastan con la libertad. La elección de la píldora roja (libertad) en la película Matrix (1999) se ha convertido en un icono del mundo cultural online de la extrema derecha. La libertad se busca contra la “catedral”, es decir, las elites intelectuales liberales, que tienen una visión cosmopolita y “globalista” del mundo, opuesta a los valores tradicionales.

Según esta lógica, los actores políticos de extrema derecha tienden a considerar las instituciones democráticas liberales, los movimientos feministas y LGBTQIA+ y las burocracias nacionales e internacionales como amenazas a las libertades individuales y obstáculos para la implementación de políticas “fuertes” contra las personas ajenas que amenazan los valores tradicionales (Norris e Inglehart, 2019). El análisis de Wendy Brown (2019) abre la puerta a la comprensión del desprecio por las instituciones, las leyes y las normas que se describen como limitadoras de la libertad individual. Se involucró en el debate sobre el tema y conectó las discusiones sobre visiones autoritarias del mundo, neoliberalismo y tradicionalismo. Brown investiga la interacción entre las formulaciones neoliberales de libertad y resentimiento; argumenta que la asociación del nacionalismo con una versión del liberalismo centrada en la defensa de la soberanía y el antiestatismo nos permite hacer referencia a la “libertad autoritaria”.

La visión neoliberal del mundo, basada en los escritos de Friedrich Hayek (2001) y ampliamente implementada en todo el mundo desde los gobiernos de Reagan y Thatcher, a principios de la década de 1980, demolió el tejido colectivo de las sociedades y basa el nuevo orden social en los mercados y la moralidad. El neoliberalismo defiende la distopía de un orden no igualitario en el que los individuos y las familias serían pacificados políticamente por los mercados y la moral, y sometidos a un Estado autónomo, autoritario, pero despolitizado (Brown, 2019, p. 17). Así, los valores tradicionales se presentan como un complemento esencial de los mercados libres, y se enfatiza la capacidad de la tradición para producir armonía social, conformidad e integración. La inclusión, los derechos civiles, el constitucionalismo, la justicia social y la distribución de recursos a través de políticas estatales son atacadas por grupos sociales que se aferraron a un concepto de libertad basado en la expansión de la racionalidad del mercado a todas las esferas de la vida y que está despojado de las valencias políticas que lo vinculan a la soberanía popular (Brown, 2019, p. 13).

El neoliberalismo defiende la distopía de un orden no igualitario en el que los individuos y las familias serían pacificados políticamente por los mercados y la moral, y sometidos a un Estado autónomo, autoritario, pero despolitizado.

La difusión global de las teorías económicas de Hayek, Ludwig Von Mises, Milton Friedman y la llamada Escuela Austriaca de Economía se ha propagado durante décadas a través de una densa y sofisticada red de institutos de investigación y think tank, cuyos orígenes se remontan a la creación de la Mont Pelerin Society en 1947 (Mirowski y Plehwe, 2015) y de la que Atlas Network representa hoy la cara más visible e influyente.

La búsqueda de una comunidad homogénea idealizada

La defensa y reivindicación de la tradición es una de las normas cruciales invocadas por los actores políticos de extrema derecha. Los principios del sufragio universal, la libertad de participación política y la separación de poderes llegan a ser cuestionados y considerados valores extraños, impuestos desde afuera. Esta es también una tendencia de otras perspectivas conservadoras, pero en este caso observamos la reivindicación de una agencia y una postura voluntarista peculiares (Abrahamsen et al., 2024, p. 24). Esta idea es destacada en las políticas adoptadas por Rusia durante el gobierno de Vladimir Putin, pero también está presente en muchos otros países. Un concepto es el nativismo, que, según Mudde (2019, p. 33), es una combinación de nacionalismo y xenofobia. Las tradiciones nacionales se sitúan en el centro del discurso público, alimentan la búsqueda de un grupo original, que suele basarse en núcleos étnicos, raciales o religiosos. El humanismo, la lógica del cuidado y la empatía por los seres humanos en general se tratan como una amenaza para la comunidad nacional homogénea idealizada. La búsqueda de una comunidad uniforme tiene efectos profundos sobre la disposición a negociar, crear y mantener instituciones que permitan un proceso constante de conciliación de diferencias y normas de coexistencia o, en otras palabras, que abran un espacio social para la resolución pacífica de conflictos o para la transformación política: las bases conceptuales del sistema multilateral.

La idealización de una comunidad homogénea basada en valores tradicionales y “nacionales” expresa un profundo desprecio por la pluralidad y se traduce en resistencia a los derechos de las minorías. Las amenazas imaginarias contra esta sociedad idealizada le dan sentido a la existencia de la extrema derecha y son el gran combustible político de estos movimientos. En muchos casos, la inmigración se vincula con el temor a la delincuencia, el terrorismo o la dilución de la identidad nacional. Es habitual encontrarse con la manipulación de las preocupaciones del público en materia de seguridad y la defensa de políticas de inmigración más estrictas, controles fronterizos y, en ocasiones, la expulsión de determinados grupos. Este discurso basado en el miedo resulta muy atractivo para las personas que se sienten vulnerables ante los cambios demográficos o que perciben a los inmigrantes como una amenaza económica o para la seguridad (Helbling y Meierrieks, 2022; Edo y Giesing, 2020). El miedo, justificado o no, al aumento de la delincuencia en una determinada zona o país lleva a solicitar una intervención fuerte del Estado para aumentar la percepción de seguridad, que casi siempre tiene un componente nativista, ya que los “extranjeros” son vistos como la fuente fundamental de inseguridad para los “nativos”. La seguridad se refiere a individuos y colectivos, principalmente a la nación o la raza, y tiene un componente cultural, económico y físico. Por lo tanto, casi todas las cuestiones políticas se perciben a través del prisma de una amenaza al orden natural que crea inseguridad, y esta debe tratarse con mano dura. El discurso sobre la seguridad y la lucha contra la inmigración fue fundamental, por ejemplo, para el éxito electoral de José Antonio Kast y de otros candidatos de extrema derecha en las elecciones presidenciales de Chile en 2025. Invocar el “método Bukele” para hacer frente a la delincuencia, en detrimento del estado de derecho y de los principios del debido proceso, se convirtió en el lema de todos los actores políticos de extrema derecha en las Américas.

El lema adoptado por los líderes autoritarios de todo el mundo –mi país por encima de todo, ignorando las normas y las leyes– expresa una visión de la soberanía en la que los conceptos de nación y patria se priorizan en términos absolutos. Esto se deriva del valor atribuido a la nación homogénea, de la comprensión del entorno internacional en términos competitivos y vacíos desde el punto de vista moral, y del desprecio por las visiones cosmopolitas. Una visión del mundo basada en la concepción anacrónica “vestfaliana” de la soberanía absoluta de los Estados-nación se opone directamente al acuerdo sobre cesiones parciales y negociadas de la soberanía nacional, que son la base del sistema multilateral construido después de 1945.

Invocar el “método Bukele” para hacer frente a la delincuencia, en detrimento del estado de derecho y de los principios del debido proceso, se convirtió en el lema de todos los actores políticos de extrema derecha en las Américas.

Esta diferencia ontológica en relación con las relaciones internacionales quedó patente en la sesión inaugural de la Asamblea General de las Naciones Unidas celebrada el 24 de septiembre de 2019. El primero en intervenir, el secretario general de la ONU, António Guterres, pronunció un discurso preocupado por los retos globales contemporáneos y la necesidad de “hacer todo lo posible para evitar la gran fractura y mantener un sistema universal: una economía universal con respeto universal por el derecho internacional; un mundo multipolar con instituciones multilaterales fuertes”. Inmediatamente después de él, como manda el protocolo de la ONU, hablaron Bolsonaro y, a continuación, Trump. En el discurso de Guterres, las palabras más recurrentes fueron “personas”, “derechos”, “mundo” y “humanidad”. Bolsonaro repitió “Brasil” 41 veces. Los términos más utilizados por Trump fueron “naciones”, “países”, “América” y “americanos”; se refirió 18 veces a los Estados Unidos. Ambos presidentes mencionaron a Dios cinco veces. Con el lenguaje de la Guerra Fría, evocaron el “espectro del socialismo” (Trump) y la “crueldad del socialismo” (Bolsonaro) como grandes amenazas para el orden mundial (Summa, 2020, p. 23). Trump presentó un manifiesto apasionado por el nacionalismo: “El futuro no pertenece a los globalistas. El futuro pertenece a los patriotas. El futuro pertenece a las naciones soberanas e independientes que protegen a sus ciudadanos”. También despreció abiertamente el papel de las Naciones Unidas en la definición de normas comunes: “No hay ninguna circunstancia en la que Estados Unidos permita que entidades internacionales pisoteen los derechos de nuestros ciudadanos” (Trump, 2019).

Ya en su segundo mandato, en otro discurso ante la Asamblea General, el 23 de septiembre de 2025, Trump no solo descartó a la ONU por irrelevante, sino que también cuestionó los propios principios de la Organización: mantenimiento de la paz, organización de respuestas a los desafíos globales, promoción de la cooperación internacional y financiación del desarrollo. Volvió a evocar una política centrada exclusivamente en los intereses nacionales y dejó claro su desprecio por la Organización: “La mayoría de las veces […] lo único que parecen hacer [en la ONU] es escribir una carta con palabras muy duras y luego no darle ningún seguimiento”. (…).

1. (Nota de Anfibia): Este texto se escribió antes de la derrota de Viktor Orbán en Hungría, frente a Péter Magyar. 
2. Preferimos no utilizar la definición de orden mundial liberal, ya que muchos de los principales Estados miembros de las Naciones Unidas, incluso miembros permanentes del Consejo de Seguridad, nunca fueron democracias liberales.

La entrada La cruzada de la extrema derecha contra la democracia se publicó primero en Revista Anfibia.

 

 

 En plena interna del peronismo santafesino, un grupo de intendentes empezó a moverse con el fin de darle volumen al espacio de Axel Kicillof en la provincia y viajaron a La Rioja donde compartieron actividades con el gobernador Ricardo Quintela, uno de los que empuja una liga federal para reordenar al PJ frente a Javier Milei.

Pablo Corsalini es intendente de la localidad de Pérez desde 2015 y conduce el sello de «Vamos» que reúne a otros jefes comunales y referentes territoriales del sur de la provincia y una delegación de ese espacio se reunió con Quintela para acelerar la articulación con el proyecto presidencial de Kicillof y el de Corsalini en la provincia.

Entre los que participaron estuvieron Pablo Giorgis, de Santa Isabel; Gonzalo Goyechea, de María Teresa; José López, de Pavón; David Segura, de Miguel Torres; Marcos Strifezza, de Juncal; Adrián Visobich, de Palacios; Darío Baiocco, de Máximo Paz; y Eduardo Lorinz, de Arroyo Leyes, entre otros dirigentes que vienen participando del armado.

Quintela junto con los intendentes de «Vamos»

Según explicó a LPO Giorgis, el encuentro formó parte de «una estrategia donde el campo nacional, popular y federal tiene que juntarse para buscar alternativas al modelo económico y de país que impulsa Milei».

En ese sentido, sostuvo que durante la reunión «se establecieron vínculos políticos para que desde los territorios poder avanzar en la unidad de un frente que pueda ofrecer un plan de gobierno que le pueda resolver los problemas de la gente».

 Se establecieron vínculos políticos para que desde los territorios poder avanzar en la unidad de un frente que pueda ofrecer un plan de gobierno que le pueda resolver los problemas de la gente 

Con un PJ fragmentado y sin conducción clara, sectores del interior buscan referencias nacionales donde alinearse que estén disputando la reconstrucción del peronismo y Corsalini que fue el jefe de campaña de Monteverde, ahora busca posicionarse como candidato a gobernador.

En paralelo, otros alcaldes de la provincia tambíen movieron sus fichas con el objetivo puesto en la interna peronista. El funense Roly Santacroce avisó que quiere ser parte de la disputa, mientras que desde el norte también se anotó el intendente de Reconquista, Enri Vallejos.

Estos nombres se suman a los jugadores fuertes de la provincia como el  senador Marcelo Lewandowski y el ex gobernador Omar Perotti que, como anticipó LPO, encargó una encuesta para definir si vuelve a competir por un nuevo mandato o da la pelea en la Legislatura provincial.

Por lo pronto, el hombre de Perotti en el PJ, Juan Manuel Pusinieri, amenazó con romper e ir por afuera del partido si no hay una democratización de la conducción: «Es el secretario de Organización del PJ», respondió con ironía una referencia del peronismo local ante la consulta de este medio.

Por otro lado, otro sector del sur de Santa Fe agita la candidatura del massista Diego Giuliano, ex ministro de Transporte de Alberto Fernández y en la Corriente, el espacio de Agustín Rossi, están midiendo a Germán Martínez, el presidente del bloque en Diputados. Todos los nombres en danza hasta que se ordene el tablero nacional.

 

 

Mario Ishii presentó un proyecto en la Legislatura bonaerense para declarar la emergencia alimentaria por un plazo de 18 meses. Su proyecto de ley surgió a partir de la decisión de Andrés Larroque de recortar el programa Mesa, una asistencia de módulos alimentarios que reciben familias de estudiantes en situación de vulnerabilidad.

El proyecto de Ishii no escapa a la interna. No apunta a la situación de ajuste que enfrenta la provincia de Buenos Aires por parte del gobierno de Javier Milei. De hecho, no menciona al presidente en ningún párrafo de los fundamentos.

«La provincia atraviesa un escenario de extrema gravedad social, caracterizado por el deterioro acelerado de las condiciones de vida y el aumento sostenido de la vulnerabilidad», dice el texto de Ishii. Además insta al gobierno de Kicillof a reasignar sus recursos «con criterios de estricta prioridad social» y pide que el acceso a la alimentación «prevalezca por sobre la ejecución de obras o erogaciones que no resultan esenciales o urgentes».

Mario Ishii.

Larroque respondió al proyecto de Ishii con un reclamo dirigido a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para que salde la deuda acumulada con la provincia, que, según afirmó, asciende a más de $ 220.000 millones.

El ministro bonaerense pidió esos recursos para el programa MESA como también la revisión y actualización de los montos propuestas para el financiamiento del Servicio Alimentario Escolar (SAE) correspondientes a este año.

Larroque planteó que el contexto social actual presenta «niveles críticos» que requieren el fortalecimiento de las políticas alimentarias. Dijo que en la provincia reside el 38% de la población total del país, un dato que revela «la responsabilidad compartida que debe asumir el Estado Nacional».

Hemos presentado un reclamo formal a la ministra de Capital Humano de la Nación Sandra Pettovello, instando a saldar la deuda acumulada que mantiene el Estado nacional con la Provincia desde el 2024 por el Servicio Alimentario Escolar que asciende a más de $220.000 millones…. pic.twitter.com/ZcQERAw90P

— Andrés Larroque (@larroqueandres) April 20, 2026

En las últimas horas, los intendentes recibieron la noticia de recortes en el programa MESA, un dispositivo de asistencia alimentaria que se implementa en la provincia de Buenos Aires como complemento del SAE y que consiste en la entrega mensual de módulos con productos secos destinados a las familias de estudiantes que asisten a escuelas públicas.

La iniciativa surgió en el contexto de la pandemia, cuando la suspensión de la presencialidad obligó a reemplazar el esquema tradicional de comedores escolares por un sistema de entrega directa de alimentos. Con el regreso a las aulas, el programa se mantuvo como una herramienta adicional dentro de la política alimentaria bonaerense.

Actualmente, la distribución de los módulos se canaliza a través de las instituciones educativas y se articula con el ministerio de Desarrollo de la Comunidad, los municipios y los consejos escolares.

 

 

En la primera jornada en la que se revisa la sentencia a nueve años de prisión a Patricio Serjal, el jefe de todos los fiscales de Rosario hasta 2020 que fue hallado culpable de proteger a un empresario de juego clandestino a cambio de sobornos, apareció como uno de los más fuertes ejes de la defensa el nombre de Armando Traferri, uno de las figuras más fuertes del peronismo santafesino, que está imputado en la misma causa.

«A Traferri lo condenaron en un juicio en el que estuvo ausente. No tuvo derecho a defensa. Esta es una de las principales razones por la que el juicio en el que condenaron a Serjal es inconstitucional y es inválido», dijo este lunes el defensor del ex fiscal regional de Rosario ante el tribunal de tres jueces que revisa la condena.

Lo repitió a lo largo de dos horas de exposición. «Se condenó a personas que no sometieron a juicio. Una de ellas es Traferri», subrayó.

Como pasó en septiembre pasado, cuando arrancó el largo juicio que terminó con la condena de Serjal, en el trámite se habló de Traferri en cada jornada de audiencia, que duró dos meses. Esto porque se señaló que el histórico senador provincial es según el equipo de fiscales también organizador del mismo delito atribuido a Serjal, como jefe de la «pata política» de la organización criminal, que comprendía funcionarios legislativos y políticos, para garantizarle cobertura al capitalista de juego Leonardo Peiti, a cambio de dinero para campañas políticas y para hacer lobby en favor del empresario. Peiti aspiraba a obtener licencias de juego online en la Legislatura. Esto mismo quedó plasmado en la sentencia que en noviembre pasado por unanimidad condenó al ex fiscal regional.

Condenaron al ex jefe de fiscales de Rosario por sobornos y se complica la situación de Traferri 

El acto judicial de este lunes en la Cámara Penal de Rosario, donde esa sentencia empezó a revisarse, es el anticipo de lo que la defensa que Traferri ensayará cuando le toque a él mismo presentarse, en el primero resistido y ahora demorado juicio en su contra. La condena a Serjal dictada hace seis meses había sido interpretada como una condena al senador ya que los jueces, en forma coincidente, habían considerado inequívoca la pertenencia del senador a la asociación ilícita que le mereció al conductor de los fiscales una pena por ese delito, por cohecho y prevaricato.

Traferri es un actor fundamental de la gobernabilidad de Santa Fe en los últimos veinte años. A partir de su histórica capacidad de controlar el Senado de la provincia ganó peso específico sobre las gestiones socialistas y sobre la experiencia de Omar Perotti que intentó sin mayor éxito darle pelea interna. 

Traferri es un actor fundamental de la gobernabilidad de Santa Fe en los últimos veinte años. A partir de su histórica capacidad de controlar el Senado de la provincia ganó peso específico sobre las gestiones socialistas y sobre la experiencia de Omar Perotti que intentó sin mayor éxito darle pelea interna. Aunque ahora la coalición del gobernador Maximiliano Pullaro controla el Senado, Traferri fue indispensable para garantizarle al mandatario radical la cláusula de la reelección en la reforma constitucional provincial sancionada el año pasado.

Pullaro suele reivindicarlo, como lo hizo en la pasada Convención Constituyente, pero para el influyente senador se viene el juicio, que resistió durante cuatro años desde la Cámara Alta provincial. Este cuerpo se negó a darle el desafuero, hasta que de manera voluntaria renunció cuando, como pretendía, el Ministerio Público de la Acusación cambió los fiscales que habían llevado inicialmente el caso. No le sirvió de mucho. Los reemplazantes endurecieron la acusación al agregar asociación ilícita.

Los jueces Carolina Hernández, Javier Beltramone e Ismael Manfrin. De espaldas, (de azul) el defensor de Serjal.

En la larga audiencia de este lunes, Ignacio Carbone, que es abogado de Serjal, dijo que durante el juicio a su cliente estaban desde la fiscalía mostrando evidencia que implicaba a otras personas que no estaban allí para controlar esa prueba y para defenderse en consecuencia. «Estuvo como testigo en ese juicio Oscar Romera, que es el abogado de Traferri, y lo dijo. Y también dijo que había cosas que no se habían probado y que no eran correctas».

«Hubo personas ausentes y se las juzgó igual», dijo Carbone aludiendo explícitamente a Traferri. Sostuvo que los jueces intervinientes -Hebe Marcogliese, Nicolás Foppiani y Facundo Becerra- dijeron entonces que no iban a juzgar conductas de terceros que no estaban presentes en el juicio. «Pero lo que escribieron con la mano lo borraron con el codo», afirmó. «Porque sí juzgaron a esas personas».

La caída de Serjal, el poder al descubierto

Para explicar que Traferri ya está condenado aunque aún espere juicio repasó párrafos textuales de la sentencia a Serjal. Donde los jueces, leyó Carbone, dicen: «No resulta ilógico pensar que Peiti no pretendiera otra cosa que no sea el contacto directo del fiscal regional, aprovechando los ‘buenos oficios’ de Traferri», leyó Carbone.

Remarcó también como otro ejemplo de que ya hay condena para Traferri otro párafo en que se lo considera al senador jefe de la «pata política» de la asociación ilícita.

La atmósfera de esta etapa del caso que implica a Traferri viene tan enrarecida como lo estuvo el juicio donde al senador se lo consideró asociado al condenado Serjal. Entonces la estrategia fue acusar a la fiscalía de cometer delitos para montar la imputación que incluso fueron planteados por fiscales. El tribunal rechazó eso en términos descalificadores y explícitos.

«Para comprender cabalmente el alcance de la red en la que se enmarca la acción de los aquí acusados, resulta trascendental tener presente que el área de alcance de Patricio Serjal, Gustavo Ponce Asahad y Nelson paraguas de estamentos integrados por aunque no se encuentra bajo juzgamiento Ugolini actuaba bajo el personas cuya actividad, aquí, fue permanentemente aludida a lo largo del debate, en lo que ha dado en llamarse la «pata política», comprensiva de la participación de funcionarios legislativos y políticos, siendo el eje central el senador Armando Traferri y personas de su entorno, quien supuestamente dirigía la faceta superior de la asociación ilícita», dicen los jueces en su sentencia de noviembre pasado, leída por el defensor de Serjal.

Ponce Asahad es el fiscal adjunto que trabajaba con Serjal, que actuó como arrepentido y recibió condena en juicio abreviado que ya está cumplida. Ugolini era empleado asignado a Ponce Asahad y lo acusaron de pasar información reserva de la fiscalía al entorno de Peiti. Recibió cinco años de condena.

La atmósfera de esta etapa del caso que implica a Traferri viene tan enrarecida como lo estuvo el juicio donde al senador se lo consideró asociado al condenado Serjal. Entonces la estrategia fue acusar a la fiscalía de cometer delitos para montar la imputación que incluso fueron planteados por fiscales. El tribunal rechazó eso en términos descalificadores y explícitos.

El ex fiscal Serjal.

Ahora que se revisa esa condena los fiscales José Luis Caterina y Marisol Fabbro, que son quienes también deberán acusar a Traferri, recusaron a uno de los miembros del tribunal de Cámara, el juez Javier Beltramone, por su amistad con Fernando Moschini, que es un abogado que será imputado como parte de la asociación ilícita. Beltramone lo rechazó y esta mañana presidió el tribunal junto a sus colegas Carolina Hernández e Ismael Manfrin.

Entre los que serán imputados como parte de la asociación delitiva en este tramo también estarán el ex piloto de fórmula 1 y ex concejal rosarino Oscar «Poppy» Larrauri, el ex diputado provincial Darío Scattaglini, el abogado José Fernández Chemes y Aníbal Porri entre otros.

Esta audiencia de imputación se suspendió porque dos abogados acusaron al fiscal actuante José Luis Caterina de haber ocultado la desaparición de un teléfono celular que contenía evidencia utilizada en este trámite para imputar. El defensor de Central repitió esta mañana que son dos celulares los que se perdieron y lo consignó como grave. En la fiscalía responden que el contenido de esos celulares estaba extraído en una pericia firmada por profesionales habilitados que las realizaron con lo que la evidencia está respaldada.

El abogado Carbone dijo que él mencionaba a Traferri porque la estructuración de la condena a su cliente Serjal se asienta en considerar a senador pieza central en el delito de protección al capitalista del juego.

El abogado Carbone dijo que él mencionaba a Traferri porque la estructuración de la condena a su cliente Serjal se asienta en considerar a senador pieza central en el delito de protección al capitalista del juego. «Traferri no estuvo en el juicio y se lo juzgó igual», repitió. Sostuvo que los jueces por entonces hablaron de que le darían a todos los implicados que aún no habían sido llevados a juicio la misma calidad que se daba a los que están en rebeldía o prófugos. «Pero resulta que a los que implicaron y no pudieron controlar la prueba no son rebeldes ni prófugos», dijo el defensor. «Tenemos un proceso en base a atajos, con ilegalidades, con violación de garantías», sostuvo.

Por último dijo que su asistido, el ex jefe de un equipo de más de 80 fiscales en Rosario, había perdido 18 kilos de peso desde que está detenido en prisión efectiva al recibir condena en noviembre. «Está en estas condiciones tras ser condenado sin ningún tipo de legalidad».

El derrotero de este caso pega de lleno en la política santafesina. Traferri fue defendido por un esquema transversal en el Senado cuando pedía que le levanten la inmunidad para ser llevado a proceso. El pleito sobre la protección de los fueros en Santa Fe, que protegía a legisladores no solo de arresto sino de comparecer para ser investigado, llegó hasta la Corte Suprema de la Nación. La Corte de Santa Fe, ahora bajo proceso de renovación, le había dado la razón a Traferri en decisión dividida.

 

 

Mario Ishii presentó en las últimas horas un proyecto en el Senado bonaerense tendiente a declarar la emergencia alimentaria en la provincia.

La iniciativa surge tras conocerse la puesta en revisión por parte de la gestión de Axel Kicillof del programa «Mesa Bonaerense» que entregaba cajas de alimentos a familias vulnerables.

El vice del Senado e intendente de José C. Paz en uso de licencia señaló que el proyecto presentado busca dar respuesta «a la profunda crisis social imperante en la provincia de Buenos Aires».

Al advertir que «resulta indispensable que el Estado provincial reasigne sus recursos con criterios de estricta prioridad social», Ishii dijo que «en situaciones de emergencia, la asignación presupuestaria no puede permanecer ajena a la realidad».

Frente a eso, reclamó «garantizar el acceso a la alimentación debe prevalecer por sobre la ejecución de obras o erogaciones que no resultan esenciales o urgentes para la vida cotidiana de la población».

 Ishii sostuvo que «la readecuación presupuestaria que se propicia implica reorientar partidas originalmente destinadas a intervenciones no prioritarias hacia políticas alimentarias directas». 

«A diario las familias, no solo de mi distrito, sino de la provincia, me hacen saber que ya no pueden más. Y si a esto se le suma la eliminación de planes que llevaban comida a la mesa de nuestras familias bonaerenses, el problema es mayor», apuntó Ishii en alusión a la parálisis al menos por tres meses del Mesa Bonaerense.

Frente a ese cuadro, Ishii sostuvo que «la readecuación presupuestaria que se propicia implica reorientar partidas originalmente destinadas a intervenciones no prioritarias hacia políticas alimentarias directas».

Y agregó: «Esta decisión no solo responde a un criterio de racionalidad económica, sino a un mandato ético y constitucional: en un contexto donde amplios sectores de la población no logran cubrir sus necesidades básicas, ningún recurso público puede ser asignado sin considerar su impacto social inmediato».