Ya estaría todo armado para ir juntos en las elecciones bonaerenses.
La sociedad entre La Libertad Avanza y el PRO en la provincia de Buenos Aires toma forma, luego de que la secretaria general de la Presidencia,Karina Milei, y el armador bonaerense, Sebastián Pareja, volviera a reunirse con el titular del PRO bonaerense, Cristian Ritondo.
Este nuevo intercambio se dio el pasado miércoles en el despacho del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en el Congreso de la Nación, y contó con la participación de suprimo Lule Menem -ambos mano derecha de la menor de los Milei- y por el PRO, el diputado Diego Santilli, y el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro.
La reunión configura la continuidad de una serie de acercamientos que tuvieron lugar en el último tiempo en post de conformar una alianza electoral para competir en las próximas elecciones legislativas bonaerense.
Según informan desde la agencia Noticias Argentinas, las conversaciones se dan de forma diaria, y hay “buena predisposición” de cerrar un acuerdo electoral entre las fuerzas para competir en la provincia y «ganarle al kirchnerismo”.
“Todavía no hay definiciones, pero se está trabajando fuerte en ese sentido. Antes de sellar la alianza, hay que ver particularidades de los 135 municipios y ver dónde hay posibilidades de acuerdo y en cuáles hay temas por resolver”, detallaron a este medio.
En la misma línea, aclararon: “Todavía tiene que pasar mucha agua bajo del puente para que haya una alianza”.
Desde las filas que lidera el expresidente Mauricio Macri, aseguran que el titular del PRO garantizó su respaldo al acuerdo en PBA y estaba al tanto de los acercamientos. “No está en la diaria de a ver con quién se reúne y qué se habla. Él bajó la directiva, marcó el camino, lo hizo público y los dirigentes llevan la diaria«, aseveraron.
Los referentes amarillos emularon la fotografía que se sacaron cuando visitaron Casa Rosada, algunas semanas atrás, aunque en esta oportunidad la imagen no salió a la luz. Se espera que adquiera visibilidad en las próximas horas.
El pasado lunes, luego de que el gobernador Axel Kicillof anunciara el desdoblamiento de los comicios, Ritondo y Santillicompartieron un café con Pareja, y dos días después, volvieron a verse las caras, esta vez con la dueña de la lapicera, la hermana del mandatario.
Pese a que José Luis Espert es el candidato designado por el presidente Javier Milei, no suele participar de la mesa chica de los armados, y bastante al margen, solo se limita a reservar su lugar en la lista.
En Balcarce 50 dan por descontado la coordinación con referentes del PRO, casi haciendo oídos sordos a las críticas que el exmandatario le profesa casi a diario a Karina Milei.
“Tenemos una gran relación, hay muchas cosas que nos juntan y estamos trabajamos en poder avanzar en esta integración de ideas», supo definir Ritondo el 17 de marzo, tras visitar el despacho ubicado en el primer piso de Casa Rosada.
Con el rumbo establecido, las terminales de los principales competidores del kirchnerismo acercan posiciones y cierran filan con la provincia como terreno de disputa.
La decisión fue oficializada este jueves en el Boletín Oficial.
Milei sigue rematando a la Argentina y, en esta oportunidad, fijó plazo para convocar a un concurso público que permita avanzar en la licitación de las centrales hidroeléctricas del Comahue, ubicadas sobre el Río Limay en Neuquén y Río Negro, mientras continúa vigente la prórroga de las concesiones actuales.
«Establécese un plazo de QUINCE (15) días contados a partir de la publicación del presente para llamar al Concurso Público Nacional e Internacional, dispuesto por el Decreto N° 718 del 9 de agosto de 2024, modificado por el Decreto N° 895 del 9 de octubre de 2024, con el fin de proceder a la venta del paquete accionario mayoritario o controlante de cada una de las siguientes sociedades, a saber: ALICURÁ HIDROELÉCTRICA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, CHOCÓN HIDROELÉCTRICA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, CERROS COLORADOS HIDROELÉCTRICA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA y PIEDRA DEL ÁGUILA HIDROELÉCTRICA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA», señala el artículo 1 del Decreto 263/2025 publicado hoy en el Boletín Oficial.
La medida lleva la firma de Milei y de funcionarios del gabinete económico. El Ejecutivo responde así a un pedido conjunto de los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa, y Río Negro, Alberto Weretilneck, quienes solicitaron más tiempo para que los equipos técnicos provinciales puedan analizar el proceso de privatización y formular observaciones.
Las cuatro represas involucradas en este proceso fueron transferidas a nuevas sociedades creadas por ENARSA y Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) mediante el Decreto 718/2024, que establecía un plazo inicial de 180 días para convocar el concurso de privatización. Luego, el Decreto 895/2024 modificó ese cronograma e incorporó a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas como ente coordinador del proceso, en conjunto con la Secretaría de Energía.
Con la prórroga ahora oficializada, el Gobierno ratifica su intención de avanzar con la venta de activos estratégicos, aunque busca dar espacio a la participación de las provincias involucradas y de los organismos interjurisdiccionales que gestionan los recursos hídricos del sistema energético nacional.
Mientras exige transparencia y ficha limpia para otros, la candidata PRO carga con un historial opaco de favores estatales, irregularidades documentales y contrataciones directas a empresas de su entorno familiar.
Por Walter Onorato y Guillermo Carlos Delgado Jordan
La candidata bendecida por Mauricio Macri para encabezar la lista en la Ciudad de Buenos Aires, Silvia Lospennato, no solo carece de domicilio en el distrito que pretende representar, sino que arrastra un largo historial de contratos millonarios adjudicados a empresas dirigidas por su esposo y su cuñada. La bandera de la ética, cuando es sostenida por manos tan sucias, no solo es un acto de cinismo: es un insulto a la inteligencia colectiva.
Silvia Gabriela Lospennato tiene algo de camaleónica y mucho de contradictoria. Su carrera política, alimentada a base de acomodos estratégicos y lealtades convenientes, está teñida por un patrón tan repetido como revelador: estar siempre en el lugar donde el poder ofrece sombra, visibilidad y contratos. Hoy, ungida por Mauricio Macri como la candidata del PRO para las elecciones legislativas de mayo en la Ciudad de Buenos Aires, se alza con fuerza discursiva bajo la consigna de la “ficha limpia”. Pero basta un repaso mínimo por su trayectoria para notar que es precisamente lo que no tiene.
En 2015, Lospennato fue electa diputada por la provincia de Buenos Aires. Y no fue la primera vez que intentó colarse en el Congreso desde ese territorio. Ya en 2009 figuraba en las listas de Francisco de Narváez, tras haberse desempeñado como funcionaria del gobernador Daniel Scioli. Su migración al macrismo se dio en simultáneo con la de su jefe político de entonces, Emilio Monzó, y fue, desde un inicio, un pase sin escrúpulos ni convicciones claras. Hoy, de repente, es candidata en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué cambió? Nada. Ni siquiera su domicilio.
Leandro Santoro lo dijo sin medias tintas: “Silvia Lospennato no está empadronada en CABA y no va a votar el 18 de mayo”. Así, la pretendida representante de los porteños ni siquiera tiene arraigo legal en el distrito. Y esto no es un tecnicismo menor, sino una violación explícita de la normativa electoral, que exige al menos dos años de residencia en el distrito de postulación. Esta no es la primera vez que Lospennato juega con domicilios falsos para colarse en una lista: en 2009, la Justicia ya le había bajado el pulgar cuando quiso presentarse en Buenos Aires sin acreditar adecuadamente su residencia. Lo más bochornoso: como “prueba” presentó una escritura a nombre de su marido —Fernando Lucas Depalma— y de su cuñada, Anabella, de un inmueble en Francisco Álvarez, en el que ni ella figuraba.
Ese mismo esposo, hoy prolijamente oculto de sus declaraciones y actos públicos, es el eje de otro de los grandes escándalos que rodean a Lospennato. Fernando Lucas Depalma es director de la Editorial Hammurabi, una empresa que desde hace años factura millones en contratos directos con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En un país donde miles de editoriales independientes se disputan las migajas de la cultura, Hammurabi goza de la exclusividad de negocios con el Estado porteño sin pasar por licitaciones abiertas ni procesos competitivos.
En 2024, por ejemplo, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad firmó la Contratación Directa N° 2-0012-CDI24 con Hammurabi S.R.L., por un total superior a los 9 millones y medio de pesos. ¿El objeto? Adquisición de material bibliográfico. En paralelo, la Dirección General de Administración de CABA contrató a Hammurabi Digital SH —también dirigida por Depalma y su hermana— para una suscripción anual exclusiva. El patrón se repite: contrataciones directas, montos elevados, favoritismo escandaloso.
Pero la cosa no queda ahí. Anabella Depalma, la cuñada de Lospennato, también forma parte del equipo editorial y, desde 2022, integra la planta contratada de la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno porteño. El círculo se cierra con eficiencia: editorial proveedora del Estado, directores familiares de la candidata y su cuñada colocada estratégicamente dentro del mismo aparato que les compra. ¿Lobbies institucionalizados o corrupción estructural? No hace falta ser malicioso para encontrar la respuesta.
Todo este andamiaje es cuidadosamente silenciado por la diputada del PRO, quien ha hecho un esfuerzo quirúrgico por mantener alejada su vida privada de su actividad pública. El motivo es evidente: su esposo y su cuñada son engranajes clave en un mecanismo aceitado de negocios con el Estado que se repite año tras año. Y mientras la editorial Hammurabi se vuelve una suerte de ministerio paralelo del saber jurídico, con contratos que se renuevan sin competencia, Lospennato pontifica en los medios sobre la necesidad de “transparencia” y “ética pública”.
La farsa no solo indigna por su cinismo, sino porque se presenta envuelta en el celofán de la moral republicana. ¿Ficha limpia? ¿Dónde empieza y dónde termina el concepto? ¿Alcanza con no tener una condena penal para ser considerado íntegro? ¿Y qué pasa con quienes hacen del Estado una caja registradora privada a través de familiares y amigos? La ley podrá no alcanzarla, pero la ética política la aplasta.
La doble moral de Lospennato también se evidencia en sus vaivenes ideológicos. Años atrás, fue funcionaria de Daniel Scioli. Luego migró sin rubores al universo macrista. Hoy, se erige como “la candidata de Macri” para recuperar protagonismo en un PRO desgastado y acorralado por sus propias internas. Pero nada de eso importa si la caja sigue funcionando, si los contratos siguen firmándose, si los vínculos con el Estado no se cortan. Esa es, al fin de cuentas, la verdadera boleta de Lospennato: una lista de contrataciones públicas con apellidos familiares.
¿Quién puede hablar de “ficha limpia” cuando ha construido su carrera sobre domicilios falsos, acomodos, y una maquinaria de negocios en la que el Estado es cliente obligado? ¿Cómo se atreve una candidata a exigir ética en la política mientras sus lazos más íntimos se enriquecen gracias al partido que la postula y a la gestión que dice representar?
Silvia Lospennato es mucho más que una contradicción: es el emblema de una clase política que simula decencia mientras factura, que declama transparencia mientras reparte contratos, que ondea banderas morales con las manos embarradas. Y si eso no mancha su ficha, el problema no es el currículum de la candidata, sino el sistema que la habilita.
La historia de los aranceles aduaneros no es una mera cronología de tasas impuestas al comercio. Es la historia misma del capitalismo en acción: su expansión territorial, sus crisis, sus contradicciones internas. Desde el mercantilismo hasta la OMC, los aranceles han sido usados como armas de guerra económica, instrumentos de acumulación primitiva y mecanismos de sujeción neocolonial. Lejos de ser un tecnicismo económico, son una pieza clave en la disputa por la hegemonía global y el control de la fuerza productiva mundial.
Por Walter Onorato
El origen: el arancel como muro del Estado burgués en gestación
La primera forma organizada de arancel aduanero surgió en paralelo a la consolidación del Estado moderno y al ascenso de la burguesía mercantil. En el siglo XVI, con el avance del mercantilismo, los aranceles eran percibidos como una herramienta de protección de los productores locales frente a la competencia extranjera. Pero ese relato, que hoy se repite como mantra tecnocrático, omite lo esencial: su rol en la acumulación originaria del capital.
Como señala el historiador marxista Eric Hobsbawm, el Estado absolutista no solo permitió la expansión del comercio sino que la organizó con fines estratégicos. La protección aduanera, más que una defensa de la industria nacional, era una forma de concentrar recursos en manos de la incipiente clase burguesa, mediante el monopolio comercial y la represión del pequeño productor rural o artesanal.
La instalación de tarifas sobre bienes importados no era una cuestión de eficiencia económica sino de poder político. Los aranceles, en efecto, consolidaban la soberanía fiscal del Estado moderno pero al mismo tiempo fortalecían el orden social clasista que lo sustentaba: se castigaba el consumo de bienes extranjeros por parte de los sectores populares mientras se incentivaba su uso por las élites, que podían sortear las barreras mediante privilegios comerciales y exenciones fiscales.
Siglo XIX: del proteccionismo a la expansión imperialista
La expansión del capitalismo industrial en el siglo XIX consolidó la función ambivalente del arancel. Por un lado, en los países centrales como Inglaterra, se propiciaba el libre comercio —una vez consolidada su supremacía industrial— mientras se imponían tarifas draconianas en las colonias para evitar el desarrollo de industrias locales. La hipocresía liberal era brutal: los que predicaban el laissez-faire eran los mismos que habían protegido ferozmente su industria hasta consolidarla.
El ejemplo paradigmático es el Reino Unido, que tras la derogación de las Corn Laws en 1846 comenzó a exigir a sus colonias la apertura irrestricta de mercados, mientras que el propio despegue industrial británico se había cimentado sobre siglos de proteccionismo feroz. Así lo señala Ha-Joon Chang, economista y crítico del liberalismo, en Kicking Away the Ladder (2002): las potencias utilizan el proteccionismo para ascender y luego imponen el libre comercio como dogma para evitar que otros asciendan.
En América Latina, los aranceles fueron una fuente crucial de ingresos para los Estados nacionales durante el siglo XIX, cuando el aparato fiscal era débil y las elites terratenientes se resistían a pagar impuestos. Sin embargo, el uso del arancel como herramienta de desarrollo fue bloqueado sistemáticamente por el capital extranjero. Los tratados desiguales, las guerras de deuda y las invasiones directas —como la de México por Francia en 1862 o las intervenciones británicas en el Río de la Plata— respondían, en muchos casos, a la negativa de los países periféricos a abrir sus economías a los productos europeos.
Siglo XX: industrialización, Bretton Woods y neoliberalismo
Durante la primera mitad del siglo XX, en particular tras la Gran Depresión de 1929, el proteccionismo regresó como medida de defensa económica. La caída del comercio mundial llevó a Estados Unidos a aprobar la Smoot-Hawley Tariff Act en 1930, elevando aranceles a niveles históricos. Sin embargo, lejos de ser una solución, esto precipitó una guerra comercial global que profundizó la crisis.
Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, el orden económico de Bretton Woods buscó limitar el uso de aranceles mediante instituciones como el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), antecesor de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Pero este «libre comercio» era, en realidad, la imposición de reglas diseñadas por las potencias vencedoras, en especial EE. UU., para garantizar mercados a sus productos y flujos de capitales.
No obstante, durante los años del llamado «desarrollismo» en el Tercer Mundo —particularmente entre 1950 y 1975— muchos países aplicaron políticas de sustitución de importaciones, utilizando aranceles para proteger industrias incipientes. Argentina, Brasil, México, India y otros países buscaron romper la dependencia exportadora y construir autonomía económica. Sin embargo, estas políticas fueron asfixiadas sistemáticamente por la presión del FMI, la deuda externa y los golpes de Estado promovidos por las potencias imperiales.
Con la ofensiva neoliberal desde los años 80, los aranceles volvieron a reducirse dramáticamente. Bajo el paradigma del Consenso de Washington, el dogma del «libre comercio» volvió a imponerse como verdad incuestionable. Pero los países centrales continuaron protegiendo sectores clave —como la agricultura en EE. UU. o la siderurgia en Europa— mientras exigían apertura total a los países periféricos. El doble estándar se volvió regla.
Siglo XXI: guerra comercial, tecnología y neo-mercantilismo
La crisis de 2008 marcó un nuevo punto de inflexión. El discurso globalista comenzó a ser desafiado incluso desde las metrópolis. La guerra comercial entre Estados Unidos y China reveló que el arancel seguía siendo un arma fundamental de disputa geopolítica. La administración de Donald Trump elevó aranceles a productos chinos, apelando a la necesidad de «recuperar empleos industriales», mientras subsidiaba a sus propios productores.
Este retorno del proteccionismo no es una novedad, sino un retorno de lo reprimido: la contradicción estructural del capitalismo globalizado. Como señaló David Harvey en El nuevo imperialismo (2003), el capital necesita expandirse constantemente pero tropieza con sus propios límites, generando ciclos de crisis que solo pueden resolverse por medios violentos: guerras, endeudamiento forzado, destrucción creativa… o tarifas aduaneras.
En América Latina, mientras tanto, los gobiernos neoliberales —como el de Mauricio Macri en Argentina o Jair Bolsonaro en Brasil— redujeron los aranceles, destruyeron industrias locales y entregaron el mercado interno al capital transnacional. La consecuencia fue desempleo, desindustrialización y un retorno al modelo extractivista-exportador del siglo XIX.
El arancel no es técnico, es político
La historia de los aranceles aduaneros revela algo incómodo para las ortodoxias económicas: no hay política comercial neutral. Toda tarifa es una decisión política sobre quién gana y quién pierde, quién produce y quién consume, quién se desarrolla y quién queda sometido. Lejos de ser un resabio del pasado, los aranceles son hoy más relevantes que nunca como expresión de las tensiones del capitalismo global.
No se trata de defender o rechazar el proteccionismo en abstracto. Se trata de preguntarse: ¿proteccionismo para quién? ¿Para el pequeño productor o para el oligopolio local? ¿Para fortalecer el trabajo nacional o para garantizar rentas extraordinarias al empresariado prebendario? Lo que está en juego no es una tasa, sino un proyecto de país.
Fuentes académicas consultadas:
Hobsbawm, Eric. La era del capital: 1848–1875. Crítica, 1998.
Chang, Ha-Joon. Kicking Away the Ladder: Development Strategy in Historical Perspective. Anthem Press, 2002.
Harvey, David. El nuevo imperialismo. Akal, 2003.
Gallagher, Kevin P. «Understanding Developing Country Resistance to the Doha Round.» Review of International Political Economy, 2008.
Irwin, Douglas A. «The Smoot–Hawley Tariff: A Quantitative Assessment.» The Review of Economics and Statistics, 1998.
La historia de los aranceles aduaneros no es una mera cronología de tasas impuestas al comercio. Es la historia misma del capitalismo en acción: su expansión territorial, sus crisis, sus contradicciones internas. Desde el mercantilismo hasta la OMC, los aranceles han sido usados como armas de guerra económica, instrumentos de acumulación primitiva y mecanismos de sujeción neocolonial. Lejos de ser un tecnicismo económico, son una pieza clave en la disputa por la hegemonía global y el control de la fuerza productiva mundial.
Por Walter Onorato
El origen: el arancel como muro del Estado burgués en gestación
La primera forma organizada de arancel aduanero surgió en paralelo a la consolidación del Estado moderno y al ascenso de la burguesía mercantil. En el siglo XVI, con el avance del mercantilismo, los aranceles eran percibidos como una herramienta de protección de los productores locales frente a la competencia extranjera. Pero ese relato, que hoy se repite como mantra tecnocrático, omite lo esencial: su rol en la acumulación originaria del capital.
Como señala el historiador marxista Eric Hobsbawm, el Estado absolutista no solo permitió la expansión del comercio sino que la organizó con fines estratégicos. La protección aduanera, más que una defensa de la industria nacional, era una forma de concentrar recursos en manos de la incipiente clase burguesa, mediante el monopolio comercial y la represión del pequeño productor rural o artesanal.
La instalación de tarifas sobre bienes importados no era una cuestión de eficiencia económica sino de poder político. Los aranceles, en efecto, consolidaban la soberanía fiscal del Estado moderno pero al mismo tiempo fortalecían el orden social clasista que lo sustentaba: se castigaba el consumo de bienes extranjeros por parte de los sectores populares mientras se incentivaba su uso por las élites, que podían sortear las barreras mediante privilegios comerciales y exenciones fiscales.
Siglo XIX: del proteccionismo a la expansión imperialista
La expansión del capitalismo industrial en el siglo XIX consolidó la función ambivalente del arancel. Por un lado, en los países centrales como Inglaterra, se propiciaba el libre comercio —una vez consolidada su supremacía industrial— mientras se imponían tarifas draconianas en las colonias para evitar el desarrollo de industrias locales. La hipocresía liberal era brutal: los que predicaban el laissez-faire eran los mismos que habían protegido ferozmente su industria hasta consolidarla.
El ejemplo paradigmático es el Reino Unido, que tras la derogación de las Corn Laws en 1846 comenzó a exigir a sus colonias la apertura irrestricta de mercados, mientras que el propio despegue industrial británico se había cimentado sobre siglos de proteccionismo feroz. Así lo señala Ha-Joon Chang, economista y crítico del liberalismo, en Kicking Away the Ladder (2002): las potencias utilizan el proteccionismo para ascender y luego imponen el libre comercio como dogma para evitar que otros asciendan.
En América Latina, los aranceles fueron una fuente crucial de ingresos para los Estados nacionales durante el siglo XIX, cuando el aparato fiscal era débil y las elites terratenientes se resistían a pagar impuestos. Sin embargo, el uso del arancel como herramienta de desarrollo fue bloqueado sistemáticamente por el capital extranjero. Los tratados desiguales, las guerras de deuda y las invasiones directas —como la de México por Francia en 1862 o las intervenciones británicas en el Río de la Plata— respondían, en muchos casos, a la negativa de los países periféricos a abrir sus economías a los productos europeos.
Siglo XX: industrialización, Bretton Woods y neoliberalismo
Durante la primera mitad del siglo XX, en particular tras la Gran Depresión de 1929, el proteccionismo regresó como medida de defensa económica. La caída del comercio mundial llevó a Estados Unidos a aprobar la Smoot-Hawley Tariff Act en 1930, elevando aranceles a niveles históricos. Sin embargo, lejos de ser una solución, esto precipitó una guerra comercial global que profundizó la crisis.
Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, el orden económico de Bretton Woods buscó limitar el uso de aranceles mediante instituciones como el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), antecesor de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Pero este «libre comercio» era, en realidad, la imposición de reglas diseñadas por las potencias vencedoras, en especial EE. UU., para garantizar mercados a sus productos y flujos de capitales.
No obstante, durante los años del llamado «desarrollismo» en el Tercer Mundo —particularmente entre 1950 y 1975— muchos países aplicaron políticas de sustitución de importaciones, utilizando aranceles para proteger industrias incipientes. Argentina, Brasil, México, India y otros países buscaron romper la dependencia exportadora y construir autonomía económica. Sin embargo, estas políticas fueron asfixiadas sistemáticamente por la presión del FMI, la deuda externa y los golpes de Estado promovidos por las potencias imperiales.
Con la ofensiva neoliberal desde los años 80, los aranceles volvieron a reducirse dramáticamente. Bajo el paradigma del Consenso de Washington, el dogma del «libre comercio» volvió a imponerse como verdad incuestionable. Pero los países centrales continuaron protegiendo sectores clave —como la agricultura en EE. UU. o la siderurgia en Europa— mientras exigían apertura total a los países periféricos. El doble estándar se volvió regla.
Siglo XXI: guerra comercial, tecnología y neo-mercantilismo
La crisis de 2008 marcó un nuevo punto de inflexión. El discurso globalista comenzó a ser desafiado incluso desde las metrópolis. La guerra comercial entre Estados Unidos y China reveló que el arancel seguía siendo un arma fundamental de disputa geopolítica. La administración de Donald Trump elevó aranceles a productos chinos, apelando a la necesidad de «recuperar empleos industriales», mientras subsidiaba a sus propios productores.
Este retorno del proteccionismo no es una novedad, sino un retorno de lo reprimido: la contradicción estructural del capitalismo globalizado. Como señaló David Harvey en El nuevo imperialismo (2003), el capital necesita expandirse constantemente pero tropieza con sus propios límites, generando ciclos de crisis que solo pueden resolverse por medios violentos: guerras, endeudamiento forzado, destrucción creativa… o tarifas aduaneras.
En América Latina, mientras tanto, los gobiernos neoliberales —como el de Mauricio Macri en Argentina o Jair Bolsonaro en Brasil— redujeron los aranceles, destruyeron industrias locales y entregaron el mercado interno al capital transnacional. La consecuencia fue desempleo, desindustrialización y un retorno al modelo extractivista-exportador del siglo XIX.
El arancel no es técnico, es político
La historia de los aranceles aduaneros revela algo incómodo para las ortodoxias económicas: no hay política comercial neutral. Toda tarifa es una decisión política sobre quién gana y quién pierde, quién produce y quién consume, quién se desarrolla y quién queda sometido. Lejos de ser un resabio del pasado, los aranceles son hoy más relevantes que nunca como expresión de las tensiones del capitalismo global.
No se trata de defender o rechazar el proteccionismo en abstracto. Se trata de preguntarse: ¿proteccionismo para quién? ¿Para el pequeño productor o para el oligopolio local? ¿Para fortalecer el trabajo nacional o para garantizar rentas extraordinarias al empresariado prebendario? Lo que está en juego no es una tasa, sino un proyecto de país.
Fuentes académicas consultadas:
Hobsbawm, Eric. La era del capital: 1848–1875. Crítica, 1998.
Chang, Ha-Joon. Kicking Away the Ladder: Development Strategy in Historical Perspective. Anthem Press, 2002.
Harvey, David. El nuevo imperialismo. Akal, 2003.
Gallagher, Kevin P. «Understanding Developing Country Resistance to the Doha Round.» Review of International Political Economy, 2008.
Irwin, Douglas A. «The Smoot–Hawley Tariff: A Quantitative Assessment.» The Review of Economics and Statistics, 1998.
El expresidente aseguró que manipularon al líder libertario «hacia un proyecto de poder poniendo la energía donde me parece que no había que poner».
El expresidente Mauricio Macri se refirió a su vínculo con el actual mandatario Javier Milei y confirmó que no se juntan en Olivos desde fines de agosto del 2024 “cuando me invitaba a comer milanesas”. Además, consideró que el entorno “lo manipuló” hacia el poder.
Mi afecto a Milei sigue intacto, pero desde agosto del año pasado “ya no lo veo”. También detalló que se siente desilusionado: “Yo me metí en política soñando volver a darle a los argentinos las mismas oportunidades que tiene un australiano y él me dijo ‘en esa estoy’. Todo eso que soñamos, pensamos, lamentablemente nada sucedió”.
Consideró en una entrevista con Radio Rivadavia que no pudo hablar con Karina Milei por decisión de ella. “El entorno lo convenció y lo manipuló hacia un proyecto de poder, poniendo la energía donde no había que ponerla”, concluyó.
