El Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Villa Regina Guillermo Carricavur participó el miércoles del acto de asunción del arquitecto Pedro Molina como Director del Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo (COPLADE).
En la oportunidad estuvieron presentes el presidente del Concejo Deliberante Edgardo Vega, los concejales integrantes de la Comisión de Planificación y Desarrollo Martín Vesprini, Silvio Rodríguez y Carlos Rodríguez, y otros ediles.
Durante el acto el titular del cuerpo legislativo destacó que “se trata de la finalización de un proyecto y el comienzo de otro, tras la aprobación de la ordenanza que sentó las bases de un nuevo COPLADE y que determinó el llamado a concurso para cubrir el cargo de Director”.
Tras destacar y reconocer el trabajo realizado durante el último tiempo por la arquitecta Rosana Cisint, se dio lectura a la Resolución que formalizó el nombramiento y puesta en funciones de Molina.
El miércoles 8 de agosto se vota en la cámara de senadores el proyecto de ley I.V.E (interrupción voluntaria del embarazo) más conocida como proyecto de legalización del aborto, el que de resultar aprobado se convertirá en ley. Por lo cual, todas las personas gestantes de nuestro país (ya sean mujeres u hombres trans) podrían…
Sebastián Soler condujo el equipo legal que inicialmente intervino en Nueva York para defender la legalidad de la expropiación de YPF como subprocurador del Tesoro en el gobierno de Alberto Fernández. Rosarino por adopción, graduado en Derecho en la UNR tiene una maestría en Harvard y durante mucho tiempo litigó en Wall Street. Sobre el fallo que dio la razón a la posición argentina sobre la recuperación de YPF tiene mucho que decir, y lo hace.
De elegir dos conclusiones la primera sería, afirma, que se expropió correctamente. La segunda es que hoy deberíamos celebrar todos. «Incluso los que festejan per diciendo que se actuó mal deberían leer el fallo. La Cámara de Nueva York dice que Argentina actuó de acuerdo a su derecho».
-¿Cuál le parece el punto central por la que la posición argentina se impuso en el fallo conocido hoy?
-Son en realidad los argumentos de defensa que se promovieron durante la gestión del gobierno anterior y que afortunadamente fueron reiterados por la gestión del gobierno actual. Ha habido una continuidad y eso rindió sus frutos hoy. En resumidas cuentas, la Cámara de Nueva York lo que dice primero es que quizás este juicio debió realizarse en la Argentina, pero reconoce que la jueza Preska tiene amplia discreción para decidir sobre su competencia y, por lo tanto, más allá de un parecer distinto, no revierte la decisión de la jueza, no la revoca, de haberse quedado con el juicio y haber resuelto en primera instancia como resolvió. Paso seguido, la Cámara dice que, por lo tanto, como el juicio está en Nueva York, hay que revisar la decisión de Preska, de novo, que es la expresión en latín que quiere decir como si viéramos estos temas como primera vez. Y lo que dice es que todas las cuestiones en discusión, en este caso, son de derecho argentino, no son de derecho estadounidense, y por lo tanto tenemos que interpretarlas desde ese punto de vista.
El paso siguiente es afirmar que es cierto que el Estatuto de YPF decía que Argentina, si adquiría el 49% más de las acciones de YPF en algún momento, por ejemplo, mediante expropiación, debía ofrecerle comprar sus acciones a los demás accionistas minoritarios, y es cierto también que no lo hizo. Pero, dice la Cámara, bajo el derecho argentino, que es el derecho aplicable, deben considerarse dos cosas. El Estatuto de una Sociedad privada no es un contrato bilateral, y, por lo tanto, bajo el derecho argentino, uno de los accionistas no puede demandar por daños a otro de los accionistas –el otro accionista en este caso sería la República Argentina– por el supuesto incumplimiento de una obligación del Estado, y en eso Preska se equivocó.
Y segundo, dice la Cámara, bajo el derecho argentino, no la ley específica de la expropiación de YPF, sino la ley general de expropiaciones, no puede una acción de un privado, en este caso la demanda que intenta imponerle a la Argentina la obligación de indemnizar por no haber hecho la oferta de compra, no puede una acción de un privado restringir la potestad expropiatoria amplia que tiene la República Argentina. Recordemos que la facultad expropiatoria es una facultad reconocida por la Constitución Nacional, que sólo impone tres requisitos: que se apruebe por ley, que se declare por utilidad pública, y que se indemniza al dueño efectivamente expropiado, cosa que en este caso se hizo. Por tanto, la Cámara dice: revocamos el fallo de Preska, Argentina tiene razón, ganamos el juicio.
-Hay un ánimo celebratorio en todos lados, pero argumentos diferentes. Por ejemplo, el expresidente Macri habla de que en YPF hubo una expropiación ilegal
-Es lo contrario a lo que dice la Cámara, es lo contrario a lo que dicen los escritos de defensa presentados por el Gobierno actual y es lo contrario a los presentados por nuestra gestión durante el Gobierno de Alberto Fernández. Falso. Literalmente es tratar una vez alguien de inmiscuirse y ganar un crédito por algo en lo que no tiene nada que ver. El Gobierno actual puede correctamente decir parte del mérito es nuestro porque efectivamente ellos tomaron tres decisiones atinadas, más allá de las declaraciones desagradables e inoportunas del presidente de la nación de hoy. Las decisiones técnicas que tomó su gobierno fueron atinadas y fueron tres. La primera es que no bien llegaron, ratificaron la designación de Sullivan&Cromwell, el estudio internacional que habíamos elegido nosotros en diciembre de 2019 para que nos defendiera del caso. O sea, el mismo estudio que trabajó en la defensa entre 2019 y 2013, es el que trabajó en la apelación.
Segundo, confirmaron al frente de la Dirección de Internacionales de la Procuración del Tesoro a las dos funcionarias de carrera brillantes académicas de Derecho Internacional Público, la doctora Mariana Loza, la doctora Alejandra Echegorri, para que continuaran prestando ese servicio como funcionarias de carrera en la apelación. Ellas así se desempeñaron y son las mismas que nosotros habíamos designado en esos cargos en nuestra gestión. Y la tercera y más importante es que eligieron continuar los argumentos de defensa planteados por la gestión anterior. Esos son los argumentos de defensa que la Cámara acogió y que nos permitieron ganar el juicio.
-¿Por qué en gobiernos muy diferentes se mantuvo la misma estrategia legal?
-Primero hay un hay un requisito del derecho procesal estadounidense que no le permite al apelante, en este caso, la República Argentina ya bajo la gestión del gobierno de Milei, plantear argumentos nuevos que no haya planteado en su defensa en la primera instancia, o sea, que había una un impedimento legal. Y segundo, me imagino, porque hablaron con Sullivan&Cromwell, hablaron con las funcionarias de carrera que habían llevado la defensa durante los cuatro años anteriores, y confío que tras una conversación sensata concluyeron correctamente que debían seguir por el mismo camino.
Axel Kicillof
-¿Por qué el gobierno de Estados Unidos tuvo coincidencias con la posición argentina?
-Hay que entender que Estados Unidos no estuvo en contra del fallo de fondo de la jueza Preska. Efectivamente sí el gobierno de Estados Unidos presentó dos escritos muy importantes, apoyando la postura de la defensa argentina. Uno bajo el gobierno de Biden y otro bajo el gobierno de Trump. Fue en dos cuestiones puntuales.
La primera, oponiéndose a la pretensión de Burford, acogida por una orden de Preska, de tratar de forzar el pago de esa sentencia ordenándole a la Argentina entregar acciones de YPF. Y la segunda, apoyando la petición de la defensa argentina de suspender el proceso de Discovery, es decir, de adecuación de información, hasta tanto se resolviera el fondo del asunto, que es lo que sucedió hoy. Es decir, el gobierno estadounidense apoyó la defensa argentina, pero en cuestiones colaterales al tema de fondo.
-¿Y por qué interpreta que hizo eso?
-Quiero creer que porque está de acuerdo con la postura de la defensa técnica de la defensa argentina, porque cree, en el caso de la orden de entregar las acciones de YPF, que excede las potestades de los jueces de Nueva York, que fija la ley de inmunidad soberana de Estados Unidos, que dice que los bienes de un estado extranjero solamente son embargables si están dentro del territorio de Estados Unidos, y las acciones de YPF, que están registradas en el registro que lleva la Comisión Nacional de Valores de Argentina, no están en el territorio de Estados Unidos. Y en el del caso de Discovery, porque el Discovery había llegado a límites francamente indefendibles en cuanto a cuánto se entrometían en cuestiones internas de la Argentina, la clase de información que pretendían. Pero, sobre todo, porque parecía un despropósito pretender que la Argentina, en el primer caso, pagara la sentencia y, en el segundo, siguiera entregando información cuando el fallo todavía no estaba firme.
-Alguien sin formación legal ve que Burford adquirió el derecho de ir a juicio por unos 15 millones de euros y que una jueza con eso le aseguró un resarcimiento de más de 16 mil millones ¿Son principios jurídicos los que permiten eso?
-Burford compra en 15 millones de euros más el compromiso de entregarle a la quiebra de las empresas Peterson en España el 30% de lo que lograra cobrar y se hace cargo de todos los gastos del juicio, incluyendo honorarios de abogados. Efectivamente el 70 por ciento se lo quedaba. La razón por la que Preska decide concederle a Burford 16.000 millones de indemnización más los intereses de 2012 es porque concluye, equivocadamente, ahora lo sabemos por la decisión de la Cámara, que Argentina debió ofrecer comprar las acciones de, en este caso, las empresas Peterson de la familia Esquenazi cuando expropió a Repsol. Y el precio que debió pagar por esas acciones, de acuerdo a la fórmula que establece el estatuto de YPF adoptado por la Argentina en la década del 90 cuando se privatizó, era un precio, según Preska y según Burford, no el que se le pagó a Repsol, no el precio de mercado de las acciones en ese momento, sino el precio más alto que surgía de una fórmula que había puesto Menem, el gobierno de Menem, en el estatuto de YPF, justamente para ser virtualmente imposible expropiar YPF. Esto queda hoy sin efecto. Terminado acá a favor de la Argentina. No hay más condena.
-¿Cuáles son sus conclusiones sobre lo que dice y lo que formula el fallo conocido hoy?
-Lo primero, que se expropió YPF correctamente. Para decirlo en términos políticos, Axel tenía razón. Es decir, el gobierno hizo lo correcto en aquel entonces cuando se formuló esta pregunta: ¿Me alcanza con expropiar el 51 por ciento, porque quiero asegurarme que recupero el control estratégico de las políticas de YPF, pero, al mismo tiempo, mantengo su capital abierto cotizando en bolsa y nombro un gerenciamiento profesional? Se acuerda que vino Miguel Galluccio por aquel entonces. Eso se concibió de modo de que la empresa esté al servicio del posible interés Argentina, por ejemplo, reinvirtiendo sus utilidades, haciendo crecer Vaca Muerta. Pero, al mismo tiempo, sin que nadie dude de que el gerenciamiento era profesional, que tiene en cuenta el interés de la empresa también. Esa decisión fue correcta, y la manera de hacer eso era no ofrecer comprar el resto de las acciones, porque, si no, nos quedábamos con el cien y pagábamos una fortuna. Esa es la primera lección del fallo de Cámara de hoy, que dice, que la Argentina actuó de acuerdo a su derecho
Y la segunda lección, que me parece importante, pero que no se entiende del todo, es que en días como hoy deberíamos celebrar todos. Y nadie debería tratar de hacer de esto una ganancia política. El gobierno actual en vez de derivarse en otras
cosas
en una cadena nacional podría decir: «Ganamos porque esto fue una política de Estado que todos suscribimos». Yo desafío a cualquiera que lea los escritos que presentó este Gobierno en la apelación y no va a encontrar una sola frase que diga que Argentina expropió mal.
-Es arbitrario o torcido decir que porque Argentina expropió hoy tenemos Vaca Muerta?
-No lo es. Me parece que nadie duda a esta altura que ha sido beneficioso para el país recuperar YPF. Ya ni siquiera pueden decir que se expropió mal. Al menos desde el punto de vista del derecho argentino.
El Fondo Monetario le volvió a correr el arco al equipo económico. La revisión del programa prevista para este mes es volvió a postergar sin fecha cierta, aunque s ehabla de abril. La revisión del acuerdo con Argentina, que originalmente debía resolverse en noviembre. No es un tema burocrático, de la aprobación de esa instancia depende la liberación de fondos frescos para el país por unos USD 1.000 millones.
«En el staff técnico del Fondo consideran que el ritmo actual de acumulación de reservas no implica una mejora sustancial y se trata de un aspecto clave para evaluar la sostenibilidad externa del plan económico», explicó a LPO un economista al tanto de las negociaciones.
Por eso, lo que está en juego no es la revisión en sí, sino el waiver que el organismo tendrá que conceder por el incumplimiento de la meta de reservas. Es una escena conocida: el gobierno necesita esa dispensa para mantener vivo el programa y destrabar los desembolsos. «Este delay debe leerse como un reto, pero no hay soltada de mano», agregó la fuente.
El FMI, mientras tanto, gana tiempo. El problema es que la distancia entre lo prometido y lo logrado se volvió demasiado grande para disimularla. Según la consultora EcoGo, que dirige Marina Dal Poggetto, el desvío respecto de la meta de acumulación de reservas ronda los USD 20.000 millones. Un número que obliga a recalcular todo el programa.
En la última revisión comparable, en julio de 2025, la brecha había sido de apenas USD 3.000 millones. Aquella revisión de julio ocurrió durante la primera evaluación del acuerdo firmado en abril de 2025. El programa exigía que para el segundo trimestre el Banco Central hubiera acumulado unos USD 4.700 millones de reservas internacionales netas. La meta no se cumplió. El BCRA quedó corto, entre pagos de deuda y una estrategia deliberada del gobierno de no emitir pesos para comprar dólares en el mercado.
Según la consultora EcoGo, que dirige Marina Dal Poggetto, el desvío respecto de la meta de acumulación de reservas ronda los USD 20.000 millones. Un número que obliga a recalcular todo el programa.
Aun así, el Directorio del FMI decidió aprobar la revisión y otorgar un waiver por ese incumplimiento. El argumento fue que el resto de las metas del programa estaban razonablemente encaminadas. La decisión habilitó un desembolso inmediato de unos USD 2.000 millones (equivalentes a DEG 1.529 millones) y el organismo además recalibró el sendero de acumulación de reservas, admitiendo que el punto de partida del programa había sido demasiado optimista.
La historia ahora es distinta. La distancia con las reservas es mucho mayor y el margen político para repetir aquella indulgencia parece más estrecho. El gobierno sostiene que el problema no es la falta de dólares sino la forma en que entran y salen.
En lo que va de 2026 el BCRA compró USD 3.100 millones, pero las reservas no acompañan ese movimiento. Las reservas brutas subieron unos USD 4.600 millones en lo que va del año, pero las reservas netas cayeron más de USD 3.000 millones porque hay que descontar los distintos pasivos del Banco Central.
La razón es sencilla: sin acceso a los mercados internacionales, el Tesoro debe pagar sus vencimientos en efectivo. Para hacerlo, el BCRA le vende los dólares. El resultado es una contabilidad extraña.
Para entender ese movimiento hay que mirar el balance cambiario. El último disponible es el de enero. Allí aparece el patrón que dominó casi todo 2025: déficit de cuenta corriente compensado por ingreso de capitales financieros. Ese mes la cuenta financiera registró un superávit de USD 3.147 millones, suficiente para que las reservas del BCRA aumentaran USD 2.240 millones.
La cuenta corriente, en cambio, arrojó un rojo de USD 919 millones, El superávit comercial llegó a USD 2.014 millones. Del lado financiero, el ingreso de divisas tuvo tres motores claros: el repo por USD 3.000 millones que tomó el BCRA, la venta de USD 1.742 millones de divisas del sector financiero y el rubro préstamos y líneas de crédito, que aportó USD 2.030 millones, el tercer registro más alto desde la asunción de Javier Milei.
Pero buena parte de esos dólares volvió a salir. La línea de compraventa de billetes del sector privado no financiero marcó un déficit de USD 2.730 millones. Dentro de ese número, las personas humanas explicaron USD 3.103 millones. Fue el mayor saldo negativo para un mes de enero en toda la serie. Parte corresponde al pago de consumos con tarjeta en dólares y a transferencias al exterior.
La incógnita hacia adelante es si este esquema se puede sostener. La estrategia oficial apuesta a que la cuenta financiera siga aportando dólares mientras el comercio exterior mejora con la cosecha. Pero el interrogante es cuánto de ese flujo terminará en atesoramiento privado y cuánto en reservas del Banco Central, sobre todo en un escenario que luce más exigente hacia 2027, con elecciones y vencimientos de deuda más pesados.
En el medio aparece un mecanismo financiero que en los despachos del Fondo siguen con atención. Funciona así: el Banco Central compra dólares emitiendo pesos. Luego el Tesoro absorbe esos pesos colocando deuda. Después el propio Tesoro usa esos pesos para volver a comprarle dólares al BCRA. El resultado es que la cantidad de pesos queda relativamente estable, el Banco Central no acumula reservas y el stock de deuda del Tesoro sigue creciendo.
Desde el piso 22 del evento que organizó JPMorgan en Nueva York, Javier Milei se permitió cruzar una línea «Tenemos equilibrio fiscal y nuestras cuentas externas se van a favorecer; preparate Santiago porque te van a salir los dólares por las orejas», le dijo en público a Bausili, presidente del Banco Central. Y enseguida agregó una advertencia: «Que esos dólares no se vayan a inflación. Cuidado cómo los comprás».
La escena refleja otro punto que inquieta al establishment financiero: la independencia del Banco Central. En el modelo que admiran los inversores (Chile, Perú, incluso Brasil) el banco central se ocupa de la política monetaria y el gobierno de la fiscal. Esa división es un dogma en ese universo.
«El FMI está pidiendo flexibilizar encajes y aflojar la política monetaria después del ajuste previo a las elecciones de medio término», contó a LPO una fuente al tanto de las negociaciones. Según esta fuente, el FMI reclama además una hoja de ruta clara para desarmar el cepo.
A eso se suma el ruido político. Las salidas de Marco Lavagna del INDEC por defender el cambio metodológico fue financiado por el propio FMI; y de Alejandro Lew, que tenía en sus manos la estrategia de regreso al mercado internacional, agregaron incertidumbre en Washington.
En ese contexto, la postergación de la revisión funciona como un mensaje. «Es un tirón de orejas, no una ruptura», resumió la fuente consultada y remarcó «El Fondo no está dispuesto a soltar la mano. Pero tampoco quiere firmar el perdón sin antes ver cómo piensa el gobierno cerrar el agujero de reservas».
Horacio Rosatti habilitó a los consejeros de la Magistratura en representación del Congreso y el estamento de los abogados para que hundan provisoriamente la acordada de la Corte Suprema, firmada por sus colegas Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, para cambiar el mecanismo de selección de los jueces.
Detrás de la decisión se juega una pelea estratégica sobre el formato que tendrá la justicia argentina. Un experimentado funcionario judicial explicó a LPO que el proyecto de Lorenzetti y Rosenkrantz es un paso en un limitación de la injerencia de la política en los tribunales, no en favor de la democratización del poder más elitista del Estado, sino en una acentuación de ese rasgo, propiciando detrás de la bandera de lo «técnico» un mayor peso de las grandes empresas y los grandes estudios que las asesoran en la selección de los jueces.
Por eso, un tema absolutamente críptico para el ciudadano de a pie, es tapa de los grandes diarios y por eso también las asociaciones de empresas más concentradas, como el G6, salieron a respaldar públicamente la movida de Lorenzetti y Rosenkrantz, que antes de sumarse a la Corte eran abogados de muchas de esas mismas empresas.
No se trata de teorías conspirativas. Luego de la decisión del Consejo de la Magistratura de postergar el tema, el establishment más concentrado hizo conocer su desagrado. El Grupo de los Seis (G6), integrado por la Sociedad Rural, la UIA, la Bolsa de Comercio, la Cámara de Comercio, la Cámara de la Construcción y la Asociación de Bancos, emitió un poco usual comunicado apoyando la acordada de Rosenkrantz y Lorenzetti.
«El G6 insta al Consejo de la Magistratura, en el marco de sus funciones y atribuciones, a aprobar con celeridad el reglamento propuesto, lo que constituiría un paso concreto hacia el fortalecimiento institucional del país», ordenaron las cámaras que reúnen a los grandes actores del poder económico.
Detrás de discusión se juega una pelea estratégica sobre el formato que tendrá la justicia argentina. El proyecto de Lorenzetti y Rosenkrantz es un paso en un limitación de la injerencia de la política en los tribunales, no en favor de la democratización del poder más elitista del Estado, sino en una acentuación de ese rasgo, propiciando un mayor peso de las grandes empresas y los grandes estudios en la selección de los jueces.
Estas tensiones quedaron en evidencia durante la reunión del Consejo de la Magistratura de este miércoles. Cuando se analizaron los temas que se tratarán en el plenario previsto del próximo 15 de abril, la iniciativa de Rosenkrantz fue postergada. Con los sofisticados modos de la justicia, el abogado César Grau, identificado con el kirchnerismo, planteó que se había emocionado con el discurso que dio Rosenkrantz este lunes cuando presentó la iniciativa y propuso que el expediente se incluyera en el orden del día pero «no para votarlo, sino para habilitar el pase a la comisión de Reglamentación». Un elogio para enterrarlo.
En ese momento, en lo que pareció un movimiento cordionado, Rosatti respondió que se trataba de un proyecto que debía ser analizado en detalle y profundidad, según relató a LPO uno de los consejeros presentes. Esta jugada enfrió el pedido de tratamiento perentorio formulado por Rosenkrantz y las empresas que representaba. La postura de Rosatti contó con el respaldo de los representantes de los académicos, que responden a Diego Molea, el juez Diego Barroetaveña y los abogados Jimena De la Torre y Alberto Maques, quienes responden a Mauricio Macri y Daniel Angelici, respectivamente.
El consejero de los abogados, César Grau.
Pero la discusión no terminó allí. Más tarde, al reunirse la comisión de Selección, presidida por Fernanda Vázquez, que accedió a su silla por la lista de la minoría de los abogados pero con el auspicio de Molea, se criticó el apuro de Lorenzetti y Rosenkrantz por modificar el reglamento vigente, bajo el argumento de eliminar la «partidización» y la «discrecionalidad».
De La Torre adelantó que está «absolutamente de acuerdo con todos los términos de la acordada» pero aclaró que el tema «deberá discutirse en la comisión de Selección y la de Reglamentación y, en todo caso, votarse en plenario». Una manera de alargar el debate. De La Torre agregó que ella es autora de uno de los 14 proyectos sobre el tema, otra manera de avisarle que son los consejeros los que discuten cómo mejorar los mecanismos de selección de jueces y son muchas las ideas en danza, no sólo las de Rosenkrantz y Lorenzetti.
Es una acordada que ha sido presentada para ser sometida a este consejo, no es un libro cerrado ni mucho menos pero entiendo que hay muchas cosas para modificar. Es un colectivo donde los abogados seguimos viajando de parados y nos gustaría también poder sentarnos.
Esa advertencia coincidió con una pregunta demoledora que un diputado le hizo en los últimos días a un juez de la Corte: «¿Nosotros podemos meternos con las sentencias?». La respuesta por la negativa solo ameritó una lacónica onomatopeya del legislador: «Ah».
En la misma sintonía, el consejero Maques objetó este miércoles la premura de Rosenkrantz y Lorenzetti. «Es una acordada que ha sido presentada para ser sometida a este consejo, no es un libro cerrado ni mucho menos», afirmó y agregó: «es un colectivo donde los abogados seguimos viajando de parados y nos gustaría también poder sentarnos».
Maques es hombre de Angelici y, por propiedad transitiva, pertenecería al mismo esquema que termina en la figura de Karina Milei, quien definió el ascenso de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia y detonó la aspiración de Ricardo Lorenzetti.
Santiago Viola, representante del Ejecutivo en el Consejo.
Lorenzetti quedó del lado perdedor en la discusión por el Ministerio de Justicia, ya que como reveló LPO, respaldaba junto a los principales jueces de Comodoro Py la designación de Guillermo Montenegro.
Que se instale el tema de la necesidad de «limitar» la intervención política en la selección de jueces, justo cuando el flamante ministro Juan Bautista Mahiques remite al Senado el pliego para que de manera excepcional se extienda por cinco años la calidad de juez de la Cámara de Casación Federal de su papá, Coco Mahiques, no parece casualidad.
Una impugnación a la que contribuye el ministro cuando de manera pública oficia como un abogado de los Milei en la causa por la criptoestafa $Libra, proponiendo cursos de acción para anular las pruebas contra el presidente y su hermana. En esa misma sintonía, parece inscribirse la decisión de Mahiques de promover el ascenso a jueza de Ana Juan, esposa de Marcelo Martínez de Giorgi, que instruye la causa $Libra. Un verdadero escándalo.
Le sirve además el tema a Lorenzetti para raspar a su eterno rival por la postulación de su hijo, Emilio Rosatti, como juez federal de Santa Fe. En el Palacio Talcahuano podía percibirse este miércoles la bronca contenida contra la publicación de Clarín que reveló que el heredero del presidente de la Corte no había sacado la nota más alta para el orden de mérito, donde había quedado 9º, pero luego de la entrevista terminó más arriba. Precisamente el proyecto de Lorenzetti y Rosenkrantz busca limitar el peso de las entrevistas personales en la selección del orden de mérito de los que compiten por la calidad de juez.
Es por eso, que el deslizamiento más impactante es el que concretó Rosenkrantz, que de pasar los últimos tres años formando mayoría con Rosatti, pasó a alinearse con Lorenzetti. «Acaso ese cambio se explique por la confrontación de Milei con Clarín por las trabas para la fusión Telecom-Telefónica», analizó un consejero consultado por LPO. Rosenkrantz, antes de ser juez, fue abogado del grupo de medios al que Milei quiere imponer un draconiano pliego de condiciones para aprobarle la fusión, como reveló LPO en exclusiva.
La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina acerca las propuestas para este fin de semana. El domingo, de 14 a 16 horas, tendrá lugar ‘Tardes Dulces’ en la Oficina de Turismo. En esta oportunidad, la emprendedora invitada será Cassia Repostería. También el domingo en el mismo horario se desarrollará una nueva edición…
Las PASO2021 en Regina también dejan espacios para las apreciaciones, los pseudo análisis externos (el verdadero análisis lo harán puertas adentro los partidos) y las conjeturas de cafetín, en mi caso de mate y teclado. Partamos de un punto inicial: MUNICIPALES 2019. La intendencia queda a cargo de Juntos Somos Rio Negro (JSRN) con Marcelo…
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