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Carricavur participó del acto de asunción del Director del COPLADE

El Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Villa Regina Guillermo Carricavur participó el miércoles del acto de asunción del arquitecto Pedro Molina como Director del Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo (COPLADE).

En la oportunidad estuvieron presentes el presidente del Concejo Deliberante Edgardo Vega, los concejales integrantes de la Comisión de Planificación y Desarrollo Martín Vesprini, Silvio Rodríguez y Carlos Rodríguez, y otros ediles.

Durante el acto el titular del cuerpo legislativo destacó que “se trata de la finalización de un proyecto y el comienzo de otro, tras la aprobación de la ordenanza que sentó las bases de un nuevo COPLADE y que determinó el llamado a concurso para cubrir el cargo de Director”.

Tras destacar y reconocer el trabajo realizado durante el último tiempo por la arquitecta Rosana Cisint, se dio lectura a la Resolución que formalizó el nombramiento y puesta en funciones de Molina.

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  • Argentina y Uruguay avanzan en las negociaciones para evitar un nuevo Botnia en Payasandú

     

    Pablo Quirno se reunió en Montevideo con su par uruguayo, Mario Lubetkin, para dar en el marco del diálogo bilateral que se viene desarrollando sobre el proyecto de instalación de una planta de producción de hidrógeno verde y e-combustibles en la ciudad de Paysandú y generó tensión por su posible impacto ambiental y económico. 

    El encuentro se desarrolló en la sede de la Cancillería uruguaya y dio seguimiento a la reunión celebrada el pasado 26 de noviembre, en el marco de las conversaciones entre ambos países sobre el emprendimiento impulsado por la empresa HIF Uruguay S.A. 

    La delegación argentina estuvo encabezada por Quirno e integrada por el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; el intendente de Colón, José Luis Walser; el subsecretario de Política Exterior, Juan Navarro; la directora de América del Sur, Natalia Gunski; y el embajador argentino en Uruguay, Alan Beraud. 

    Por parte de Uruguay participaron, además del canciller Lubetkin, la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona; el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño; la jefa de Gabinete, Imelda Smolcic; el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera; el embajador uruguayo en Argentina, Diego Cánepa; y la directora general de Asuntos de Frontera, Límites y Marítimos, Cecilia Otegui. 

    Quirno viajó de urgencia a Uruguay para evitar un nuevo caso Botnia

    Durante el encuentro, las autoridades uruguayas actualizaron el estado de situación del proyecto e informaron sobre la firma del Memorándum de Entendimiento con HIF Uruguay S.A., así como sobre la elaboración de los términos de referencia para el Estudio de Impacto Ambiental, que posteriormente deberá ser presentado por la empresa y evaluado por el Ministerio de Ambiente uruguayo. 

    Durante el encuentro, las autoridades uruguayas actualizaron el estado de situación del proyecto e informaron sobre la firma del Memorándum de Entendimiento con HIF Uruguay S.A., así como sobre la elaboración de los términos de referencia para el Estudio de Impacto Ambiental, que posteriormente deberá ser presentado por la empresa y evaluado por el Ministerio de Ambiente uruguayo.

    Asimismo, Uruguay comunicó que se encuentran en análisis otras posibles localizaciones alternativas para el proyecto, con el objetivo de lograr un mejor aprovechamiento de las ventajas logísticas y técnicas disponibles. 

    En ese contexto, Quirno valoró especialmente la incorporación de la ciudad entrerriana de Colón como parte del «área de influencia» del proyecto para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y expresó su satisfacción por la evaluación de nuevas ubicaciones.

    Según destacó la Cancillería argentina, esta revisión responde al interés de evitar efectos perjudiciales sobre las actividades económicas preexistentes de las poblaciones ribereñas, especialmente aquellas vinculadas al uso racional y productivo del río Uruguay. 

    Esa postura fue acompañada por  Frigerio y Walser, quienes vienen siguiendo de cerca la evolución del proyecto por su potencial impacto en la región. Por su parte, el canciller uruguayo Mario Lubetkin señaló que, una vez que se defina la localización definitiva de la planta y se complete la evaluación del estudio de impacto ambiental, se remitirá la correspondiente comunicación a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), activando así el mecanismo de información y consulta previa previsto en los artículos 7 a 13 del Estatuto del Río Uruguay.

    Finalmente, ambas partes destacaron la importancia de sostener un canal de diálogo fluido y transparente sobre esta cuestión, en el marco de la relación bilateral entre Argentina y Uruguay, y remarcaron la voluntad de preservar tanto el desarrollo productivo como la protección ambiental en una zona de alta sensibilidad compartida.

    Frigerio publicó en sus redes sociales que «el Gobierno uruguayo nos informó que por nuestra solicitud se encuentra analizando alternativas de relocalización de la refinería de combustible sintético proyectada en Paysandú». 

    COMUNICADO CONJUNTO ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY. pic.twitter.com/vNt5CdioSp

    — Cancillería Argentina %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 (@Cancilleria_Ar) May 12, 2026

    «Más de un año de trabajo ininterrumpido, muchos viajes a Montevideo y una postura que no cambia: apoyamos la inversión y el desarrollo en el país hermano Uruguay y creemos firmemente que esto no tiene por qué afectar el desarrollo económico y el empleo de la costa entrerriana, en este caso de Colón. Seguimos apostando al diálogo constructivo hasta encontrar la solución definitiva. Vamos bien encaminados», culminó.

    Más de un año de trabajo ininterrumpido, muchos viajes a Montevideo y una postura que no cambia: apoyamos la inversión y el desarrollo en el país hermano Uruguay y creemos firmemente que esto no tiene por qué afectar el desarrollo económico y el empleo de la costa entrerriana, en este caso de Colón. Seguimos apostando al diálogo constructivo hasta encontrar la solución definitiva. Vamos bien encaminados

    En noviembre del año pasado,  Quirno viajó de urgencia a Montevideo en medio de un escándalo internacional que lo apunta por no haber tomado medidas ante supuestas violaciones del gobierno de Uruguay en la próxima instalación de la planta de combustibles no fósiles de HIF Global en Paysandú.

    Frigerio viene reclamando a Uruguay que cambie la zona prevista para la planta para no afectar el turismo y el desarrollo sostenible de toda la costa del Río Uruguay. Al gobernador  preocupa en espacial el impacto del proyecto en el desarrollo turístico y productivo de Colón. Por eso viajó dos veces a Montevideo en lo que va del año, para exigir la relocalización del proyecto y evalúa acudir a La Haya de ser necesario.

    Frigerio advirtió que podría ir a La Haya para frenar la refinería en Paysandú: «No podemos permitir otra Botnia»

    El punto es que Uruguay habría violado tres veces los tratados vigentes y el gobierno de Milei no hizo nada para controlar su cumplimiento y dejó vencer los plazos en favor de HIF Global, denuncian en Entre Rios. Por eso, la fiscal federal de Concepción del Uruguay, Josefina Minatta, exigió explicaciones a Quirno y al secretario de Ambiente Daniel Scioli.

    Este cuadro obligó a realizar varias reuniones que ahora parecen encaminadas para evitar un conflicto bilateral de alto nivel similar al de Botnia de principios de los años 2000. 

     

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  • El gobierno le quiere perdonar USD 1.842 millones de deuda con Cammesa a las eléctricas

     

    La secretaria de Energía, María Tettamanti, intentó defender en el Congreso uno de los capítulos más sensibles del proyecto de «medidas energéticas» del gobierno. El texto combina dos decisiones explosivas: eliminar beneficios tarifarios para provincias con temperaturas extremas y avanzar con un esquema de perdón de deuda para las distribuidoras eléctricas privadas.

    El corazón de la discusión pasa por Cammesa. Según informó la Jefatura de Gabinete al Congreso, las distribuidoras eléctricas acumulan una deuda total de USD 1.842 millones con la administradora del mercado eléctrico mayorista. Y el 69% de ese monto se concentra en Edenor, Edesur y el Grupo DESA.

    La lista la encabeza Edenor con USD 438 millones. Le sigue Edesur, de la italiana Enel, con USD 345 millones. En tercer lugar aparecen Eden, Edes, Edelap, Edea y Edesa, todas pertenecientes al Grupo DESA con USD 474 millones acumulados entre todas.

    El proyecto oficial busca permitir que esas empresas descuenten de sus deudas con Cammesa los supuestos ingresos que dejaron de percibir durante años de congelamiento tarifario. Es decir: el Estado dejaría de reclamar parte de la deuda a cambio de que las empresas renuncien a futuros juicios por «activos regulatorios».

    Los Neuss se quedaron con Transener tras una sospechosa falla del sistema

    La discusión tiene una carga política enorme porque el gobierno ya había intentado introducir una medida similar dentro del frustrado Presupuesto 2026, específicamente en el capítulo XI. En aquel momento no consiguió respaldo legislativo. Muchos diputados resistieron la idea de perdonar deuda multimillonaria a empresas privadas mientras se avanzaba con recortes de subsidios sobre usuarios residenciales.

    El reclamo empresario viene atravesando todos los gobiernos desde hace dos décadas. Edenor y Edesur se lo reclamaron a Macri, incluso después de aumentos tarifarios que en algunos casos superaron el 2000% entre 2016 y 2019. Lo volvieron a plantear durante el congelamiento del gobierno de Alberto Fernández y ahora reaparece con Milei.

    Además, el diseño del mecanismo volvió a encender suspicacias dentro del sector energético. La implementación quedaría bajo la órbita de Damián Sanfilippo, subsecretario de Energía Eléctrica muy cercano a los hermanos Neuss, los grandes ganadores del dector durante el gobierno libertario.

    En su exposición ante el plenario de las comisiones de Energía y de Presupuesto y Hacienda de Diputados, Tettamanti defendió el proyecto asegurando que durante las últimas dos décadas las distribuidoras operaron bajo emergencia tarifaria, con tarifas pesificadas y congeladas que les impidieron cubrir costos operativos, pagar energía a Cammesa e invertir para sostener la calidad del servicio.

    La funcionaria argumentó que, frente a esa situación, las compañías sólo tuvieron una alternativa: endeudarse con Cammesa. «Se acumularon deudas millonarias», sostuvo. También recordó que el año pasado se firmaron acuerdos de refinanciación a 72 cuotas con períodos de gracia, pero advirtió que las tarifas actuales todavía «no permiten reconocer costos no recuperados del pasado».

    El ex secretario de Energía, Gustavo Lopetegui.

    El problema es que ese reclamo empresario viene atravesando prácticamente todos los gobiernos desde hace dos décadas. Edenor y Edesur se lo reclamaron a Macri incluso después de aumentos tarifarios que en algunos casos superaron el 2000% entre 2016 y 2019. Lo volvieron a plantear durante el congelamiento del gobierno de Alberto Fernández y ahora reaparece con Milei, justamente después de que esta gestión impulsara una nueva revisión tarifaria que en teoría buscaba «normalizar» definitivamente el esquema de ingresos.

    La escena tiene algo de rueda infinita. Cada revisión tarifaria promete cerrar el conflicto histórico. Pero el expediente vuelve siempre al mismo lugar: las empresas sostienen que las tarifas no alcanzan y reclaman compensaciones adicionales, mientras la deuda con Cammesa sigue creciendo como una bola de nieve que el propio Estado termina financiando.

    Esa discusión además quedó golpeada por antecedentes incómodos. Durante la intervención del ENRE encabezada por Federico Basualdo, una auditoría sobre los acuerdos firmados en tiempos de Gustavo Lopetegui argumentó irregularidades en el cálculo de los «activos regulatorios». Según esa investigación, las valuaciones favorecían artificialmente a las distribuidoras, al punto de transformar empresas deudoras en acreedoras del Estado. 

    Como sea, en el sector energético muchos interpretan que el nuevo proyecto barre incluso con el argumento político que justificó la última revisión tarifaria impulsada por Milei. Si aquella recomposición extraordinaria de ingresos no alcanzó para cerrar el reclamo histórico de las distribuidoras, entonces la discusión ya no parece tener punto final. 

     

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