La carrera por la inteligencia artificial, la energía y la defensa acaba de sumar un nuevo protagonista. Satellogic, la empresa fundada por los argentinos Emiliano Kargieman y Gerardo Richarte, se convirtió en una de las acciones de mejor desempeño de Wall Street en 2026, con una suba superior al 400 por ciento que la llevó a superar los USD 1.300 millones de valor de mercado.
El rally llamó la atención de operadores e inversores porque no se trata de una compañía ligada al boom tradicional de la tecnología. Su negocio está en el espacio. Más precisamente, en la captura y procesamiento de datos obtenidos a través de una red de satélites que monitorean la Tierra en tiempo real.
La empresa cotiza en Nasdaq bajo el ticker SATL y llegó a rozar una capitalización cercana a los USD 1.600 millones durante las últimas semanas. A comienzos de año valía apenas una fracción de esa cifra.
El disparador de la suba fue una combinación de factores. La compañía anunció nuevos contratos vinculados a defensa, avanzó con acuerdos internacionales para la provisión de satélites y presentó resultados financieros que mostraron una mejora significativa en su situación operativa.
Lo que está detrás del entusiasmo es la expectativa sobre una industria que muchos comparan con los primeros años de internet o de la inteligencia artificial.
«Argentina suma un nuevo unicornio, pero esta vez está en órbita», afirmó Mariano Dragani, de Somos Inversores. Según explicó, la compañía ya cuenta con 54 satélites operativos, contratos vinculados a defensa y monitoreo terrestre y una posición financiera que comenzó a mostrar señales de madurez.
Para Dragani, el atractivo no pasa solamente por el hardware espacial. «Ya no se trata sólo de lanzar satélites. Se trata de vender información para agricultura, defensa, recursos naturales, infraestructura y monitoreo climático», explicó.
Ya no se trata sólo de lanzar satélites. Se trata de vender información para agricultura, defensa, recursos naturales, infraestructura y monitoreo climático
Esa visión es compartida por una parte creciente del mercado. La tesis de inversión sostiene que los datos capturados desde el espacio pueden convertirse en un recurso estratégico de enorme valor económico, especialmente para gobiernos, empresas energéticas, compañías agrícolas y organismos de seguridad.
Tomás Ambrosetti, cofundador de Guardian Capital, destacó que una de las ventajas de Satellogic es que diseña, fabrica y opera sus propios satélites. La empresa ya tiene presencia en defensa, agricultura y monitoreo ambiental, y avanza con la constelación Merlin, un proyecto que apunta a realizar un remapeo global diario hacia 2027.
Según Ambrosetti, la fuerte suba de la acción estuvo impulsada por el renovado interés de los inversores en la economía espacial. Aun así, advirtió que se trata de una apuesta de riesgo: «Satellogic ocupa un nicho atractivo por su combinación de resolución, frecuencia y costos, pero la valuación actual es exigente y la volatilidad seguirá siendo elevada».
En ese contexto, Satellogic aparece como una de las pocas empresas cotizantes que permite apostar directamente a esa tendencia. A diferencia de gigantes como SpaceX, que aún no cotiza en bolsa, la firma argentina ofrece una puerta de entrada accesible para inversores que buscan exposición al sector espacial.
Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, explicó que el mercado comenzó a prestar especial atención a la compañía a partir de marzo, cuando mostró una mejora sustancial en su posición de caja. «La acción estaba cerca de USD 3 y llegó a tocar USD 10 en cuestión de semanas. Ahora se mueve alrededor de USD 8», señaló.
La acción estaba cerca de USD 3 y llegó a tocar USD 10 en cuestión de semanas. Ahora se mueve alrededor de USD 8
Sin embargo, Lazzati advirtió que la fuerte revalorización también refleja el perfil de riesgo de la empresa. «Tiene un enorme potencial de crecimiento dentro de la industria satelital, pero también una volatilidad muy elevada. El precio puede pasar de USD 3 a USD 10 y volver a USD 5 en poco tiempo», sostuvo.
Por esa razón, el especialista considera que se trata de una inversión adecuada únicamente para perfiles agresivos. «Es una acción para tener una posición pequeña dentro de la cartera, sin comprometer los flujos futuros del inversor», agregó.
Más allá de las advertencias, el caso de Satellogic muestra cómo el mercado empezó a mirar con otros ojos a la economía espacial. Lo que hace apenas unos años parecía una apuesta futurista hoy se transformó en una industria capaz de atraer miles de millones de dólares. Y en esa nueva carrera por los datos, una empresa nacida en Argentina logró convertirse en uno de los nombres más comentados de Wall Street.
Cada vez que una familia argentina no puede pagar lo que debe, pasa algo más que un número en rojo en su presupuesto. Pasa algo político. Se activa una pregunta que estuvo suspendida, que muchas veces se evitó formular, pero que en algún momento encuentra su camino: ¿quién tiene la culpa de que yo no pueda pagar?
El Banco Central de la República Argentina publicó un dato que pronto repercutió en los medios. La mora en el financiamiento pasó de 2,5% en diciembre de 2024 a 9,3% en diciembre de 2025. En marzo de 2026 —el registro más reciente— trepó al 11,5%: una cifra que no se observaba desde hace más de veinte años. En doce meses, la irregularidad de los créditos a hogares se triplicó, con un incremento de 8,3 puntos porcentuales. Los préstamos personales concentran el mayor nivel de incumplimiento en quince años. Y el deterioro no se limita al sistema bancario: en las billeteras virtuales y entidades financieras no bancarias —a las que recurren quienes el banco ya no les presta— la morosidad supera el 30%.
Los datos de mora de las familias argentinas durante el gobierno de Javier Milei siguen una curva que los economistas registran con sus instrumentos pero que las ciencias sociales deben interpretar con otros. No alcanza con decir que sube la morosidad en tarjetas, que se acumulan deudas de expensas y servicios, que los planes de pago se estiran hasta el absurdo. Lo que hay que entender es qué tipo de deuda es esa. Porque no todas las deudas son iguales, y la historia argentina lo demuestra con claridad: cada régimen político produjo su propio régimen de endeudamiento familiar, con sus promesas, sus trampas y sus consecuencias electorales. Esa historia la reconstruyo en Historia de cómo nos endeudamos (Siglo XXI), y lo que muestra es que la deuda que hoy llevan encima millones de hogares argentinos tiene un nombre específico: deuda de sacrificio.
El trampolín
Para entender la trampa, hay que entender primero el trampolín.
Milei llegó al poder montado sobre un estado de ánimo colectivo que tenía nombre propio en las encuestas: agotamiento moral. No era simplemente la pobreza, ni la inflación sola, ni la devaluación. Era algo más preciso: la sensación de haber hecho todo bien —trabajar, ahorrar, sacrificarse— y que aun así no alcanzara. La percepción de correr en el lugar, de esforzarse sin que el esfuerzo rindiera fruto.
En 2023, cuando se medían las intenciones de voto, ocho de cada diez argentinos acordaban con una afirmación demoledora: «Ante los problemas de la inflación, dependemos de nuestro esfuerzo y sacrificio.» Casi la misma proporción sostenía que se mataban de tanto trabajar y la inflación de todas formas no les permitía llegar a fin de mes. Estos números eran más altos entre quienes ya habían votado a Milei en las primarias.
El electorado de Milei es más complejo que cualquier retrato unívoco: cruzó clases sociales, generaciones y geografías. No se puede trazar una línea directa entre quién debía y quién votó. La deuda de sacrificio no produce votos: produce un estado de ánimo, una plausibilidad moral. Vuelve pensable lo que antes parecía impensable. Y lo que las encuestas de 2023 mostraban con consistencia es que ese estado de ánimo estaba extendido transversalmente: personas que habían pedido prestado para comer y personas de clase media que habían visto multiplicarse sus cuotas hipotecarias sin control compartían algo más profundo que una condición económica. Compartían la sensación de que el esfuerzo propio no encontraba retorno institucional. Que las deudas que cargaban no eran el precio de algo —no eran el escalón hacia ningún lugar. Eran simplemente el precio de permanecer en el lugar. Para no caer.
Eso es la deuda de sacrificio: deuda sin aspiración. Deuda que no te lleva a ningún lado. Deuda que es el precio de sobrevivir.
La previa
Para leer la mora de hoy hay que hacer un ejercicio que los titulares económicos no hacen: excavar. La deuda de sacrificio tiene capas. Cada una depositó algo que todavía está ahí, acumulado, sin resolver.
La primera capa es el macrismo. El crédito UVA —el instrumento hipotecario que prometía hacer accesible la vivienda— fue la trampa más sofisticada de ese período. Diseñada para un mundo de inflación baja y estable, explotó cuando el peso se derrumbó en 2018 y el FMI volvió con sus condiciones. Entre 2016 y 2019, el índice que actualizaba esas hipotecas subió 227% mientras los salarios formales crecían a la mitad de esa velocidad. Sandra había firmado su hipoteca en 2017 creyendo que la inflación bajaría. No bajó. «Préstamos, impuestos, colegio, mercado. No nos quedaba nada.» Carla, que había ahorrado ocho años para comprar su departamento, trabajaba quince horas diarias seis meses después de firmar. «Pagamos pero debemos más.» Esa deuda —la de la promesa traicionada— no desapareció con el cambio de gobierno. Se sedimentó.
La segunda capa es la pandemia. El aislamiento sanitario eliminó de un día para el otro el ingreso de millones de trabajadores informales. El alquiler no esperó. La comida no esperó. Los servicios no esperaron. El Estado asistió, pero con un margen fiscal ya comprometido por la deuda soberana que renegociaba con el FMI. Lo que no cubrió la política lo cubrieron los hogares: con fiado en el almacén, con préstamos entre familiares, con tarjetas giradas hasta el límite. Mónica pedía prestado a una agencia estatal para pagar la fiada del almacén y así poder seguir comprando fiado la semana siguiente. «Un círculo del que no se puede salir.» La pandemia no creó la deuda de sacrificio, pero la volvió masiva. Convirtió una tendencia en una condición estructural.
La deuda de sacrificio no produce votos: produce un estado de ánimo, una plausibilidad moral.
La tercera capa es la inflación del kirchnerismo tardío y el gobierno de Alberto Fernández. Leonardo, docente, lo describe con precisión: había pasado de endeudarse para comprar electrodomésticos —la vieja deuda de la inclusión que el kirchnerismo había promovido como símbolo de pertenencia— a endeudarse para comprar comida. El mismo instrumento, la tarjeta, el crédito, había cambiado de sentido. Ya no era el escalón hacia algo mejor. Era el parche para no caer. Ricardo, comerciante, llamaba a sus deudas «deudas de empobrecimiento»: lo opuesto de todo aquello para lo que había trabajado. Con una inflación que superó el 90% en 2022 y el 200% en 2023, las deudas acumuladas en los años anteriores no se disolvieron. Se compusieron.
Lo que define a este régimen de deuda no es solo su magnitud. Es su sentido acumulado. La deuda aspiracional —la que te permite comprarte una heladera, pagar la cuota del auto, planificar las vacaciones— crea un vínculo entre el esfuerzo presente y una promesa de futuro. La deuda de sacrificio es exactamente lo contrario: no te lleva a ningún lado. Es el precio de permanecer en el lugar. Y cuando esa experiencia se repite capa tras capa, gobierno tras gobierno, algo se rompe en la relación entre los hogares y la política.
El deudor de sacrificio siente que hizo todo lo que se suponía que debía hacer y que el Estado, la política, los gobernantes —todos, no uno en particular— no cumplieron su parte. Esa asimetría genera algo más que frustración: genera una superioridad moral sobre la clase política. «Nosotros nos arreglamos solos. Ellos no hicieron nada.» Y esa superioridad moral es exactamente lo que Milei supo leer, nombrar y capitalizar.
El candidato
La campaña de Milei fue, en el sentido más preciso de la palabra, una campaña sobre el sacrificio. Tradujo en lenguaje político algo que los hogares argentinos vivían en su economía doméstica: la sensación de que el sacrificio individual no encontraba contrapartida en el Estado, y de que ese Estado era en sí mismo el obstáculo.
La propuesta de la motosierra no era solo un programa económico: era una promesa de reciprocidad invertida. Si durante años las familias habían sacrificado mientras los políticos derrochaban, ahora los políticos también iban a sacrificar. La casta pagaría. El ajuste sería hacia arriba.
Hay una lógica interna en ese argumento que no puede desestimarse. El sacrificio vivido individualmente, sin retorno, sin reconocimiento, se convierte en política en una demanda: que otros también sacrifiquen, empezando por el Estado y por quienes lo gobiernan. La deuda de sacrificio no determina el voto —nada en política es tan lineal. Pero contribuye a moldear un paisaje moral en el que votar por la ruptura radical deja de parecer una locura y empieza a parecer lo único razonable. Quien vivió años pagando sin que nadie respondiera podía encontrar en la motosierra no un símbolo de crueldad sino de justicia: si nosotros sacrificamos, que sacrifiquen ellos también.
La deuda de sacrificio fue el trampolín. No porque causara el voto —las cadenas causales en política son siempre más enredadas que eso— sino porque instaló el estado de ánimo desde el cual una propuesta de ruptura radical pudo volverse moralmente plausible antes de volverse políticamente viable. La experiencia financiera acumulada de millones de hogares preparó el terreno. Milei lo leyó. No fue irracionalidad. Fue una respuesta moralmente coherente a años de promesas incumplidas, encontrando su cauce en la única opción que prometía romper con todo.
La trampa
Pero aquí empieza la trampa.
El gobierno de Milei heredó, como sus antecesores inmediatos, un régimen de deuda de sacrificio. Y como todos sus antecesores, lo profundizó.
El ajuste fiscal se tradujo en quita de subsidios, aumento de tarifas y retracción del salario real. Las familias que ya se endeudaban para sobrevivir se encontraron con que los números empeoraban. La mora creció. Las tarjetas dejaron de alcanzar. Los planes de pago se multiplicaron. Los bancos registraron aumentos en los índices de incumplimiento en créditos personales y prendarios. Los informes de las cámaras de comercio minorista mostraron caída del consumo y aumento de la deuda impaga con los proveedores.
La sociología de la deuda enseña algo que la economía tiende a olvidar: ¿quién tiene la culpa?
La promesa implícita del sacrificio colectivo —que el ajuste sería compartido, que la casta pagaría— chocó con una realidad más antigua y más dura: en los ajustes estructurales, quienes más pagan son siempre los que menos tienen. Las familias que habían votado esperando que otros sacrificaran descubrieron que el sacrificio seguía siendo, como siempre, el de ellas.
Hay algo particularmente cruel en esto. La deuda de sacrificio genera un tipo específico de juicio moral: no está dirigida a un gobierno en particular, sino a la capacidad institucional del Estado democrático de organizar la vida financiera de los hogares de manera compatible con su dignidad. Cuando ese juicio ya está hecho, cuando la confianza en las instituciones democráticas ya se perdió, no hay gobierno que pueda recuperarla fácilmente. Ni siquiera el que llegó prometiendo exactamente eso.
Lo que los números no dicen
Los datos de mora que circulan en los medios estas semanas se presentan como indicadores económicos. Lo son. Pero son también otra cosa: son el registro de una ruptura moral que lleva décadas construyéndose y que Milei, lejos de resolver, ha extendido bajo una nueva promesa. Su aparición repentina en la agenda pública no es casual: cuando la deuda de los hogares sube hasta hacerse visible para los medios, es porque ya hace tiempo que es insoportable para las familias. El debate público llega tarde. La experiencia financiera cotidiana llegó antes.
La sociología de la deuda enseña algo que la economía tiende a olvidar: el momento en que una familia no puede pagar no es solo un evento financiero. Es un momento en que se activa la pregunta sobre la responsabilidad. ¿Quién tiene la culpa? ¿El deudor que no supo administrarse? ¿El gobierno que no controló la inflación? ¿El sistema que prometió lo que no podía cumplir?
En la Argentina de hoy, esa pregunta vuelve a estar disponible. Los hogares que se endeudaron para sobrevivir durante la pandemia, que esperaron que el ajuste de Milei trajera alguna estabilidad, que ven cómo la mora se acumula sin que el horizonte se despeje, están en ese umbral moral: el momento en que el sufrimiento privado busca una explicación pública y un responsable político.
La advertencia
Hay algo que conviene decir con claridad, porque suele perderse en el análisis coyuntural: la deuda de sacrificio es anterior a Milei y le va a sobrevivir.
No la inventó él. La encontró ya instalada, la supo leer mejor que sus competidores, y la transformó en capital electoral. Pero el régimen de deuda sacrificial que describe la experiencia financiera de millones de hogares argentinos se construyó a lo largo de años —la pandemia, la inflación crónica, los salarios que no alcanzan, la informalidad estructural— y no desaparecerá con un cambio de gobierno.
Aquí está el verdadero desafío para el sistema político argentino en su conjunto, y no solo para la gestión actual: ¿será capaz de interpretar lo que la deuda de sacrificio produce en términos de juicio moral sobre las instituciones? ¿O seguirá cayendo, ciclo tras ciclo, en la misma trampa?
La historia de cuarenta años de democracia argentina que reconstruyo en Historia de cómo nos endeudamos muestra un patrón perturbador. Cada régimen de deuda de los hogares generó sus propias expectativas, y cuando esas expectativas fueron traicionadas, la energía acumulada buscó una salida política. A veces fue una carta al presidente. A veces fue el cacerolazo. A veces fue un voto inesperado. Pero siempre llegó.
En doce meses, la irregularidad de los créditos a hogares se triplicó.
La deuda de sacrificio, cuando no encuentra respuesta en la política democrática, no desaparece: se radicaliza. Genera la sensación de que el esfuerzo individual fue real pero la contraparte institucional nunca existió. Y esa sensación —la de haber sido estafado por el sistema, no por un gobierno— es la más corrosiva de todas, porque ya no interpela a un presidente sino a la democracia misma.
La pregunta que queda abierta —y que los datos de mora de estas semanas vuelven urgente— es si habrá una nueva respuesta la próxima vez, o si el ciclo se repetirá con otro nombre y otra motosierra.
La decisión de Pirelli de paralizar durante una semana la producción de su planta de Merlo y eliminar desde julio las horas extras de fin de semana vuelve a poner en evidencia el deterioro que atraviesa buena parte de la industria argentina. Aunque la empresa mantendrá el pago de salarios durante las suspensiones, cientos de trabajadores sufrirán una fuerte caída de ingresos en un contexto ya golpeado por la pérdida de poder adquisitivo y la retracción económica.
Por Celina Fraticiangi para NLI
La multinacional italiana comunicó que detendrá completamente la actividad de su planta bonaerense entre el 15 y el 21 de junio. La medida afecta a una fábrica que actualmente emplea a unos 650 trabajadores y que ya viene atravesando un proceso de reducción de actividad desde hace varios años. Si bien las suspensiones serán con goce de haberes, el verdadero impacto llegará desde julio, cuando la compañía abandone el esquema de trabajo durante los fines de semana y pase a operar únicamente de lunes a viernes.
Esa modificación implica la desaparición de las horas extras que se abonaban al 100% durante sábados y domingos. Según estimaciones realizadas por trabajadores de la planta, la pérdida de esos adicionales provocará una reducción cercana al 27% de los ingresos mensuales de numerosos operarios.
La crisis industrial ya no puede ocultarse
La situación de Pirelli no aparece aislada. La empresa argumenta que enfrenta una fuerte caída de la demanda y una disminución sostenida de las ventas desde hace al menos cuatro meses. A esto se suma la desaceleración de la industria automotriz, uno de sus principales mercados, afectada por la baja del consumo interno y por la caída de exportaciones hacia Brasil.
El caso de la automotriz Stellantis se convirtió en un símbolo de este proceso. La reducción de actividad en la planta de El Palomar impactó directamente sobre proveedores como Pirelli, que dependen en gran medida del ritmo de producción automotriz para sostener sus niveles de fabricación.
Sin embargo, los trabajadores sostienen que el problema no se limita a una cuestión coyuntural. Denuncian que la apertura importadora impulsada por el Gobierno está acelerando la sustitución de producción nacional por neumáticos fabricados en el exterior, particularmente provenientes de China. Esa combinación de menor consumo y mayor competencia importada está golpeando de lleno a la industria local.
De producir 18 mil neumáticos por día a apenas una fracción
Los números permiten dimensionar la magnitud del retroceso. En sus mejores años, la planta de Merlo llegó a fabricar alrededor de 18.000 neumáticos diarios. Hoy la producción ronda entre 3.500 y 4.000 unidades por jornada, una caída que refleja la profundidad de la crisis sectorial.
La reducción de actividad también tuvo consecuencias sobre el empleo. Desde 2023 se registraron más de 700 desvinculaciones dentro de la compañía, mientras que el sector del neumático observa con preocupación antecedentes recientes como el derrumbe de Fate y las dificultades crecientes de otras firmas industriales.
En este escenario, la suspensión anunciada por Pirelli es leída por muchos trabajadores como una señal de alerta más profunda. El temor no pasa únicamente por la pérdida de ingresos inmediatos, sino por la posibilidad de que la reducción de actividad termine derivando en nuevos ajustes laborales.
La situación expone una contradicción cada vez más visible del modelo económico de Milei. Mientras el Gobierno celebra indicadores financieros y apertura de mercados, numerosas fábricas enfrentan caídas de producción, despidos y suspensiones. El caso de Pirelli muestra que detrás de los números macroeconómicos existe una realidad concreta: menos horas trabajadas, salarios más bajos y una industria nacional que vuelve a transitar un terreno de incertidumbre.
La pelea minera en San Juan no es por el cobre. Es por la energía. Vicuña, sociedad de BHP y Lundin Mining, quedó en el centro de una disputa con otras empresas por la capacidad de transporte de una línea eléctrica clave para el desarrollo cuprífero en el norte provincial. La empresa promete una inversión histórica de USD 18.000 millones, pero antes de activar los desembolsos pidió prioridad sobre casi toda la capacidad de transporte eléctrico disponible.
El dato político pesa. El 17 de febrero, Javier Milei recibió en Casa Rosada a Ron Hochstein, CEO global de Vicuña Corp. y a José Morea, country director de la compañía. También estuvieron Karina Milei y el canciller Pablo Quirno. El Gobierno presentó el encuentro como respaldo a la mayor inversión extranjera directa de la historia de San Juan.
Morea no es un ejecutivo más. Fue funcionario durante el gobierno de Mauricio Macri y estuvo a cargo del programa de Participación Público Privada (PPP), una fallida experiencia de «privatización» de la construcción de rutas que dependía de Toto Caputo, entonces funcionario de Macri. Morea provenía de Central Puerto, la eléctrica vinculada a Nicolás Caputo, primo del ministro, que aparece al principio y al final de la inversión de Vicuña.
Al día siguiente de la reunión en Casa Rosada, el ENRE difundió la Resolución 79/2026. El trámite había sido presentado por Transener a pedido de Vicuña Argentina para abastecer la fase 1 de Josemaría, que requiere 260 MW de potencia. La obra incluye la vinculación de la línea Nueva San Juan-Rodeo, la construcción de la estación transformadora Chaparro y una nueva línea de extra alta tensión de 167 kilómetros entre Rodeo y Chaparro. El lobby de la minera, apadrinada por Caputo, tuvo una eficacia eléctrica, que no cayó bien en otros jugadores importantes del sector minero.
El punto que encendió la guerra fue el beneficio regulatorio. La resolución le otorgó a Vicuña prioridad de uso frente a terceros por el 90% de la capacidad de transporte remanente de la línea Nueva San Juan-Rodeo. Según los cálculos de Cammesa, eso equivale al 71% de la capacidad total de una línea de 854 MVA. La misma prioridad alcanza a la nueva línea Rodeo-Chaparro y a la nueva estación Chaparro. Todo por 25 años.
José Morea, country manager de Vicuña no es un ejecutivo más. Fue funcionario durante el gobierno de Mauricio Macri y estuvo a cargo del programa de Participación Público Privada (PPP), una fallida experiencia de «privatización» de la construcción de rutas que dependía de Toto Caputo. Morea provenía de Central Puerto, la eléctrica vinculada a Nicolás Caputo, primo del ministro, que aparece al principio y al final de la inversión de Vicuña.
La infraestructura no nació de un repollo privado. La línea Nueva San Juan-Rodeo fue concebida para operar en 500 kV, aunque inicialmente funciona en 132 kV. Tiene unos 162 kilómetros y fue financiada con aportes nacionales, provinciales y recursos de los usuarios sanjuaninos a través de fondos como el PIEDE. Es decir: la obra que ahora disputan las mineras fue pagada durante años por la provincia y por los argentinos.
Vicuña sostiene que no se apropia de nada. Su argumento es que financiará obras nuevas para fortalecer el sistema y que la capacidad incremental quedará dentro del SADI, operada por la transportista. Traducido: asegura que va a agrandar la ruta y que por eso pide carril preferencial. En una empresa competidora lo resumen con menos cortesía: «Todavía no pusieron nada, pero ya pidieron mucho».
El problema es que en San Juan nadie mira esa ruta como una autopista vacía. El EPRE provincial advirtió que la capacidad del corredor no es un excedente disponible sino un recurso estratégico para abastecer la demanda actual y futura de la provincia. También reclamó que Vicuña sea tratada como beneficiaria no iniciadora de una obra que ya fue financiada por otros.
La audiencia pública de este miércoles, convocada por el nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, no fue vinculante, pero dejó expuesto el conflicto. El expediente trató el acceso a 260 MW para Josemaría y la ampliación del sistema de transporte eléctrico. Participaron empresas, organismos provinciales y los municipios afectados.
Ahí aparecieron los otros jugadores. Los Azules, Hualilán, Barrick y Gualcamayo plantearon objeciones técnicas, legales y regulatorias. Barrick condicionó su apoyo a que se respeten sus derechos históricos de transporte. Gualcamayo pidió resguardar su potencia energética. Hualilán cuestionó la reserva de capacidad. Los Azules fue más lejos y habló de una prioridad desproporcionada.
En la audiencia pública para definir el acceso prioritario de Vicuña a la línea de alta tensión su competidora de Los Azules habló de una preferencia desproporcionada.
Miguel Gil, gerente de Ingeniería de Los Azules, dijo que una prioridad por 25 años sobre infraestructura ya construida equivale en los hechos a una exclusividad sobre un corredor estratégico del SADI. Y agregó que la audiencia debía servir para corregir el acto y preservar la coherencia regulatoria.
También hay que decirlo: No hay ingenuidad en esa pelea. Barrick, Los Azules, Gualcamayo y Hualilán defienden sus propios proyectos, sus cronogramas y su acceso a la red. Nadie fue a la audiencia sólo por amor al usuario residencial. Cada uno cuida su pedazo de montaña.
Pero esa disputa empresaria no borra el problema de fondo. Si una sola minera se queda con casi toda la capacidad disponible, Jáchal e Iglesia pueden quedar atados a una red sin margen. El efecto no sería sólo sobre otros proyectos mineros. También puede golpear emprendimientos agrícolas, industriales y comerciales que necesiten energía para crecer.
Los municipios del norte sanjuanino viven de una trama minera diversificada. Gualcamayo, Veladero, Los Azules, Hualilán y Josemaría no son nombres en un PowerPoint: son regalías, empleo, proveedores, rutas, campamentos y recaudación. Si el sistema eléctrico queda capturado por un solo jugador, la provincia queda pegada a una ventanilla única.
El otro temor es más cotidiano. El EPRE pidió acuerdos de mitigación para evitar que una demanda gigante como la de Josemaría deteriore la calidad del servicio. En los pueblos, eso se traduce sin tecnicismos: bajas de tensión, cortes o inestabilidad. La minería mira 500 kV; los vecinos miran la heladera, la bomba de agua y la luz de la casa.
El Gobierno nacional defiende el RIGI y presenta a Vicuña como una postal de la Argentina que viene, pero apareció por una pregunta vieja: quién decide sobre una infraestructura pública cuando el negocio privado necesita pasar primero.
El gobierno de San Juan que conduce Marcelo Orrego tiene un desafío interesante: De un lado, una inversión que puede cambiar la escala minera del país. Del otro, una red financiada por el Estado y por usuarios durante años, que enfrenta la presión de grupo de empresas que compite para entrar al mismo corredor. La montaña promete dólares, pero abajo la pelea es por el cable.
Manuel Adorni le entregó al fiscal Gerardo Pollicita una lista de billeteras virtuales para justificar su crecimiento patrimonial y ahora podría complicar a Javier Milei con el caso Libra.
Según anticiparon a LPO en exclusiva fuentes con acceso a la causa, el jefe de Gabinete presentó una lista de billeteras que tenía antes y otras que abrió después de la criptoestafa de febrero del año pasado.
El juzgado de Ariel Lijo entró en ebullición con la presentación de Adorni, que podría ramificarse en el caso más urticante para los Milei. El caso Libra lo tiene en su poder el juez Marcelo Martínez di Giorgi, que es muy cercano a Lijo y con esta nueva información se vería obligado a incomodar al primer mandatario.
La información que acercó Adorni ya es de por sí una controversia legal. El funcionario demora la presentación de su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción y su contacto informal con el juzgado de Lijo sugiere que lo estan queriendo ayudar, aunque no está fácil cuadrar sus gastos y sus ingresos.
El contacto informal de Adorni con el juzgado de Lijo sugiere que lo estan queriendo ayudar, aunque no está fácil cuadrar sus gastos y sus ingresos.
«Soy un hombre de Estados no voy a afectar la gobernabilidad», dicen en la Casa Rosada que les dijo el juez Lijo cuando lo sondearon sobre como avanzará la causa contra Adorni.
Pero en el mundillo judicial se comenta que el jefe de Gabinete no se está dejando ayudar y que ahora le abrió un foco de incendio al propio presidente Milei. La otra interpretación es que Adorni mandó un mensaje envenenado a los hermanos Milei con la entrega de datos sobre billeteras virtuales.
El juez federal Ariel Lijo.
En el propio gobierno se comenta desde el inicio del escándalo patrimonial de Adorni que los Milei no lo entregan porque conoce al detalle los costados más escabroso del caso Libra porque fue parte. El entonces vocero fue uno de los invitados al Tech Forum 2024 donde se gestó el lanzamiento de Libra y además iba a ser figura estelar de la frustrada edición 2025.
«Pegarme a mí es lastimarlo a él», dijo Adorni sobre Milei el mes pasado, en un mensaje envenenado que ahora cobra aún más sentido.
LPO reveló que el jefe de Gabinete no quiere renunciar por un especulación absolutamente personal, que no incluye una lectura política sobre el daño que le causa al gobierno y al presidente. «Afuera es peor», argumenta el jefe de Gabinete.
Las billeteras virtuales le entregaron al fiscal Gerardo Pollicita una gran cantidad de información de los movimientos de dinero de Manuel Adorni en el marco de la investigación de su crecimiento patrimonial y ahora podría complicar a Javier Milei con el caso Libra.
Según anticiparon a LPO en exclusiva fuentes con acceso a la causa, la información sobre el jefe de Gabinete es previa y posterior a la criptoestafa de febrero del año pasado.
El juzgado de Ariel Lijo entró en ebullición con la presentación, que podría ramificarse en el caso más urticante para los Milei. El caso Libra lo tiene en su poder el juez Marcelo Martínez di Giorgi, que es muy cercano a Lijo y con esta nueva información se vería obligado a incomodar al primer mandatario.
Inicialmente trascendió que el propio Adorni la había presentado, pero LPO pudo confirmar que las billeteras virtuales fueron las que acercaron el detalle.
La información que se acercó complejiza los esfuerzos del juzgado por ayudar al jefe de Gabinete. El funcionario demora la presentación de su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción y su contacto informal con el juzgado de Lijo sugiere que lo están tratando de auxiliar, aunque no está fácil cuadrar sus gastos y sus ingresos.
El contacto informal de Adorni con el juzgado de Lijo sugiere que lo estan queriendo ayudar, aunque no está fácil cuadrar sus gastos y sus ingresos.
«Soy un hombre de Estado no voy a afectar la gobernabilidad», dicen en la Casa Rosada que les dijo el juez Lijo cuando lo sondearon sobre como avanzará la causa contra Adorni.
Pero en el mundillo judicial se comenta que el jefe de Gabinete no se está dejando ayudar y que ahora con es información se abrió otro foco de incendio que podría chamuscar al propio presidente Milei. La otra interpretación es que Adorni mandó un mensaje envenenado a los hermanos Milei al poner en circulación la entrega de datos de billeteras virtuales.
El juez federal Ariel Lijo.
En el propio gobierno se comenta desde el inicio del escándalo patrimonial de Adorni, que los Milei no le piden la renuncia pese al desmesurado costo político que les causa su permanencia en el gobierno porque conoce al detalle los costados más escabroso del caso Libra, del que fue parte. El entonces vocero fue uno de los invitados al Tech Forum 2024 donde se gestó el lanzamiento de Libra y además iba a ser figura estelar de la frustrada edición 2025.
«Pegarme a mí es lastimarlo a él», dijo Adorni sobre Milei el mes pasado, en un mensaje envenenado que ahora cobra aún más sentido.
LPO reveló que el jefe de Gabinete no quiere renunciar por un especulación absolutamente personal, que no incluye una lectura política sobre el daño que le causa al gobierno y al presidente. «Afuera es peor», argumenta el jefe de Gabinete.
En rigor lo que destapó el caso Adorni es el sistema de sobresueldos del gobierno de Milei.
El problema que tiene su declaración jurada es que no logra cuadrar gastos e ingresos por entre 300 a 400 mil dólares, como le habrían informado del propio juzgado. Adorni habría comentado canchero en el gobierno que iba a conseguir personas que le firmen un mutuo donde constaba que le prestaban esas sumas, pero al parecer todavía no logra encontrar un valiente que se arriesgue a la exhaustiva auscultación mediática que se espera sobre quienes aparezcan en la declaración, como paso con el constructor y la escribana.
Por eso, los últimos trascendidos son que est®eia inclineandose al mundo de las cripto para justificar sus gastos con ingresos muy bajos y sin actividad privada conocida. «En rigor lo que destapó el caso Adorni es el sistema de sobresueldos del gobierno de Milei», afirmó a LPO un dirigente libertario.
