Política

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    La cruzada por ubicar a Milman: tensiones, vetos y negociados detrás del nuevo armado Milei–Bullrich

     

    Mientras Milei y Bullrich maniobran para encontrarle un destino estatal a Gerardo Milman antes de que pierda su banca en diciembre, el veto persistente de Karina y el pesado prontuario judicial del ex funcionario macrista revelan una interna feroz y un pacto subterráneo que roza incluso a Cristina. En paralelo, vuelve a emerger la trama de contrataciones truchas, sociedades fantasma y el caso de las “chicas de Milman” que lo tiene procesado por defraudación al Estado.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para Noticias La Insuperable

    Un protegido incómodo

    En el microclima del gobierno libertario, Gerardo Milman se volvió un problema que nadie quiere admitir, pero del que todos hablan. Milei, que lo considera una “víctima” tras el archivo de su vínculo con el atentado de Los Copitos, insiste en darle un lugar. Bullrich, que en días dejará el Ministerio de Seguridad para asumir como senadora, también empuja su desembarco: quería ubicarlo en Migraciones, organismo estratégico que logró arrebatarle al Ministerio del Interior a pocas horas de que asumiera Diego Santilli.

    Pero hay una muralla infranqueable: Karina, la verdadera jefa política del gobierno. Ya en mayo había vetado su nombre para integrar la lista de diputados nacionales y ahora volvió a bajarle el pulgar a cualquier cargo sensible. Según reconstruyó LPO, no quiere arriesgar la “relación subterránea” que mantiene con Cristina, un canal reservado que existe desde el inicio del gobierno y que en los últimos meses ganó intensidad.

    El magma de los pactos: Corte Suprema y nombres propios

    Mientras bloquea a Milman, Karina acelera negociaciones con el kirchnerismo para avanzar en la recomposición de la Corte. Con el caputista Sebastián Amerio afuera —también por veto del mismo círculo—, se abrió un diálogo para un acuerdo cruzado: el gobierno empuja al camarista Mariano Llorens y, del otro lado, empieza a circular con fuerza el nombre de Anabel Fernández Sagasti, una de las senadoras más cercanas a Cristina.

    Que Sagasti aparezca mencionada como puente entre la ex presidenta y el entorno íntimo de Karina no sorprende en ese clima de diplomacia clandestina. Pero sí explica por qué Milman quedó, otra vez, afuera del reparto.

    Un candidato con demasiado lastre

    Aun si Karina levantara el veto, Milman carga con un historial que hace difícil justificar cualquier designación. Bullrich insiste en proteger a su mano derecha, pero el procesamiento por defraudación en la Dirección de Inteligencia Criminal es un impedimento legal evidente… salvo en el universo Milei–Bullrich, donde las barreras de inconveniencia suelen borrarse.

    En aquella causa —que empezó con denuncias del abogado Yamil Castro Bianchi y del entonces ministro Aníbal Fernández— la Justicia detalló un verdadero catálogo de irregularidades:

    — Contrataciones fantasma: 18 personas “ingresadas” para una supuesta Sala de Situación que nunca existió.
    — Recibos falsificados: firmas adulteradas, pagos en efectivo por debajo de lo declarado, gente que ni sabía dónde quedaba el ministerio.
    — Un ejército de contratados de Tres de Febrero: todos vinculados a un puntero del PRO, hoy secretario de Seguridad del distrito, investigado además por nexos con grupos de ultraderecha.
    — 2 millones de pesos defraudados en 2017, equivalentes hoy a unos 20 millones.

    La Cámara Federal, con votos de Irurzun y Boico, confirmó el procesamiento. La Casación —la famosa “Sala M”, macrista— había intentado salvarlo alegando falta de dolo. No prosperó.

    Las “chicas de Milman”: belleza, inteligencia y negocios paralelos

    A las contrataciones irregulares se sumó otro capítulo: las cuatro mujeres designadas para tareas de inteligencia sin cumplir un solo requisito formal. El caso más resonante fue el de Carolina Gómez Mónaco, ex Miss Argentina, que Milman puso al frente de la Escuela de Inteligencia sobre el Delito. Fue la misma persona que estaba con él en Casablanca cuando dijo la célebre frase sobre Cristina: cuando la maten voy a estar camino a la Costa.

    El expediente reveló que Gómez Mónaco abrió en simultáneo Luxa Estética, un centro de belleza administrado por una sociedad llamada Salvattore Group, denunciada por la IGJ como empresa fantasma usada para desviar fondos del Ministerio de Seguridad. La propia Gómez Mónaco pidió que Milman fuera citado como “tercero” en el pleito.
    A eso se sumó otra sociedad sospechosa, Inversora Milwood, con sede en Uruguay y otra en Temperley, cerca del domicilio del entonces funcionario.

    Por todo esto, Milman también fue investigado por lavado, aunque su procesamiento vigente es por defraudación.

    El blindaje judicial y el sobrecito de Milei

    Mientras avanza hacia el juicio oral, Milman sigue apelando a su balsa habitual: el aparato judicial macrista. Ya logró que Capuchetti archivara su vínculo con el atentado contra Cristina, aunque la apelación presentada por la ex presidenta y la fiscalía dejó la decisión final en manos de la misma Sala M que lo supo favorecer.

    A pesar de su imagen pública destrozada, Milei lo reivindica. Bullrich lo protege. Y ambos buscan un salvavidas antes del 10 de diciembre, cuando pierda su banca.

    Migraciones como botín: la línea Trump que adopta Milei

    La obsesión por ubicarlos allí no es casualidad. La transferencia de la Dirección Nacional de Migraciones a Seguridad responde a la matriz trumpista que Milei adopta con entusiasmo: inmigrante igual sospechoso, igual amenaza.
    Una política que contradice de frente la Constitución, que concibe a la Argentina como tierra abierta a quienes quieran habitarla.

    Mientras el gobierno demoniza extranjeros inventando gastos o culpándolos de delitos, las fronteras siguen siendo un colador: ingresan con visas truchas funcionarios bajo alerta internacional y prófugos del narcotráfico.
    En ese escenario crítico, Bullrich pretende instalar a Milman, procesado, responsable político durante la represión que terminó con las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, y promotor de la polémica pericia de Gendarmería que todavía intenta sostener que a Nisman lo mataron.

    Pero en el combo Milei–Bullrich, la lógica suele ser la inversa: cuanto más grave la denuncia, más fuerte la defensa.

     

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    CAMBIO DE FICHAS EN LA CASA ROSADA: Monteoliva y Presti asumen Seguridad y Defensa en plena crisis del modelo Milei

     

    El Gobierno anunció que Alejandra Monteoliva reemplazará a Patricia Bullrich en Seguridad y que Carlos Alberto Presti ocupará el sillón de Defensa. Mientras Bullrich y Petri se reubican en el Congreso, Milei insiste en vender la idea de una continuidad doctrinaria que ya exhibe claros signos de agotamiento.

    Por Roque Pérez para Noticias La Insuperable


    Bullrich se va… pero deja su sombra

    Sin demasiada ceremonia, la Oficina del Presidente confirmó que la actual secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, será quien ocupe el ministerio que Bullrich deja vacante para saltar al Senado como presidenta del bloque de La Libertad Avanza. El texto oficial la presenta como pieza fundamental de la Doctrina Bullrich, ese credo de mano dura que Milei abraza como si fuera una autopista directa a la seguridad y no el mismo callejón sin salida de siempre.

    Desde X, Bullrich se ocupó de blindar a su heredera política. En un largo mensaje la describió como profesional incansable, la felicitó por “los resultados, el coraje y la honestidad” y, por si quedaba alguna duda, le dejó un mandato con tono de orden: sostener la doctrina, esa que en su versión oficial promete orden y ley, y en su versión real acumula denuncias, abusos y fiascos de gestión.


    Defensa también cambia de manos

    En el mismo comunicado, Casa Rosada informó que el jefe del Estado Mayor General del Ejército, Carlos Alberto Presti, será el nuevo ministro de Defensa. Reemplaza a Luis Petri, quien desembarcará en la Cámara de Diputados.

    Milei –que en estos días parece más preocupado por reordenar su interna que por gobernar– salió rápido a saludar a sus flamantes funcionarios y a remarcar que ambos nombramientos garantizan la “continuidad del rumbo” iniciado el 10 de diciembre de 2023.

    Ese “rumbo” es el que Noticias La Insuperable viene analizando desde hace meses: ajuste, militarización simbólica, precarización institucional y un relato épico que intenta tapar la ineficacia cotidiana.


    La épica del ‘camino que continúa’

    Según el parte oficial, estas designaciones son necesarias para que la “Argentina potencia” deje de ser un eslogan y se convierta en realidad. Lo paradójico es que lo dicen justo cuando el propio Gobierno se ve obligado a mover piezas porque sus ministros originales ya no logran sostener su lugar en la primera línea.

    Bullrich, por caso, se va al Senado después de once meses signados por choques internos, fracasos operativos y una disputa soterrada por el control político sobre las fuerzas. Pero en la narrativa libertaria nada es conflicto: todo es continuidad, firmeza y un futuro brillante a la vuelta de la esquina.


    Quién es Alejandra Monteoliva

    La nueva ministra de Seguridad nació en Córdoba y tiene un largo recorrido académico y técnico en el área. Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Católica de Córdoba y realizó una maestría en Colombia, donde también trabajó como docente y directora de programas universitarios vinculados a política pública y gestión pública.

    Su salto a la gestión llegó en 2012, cuando el entonces gobernador José Manuel de la Sota la convocó como asesora en el Ministerio de Seguridad provincial. Un año después, asumió como ministra.

    Durante el gobierno de Macri, Patricia Bullrich la integró a su equipo en Seguridad nacional, donde quedó al frente de la Dirección de Gestión de Información Criminal. Con el cambio de administración, Monteoliva se mantuvo orbitando el universo PRO: en 2020 trabajó en Vicente López, bajo la gestión de Jorge Macri.

    El triunfo de Bullrich dentro del esquema libertario la volvió a colocar en la estructura nacional desde 2023, esta vez como secretaria de Seguridad. Ahora, con la salida de su jefa política, asciende al máximo cargo del área.


    Una transición que muestra más debilidad que orden

    Aunque el Gobierno intenta vender estas designaciones como parte de un plan coherente, lo cierto es que los movimientos exponen tensiones internas, desgaste en el gabinete y una necesidad urgente de recomponer autoridad.

    Monteoliva llega con un sello bullrichista marcado a fuego y Presti desembarca desde la cúpula del Ejército para ocupar un ministerio en el que la injerencia política se volvió cada vez más errática.

    Mientras Milei repite la muletilla de la “continuidad”, crece la sensación de que estos cambios son, más que nada, parches para un modelo que no encuentra dónde afirmarse.

     

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    Milei y la dependencia de Estados Unidos: la Argentina a merced del Tesoro norteamericano

     

    Argentina entrega su soberanía.

    Por Roque Pérez para Noticias La Insuperable

    La reciente transferencia de 872 millones de dólares en DEGs revela que el Gobierno de Milei no solo depende del FMI, sino que Washington se convirtió en su sostén financiero clave, condicionando la soberanía económica del país.


    Un rescate disfrazado de ayuda

    El Tesoro de Estados Unidos transfirió 872 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro (DEGs) a la Argentina, recursos que permitieron pagar un vencimiento de deuda con el FMI por 796 millones de dólares. Aunque oficialmente se presenta como una “venta”, el contexto muestra que se trata de un rescate encubierto, ligado a un swap financiero activado tras las elecciones. Esta maniobra evidencia que la estabilidad económica de la Argentina depende hoy más de Washington que de decisiones propias del Gobierno.


    Intervención norteamericana antes y después del pago al FMI

    Antes de transferir los DEGs, Estados Unidos compró cerca de 2.000 millones de pesos para contener la volatilidad del mercado cambiario. La asistencia se extendió a lo largo de todo el proceso, mostrando que el Tesoro norteamericano no solo aporta fondos, sino que dirige en buena medida la política financiera local, convirtiéndose en un actor central en la administración económica del país.


    Un negocio rentable para EE.UU.

    La ayuda financiera no es gratuita. La operación generó ganancias para el Tesoro norteamericano a través de intereses y retornos sobre los fondos en pesos, convirtiendo a la Argentina en un campo de pruebas rentable para Washington. Esto refuerza la idea de que la relación no es de colaboración, sino de dependencia con beneficios claros para Estados Unidos.


    Una relación de dependencia estructural

    La combinación de swaps de moneda, asistencia en pesos y pagos al FMI muestra que la Argentina de Milei está atrapada en un modelo de dependencia estructural. La autonomía económica del país queda comprometida, y cualquier ajuste o tensión externa puede repercutir directamente en la gestión del Gobierno, exponiendo al país a decisiones financieras dictadas desde el Tesoro norteamericano.


    Riesgos y consecuencias

    Esta dependencia tiene costos claros: limita la soberanía económica, aumenta la vulnerabilidad ante crisis externas y condiciona la política interna. La estabilidad de la Argentina está hoy ligada a los intereses de Washington, y el margen de maniobra de Milei para tomar decisiones propias se reduce cada día.

    La transferencia de 872 millones de dólares en DEGs por parte del Tesoro de Estados Unidos deja en evidencia que el Gobierno de Milei sostiene su economía a expensas de Washington. La Argentina atraviesa un momento de fragilidad financiera estructural, donde la soberanía y la autonomía económica se ven claramente condicionadas por intereses extranjeros.

     

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    Petri y FAdeA, otra bomba de corrupción libertaria: contratos irregulares, retiros en efectivo y amedrentamiento interno

     

    El gobierno libertario no para de generar escándalos de corrupción.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para Noticias La Insuperable

    El escándalo que sacude a la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) expone irregularidades graves en la gestión de Luis Petri y deja al desnudo las contradicciones de la narrativa de austeridad del gobierno de Javier Milei. Contratos firmados sin aval del directorio, filmaciones de retiros de dinero en efectivo y represalias contra denunciantes configuran un cuadro que compromete a funcionarios y pone en tensión la credibilidad oficial.

    Denuncias internas que destaparon el caso

    El conflicto comenzó en agosto de 2025, cuando técnicos de FAdeA presentaron denuncias internas ante la gerencia de Asuntos Legales, Ética y Compliance, dirigida por Julia Enríquez. Los expedientes 1/2025 y 2/2025 dieron inicio a una investigación sobre pagos indebidos y la renegociación de contratos con empresas privadas.

    El presidente de FAdeA, Julio Manco, asumió en febrero de 2025 tras la renuncia de Fernando Sibilla. Con antecedentes en HSBC, en la gestión de Mauricio Macri y luego en la órbita de Milei, Manco impulsó un giro en la conducción: menos controles, más discrecionalidad y una relación relajada con los mecanismos de aprobación institucional.


    Contratos favorecedores y firmas irregulares

    El primer alerta. señalan desde EnOrsai, se produjo con la renegociación de un contrato con Alta Aviación. Los términos originales, que establecían un alquiler de hangar por 10.000 dólares mensuales y 45 dólares por hora técnica, fueron modificados unilateralmente por Manco:

    • Alquiler reducido en un 80%
    • Hora técnica bajada a 25 dólares
    • Seis meses de gracia otorgados

    El documento fue firmado únicamente por Manco, sin pasar por el directorio integrado por Emilio Magnaghi y el brigadier Francisco Leguiza, lo que en la administración pública representa una forma deliberada de eludir controles y revisiones jurídicas.


    Retiros de efectivo y evidencia filmada

    La situación escaló cuando se difundió la filmación de una secretaria vinculada al gerente comercial Pablo Salort retirando 10.000 dólares en efectivo de las oficinas de Alta Aviación. El pedido inicial era de 30.000 dólares, pero solo se entregó un tercio.

    La grabación mostró que la operación no estaba vinculada a ningún trámite oficial y que la secretaria trabajaba como auxiliar privada de Salort, sin relación institucional con FAdeA. Salort renunció tras la difusión, un gesto que los denunciantes interpretaron como un intento de cortar la cadena de responsabilidades más que una admisión de culpa.


    Patrón de irregularidades y represalias

    El retiro de los dólares no fue un hecho aislado. La investigación interna reveló un patrón de operaciones irregulares: contratos con beneficios desproporcionados para empresas privadas, movimientos administrativos opacos y solicitudes de dinero en efectivo fuera de los canales oficiales.

    Entre los denunciantes más activos se destacó Juan Ronco, del área de Ventas y Compras, quien detectó inconsistencias en acuerdos con Alta Aviación y Hangar Uno, beneficiarias recurrentes de decisiones sospechosas.

    La reacción de Manco frente a quienes denunciaron las irregularidades incluyó intentos de despido y amedrentamiento, frenados por Enríquez, quien preservó las pruebas y elevó la documentación a la Oficina Anticorrupción (OA) y a la Dirección de Transparencia del Ministerio de Defensa, dirigida por Martín Camps.


    Investigación oficial y repercusión mediática

    El 23 de septiembre de 2025, FAdeA remitió toda la documentación a la OA, que abrió la investigación preliminar SISA Nº 23.563. El 14 de noviembre, la Oficina confirmó la apertura formal del expediente, manteniéndolo bajo reserva.

    El caso se hizo público el 21 de noviembre, cuando los medios difundieron los detalles más sensibles: filmaciones, renegociaciones sospechosas, intentos de despidos y tensiones internas. Esto generó una alerta política directa sobre el ministro de Defensa, Luis Petri, cuyo manejo del área ya había sido cuestionado por episodios previos como irregularidades en contrataciones por 50.000 millones de pesos y un allanamiento frustrado en IOSFA.


    Contexto más amplio: corrupción estructural

    El escándalo FAdeA no es un hecho aislado: se enmarca en un patrón de irregularidades en el Ministerio de Defensa, que incluye venta irregular de terrenos, maniobras dudosas en IOSFA, falta de transparencia en el uso de fondos y auditorías que revelaron deudas y faltantes.

    La narrativa oficial del “Estado profesionalizado y eficiente” que el gobierno de Milei intenta instalar se desarma ante estos hechos, que muestran un sistema permeado por intereses privados, discrecionalidad y prácticas incompatibles con la austeridad pública.


    Impacto político y conclusiones

    El escándalo tiene un doble efecto:

    1. Compromete la continuidad de Luis Petri, uno de los ministros más expuestos del gabinete.
    2. Refuerza la percepción de que el ajuste libertario no eliminó la corrupción, sino que abrió nuevos flancos al reducir controles, desfinanciar áreas críticas y concentrar decisiones en pocos funcionarios.

    Como señaló un experto en gestión pública consultado por Noticias La Insuperable, “la corrupción no desaparece por decreto; requiere controles reales, transparencia y funcionarios calificados”.

    El caso FAdeA demuestra que el ajuste sin institucionalidad genera más discrecionalidad, más opacidad y más oportunidades para la corrupción, y que el gobierno de Javier Milei, lejos de erradicar estas prácticas, comienza a ser señalado como su principal garante.

     

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    Rescatan objetos de un Galeón hundido en el siglo XVIII

     

    En un hecho sin precedentes para la arqueología latinoamericana, el Estado colombiano presentó en Cartagena de Indias los primeros objetos recuperados del legendario galeón San José, hundido en 1708 y considerado uno de los mayores tesoros sumergidos del planeta. Las piezas —un cañón, una taza de porcelana, fragmentos cerámicos y tres macuquinas de oro y bronce— abren una nueva etapa científica para comprender la vida, el comercio y la tecnología de la época.

    Por Alcides Blanco para Noticias La Insuperable

    El San José empieza a hablar

    A más de tres siglos de su hundimiento en el Caribe, y a 612 metros de profundidad, el emblemático galeón español San José comienza finalmente a revelar su historia. El gobierno colombiano mostró las primeras cinco piezas rescatadas del Área Arqueológica Protegida del naufragio, un tesoro que en 2015 reavivó disputas internacionales por un botín valuado en miles de millones de dólares.

    La directora del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), Alhena Caicedo, explicó que esta recolección inicial busca “comprender mejor los comportamientos que los materiales podrían tener una vez se expusieran al oxígeno”, un paso clave para garantizar su conservación.


    Un proyecto científico sin precedentes

    La operación forma parte de la segunda fase de la investigación Hacia el corazón del galeón San José, un proyecto interdisciplinario entre el Ministerio de Culturas, el Ministerio de Defensa, la Armada, DIMAR y el ICANH. Según recordó Noticias La Insuperable en trabajos previos sobre patrimonio sumergido, este tipo de investigaciones suele enfrentar enormes desafíos tecnológicos y diplomáticos, un frente que Colombia decidió encarar con una inédita articulación estatal.

    La primera fase del proyecto se centró en un estudio no intrusivo del fondo marino para mapear la distribución de los restos y verificar que el sitio no hubiera sido alterado por manos humanas. Esa exploración permitió confirmar que, pese a su fama global, el San José permanecía en un estado excepcional de conservación.


    El delicado proceso de rescate y estabilización

    Para elegir qué objetos recuperar, el equipo aplicó estrictos protocolos científicos y aprovechó la robótica submarina de la Armada. Se priorizaron materiales inorgánicos —metales y porcelana— que permitirán responder preguntas clave sobre tecnología, procedencia y cronología.

    Las piezas fueron transportadas en buques de la Armada y derivadas al laboratorio de Patrimonio Cultural Sumergido del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe. Allí comienza el largo proceso de estabilización, que consiste en adaptar lentamente los objetos al tránsito del ambiente marino al terrestre para evitar su deterioro.


    Qué revelará este tesoro sobre el siglo XVIII

    El análisis de las macuquinas, la porcelana, el cañón y los sedimentos asociados permitirá profundizar en aspectos centrales de la época colonial:

    • tecnologías metalúrgicas y cerámicas,
    • rutas del comercio transoceánico,
    • origen y cronología de los materiales,
    • formación del sitio del naufragio,
    • e incluso nuevas hipótesis sobre las causas del hundimiento.

    Cada uno de estos objetos funciona como una auténtica cápsula del tiempo: las monedas pueden revelar circuitos económicos de la Corona; la porcelana, vínculos con el comercio asiático; y el cañón, técnicas militares de la época.


    Memoria marítima y soberanía cultural

    La ministra de las Culturas, Yannai Kadamani Fonrodona, celebró el avance como “una muestra del fortalecimiento de las capacidades técnicas, profesionales y tecnológicas del Estado colombiano para proteger y difundir su Patrimonio Cultural Sumergido”. Caicedo añadió que este hito permitirá que la ciudadanía se acerque a la historia del San José a través de testimonios materiales que sobrevivieron más de trescientos años bajo el mar.

    El rescate, además, consolida la primera gran investigación conjunta entre el sector cultural y el sector defensa en Colombia. Un trabajo que no solo busca estudiar uno de los tesoros más emblemáticos del continente, sino devolverle al país una parte esencial de su memoria histórica.

    Con estos primeros objetos en superficie, el galeón San José empieza a hablar. Y cada pieza promete nuevas revelaciones.

     

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    El giro narco que Milei no puede explicar: contradicciones, cuadernos y beneficios oficiales detrás del caso Karen Reichardt–Fred Machado

     

    La admisión de Karen Reichardt de que su ex marido recibió USD 230.000 del presunto narco internacional Fred Machado desató una tormenta política que el oficialismo no logra contener. Entre cambios de versión, cuadernos de coimas en la Andis y beneficios otorgados por el gobierno de Milei, la trama expone un mecanismo de financiamiento que ya salpica a varias figuras libertarias.

    Por Tomás Palazzo para Noticias La Insuperable

    A fines del mes de octubre, desde Noticias La Insuperable, nos preguntábamos ¿Qué tiene que ver Karen Reichardt con Fred Machado? anticipando un escándalo que se venía venir y que, tres semanas después, finalmente estalló. La crisis que enfrenta Milei por el financiamiento político de su espacio sumó un capítulo explosivo con la confirmación de Karen Reichardt: el presunto narco Fred Machado giró USD 230.000 a su ex marido, el empresario Gustavo Balabanian. Lo que la diputada primero desestimó como un “disparate” terminó convertido en una admisión forzada que abrió interrogantes todavía más graves. Como recordó EnOrsai, la diputada libertaria modificó su versión en apenas un día, reflejando el nivel de improvisación con el que el oficialismo intenta administrar un escándalo que crece sin freno.

    Del “disparate” a la confesión pública

    La historia estalló cuando LPO reveló el vínculo económico entre Balabanian —titular de Paraná Seguros— y Machado, señalado como operador delictivo con conexiones internacionales. La respuesta inicial de Reichardt fue un intento desesperado de descalificar la noticia: aseguró en redes que se trataba de una acusación absurda. Menos de 24 horas después, ante la evidencia, admitió que la transferencia existió, que fue a nombre de Balabanian y que provenía de Machado.

    Reichardt ensayó entonces una explicación que sonó más a control de daños que a transparencia: habló de “una operación de 2015”, de un pago “en blanco” y de que su ex marido “se come un garrón por ella”. Pero nada de eso alcanzó para despejar las dudas sobre el verdadero sentido del giro.

    El problema no es la formalidad: es el vínculo

    La diputada insiste en que se trató de una operación comercial registrada. Pero la cuestión central es otra: ¿por qué un presunto narco vinculado a redes delictivas internacionales transferiría USD 230.000 a un empresario beneficiado por el gobierno de Milei?

    Es ahí donde la crisis adquiere una dimensión institucional: un hombre investigado por narcotráfico aportando fondos a alguien del círculo íntimo de una diputada oficialista, en un contexto donde el oficialismo acumula escándalos similares.

    De las ART al caso Andis: el recorrido del beneficiado

    La situación se agrava cuando se observa el recorrido reciente de Balabanian:

    • Su empresa Paraná Seguros fue autorizada por el gobierno de Milei a ingresar al negocio de las ART, un mercado históricamente cerrado.
    • La decisión salió de la Superintendencia de Seguros que encabeza Guillermo Plate, hombre de confianza de Juan Pazo, figura clave del oficialismo en el manejo financiero del Estado.
    • En paralelo, el nombre de Balabanian aparece en la libreta incautada al lobbysta Miguel Calvete, investigado por un sistema de retornos y coimas dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), en la causa que lleva adelante el juez Sebastián Casanello.

    El vínculo entre beneficios oficiales, cuadernos de coimas y transferencias de un presunto narco configura un escenario que excede lo personal o lo anecdótico. Se trata de un circuito.

    El rompecabezas empieza a cerrar

    La aparición de Balabanian en las anotaciones de Calvete refuerza la hipótesis de una estructura sistemática de financiamiento y favores. Y la admisión de Reichardt legitima aún más esos registros: si su ex marido figura en los cuadernos y también recibió fondos de Machado, ¿qué impide pensar que otros nombres allí mencionados también respondan a hechos reales?

    Entre esos nombres aparece Florencio Randazzo, sumando un condimento extra a la crisis y ampliando la red de relaciones en torno al financiamiento irregular.

    Un patrón libertario ya imposible de ocultar

    El caso Reichardt–Balabanian–Machado no es un episodio aislado. Encaja con un esquema que viene repitiéndose en La Libertad Avanza:

    • José Luis Espert quedó fuera de carrera cuando se reveló su vínculo con Machado.
    • Lorena Villaverde perdió su pliego en el Senado por nexos con el mismo presunto narco.
    • La causa Andis ya sacudió al oficialismo por el rol de Calvete, Spagnuolo y otros operadores en un engranaje de coimas y retornos.

    La reiteración de nombres, contactos y beneficiarios demuestra que estamos ante un patrón de financiamiento político, no ante una coincidencia aislada.

    Milei intenta despegarse, pero todo conduce a su gobierno

    El oficialismo optó por minimizar el escándalo y victimizarse ante lo que describe como “ataques de la prensa”. Pero los hechos siguen chocando con ese relato:

    1. El ex marido de una diputada libertaria recibió una transferencia relevante de un presunto narco.
    2. Ese mismo ex marido aparece en cuadernos que detallan coimas en un organismo público clave.
    3. Su empresa fue beneficiada por el propio gobierno de Milei.

    Todo eso ocurre mientras el país atraviesa recortes brutales, peleas internas libertarias y un malestar social creciente. Precisamente el caldo de cultivo donde un escándalo de financiamiento ilegal se vuelve todavía más inflamable.

    El interrogante central que Milei debe responder

    La admisión de Reichardt no cerró la polémica: la abrió. Y ahora la discusión gira en torno a una pregunta básica y decisiva:

    ¿Cuánto dinero de Machado terminó financiando la política libertaria?

    Las transferencias existen. Los vínculos existen. Las anotaciones existen. Lo que falta es la explicación.

    Y mientras Milei intenta contener la crisis con ataques a la prensa y negaciones formales, la sociedad percibe algo evidente: cuando el narcotráfico se mezcla con el financiamiento político, no hay “disparate” capaz de taparlo.