Almacenamiento y transporte fue donde hubo más bajas.
En 15 meses de Gobierno de Javier Milei desaparecieron 13.111 empresas que declaraban trabajadores, de acuerdo con información publicada por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo referida a la Seguridad Social: los 512.317 que recibió al comenzar el mandato se redujeron a 499.246 en febrero último.
Cuarenta y cinco de las que bajaron la persiana tenían más de 500 empleados.
Los datos procesados por el Centro CEPA señalan a “Servicio de transporte y almacenamiento” como el sector más afectado, con una pérdida de 3.321 empleadores en términos absolutos y del 8,4% en el total en relativos.
Fueron las empresas de más de 500 trabajadores/as las que redujeron más su personal: de 4.782.973 a 4.608.653, mientras las de menos de 500 disminuyeron su dotación de 5.074.200 a 5.028.850.
Sin embargo, las mayores expulsiones de mano de obra entre noviembre de 2023 y febrero de 2025 sucedieron en las empresas de más de 500 trabajadores: 174.320 registrados se dieron de baja.
En las de menos de 500, las mermas alcanzaron 45.350 casos, el 20,6% del total.
Avanza contra un derecho constitucional y recibe una oleada de críticas.
Milei, ha dado un paso controversial, más cercano a un emperador que a un presidente, pasando por encima de la Constitución, al publicar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/2025 en el Boletín Oficial el 21 de mayo de 2025.
Esta normativa amplía significativamente el listado de actividades consideradas esenciales, restringiendo el derecho a huelga al exigir un funcionamiento mínimo de entre el 50% y el 75% durante conflictos laborales y que abarca a un sinnúmero de actividades que, de estar vigente, ya no podrán manifestarse.
El gobierno sabe que su plan económico es insostenible en el mediano plazo y viene preparando el terreno para evitar, entre el DNU y la represión de Patricia Bullrich, manifestaciones en su contra.
Nuevos servicios esenciales y restricciones
El decreto redefine qué se entiende por servicios esenciales, incluyendo sectores como:
-Cuidado de menores y educación en niveles inicial, primario, secundario y especial.
-Aeronáutica comercial, control de tráfico portuario y servicios asociados como balizamiento, dragado y estiba.
-Servicios aduaneros, migratorios y de comercio exterior.
-Transporte marítimo y fluvial de personas y mercancías, incluyendo operaciones costa afuera.
-Producción, transporte y distribución de gas y combustibles.
-Servicios de telecomunicaciones, internet y comunicaciones satelitales.
A estos se suman los ya existentes, como los servicios sanitarios, el transporte de medicamentos, la producción de agua potable y energía eléctrica, y el control de tráfico aéreo, ahora con un alcance más detallado.
Según el artículo 3 del DNU, los servicios esenciales deberán garantizar un 75% de operatividad, mientras que las actividades de «importancia trascendental» no podrán bajar del 50%, sin posibilidad de negociar porcentajes menores.
Actividades de importancia trascendental
-Producción de medicamentos y/o insumos hospitalarios.
-Transporte terrestre y subterráneo de personas y/o mercaderías a través de los distintos medios que se utilicen para tal fin.
-Servicios de radio y televisión.
-Actividades industriales continuas, incluyendo siderurgia y la producción de aluminio, actividad química y la actividad cementera.
-Industria alimenticia en toda su cadena de valor.
-Producción y distribución de materiales de la construcción, servicios de reparación de aeronaves y buques, todos los servicios aeroportuarios, servicios logísticos, actividad minera, actividad frigorífica, correos, distribución y comercialización de alimentos y bebidas, actividad agropecuaria y su cadena de valor.
-Servicios bancarios, financieros, servicios hoteleros y gastronómicos y el comercio electrónico
-Producción de bienes y/o servicios de toda actividad que estuvieran afectados a compromisos de exportación.
Reacciones y críticas
La medida ha desatado una ola de críticas. Expertos laboralistas han calificado el decreto como un ataque al derecho a huelga. Un abogado de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas señaló que, hasta ahora, la legislación argentina, alineada con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), solo consideraba esenciales los servicios cuya interrupción pudiera poner en riesgo la vida, la salud o la seguridad de la población. «Esto no busca regular, sino prohibir la huelga», afirmó.
Otro especialista, director del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, advirtió que el DNU 340/2025 intenta revivir un artículo del suspendido DNU 70/23, que ya había sido frenado por la Justicia y está pendiente de resolución en la Corte Suprema.
Desde la izquierda, una diputada nacional y legisladora porteña llamó a las centrales obreras a unificar fuerzas y convocar a un paro general en rechazo a la normativa.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, evitó dar detalles sobre los alcances del decreto, limitándose a decir que «nada estará fuera de la ley». Mientras tanto, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, no emitió comentarios al respecto.
Cambios en las paritarias docentes
En paralelo, el gobierno publicó el DNU 341/2025, que elimina la participación directa del Estado en las negociaciones salariales docentes a nivel federal.
Ahora, el Consejo Federal de Educación y los sindicatos nacionales serán los encargados de definir condiciones laborales, salarios mínimos, calendario escolar y carrera docente.
La Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, solo intervendrá para revisar la viabilidad fiscal de los acuerdos, pudiendo rechazarlos si no se ajustan al presupuesto.
Esta decisión se fundamenta en la transferencia previa de los servicios educativos a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, consideradas las empleadoras directas de los docentes.
El cambio busca descentralizar las negociaciones, pero genera incertidumbre sobre el rol del Estado nacional en el sistema educativo.
Un contexto de desregulación
El DNU 340/2025 se enmarca en una serie de desregulaciones impulsadas por el gobierno, particularmente en la marina mercante.
La norma lleva la firma de Milei y de los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa, Economía, Justicia, Seguridad, Salud, Capital Humano y Desregulación del Estado, reflejando un amplio respaldo dentro del Ejecutivo.
Sin embargo, su impacto en los derechos laborales y educativos promete seguir generando debate.
Con una denuncia a cuestas por infracciones al Código Penal, la titular de la Administración Nacional de Aviación civil (ANAC), María Julia Cordero, presentó la renuncia a su cargo. La dimisión se da en el marco de versiones que indican que se encuentra a la firma del presidente Javier Milei, la fusión de este organismo con el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA).
La renuncia habría sido presentada ayer y ya le fue aceptada por el Gobierno y aunque aún no se ha anunciado oficialmente, fue confirmada en off por fuentes vinculadas con el la actividad aerocomercial, señalan desde la Agencia NA.
Cordero había sido designada al frente de ANAC en enero por Decreto 14/2025, tras haber ejercido el cargo de interventora desde el mes de julio.
La salida de Cordero se da en momentos en que se están gestando una serie de reformas que viene llevando adelante el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que incluyen la fusión de la ANAC y el ORSNA en un solo organismo, que abarcará también a la Subsecretaría de Transporte Aéreo, hoy a cargo de Hernán Gómez.
Según los trascendidos de fuentes vinculadas al Gobierno, Cordero no era la elegida para estar al frente del nuevo organismo, por lo que se anticipaba que presentaría su renuncia ya desde hace unos días.
Lo cierto es que Cordero es parte de la investigación que lleva adelante Carlos Alberto Rívolo, Fiscal Federal a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 2 de la ciudad de Buenos Aires, en la Investigación Preliminar nro. 67/2025 “DELITO DE ACCION PUBLICA” (art.8 de la ley 27.148), por presunta infracción del artículo 190 del Código Penal.
La ANAC había suspendido temporalmente el taller de Flybondi en Ezeiza el 4 de octubre de 2024 y el 24 del mismo mes instó a la empresa a acatar la suspensión porque había detectado acciones de mantenimiento sobre distintos aviones de la firma (aeronaves LV-KDR, LV-KDQ y LV-KEF) realizadas en el lugar.
Pro, como si nada, después del 24 de octubre también se constató que continuó llevando a cabo tareas de mantenimiento en el mismo taller, en contraposición a la suspensión temporal por parte de la ANAC que lo permitió.
La represión parece ser la nueva normalidad de los miércoles.
En una nueva marcha de jubilados en inmediaciones del Congreso y luego de la fallida sesión por falta de quorum en la Cámara de Diputados donde se buscaba tratar un incremento en los haberes, extensión de la moratoria previsional y la actualización del bono, las fuerzas de seguridad reprimen este miércoles por la tarde y se registraron heridos y la detención de varios manifestantes, así como ataques a la prensa.
Los jubilados arriba de la vereda y la Gendarmería cortando la calle. Pato Bullrich, no lo entenderías. pic.twitter.com/eYRigMOSde
En medio de la represión, un fotógrafo resultó herido por los efectivos y luego lo detuvieron. «Lo acorralaron, no estaba haciendo nada. Estaba cubriendo, sacando fotos y se lo llevaron de la nada», explicó una joven que observó la situación, quien también mencionó que fueron varias personas más las que fueron detenidas por la Policía. Según testimonios, el trabajador de prensa fue identificado como Tomás Cuesta.
Esa persona que golpea y detiene la policía no es un terrorista. Es el fotógrafo Tomas Cuesta, que fue brutalmente reprimido hoy en Congreso mientras estaba trabajando. Así trabajamos.
Así golpean y gasean a trabajadores de prensa y a jubilados. ¿Ya nos acostumbramos a esto? pic.twitter.com/wxlaTPnMXe
Pasadas las 18, eran más de 80 personas las que fueron asistidas por el efecto del gas pimienta y por golpes, así como unas 14 personas quedaron detenidas pese a que no rompieron con el reglamento del protocolo.
“Sin argumentos me dieron un palazo de lleno en la cabeza”, dice el periodista Diego Gómez. “No quieren que mostremos lo que hacen con los jubilados todos los miércoles”. También detuvieron agresivamente al fotógrafo Tomás Cuesta. ¡Sin libertad de expresión, no hay democracia! pic.twitter.com/UcstowflLf
— La Garganta Poderosa (@gargantapodero) May 21, 2025
El gobernador Axel Kicillof realizó junto al Comité de Emergencia un relevamiento de la situación en cada uno de sus municipios afectados por las inundaciones.
La provincia de Buenos Aires denunció que el gobierno de Javier Milei paralizó 10 obras que hubieran aliviado los efectos de la inundación por las intensas tormentas del fin de semana pasado.
En conferencia de prensa el gobernador Axel Kicillof explicó que reclamarán los recursos que corresponden a la provincia en caso de catástrofes y emergencias pero que es decisión de Nación habilitarlos: “Hay un fondo específico que asciende a casi un billón de pesos que ha sido acumulado por el gobierno nacional para asistencia al Tesoro Nacional en caso de catástrofes y cuestiones financieras. Se lo ha absorbido el Tesoro Nacional, así que vamos a pedir asistencia. Es plata de todas las provincias para casos de emergencia. No es una dádiva, no es un favor, es algo que debería ser”.
Sobre el Fondo destinado para infraestructura que sale del precio del combustible por lo que se abona en las estaciones de servicio y que asciende a unos 175 millones de pesos “también se debería haber destinado a la obra pública”.
Por su parte, señalan desde la Agencia FARCO, el ministro de Obras Públicas bonaerense, Gabriel Katopodis, señaló que La Libertad Avanza paralizó 10 obras el 10 de diciembre de 2023 en la provincia “que estaban licitadas o en ejecución. Quedaron paralizadas, desfinanciadas”.
Los sueldos de quienes realizan tareas de investigación en las casas de estudios superiores cayó 1,4% en abril en términos reales. El gobierno nacional anunció el pasado miércoles que la inflación alcanzó el 2,8% en abril. Con este número, continúa la tendencia a la baja de los salarios de investigadores científicos que desarrollan tareas en el CONICET y en Universidades Nacionales y en organismos dependientes del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) ya que cayeron un 1,4% en el mes en términos reales.
Tomando como base el mes de noviembre de 2023 (último mes liquidado por la anterior gestión), a abril de 2025 los salarios CONICET (CIC-CPA y Becas) caen punta a punta en diecisiete meses un 34,7% real, docentes investigadores en UUNN lo hacen un 27,9% y el escalafón SINEP un 25,6%.
Según señala la curva, los mejores salarios reales fueron percibidos por los científicos durante la gestión de Cristina Kirchner.
Al 30/04 se ha ejecutado el 32,5% del inciso 1 (salarios), tres puntos por encima de la línea teórica de ejecución (29,5%). Dada la creciente nominalidad de la economía este desfasaje tenderá a ampliarse, requiriendo la ampliación de fondos para el inciso a costa de otros objetos de gasto, a medida que avance el año.
