El jefe de Gabinete de Milei confirmó que la Agencia Nacional de Discapacidad dejará de existir y será absorbida por el Ministerio de Salud. La decisión fue presentada como una medida administrativa, pero llega en pleno escándalo por presuntas coimas, direccionamiento de compras y manejos irregulares que el Gobierno evita mencionar.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tiene las horas contadas. Así lo anunció Manuel Adorni, quien informó que el organismo será disuelto y absorbido por el Ministerio de Salud, en una decisión que el Gobierno intenta mostrar como un simple “reordenamiento del Estado”, pero que se produce en un contexto político mucho más delicado.
Según explicó el vocero de Milei, la medida responde a “irregularidades detectadas” en el funcionamiento del organismo. Sin embargo, Adorni evitó mencionar el escándalo de presuntas coimas, sobreprecios y maniobras de corrupción que involucran a funcionarios y exfuncionarios del propio Gobierno y que ya se encuentran bajo investigación judicial.
Una disolución que intenta borrar huellas
La ANDIS viene siendo señalada desde hace meses por denuncias vinculadas al manejo de fondos públicos destinados a personas con discapacidad, especialmente en la compra de medicamentos, insumos y prestaciones. En lugar de transparentar la situación, avanzar con auditorías públicas y señalar responsables, el Ejecutivo, complicado por el 3% de Karina, eligió una salida conocida: cerrar el organismo cuestionado.
La absorción por parte del Ministerio de Salud no aclara qué pasó con los recursos, quiénes tomaron las decisiones ni quiénes se beneficiaron con las presuntas maniobras irregulares. Por el contrario, diluye responsabilidades políticas y administrativas.
“No se van a cortar pensiones”, pero crece la incertidumbre
Ante la preocupación de miles de beneficiarios, Adorni aseguró que “esto no significa que se vayan a cortar pensiones”. La frase busca llevar tranquilidad, pero no despeja las dudas de fondo en un contexto marcado por ajustes, recortes y revisiones masivas de beneficios sociales.
Organizaciones de personas con discapacidad, familiares y prestadores advierten que la desaparición de la ANDIS puede traducirse en más burocracia, menos controles específicos y una pérdida de jerarquía institucional para un área históricamente postergada.
Corrupción sin nombres ni explicaciones
Uno de los puntos más llamativos del anuncio fue el silencio oficial sobre las causas concretas de las irregularidades. El Gobierno no explicó por qué no se avanzó con sumarios, denuncias penales o apartamientos preventivos, ni dio precisiones sobre el rol de los funcionarios involucrados.
La estrategia parece clara: presentar la disolución como una decisión técnica mientras se evita el costo político de reconocer un nuevo escándalo de corrupción que choca de frente con el discurso anticasta y anticorrupción con el que Milei llegó al poder.
Ajuste, desmantelamiento y opacidad
La eliminación de la ANDIS no es un hecho aislado. Se inscribe en una política más amplia de desmantelamiento del Estado, ajuste fiscal y opacidad, donde se cierran organismos sin explicar qué falló, quién robó y quién paga las consecuencias.
En el medio, las personas con discapacidad vuelven a quedar atrapadas en la incertidumbre, mientras el Gobierno promete continuidad de derechos al mismo tiempo que borra instituciones clave y esquiva explicaciones.
El presidente volvió a generar polémica internacional al sugerir que la restitución de las Islas Malvinas debería contemplar la voluntad de los kelpers. La afirmación, realizada en una entrevista con el diario británico The Telegraph, contradice la posición histórica argentina y reaviva el debate sobre una claudicación diplomática en materia de soberanía.
Por Tomás Palazzo para NLI
Un reportaje en clave británica y una frase que encendió las alarmas
En una extensa entrevista publicada por el medio conservador británico The Telegraph, Milei abordó distintos ejes de su política exterior, pero fue su referencia a la cuestión Malvinas la que generó mayor impacto en Argentina. Allí, el mandatario sostuvo que la soberanía argentina sobre las islas es “irrenunciable”, aunque inmediatamente introdujo un condicionante clave: la restitución debería darse mediante negociaciones y con el consentimiento de los habitantes actuales del archipiélago, es decir, los kelpers.
Esa afirmación no pasó desapercibida. En el texto del diario inglés, la posición de Milei aparece alineada con la narrativa histórica del Reino Unido, que desde hace décadas intenta instalar la idea de la autodeterminación de los isleños como eje central del conflicto, desconociendo el carácter colonial de la ocupación británica.
Autodeterminación kelper: un giro peligroso en la política de Estado
El planteo de Milei resulta especialmente sensible porque Argentina nunca reconoció a la población implantada en Malvinas como sujeto con capacidad de decidir sobre la soberanía. La posición sostenida por todos los gobiernos democráticos, y respaldada por resoluciones de Naciones Unidas, establece que la disputa es bilateral entre Estados y que el principio de autodeterminación no aplica a una colonia establecida tras una ocupación ilegítima.
Al sugerir que las islas “volverían” cuando los isleños así lo deseen, Milei introduce un criterio ajeno a la tradición diplomática argentina y funcional a los intereses británicos, debilitando el reclamo histórico y constitucional del país sobre el territorio usurpado en 1833.
Una mirada funcional al colonialismo británico
Lejos de tratarse de un simple matiz discursivo, el enfoque expresado en The Telegraph implica un cambio de paradigma. En los hechos, traslada el eje del reclamo desde el derecho soberano argentino hacia la voluntad de una población que el propio Reino Unido implantó para consolidar su dominio colonial.
Este tipo de declaraciones no solo contradicen la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional, que ratifica el reclamo irrenunciable sobre Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, sino que también legitiman el statu quo que Londres busca perpetuar.
Acercamiento al Reino Unido y señales de concesión
En la misma entrevista, Milei destacó su intención de recomponer las relaciones con el Reino Unido, mencionó la posibilidad de avanzar en acuerdos comerciales y dejó entrever su interés en normalizar vínculos militares que permanecen limitados desde la guerra de 1982. Ese tono de acercamiento fue leído por analistas como una estrategia de alineamiento que tiene como costo la dilución del reclamo soberano.
Mientras el gobierno insiste en que no hay renuncia formal a Malvinas, las palabras del propio presidente en un medio británico de referencia dibujan un escenario de concesiones simbólicas que no pasan inadvertidas ni en el plano interno ni en el internacional.
Malvinas, entre la retórica y la claudicación
La entrevista con The Telegraph deja una conclusión inquietante: aunque Milei repite que la soberanía argentina no se negocia, al mismo tiempo introduce condiciones que la vuelven impracticable. Al aceptar la autodeterminación kelper como variable decisiva, el reclamo histórico queda supeditado a una voluntad construida bajo dominio colonial.
En un contexto global donde las disputas territoriales vuelven a ocupar un lugar central, la postura expresada por Milei no fortalece la causa Malvinas: la debilita, y la acerca peligrosamente al relato británico que Argentina ha combatido durante más de un siglo.
Con la Resolución 213/2025, el Estado se retira de una de sus funciones más sensibles: controlar balanzas, surtidores, medidores y radares. Bajo el discurso de la “desburocratización”, Milei profundiza un modelo donde el mercado se audita a sí mismo.
Por Tomás Palazzo para NLI
El Consejo Directivo del INTI oficializó, a días de terminar el año, una decisión que marca un antes y un después en la política de control estatal: el organismo deja de prestar los servicios de metrología legal y certificación obligatoria en buena parte de los instrumentos que se usan todos los días en el comercio, la industria y el control público.
No se trata de un cambio técnico ni administrativo. Es un retiro deliberado del Estado de una función estratégica: garantizar que lo que se mide, se cobra, se multa o se factura sea correcto. Balanzas, surtidores de nafta, medidores de agua y electricidad, etilómetros, taxímetros y radares de velocidad ya no serán controlados directamente por un organismo público, sino por laboratorios y certificadoras privadas.
Un Estado que deja de controlar
La Resolución 213/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial dispone que el INTI abandona la aprobación de modelos, las verificaciones primitivas y los controles periódicos de instrumentos clave para la vida cotidiana. Estas tareas quedan en manos de entidades privadas acreditadas por el Organismo Argentino de Acreditación (OAA), en un esquema donde el propio mercado pasa a auditarse.
El cronograma es progresivo, pero el sentido es claro: desde enero de 2026 el INTI empieza a correrse, primero en el AMBA y luego en el resto del país. Lo que durante décadas fue una función pública indelegable se transforma en un servicio tercerizado, pago y orientado por la lógica comercial.
La privatización que no se nombra
El texto habla de “simplificación”, “eliminación de trabas” y “reducción de costos”. Pero lo que no dice es que se vacía una capacidad estatal construida durante décadas. El INTI no era un actor más: era el garante público de que las reglas se cumplieran sin conflictos de interés.
Ahora, el mismo actor que fabrica, importa o comercializa un instrumento elige y paga al organismo que lo certifica. El riesgo es evidente: menos control independiente, más margen para el fraude, menos protección para consumidores y usuarios.
Este esquema no es nuevo. Es el mismo libreto que se aplicó en otras áreas del Estado bajo la consigna de achicar, delegar y confiar en el “autocontrol” del mercado. El resultado, históricamente, siempre fue el mismo: beneficios privados, costos socializados.
Milei y el Estado mínimo en acción
La Resolución del INTI no es un hecho aislado. Se inscribe en una política más amplia del Gobierno de Milei: retirar al Estado de las funciones de regulación y control, incluso en áreas donde está en juego el bolsillo de la gente, la seguridad vial y la salud pública.
Mientras se habla de eficiencia, el Estado renuncia a saber, medir y verificar. El INTI queda reducido a un rol casi académico, enfocado en metrología científica e industrial, pero sin capacidad real de control masivo. La soberanía técnica se diluye y el interés público queda subordinado a la rentabilidad privada.
En nombre de la “libertad”, el Gobierno habilita un sistema donde el control deja de ser una política pública y pasa a ser un negocio. Y cuando el Estado deja de controlar, nunca es el mercado el que pierde: pierde la sociedad.
Con un decreto publicado a fin de año, el Gobierno modificó el régimen de Fondos Rotatorios: habilita ampliaciones automáticas cuando se transfieren programas, refuerza el poder de Hacienda y consolida un esquema de manejo cotidiano del dinero público por fuera de licitaciones.
Por Roque Pérez para NLI
Mientras el discurso oficial insiste en la “motosierra” y el ajuste permanente, el Decreto 926/2025 publicado hoy en el Boletín Oficial introduce cambios clave en la administración diaria de fondos estatales que merecen una lectura política más allá del tecnicismo contable. La norma modifica el Decreto 1344/2007 —reglamentario de la Ley de Administración Financiera— y reordena el funcionamiento de los llamados Fondos Rotatorios, es decir, las cajas chicas de los organismos públicos.
Estos fondos permiten afrontar gastos corrientes y urgentes sin pasar por el régimen general de contrataciones. Justamente por eso, históricamente han sido un punto sensible en términos de control y discrecionalidad.
Más margen para los organismos que reciben programas
El eje central del decreto aparece cuando se habilita que, si durante el año el Poder Ejecutivo transfiere programas presupuestarios entre organismos, el área que recibe esas funciones pueda ampliar automáticamente su Fondo Rotatorio hasta un 3 % adicional del presupuesto transferido.
En paralelo, el organismo que cede el programa deberá reducir su propio fondo. En términos políticos, el decreto acompaña y lubrica la reconfiguración permanente del Estado que impulsa Milei, donde ministerios, secretarías y programas cambian de manos con frecuencia.
El resultado es claro: cada reorganización administrativa viene acompañada de una ampliación de la caja disponible para gastos inmediatos, sin licitación y con controles posteriores.
Hacienda concentra poder y regula discrecionalmente
El decreto también refuerza el rol de la Secretaría de Hacienda, que queda facultada para autorizar Fondos Rotatorios por debajo del tope legal del 3 % si considera que un organismo tuvo fondos “ociosos” el año anterior.
En los hechos, esto implica una herramienta política de premio y castigo: quien ejecuta como espera el Ministerio de Economía mantiene margen operativo; quien no, ve restringida su caja diaria. Centralización de decisiones financieras en un contexto de fuerte verticalismo presidencial.
Menos cuentas, más opacidad cotidiana
Otro cambio relevante es la eliminación de los Fondos Rotatorios Internos de menor cuantía, bajo el argumento de reducir cuentas bancarias y fomentar pagos electrónicos. El Gobierno lo presenta como modernización y transparencia, pero en la práctica concentra movimientos financieros en menos cuentas y menos áreas, algo que no necesariamente equivale a mayor control social o parlamentario.
Todo esto ocurre sin modificar un dato estructural: los gastos realizados por Fondos Rotatorios siguen excluidos del régimen de contrataciones del Estado. Es decir, continúan siendo un canal rápido, flexible y poco visible para el uso de recursos públicos.
En síntesis, el Decreto 926/2025 no contradice el relato de ajuste: lo complementa. Mientras se recortan políticas públicas, se afina el mecanismo que permite al Ejecutivo manejar con mayor libertad la caja cotidiana del Estado, especialmente en un escenario de reestructuraciones constantes. Menos Estado para la sociedad, pero más margen interno para decidir cómo y cuándo se gasta.
El sistema jubilatorio argentino de la era mileísta al borde del precipicio y la eutanasia económica del pasivo: el peor después del de India.
Por Nerio Corello para Noticias La Insuperable
Anualmente se publica un informe de investigación que, en colaboración, realizan Mercer, el CFA Institute y el Centro Monash de Estudios Financieros. Del informe surge el Índice Global de Pensiones, conocido como Índice Mercer-CFA. Hasta el momento, el análisis abarca los sistemas jubilatorios de 52 países, es decir: cubre aproximadamente un 66 % de la población mundial.
Al fondo de la tabla del índice está India, con el peor sistema: 43,8 puntos, la calificación más baja de todas. Le sigue Argentina, penúltimo país, con 45,9, muy lejos de los líderes, que superan los 80 puntos.
El índice de este año se expande con Kuwait [71.9], Namibia [59.1], Omán [60,9] y Panamá [59.1] como agregados, incorpora datos actualizados de la OCDE e introduce nuevas medidas de integridad para obtener perspectivas más precisas. Los sistemas se evalúan en tres pilares: adecuación, sostenibilidad e integridad, utilizando más de 50 indicadores. En 2025, los Países Bajos [85.4], Islandia, Dinamarca, Singapur e Israel lograron los codiciados grados A. Singapur [80.8] hizo historia como el primer país asiático en alcanzar ese estándar.
En América Latina, Argentina tiene para Mercer el peor sistema: quedó como último país, cómodo: Argentina [45.9], Perú [55.3], Brasil [56.2], Panamá [59.1], Colombia [62,5], México [69.3], Uruguay [71.1], Chile [76,6]. Desde África también nos pasaron el trapo: Botswana, por ejemplo, mereció 59,8 puntos.
De este revés internacional llegará seguramente el desquite del fanatismo libertariano: más apaleo a jubilados, ancianos indefensos y discapacitados.
Al despertarme en el día de ayer, encontré a mi compañera viendo atentamente una película que estaban dando por cable. Al presta atención veo que se trataba de Mujer Bonita. Un clásico de los 90 que inmediatamente me trajo a la mente un maravilloso artículo del filósofo José Pablo Feinmann.
Es verdad que en la película Mujer bonita, Hollywood, vendió un cuento de hadas moderno, pero JP Feinmann supo leer ahí algo más que romance y vestidos caros. En su célebre texto “Julia Roberts contra el capitalismo salvaje”, el filósofo supo desarmar la película hasta mostrar su núcleo ideológico: una crítica —suave, edulcorada, pero crítica al fin— al capitalismo financiero depredador. Sí, el mismo que volvió a invadir nuestras vidas con el ascenso al poder de Javier Milei, un presidente que, como Edward Lewis, no habla de producir sino de destruir, no habla de trabajo sino de costos laborales, y no concibe al Estado ni a las empresas como espacios de organización social, sino como objetos a ser desarmados y liquidados. Todo es un loop que nos lleva y trae a los 90.”
Edward Lewis, es un millonario obsceno, no produce nada. No fabrica, no crea, no emplea. Se dedica a desarmar empresas, las desguaza en mil pedazos para convertirlas en papeles, negociables en mesas de “inversionistas” que multiplican su valor sin producir absolutamente nada. La película muestra al capital financiero en estado puro. Vivian Ward, una prostituta de Hollywood Boulevard, entiende algo que el magnate no: que ganar dinero sin producir nada es moralmente vacío. Ella, que vende su cuerpo, conserva una ética; él, que compra empresas, no sabe nada de eso.
Un detalle que me llamó mucha la atención y que Feinmann lo dejó pasar, es que Edward Lewis es una persona rota. El millonario menciona la ausencia de un padre que abandona a su madre, y lo hace en términos de odio y ruptura. Cuenta que su primer gran negocio fue comprar la empresa de su propio padre para desmantelarla y venderla en partes.
No es un detalle menor, el odio es el acto fundacional de su identidad como empresario del capital financiero, es lo que conocemos con el nombre de neoliberalismo. Edward no hereda la empresa para continuarla, la destruye. No la transforma, no la moderniza, no la hace más productiva: la hace desaparecer. Es un parricidio simbólico. Matar al padre equivale a matar el modelo de capitalismo que ese padre representaba: probablemente productivo, industrial, ligado al trabajo y a la continuidad.
El paralelismo con Javier Milei es evidente y perturbador. Así como Edward Lewis compra la empresa del padre para hacerla desaparecer, el actual presidente argentino construyó su identidad política prometiendo dinamitar el Estado, destruir lo público y borrar toda forma de capitalismo productivo nacional. En ambos casos, el gesto fundacional no es crear algo nuevo, sino odiar y demoler lo existente. El parricidio simbólico se transforma en programa económico.
El modo de acumulación de Edward nace del odio: ganar dinero destruyendo lo que otros han construido con esfuerzo. Por eso no produce nada. Por eso no crea empleo. Por eso sólo sabe comprar, desarmar y liquidar. El millonario de la película es un hijo que confunde emancipación con demolición. Cree que ser libre es arrasar con todo lo anterior. No supera al padre: lo borra. Y al hacerlo, inaugura su adhesión total al capitalismo financiero salvaje, abstracto, sin rostro ni responsabilidad social. ¿Te suena conocido?.
Ahora volquemos un instante la mirada sobre Vivian Ward. Ella no sólo vende “placer”, en el guion queda muy claro, vende tiempo, disponibilidad corporal y fuerza de trabajo. Es exactamente lo que describe Karl Marx en El Capital: el trabajador no vende el producto, vende su capacidad de trabajar durante un lapso determinado. Vivian negocia por hora, por noche, por semana. Hay tarifa, contrato verbal, condiciones, penalidades y hasta cláusulas implícitas. Edward no compra a Vivian: alquila su fuerza de trabajo, como cualquier capitalista alquila mano de obra. La diferencia es sólo el rubro. No hay romanticismo ahí: hay mercado.
Han intentado vender esta película como una moderna historia de princesa. Lamento decirles que no, en esta historia Vivian produce valor en términos económicos, no son mercancías materiales. Produce servicio. Edward, en cambio, no produce nada. Vive de la valorización abstracta del capital. En términos clásicos, Vivian está más cerca del trabajo productivo que Edward, aunque el sistema declare lo contrario.
Y podemos darle una rosca más de tuerca. Vivian pertenece al sector más desprotegido del proletariado como son los repartidores del estilo Rappi. No tiene derechos laborales. No tiene seguridad social. No tiene estabilidad. No controla el proceso, ni el resultado, pero la prostituta tiene lo aventaja al repartidor en un aspecto: cobra por adelantado porque sabe que el capital incumple.
Volvamos al texto de Feinmann, el filósofo señaló otra arista, con ironía nos cuenta sobre la inversión de roles: la prostituta es quien humaniza al capitalista. Vivian no sólo enamora al príncipe; lo civiliza. Cuando Lewis decide salvar la empresa naviera de James Morse y sostener el trabajo de cientos de obreros, no se vuelve socialista: retrocede al viejo capitalismo burgués, productivo, industrial, con fábricas, máquinas y salarios. Vuelve a la producción industrial. El dinero vuelve a estar al servicio de la producción y no de la especulación.
Por otro lado tenemos al villano, que no es casual. Philip Stuckey, el abogado financiero, es la encarnación del capital salvaje, sin rostro ni escrúpulos que te recuerda rápidamente al 3% de las coimas, el cierre de los fondos para el CONICET, el cierre de escuelas, la quita de alimentos para comedores… La escena donde el abogado intenta violar a Vivian, no es un exceso del guion, es la metáfora brutal y más cercana a la realidad de un sistema que avanza sobre todo lo que no comparte su ideología, incluso sobre los cuerpos. Esa escena se repite a diario cuando se quitan los remedios a los discapacitados o a los jubilados. Cuando Lewis lo expulsa, también expulsa —momentáneamente— a la lógica financiera extrema. Es lo que sucedió en diciembre del 2001 cuando la sociedad toma conciencia y expulsa el gobierno de De la Rua.
Lo importante de este análisis es no idealizar a Hollywood, al contrario, darnos cuenta de que en el corazón mismo del imperio cultural y económico, el capital financiero aparece y es señalado como reprochable. Mientras que la producción y el trabajo conservan un resto de legitimidad moral. El príncipe es bueno porque crea empleo; la Cenicienta es hada porque devuelve sensibilidad a un millonario desalmado. Y acá caemos en la cuenta de que se trata sólo de un simple cuento. Muy difícil que se haga realidad.
Pero hagamos con el cine como enseñó Feinmann: pensar la política donde otros veían sólo entretenimiento. Y por eso esta película sigue siendo incómoda, necesaria y actual. Porque el problema que vio en Mujer bonita en los ’90 es el nuestro en pleno 2025/2026.
