El Senado rechazó por unanimidad el veto de Javier Milei a una ley que creó un fondo de emergencia para reparar los daños que causaron las inundaciones en Bahía Blanca.
A fines de junio, el presidente vetó una ley para transferir 200 mil millones de pesos a la ciudad que padeció las trágicas inundaciones de marzo. El argumento de Milei fue la restricción presupuestaria, pero al mismo tiempo asignó una partida diez veces mayor para pagar deuda.
La emergencia en Bahía Blanca y Coronel Rosales fue aprobada a principios de mes en la Cámara de Diputados, con 153 votos a favor y la única oposición de La Libertad Avanza. Pero en mayo el bloque oficialista había votado a favor en el Senado, donde salió por unanimidad.
En la sesión de este jueves el gobierno retiró a sus senadores para no “convalidar” la sesión y la oposición aprovechó para colar todas las iniciativas que tenía en carpeta. Hasta se dieron el lujo de votar a la ciudad santacruceña 28 de noviembre como la capital nacional del cóndor andino.
El veto de Bahía fue rechazado por unanimidad con 51 votos a favor y ahora dependerá de la Cámara de Diputados, que ya ha salvado a Milei en varias ocasiones como esta.
“El Gobierno dice que no hay plata. Hay 200 mil millones de pesos sin ejecutar. Entonces, hay plata, solo que no la ejecutan. YPF gasta 100 mil millones de pesos en publicidad, la mitad de lo que necesita Bahía Blanca para su reconstrucción”, dijo el radical Martín Lousteau.
A Donald Trump y a Javier Milei los hermanan las onomatopeyas y también unas amenazas existenciales concretas. Sus administraciones iliberales y revolucionarias penden de un mismo dilema crítico: cómo pagar una deuda desproporcionada, condicionados por un déficit asfixiante de dólares y obligados a evitar una nueva espiral inflacionaria que se los puede llevar puestos. Ambos líderes reaccionarios (sin eufemismos) vienen ganando la batalla cultural contra el progresismo, pero para que sus revoluciones sean sostenibles a corto plazo deberán realizar un esfuerzo colosal para apropiarse de activos financieros de cualquier origen y de todas partes.
No se trata de una rabieta fiscal: sus programas de gobierno son la expansión total de las zonas sin ley del mundo offshore. Un asalto sin cuartel a toda infraestructura institucional que obstruya la consolidación de una nueva hegemonía de los gigantes financieros que están transformando el capitalismo: fondos de inversión, mega plataformas tecnológicas y sus tecno-oligarcas, redes financieras informales, fintechs, shadow banking, non-banking y cripto managers. De eso se trata el deal que Estados Unidos le impuso a sus condescendientes socios del G7, destrozando 13 años de negociaciones que habían conducido al impuesto mínimo global de 15% para multinacionales.
La RAND Corporation, el think tank al servicio del gobierno norteamericano desde el comienzo de la guerra fría, caracterizó a esta etapa como una era neomedieval. Un tiempo inaugurado en 2000, con Estados frágiles, sociedades fragmentadas, desigualdad económica, amenazas globales y guerras informalizadas —disputadas por actores no estatales y medios informales—. Yanis Varoufakis habla de tecnofeudalismo, un sistema jerárquico en manos de pocas empresas que acaparan el excedente y disputan la hegemonía a esferas del poder económico heredadas del siglo XX.
La voracidad por dólares de la segunda presidencia de Donald Trump le debe más al pragmatismo que a la ética protestante que, según Max Weber, está en origen del capitalismo. Estados Unidos arrastra una deuda alevosa y un déficit presupuestario federal en torno al 6% del PIB que condiciona fuertemente el cumplimiento de sus pagos. La mayor potencia del mundo es, a la vez, el mayor prestatario del mundo: el 40% de la emisión mundial de deuda a largo plazo de este año fue tomada por Estados Unidos. La ampliación de favores fiscales a los poderosos añadirá 3,8 billones de dólares a la deuda estadounidense en la próxima década, llevándola a la cifra de 40 billones de dólares (sí, con doce ceros: 40.000.000.000.000). El déficit alcanzaría al 8% de la producción económica en 2026.
La instrumentalización de aranceles, al ser impuestos a las importaciones, no estarían saneando el dilema: si bien pueden ayudar a la reducción del déficit, también se trasladarán a costos y por tanto a precios. Más allá de los inconvenientes judiciales que empieza a tener que gestionar la administración trumpista, estos impuestos a mercancías importadas podrían cambiar con quiénes comercia EE.UU., pero aparentemente no lograrán reducir el déficit general, cuya raíz proviene de sus fuertes desequilibrios macroeconómicos. Por eso el secretario del Tesoro, Scott Bessent, la persona de mayor ascendencia sobre el hombre más imprevisible del mundo, alarmó a los mercados a principios de junio al enfatizar que Estados Unidos “nunca defaulteará su deuda”. ¿Nunca?
Más allá de los múltiples impactos e interpretaciones que esto podría tener en su gasto en Defensa y la competencia estratégica con China, es relevante que la consultora Moody’s degradó la calificación de riesgo de la deuda norteamericana. Por eso, el hombre más poderoso del planeta está hambriento de dólares. Lo que está en juego la estabilidad política de corto plazo de su administración. Para eludir las consecuencias de una potencial suspensión de pagos, y al mismo tiempo cumplir con su compromiso de mantener los recortes de impuestos a corporaciones de su primera presidencia, está dispuesto a terminar con la globalización que Estados Unidos ayudó a construir en los noventa.
El proceso de transformación global y la tensión entre Estados Unidos y China proyecta sus sombras sobre la Argentina. El premio Nobel Joseph Stiglitz dio una pista sobre lo que viene: Trump quiere convertir a su país en la mayor guarida fiscal de la historia. Un informe de la ONG Tax Justice Network le da la razón: EE.UU. encabeza hoy el Financial Secrecy Index, un ranking de países con mayor opacidad fiscal. Y otro estudio alerta sobre cómo los países con menos transparencia financiera marchan firmes hacia la autocracia. Los “bastardos de Hayek” del sur global, con Milei a la cabeza, siguen con atención aquellos procesos.
En la Argentina neomedieval, la destrucción de lo que queda del Estado benefactor está concentrada en la supresión de los gatekeepers (las autoridades administrativas que determinan qué se puede hacer y qué no). La revolución en marcha no sólo consiste en volver al paraíso perdido “hace 100 años”, sino en afianzar dinámicas presentes; liberar las fuerzas de lo que es. Y, por ahora, los campeones de la anti-política revelan una pericia para llevarlo a cabo que está ausente en los representantes de la vieja democracia liberal. Si sólo con firmar decretos de dudosa constitucionalidad y redacción se puede imponer este programa de laissez faire absoluto, es porque se podía. Y se pudo porque el Estado liberal, garante de derechos, ya no estaba ahí. Fue disuelto como por ácido en el proceso de expansión del orden corporativo de la era neomedieval.
Esta caracterización es central para entender por qué el paleo-liberalismo viene por tus dólares. Un fenómeno agravado por una variable argenta clave: el tipo de cambio sostenido artificialmente, rezagado por motivos electorales inhibe la generación de dólares genuinos. Incluso en estos días, donde el dólar tirano cruje —y ya no flota—, recordándole al Gobierno que ni siquiera eso controla del todo. Pero la verdad sea dicha: Milei no destruye un Estado ideal, ni es la primera vez que un gobierno ataca a los dólares no bancarizados de las clases medias: el corralito, en la traumática salida de la convertibilidad, es una herida presente en la memoria y patrimonio de muchos argentinos.
Con la contracción inicial de 5% del PBI y la devaluación, el propio Milei obligó a sus votantes acomodados a cambiar billetes verdes en oscuras cuevas para poder pagar sus gastos. Ahora viene por el resto: por los dólares-cash declarados en cajas de seguridad, por ejemplo, por venta de inmuebles; y por los otros, los que no fueron registrados para eludir los costos fiscales de transacciones, en el mismo ejemplo inmobiliario, y los que por su origen ilícito no pueden ser declarados. Lo que se está cocinando es la transformación neoliberal del capitalismo al tecnofeudalismo.
Por principios y por necesidad, Milei apunta sus cañones a las instancias de control, ARCA, la Aduana, los organismos anticorrupción y de transparencia. Va contra la columna vertebral de la recaudación y, por tanto, de todo eventual programa de desarrollo con justicia social. La acción de su gobierno está orientada a consolidar las guaridas fiscales extranjeras y los circuitos domésticos de lavado de activos. En los hechos, lo que quiere es asfaltar la gran autopista de pesos convertidos a dólares, suprimiendo los costos de las redes informales por las que circula el dinero no declarado.
El “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos” debe ser entendido como parte de la urgencia por insertar con fórceps al país en el nuevo juego. Este proyecto prohíbe a la ARCA recoger información de consumos de hasta 10 millones de pesos y movimientos financieros de hasta 50 millones, y termina con registros que exigía la Unidad de Información Financiera (UIF), el gatekeeper controlador de transparencia financiera. También ndica que se deben respetar las normas contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Pero, al mismo tiempo, omite decir que el monitoreo de transacciones es el fundamento de la identificación de conductas financieras criminales. Y eso es precisamente lo que está siendo derogado. La gran victoria del diablo, decía San Agustín, es encubrir su propia existencia. Pues la cadena de valor del narcotráfico, la corrupción, el financiamiento del terrorismo y el contrabando se sustenta en ocultar al fisco sus rentas ilegales. Subestimar la potencialidad corrosiva de flujos de capital anonimizados sale caro a mediano plazo. Este mecanismo tampoco es invento de Milei. Más bien es al revés. Hunde su raíz in illo tempore y le debe su forma presente en gran medida a la laxitud regulatoria casi inalterada desde la dictadura militar.
Las reformas despertaron susceptibilidades y muchos inversores temen cortocircuitos con los sistemas internacionales de compliance, con potencial inclusión en la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI), lo que traería consecuencias económicas y reputacionales. Una de las consecuencias de la crisis de 2008 fue que todos los países acordaron un sistema automático de intercambio de información bancaria y otras medidas de supervisión de los flujos financieros internacionales y de identificación de los dueños reales de empresas. La Argentina, por caso, era hasta hoy el país que más información bancaria compartía en América Latina según un reciente informe OCDE. ¿Qué ocurrirá de acá en más?
Dólares urgentes y opacidad
En el marco del choque global de titanes, Argentina funciona como eslabón de un mecanismo de desviación encubierta de fondos de la banca multilateral (FMI/Banco Mundial, BID) para financiar reembolsos a los fondos privados. Esa es la naturaleza del favor que el primer Trump hizo a los fondos buitre durante la presidencia de Mauricio Macri. El préstamo récord de 57 mil millones de dólares del FMI se diluyó en pagos de deuda. Lo recibieron en gran medida compañías que compran bonos soberanos defaulteados, hacen juicio al Estado en tribunales de Nueva York y los cobran al 100 por ciento de su valor nominal. Stiglitz las llama “compañías litigantes”: nada de inversión, nada de riesgo.
Hoy la historia se repite. Contra el consejo de casi la mitad del directorio del FMI, la administración Milei-Caputo logró otro empréstito de 20 mil millones de dólares para auxilio del programa monetario. Trump obró nuevamente como representante del lobby corporativo. Así logró que los nuevos desembolsos escalonados llegaran a tiempo para cumplir con los pagos de deuda y al mismo tiempo sostener la fantasía de una baja inflación controlada por el mercado en un contexto de baja emisión monetaria. Sin embargo, esta fantasía encubre que la reducción del índice de inflación se explica en gran medida por el atraso cambiario. La aniquilación de la inflación es una pieza clave de la estrategia y narrativa electoral del oficialismo, que al mismo tiempo incrementa la falta de dólares genuinos, llevando a manotazos de ahogado desreguladores para succionar los dólares del colchón de las clases medias.
A este escenario se le suma un problema estructural que caracteriza al modelo argentino: el ahorro nacional es —a diferencia de lo que ocurre en países como Uruguay, Bolivia y Brasil— en dólares. En otras palabras, la fuga de capitales corresponde, en primer lugar, a la dolarización del excedente generado por los grupos económicos y, en menor medida, al ahorro de las clases medias. En el bimestre abril-mayo se compró una altísima cantidad de dólares para atesoramiento: 5.250 millones —récord solo superado en 2018 con la crisis macrista—, lo que representa un consumo de potenciales reservas, más allá de que hayan sido ofertadas por el sector privado. “Comprá, campeón”, ironizó Toto Caputo hace unos días. Y parece que le están haciendo caso. El dólar ya se encuentra en la mitad superior de la banda cambiaria.
Los parches para paliar urgencias recurriendo a bicicletas financieras no alcanzan para tranquilizar a los mercados. Los CEOs aplauden, sus analistas y gestores de fondos acompañan, pero desconfían. La OCDE, el selecto club de países ricos al que la Argentina aspira integrar, revisó a la baja sus pronósticos de performance económica, incluidos los de Argentina. En este contexto, el Plan de Reparación Histórica, el levantamiento parcial del cepo, las “finanzas abiertas” y el nuevo Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias consolidados en el proyecto de ley de Inocencia Fiscal vienen acompañados de una retórica que distrae sobre el origen nebuloso de los dólares a la pesca. Si “no hay plata” para dar estabilidad política al programa de gobierno, el Gobierno va por el dólar colchón.
La incompetencia, esa fuerza poderosa
Aunque cruel, el destrozo de hospitales, jubilaciones, ciencia y tecnología, cultura y universidades públicas es el lado cosmético del programa Milei-Caputo. Ajustes para reducir déficit fiscal, meter ese ahorro en reservas para sostener la paridad cambiaria y contener la inflación con intervenciones del Banco Central. El cambio estructural de la revolución libertaria pasa por crear una autopista por la que especuladores y exportadores de materias primas (RIGI mediante) puedan remitir divisas al exterior.
En números y cronologías:
Los dólares comprados desde abril con la eliminación parcial del cepo no terminaron masivamente en cuentas bancarias. Esto es un indicador de tipo forense que permite concluir que la confianza de los ahorristas corre por un carril distinto al de la popularidad del presidente. Quizás lo votarían de nuevo, pero no le comprarían un auto usado.
Entre abril y mayo, un millón de argentinos se zambulleron a comprar 2.048 millones de dólares. Pero sólo una fracción transformó ese ahorro en depósito bancario. El resto fue a parar debajo de los colchones. En abril, el BCRA se desprendió de 711 millones de dólares para sostener la brecha cambiaria y darle sustentabilidad táctica al programa estratégico de transferencia de reservas a los fondos de inversión y a la viabilidad electoral de corto plazo del gobierno: inflación contenida con atraso cambiario.
El FMI miró para otro lado a la hora de evaluar si la Argentina cumplía con las obligaciones que le puso a cambio del nuevo crédito salvador. La condición era que la Argentina reforzara sus reservas en 4.400 millones de dólares (porque el 9 de julio se deben afrontar vencimientos por 4.500 millones de dólares). Informes independientes indican que a pesar de las desregulaciones, el blanqueo y el levantamiento parcial del cepo, el país no llegaría a cumplir el objetivo. Es por eso que el ministro de Economía salió a buscar (en un mal momento porque Wall Street estaba ocupado con la escalada entre EE.UU. e Irán) préstamos por unos 2 mil millones de dólares más con bancos internacionales y al mismo tiempo colocaron bonos de corto plazo para captar unos 7 mil millones más hasta fin de año.
Estos equilibrios inestables, basados en la toma discrecional de deuda de múltiples fuentes se producen en un contexto en el que las reservas brutas internacionales habían acumulado un retroceso de 2.106 millones de dólares en los primeros meses del año.
Y todo esto en un escenario en que —con altas tasas, vientos celestiales y recortes de retenciones— se había logrado una liquidación récord de exportaciones agropecuarias: 3 mil millones de dólares en mayo y 3.700 millones en junio; un total de 15 mil millones acumulados en el primer semestre.
A pesar de todo esto, el stock de reservas cayó hasta 36.854 millones de dólares, “el nivel más bajo desde la llegada de los dólares frescos de organismos internacionales a mediados de abril”. Entonces no intervino la mano invisible de Adam Smith. Se impuso más bien la mano cleptocrática de los especuladores financieros, amigos del Gobierno y adictos a la bicicleta. Y así nació el bono BONTE 2030, una oferta de deuda a tasa elevadísima, 29.5% con vencimiento en 2027: una escupida al cielo que caerá en la cabeza del propio gobierno, que se verá obligado a pagar altísimos intereses en un año de elecciones presidenciales.
El gobierno da por descontado que el FMI accederá a una dispensa, un waiver, por no cumplir los objetivos de reservas. Sin embargo, el problema contable está colocado en el segundo semestre, tiempo electoral en el que no habrá cosecha gruesa ni Vaca Muerta que venga al rescate. Más allá de manifestar observaciones al incumplimiento de la meta de acumualción de reservas, el FMI probablemente no pedirá correcciones al programa económico antes de las elecciones de este año. Pero por desgracia para las fuerzas del cielo, los operadores del mercado no siempre están alineados con los objetivos políticos que EE.UU. impone en el FMI.
Así, el INDEC reveló a finales de junio un déficit de la cuenta corriente del primer trimestre de 2025 de 5.191 millones de dólares, con una cifra récord en turismo. Se encendieron todas las alarmas. El banco JP Morgan aconsejó «dar un paso atrás» con los bonos argentinos y empezar a desarmar el carry trade, ya que, habiendo obtenido suficientes ganancias, los riesgos del déficit de la cuenta corriente (superior al 2% del PBI), el estancamiento de las reservas y las turbulencias electorales aconsejan actuar con prudencia. El desmonte del carry trade implicará una presión en el mercado cambiario. Incluso se cuestiona si la vista gorda del FMI será suficiente para llegar sin turbulencias a las elecciones.
Criptoevasores, los gamers al poder
La destrucción creativa de los aparatos de Estado es más que evidente en la cruzada por institucionalizar la evasión fiscal y reemplazar incluso al dólar abrazando criptomonedas desvinculadas por completo de la economía real. El affaire $LIBRA, una estafa que involucra al presidente argentino, se desprende de este principio.
Trump, pionero en la emisión de meme coins, apenas llegó al gobierno ordenó al Departamento del Tesoro levantar las sanciones a operadores y plataformas acusadas de lavado de activos al tiempo que sus legisladores revirtieron los controles de la administración precedente. Como si fuera poco, lanzó una poco convincente “reserva estratégica de criptomonedas” anunciada con pólvora húmeda durante la primera cumbre de criptomonedas en la Casa Blanca. Y hasta colocó a Paul Atkins, un manager de criptoactivos y sistemas financieros no bancarios, al frente de la US Securities and Exchange Commission (SEC), la agencia encargada de regular y supervisar los mercados financieros.
La industria de las criptomonedas está en su mejor momento. Blackrock, la mayor gestora de activos del mundo sumó bitcoins a su portfolio por 150 mil millones de dólares. Y Brian Armstrong, director ejecutivo de Coinbase, una plataforma que funciona como mercado de criptomonedas, predijo que la creciente deuda de Estados Unidos hará que el bitcoin “acabe sustituyendo al dólar como moneda de reserva mundial”.
Allá va Trump 2.0 y con él, el mundo: a salir del régimen de transparencia que obligaba a compartir la verdadera identidad de los propietarios de empresas, retirar a EE.UU. de las negociaciones de un convenio marco de la ONU para la cooperación fiscal y, la frutilla del postre, su opaca y masiva apertura al mundo cripto. El desmontaje de mecanismos de transparencia como los que aplican Milei y Caputo para capturar dólares colchón sólo puede terminar favoreciendo la geopolítica criminal.
Las muertes vinculadas a la partida de fentanilo contaminado impulsaron al gobierno de Santa Fe a pedir ser querellante en la investigación abierta hacia el laboratorio HLB Pharma, en la que se busca establecer la responsabilidad de esa compañía en el deceso de 53 personas, 35 de las cuales residían en la provincia.
Antes de este anuncio hicieron lo mismo el Hospital Italiano de Rosario, que reportó la muerte de dos pacientes posiblemente vinculados con el fentanilo tóxico, y solicitará ser parte acusadora en la causa que lleva adelante el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak.
Y el Sanatorio de Diagnóstico de Santa Fe que dio cuenta de una muerte sospechosa. Ambos forman parte del holding de salud que conduce el empresario de Rafaela Carlos Tita, a quien el diario La Nación señaló que los empresarios de HLB Pharma le compraron en 2020 la droguería Alfarma, que distribuyó los lotes con impurezas.
El gobierno de Maximiliano Pullaro accionará a través de la Fiscalía de Estado de la provincia y del Ministerio de Salud desde que hay nueve efectores de salud en su territorio donde hubo contaminaciones hacia pacientes. Se trata de un hospital municipal, dos provinciales y seis sanatorios privados. Ser querellante le permitirá al gobierno aportar pruebas, solicitar medidas cautelares y recurrir resoluciones judiciales.
El Laboratorio HLB Pharma tiene una historia negativa en Rosario ya que sus dueños quedaron implicados en la explosión del Labotatorio Apolo de Rosario, ubicado en Alem al 2900, que estalló en junio de 2016. La cara visible de Apolo es el empresario Ariel García Furfaro, que manejaba junto a su sociedad familiar el Laboratorio Ramallo, que elaboró las ampollas letales de fentanilo. El oscuro pasado y las extravagancias de su dueño motivaron que en plena pandemia el gobierno de Alberto Fernández intercediera ante Rusia para correr del medio a HLB Pharma, que iba a ser el agente de la vacuna contra el coronavirus de ese origen, y negociar de Estado a Estado.
Fuentes judiciales indicaron a LPO que todavía ninguno de los interesados en ser querellantes desde Santa Fe tiene hasta el momento acreditada esa condición. La presentación de los sanatorios no se consideró clara en relación al perjuicio que los hechos objeto del proceso le causaron y desde el tribunal les pidieron aclaraciones para admitirlos.
El viernes pasado el juez Kreplak ordenó un total de 22 allananientos por la causa del fentanilo. En Rosario se requisaron dos domicilios de funcionarios del laboratorio Ramallo. Infobae consignó que se trata de Edgardo Scalafini, a cargo de la infraestructura de la planta que había trabajado en Apolo y Víctor Boccacio que había tenido el mismo rol.
Los lotes problemáticos eran seis que suponían 900 mil ampollas. Por acciones judiciales se interceptaron y sacaron de circulación 375 mil. Se sospecha desde el juzgado que unas 300 mil ampollas contaminadas pudieron seguir circulando.
Ariel Garcia Furfaro, que tiene vínculos con sectores transversales de la política, no se presentó desde que su nombre figura cotidianamente a raíz de las investigaciones en la Justicia Federal. Fuentes del juzgado que lleva la causa rehusaron indicar si hay pedido de captura o pedido de comparecencia contra el empresario.
Pero además de las direcciones de los García Furfaro hubo allanamientos en las casas de técnicos del laboratorio y personas que cumplen otros roles que definirán indagatorias. Los operativos los concretó la Policía Federal en San Nicolás, Ramallo, La Matanza, Ramos Mejía, Villa Adelina y Ciudad de Buenos Aires.
Las muertes fueron causadas por las bacterias Klebsiella pneumoniae MBL y Ralstonia Picketti, detectadas en lotes del laboratorio HLB, causantes de neumonía y resistentes a los medicamentos. En abril pasado el Hospital Italiano de La Plata, donde hubo 15 fallecimientos, fue el primero en alertar que en las ampollas de fentanilo procedentes de HBL Pharma se habían detectado esas bacterias. Se identificaron los lotes que la ANMAT ordenó retirar de circulación.
Los lotes problemáticos eran seis que suponían 900 mil ampollas. Por acciones judiciales se interceptaron y sacaron de circulación 375 mil. Se sospecha desde el juzgado que unas 300 mil ampollas contaminadas pudieron seguir circulando.
Los centros de salud afectados en Santa Fe son el Hospital Clemente Álvarez de Rosario, el Hospital Provincial de Rosario, el Hospital Cullen de Santa Fe por el sector público. Y el Sanatorio Diagnóstico de Santa Fe, el Hospital Italiano de Rosario (dos filiales), el Sanatorio Parque, el Sanatorio de Niños y el Instituto Cardiovascular Rosario.
La medida del gobierno de Pullaro, de acuerdo a voceros oficiales, se funda en la afectación directa que este hecho provocó en el sistema sanitario santafesino: el fentanilo adulterado fue distribuido en efectores del territorio provincial, tanto públicos como privados
HLB Pharma denunció un hecho de robo y vandalismo en sus oficinas de San Isidro días antes de que ANMAT anunciara la contaminación con fentanilo. Ya para ese momento, la entidad de control manejaba los datos de pacientes afectados. Lo que detectó la policía fue desorden y rotura de equipos en el área de Garantía de Calidad de HLB. Según indicaron a LPO fuentes tribunalicias, de la caja fuerte de HLB Pharma desapareció la copia de seguridad de las cámaras de vigiliancia que registraba la actividad de los días en que se produjo el robo denunciado
La medida del gobierno de Pullaro, de acuerdo a voceros oficiales, se funda en la afectación directa que este hecho provocó en el sistema sanitario santafesino: el fentanilo adulterado fue distribuido en efectores del territorio provincial, tanto públicos como privados, y se registraron pacientes afectados.
“El Ministerio de Salud santafesino realizó 69 notificaciones al Sistema de Vigilancia de Salud, correspondientes a pacientes que presentaron sospecha de infección por exposición al fentanilo contaminado, de los cuales 35 corresponden a personas que fallecieron”, señalaron.
Y agregaron: “A la totalidad de los casos fallecidos se les suministró previamente medicación de los lotes contaminados de fentanilo, pero aún se encuentra en investigación si la causa del fallecimiento está vinculada al suministro de ese medicamento. Todos eran pacientes que se encontraban previamente internados por otras causas y se les administró el medicamento en contexto de la intervención que cada uno requería por su estado clínico”.
El juez Pablo Yadarola le imprimió un ritmo arrollador a la causa por las diez valijas que trajo el avión privado de Leonardo Scatturice a la Argentina e ingresaron al país sorteando todos los controles de la Aduana.
El caso del avión golpea de lleno a Santiago Caputo, que le permitió a Scatturice conseguir contratos por miles de millones en distintas áreas del Estado y las empresas públicas, al punto que ya lo llaman en la política “el Lázaro Báez libertario”.
De hecho, en el avión venía la exazafata Laura Belén Arrieta, vinculada a las Las Fuerzas del Cielo y vínculo de Santiago Caputo y Agustín Romo con la organización trumpista C-PAC.
A cargo del juzgado Penal en lo Económico Nº 2, Yadarola dispuso esta semana una decena de medidas que habilitaron un avance acelerado de la causa, pese a que el asunto salpica al gobierno. Un comportamiento muy distinto al del fiscal federal Eduardo Taiano, que demora pruebas claves en el caso de la estafa Libra, que tiene muy preocupados a los hermanos Milei.
Si bien es cercana a las Fuerzas del Cielo, Arrieta se aseguró de tener un vínculo con Karina Milei, por intermedio de su hermano, Fernando Arrieta, quien mantuvo reuniones con el joven Caputo en Casa Rosada, al menos en dos ocasiones. El hermano de la exazafata estaría vinculado a la hermana del Presidente a través de su despliegue con la fundación “Dale”, una usina política con la que aporta “ideas” al armador karinista Sebastián Pareja.
El caso que lleva ahora Yadarola se inició con el arribo de la aeronave matrícula N18RU al territorio nacional el 26 de febrero pasado, a raíz de que allí viajó Arrieta y bajó con una decena de valijas con las que eludió el control aduanero. El avión pertenecía a Scatturice.
La batería de medidas dispuestas por el juez están en exacta consonancia con aquellas pedidas por los fiscales.
El juzgado tomó intervención el 17 de marzo, ante la prevención realizada por el servicio aduanero. Un funcionario judicial al tanto de la investigación, afirmó a LPO que “la batería de medidas dispuestas por el juez (están) en exacta consonancia con aquellas pedidas por los fiscales”.
Scatturice, el dueño del avión.
“Se recibieron una gran cantidad de informes de diversos organismos públicos, numerosas declaraciones testimoniales, se realizaron órdenes de presentación y allanamiento, se secuestraron y analizaron todas las cámaras del aeropuerto, se relevó una gran cantidad de documentación de diverso origen, se analizaron disposiciones regulatorias de ANAC, Orsna, seguridad aeroportuaria y aduanera”, agregó el funcionario.
Yadarola tuvo a cargo la causa de Antonini Wilson, el venezolano que ingresó una valija sin control con 700 mil dólares en 2007, durante el primer mandato de Cristina Kirchner.
El juez Yadarola tuvo a cargo la causa de Antonini Wilson, el venezolano que ingresó una valija sin control con 700 mil dólares en 2007, durante el primer mandato de Cristina Kirchner.
Por esa causa, el magistrado resolvió el 19 de diciembre de 2018 el procesamiento de Julio de Vido, Claudio Uberti, Victoria Bereziuk y Ricardo Echegaray. Yadarola los consideró penalmente responsables de “la tentativa de contrabando de importacion de divisas, agravado por la concurrencia de tres o mas personas y por la intervencion de funcionarios publicos”.
La situación procesal de los imputados fue elevada a juicio el 7 de abril de 2021 al Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº1. En tanto, el Poder Judicial resolvió que el decomiso del dinero oportunamente secuestrado fuera destinado a la construcción de dos centros de primera infancia en Misiones y Tucumán.
Tras una semana de negociaciones frenéticas, el peronismo logró conformar una alianza electoral que incluye a La Cámpora, el armado político de Axel Kicillof y el Frente Renovador de Sergio Massa. Es un acuerdo gélido pero que le permite a los distintos sectores avanzar juntos hacia una elección compleja en la provincia de Buenos Aires.
Este mediodía volvieron a reunirse Kicillof, Massa y Máximo Kirchner. Fue la cuarta reunión en pocos días, todas La Plata, puntualmente en Casa de Gobierno.
El tema que atravesó los últimos encuentros fue los apoderados que tendrán firma en la alianza para validar candidaturas. El gobernador pedía un esquema de firmas cruzadas, es decir que ninguna candidatura -tanto seccional como distrital- pueda aprobarse sin todas las firmas. Máximo por su parte quería un sistema de mayorías. Por caso, si el frente quedaba constituido con cinco apoderados, tres serían suficiente para avalar una candidatura.
Se impuso el esquema de firmas cruzadas que pedía Kicillof, con dos apoderados por sector. Por el lado de La Cámpora estarán Facundo Tignanelli y Patricia García Blanco. Por el massismo, Eduardo Cergnul y Sofía Vannelli. Mientras que por el Movimiento Derecho al Futuro irán Agustina Vila y Mariano Cascallares.
Alrededor de las 15 se logró el acuerdo definitivo. Los tres espacios dieron la orden a los apoderados de los partidos para que firmen en Casa de Gobierno. Hasta allí llegaron los representantes del Partido Justicialista, Frente Renovador, Acción Marplatense, La Patria de los Comunes, Partido del Trabajo y del Pueblo, Unidad Popular, Partido de la Victoria e Innovar.
Incluso se lo vio entrar a Guillermo Moreno. Trascendió que en las últimas reuniones Kicillof hizo algunos planteos duros hacia el líder del Partido Principios y Valores. El gobernador no quiere saber nada con que integre una lista seccional. “Me viene pegando sistemáticamente desde hace meses”, dijo.
El entendimiento también incluye la formación de una junta electoral con un miembro de cada sector. Allí estarían Carlos Bianco (muy cercano a Kicillof), Leonardo Nardini (un intendente de Máximo) y Rubén Eslaiman (por el massismo).
Pero además se conformó una mesa que se encargará de empezar a puntear nombres para las listas. Por el lado del gobernador estarán Bianco y Gabriel Katopodis. Tignanelli y el senador provincial de Avellaneda, Emmanuel González Santalla, serán los delegados de Máximo y Rubén Eslaiman y Sebastián Galmarini serán los hombres de Massa.
Todos coinciden en que no habrá dificultades por los nombres en la Legislatura aunque temen una negociación compleja para cerrar los candidatos en los distritos. La idea es que no haya desequilibrios para los intendentes propios en los Concejos Deliberantes.
Donald Trump elevó al máximo la tensión con Lula al imponer aranceles del 50 por ciento contra Brasil a partir del primero de agosto.
El presidente de Estados Unidos publicó en su red social que “Brasil no ha sido bueno para nosotros, no ha sido bueno en absoluto” en una decisión que incluye también la situación judicial de Jair Bolsonaro de la que había opinado el pasado lunes.
A ello se suma, el embate de declaraciones entre Trump y Lula tras la postura planteada en la cumbre de los BRICS, de los cuales Brasil es un miembro clave.
Los miembros de los BRICS-Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica-rechazaron el lunes 7 de julio la acusación de Trump de que el bloque es “antiestadounidense” y también criticaron la amenaza de aranceles adicionales del 10% contra el foro.
El líder republicano advirtió esa medida tras anunciar la nueva fecha para la imposición de tasas aduaneras a aquellos países con los que no llegue a un acuerdo el 1 de agosto.
Brasil no ha sido bueno para nosotros, no ha sido bueno en absoluto
En esta marco, Brasil convocó este miércoles a Gabriel Escobar, encargado de negocios de la embajada estadounidense en el país para que explique una nota divulgada que hace una enérgica defensa del expresidente Jair Bolsonaro.
Gabriel Escobar, responsable de la legación diplomática en ausencia de un embajador, fue citado después de que, este mismo miércoles, esa embajada publicara una dura nota sobre el juicio que cursa contra Bolsonaro, que ya había sido criticado esta semana por el presidente Donald Trump.
La nota afirma que “Jair Bolsonaro y su familia han sido fuertes socios de Estados Unidos” y afirma que “la persecución política contra él, su familia y sus seguidores es vergonzosa e irrespeta las tradiciones democráticas de Brasil”.
Según Trump, los aranceles se impondrá en parte debido a los “insidiosos ataques de Brasil a las elecciones libres y al derecho fundamental de los estadounidenses a la libertad de expresión. Trump afirma que el trato que Brasil da a Bolsonaro es una “vergüenza” y que el juicio contra el expresidente es una “cacería de brujas que debe terminar
Según Trump, los aranceles se impondrá en parte debido a los “insidiosos ataques de Brasil a las elecciones libres y al derecho fundamental de los estadounidenses a la libertad de expresión. Trump afirma que el trato que Brasil da a Bolsonaro es una “vergüenza” y que el juicio contra el expresidente es una “cacería de brujas que debe terminar”.
El presidente estadounidense también cita los aranceles y no arancelarios impuestos por Brasil, que considera injustos. Afirma tener un déficit con el país, pero en realidad Estados Unidos tiene un superávit comercial con Brasil
Lula respondió en X y dijo que “Brasil es un país soberano con instituciones independientes que no aceptarán ser controladas por nadie. El proceso judicial contra quienes planearon el golpe de Estado es de exclusiva responsabilidad de la Justicia brasileña y, por tanto, no está sujeto a ningún tipo de interferencia o amenaza que viole la independencia de las instituciones nacionales”.
Brasil es un país soberano con instituciones independientes que no aceptarán ser controladas por nadie. El proceso judicial contra quienes planearon el golpe de Estado es de exclusiva responsabilidad de la Justicia brasileña y, por tanto, no está sujeto a ningún tipo de interferencia o amenaza que viole la independencia de las instituciones nacionales
“En el contexto de las plataformas digitales, la sociedad brasileña rechaza contenidos de odio, racismo, pornografía infantil, estafas, fraudes y discursos contrarios a los derechos humanos y a las libertades democráticas”, agregó.
Por último, el líder brasileño sostuvo que “en Brasil, la libertad de expresión no debe confundirse con la agresión ni con prácticas violentas. Para operar en nuestro país, todas las empresas nacionales y extranjeras están sujetas a la legislación brasileña. La información sobre el supuesto déficit estadounidense en la relación comercial entre Brasil y Estados Unidos es falsa”.
“Las propias estadísticas del gobierno estadounidense demuestran un superávit de US$410 mil millones en el comercio de bienes y servicios con Brasil en los últimos 15 años. En este sentido, cualquier medida de elevación unilateral de tarifas será respondida a la luz de la Ley de Reciprocidad Económica brasileña. La soberanía, el respeto y la defensa irrestricta de los intereses del pueblo brasileño son los valores que guían nuestra relación con el mundo”, concluye.
Un importante dirigente del Partido de los Trabajadores dijo a LPO que esta ofensiva de Estados Unidos es positiva para al campaña de reelección de Lula. “Más que nunca el sistema va a buscar blindarse con Lula como defensor. No se entiende que Trump se juega de esta manera por Bolsonaro”, afirman.
Por el contrario, en el bolsonarismo están extasiados con el firme apoyo de la Casa Blanca pero reconocen que es prácticamente imposible que la situación de Bolsonaro se revierta. No obstante, creen que los partidos de centro terminarán jugando contra Lula producto de esta presión y eso se reflejará en la composición en el Congreso.
