Sociedad

 

Bolivia vive momentos de extrema tensión. La Central Obrera Boliviana (COB) y organizaciones campesinas están llevando a cabo una protesta con cortes de ruta en contra del gobierno de Rodrigo Paz.

La COB reclama un aumento salarial del 20 % y también pide la renuncia de Paz , algo que igualmente exigen también campesinos del departamento de La Paz mediante bloqueos de carreteras en el altiplano desde hace nueve días.

La protesta comenzó en la ciudad de El Alto y avanzó hacia La Paz con acciones violentas que incluyeron la explosión de bombas y petardos. 

Por su parte, el presidente de la Federación de Cooperativas Mineras de La Paz (Fedecomin), Ladislao Prado, dijo que se movilizaron por «demandas justas y necesarias» y el respeto a la «institucionalidad» de su organización.

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La movilización minera se desbordó cuando llegó a una calle cercana a la Casa Grande del Pueblo, sede del Ejecutivo boliviano, donde había una barrera policial reforzada con estructuras metálicas que los manifestantes intentaron retirar por la fuerza.

Esto derivó en enfrentamientos con los agentes, después de que los mineros intentaran superar el cerco policial utilizando cargas de dinamita y la Policía respondiera con gases lacrimógenos, en choques que duraron más de dos horas y dejaron al menos dos arrestados, pese a que poco antes dirigentes del sector habían ingresado a la sede de Gobierno para reunirse con autoridades.

La COB reclama un aumento salarial del 20 % y también pide la renuncia de Paz , algo que igualmente exigen también campesinos del departamento de La Paz mediante bloqueos de carreteras en el altiplano desde hace nueve días.

El clima de protestas organizadas por distintos sectores lleva más de unas semana y combina reclamo de los mineros pero también de obreros, campesinos, maestros de escuela, indígenas y transportistas, con reclamos desde aumentos salariales hasta la no privatización de empresas públicas.

Asediado por el clima social, Rodrigo Paz denunció que las protestas están siendo parcialmente instrumentalizadas para «desmontar» el sistema democrático nacional y advirtió que quienes estén utilizando el agravio para desestabilizar el país pueden terminar en la cárcel.

«Es un proceso democrático de la patria y es irreversible, le guste o no le guste al que quiera destruir a la patria democrática», dijo Paz este viernes durante la presentación del informe Democracia y Desarrollo 2026. 

Es un proceso democrático de la patria y es irreversible, le guste o no le guste al que quiera destruir a la patria democrática

La situación institucional desde que asumió Paz es delicada desde el principio. La ruptura con el vicepresidente Edmar Lara es parte de ese proceso de crisis y las demandas sociales se incrementan en sectores que votaron por el presidente en la segunda vuelta y hoy le soltaron la mano. «Esos que intentan desde el pasado destrozar la democracia se van a ir a la cárcel», dijo en referencia a Evo Morales y el MAS.

En este contexto, el portavoz del Gobierno José Luis Gálvez denunció la existencia de un «plan macabro» supuestamente financiado por el narcotráfico, y acusó a Evo Morales y dirigentes afines de promover movilizaciones y bloqueos para desestabilizar al país y, como ha insistido el presidente a última hora de este viernes, «romper la democracia».

Ante este cuadro de situación, Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú expresaron su preocupación por la crisis humanitaria en Bolivia a través de una declaración conjunta en la que advirtieron sobre el impacto de las protestas y bloqueos de rutas en el abastecimiento de alimentos e insumos esenciales.

El comunicado señala que la situación en Bolivia es consecuencia de las manifestaciones y cortes de carreteras que derivaron en dificultades para garantizar productos básicos para la población. 

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En el texto, los gobiernos firmantes rechazaron «toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático y a alterar la institucionalidad» del Estado Plurinacional de Bolivia, y remarcaron su respaldo al Gobierno constitucional surgido de las Elecciones Generales de 2025. 

Además, reiteraron su solidaridad con el Gobierno y el pueblo boliviano, al tiempo que exhortaron a los distintos actores políticos y sociales a canalizar sus diferencias mediante el diálogo, el respeto a las instituciones y la preservación de la paz social. El gobierno argentino decidió enviar un avión Hércules C-130 para el transporte de alimentos.

Mineros bolivianos marchan.

 

 

Toto Caputo adjudicó este viernes la concesión de una nueva tanda de rutas nacionales y avanza en su objetivo de entregarle a privados el control de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales por 20 años antes de julio.

Ante eso, en las entidades de usuarios viales denuncian que en las rutas ya concesionadas hace meses recién comenzaron con obras menores de bacheo, mientras que en las recientemente adjudicadas apenas se contempla el mantenimiento y corte de pasto. Eso, a cambio de la multiplicación de los peajes.

En la Provincia de Buenos Aires, en tanto, fuentes del Ejecutivo consultadas señalaron a LPO que la Fiscalía de Estado evalúa una presentación judicial por la exclusión de la estatal bonaerense Aubasa de los tramos de la Etapa II que este viernes adjudicó Caputo.

A la vez, denunciaron que, más allá de algunos movimientos de tierra, «no hay un kilómetro de nuevo asfalto» en los tramos de las rutas nacionales 3, 5, 205 y 226 que atraviesan la provincia de Buenos Aires y que fueron entregados al control de privados.

En su resolución de viernes (ver abajo) el ministro de Economía le otorgó al consorcio de las constructoras Concret Nor, Marcalba, Pose y Coarco la concesión de las autopistas Riccheri, Ezeiza-Cañuelas y Newbery, así como las rutas nacionales 3, 205 y 226.

 En la Ruta 3 van a poner ocho peajes de Capital a Bahía Blanca. Un peaje cada 90 kilómetros para no hacer nada, peor que en los 90 

Además, le entregó mendocina Ceosa (Construcciones Electromécanicas del Oeste) la concesión de la Ruta Nacional 5 entre Luján (Buenos Aires) y Santa Rosa (La Pampa). Ceosa cotizó una tarifa de peaje inicial de 2.850 pesos.

En tanto, el consorcio ganador de las autopistas y las rutas 3, 205 y 226 cotizó una tarifa de peaje de 1.206 pesos. Eso, con el aditivo de una multiplicación de las cabinas de peajes.

«En la Ruta 3 van a poner ocho peajes de Capital a Bahía Blanca. Un peaje cada 90 kilómetros para no hacer nada, peor que en los 90», dijo a LPO Ricardo Lasca titular del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv).

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En esa entidad, advierten que en la Red Federal de Concesiones promovida por el gobierno libertario no existe inversiones de envergadura para evitar los choques frontales. «Es solo corte de pasto y mantenimiento. Es una estafa», acusó Lasca.

Un dato relevante es que para los 1.800 kilómetros de rutas que Caputo adjudicó este viernes, el Gobierno exige apenas 84,3 kilómetros de obras nuevas: 28,75 kilómetros para el caso de las autopistas y 55,98 kilómetros de ruta segura en la Ruta 226, entre el empalme de la Ruta 55 y la 22.

El tenor de obras en las rutas a privatizar por el gobierno libertario ya se advierte en la Etapa I, el llamado «Tramo Oriental» (RN 12 y 14) y Conexión (Puente Rosario- Victoria y 50 kilómeotros de la RN 174).

 En la Provincia de Buenos Aires, en tanto, fuentes del Ejecutivo consultadas señalaron a LPO que la Fiscalía de Estado evalúa una presentación judicial por la exclusión de la estatal bonaerense Aubasa de los tramos de la Etapa II que este viernes adjudicó Caputo. 

La empresa ganadora de esa licitación fue Autovía Construcciones y Servicios S.A., del Grupo Cartellone, involucrado en la causa Cuadernos.

Con el control de esas trazas, la concesionaria, rebautizada como Autovía del Mercosur, al momento hizo tareas de limpieza de banquinas, mantenimiento de la calzada, mejoras en iluminación y «acondicionamiento general de la ruta».

«Recién ahora empezaron a hacer algo», dijo Lasca que, de todos modos, advirtió que no existen obras de magnitud. Eso, a pesar de que, para las obras en la ruta del Mercosur, el banco BICE que depende de Economía puso a disposición un crédito de 56 mil millones.

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«Rutas nacionales que pasarán a operar bajo un esquema sin subsidios, con inversión 100 % privada», posteó este viernes en X el ministro de Economía.

«Caputo habla de inversión privada, cuando las obras están financiadas por el Fondo de las Pymes y el Banco BICE. Y encima no hay ente regulador, que tendría que haber salido por ley antes de adjudicar los corredores porque las concesiones viales tienen carácter de servicio público, como la luz y el agua. Es escandaloso», acusó Lasca.

Mientras tanto, Caputo acelera con las licitaciones del resto de los tramos en su objetivo de alcanzar la totalidad de las concesiones a mitad de año.

Días atrás, se realizó la apertura de sobres de la Etapa II-B que abarca los Tramos Mediterráneo (RN 7 y RN 35), Puntano (RN 8, RN 36, RN A-005 y RN 193), Portuario Sur (RN 9 y RN 188) y Norte (RN 9, RN 33 y la Circunvalación de Rosario). 

 

 

El peronismo en el Senado bonaerense logró esquivar una ruptura que parecía inminente y cerró un acuerdo para conformar las comisiones de trabajo. El Frente Renovador cedió a La Cámpora la poderosa comisión de Asuntos Constitucionales y ese gesto de unidad permitió avanzar en un entendimiento.

Fue un viernes frenético con reuniones cruzadas entre Verónica Magario, Sergio Berni, Malena Galmarini y el camporista Emmanuel González Santalla. El peronismo estuvo al borde de la ruptura cuando la vicegobernadora cerró un esquema de comisiones sin acuerdo con el resto del peronismo.

Magario impuso a Germán Lago en Legislación General y quiso que Galmarini quede al frente de Asuntos Constitucionales, una comisión que controla La Cámpora desde hace años. La jugada de Magario se leyó en el kirchnerismo como una provocación y durante días el bloque estuvo al borde de la ruptura.

Magario impuso a un axelista en una comisión clave y crece la tensión con el kirchneirsmo

Este viernes, Malena aceptó dejar Asuntos Constitucionales a González Santalla y el massismo se quedará con Presupuesto e Impuestos, comisión que presidirá Valeria Arata. Además, como reconocimiento al gesto, La Cámpora comprometió su apoyo para que Galmarini presida Reforma Política, la comisión por la que pasarán varios proyectos que definirán el reglamento electoral del año próximo.

Por la comisión que controla La Cámpora pasa nada menos que los pliegos para la designación de jueces y funcionarios del Poder Judicial. También pasarán por ahí los pliegos de los futuros jueces de la Suprema Corte. En el peronismo no entienden por qué Magario pagó un alto costo político para dejar esa comisión -en un principio- en manos del massismo.

El Senado lleva dos meses y medio de parálisis y todavía no tuvo su primera sesión ordinaria del año. Las diferencias en el peronismo arrastran la actividad legislativa.

La interna del peronismo traba la definición de las comisiones en la Legislatura

El malestar en el peronismo con la vicegobernadora es muy grande y durante días en el kirchnerismo se animaron a presagiar una ruptura del bloque. Si eso no ocurrió fue por la imposibilidad de encapsular una ruptura sólo en el Senado. Todos sabían que si se rompía en el bloque en la Cámara Alta, seguía una ruptura en Diputados y también en los Concejos Deliberantes.

La avanzada de Magario sobre el armado de las comisiones parece ligada a la tensión que hubo en los primeros meses del año cuando Cristina Kirchner logró imponer a Mario Ishii como vicepresidente primero del Senado, un sillón que Axel Kicillof consideraba clave toda vez que es el segundo en la línea de sucesión.

Magario había jugado muy fuerte para ubicar en la vicepresidencia primera a Ayelén Durán, una senadora que responde a Andrés Larroque. Junto con Gabriel Godoy, Durán forma parte de lo que supo ser la cúpula de La Cámpora en Bahía Blanca. Esa estructura rompió con la conducción de Máximo Kirchner para sumarse al axelismo a través del Cuervo.

 

 

El mayor especialista en pobreza asegura que los números del gobierno son una «ficción estadística» porque comparan índices que son diferentes. Agustín Salvia consideró que, si se corrigieran, el número estaría en torno al 38 o 40%.

«Cambió la composición del gasto y estamos midiendo como si fuera la misma», explicó el titular del Observatorio de la Deuda Social de la UCA.

Durante el siglo XXI, los mejores números de pobreza en la Argentina se dieron entre 2011 y 2012 y en 2017. En esos momentos la pobreza era del 25% y el sociólogo lo atribuyó a una «burbuja de consumo» que no pudo «sostenerse» y tiempo después el número volvió a aumentar.

Desde la llegada de Javier Milei el Indec «mejoró la captación del ingreso»: para elaborar el índice de pobreza, los ingresos totales de los hogares se cruzan con el precio de una canasta básica.

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Milei llegó a la presidencia con 38% de pobreza, una cifra que poco después aumentó hasta 55% luego de la devaluación. A partir del segundo semestre de 2024, la pobreza comenzó a bajar de manera «acelerada» y para los números oficiales llegó a ser del 28%.

«Desde fines de 2023, el Indec mejoró la captación del ingreso, pero no significa que los hogares tengan más ingresos. Tres o cuatro puntos de la caída de la pobreza responden a la mejor captación», dijo Salvia en Somos Alameda en Radio Gráfica.

El sociólogo explicó que el punto más controvertido en la elaboración de índice está vinculado a la composición del gasto.

«El problema más significativo es que con un millón y medio de pesos a valores de hoy, antes de 2023 esa familia no es que estaba bien, pero cubría los alimentos, los gastos de la vivienda, la vestimenta, los servicios», dijo.

Si bien reconoció que los alimentos están relativamente más baratos que en años anteriores, Salvia aseguró que las tarifas de transporte, servicios públicos y comunicaciones tienen mucha mayor incidencia en la canasta de pobreza.

«Entonces lo que queda para comprar medicamentos, arreglar la casa y demás es mucho menos que lo que quedaba en 2011-2012 y 2017», detalló.

En los dos años y medio de la gestión Milei, los alimentos aumentaron por debajo de la inflación, pero los servicios se incrementaron por encima. Si bien bajó la experiencia de «inseguridad alimentaria», el salario de las clases medias bajas «no alcanza para cubrir la canasta básica de bienes y servicios, entonces con un cambio de composición, la pobreza no sería del 28 sino del 38 o el 40%».

 

 

Ante la caída de la industria a nivel nacional, el gobernador de Chubut, Ignacio «Nacho» Torres presentó un proyecto de ley para sacarle la carga impositiva a quienes construyan o amplíen viviendas en la provincia.

El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) registró una caída del 4,7% interanual en noviembre de 2025, con un derrumbe adicional del 4,1% respecto al mes anterior.

En febrero de 2026, el indicador volvió a mostrar una baja del 0,7% respecto al mismo mes del año anterior. Los datos de abril profundizan el cuadro: el cemento cayó 13,2% y las ventas de materiales para la construcción retrocedieron 4,6% interanual.

En ese contexto, Chubut tomó una decisión que ninguna otra provincia adoptó: eliminarle los impuestos al sector.

El gobernador Nacho Torres presentó este viernes un proyecto de ley que establece la exención del 100% del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y hasta el 100% del Impuesto de Sellos -según cantidad de empleados y magnitud de la inversión- para la construcción y ampliación de viviendas familiares y edificios residenciales en toda la provincia. La medida rige desde el 1° de junio de 2026 hasta el 30 de junio de 2027.

 El mejor plan de vivienda es el que le da libertad a la gente para construir su propia casa. En Chubut el Estado va a ser un socio, no un obstáculo para cumplir ese sueño 

El objetivo es doble: bajar los costos para que las familias puedan construir o ampliar su vivienda, y reactivar una industria que en todo el país muestra señales de fatiga. El empleo privado en la construcción acumula una variación negativa en el año, en un patrón donde la actividad cae antes que las empresas empiecen a recontratar.

«El mejor plan de vivienda es el que le da libertad a la gente para construir su propia casa. En Chubut el Estado va a ser un socio, no un obstáculo para cumplir ese sueño», dijo Torres.

La iniciativa cuenta con el respaldo de las principales cámaras de la construcción y los gremios del sector, y deberá ser votada por la Legislatura provincial.