Sociedad

 

En Argentina el mundo del padel está atravesado por una feroz grieta que tuvo días atrás un incidente serio cuando un representante de jugadores recibió una feroz paliza durante la fecha del Premier Padel que se disputó en Parque Roca.

El trasfondo de las tensiones tiene que ver con la pelea por el control del negocio en Argentina, donde se baten todos los récords de público. Por caso, a las semifinales de edición del Premier de Buenos Aires asistieron casi 17.000 personas.

Por un lado está Santiago Brito, uno de los seis hijos de Jorge Brito, el banquero fallecido en 2020 cuando su helicóptero se estrelló en Salta. Santiago es el presidente de la Asociación de Padel Argentino (APA), una entidad creada por su padre, y mantiene una sociedad fuerte con históricos de ese deporte en el país como Alejandro Lasaigues y Facundo Mazzuchi.

El Papa suspendió el Partido por la Paz por el escándalo de Scholas

Quien busca remover a Brito de la APA es Lisandro Borges, un amigo muy cercado de Mauricio Macri. Borges es empresario y dueño del World Padel Center de Nordelta, uno de los clubes más lujosos. Supo tener la representación de los torneos internacionales hasta que Brito se los arrebató. Ahí empezó la guerra.

Ambos arrastran además un pelea familiar, toda vez que Borges estuvo casado con Milagros Brito, hermana de Santiago, y una reconocida empresaria del mundo del real estate. Milagros fue además, la primera esposa de Roberto García Moritán, el ahora ex novio de Pampita.

Borges y Macri son muy cercanos. El 24 de junio de 2023, cuando el PRO definía una durísima interna entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio se mostraba distante a esa rosca y se pasó el día jugando al padel en las canchas de Borges. El propio empresario publicaría las fotos de ese día en sus redes en la que aparece además Jonathan Kovalivker, dueño de la droguería Suizo Argentina, quien quedó vinculado a presuntas coimas en la provisión de medicamentos con la Agencia Nacional de Discapacidad.

Políticos y empresarios mencionan a Jorge Brito como una opción de «centro» para el 2027

La amistad entre el ex presidente y Borges es fuerte. Superó incluso el escándalo Scholas Ocurrentes en 2016, un episodio que generó tensión entre Macri y el Papa. El empresario del padel estuvo vinculado a esas maniobras que enfurecieron a Jorge Bergoglio.

Uno de los trasfondos de la pelea entre Borges y Brito tiene que ver con la representación de jugadores y las chances de éstos de estar en el mundial de padel, una selección que define la APA controlada por Santiago.

Santiago Brito, Victoria Villarruel y Guillermo Montenegro.

Borges es dueño de The Player Padel Agency, una agencia que representa a jugadores importantes como Leo Augsburger, actual número 8 del mundo y una de las promesas del padel mundial. Borges sabe que sus representados pueden ser boicoteados por Brito para conformar la selección argentina.

Una prueba de que la tensión entre Brito y Borges se está saliendo de control es el incidente ocurrido días atrás en el Premier de Buenos Aires cuando cuatro personas trompearon a Facundo Guzzetti, socio de Borges en The Player Padel Agency.

Facundo Guzzetti (a la izquierda) con Lisandro Borges y jugadores de The Player Padel Agency en Paris.

El episodio ocurrió en una zona pública, cerca de la carpa VIP. Guzzetti denunció que cuatro personas lo agarraron, le pegaron y lo sacaron del predio a la fuerza.

«Yo trabajo en la industria, trabajo con los jugadores y quise ir porque había un partido en el que jugaban tres representados por la agencia», relató Guzzetti en sus redes. «Estaba hablando con un periodista cuando siento una mano por atrás que me ahorca. Pensé que era una joda, pero enseguida me agarran las dos manos y mientras me pegaban me sacan del predio», contó. Según denunció, uno de los agresores es profesor de boxeo de Brito y su guardaespalda personal.

Al igual que Borges, Guzzetti también es un crítico de la gestión de Brito. Asegura que los padres de los chicos que buscan hacer una carrera en ese deporte están muy molestos con el presidente de la APA. Entre los motivos enumera que armó un torneo demasiado federal que resulta muy costos para los padres de los pibes. Además, las canchas en las que compiten son malas y también las instalaciones. 

 

 

Juan Manuel Olmos dio un paso más en el armado del peronismo federal y participó de la asunción de autoridades del Colegio Público de Abogados de Villa María, Córdoba.

Invitado por Itatí Demarchi Arballo, quien asumió la presidencia, el Auditor General y apoderado del PJ, participó también de una reunión de trabajo de la red federal Abogacía Transformadora.

En el encuentro, del que participaron autoridades de más de 30 colegios de abogados de todo el país, se abordaron diferentes temáticas y desafíos que enfrenta el ejercicio profesional.

La presencia de Olmos en este tipo de encuentros no es casual, ya que en octubre se elegirán los 4 representantes de los abogados para el Consejo de la Magistratura, organismo sensible en el manejo del Poder Judicial.

 

 

Javier Milei no invitó a Victoria Villarruel al tedeum del 25 de mayo que históricamente se celebra en la Catedral Metropolitana en un gesto que muestra una ruptura total con la vicepresidenta.

Desde el entorno de Villarruel explicaron que su ausencia al tedeum se debe a que no fue invitada por el gobierno a participar de la misa. «Las invitaciones las cursa la Secretaría General a través de Ceremonial. Le llegó a otros senadores, pero no a la presidenta del Senado», explicaron.

Esta es la primera vez que Villarruel (de ferviente fe católica) no asiste al Tedeum en los años de gestión de La Libertad Avanza. El año pasado la vicepresidenta participó de la ceremonia aunque eran evidentes el quiebre con el Presidente quien no la saludó.

Villarruel le escapó a la foto con Adorni en el homenaje al Papa Francisco en la Basílica de Luján

Fuentes del Senado cercanas a Villarruel dijeron que en la Casa Rosada se excusaron diciendo que era la Iglesia quien debía invitar a la vicepresidenta. Sin embargo, aclaran las mismas fuentes, desde la Catedral dejaron en claro que la Iglesia es la sede, pero no cursa las invitaciones al tedeum.

Según el protocolo el Presidente debe solicitarle al Arzobispo la celebración, y una vez aceptada, todo lo que refiere a invitaciones, lugares, protocolo y seguridad corre por cuenta de la Secretaría General de la Presidencia. El Arzobispado por su parte sólo interviene en lo litúrgico: la celebración, los ritos, los cantos.

Respecto de la posibilidad de que Villarruel reciba la invitación en las próximas horas plantearon que el año pasado marcan que en 2025 y 2024 la convocatoria se dio con una semana de antelación.

En abril, Villarruel había elegido diferenciarse del gobierno y no asistió a la misa oficial en homenaje al Papa Francisco, realizada en la Basílica de Luján. Fue una jugada de la vicepresidenta para no salir en la foto con Manuel Adorni, envuelto en un interminable escándalo por denuncias de corrupción.

Milei reposteó un mensaje sobre Malvinas contra Villarruel y la vice lo acusó de ayudar a los británicos

«Era un acto donde estaba lo peor de la casta política», dijo cuando la abordó la prensa en otro punto de los homenajes, a la salida de la parroquia donde fue bautizado Jorge Bergoglio.

La decisión de la Vicepresidenta ahonda las diferencias con los hermanos Milei, que en el transcurso del mandato resolvieron «confinarla» a la Cámara Alta al tiempo que la compañera de fórmula de 2023 intentaba armar sus propios equipos para desembarcar en territorio bonaerense pero no terminaba de animarse.

La desconfianza creció en la Residencia de Olivos por las expectativas que despertaba la figura de Villarruel en el círculo rojo, como contraste con el desenfreno y las extravagancias del Jefe de Estado en sus discursos, entrevistas o posteos en redes sociales. De hecho, Milei acusó a Villarruel de haber conspirado con Javier Ortega Smith, uno de los fundadores de Vox, para boicotearle sus actos ya en 2021.

 

 

 Un caso testigo de la era libertaria terminó convirtiéndose en un dolor de cabezas para Néstor Rozín, un importante empresario, dueño del Hotel Sol de Funes, entre otros negocios.

El año pasado, Rozín no tuvo mejor idea que poner plata de su bolsillo para reparar un tramo de la colectora de la Autopista Rosario-Córdoba porque su deterioro incomodaba el ingreso vehicular de los clientes. Sin embargo, Vialidad Nacional lo intimó a deshacer el arreglo en los próximos diez días.

Lo que debía ser un caso ejemplar de iniciativa privada fue aplastado por funcionarios de Milei que obligaron al empresario a remover la mejora y que la autopista vuelva a estar abandonada a su suerte hasta que sea adjudicada a un concesionario.

 Lo que debía ser un caso testigo de iniciativa privada fue aplastado por funcionarios de Milei que obligaron al empresario a remover la mejora y que la autopista vuelva a estar abandonada a su suerte hasta que sea adjudicada a un concesionario 

Sin embargo, en Funes deslizan sospechas sobre un posible vuelto político porque la obra sobre la colectora se realizó durante la campaña electoral del año pasado cuando el hotel alojó una actividad encabezada por la ex vicegobernadora Gisela Scaglia, entonces candidata de Unidos.

Según el portal InfoFunes, la mejora se hizo para ordenar el movimiento vehicular de aquel acto político y terminó beneficiando también a clientes, trabajadores, proveedores y otros establecimientos de la zona que utilizan diariamente ese acceso deteriorado sobre la Ruta 9.

Es que la delegación santafesina de Vialidad Nacional está conducida por Gastón Bruno que fue secretario de Obras Públicas durante la gestión del ex intendente del PRO Diego León Barreto pero tuvo que renunciar al cargo en medio de una polémica licitación que fue adjudicada a una empresa de la que formaba parte.

 

 

El ministro Toto Caputo volvió a demorar la aplicación de uno de los capítulos más sensibles de la reforma laboral. La reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el nuevo sistema pensado para reemplazar parcialmente el esquema tradicional de indemnizaciones, quedó postergada hasta 2027 y agravó la interna con Federico Sturzenegger, que hizo de la reforma laboral uno de los capítulos más importantes de su proyecto desrregulador.

Caputo adujo razones fiscales para pisar la reforma. La reforma establece que los empleadores deriven una parte de las contribuciones patronales hacia los FAL. Las grandes empresas debían aportar el equivalente al 1% de los salarios y las medianas, pequeñas y microempresas un 2,5%. Ese dinero ya no iría a la Anses, sino a fondos privados destinados a cubrir indemnizaciones futuras.

Economía adujo que el nuevo sistema generaba un bache fiscal superior a los 4,5 billones de pesos anuales. Equivale aproximadamente al 0,46% del PBI. Unos 2.500 millones de dólares por año. Pero quienes defienden el sistema afirman que el cálculo es una exageración mal intencionada de Economía, ya que la constitución de los FAL, en el mejor de los casos, será un proceso gradual que llevará años.

Pero Caputo encontró la excusa para trabarle a su rival interno su reforma estrella. El gobierno enfrenta  una caída persistente de la recaudación y una discusión interna cada vez más áspera por la dificultad de seguir avanzando con el ajuste. La baja real del IVA y Ganancias golpeó fuerte los ingresos nacionales. En Economía sostienen que no hay margen para resignar más recursos destinados al sistema previsional. 

Estiman que el FAL podría sumar al mercado porteño unos USD 2.100 millones por año

Por eso, aunque el plazo original fijaba la puesta en marcha para el próximo 1 de junio, funcionarios del equipo económico ya les comunicaron informalmente a bancos y administradoras privadas que los tiempos se estiran. La nueva fecha quedó corrida, al menos, hasta 2027. 

La expectativa era enorme. Las sociedades gerentes de fondos comunes de inversión y los fiduciarios autorizados por la Comisión Nacional de Valores ya imaginaban un flujo constante de aportes mensuales. En el sector hablan de una masa de dinero capaz de modificar la escala de la industria local de fondos. 

Aunque el plazo original fijaba la puesta en marcha para el próximo 1 de junio, funcionarios del equipo económico ya les comunicaron informalmente a bancos y administradoras privadas que los tiempos se estiran. La nueva fecha quedó corrida, al menos, hasta 2027. 

«Estamos hablando de más de 500 mil empleadores. Es una revolución de números y de tamaño brutal», dijo esta semana el titular de la CNV, Roberto Silva. Pero, por ahora, el proyecto quedó guardado en un cajón, víctima de la interna entre Caputo y Sturzenegger, que excede este tema y abarca el rumbo de la política económica.

Caputo prioriza sostener el dólar quieto. Sturzenegger empuja otra lógica. Como Domingo Cavallo, cree que el Gobierno demora demasiado la apertura total del cepo y que el actual esquema posterga el programa libertario original de liberar completamente el mercado cambiario. 

La tensión también atraviesa al FMI. Sturzenegger conserva una relación aceitada con cuadros técnicos del organismo gracias a su perfil académico y su paso por el MIT. En Economía molesta especialmente que el ministro sugiera en privado que tuvo un rol clave para destrabar desembolsos y mejorar el diálogo con Washington.

La pelea ya impacta sobre áreas concretas del Estado. El caso del INTI fue uno de los episodios más visibles. Sturzenegger impulsó recortes mucho más agresivos y una poda casi total de funciones. Caputo frenó parte de esa avanzada. 

Algo parecido ocurre con la llamada Ley Hojarasca. Mientras Sturzenegger celebra la derogación masiva de regulaciones y normas viejas como una victoria política propia, en Economía observan con desconfianza el impacto que una desregulación acelerada puede tener sobre la recaudación y sobre actividades sensibles para el comercio y la producción.

En el Gobierno incluso circula otra hipótesis. Algunos sectores de la Casa Rosada imaginan a Sturzenegger ocupando más adelante un rol superior de coordinación política y económica, algo parecido a una Jefatura de Gabinete con poder sobre las áreas presupuestarias. Cerca de Caputo responden que el ministro seguirá mientras logre estabilizar el frente cambiario y cerrar definitivamente el esquema de financiamiento internacional. La reforma laboral quedó atrapada en esa disputa, el nuevo negocio financiero deberá esperar. 

 

 

Martín Menem y Gabriel Bornoroni admitían este viernes en voz baja que todavía no tienen los votos para sancionar el Tratado en Materia de Patentes de Medicamentos (PCT, por su sigla en inglés), pese a que el proyecto obtuvo dictamen de mayoría el pasado 12 de mayo, el mismo día que Santiago Caputo se encontraba en Estados Unidos escuchando los reclamos de Washington que siempre tiene este tema al tope de su agenda biilateral.

Dos diputados libertarios dijeron a LPO que uno de los factores que alimentó el Rufusgate, el escándalo en redes sociales con una cuenta de los asesores del riojano usada para criticar al joven consultor, Luis Caputo y Patricia Bullrich, fue precisamente la demora para convertir el tratado en ley. «Caputo fue a poner la cara en Washington pero Menem no avanza en Diputados, por eso explotó todo en las redes», explicaron.

En efecto, Santiago pudo percibir en Estados Unidos el fastidio de Washington por la reserva del capítulo 2 del PCT, un fragmento de la norma que habilita los patentamientos vía exámenes internacionales y que fue vetado por CILFA, comandada por el empresario Hugo Sigman.

No fue casual que durante el debate en comisiones, cinco legisladores del PRO firmaran el despacho de mayoría en disidencia y que el lilito Maximiliano Ferraro, hombre de Elisa Carrió en la Cámara Baja, tildara a Alejandro Cacace, secretario de Desregulación, y su jefe, Federico Sturzenegger, como «los desreguladores más locos del mundo». Ferraro corrió por derecha a los libertarios y presentó un dictamen de minoría sin la reserva del capítulo 2, habilitando el «examen de patentabilidad» a nivel internacional.

Quirno demora el tratado de patentes y choca con Sturzenegger

Los apoyos que el gobierno reunió esa tarde, mientras Caputo escuchaba los reproches de los estadounidenses, fueron de los miembros del oficialismo, la UCR, Provincias Unidas, los tucumanos de Independencia, el santacruceño José Garrido, Karina Banfi e Innovación Federal, representado en la reunión por el misionero Alberto Arrúa. Los macristas Emmanuel Bianchetti, Martín Yeza, Florencia de Sensi, Daiana Fernández Molero y Antonela Giampieri respaldaron pero se diferenciaron de la propuesta de Cacace.

La discusión sobre el tratado mantiene enfrentados a Sturzenegger y el ministro de Economía pero, además, se subió a esa pelea el canciller Pablo Quirno, a quien le atribuyen desde el Congreso la responsabilidad de haber frenado el debate legislativo.

Si en verdad los libertarios no juntan 129 voluntades, sería por las disidencias del PRO. La bancada de Cristian Ritondo cuenta con 12 integrantes.

Santiago Caputo.

LPO informó que la discusión sobre el tratado mantiene enfrentados a Sturzenegger y el ministro de Economía pero, además, se subió a esa pelea el canciller Pablo Quirno, a quien le atribuyen desde el Congreso la responsabilidad de haber frenado el debate legislativo en abril como carta de negociación con el gobierno de Donald Trump por el acuerdo de los aranceles que impugnó la Corte Suprema norteamericana.

Citan a indagatoria a Sigman en la causa que investiga la compra de vacunas contra el Covid

Por lo demás, Cacace cedió a las presiones de los laboratorios locales y negoció con los legisladores aliados la reserva del capítulo 2, durante el simposio «Democracia, desarrollo e inteligencia artificial en tiempos de incertidumbre», organizado por la RAP (Red de Acción Política) con la Universidad de Harvard y el MIT entre el 12 y el 17 de abril. Cerca del ex diputado radical indican que «la Oficina de Patentes (OMPI) prefiere que no haya reserva porque ningún país, a excepción de Uruguay, la tiene pero hay una comprensión del proceso político también y de que eso era necesario para que el tratado pueda avanzar».

El gobierno está frente a un riesgo muy grande porque Estados Unidos pide una cosa y los laboratorios nacionales no ceden, como pasó con (Arturo) Illia.

Sin embargo, un diputado libertario confesó ante LPO que «el gobierno está frente a un riesgo muy grande porque Estados Unidos pide una cosa y los laboratorios nacionales no ceden, como pasó con (Arturo) Illia».

La referencia al presidente radical derrocado en 1966, entre otras cosas, por su pelea con la industria farmacéutica fue un tópico que incluso le recordó el peronista Agustón Rossi a Cacace, durante el debate en comisiones. El santafecino mencionó que la versión original del PCT se produjo en 1970, durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, con el propósito de desmontar las regulaciones que había implementado Arturo Oñativia, ministro de Salud de Illia.

El desorden actual es tan profundo que un libertario comentó que el embajador Peter Lamelas se comunicó con Javier Milei para hablar de las patentes pero el presidente argentino ignoraba el tema. Como en otras áreas o iniciativas, el Jefe de Estado delegó el asunto en su hermana Karina.

Y como en tantos otros temas, mientras el asesor hablaba del tema en Washington, la secretaria general de la Presidencia dejó la suerte del proyecto en manos de Menem.