El Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Villa Regina Guillermo Carricavur participó el miércoles del acto de asunción del arquitecto Pedro Molina como Director del Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo (COPLADE).
En la oportunidad estuvieron presentes el presidente del Concejo Deliberante Edgardo Vega, los concejales integrantes de la Comisión de Planificación y Desarrollo Martín Vesprini, Silvio Rodríguez y Carlos Rodríguez, y otros ediles.
Durante el acto el titular del cuerpo legislativo destacó que “se trata de la finalización de un proyecto y el comienzo de otro, tras la aprobación de la ordenanza que sentó las bases de un nuevo COPLADE y que determinó el llamado a concurso para cubrir el cargo de Director”.
Tras destacar y reconocer el trabajo realizado durante el último tiempo por la arquitecta Rosana Cisint, se dio lectura a la Resolución que formalizó el nombramiento y puesta en funciones de Molina.
Crece el rechazo de entidades del campo a una resolución del Senasa apoyada por Federico Sturzenegger que desregula a partir del año que viene la vacunación contra la fiebre aftosa.
Las 16 sociedades rurales del sudeste bonaerense nucleadas en Carbap se reunieron esta semana para tratar el tema y salieron con un duro comunicado en el que advierten que la medida del Gobierno «desarma el sistema sanitario que controló y erradicó la fiebre aftoso en el país».
La resolución 201/2026 del Senasa, que permite desde 2027 la libre elección de veterinarios privados para la vacunación antiaftosa y antibrucélica, barriendo así con el control que en este esquema vienen manteniendo las fundaciones sanitarias.
Para las rurales del sudeste, con esto se desarma el sistema por el cual las campañas de vacunación son auditables por Senasa y atomiza de forma «incontrolable» su operatividad, impidiendo llevar un orden y control para su efectivo cumplimiento.
Además, advirtieron que la nueva normativa «hará imposible auditar y garantizar la cadena de frío, condición fundamental para mantener la eficacia de las vacunas».
En caso de entrar en vigencia la Resolución 201/2026, queremos deslindar todo tipo de responsabilidades ante cualquier fracaso sanitario futuro
La medida había sido fuertemente celebrada por Sturzenegger que, en un posteo en X sostuvo que esa decisión «revoluciona la aplicación de la vacuna aftosa en argentina, respondiendo a una demanda de años del sector ganadero».
«La resolución también sube al ruedo a los veterinarios que podrán registrarse libremente para ellos también ofrecer el servicio, quizás comprando las vacunas a un distribuidor nacional, al ente o directamente a los laboratorios. Los entes seguirán, pero ahora estarán obligados a competir en un ecosistema mucho más diverso», dijo el ministro de Desregulación.
La discusión por la potestad en el manejo de la vacunación anti aftosa se desató desde el arranque del gobierno de Javier Milei y genera tensiones internas en la Mesa de Enlace.
Ya en 2024, LPO contó que la Sociedad Rural Argentina (SRA) comenzó a impulsar la libre elección del productor al momento de vacunar.
A 32 años del último foco de fiebre aftosa y libre el país de esa enfermedad, en la Rural hay quienes creen que el sistema de fundaciones se «desvirtuó» y plantean que los productores puedan vacunar si necesidad de pagarle a estos entes. Pero en CRA y Carbap salieron fuerte en defensa de las fundaciones.
En esa línea fue el mensaje de las rurales del sudeste: «Esta nueva norma atenta contra el cumplimiento de las campañas establecidas por el SENASA, que deben realizarse en tiempo y forma para lograr una inmunidad en bloque», advirtieron.
Reunión de las rurales del sudeste esta semana en Ayacucho, donde manifestaron un fuerte rechazo a la desregulación sanitaria.
Frente a eso, le propusieron al Senasa «rever la medida dictada» y establecer un «sistema de control conjunto (Estado/privados) que permita monitorear, evaluar y eventualmente corregir costos, teniendo en cuenta que la fortaleza de este sistema se ha basado en el financiamiento y manejo de los recursos por parte de los propios interesados, que son los productores ganaderos».
«En caso de entrar en vigencia la Resolución 201/2026, queremos deslindar todo tipo de responsabilidades ante cualquier fracaso sanitario futuro», señalaron en las rurales del sudeste.
Una de las herramientas de Luis Caputo para contener la suba de precios acaba de recibir un revés judicial. El juez federal Alejo Ramos Padilla declaró la inconstitucionalidad de la resolución que eliminó la obligación de informar en tiempo real los precios de los combustibles.
El fallo dejó sin efecto la Resolución 717/2025 del Ministerio de Economía, mediante la cual Caputo derogó el sistema creado en 2016 que obligaba a las estaciones de servicio a informar cada modificación de precios dentro de las ocho horas. Ese esquema alimentaba una base pública, permitía comparar valores entre estaciones y habilitaba denuncias cuando el precio cobrado no coincidía con el informado.
Para el magistrado, la eliminación de ese mecanismo implicó un retroceso en el derecho de los consumidores a recibir información adecuada y veraz. Ramos Padilla argumentó que el Estado no puede limitarse a argumentar que los precios están publicados en los surtidores o en las aplicaciones de las petroleras porque esa información aparece dispersa, depende de cada empresa y no permite una comparación sencilla entre todos los operadores.
Ramos Padilla también rechazó uno de los principales argumentos del Gobierno y de las empresas expendedoras. Señaló que, si los precios pasan a modificarse con mayor frecuencia mediante sistemas de «micropricing», la necesidad de contar con un mecanismo público, uniforme y actualizado resulta todavía mayor. En otras palabras, cuanto más dinámico es el mercado, más importante es que exista una ventana única que permita saber cuánto cuesta cargar combustible en cada estación.
Ramos Padilla argumentó que el Estado no puede limitarse a argumentar que los precios están publicados en los surtidores o en las aplicaciones de las petroleras, porque esa información aparece dispersa, depende de cada empresa y no permite una comparación sencilla entre todos los operadores.
La decisión judicial aparece en un contexto donde el precio de los combustibles ocupó un lugar central en la estrategia antiinflacionaria de Caputo. Durante buena parte de 2025 el Ministerio de Economía postergó o aplicó sólo parcialmente las actualizaciones del Impuesto a los Combustibles Líquidos y del impuesto al dióxido de carbono. La consecuencia fue un atraso tributario que evitó trasladar todo el aumento previsto por la ley al surtidor y ayudó a contener el impacto sobre el IPC.
El juez federal Alejo Ramos Padilla.
Ese esquema convivió con otra herramienta. Cuando el petróleo se disparó por la escalada en Medio Oriente, YPF anunció aumentos cercanos al 23%, pero aclaró que absorbería parte del incremento internacional para evitar un traslado pleno al mercado interno. La petrolera actuó como un dique que amortiguó parte de la presión externa y volvió a consolidar el papel del combustible como una de las variables utilizadas para estabilizar los precios.
El problema apareció cuando el Brent inició el recorrido inverso. Con el barril bastante por debajo de aquellos máximos, las rebajas no llegaron al surtidor con la misma velocidad con la que habían sido absorbidas las subas. En un mercado donde además desapareció la obligación de informar cada modificación de precios en un sistema oficial, el seguimiento de esos movimientos quedó exclusivamente en manos de las empresas.
La demanda fue presentada por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), que sostuvo que la derogación debilitaba el control estatal y reducía la transparencia del mercado. El Gobierno respondió que la información seguía disponible mediante aplicaciones privadas y sitios web de las compañías, además de defender la medida como parte de la política general de desregulación impulsada por la administración de Milei.
El juez descartó esos argumentos. Recordó que la propia resolución de 2016 había considerado insuficiente el viejo sistema de información mensual y cuestionó que el Estado eliminara la herramienta sin explicar por qué aquello que antes juzgaba inadecuado ahora alcanzaría para proteger a los consumidores. También remarcó que la Constitución obliga a garantizar información pública, comparable y fácilmente accesible, no simplemente la existencia de datos dispersos.
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Las reservas volvieron al centro de la discusión económica. Un informe de la consultora Synthesis, que dirige el ex presidente del Banco Central Alejandro Vanoli, sostuvo que las reservas netas alcanzaron los USD 9.936 millones, el nivel más alto desde 2021.
El dato sorprendió porque convive con otras estimaciones privadas que todavía muestran reservas netas negativas y con una metodología del Fondo Monetario Internacional (FMI) que arroja resultados muy diferentes.
La aparente contradicción tiene una explicación sencilla: no existe una única forma de medir las reservas. Según qué activos y qué pasivos se descuenten, el resultado cambia de manera sustancial. No es una discusión menor. De esa cuenta depende buena parte del diagnóstico sobre la fortaleza financiera del Banco Central.
La primera cifra es la más conocida. Son las reservas brutas, que hoy rondan los USD 49.000 millones. Es el número que publica diariamente el Banco Central. Allí conviven dólares propios con activos que no están disponibles para intervenir en el mercado, como los encajes de los bancos en moneda extranjera, el swap con China, los Derechos Especiales de Giro (DEG), el oro -del que sigue sin conocerse su destino-, fondos de organismos internacionales y los préstamos REPO.
Por eso ningún economista toma las reservas brutas como una medida de la capacidad de fuego de la autoridad monetaria. El debate comienza cuando se intenta responder una pregunta más concreta: ¿cuántos dólares propios tiene realmente el Banco Central?
El debate comienza cuando se intenta responder una pregunta más concreta: ¿cuántos dólares propios tiene realmente el Banco Central?
La metodología más exigente es la del FMI. El organismo descuenta, entre otros conceptos, los encajes de los bancos, el swap con China, los préstamos REPO, depósitos de organismos y otras obligaciones en moneda extranjera. Además, incorpora como pasivo las compras netas realizadas al propio Fondo desde el inicio del programa.
Si se reconstruye la serie utilizando la metodología del FMI, la foto luce muy distinta. La última estimación disponible elaborada por CIFRA ubicaba las reservas netas en un negativo de USD 16.865 millones a fines de febrero. Desde entonces, el propio Fondo reconoció una acumulación de alrededor de USD 6.300 millones durante el segundo trimestre. Bajo ese supuesto, el stock habría mejorado hasta los USD 10.500 millones negativos.
Es decir, aun otorgándole el beneficio completo de esa acumulación, la medición del FMI seguiría mostrando reservas netas negativas y una brecha de alrededor de USD 20.000 millones respecto de los USD 9.936 millones que calcula la consultora de Alejandro Vanoli. La diferencia no surge de los dólares disponibles, sino del tratamiento contable de pasivos como el REPO y de otros criterios metodológicos que el Fondo mantiene más restrictivos.
Existe luego una metodología intermedia, utilizada habitualmente por bancos y consultoras, que descuenta buena parte de esos pasivos, aunque con criterios menos estrictos que el FMI. Bajo esa medición, las reservas netas ascendían a USD 2.934 millones en diciembre, USD 1.107 millones en enero y USD 2.161 millones en febrero. Para junio, algunas estimaciones privadas ubicaban ese stock en un negativo cercano a los USD 2.100 millones.
El informe de Vanoli utiliza un criterio diferente. Según su serie, las reservas netas pasaron de menos de USD 747 millones en diciembre a menos de USD 2.562 millones en enero, menos USD 2.426 millones en febrero, y menos USD 2.167 millones en marzo, para luego ingresar en terreno positivo: USD 1.320 millones en abril, USD 2.551 millones en mayo, USD 3.341 millones en junio y finalmente USD 9.936 millones al 15 de julio.
El salto de casi USD 6.600 millones registrado entre junio y mediados de julio no responde principalmente a compras de divisas, es producto de la refinanciación del préstamo REPO por USD 6.000 millones.
Hasta ese momento, ese pasivo debía cancelarse dentro de los próximos doce meses y era descontado del cálculo de reservas netas. Con la renegociación realizada por el Gobierno, el vencimiento se estiró hasta septiembre de 2028. Esa deuda deja de computarse como un pasivo de corto plazo y, por lo tanto, las reservas netas aumentan casi automáticamente.
La diferencia parece técnica, pero modifica por completo el resultado. El Banco Central no recibió USD 6.000 millones nuevos. Lo que cambió fue el calendario de vencimientos de una deuda existente. Es decir, mejoró el perfil financiero del pasivo, pero no ingresó una cantidad equivalente de dólares frescos.
Mientras algunas consultoras descuentan únicamente los pasivos con vencimiento dentro del próximo año, el FMI utiliza una definición contractual más amplia para determinar qué obligaciones deben seguir restándose del stock de reservas. Por eso el organismo continúa mostrando cifras considerablemente inferiores.
Ese punto explica buena parte de la distancia entre las distintas mediciones. Mientras algunas consultoras descuentan únicamente los pasivos con vencimiento dentro del próximo año, el FMI utiliza una definición contractual más amplia para determinar qué obligaciones deben seguir restándose del stock de reservas. Por eso el organismo continúa mostrando cifras considerablemente inferiores.
La comparación ilustra la magnitud del debate. Para un mismo momento del tiempo pueden coexistir reservas brutas cercanas a los USD 49.000 millones, reservas líquidas en torno a los USD 17.000 millones, reservas netas próximas a los USD 10.000 millones bajo la metodología utilizada por Vanoli y cifras todavía negativas cuando se aplica el criterio del FMI.
Ninguna de esas cuentas es incorrecta. Lo que cambia es la definición utilizada. Sin embargo, esa aclaración metodológica resulta decisiva. De lo contrario, se corre el riesgo de comparar números que responden a conceptos distintos y concluir que unos economistas están equivocados cuando, en realidad, están midiendo cosas diferentes.
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