Política

 

Mucho antes de compartir un grupo mundialista, España y Cabo Verde ya estaban conectados por una de las decisiones geopolíticas más trascendentes de la historia. Las llamadas Bulas Alejandrinas, dictadas en 1493 por el papa Alejandro VI, utilizaron al archipiélago africano como referencia para repartir los territorios que Europa todavía no había conquistado. Aquel documento terminó moldeando el mapa de América, África y parte del mundo moderno.

Por Alcides Blanco para NLI

Cuando la pelota empiece a rodar entre España y Cabo Verde, la mayoría verá un partido entre una potencia histórica del fútbol y una selección que representa el crecimiento del deporte africano. Sin embargo, existe un vínculo mucho más antiguo y profundo que el deporte. Se remonta al siglo XV, cuando el papado decidió intervenir en la disputa colonial entre las coronas ibéricas y utilizó al archipiélago caboverdiano como punto de referencia para dividir el planeta.

En 1492, el viaje de Cristóbal Colón abrió una competencia feroz entre Castilla y Portugal por el control de las nuevas rutas comerciales y de las tierras recién descubiertas. Ambos reinos eran las grandes potencias marítimas de la época y reclamaban derechos exclusivos sobre territorios que ni siquiera conocían completamente.

El papa que repartió el planeta

La solución llegó desde Roma. En mayo de 1493, el papa Alejandro VI emitió una serie de documentos conocidos como Bulas Alejandrinas, que establecían una línea imaginaria ubicada aproximadamente a cien leguas al oeste de las islas Azores y de Cabo Verde.

Todo lo que quedara al oeste de esa línea, establece la Bula Inter Caetera de 1493, sería considerado zona de influencia castellana. Lo que estuviera al este permanecería bajo dominio portugués.

La elección de Cabo Verde no fue casual. El archipiélago, descubierto y colonizado por Portugal durante el siglo XV, era uno de los puntos estratégicos de la navegación atlántica y funcionaba como una referencia geográfica conocida para los cartógrafos de la época.

En otras palabras, unas pequeñas islas volcánicas frente a la costa africana se transformaron en el punto desde el cual Europa intentó repartir el mundo entero.

De las Bulas al Tratado de Tordesillas

Portugal consideró insuficiente el reparto papal. Las negociaciones entre ambas coronas concluyeron en 1494 con el Tratado de Tordesillas, que desplazó la línea divisoria unas 370 leguas al oeste de Cabo Verde.

Ese cambio aparentemente técnico terminó teniendo consecuencias enormes.

Gracias a ese corrimiento, una porción del continente sudamericano quedó dentro del área portuguesa, permitiendo que siglos después surgiera Brasil como una nación de lengua portuguesa, mientras el resto de América Latina quedó mayoritariamente bajo influencia española.

Sin aquella referencia geográfica basada en Cabo Verde, el mapa político y lingüístico del continente americano probablemente sería completamente distinto.

Cabo Verde, un puente entre continentes

Durante los siglos siguientes, Cabo Verde ocupó un papel central en el comercio atlántico. Sus puertos se convirtieron en escalas obligadas para barcos que viajaban entre Europa, África y América.

También fue uno de los principales centros del tráfico esclavista organizado por las potencias coloniales, convirtiéndose en un espacio de mezcla cultural, lingüística y étnica que todavía hoy caracteriza a la sociedad caboverdiana.

Su ubicación estratégica hizo que el pequeño archipiélago tuviera una influencia histórica mucho mayor que su tamaño territorial.

Un partido que también cuenta una historia de cinco siglos

El encuentro entre España y Cabo Verde es mucho más que un choque mundialista. Representa, de manera casi simbólica, el cruce entre dos protagonistas de una historia que comenzó hace más de quinientos años cuando un papa, un reino colonial y un conjunto de islas africanas quedaron unidos por una decisión destinada a organizar la expansión europea.

Las Bulas Alejandrinas nunca lograron controlar completamente la realidad ni evitar los conflictos posteriores, pero sí dejaron una huella indeleble sobre la geografía política del planeta. La existencia de Brasil como país lusófono, la distribución colonial de América y buena parte de las relaciones entre España y Portugal encuentran allí uno de sus puntos de partida.

Así, mientras noventa minutos decidirán quién suma tres puntos en el Mundial, la memoria histórica recuerda que España y Cabo Verde ya habían compartido protagonismo en uno de los episodios más ambiciosos de la historia universal: el intento de dividir el mundo con una simple línea trazada sobre un mapa.

 

 

Mientras el Gobierno castiga a familiares de periodistas críticos, impulsa el ascenso judicial de la esposa de uno de sus principales defensores mediáticos. La historia de Marina Pisacco vuelve a poner en discusión la relación entre poder político, medios de comunicación y Justicia.

Por Tomás Palazzo para NLI

Hay decisiones políticas que hablan más fuerte que los discursos. Mientras Javier Milei convirtió la batalla contra la denominada «casta» en una marca registrada de su gestión, una designación impulsada por la Casa Rosada expone una contradicción difícil de explicar: el ascenso a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de Marina Edith Pisacco, esposa del periodista Adrián Ventura, uno de los comunicadores que más enfáticamente sostiene las posiciones del oficialismo en materia judicial e institucional.

El pasado 11 de mayo, el Poder Ejecutivo remitió al Senado el mensaje solicitando el acuerdo correspondiente para designar a Pisacco como vocal de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. El documento lleva las firmas del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y del propio Milei, quien solicita expresamente el tratamiento de la candidatura en los términos del artículo 99 inciso 4 de la Constitución Nacional.

La postulación comenzó su recorrido parlamentario y fue tratada en la Comisión de Acuerdos del Senado el 9 de junio, dando un paso más en un proceso que vuelve a poner bajo la lupa la relación entre determinados sectores del periodismo y el poder político.

Una historia que no empezó con Milei

El nombre de Marina Pisacco no aparece por primera vez asociado a un gobierno que premia a familiares de periodistas influyentes.

En mayo de 2022, NLI publicó una investigación en la que repasaba cómo la magistrada había recibido durante la gestión de Mauricio Macri una promoción que generó fuertes cuestionamientos, mientras su esposo mantenía una permanente presencia mediática como analista judicial y uno de los periodistas de referencia de TN en temas vinculados a la Justicia Federal.

Aquella nota planteaba una pregunta incómoda: si Ventura era tan severo al analizar supuestos privilegios de funcionarios kirchneristas, ¿por qué mantenía silencio cuando los beneficios alcanzaban a su propio entorno familiar?

Cuatro años después, la discusión vuelve a instalarse. Cambia el gobierno, pero la protagonista sigue siendo la misma.

El doble estándar del Gobierno

La situación adquiere otra dimensión cuando se observa una decisión tomada por el propio Milei apenas días antes.

El Gobierno nacional pidió retirar el pliego de una candidata a jueza federal luego de que trascendiera su vínculo familiar con un periodista que viene investigando presuntos hechos de corrupción dentro de la administración libertaria.

La explicación política fue evidente: el parentesco pasó a convertirse en un obstáculo suficiente para impedir una designación judicial.

Sin embargo, ese criterio parece desaparecer cuando se trata de Marina Pisacco.

Mientras una candidata es descartada por ser familiar de un periodista crítico, otra recibe el respaldo explícito del Presidente siendo esposa de uno de los comunicadores que con mayor frecuencia defiende las posiciones oficiales.

La diferencia entre ambos casos resulta evidente y alimenta interrogantes sobre la existencia de un criterio uniforme o, por el contrario, de una vara distinta según la cercanía política o mediática con el Gobierno.

Ventura y una defensa permanente del oficialismo

La simultaneidad tampoco pasa inadvertida.

Mientras el Senado avanzaba con el tratamiento del pliego de Pisacco, Adrián Ventura protagonizaba distintos debates televisivos defendiendo con firmeza las decisiones del Gobierno y cuestionando las críticas dirigidas contra la administración libertaria.

Uno de los episodios más comentados ocurrió durante un intercambio al aire con Mario Massaccesi por el caso de Manuel Adorni, donde Ventura volvió a sostener la posición oficial incluso frente a cuestionamientos planteados dentro del propio programa.

Tenso momento en TN cuando Mario Massaccesi hizo referencia a las mentiras de Adorni, y fue interrumpido abruptamente por Adrían Ventura, quien tenía la orden claramente de dejar bien parado a Adorni. Sobre el final el rostro de Massaccesi al mandar a la pausa lo dice todo… pic.twitter.com/qoGWWyAmzP

— El Prensero (@El_Prensero) June 11, 2026

Por supuesto, ningún periodista pierde el derecho a expresar sus opiniones porque un familiar ocupe un cargo público ni existe evidencia de que sus posiciones respondan a esa circunstancia. Pero cuando un gobierno convierte la lucha contra los privilegios y el nepotismo en una bandera política, la promoción de la esposa de uno de sus principales defensores mediáticos inevitablemente despierta preguntas sobre la coherencia de ese discurso.

La discusión no gira solamente alrededor de las condiciones profesionales de Marina Pisacco, cuya trayectoria es evaluada institucionalmente por el Senado, sino sobre la consistencia de un gobierno que parece aplicar principios distintos según quién ocupe el lugar de beneficiario.

Porque si el parentesco con un periodista crítico alcanza para retirar un pliego judicial, resulta difícil explicar por qué el parentesco con un periodista alineado con el oficialismo no representa ningún inconveniente.

La política argentina conoce desde hace décadas la influencia que determinados comunicadores ejercen sobre los distintos gobiernos. Milei llegó prometiendo terminar con esas prácticas y construir un sistema basado exclusivamente en el mérito. La candidatura de Marina Pisacco vuelve a poner esa promesa bajo examen y deja una pregunta abierta: ¿se trata del fin de los privilegios o simplemente de un cambio de beneficiarios?

 

 

Mientras crecen las denuncias, los pedidos de renuncia y las iniciativas parlamentarias contra Manuel Adorni, una pregunta empieza a recorrer los pasillos del Congreso: ¿conviene impulsar su destitución o es el propio Gobierno el que necesita que alguien le resuelva un problema que no sabe cómo enfrentar? La paradoja es que una victoria opositora podría terminar siendo un salvavidas para Milei.

Por Roque Pérez para NLI

El oficialismo quedó atrapado en una contradicción de difícil salida. Durante meses construyó un discurso basado en la superioridad moral y en la supuesta diferencia ética respecto de la «casta». Sin embargo, las revelaciones sobre el patrimonio, las declaraciones contradictorias y la admisión de fondos no declarados por parte de Manuel Adorni convirtieron a quien debía ser uno de los principales defensores del Gobierno en su mayor dolor de cabeza.

Milei decidió sostenerlo públicamente, incluso cuando el costo político comenzó a crecer dentro y fuera del Congreso. La estrategia parece clara: mostrar fortaleza, denunciar una persecución política y evitar que una renuncia sea leída como una admisión de culpa. Pero esa misma decisión lo deja atado a un funcionario cuya permanencia desgasta todos los días un poco más el discurso anticorrupción libertario.

Una destitución impulsada por la oposición permitiría al Presidente presentarse como víctima de una ofensiva política

Una salida que el Gobierno no puede ejecutar

En política muchas veces el problema no es saber qué hacer sino quién paga el costo.

Si Milei le pide la renuncia a Adorni, reconocerá implícitamente que la oposición tenía razón al denunciar irregularidades y que el relato de la transparencia absoluta era mucho más frágil de lo que prometía. Además, quedaría expuesto frente a su propia base electoral, después de haber defendido al funcionario en reiteradas oportunidades.

Pero existe otro escenario mucho más conveniente para la Casa Rosada: que sea el Congreso el que resuelva el problema.

Una destitución impulsada por la oposición permitiría al Presidente presentarse como víctima de una ofensiva política, denunciar un supuesto intento de desestabilización y, al mismo tiempo, desprenderse de un funcionario cuya continuidad complica cada negociación legislativa y cada aparición pública.

Paradójicamente, aquello que hoy aparece como una derrota institucional podría convertirse en una oportunidad para relanzar la gestión con un nuevo jefe de Gabinete y sin asumir el costo directo de haber desplazado a uno de sus hombres de confianza.

El riesgo de una victoria táctica

No sería la primera vez que una oposición consigue un triunfo parlamentario que termina fortaleciendo al oficialismo.

Si la salida de Adorni se produce por presión del Congreso, Milei podría reconstruir el relato afirmando que respetó las instituciones mientras denuncia que los sectores tradicionales impidieron que su funcionario continuara en funciones. La discusión dejaría de concentrarse en las inconsistencias patrimoniales y pasaría a girar alrededor de una presunta persecución política.

El foco se desplazaría del escándalo hacia el conflicto institucional, un terreno donde el oficialismo ha demostrado capacidad para movilizar a su electorado.

Por eso algunos sectores opositores empiezan a preguntarse si una destitución inmediata es la mejor estrategia o si resulta más conveniente mantener abierto el caso, impulsar investigaciones, exigir explicaciones y dejar que el desgaste siga acumulándose sobre el Gobierno.

El dilema de la oposición

La discusión ya no pasa solamente por la responsabilidad política de Adorni sino por las consecuencias de cada movimiento.

Destituirlo significaría obtener una victoria simbólica importante contra un funcionario cuestionado, pero también podría liberar a Milei de una carga que hoy consume buena parte de su capital político.

Mantenerlo en el cargo, en cambio, obliga al Presidente a seguir justificando contradicciones, responder nuevas denuncias y sostener un discurso anticorrupción cada vez más difícil de defender.

En ese contexto, la oposición enfrenta una decisión compleja: castigar a un funcionario o dejar que el propio Gobierno continúe pagando el costo de sostenerlo. Porque a veces, en política, el golpe más efectivo no es derribar una pieza sino obligar al adversario a seguir cargándola.

 

 

Un nuevo informe de Oxfam una confederación internacional formada por 19 organizaciones no gubernamentales, que realizan labores humanitarias en 90 países, pone números a un fenómeno que atraviesa a toda la región: la concentración extrema de la riqueza no solo profundiza la desigualdad económica sino que también condiciona la calidad democrática. Mientras un puñado de milmillonarios acumula fortunas comparables al PBI de varios países, crece su capacidad para influir sobre gobiernos, leyes, medios de comunicación y decisiones públicas.

Por Roque Pérez para NLI

La discusión sobre la desigualdad suele presentarse como un problema exclusivamente económico. Sin embargo, el informe «Riqueza sin control, democracia en riesgo: por qué América Latina y el Caribe necesitan un nuevo pacto fiscal», elaborado por Oxfam, sostiene que el verdadero desafío es mucho más profundo: la concentración de la riqueza está derivando en una concentración del poder político que amenaza el funcionamiento mismo de las democracias.

Los números son contundentes. América Latina y el Caribe cuentan actualmente con 109 milmillonarios que concentran una riqueza conjunta de 622.900 millones de dólares, una cifra comparable al Producto Bruto Interno combinado de Chile y Perú. En apenas un año, esas fortunas crecieron cerca de un 39%, unas dieciséis veces más rápido que la economía regional.

Las personas milmillonarias poseen hasta 4.000 veces más probabilidades de ocupar cargos públicos o acceder directamente a espacios de decisión que el ciudadano promedio

Cuando el dinero compra influencia

El informe sostiene que el problema no es únicamente la existencia de grandes fortunas, sino la capacidad que esas fortunas tienen para convertirse en influencia política permanente.

Según Oxfam, las personas milmillonarias poseen hasta 4.000 veces más probabilidades de ocupar cargos públicos o acceder directamente a espacios de decisión que el ciudadano promedio. Ese poder también se ejerce mediante el financiamiento de campañas, el lobby empresarial, la presión sobre organismos estatales y el control de medios de comunicación.

La consecuencia es un círculo difícil de romper: quienes acumulan riqueza pueden influir sobre las reglas económicas, obteniendo aún mayores beneficios y consolidando posiciones dominantes.

El informe cita investigaciones internacionales que atribuyen más de una cuarta parte del retroceso democrático registrado entre 1990 y 2019 al aumento del poder corporativo, capaz de moldear regulaciones, bloquear competidores e influir sobre la opinión pública.

Un mapa de los sectores que concentran el poder

Otro aspecto llamativo del trabajo es que la riqueza de los grandes patrimonios latinoamericanos no está distribuida de manera uniforme.

El 65% del patrimonio de los milmillonarios de la región se concentra en apenas tres sectores:

Finanzas y servicios de inversión (27,45%), medios y telecomunicaciones (20,63%) y energía y recursos naturales (17,45%). Detrás aparecen la agroindustria, la tecnología, los conglomerados industriales y otros rubros con menor participación.

Para Oxfam, esta composición no es casual. Se trata de mercados con altas barreras de entrada, fuerte concentración económica y enorme capacidad para influir sobre regulaciones, precios y políticas públicas.

En otras palabras, el poder económico y el poder político terminan alimentándose mutuamente.

Un debate que interpela a la Argentina

La publicación adquiere especial relevancia en un contexto regional donde distintos gobiernos impulsan reducciones impositivas para grandes patrimonios, flexibilización de controles financieros y procesos de desregulación económica.

Mientras el discurso oficial suele presentar estas medidas como incentivos para la inversión privada, el informe advierte que la disminución de la progresividad fiscal puede fortalecer aún más la concentración de riqueza y reducir la capacidad de los Estados para financiar educación, salud, infraestructura y políticas sociales.

La organización propone avanzar hacia un nuevo pacto fiscal, con impuestos más progresivos sobre grandes fortunas, combate efectivo a la evasión y mayor transparencia sobre la influencia corporativa en las decisiones públicas.

Mucho más que una discusión económica

El informe deja planteada una pregunta incómoda para toda la región: ¿puede existir una democracia plenamente representativa cuando una pequeña élite concentra recursos suficientes para condicionar el debate público, financiar campañas, controlar medios y participar directamente en la elaboración de las reglas del juego?

La respuesta de Oxfam es clara. La desigualdad extrema no solo produce pobreza o exclusión social: también erosiona la representación política, debilita las instituciones y transforma el poder económico en una herramienta capaz de moldear el funcionamiento mismo de la democracia.