Así se lo solicitó Jorge Borini a las fuerzas de seguridad.
El Tribunal Oral Federal 2 solicitó al Gobierno garantizar la seguridad para la detención de Cristina Kirchner y la movilización prevista para el miércoles bajo la convocatoria de «Argentina por Cristina».
La ex presidenta se presentará en los tribunales de Comodoro Py tal cual ordenó la Justicia, poniéndose a derecho.
El Ministerio de Seguridad de la Nación prepara un operativo especial para el traslado de Cristina Kirchner y la contención de la movilización, que se estima masiva.
Los tribunales y las fuerzas de seguridad están organizando el operativo para el miércoles, cuando vence el plazo establecido.
El Gobierno también evalúa la posibilidad de concederle a Cristina Kirchner la prisión domiciliaria antes de la presentación, para evitar la movilización y ocultar el impacto que lo dispuesto por la justicia impactó en el pueblo.
El abogado de Cristina Kirchner dialogó con Romina Manguel en su programa «A confesión de parte» y no tuvo piedad con la periodista.
El abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, advirtió que sería “catastrófico” si la Justicia le niega la posibilidad de cumplir su condena en su domicilio. Durante una entrevista con “A confesión de parte”, el programa de Romina Manguel en FM Milenium, Beraldi sostuvo que no se pueden vulnerar garantías por razones políticas: “Sería devastador que, por el hecho de que alguien tiene una identidad política o porque fue presidenta, se le negaran sus derechos”.
El letrado reafirmó que la ex presidenta cumplirá la pena, aunque insistió en que los fundamentos jurídicos presentados ante la Corte Suprema no han sido derrotados. “No pienso que el partido esté perdido”, sostuvo, asegurando que el proceso judicial contra Kirchner no fue justo.
«Armaron de esta causa una película para Netflix: inventaron un hecho y construyeron falsamente una historia», refirió, y aclaró que «de las 51 obras de Lázaro Báez que se investigan, 38 fueron antes del gobierno de CFK. En el voleo entró todo, es una aberración jurídica».
Una manifestación tuvo lugar en las puertas del Hotel Marquis Reforma, de la Ciudad de México, donde se aloja.
Bajo el canto de «Fuera lawfare de América Latina», argentinos residentes en México y ciudadanos mexicanos se manifestaron este fin de semana frente al hotel Marquis Reforma, donde el juez de la Corte Suprema argentina Carlos Rosenkrantz brindó una conferencia.
A donde vayan los iremos a buscar. Rosenkrantz huyó de vacaciones a México después de proscribir a Cristina y aumentarse el sueldo. Así lo esperan los argentinos en la puerta del hotel pic.twitter.com/tR6HO16k4u
— Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) June 15, 2025
Los manifestantes denunciaron lo que calificaron como una «persecución política» contra la expresidenta Cristina Kirchner, luego de que la Corte confirmara su condena en el caso Vialidad, inhabilitándola para competir en las próximas elecciones.
Civiles asesinados desde el cielo, niños quemados por bombas argentinas, un Estado paralizado por la cobardía y una élite que aún hoy justifica la infamia. El bombardeo a Plaza de Mayo fue mucho más que un intento fallido de golpe: fue una advertencia brutal al pueblo trabajador. La Historia oficial lo sepultó entre líneas, pero la deuda con la memoria persiste. ¿Hasta cuándo se negará esta masacre fundacional de nuestra violencia política contemporánea?
Aquel jueves 16 de junio de 1955, Buenos Aires amanecía como cualquier otro día. Sin embargo, hacia el mediodía, la ciudad se convertiría en el escenario del ataque más cruel y despiadado que haya sufrido su población civil. A plena luz del día, y sin que mediara guerra alguna, aviones de la Marina argentina bombardearon la Casa Rosada, el Ministerio de Guerra, la CGT, y principalmente, la Plaza de Mayo. El saldo fue devastador: más de 300 muertos —en su mayoría civiles— y más de 1000 heridos. Pero lo más escandaloso es lo que ocurrió después: silencio, impunidad y negacionismo.
La historia oficial lo menciona de soslayo. Las instituciones democráticas lo ignoran. Y la educación pública lo relega, cuando lo aborda, a una nota al pie. Setenta años después, el bombardeo sigue siendo una herida abierta y deliberadamente olvidada. Una masacre fundacional que incomoda, molesta, porque desarma el relato heroico de los “libertadores” de la Revolución de 1955. Una masacre que no puede explicarse sin nombrar el odio visceral hacia el peronismo y hacia los sectores populares que encarnaban, y aún encarnan, la posibilidad de una Argentina plebeya y real.
Juan Domingo Perón supo temprano que algo se cocinaba. Lo alertaron el jefe de la SIDE, Jáuregui, y luego el general Lucero. El desfile aéreo previsto para ese mediodía no era inocente. Bajo el disfraz de un acto patriótico, los aviones estaban cargados de bombas. Bombas argentinas, dirigidas contra argentinos. En la jerga técnica: terrorismo de Estado. En la memoria de quienes sobrevivieron: una traición sin nombre.
Los agresores fueron parte de la Aviación Naval, con sus Avro Lincoln y Catalinas decorados con cruces y la leyenda “Cristo vence”. Una farsa piadosa que buscaba envolver de moral religiosa una operación de exterminio. El objetivo, según dijeron, era matar a Perón. Pero las bombas cayeron sobre la multitud. Trolebuses repletos, niños de escuela, empleados públicos, familias enteras. Un “daño colateral” perfectamente calculado.
La CGT llamó a defender a Perón. Él intentó frenar la movilización, consciente de que los golpistas no tendrían escrúpulos en disparar sobre la gente. Pero ya era tarde. A la tarde, nuevas oleadas de aviones arrojaron más de nueve toneladas de explosivos sobre la Plaza. En los techos, aún hay cicatrices del crimen. En la conciencia colectiva, aún no hay justicia.
Pablo “El Profe” Borda, joven historiador y divulgador, lo dice sin rodeos: “Nunca antes en la historia de la humanidad las Fuerzas Armadas de un país habían bombardeado a su propia población sin el inicio de una guerra civil”. Lo que ocurrió en Buenos Aires fue un acto de terrorismo de Estado, una masacre política planeada no solo para derrocar a un presidente, sino para escarmentar a un pueblo.
Y sin embargo, la democracia no ha sido capaz de construir una memoria que esté a la altura del hecho. No hay estaciones de subte que lo recuerden. No hay feriados. No hay grandes monumentos. Hay apenas una baldosa, algunas placas, y la memoria militante de quienes aún luchan por decir lo obvio: que las bombas no fueron culpa del pueblo.
El colmo de la desfachatez fue un volante que circuló en esos días, firmado por los autores del crimen: “Responsabilidad de Perón y la CGT en la matanza de Plaza de Mayo”. Los asesinos, con la impunidad de los cobardes, culparon a sus víctimas. El argumento: Perón sabía y no evacuó. La CGT movilizó. Ergo, los culpables eran los muertos.
Pero lo más indignante no es solo el hecho ni la lógica perversa con la que se justificó. Lo verdaderamente insoportable es que esa línea de pensamiento sigue vigente. No hay un consenso democrático de condena, como bien señala Borda. El bombardeo quedó relegado al ámbito del peronismo, como si sus víctimas hubieran sido todas fanáticos. Como si no hubieran sido ciudadanos, trabajadores, personas de a pie. El trauma fue tan brutal que se volvió “incómodo de mirar”, dice el Profe. Y es cierto: incomoda porque muestra hasta qué punto el odio de clase puede justificar lo injustificable.
Hoy, bajo un gobierno como el de Javier Milei, que constantemente repite categorías peligrosas como “argentinos de bien” versus “argentinos de mal”, la lección del 16 de junio cobra un dramatismo particular. Cuando desde la más alta investidura del país se naturaliza la violencia verbal, se reivindican dictaduras y se desprecia la vida del otro por pensar distinto, no estamos tan lejos de aquella lógica exterminadora.
Milei no tira bombas, pero lanza decretos que vacían al Estado, elimina organismos de derechos humanos, persigue docentes, demoniza pobres y criminaliza a los que protestan. Es una violencia con otros métodos, pero que responde a la misma matriz: la eliminación simbólica del enemigo político. Una forma moderna de bombardear la democracia desde adentro.
La Plaza de Mayo no olvida. La historia tampoco. Pero la democracia le debe a esa fecha algo más que silencio. Le debe memoria activa, justicia histórica, reparación simbólica y material. Y sobre todo, una enseñanza clara: los derechos no se bombardean. Se construyen, se amplían, se defienden. Y se recuerdan.
Mientras no haya un consenso democrático para condenar el bombardeo de 1955, seguiremos siendo una sociedad a la que le tiemblan las piernas para mirar de frente su peor espejo. Porque la verdadera libertad no se construye sobre cadáveres, ni sobre el olvido. Se construye con memoria, con verdad y con justicia. Y esa deuda está lejos de saldarse.
«Otro punto que anotamos en la libreta de cuentas que vamos a ajustar en breve», advirtió el dirigente social.
El dirigente social y referente de Argentina Humana, Juan Grabois, criticó el operativo de desalojo realizado por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires contra los militantes que acampaban en las inmediaciones del departamento de la ex presidenta Cristina Kirchner, en el barrio de Constitución, y afirmó que demuestra “otro paso más fuera de los límites democráticos”.
A través de sus rede sociales, el abogado criticó el operativo sorpresa por parte de la Policía porteña, y sostuvo va “por fuera de los límites democráticos”.
Agregó, además, que es “otro punto” que anotarán en “la libreta de cuentas que vamos a ajustar en breve”.
Que una fuerza de seguridad publique una pieza audiovisual de propaganda política -de mala calidad pero propaganda al fin- con escenas de violencia y música de combate sobre “la residencia de Cristina Kirchner” es otro paso más fuera de los límites democráticos… y otro punto…
“Que una fuerza de seguridad publique una pieza audiovisual de propaganda política -de mala calidad pero propaganda al fin- con escenas de violencia y música de combate sobre “la residencia de Cristina Kirchner” es otro paso más fuera de los límites democráticos… y otro punto que anotamos en la libreta de cuentas que vamos a ajustar en breve”.
Durante la madrugada del domingo, la Policía de la Ciudad realizó un operativo sorpresivo para desalojar a los militantes que acampaban en el edifico de la ex mandataria, ubicado en la calle San José al 1111.
“No se reprimió a nadie. Se limpió la zona y se fueron”, aseguraron voceros policiales, quienes destacaron que el procedimiento se desarrolló sin incidentes ni represión.
Mientras se recortan jubilaciones y se congelan salarios públicos, el Gobierno de Javier Milei habilita beneficios sociales para ciudadanos israelíes residentes en Argentina. La medida fue publicada en el Boletín Oficial y ya rige desde mayo de 2024.
En plena crisis económica y bajo un régimen de ajuste que afecta a los sectores más vulnerables, el Ejecutivo formalizó un convenio bilateral con Israel que otorga acceso al sistema previsional argentino a ciudadanos israelíes. La noticia generó indignación en redes sociales y alimenta las críticas al modelo libertario por su doble vara en la distribución del gasto público.
Asignaciones para extranjeros, ajuste para los argentinos
Mientras se profundiza el ajuste más brutal de las últimas décadas, el Gobierno de Javier Milei oficializó un convenio con el Estado de Israel que garantiza el acceso de ciudadanos israelíes a los beneficios del sistema de seguridad social argentino. La medida, publicada en el Boletín Oficial el miércoles 12 de junio, entra en vigencia en un momento de recortes generalizados: los haberes jubilatorios están congelados, los salarios estatales pierden poder adquisitivo y hospitales de referencia como el Garrahan denuncian falta de fondos para funcionar.
El acuerdo, que había sido firmado en febrero de 2024 pero se activa recién ahora con la publicación del reglamento administrativo correspondiente, establece que cualquier ciudadano israelí que resida legalmente en Argentina podrá acceder a jubilaciones, pensiones, asignaciones por maternidad, discapacidad y otras prestaciones contributivas del sistema previsional nacional.
El texto señala que el tratado rige desde el 1° de mayo de 2024, aunque su aplicación concreta comienza con esta reciente formalización. Además, el acuerdo contempla un esquema de reciprocidad: los ciudadanos argentinos que residan en Israel podrán acceder en ese país a beneficios similares.
Indignación en redes y críticas en aumento
La publicación del acuerdo desató una ola de indignación en redes sociales, donde muchos usuarios cuestionaron la contradicción entre los recortes al pueblo argentino y la expansión de beneficios para extranjeros. “Congelan las jubilaciones, vetan aumentos para estatales, vacían el Garrahan, pero destinan recursos a sostener asignaciones sociales para ciudadanos de otro país”, resumió un usuario en X (ex Twitter), sintetizando el malestar generalizado.
La noticia se conoce en medio de un deterioro acelerado de las condiciones de vida: el poder adquisitivo de los jubilados ha caído estrepitosamente desde diciembre de 2023, la inflación no cede y el Gobierno vetó recientemente una ley que otorgaba aumentos automáticos a los haberes previsionales. En ese contexto, el convenio con Israel aparece como una muestra más del sesgo ideológico y geopolítico de la gestión de Milei, que prioriza los lazos internacionales antes que las necesidades básicas de su propio pueblo.
¿Coherencia doctrinaria o contradicción ideológica?
El Gobierno libertario que promueve el achicamiento del Estado y el fin de los privilegios, lejos de reducir el gasto público en todos los frentes, parece administrarlo con criterios selectivos. El convenio con Israel revela una lógica donde se eliminan derechos para los argentinos pero se sostienen beneficios para ciudadanos de otros países, siempre y cuando coincidan con los aliados estratégicos del oficialismo.
La medida también puede leerse como un gesto político hacia Tel Aviv, en sintonía con las manifestaciones públicas de admiración de Milei hacia el Estado de Israel y su política exterior. Sin embargo, más allá de los alineamientos diplomáticos, la pregunta que resuena es: ¿por qué en plena emergencia económica y con un Estado que “no hay plata” para los argentinos, sí hay fondos para financiar prestaciones a ciudadanos extranjeros?
Conclusión: el ajuste como decisión política
El convenio con Israel no es un hecho aislado, sino parte de una política pública que revela la verdadera escala de prioridades del Gobierno de La Libertad Avanza. Mientras se castiga a jubilados, trabajadores y niños argentinos, el Estado continúa operando con una lógica de privilegios y beneficios para sectores determinados, aun cuando eso implique profundizar las desigualdades internas.
En un país donde el 60% de los chicos es pobre y donde el sistema de salud y educación pública están al borde del colapso por falta de presupuesto, decisiones como esta alimentan una sensación de injusticia y de traición al mandato de cuidar a quienes más lo necesitan. El ajuste, queda claro una vez más, no es técnico: es político. Y también profundamente ideológico.
