Después de semanas de cauteloso silencio, Luis Juez decidió plegarse a la avanzada contra Manuel Adorni que encabeza Patricia Bullrich y le pidió al jefe de Gabinete que presente la declaración jurada.
«Si vinimos a levantar la vara, tenemos que levantarla de verdad. Si hablás de valores, tenés que sostenerlos con tus actos. Lo que está mal, está mal; no importa quién lo haga», dijo el senador por Córdoba en declaraciones a Voz y Voto, el programa de La Voz del Interior.
En ese marco, se subió a la estrategia de Bullrich para despegarse del escándalo: «Es una obligación que tenemos todos», dijo respecto la presentación de la declaración jurada de bienes.
«La gente está haciendo un esfuerzo descomunal porque tiene la esperanza de que esto cambie. Se ajustan, venden cosas, cambian de cobertura médica. Cuidado… el crédito social no es eterno; ese temor (al kirchnerismo) no me habilita a aceptar cualquier locura», advirtió Juez, quien teje una estrategia electoral con Gabriel Bornoroni para enfrentar a Llaryora en 2027.
En ese marco, lanzó: «No estoy dispuesto a entregar mi honra ni mis convicciones». Música para los oídos de Llaryora que trabaja en quebrar el frente no peronista para la elección provincial del año que viene.
Cuando le preguntaron si su límite para seguir aliado a Milei era Adorni, respondió con una comparación odiosa para los libertarios: «Mi límite es la corrupción; lo fue con Néstor y con Cristina».
La oposición cordobesa entra en semanas de turbulencias: debe armar una estrategia para la elección de Marcos Juárez, el 6 de septiembre. Allí, el peronismo trabaja para impedir una foto victoriosa de Luis Juez y Gabriel Bornoroni.
Lotes de mil metros cuadrados a orillas de un lago central de 180 hectáreas, canchas de tenis, avenidas con palmeras y amplio club house. Así es La Isla, el área más exclusiva de Nordelta que tiene las mejores panorámicas del barrio. En la zona residen los hermanos Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina, y también tiene su casa el Cholo Simeone. Y allí vivía Marcelo Clayton Alves De Sousa hasta que la policía, que no lo encontró, entró a buscarlo. Ese vecino brasileño, discreto y sonriente, era el principal operador en Argentina de una formidable maquinaria de lavado de activos del Comando Vermelho.
Ahora cinco miembros de su organización acaban de ser condenados de manera definitiva por haber ayudado a poner en el circuito financiero legal la impresionante suma de 520 millones de dólares, lo que las autoridades judiciales argentinas estiman se hizo entre 2015 y 2023. El dinero sucio provenía del narcotráfico y se utilizaba para la compra de armas pesadas y de gran porte que abastecen al Comando Vermelho, el grupo delictivo de mayor envergadura de Brasil, que nació en la década del 70 con robos de bancos y blindados y progresó hacia el tráfico internacional de cocaína.
La investigación fue ardua, provino de una alerta de Brasil y fue desarrollada en Argentina por fiscales de la Procuración de Lavado de Activos (Procelac). Que descubrieron que desde 2015 hasta 2023 esta organización, en base a una ingeniería financiera muy desplegada y que requirió de decenas de testaferros, lavó dinero en el país para remesarlo a Brasil. Lo hicieron mediante transferencias para las que usaron sociedades fachada, cuevas financieras y centros de operaciones. El lavado de activos se concretó con cuentas en cuentas Banco Santander, Banco Galicia, BBVA, Brubank, Banco Itaú Argentina y Mercado Libre. También con plataformas de criptomonedas como Binance o Ualá.
Hace dos semanas la Cámara Federal De Casación dejó firmes las condenas a tres años de prisión en suspenso contra cinco brasileños que actuaban como enlaces para transferir dinero a cuentas de Marcelo Souza y multas descomunales que llegan en algunos de los implicados hasta 780 millones de pesos. Los totales por los cinco son 2.640 millones de pesos.
Todos comparten rasgos semejantes: salvo una excepción, personas no mayores de 35 años, con pasaporte argentino, con el rol de recibir fondos de origen no demostrado, que posteriormente aplicaban en activos virtuales y productos financieros. Como reconocieron los hechos y la figura penal es de penas leves – partícipe necesaria del delito de lavado de activos de origen ilícito- todos quedaron en libertad. Porque son engranajes necesarios pero menores de la red.
La mayoría en Palermo, desde oficinas en un edificio en Santa María de Oro y Guatemala, donde canalizaban fondos mediante criptoactivos, bitcoins, billeteras virtuales y bienes registrables como vehículos de alta gama. Realizaban transferencias y depósitos en efectivo desde muy distintos lugares del país de fondos remitidos por terceras personas que no tenían ninguna relación con los titulares de las cuentas desde las que operaban.
Alves de Sousa y su esposa Naly Pires Diniz están prófugos. Llevaban una vida con ostentaciones en su casa de dos plantas en la calle Los Mimbres frente al lago de Nordelta cuando un equipo de fiscales dirigido por el jefe de la Procelac Diego Velasco estableció, tras una investigación compleja y prolongada, los resultados de la ingeniería financiera que desplegaban para lavar activos del sanguinario Comando Vermelho.
El día que los allanaron, el 6 de septiembre de 2023, no estaban en Nordelta, donde, contaron a LPO desde una de las fiscalías, hubo desde adentro resistencias hacia los operativos policiales, como ocurrió el año pasado cuando fueron a registrar a los hermanos Kovalivker por las coimas en la Secretaría Nacional de Discapacidad (Andis).
Aquel mismo día de 2023 el portero del edificio de Palermo donde Alves de Souza tenía la oficina principal avisó por whatsapp que había una requisa. Ese mismo día los lavadores dejaron abandonado un auto en el Shopping DOT sobre la avenida General Paz cerca del acceso Norte. Tres acompañantes fueron detenidos. Alves de Sousa y su mujer se escabulleron. Permanecen fugitivos.
Los fiscales acreditaron que desde 2015 hasta 2023 habían gestionado sin justificación debida del origen el manejo de 84.918.576,04 de pesos, 303.210 dólares, 188,73267 bitcoins (que en octubre de 2025 al cerrarse los abreviados a cinco miembros de la red equivalían a 13.682.925 de dólares) y tenencias en criptomonedas (dólar Tether) por una suma impactante: 515.567.165 dólares. Todo provenientes de operaciones de narcotráfico, estafas y evasión impositiva.
En total, por los fondos encontrados al grupo cuando los detuvieron les decomisaron más de 18 millones de pesos, 271 mil dólares, 28 mil reales, 4.500 euros y cinco vehículos valuados en 130 millones de pesos
Es tal el volumen de dinero que lavaron desde Argentina estos nexos del Comando Vermelho que, por los montos involucrados, a los dos líderes de la asociación ilícita solo la multa a fijarles superaría los 700 mil millones de pesos.
El radar se activó sobre Alves de Souza por la detección de dos depósitos bancarios que habían sido realizados el 29 de octubre de 2019, y que despertaron las alarmas del sistema financiero brasileño. Posteriormente, el avance de esa pesquisa adoptó la hipótesis de que las distintas operaciones bancarias y de criptoactivos que se fueron detectando buscaban canalizar activos ilícitos provenientes del Comando Vermelho.
Las redes de Marcelo Alves de Souza estaban movilizadas por un experto financiero de origen chino en Buenos Aires llamado Hang Wang, actualmente prófugo, que planificaba las operaciones de lavado de activos. El nombre de Alves De Souza apareció en el marco de una operación en Brasil llamada «Mercador de Ilusoes», una gigantesca investigación antilavado realizada en septiembre de 2023 en nueve estados de ese país que acreditó lavado de dinero del Comando Vermelho por tres billones de reales, lo que equivale a casi 600 millones de dólares entre 2019 y 2021.
Ese impresionante volumen de operaciones se concretó en nueve estados brasileños y en Brasilia. El esquema lo utilizaba como líder Antonio Ilário Ferreira, conocido como Rabicó, para ocultamiento de venta de drogas y para adquirir armas de gran porte. Utilizaban algo muy parecido que la red de Alves de Souza en Argentina: una práctica conocida como smurfing, que consiste en depósitos o transferencias de grandes montos de dinero efectuados en forma fraccionada. Muchas de estas transacciones las hacían moradores de regiones de frontera con Brasil. Se constataba lo mismo: el lavado se hacía con criptomonedas, que son activos digitales movilizados sin control del Banco Central y de la Receita Federal, que es el órgano recaudatorio de Brasil, lo que dificulta el rastreo de transacciones y favorece el lavado de dinero y la evasión de divisas.
¿Cómo entraba a Argentina esa montaña de dinero que luego se blanqueba con operaciones financieras hacia Brasil? Las computadoras y teléfonos secuestrados al grupo, más la información procedente de las autoridades judiciales del país vecino, delataban que buena parte venía de transferencias concretadas desde la Triple Frontera, de traspasos de efectivo y de empresas radicadas en Brasil conectadas al Comando Vermelho.
´Uno de los lavadores locales de Marcelo Souza ahora condenados de modo firme, Eliamar Dolores De Melo, movía fondos con transferencias de terceros a Mercovía SA, que era concesionario del grupo fronterizo entre Santo Tomé en Corrientes y San Borja en Brasil.
Una de las primeras alarmas públicas sobre esta organización se dio cuando se hizo público en la prensa brasileña el operativo Mercader de Ilusoes. Una nota del complejo O Globo reveló el 22 de septiembre de 2022 que los jefes del grupo investigado «tienen una vida de lujo en Buenos Aires».
Al condenar a los implicados en juicio abreviado, el Tribunal Oral Federal 7 sostuvo el planteo de los fiscales de que en Argentina «la organización recibió al menos 520 millones de dólares norteamericanos, sin fuente de origen legal, que luego drenó por canales informales, opacos y de poca regulación (activos virtuales) y en el sistema financiero argentino a través de la utilización de testaferros y fragmentación de depósitos».
«Asimismo, en relación a los activos virtuales, a partir del avance de la pesquisa, especialmente por el aporte de la dificultosa tarea de trazabilidad que está siendo llevada a cabo para identificar el flujo de los activos virtuales operados por la organización, a la fecha está acreditado que esta asociación se encargó de a recepción y posterior transferencia de, al menos, USD 520.531.997,645 provenientes de un ilícito penal en el período 11 de febrero de 2021 a 6 de septiembre de 2023.»
Los eslabones de la red financiero canalizaban muchas transferencias. Por ejemplo Wilson Alexandre Cardoso de Oliveira, desde las oficinas de Palermo, realizaban movimientos del banco Santander mediante transferencias y depósitos comúnmente fraccionados desde muchas sucursales: operó por ejemplo en las sucursales de Rosario, Rosario Centro, Posadas, Plaza Houssay, Santiago del Estero, Bahía Blanca, Chaco, El Dorado, Salta, Corrientes, Paraná, La Carlota, Córdoba.
El camarista Gustavo Hornos
Hace unos días el camarista de Casación Gustavo Hornos validó las condenas a tres años de prisión condicional a los brasileños que aceptaron su delito, y rechazó la apelación de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) al acuerdo. Los sentenciados aceptaron su delito y las multas cuantiosas que les fijaron. Son Felipe Gabriel Correia Goncalves, con multa de 720 millones de pesos). Eliamar Das Dores De Melo, Wilson Alexandre Cardoso De Oliveira y Thiago Cardoso de Oliveira, con multas a cada uno de 480 millones de pesos. Y Selma De Lima Muniz Barbosa, con multa de 180 millones de pesos.
Ya había condenados en una primera etapa otros tres operadores identificados como Ma Hai, oriunda de China, Katherine Yola Chasqui Inta, de Bolivia, y Juan David Babilonia Mora, colombiano. El Ministerio Público Federal pidió que otros investigados como Juan José Isola, María Antonella Garbagnati, Luana Belén Isola y Samira Eugenia Isola vayan a juicio oral. Los acusan de recepcionar de Alves de Sousa unidades de activos virtuales por dos billeteras Binance y tres descentralizadas, que originaron transacciones «por un valor total de 74.332.149,35 dólares».
En total, por los fondos encontrados al grupo cuando los detuvieron les decomisaron más de 18 millones de pesos, 271 mil dólares, 28 mil reales, 4.500 euros y cinco vehículos valuados en 130 millones de pesos.
Abril trajo cierto alivio a los bancos, después de meses de tensión por el deterioro del crédito. Tras el salto de la mora registrado durante el verano, abril habría mostrado los primeros indicios de estabilización en los incumplimientos de familias y empresas. Pero el mercado advierte que la mora deja de crecer porque se redujeron los préstamos.
La discusión quedó expuesta durante el encuentro AIFI26, donde referentes del sistema financiero coincidieron en que marzo habría sido el pico de deterioro y que abril marcó un cambio de tendencia. El CEO de Banco Macro, Juan Parma, aseguró que la irregularidad comenzó a «normalizarse». En la misma línea habló Gustavo Manríquez, gerente General de Banco Supervielle.
El tenue giro aparece después de meses donde el crédito empezó a mostrar señales de fatiga. La combinación entre tasas elevadas, caída del consumo y pérdida de ingresos reales disparó el atraso en pagos, especialmente entre familias de ingresos medios y bajos.
Según datos de la Central de Deudores del Banco Central (Cendeu), la irregularidad en el crédito a familias subió del 11,2 por ciento en febrero al 11,5 por ciento en marzo, un nuevo récord desde 2004, aunque se trató del incremento mensual más pequeño del último año.
En privado, sin embargo, dentro de las propias entidades relativizan el giro. Un especialista en riesgo de un banco explicó a LPO que la mejora no responde a una recuperación genuina del sistema sino al endurecimiento extremo de las políticas de otorgamiento. «El crédito no crece. Están endurecidas las políticas y hay muchas refinanciaciones. No crece la mora porque no se está colocando», resumió.
La definición pega directo sobre el corazón del relato financiero del Gobierno. Porque el supuesto «ordenamiento» del crédito aparece acompañado por una fuerte desaceleración de nuevos préstamos. Los bancos comenzaron a seleccionar mucho más a quién prestan, redujeron montos y endurecieron scoring para evitar un deterioro mayor de las carteras.
El crédito no crece. Están endurecidas las políticas y hay muchas refinanciaciones. No crece la mora porque no se está colocando.
En ese contexto, varias entidades empezaron a desplegar herramientas de inteligencia artificial para detectar potenciales incumplimientos antes de que ocurran. El gerente General de Banco Hipotecario, Manuel Herrera, explicó que el banco trabaja con sistemas predictivos que permiten anticipar comportamientos futuros de los clientes.
«Anteriormente trabajábamos evaluando patrones previos para prevenir la irregularidad. Pero ahora los agentes permiten anticiparnos a conductas futuras del cliente, como su voluntad de pago o comportamientos de financiamiento», explicó Herrera.
El deterioro fue mucho más fuerte en el ecosistema fintech. Según el Informe de Crédito Fintech elaborado por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires y la Cámara Argentina Fintech, la morosidad total trepó al 30,5 por ciento en febrero de 2026.
El informe, sin embargo, detectó algunas señales de estabilización. La llamada «mora operativa», que excluye los incobrables de más de un año, se ubicó en 22,7 por ciento y mostró una desaceleración respecto del cierre de 2025. En diciembre se ubicaba en 21,1 por ciento y en enero había subido a 22,2.
También comenzó a estabilizarse el denominado «roll rate», el indicador que mide cuántos créditos pasan de situación normal a atraso de entre 30 y 90 días. Ese ratio funcionó como una alarma temprana durante toda la crisis crediticia: en octubre de 2025 había llegado a 3,5 por ciento y en febrero bajó a 3,2.
Para Diego Demarco, director de la Maestría en Fintech del ITBA, el fenómeno todavía está lejos de consolidarse. «Los roll rates de mora temprana evidencian signos de estabilización desde octubre-noviembre de 2025, un comportamiento incipiente que requerirá seguimiento para convalidar un cambio de tendencia», sostuvo.
Karina Milei y los primos Martín y Lule Menem están tan ocupados en la interna contra Santiago Caputo que al gobierno se le descontroló la agenda parlamentaria para avanzar con los pliegos de los jueces en el Senado. Hasta ahora, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, solo consiguió que se apruebe la prórroga de Carlos «Coco» Mahiques, su papá.
El riojano Juan Carlos Pagotto, presidente de la Comisión de Acuerdos, convocó esta semana a las audiencias públicas para el 9 de junio nada más que con siete postulantes. Seis de esos candidatos concursaron para ocupar vacantes en el fuero laboral y uno para el juzgado federal de primera instancia N°2 de San Juan.
Para colmo, el sexteto de nombres para los juzgados donde litigan los trabajadores incluye a Víctor Pesino, el magistrado que volteó la cautelar de la CGT contra la reforma laboral, y Claudio Fabián Loguarro, que fue designado juez por Mauricio Macri. Ambos compartieron recientemente la inauguración de una bodega en Uruguay.
Más allá de los candidatos, ese llamado de Pagotto despertó una nueva rebelión de los senadores aliados, que hace poco más de dos semanas se plantaron contra Patricia Bullrich y le avisaron que no firmarían ningún dictamen de jueces hasta que la Casa Rosada no enviara aquellos ternados que reclamaban los gobernadores de sus provincias. La jefa de bloque libertario pasó el mensaje y Javier Milei mandó apenas 15 pero el senador riojano ni siquiera los tuvo en cuenta para diseñar la jornada de audiencias públicas.
Un legislador radical le dijo a LPO que «no se entiende lo que hace el gobierno». «El desorden lo arma Pagotto pero Pagotto habla con los Menem», planteó.
Entre los aliados se expande la bronca y, por eso, volvieron a hablar con Bullrich para que interceda. «Si la apurás, Patricia se pone del lado nuestro, ya no está dispuesta a poner la cara», explicó una senadora.
No se entiende lo que hace el gobierno, el desorden lo arma Pagotto pero Pagotto habla con los Menem.
Ante ese escenario, los libertarios habrían aceptado convocar a una nueva audiencia, atendiendo las demandas de las provincias, para el 10 de junio. Sin embargo, ya no llegarían a votar esos pliegos antes del Mundial de Fútbol, un parteaguas para el sistema político: en la semana posterior al feriado del 25 de mayo no se abriría el recinto y se habla de una eventual sesión recién para el 4 de junio, sin que nadie precise si se incluyen pliegos dictaminados.
Los senadores Camau Espinola y Juan Carlos Pagotto.
Dos senadores aliados confirmaron a LPO le están proponiendo a Bullrich para destrabar la situación que se convoque a una sesión en la que se voten en paquete los jueces de Mahiques y los de los gobernadores, pero eso demoraría la definición de una serie de candidatos que ya tuvieron su audiencia pública y reunieron firmas suficientes para pasar por el recinto.
En Comodoro Py creen que la interna de los Menem con Caputo, así como el escándalo de Manuel Adorni, liquidó la luna de miel que le permitió a Bullrich sacar el Presupuesto, la Reforma Laboral y la Ley de Glaciares durante las sesiones extraordinarias. «Los jueces de Mahiques pueden quedar congelados», deslizó a LPO un juez federal.
La manifestación más clara de esa especulación se vio el lunes pasado, cuando LPO reveló que Caputo había persuadido a Milei de retirar los pliegos de Juan Galván Greenway y Alejandro Catania, candidatos a la Cámara de Apelaciones del Fuero Penal Económico, por donde deberá tramitar una de las causas más sensibles para el presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia y su mando derecha Pablo Toviggino.
Apenas unos días después que «Coco» Mahiques se revalidara en su vocalía de la Casación con 58 votos, al ministro de Justicia se le empezó a complicar la posibilidad de cumplir con el mandato de la AFA para proteger a Tapia y Toviggino, justo unos días antes que se terminara la tregua que habían pactado durante el verano los Menem y Santiago.
En Argentina el mundo del padel está atravesado por una feroz grieta que tuvo días atrás un incidente serio cuando un representante de jugadores recibió una feroz paliza durante la fecha del Premier Padel que se disputó en Parque Roca.
El trasfondo de las tensiones tiene que ver con la pelea por el control del negocio en Argentina, donde se baten todos los récords de público. Por caso, a las semifinales de edición del Premier de Buenos Aires asistieron casi 17.000 personas.
Por un lado está Santiago Brito, uno de los seis hijos de Jorge Brito, el banquero fallecido en 2020 cuando su helicóptero se estrelló en Salta. Santiago es el presidente de la Asociación de Padel Argentino (APA), una entidad creada por su padre, y mantiene una sociedad fuerte con históricos de ese deporte en el país como Alejandro Lasaigues y Facundo Mazzuchi.
Quien busca remover a Brito de la APA es Lisandro Borges, un amigo muy cercado de Mauricio Macri. Borges es empresario y dueño del World Padel Center de Nordelta, uno de los clubes más lujosos. Supo tener la representación de los torneos internacionales hasta que Brito se los arrebató. Ahí empezó la guerra.
Ambos arrastran además un pelea familiar, toda vez que Borges estuvo casado con Milagros Brito, hermana de Santiago, y una reconocida empresaria del mundo del real estate. Milagros fue además, la primera esposa de Roberto García Moritán, el ahora ex novio de Pampita.
Borges y Macri son muy cercanos. El 24 de junio de 2023, cuando el PRO definía una durísima interna entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio se mostraba distante a esa rosca y se pasó el día jugando al padel en las canchas de Borges. El propio empresario publicaría las fotos de ese día en sus redes en la que aparece además Jonathan Kovalivker, dueño de la droguería Suizo Argentina, quien quedó vinculado a presuntas coimas en la provisión de medicamentos con la Agencia Nacional de Discapacidad.
La amistad entre el ex presidente y Borges es fuerte. Superó incluso el escándalo Scholas Ocurrentes en 2016, un episodio que generó tensión entre Macri y el Papa. El empresario del padel estuvo vinculado a esas maniobras que enfurecieron a Jorge Bergoglio.
Uno de los trasfondos de la pelea entre Borges y Brito tiene que ver con la representación de jugadores y las chances de éstos de estar en el mundial de padel, una selección que define la APA controlada por Santiago.
Santiago Brito, Victoria Villarruel y Guillermo Montenegro.
Borges es dueño de The Player Padel Agency, una agencia que representa a jugadores importantes como Leo Augsburger, actual número 8 del mundo y una de las promesas del padel mundial. Borges sabe que sus representados pueden ser boicoteados por Brito para conformar la selección argentina.
Una prueba de que la tensión entre Brito y Borges se está saliendo de control es el incidente ocurrido días atrás en el Premier de Buenos Aires cuando cuatro personas trompearon a Facundo Guzzetti, socio de Borges en The Player Padel Agency.
Facundo Guzzetti (a la izquierda) con Lisandro Borges y jugadores de The Player Padel Agency en Paris.
El episodio ocurrió en una zona pública, cerca de la carpa VIP. Guzzetti denunció que cuatro personas lo agarraron, le pegaron y lo sacaron del predio a la fuerza.
«Yo trabajo en la industria, trabajo con los jugadores y quise ir porque había un partido en el que jugaban tres representados por la agencia», relató Guzzetti en sus redes. «Estaba hablando con un periodista cuando siento una mano por atrás que me ahorca. Pensé que era una joda, pero enseguida me agarran las dos manos y mientras me pegaban me sacan del predio», contó. Según denunció, uno de los agresores es profesor de boxeo de Brito y su guardaespalda personal.
Al igual que Borges, Guzzetti también es un crítico de la gestión de Brito. Asegura que los padres de los chicos que buscan hacer una carrera en ese deporte están muy molestos con el presidente de la APA. Entre los motivos enumera que armó un torneo demasiado federal que resulta muy costos para los padres de los pibes. Además, las canchas en las que compiten son malas y también las instalaciones.
Juan Manuel Olmos dio un paso más en el armado del peronismo federal y participó de la asunción de autoridades del Colegio Público de Abogados de Villa María, Córdoba.
Invitado por Itatí Demarchi Arballo, quien asumió la presidencia, el Auditor General y apoderado del PJ, participó también de una reunión de trabajo de la red federal Abogacía Transformadora.
En el encuentro, del que participaron autoridades de más de 30 colegios de abogados de todo el país, se abordaron diferentes temáticas y desafíos que enfrenta el ejercicio profesional.
La presencia de Olmos en este tipo de encuentros no es casual, ya que en octubre se elegirán los 4 representantes de los abogados para el Consejo de la Magistratura, organismo sensible en el manejo del Poder Judicial.
