Milei vetó las leyes de jubilaciones y discapacidad: ajuste sin límites
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Milei vetó las leyes de jubilaciones y discapacidad: ajuste sin límites

 

Ahora el debate se traslada a la Cámara de Diputados.

En un nuevo acto de desprecio por los sectores más vulnerables, Milei firmó este sábado los vetos a las leyes votadas en el Congreso que beneficiaban a jubilados y personas con discapacidad. Las normas habían sido aprobadas en ambas cámaras, pero el Gobierno decidió hacerlas caer bajo el argumento de que son “fiscalmente inviables”. El ajuste no se detiene ni ante la emergencia social.

Los decretos de veto se publicarán este lunes en el Boletín Oficial, confirmaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas. Desde el Ejecutivo optaron por dilatar la firma para que no se reabra de inmediato el debate en Diputados, donde temen una derrota si la oposición logra los dos tercios necesarios para rechazar el veto.


Maniobra dilatoria y negocios con gobernadores

No es casualidad: mientras pateaba los plazos, la Casa Rosada avanzó con una serie de negociaciones subterráneas con gobernadores y bloques “amigables” para asegurarse que el Congreso no revierta la medida. Según trascendió, se están ofreciendo Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y acuerdos políticos de cara a las elecciones de octubre.

El oficialismo necesita ganar tiempo y blindar voluntades para que el rechazo al veto no prospere. En paralelo, distintos sectores comienzan a calentar motores con movilizaciones y protestas que podrían cristalizarse en las calles frente al Congreso.


Las leyes vetadas: un alivio que duró poco

Dos proyectos con amplio respaldo legislativo quedaron en la mira del ajuste libertario:

  • Nueva fórmula jubilatoria: combinaba aumentos por inflación y por mejoras salariales, con un piso de actualización que dejaba atrás la discrecionalidad de los aumentos por decreto. Fue impulsada por el peronismo y sectores dialoguistas, buscando restituir algo de dignidad a millones de jubilados que hoy cobran haberes de miseria.
  • Emergencia en discapacidad: declaraba la emergencia nacional en el área y proponía garantizar prestaciones básicas, transporte y atención integral, luego de meses de recortes, discontinuidades y promesas incumplidas. Una respuesta mínima a la demanda de cientos de organizaciones del sector.

Ambos proyectos eran una respuesta concreta al brutal ajuste que viene ejecutando Milei desde el 10 de diciembre, y contaron con fuerte acompañamiento social, sobre todo de los propios afectados.


El argumento del déficit cero y la motosierra que no frena

Como ya lo había anticipado públicamente, Milei repite que no va a firmar “ninguna ley que implique aumentar el gasto público”. Alineado con el recetario del Fondo Monetario Internacional y de sus socios del poder económico, insiste con su cruzada para alcanzar el déficit cero, cueste lo que cueste.

El problema es que el costo no lo pagan los bancos, ni los grandes grupos económicos, ni los que fugaron dólares con Macri. Lo pagan los jubilados, las personas con discapacidad, los que menos tienen. Y eso no es eficiencia fiscal: es crueldad institucionalizada.


¿Qué puede pasar ahora?

Para revertir el veto presidencial, ambas cámaras del Congreso deberían rechazarlo con una mayoría especial de dos tercios. Pero el Gobierno apuesta a que la oposición no consiga los votos necesarios en Diputados, donde La Libertad Avanza tiene más margen de maniobra con sus aliados circunstanciales.

Si los números no cierran para frenar el veto, el ajuste seguirá su curso sin obstáculos institucionales. Pero en la calle, la bronca crece, y cada vez más voces se suman a la resistencia contra un modelo que gobierna para unos pocos.

 

La trama secreta de Martín Menem y Aguirre: contratos millonarios, facturas truchas y negocios cruzados en Osprera
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La trama secreta de Martín Menem y Aguirre: contratos millonarios, facturas truchas y negocios cruzados en Osprera

 

Mientras la motosierra de Milei destroza derechos y salarios, sus socios se llenan los bolsillos con contratos oscuros y empresas fantasmas. El escándalo que salpica a Martín Menem ya llegó a la Justicia.

El gobierno de Milei suspendió un contrato millonario entre la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (Osprera) y la empresa HTECH Innovation S.A., propiedad de Sergio Andrés Aguirre, quien no es otro que socio directo del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en otra firma privada.

La medida fue tomada por el actual interventor de Osprera, Marcelo Petroni, tras la difusión de graves irregularidades en la facturación de servicios informáticos, y mientras el caso avanza en la Justicia federal bajo el juzgado de Ariel Lijo. Osprera ya informó la decisión a la Superintendencia de Servicios de Salud, señalando que se realizarán dos auditorías sobre la contratación de HTECH, que permanece bajo investigación judicial.

Una sociedad entre negocios, facturas y poder

La empresa HTECH Innovation fue creada en abril de 2024, apenas unos meses después de la llegada de Milei a la Rosada, y logró acceder a contratos jugosos con la obra social intervenida por el propio gobierno. ¿Casualidad? Difícil de creer.

HTECH está en manos de Sergio Aguirre, quien mantiene una sociedad comercial con Martín Menem en la empresa TR Nutrition, dedicada a la importación y venta de suplementos vitamínicos. Según consta en la declaración jurada del propio Menem, el riojano posee el 50% de las acciones de esa empresa. Antes de su salto a la función pública, Menem se dedicaba de lleno a ese rubro, vendiendo productos con su marca GenTech, como ya reveló Noticias La Insuperable en diversas investigaciones sobre sus empresas.

Facturas truchas y conexiones en la Rosada

La contratación de HTECH por parte de Osprera encendió todas las alarmas. Las primeras dos facturas que la empresa le giró a la obra social —por $40.251.879 y $7.733.119 respectivamente— tienen una peculiaridad: son las primeras que emitió la empresa en su historia, con numeración 0000001 y 0000002.

El convenio con HTECH, que arrancó durante la intervención de Virginia Montero, tenía un valor estimado de entre 16 y 20 millones de pesos mensuales, lo que arroja una facturación total superior a los $150 millones en nueve meses.

Pero eso no es todo: tanto Aguirre como Montero ingresaron a Casa Rosada, y según reveló C5N, se habrían reunido con Eduardo “Lule” Menem, primo de Martín y uno de los operadores clave del gobierno de Milei. Esta conexión directa con el poder refuerza las sospechas de que se trató de un negocio armado entre amigos, usando la obra social de los trabajadores rurales como caja.

La intervención de Osprera, los negocios del clan Menem y la denuncia judicial

La intervención de Osprera fue dispuesta por el gobierno en agosto de 2024, aduciendo deudas y un fuerte déficit. Poco después, como si nada, se contrató a la flamante HTECH para «modernizar» sistemas.

La causa judicial, que ya tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo, avanza por la denuncia presentada por los abogados de José Voytenco, el titular desplazado de UATRE, quien está en conflicto abierto con la intervención oficialista. El escándalo crece día a día, y la red de favores, contrataciones entre socios y uso del Estado como negocio privado ya no puede ocultarse.

¿Quién audita a los auditores?

Desde que comenzó el gobierno libertario, el relato de la “casta” fue la pantalla perfecta para ocultar el saqueo por parte de los propios libertarios y sus socios empresariales. Martín Menem, que llegó al Congreso declarándose «anticasta», hoy aparece como parte activa de una red que mezcla negocios personales, contratos públicos y relaciones familiares con el poder.

Este nuevo escándalo vuelve a dejar en evidencia la hipocresía de Milei y su círculo íntimo, mientras las y los trabajadores rurales ven deteriorarse su atención médica y se recortan prestaciones en nombre del ajuste.

 

DEMOCRACIA CERO: Lo detienen por repartir volantes de Nicolás del Caño
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DEMOCRACIA CERO: Lo detienen por repartir volantes de Nicolás del Caño

 

Gravísimo: detienen en Constitución a un militante del FIT por hacer campaña.

Por Roque Pérez para Noticias La Insuperable

En un hecho tan absurdo como preocupante, la Policía Federal detuvo este jueves a un militante del Frente de Izquierda que repartía volantes de Nicolás del Caño en la estación Constitución. Sí, en plena democracia (al menos en los papeles), parece que hacer campaña opositora es motivo de detención bajo la doctrina Bullrich.

El episodio ocurrió en el hall central de la estación, mientras el joven repartía volantes de Nicolás del Caño, candidato bonaerense del FIT. La escena fue registrada por testigos que filmaron el accionar policial y lo difundieron en redes sociales, donde rápidamente se viralizó.

“¿Por qué te lo querés llevar?”, “¿Cuál es el problema?”, “¿Por qué están haciendo esto?”, se escucha decir a varias personas que, atónitas, presenciaban el violento accionar de las fuerzas federales.

La democracia según Bullrich

El operativo fue protagonizado por un agente de la Policía Federal, quien arrastró al militante por la fuerza hasta una oficina de seguridad, donde lo mantuvieron demorado durante varios minutos sin dar ninguna explicación.

Pasada una hora, el joven fue liberado, aunque ni la Policía Federal ni el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich emitieron comunicado alguno sobre las razones de la detención. Porque claro: en el mundo libertario, repartir volantes se castiga, pero fugar divisas o tener offshores no.

La represión no discrimina

Este nuevo acto de criminalización de la militancia política se suma a la escalada represiva que el gobierno de Milei viene ejecutando desde diciembre. Protestar, organizarse, hacer campaña o simplemente expresar disidencia parecen haberse transformado en delitos para este gobierno que se autodenomina “libertario”, pero actúa como una dictadura de mercado.

Desde el FIT repudiaron el hecho y exigieron explicaciones al Ministerio de Seguridad. Pero hasta ahora, Bullrich sigue en silencio, como ya lo hizo frente a los gases en el Congreso, las represiones en Jujuy y la represión a jubilados en Puente Pueyrredón.

¿Quién sigue?

Lo sucedido en Constitución no es un hecho aislado, sino una advertencia. Hoy fue un militante de izquierda; mañana puede ser cualquiera que reparta un volante, una carta o simplemente tenga una remera con una consigna que incomode al poder.

Lo que está en juego no es solo la libertad de expresión, sino la mismísima idea de democracia. Una democracia que Milei y Bullrich están desmantelando a fuerza de miedo, palos y detenciones arbitrarias.

 

Magario le marcó la cancha a Milei: «Es hora de ponerle un freno»
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Magario le marcó la cancha a Milei: «Es hora de ponerle un freno»

 

En declaraciones a C5N, Verónica Magario cargó duramente contra el gobierno de Milei. Habló del ajuste salvaje, del colapso del sector productivo y de una sociedad que ya no se traga el verso libertario. “Es hora de frenar a Milei”, afirmó sin eufemismos.

Un quiebre en la percepción social

“Entre mayo y junio hubo un quiebre real”. Así lo expresó la vicegobernadora bonaerense al analizar el cambio de ánimo social frente al experimento anarcocapitalista de Milei. Según Magario, “por más que lo quieran tapar, la gente ya se dio cuenta del desastre que es este gobierno”.

“Es hora de frenar a Milei, de decirle que no podemos seguir así, y la mejor forma es sumando fuerzas”, disparó, con un mensaje que empieza a resonar fuerte en el territorio bonaerense.


Una economía que no aguanta más

La funcionaria también apuntó contra el modelo económico libertario, que está dejando tierra arrasada: “El sector productivo se está quedando sin trabajo”, señaló. Y no es novedad: ya en Noticias La Insuperable advertimos sobre el cierre masivo de fábricas y la pérdida de empleo industrial.

La motosierra, esta vez, no fue una metáfora. Fue una política económica que castiga a quienes trabajan y producen.


Tarifazos que destruyen el bolsillo

Magario también denunció la brutal suba del transporte: “Las tarifas están atadas a la suba del dólar, con lo cual automáticamente se traslada a todos los precios”. Y mientras los sueldos siguen congelados o licuados, el acceso a derechos básicos se vuelve un privilegio.

“Un médico no puede estar ganando un millón y medio de pesos. Un jubilado no puede tomar el medicamento un día sí y otro no”, sentenció.

Ya lo mostramos en esta redacción: los jubilados sobreviven con combos de cafetería mientras Milei festeja el superávit.


Turismo para pocos, ajuste para todos

La vicegobernadora también se refirió al impacto de las vacaciones de invierno: “Hubo solo un 30 % de ocupación, pero en la hotelería 4 y 5 estrellas. El resto no puede vacacionar”. Y eso, dijo, muestra con claridad que se está armando un país con dos clases: los que pueden y los que no.

Una postal repetida del modelo mileísta: el país del sálvese quien pueda.


Frenar el desastre, reconstruir lo que dejaron

El mensaje de Magario no es solo diagnóstico: también es político. Frente al colapso del modelo, llamó a la unidad para recuperar un rumbo distinto: “Hay que frenar a Milei. Y la mejor forma es sumando fuerzas”.

Desde la provincia, el peronismo empieza a construir una salida. Con los pies en la tierra y los oídos en la calle.

 

El vocero de la Sociedad Rural se suma al Gobierno como nuevo interventor de medios públicos
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El vocero de la Sociedad Rural se suma al Gobierno como nuevo interventor de medios públicos

 

Carlos Curci reemplazará a Eduardo González, quien presentará su renuncia por motivos personales. La medida se oficializó tras la participación de Milei en el acto de inauguración de la Expo 2025.

El hasta ahora vocero de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Carlos Curci, dejará su puesto para sumarse al Gobierno como nuevo interventor de medios públicos, un cambio que se venía conversando pero se confirmó tras la participación de Milei en el acto de inauguración de la Expo 2025.

Curci, profesional del área de Comunicaciones y Relaciones Públicas, reemplazará a Eduardo González, quien presentará su renuncia esta semana ya que debe hacer un viaje prolongado al exterior por motivos personales, según informó la agencia Noticias Argentinas.

El periodista y consultor tiene muy buena relación con el subsecretario de Prensa, Javier Lanari, uno de los candidatos a suceder a Manuel Adorni en diciembre, cuando el portavoz presidencial deberá renunciar a su cargo para asumir su banca en la Legislatura porteña.

Con la llegada de Curci, el objetivo del Gobierno es seguir reduciendo la inversión que se destina a los medios públicos y «ordenar» su funcionamiento. Esto incluye a Radio Nacional, la TV Pública, Contenidos Públicos Sociedad del Estado y la Agencia de Publicidad del Estado Sociedad Anónima Unipersonal (Apesau), ex Télam.

Según informó La Nación, González tenía planeado llevar adelante un recorte del 40% sobre la estructura de Radio y Televisión Argentina (RTA), en su mayor parte a través de una reducción de la planta y nuevos retiros voluntarios. La ejecución de este ajuste quedará a cargo de Curci.

En febrero pasado, mediante la decisión administrativa 5/2025 que se publicó en el Boletín Oficial, el Gobierno prorrogó por un año la intervención de RTA. En el caso de Apesau, la medida se extenderá hasta que «se designen a las autoridades».

 

El emporio millonario del hijo de Bullrich: 70 bares, una denuncia congelada y muchas sospechas
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El emporio millonario del hijo de Bullrich: 70 bares, una denuncia congelada y muchas sospechas

 

Una cadena de 70 locales que creció de la noche a la mañana, inversiones millonarias sin respaldo claro, y vínculos directos con Patricia Bullrich. ¿Negocio familiar o una fachada para blanquear dinero?

Por Osvaldo Peralta para EnOrsai

Mientras la ministra de Seguridad Patricia Bullrich predica orden, legalidad y transparencia, su entorno íntimo levanta sospechas cada vez más graves. Con una cadena de cafeterías que brotó como hongos en todo el país, surge la pregunta inevitable: ¿de dónde salió el dinero para montar un emporio valuado en decenas de millones de dólares? El silencio de la justicia y de los medios tradicionales solo refuerza la sospecha.

La denuncia fue realizada en el programa de investigación periodística, «TLN Denuncia», conducido por Tomás Méndez, que se emite por Canal 9.

¿Puede una persona pasar de monotributista a empresario gastronómico multimillonario en apenas unos años, sin antecedentes comerciales, sin trayectoria previa, sin capital declarado y sin siquiera levantar una ceja del sistema judicial o los grandes medios? En la Argentina de Javier Milei, sí. Si además se tiene como madre a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, las preguntas no solo se hacen más incómodas: se convierten en un riesgo político.

La historia que rodea a la cadena de bares Tostado Café Club no es nueva, pero la acumulación de hechos, documentos y omisiones construye un relato cada vez más difícil de justificar. El punto de partida es tan insólito como revelador: en 2015, cuando aún no se había formalizado ninguna sociedad, Patricia Bullrich promocionaba entusiasta en sus redes sociales a Tostado, al que calificaba como “el bar más rico de Buenos Aires, Córdoba y Paraná”. No era una reseña desinteresada. Era, sin más, un mensaje publicitario con tono de campaña personal.

La sociedad Tostado Franquicia S.A. se crea oficialmente en 2021. ¿Quién aparece como presidente y titular de la firma? El hijo de la ministra. ¿Quién aparece como director suplente? Magalí Oppenheimer, quien un año más tarde cede sus acciones a Fernando Goijman. Resultado: el hijo de Bullrich queda como socio mayoritario con 3.325 cuotas, contra 175 de su nuevo socio.

En paralelo, se constituye Tostado Branding S.A., otra sociedad con domicilio declarado en Beruti 3822, es decir, la misma dirección de Patricia Bullrich. Los firmantes vuelven a ser los mismos: su hijo como director titular y Goijman como director suplente. Todo queda entre amigos. O entre familia.

Hasta aquí, podría decirse que se trata de una jugada comercial audaz y bien ejecutada. Pero la historia empieza a crujir cuando se mira con lupa la magnitud del emprendimiento. Hoy la cadena cuenta con 70 locales distribuidos en todo el país: shoppings, aeropuertos, zonas premium de CABA, Córdoba, Mendoza y Posadas. Una expansión que, según estimaciones conservadoras, demandó al menos 37 millones de dólares en inversión. ¿De dónde salió semejante flujo de capital?

El hijo de la ministra, que inició su carrera como monotributista en una dependencia estatal durante el macrismo, no registra ningún otro emprendimiento comercial que justifique ese nivel de fondos. A menos que uno acepte sin chistar el cuento oficial de las “franquicias”. Esa figura jurídica puede servir como pantalla para justificar crecimiento acelerado y desproporcionado. Pero incluso el modelo franquiciado requiere una inversión inicial significativa, una marca consolidada y un respaldo financiero que justifique el desembarco masivo en distintos puntos del país.

Más aún: en 2024, apenas unas semanas después de que Bullrich consolidara su alianza con el presidente Javier Milei, los titulares de Tostado Franquicia S.A. y Tostado Branding S.A. renuncian a sus cargos y transfieren las empresas a “familiares directos”. El movimiento fue fechado el 22 de enero. ¿Casualidad o maniobra preventiva ante posibles investigaciones futuras?

Una escena grabada durante la investigación del programa TLN Denuncia en 2023 es especialmente ilustrativa: un productor entra a uno de los locales Tostado en plena construcción y, al preguntar por la ministra, se encuentra cara a cara con su hijo, dirigiendo las obras. ¿Qué empresario millonario supervisa la colocación de mampostería en persona? ¿O es que estamos ante un emprendimiento tan “familiar” que no se puede delegar?

No se trata solo de percepción pública o sospechas mediáticas. Hay una denuncia penal presentada por un abogado televidente del programa. Sin embargo, como suele pasar cuando el poder está involucrado, la causa duerme en un cajón judicial. Está “freezada”, como si el frío procesal sirviera para que las pruebas se desvanezcan. El patrón es conocido: justicia selectiva, que reacciona con celeridad ante ciertas figuras políticas, pero que se paraliza ante otras.

El caso de la familia Kirchner, con las causas Hotesur y Los Sauces, sirve como parámetro. Allí también se investigó lavado de dinero y admisión de dádivas a través de empresas familiares. Pero mientras a Cristina Fernández y a su hijo Máximo los cubrieron con un manto de sospechas judiciales y persecución mediática sistemática durante años, la historia de los Tostado de Bullrich apenas se rozó en algunos medios. Y fue rápidamente silenciada.

¿Será que el poder real, ese que Javier Milei finge no ver mientras lo cultiva, se protege a sí mismo? ¿Será que no hay voluntad de investigar porque hacerlo sería tocar las fibras de una red mucho más grande de blanqueo, retornos y negocios cruzados entre funcionarios, empresarios y lobbistas?

La omisión en las declaraciones juradas de la ministra y de su hijo es otro punto crítico. ¿Cómo se explica que un emprendimiento de tal magnitud, con domicilio declarado en la casa de la funcionaria, ni siquiera figure en los documentos oficiales? La respuesta es simple: no se puede explicar. Es una irregularidad flagrante, que en otro país dispararía una investigación inmediata.

Pero aquí no pasa nada. Los periodistas que se animaron a tocar el tema fueron la excepción. La mayoría de los grandes medios prefirió mirar para otro lado. No vaya a ser cosa que, al investigar demasiado, terminen afectando intereses de quienes hoy manejan la botonera del poder.

Este caso pone al descubierto una trama que excede a la ministra. Es un síntoma de algo mucho más profundo: la connivencia entre política, negocios y estructuras de impunidad. Mientras se ajusta a la sociedad, se achica el Estado y se militariza la protesta, las redes del privilegio siguen operando con absoluta impunidad. Porque Tostado no es solo una cafetería de moda. Es la postal de un país partido en dos: el de los que pagan con lo justo, y el de los que facturan sin rendir cuentas.