Política

 

Mientras el Gobierno insiste en celebrar el ajuste como virtud moral, en silencio desarmó uno de los programas de salud más sensibles del país: el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, una política pública que durante más de una década permitió salvar miles de vidas de recién nacidos con malformaciones cardíacas graves.

Por Alina C. Galifante para NLI

La decisión, ejecutada por el Ministerio de Salud que conduce Mario Lugones, no solo implicó el despido del equipo técnico especializado que coordinaba el programa, sino que rompió de un día para el otro la red federal que garantizaba diagnóstico, derivación y cirugía oportuna a bebés de todo el país. No hubo anuncio oficial, no hubo plan alternativo y, lo más grave, no hubo ninguna consideración por las consecuencias humanas.

La periodista Nora Bar, que investigó el tema en profundidad, reconstruyó cómo incluso profesionales que seguían atendiendo casos urgentes se enteraron después de haber sido desplazados, en una escena que resume el nivel de improvisación y desprecio con el que se tomó la medida. No se trató de una reestructuración técnica: fue una decisión política de ajuste brutal.

Un programa que no era gasto, era vida

Las cardiopatías congénitas son una de las principales causas de mortalidad infantil en Argentina. Cada año, miles de bebés nacen con afecciones cardíacas que requieren detección temprana, derivación inmediata y cirugías complejas. El programa nacional articulaba hospitales públicos, equipos médicos y provincias, evitando que el lugar de nacimiento definiera quién vivía y quién no.

Gracias a esa política, Argentina logró reducir drásticamente la mortalidad neonatal por estas patologías, alcanzando estándares comparables con países desarrollados. Todo eso fue puesto en riesgo por una decisión tomada desde un escritorio, con lógica contable y sin respaldo sanitario.

Lugones ejecuta, Milei avala

Nada de esto ocurre en el vacío. El cierre del programa se inscribe en una línea clara del gobierno de Milei: desmantelar el Estado incluso cuando eso implica dañar derechos básicos, como el acceso a la salud de bebés recién nacidos.

Lugones actuó como ejecutor obediente de esa doctrina. Despidió al equipo sin transición, sin protocolos de continuidad y sin ofrecer una estructura alternativa. La consecuencia es un sistema fragmentado, donde cada provincia queda librada a sus recursos, profundizando desigualdades y dejando a muchas familias sin respuesta.

No es eficiencia. Es abandono.

Cuando el ajuste baja a terapia intensiva

El discurso oficial repite que “el Estado no puede hacerse cargo de todo”. Pero lo que no dicen es de qué se hace cargo ahora cuando un bebé nace con una cardiopatía grave en una provincia sin capacidad quirúrgica. Tampoco explican quién asume la responsabilidad si una derivación no llega a tiempo o si una familia queda atrapada en la burocracia.

Este no es un recorte más. Es una decisión que puede traducirse en muertes evitables. Y eso marca un límite político y ético.

Desarmar un programa que salvaba vidas no es una discusión ideológica: es una definición de prioridades. Y el gobierno de Milei ya dejó claro cuáles son las suyas.

 

 

Dos monedas de oro celtas de más de 2.300 años fueron encontradas en un pantano de Suiza y abren nuevas preguntas sobre rituales, poder y circulación de riqueza en la Europa pre-romana. Lejos de un simple “tesoro perdido”, el hallazgo apunta a prácticas sagradas deliberadas y a una temprana conexión entre los pueblos celtas y el mundo mediterráneo.

Por Alcides Blanco para NLI

Durante una excavación arqueológica en la región de Bärenfels, cerca de Arisdorf, en el noroeste de Suiza, investigadores dieron con un descubrimiento excepcional: dos monedas de oro celtas extremadamente raras, datadas entre mediados y fines del siglo III antes de Cristo. Se trata de un estater completo de aproximadamente 7,8 gramos y un cuarto de estater de 1,86 gramos, piezas que integran un conjunto ínfimo dentro del registro arqueológico europeo.

El hallazgo no fue aislado ni casual. En el mismo sitio ya se habían encontrado, entre 2022 y 2023, 34 monedas de plata celtas, lo que llevó a intensificar las tareas de excavación. La zona corresponde a un pantano formado por sumideros naturales, un detalle clave para comprender el verdadero significado histórico del descubrimiento.

Monedas de oro que no eran para comprar pan

Los especialistas coinciden en un punto central: estas monedas no circulaban como dinero cotidiano. Su valor era demasiado alto para transacciones comunes. En sociedades celtas de la Edad del Hierro, piezas de este tipo cumplían funciones simbólicas, políticas y rituales: eran signos de prestigio, instrumentos de alianza entre élites o elementos de culto.

El contexto del hallazgo refuerza esta hipótesis. En la cosmovisión celta, los pantanos, lagunas y zonas húmedas eran espacios sagrados, considerados portales entre mundos. En toda Europa se han documentado armas, joyas y objetos de alto valor depositados deliberadamente en estos lugares como ofrendas a las divinidades. Nada indica que estas monedas hayan sido extraviadas: todo apunta a un depósito ritual consciente.

Influencia griega y adaptación celta

El diseño de las monedas revela una trama histórica aún más profunda. En una de sus caras aparece la cabeza del dios Apolo, y en la otra un carro tirado por caballos, una iconografía claramente inspirada en las monedas de oro acuñadas durante el reinado de Filipo II de Macedonia, padre de Alejandro Magno.

Sin embargo, no se trata de simples copias. Los grabados presentan adaptaciones propias del arte celta, como el uso de la triskele, símbolo espiral asociado al movimiento, la vida y lo sagrado. Esto demuestra que los pueblos celtas no solo recibían influencias del Mediterráneo, sino que las resignificaban según su propia cultura y espiritualidad.

Un hallazgo que cuestiona el relato clásico

Durante siglos, la historia oficial presentó a los pueblos celtas como sociedades primitivas frente a las “civilizadas” Grecia y Roma. Descubrimientos como este desmienten ese relato simplificador. La presencia de oro, iconografía compleja y prácticas rituales sofisticadas muestra sociedades con redes de intercambio, pensamiento simbólico profundo y estructuras de poder consolidadas.

Además, el hecho de que solo existan poco más de veinte monedas de oro celtas similares registradas en toda Suiza convierte a este hallazgo en una pieza clave para entender la economía, la religión y la política de la Europa pre-romana.

Del pantano al museo

Las autoridades del cantón decidieron que las monedas sean exhibidas públicamente a partir de marzo de 2026 en el Museo Histórico de Basilea, junto a los hallazgos de plata del mismo sitio. Allí podrán verse no como “tesoros”, sino como testimonios materiales de una civilización que la historia oficial intentó borrar o minimizar.

En tiempos donde la arqueología sigue desmontando mitos eurocéntricos y jerarquías culturales heredadas, este oro celta emerge desde el barro para recordar una verdad incómoda: Europa también tuvo civilizaciones complejas antes de Roma, y muchas de ellas eligieron el ritual antes que la acumulación.

 

 

Mientras Donald Trump vuelve a mostrar el rostro más brutal del imperialismo norteamericano sobre Venezuela, vale recuperar a un Carlos Calvo que no es el recordado actor; nos referimos al jurista que, desde el siglo XIX, explicó con una lucidez asombrosa por qué estas invasiones no son errores ni excesos, sino parte constitutiva del poder imperial. La Doctrina Calvo no solo ayuda a entender lo que pasa hoy en Caracas: desnuda el ADN de la política exterior de Estados Unidos.

Por Alcides Blanco para NLI

El otro Carlos Calvo: jurista, diplomático y antiimperialista antes del antiimperialismo

Carlos Calvo nació en Buenos Aires en 1824 y fue uno de los juristas internacionales más influyentes de América Latina. Diplomático, historiador y especialista en derecho internacional, desarrolló su pensamiento en un contexto marcado por intervenciones militares europeas y presiones extranjeras sobre los países latinoamericanos recién independizados.

Calvo observó un patrón que se repetía una y otra vez: potencias extranjeras que utilizaban reclamos de ciudadanos, empresas o acreedores como excusa para intervenir política o militarmente en Estados soberanos. Frente a eso, formuló una doctrina que hoy resulta incómodamente actual.

Qué plantea la Doctrina Calvo

La Doctrina Calvo se apoya en principios simples pero revolucionarios para su época:

• Igualdad jurídica entre nacionales y extranjeros, sin privilegios especiales
• Obligación de someterse a la justicia local del país donde surja el conflicto
• Rechazo absoluto a la intervención extranjera, diplomática o militar

En términos claros: ningún Estado extranjero tiene derecho a intervenir en otro país para defender intereses privados, mucho menos usando la fuerza. La soberanía no se negocia.

Del siglo XIX a Trump: la doctrina frente al imperialismo moderno

Lo sucedido en Venezuela con la invasión estadounidense y el secuestro de Nicolás Maduro es una violación directa y deliberada de la Doctrina Calvo y de todo el derecho internacional moderno.

Estados Unidos actuó por fuera de cualquier jurisdicción, desconociendo al Estado venezolano, ignorando la legalidad internacional y utilizando la fuerza militar como herramienta política. Exactamente el tipo de conducta que Calvo denunció hace más de 150 años.

Nada de esto es nuevo: cambia la excusa, pero no la lógica. Ayer era la “protección de ciudadanos”, hoy es la “defensa de la democracia”.

El petróleo como motor real de la agresión

Calvo entendió algo clave: las intervenciones nunca son ideológicas, son económicas. Venezuela concentra las mayores reservas de petróleo del planeta, y desde su nacionalización se convirtió en un obstáculo estructural para los intereses de las grandes corporaciones energéticas.

Cada vez que el Estado venezolano reafirmó el control sobre sus recursos, la respuesta fue escalando: bloqueos, sanciones, sabotajes, intentos de golpe y finalmente invasión directa.

La Doctrina Calvo anticipó este conflicto: cuando un país periférico ejerce soberanía real, el imperialismo responde con violencia.

El secuestro de Maduro y la negación de la soberanía

El secuestro del presidente venezolano no es solo un hecho político: es un acto colonial. Supone que Estados Unidos se arroga el derecho de decidir quién gobierna y quién no, anulando la autodeterminación de los pueblos.

Para Calvo, este tipo de acciones no eran anomalías sino el funcionamiento normal del sistema imperial, que necesita disciplinar a quienes se salen del libreto.

Carlos Calvo versus el orden mundial actual

El “otro” Carlos Calvo —el jurista— pensó un mundo donde los países latinoamericanos no fueran patios traseros, sino sujetos plenos de derecho. Por eso su doctrina fue combatida, invisibilizada y reemplazada por mecanismos favorables al capital extranjero.

Hoy, frente a Trump y la ofensiva sobre Venezuela, Calvo vuelve a ser actual porque demuestra que el problema no es Maduro, ni el chavismo, ni Venezuela, sino la negativa de un país a ser colonia.

Conclusión

La Doctrina Calvo no es una reliquia académica: es una herramienta para entender el presente.
La invasión estadounidense y el secuestro de Maduro confirman que el imperialismo sigue actuando como en el siglo XIX, solo que con un discurso más cínico.

Mientras Trump ejecuta la política del garrote, Carlos Calvo sigue recordando que la soberanía no se pide permiso: se ejerce.

 

 

Venezuela no es un problema: es un botín. Con las mayores reservas de petróleo del planeta, valuadas en entre 17 y 18 billones de dólares, el país concentra un volumen de riqueza energética que explica décadas de presiones, sanciones, intentos de disciplinamiento y ahora, abiertamente, proyectos de recolonización. Detrás del discurso de la “democracia” y la “transición”, lo que está en juego es el control del petróleo.

Por Celina Fraticiangi para NLI

Las mayores reservas del planeta y un crudo incómodo para el imperio

Venezuela posee alrededor de 303 mil millones de barriles de petróleo probados, lo que representa cerca del 17 % de todas las reservas mundiales. No existe otro país con semejante volumen bajo su subsuelo.

La mayor parte de ese petróleo se encuentra en la Faja Petrolífera del Orinoco y corresponde a crudo extra-pesado, un tipo de petróleo más denso y costoso de procesar que el liviano. Su explotación requiere tecnología avanzada, inversiones constantes y capacidad de refinación específica, especialmente diseñada para este tipo de crudo.

Ese dato técnico no es menor: explica por qué históricamente las grandes petroleras norteamericanas y europeas estuvieron tan interesadas en Venezuela, y también por qué las refinerías del Golfo de México fueron adaptadas durante décadas para procesar crudo venezolano. No es un petróleo cualquiera: es estratégico.

A precios actuales del crudo, el valor bruto de esas reservas se calcula en unos 17 a 18 billones de dólares. Para dimensionarlo: equivale a entre el 76 y el 81 % de toda la masa monetaria M2 de Estados Unidos, o dicho de otro modo, a tres cuartas partes de todo el dinero que circula y se deposita en el sistema financiero estadounidense.

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Antes de la nacionalización: Venezuela producía, pero no mandaba

Durante gran parte del siglo XX, el petróleo venezolano estuvo controlado por empresas extranjeras, principalmente estadounidenses. Desde las décadas de 1920 hasta los años 60, compañías como Exxon, Mobil y Gulf Oil dominaron la exploración, extracción y exportación del crudo.

En ese período, Venezuela llegó a producir más de 3,7 millones de barriles diarios, ubicándose entre los principales productores del mundo. Sin embargo, el control real del negocio, las decisiones estratégicas y una porción sustancial de las ganancias quedaban fuera del país.

El esquema era simple y conocido en América Latina: Venezuela ponía el recurso, las multinacionales se llevaban la renta.

Ese modelo empezó a resquebrajarse cuando el petróleo dejó de ser visto solo como mercancía y pasó a ser comprendido como recurso estratégico y herramienta de soberanía.

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La nacionalización, PDVSA y el límite al saqueo

En 1976, bajo el gobierno de Carlos Andrés Pérez, Venezuela nacionalizó su industria petrolera y creó Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). A partir de ese momento, el Estado venezolano pasó a controlar la producción, refinación y comercialización del crudo.

La nacionalización no fue una rareza: formó parte de una ola global de nacionalismo energético que recorrió el mundo en los años 70. Pero para Estados Unidos fue una señal clara de alerta: uno de sus principales proveedores de energía decidía no obedecer más.

Décadas después, con Hugo Chávez, ese control estatal se profundizó. Desde 2007, las empresas extranjeras fueron obligadas a convertirse en socias minoritarias de PDVSA o retirarse. Algunas aceptaron —como Chevron—, otras se fueron denunciando “expropiaciones”.

Lo que para Venezuela fue soberanía energética, para Washington fue y sigue siendo un “robo”. Desde entonces, el petróleo venezolano quedó en el centro de una guerra económica: sanciones, bloqueos, asfixia financiera y operaciones políticas.

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Un botín que explica todo: FMI, Argentina y el contraste brutal

El valor de las reservas petroleras venezolanas permite entender la magnitud del conflicto.

Con 17 a 18 billones de dólares (calculado ya extraído y en barriles), ese petróleo equivale a:

• Entre 380 y 400 préstamos del FMI como el que sostiene Milei, de unos 45 mil millones de dólares.
• Entre 26 y 28 PBI completos de la Argentina.
• Siete u ocho veces todo el efectivo físico que circula en Estados Unidos.

Mientras Argentina es disciplinada por el FMI por decenas de miles de millones, Venezuela es acosada por una riqueza que vale cientos de veces más. La diferencia no es moral ni ideológica: es material.

Por eso Estados Unidos no negocia con Venezuela como con un país cualquiera. La discute, la sanciona, la amenaza o directamente intenta administrarla. No por su sistema político, sino por su subsuelo.

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El remate que incomoda

Venezuela no es pobre: es demasiado rica para que la dejen en paz.
Y la Argentina de Milei no es castigada por rebelde, sino por obediente y endeudable.

Cuando se entiende que el petróleo venezolano equivale a décadas enteras de producción argentina, a cientos de acuerdos con el FMI y a una porción sustancial del dinero estadounidense, se cae el relato.

No es democracia contra autoritarismo.
Es saqueo contra soberanía.

 

 

Bajo el discurso de la “eficiencia”, la “transparencia” y el “orden administrativo”, el decreto 942/2025 firmado por Milei elimina la Agencia Nacional de Discapacidad y concentra todas las políticas del sector dentro del Ministerio de Salud. Detrás del lenguaje técnico, la medida implica más controles, más auditorías y un riesgo concreto de recorte de derechos para las personas con discapacidad.

Por Roque Pérez para NLI

La publicación del DNU 942/2025 pasó casi inadvertida en medio del cierre de año, pero su contenido es de enorme gravedad para uno de los sectores más vulnerables de la sociedad argentina. El decreto no solo prorroga la emergencia sanitaria, sino que desmantela la estructura institucional que durante años tuvo a su cargo la política pública en discapacidad.

La decisión central es clara: la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) deja de existir como organismo descentralizado y pasa a ser absorbida por el Ministerio de Salud bajo la figura de una Secretaría Nacional de Discapacidad. Lo que el texto presenta como una “reorganización” es, en los hechos, una fuerte centralización política y presupuestaria.

El fin de la ANDIS y la pérdida de autonomía

Hasta ahora, la ANDIS contaba con cierta autonomía funcional y administrativa. Eso le permitía tener un presupuesto propio, equipos técnicos especializados y un margen —limitado, pero real— para sostener políticas públicas específicas.

Con el decreto de Milei, la discapacidad deja de ser una política integral de derechos y pasa a ser un área subordinada a las prioridades sanitarias y fiscales del Ministerio de Salud. Esto no es neutro: implica que las decisiones sobre discapacidad quedarán atravesadas por criterios de ajuste, “racionalización del gasto” y metas presupuestarias.

En otras palabras, la discapacidad deja de ser un derecho humano garantizado y pasa a ser un costo a administrar.

Pensiones por invalidez: auditorías, revisiones y posibles bajas

Uno de los puntos más sensibles del decreto está en el nuevo inciso 39 del artículo 23 de la Ley de Ministerios. Allí se establece que el Ministerio de Salud tendrá a su cargo:

“el otorgamiento, control, revisión y auditoría de las pensiones por invalidez”.

La inclusión explícita de las palabras control, revisión y auditoría no es casual. El propio decreto justifica la medida hablando de “irregularidades”, “falencias” y “desorden administrativo”.

La experiencia histórica en la Argentina es clara: cuando se anuncian auditorías masivas sobre pensiones por invalidez, lo que sigue son suspensiones, demoras y bajas, muchas veces injustificadas. Personas con discapacidad que dependen de ese ingreso quedan meses sin cobrar o deben atravesar procesos humillantes para volver a demostrar una condición que ya fue certificada.

El decreto habilita legalmente ese escenario.

El Certificado Único de Discapacidad, bajo la lupa

El texto reconoce que existen problemas en la gestión del Certificado Único de Discapacidad (CUD): sistemas fragmentados, falta de interoperabilidad y demoras. Sin embargo, la solución que propone no es fortalecer el acceso, sino centralizar la información y endurecer los mecanismos de control.

Esto puede traducirse en:

• Trámites más lentos
• Mayor discrecionalidad administrativa
• Nuevos obstáculos para renovar o acceder al CUD

Para miles de personas, sin CUD no hay prestaciones, transporte gratuito, medicamentos ni acompañamientos terapéuticos. Cualquier demora o restricción impacta directamente en su vida cotidiana.

Prestaciones en riesgo y prestadores ahogados

La Ley 24.901 garantiza un sistema de prestaciones básicas que incluye tratamientos, rehabilitación, transporte, apoyos y acompañantes terapéuticos. El decreto afirma que busca “transparentar contrataciones” y “optimizar el gasto”.

En la práctica, este tipo de procesos suele derivar en:

• Retrasos en los pagos a prestadores
• Revisión de convenios
• Reducción de coberturas
• Prestadores que dejan de atender porque el Estado no paga

No hace falta un recorte explícito: la asfixia administrativa también es una forma de ajuste.

Mucha Convención, poca participación real

El decreto cita reiteradamente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero no crea ningún mecanismo nuevo y concreto de participación de las organizaciones del sector. Todo queda concentrado en la estructura ministerial.

Esto contradice el espíritu mismo de la Convención, que exige la participación activa de las personas con discapacidad en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas que las afectan.

Emergencia sanitaria prorrogada: más discrecionalidad

La prórroga de la emergencia sanitaria hasta diciembre de 2026 le otorga al Ejecutivo un margen extraordinario para tomar decisiones sin debate parlamentario. En ese marco, la política de discapacidad queda sujeta a resoluciones administrativas, reestructuraciones internas y cambios de criterio que pueden afectar derechos adquiridos.

Menos Congreso, menos control, menos garantías.

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Un cambio de paradigma peligroso

El decreto 942/2025 marca un giro claro: la discapacidad deja de ser abordada desde una perspectiva de derechos y pasa a ser tratada como un problema de gestión y gasto público.

Detrás de palabras como “eficiencia”, “trazabilidad” y “orden”, se esconde un riesgo concreto de ajuste sobre quienes más necesitan del Estado. La eliminación de la ANDIS no es un hecho técnico: es una decisión política con consecuencias reales.

En tiempos donde el gobierno de Milei repite que “no hay plata”, la pregunta es inevitable: ¿el ajuste también va a caer sobre las personas con discapacidad?

 

 

El DNU 941/2025 no moderniza la inteligencia argentina: la redefine en clave autoritaria. Bajo un lenguaje técnico y eufemístico, el decreto amplía facultades, diluye controles y habilita un esquema de vigilancia política interna incompatible con el Estado de Derecho. No es una hipótesis alarmista: está escrito, negro sobre blanco.

Por Tomás Palazzo para NLI

El gobierno de Milei volvió a recurrir al atajo institucional del Decreto de Necesidad y Urgencia para reformular de manera integral el sistema de inteligencia nacional. Lo hizo sin debate parlamentario, sin consensos mínimos y sin explicaciones públicas serias. El resultado es un texto extenso, ambiguo y peligrosamente abierto a interpretaciones expansivas, que concentra poder en la SIDE, debilita los controles democráticos y habilita prácticas históricamente asociadas al espionaje interno y al disciplinamiento político.

No se trata de una discusión técnica. Se trata de qué tipo de Estado se está construyendo y contra quiénes se orientan sus herramientas más opacas.

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De la inteligencia estratégica al control político interno

El DNU 941/2025 redefine los objetivos de la SIDE ampliando de manera sustancial el concepto de “seguridad estratégica”. Bajo esa categoría difusa se incorporan amenazas que ya no se limitan a riesgos externos, sino que incluyen fenómenos internos vinculados a la “influencia”, la “injerencia”, la “desestabilización” o la “afectación del orden institucional”.

El problema no es semántico: es político. En la historia argentina, cada vez que el Estado amplió de forma ambigua estas nociones, el resultado fue el mismo: espionaje sobre partidos políticos, sindicatos, organizaciones sociales, periodistas y referentes opositores. El decreto no prohíbe de manera explícita esas prácticas; por el contrario, las deja implícitamente habilitadas.

La supuesta prohibición del espionaje interno queda vaciada de contenido cuando el propio texto permite acciones “encubiertas” y de “obtención de información” frente a amenazas que no están claramente definidas ni tipificadas. En otras palabras, la SIDE pasa a tener margen para decidir por sí misma qué constituye una amenaza interna, sin control previo efectivo.

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Ambigüedad deliberada y concentración de poder

Uno de los rasgos más preocupantes del DNU es su redacción. Conceptos como “operaciones encubiertas”, “acciones preventivas”, “seguridad estratégica” o “riesgos híbridos” aparecen reiteradamente sin definiciones precisas. Esta ambigüedad no es un error técnico: es una decisión política.

El decreto refuerza la autonomía operativa de la SIDE, reduce instancias de supervisión externa y consolida un esquema de concentración de poder en el Ejecutivo, con una cadena de mando corta y opaca. El Congreso queda relegado a un rol casi decorativo, sin herramientas reales para auditar en tiempo real las actividades de inteligencia.

Además, se amplían las capacidades del personal de inteligencia, incluyendo facultades operativas que rozan funciones de seguridad interior. Aunque no se lo diga de forma explícita, el texto habilita una zona gris donde inteligencia y coerción comienzan a superponerse, un terreno históricamente fértil para abusos.

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Las comunidades CIFN y CITN: redes de captura masiva de información

El decreto formaliza y potencia el rol de las llamadas comunidades CIFN (Comunidad de Inteligencia Federal Nacional) y CITN (Comunidad de Inteligencia Territorial Nacional), estructuras destinadas a articular información entre distintos organismos del Estado y actores privados. En los hechos, se trata de redes de intercambio de datos a gran escala, con escasos límites normativos y controles difusos.

Este esquema plantea un riesgo evidente para la privacidad y las garantías constitucionales. La circulación de información sensible sin reglas claras de protección, almacenamiento y uso abre la puerta a bases de datos políticas, sociales y sindicales, algo expresamente prohibido por la legislación vigente y por estándares internacionales en derechos humanos.

La experiencia histórica demuestra que cuando estos sistemas se expanden sin control, terminan siendo utilizados para el seguimiento de opositores y la anticipación de conflictos sociales, no para la defensa nacional.

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Elusión del Congreso y degradación democrática

Que una reforma de esta magnitud se haya hecho por DNU no es un detalle menor. El sistema de inteligencia es, por definición, uno de los ámbitos que más control democrático requiere. Milei eligió exactamente lo contrario: evitar el debate parlamentario y avanzar por decreto.

Esta forma de legislar no solo vulnera el espíritu de la Constitución, sino que consolida una lógica de Estado de excepción permanente, donde el Ejecutivo se arroga facultades extraordinarias sin justificación real de necesidad y urgencia.

La inteligencia, en este esquema, deja de ser una herramienta al servicio de la soberanía nacional para convertirse en un instrumento de gobierno, orientado a garantizar gobernabilidad mediante la vigilancia y la disuasión.

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Herencias oscuras y un futuro inquietante

Argentina conoce bien este camino. La SIDE de la democracia tutelada, la AFI del espionaje político, los archivos ilegales, las escuchas, las carpetas y los servicios como factor de poder autónomo. Nada de eso empezó con declaraciones explícitas: empezó siempre con decretos ambiguos y promesas de modernización.

El DNU 941/2025 no crea un monstruo nuevo: reactualiza viejas prácticas, ahora bajo el ropaje del liberalismo autoritario y la retórica de la seguridad.

La pregunta no es si estas herramientas pueden usarse mal. La pregunta es cuándo y contra quiénes. La historia argentina ofrece una respuesta incómoda pero clara.