Carricavur participó del acto de asunción del Director del COPLADE

 

La historia de Federación, la ciudad entrerriana que fue demolida y trasladada en 1979 para construir la represa de Salto Grande y terminó bajo las aguas del embalse.

Por Alcides Blanco para NLI

Hay una ciudad argentina que existe y, al mismo tiempo, dejó de existir. Tiene habitantes, calles, escuelas, comercios, una plaza, edificios públicos y una identidad propia, pero el lugar donde durante más de un siglo se desarrolló su vida cotidiana permanece bajo las aguas de un enorme lago artificial. No se trata de una leyenda ni de un pueblo abandonado: Federación, en Entre Ríos, fue literalmente trasladada para permitir la construcción del complejo hidroeléctrico de Salto Grande y su antiguo emplazamiento terminó inundado. Lo extraordinario es que antes de que llegara el agua, la vieja ciudad fue desmontada y demolida, mientras sus habitantes eran obligados a comenzar nuevamente sus vidas en una ciudad construida desde cero a pocos kilómetros de distancia.

La historia comenzó mucho antes de que las topadoras entraran en escena. En 1946, los gobiernos de Argentina y Uruguay firmaron el tratado binacional que estableció las bases para aprovechar los rápidos del río Uruguay en la zona de Salto Grande mediante una represa hidroeléctrica. La decisión tenía un objetivo estratégico: producir energía y aprovechar el potencial del río, pero también implicaba una consecuencia enorme para una comunidad entrerriana. La construcción del embalse significaba que la ciudad de Federación desaparecería bajo las aguas. Sin embargo, la obra no comenzó inmediatamente. Durante casi tres décadas, los habitantes vivieron con la certeza de que algún día deberían abandonar su ciudad, pero sin saber exactamente cuándo ni cómo sería el traslado.

Una ciudad condenada a desaparecer

La vieja Federación tenía una historia mucho más extensa de la que permite imaginar su actual aspecto turístico. Su origen se remontaba a los antiguos asentamientos de la zona y, después de una primera relocalización en el siglo XIX, el pueblo había crecido alrededor de la explotación forestal y de su posición estratégica sobre el río Uruguay. Durante décadas desarrolló una vida urbana propia, con escuelas, comercios, clubes, bancos, estación ferroviaria, iglesia, hospital, instituciones públicas y una intensa actividad vinculada a la madera. No era una aldea improvisada que pudiera abandonarse sin consecuencias: era una comunidad consolidada, con generaciones enteras que habían nacido, trabajado y muerto allí.

La incertidumbre se hizo cada vez más concreta cuando comenzó finalmente la construcción del Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande, en 1974. Para entonces, unas 5.000 personas vivían en Federación y el destino de la ciudad estaba decidido. La futura represa necesitaba un enorme embalse y el casco urbano quedaba dentro de la superficie que sería cubierta por el agua. La alternativa fue construir una nueva ciudad en un terreno situado varios kilómetros al norte. Pero trasladar una comunidad no significa simplemente entregar nuevas casas: implicaba romper una trama urbana, separar vecinos, abandonar lugares cargados de recuerdos y decidir qué podía conservarse y qué debía desaparecer.

La construcción de la nueva Federación comenzó finalmente en 1977 y avanzó a una velocidad extraordinaria. En apenas un par de años surgió una ciudad completamente nueva, diseñada con criterios urbanísticos modernos para la época. Se construyeron más de mil viviendas y se trazaron nuevas calles, espacios públicos y servicios. Pero aquella modernidad tenía una contracara: muchas familias debieron abandonar barrios donde habían vivido durante décadas y adaptarse a una ciudad que todavía parecía un enorme obrador. Las investigaciones sobre la relocalización muestran que incluso la distribución de las viviendas produjo conflictos y transformó las relaciones sociales de la comunidad.

Antes del agua llegaron las topadoras

El episodio más impresionante ocurrió durante los últimos meses de la vieja ciudad. Federación no fue simplemente abandonada para que el agua hiciera el resto. Antes de la inundación se demolieron buena parte de sus edificios y se desmontó el antiguo casco urbano. La investigación académica sobre el proceso enumera entre las construcciones que quedaron bajo las aguas a la sede de la Gendarmería, la plaza 9 de Julio, la Jefatura de Policía, la Municipalidad, el correo, la central telefónica, las escuelas, los bancos, los comercios tradicionales, los clubes, el cine, la estación ferroviaria y numerosos edificios que habían formado parte de la vida cotidiana de varias generaciones.

La imagen es difícil de imaginar hoy: una ciudad entera siendo desarmada antes de que llegara el lago. Casas, comercios y edificios públicos fueron desapareciendo mientras sus habitantes se preparaban para mudarse. La documentación oficial de la época y posteriores investigaciones describen un proceso de relocalización complejo y traumático, en el que las cuestiones legales sobre la propiedad, la adjudicación de las nuevas viviendas y la distribución de los habitantes generaron numerosos problemas. La nueva ciudad debía estar lista antes de que el embalse comenzara a cubrir definitivamente el antiguo territorio.

El 25 de marzo de 1979 fue inaugurada oficialmente la Nueva Federación. El acto estuvo encabezado por el dictador Jorge Rafael Videla, en pleno terrorismo de Estado. Apenas unos días después, el 1° de abril, comenzó el llenado del embalse y el agua empezó a ocupar el territorio de la vieja ciudad. El lugar que había albergado a generaciones de federaenses quedó progresivamente cubierto por el lago de Salto Grande. La vieja Federación había dejado de existir como ciudad y la nueva comenzaba una historia completamente diferente.

Una ciudad que todavía aparece debajo del lago

La historia tiene una última vuelta extraordinaria: la vieja Federación no desapareció completamente de la memoria ni del paisaje. Cuando el nivel del embalse baja lo suficiente, pueden volver a observarse restos del antiguo asentamiento: calles, cimientos y ruinas que permanecen debajo del lago. En julio de 2026, una bajante preventiva del embalse volvió a dejar visibles sectores de la ciudad desaparecida, permitiendo que quienes conocen su historia contemplaran nuevamente fragmentos de aquel lugar que había sido demolido décadas atrás.

La propia existencia actual de Federación contiene una paradoja histórica todavía más profunda. La ciudad que nació como consecuencia de una relocalización traumática terminó convirtiéndose décadas después en uno de los principales destinos turísticos de Entre Ríos. El descubrimiento de aguas termales en el subsuelo de la nueva ciudad, en la década de 1990, transformó completamente su economía y abrió una etapa de crecimiento basada en el turismo. El mismo territorio que había sido creado para reemplazar una ciudad desaparecida encontró una nueva identidad gracias a un recurso natural que nadie había previsto cuando se diseñó la nueva Federación.

Por eso Federación es mucho más que una curiosidad histórica sobre una ciudad inundada. Su historia permite observar una de las grandes contradicciones del desarrollo argentino del siglo XX: una obra de infraestructura capaz de generar energía para millones de personas también podía significar que una comunidad entera perdiera su territorio, sus edificios y buena parte de los lugares que constituían su memoria colectiva. La vieja Federación no fue destruida por una catástrofe natural: fue deliberadamente demolida para hacer posible una obra considerada estratégica, y miles de personas tuvieron que reconstruir su vida en otro lugar. Hoy, cuando el agua baja y vuelven a aparecer sus calles y cimientos, aquella ciudad que oficialmente dejó de existir en 1979 demuestra que algunas ciudades pueden desaparecer del mapa sin desaparecer completamente de la historia.

 

En un acto que atenta contra la transparencia, el poder ejecutivo eliminó el acceso público a los datos de los proveedores estatales. Este oscuro accionar se da a posteriori de la investigación en la que El Disenso descubrió que PAMI le paga 65 millones de pesos por el alquiler mensual de un piso, en el marco…

 

El endurecimiento del reclamo argentino sobre las Islas Malvinas tuvo una reacción inmediata en uno de los dirigentes más representativos del nacionalismo británico. Boris Johnson, ex primer ministro del Reino Unido y hombre que hasta hace poco elogiaba públicamente a Javier Milei, reclamó que Londres envíe refuerzos militares al archipiélago, incluyendo cazas, tropas y unidades navales. La respuesta expone una paradoja incómoda para el Gobierno argentino: la afinidad ideológica con figuras de la derecha británica no modifica, cuando se trata de Malvinas, la defensa cerrada que esas mismas figuras hacen de la ocupación colonial.

Por Luis Bulnes Valdez para NLI

Durante años Javier Milei hizo de su admiración por Margaret Thatcher uno de los aspectos más provocadores de su construcción política, aun cuando la ex primera ministra británica fue quien condujo al Reino Unido durante la guerra de 1982. También cultivó relaciones con referentes conservadores británicos y fue presentado por el propio Boris Johnson como una suerte de emblema internacional de la batalla contra el Estado y el intervencionismo económico. Pero el conflicto de soberanía demostró una vez más los límites concretos de esas afinidades: cuando Buenos Aires elevó el tono sobre Malvinas, Johnson abandonó cualquier camaradería ideológica y pidió incrementar la capacidad militar británica frente a la Argentina.

De los elogios a Milei al pedido de militarización

Johnson publicó una columna en el Daily Mail después de la cadena nacional en la que Milei volvió a colocar la cuestión Malvinas en el centro de la agenda argentina. El dirigente conservador reclamó al gobierno británico de Andy Burnham que actúe con rapidez y envíe refuerzos a las islas, planteando explícitamente la posibilidad de sumar aviones de combate, efectivos militares o unidades navales. Su artículo fue presentado bajo una consigna inequívoca: Londres debía “tomar el control” de la situación y reforzar inmediatamente el archipiélago.

El pedido no surge en el vacío. Milei anunció el endurecimiento de las sanciones contra compañías que exploten hidrocarburos en el área de Malvinas sin autorización argentina, anticipó modificaciones legales para ampliar la capacidad punitiva del Estado y ratificó la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego. El principal foco económico es Sea Lion, el gigantesco proyecto petrolero operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, cuya explotación proyectada volvió a transformar el conflicto territorial en una disputa inmediata por recursos estratégicos.

En su intervención, Johnson también vinculó el cambio de clima diplomático con las recientes declaraciones de Donald Trump, quien admitió que Washington está revisando su posición sobre Malvinas. Estados Unidos mantiene históricamente una posición formalmente neutral respecto de la disputa de soberanía, aunque en 1982 el gobierno de Ronald Reagan terminó dando apoyo decisivo al Reino Unido durante la guerra. Trump no anunció todavía una modificación concreta de esa política, pero la sola posibilidad de una revisión fue interpretada por sectores británicos como una señal que obliga a Londres a extremar precauciones.

Johnson reconoció precisamente esa incomodidad. Según sostuvo, Milei habría aprovechado el nuevo escenario internacional para intensificar el reclamo argentino. El dato resulta particularmente significativo porque el ex premier británico conoce bien al Presidente argentino y anteriormente había destacado su admiración por Thatcher. Aquella simpatía política, sin embargo, termina exactamente donde comienza la cuestión territorial: para Johnson, Malvinas sigue siendo una posición británica que debe preservarse incluso mediante una ampliación de su despliegue militar.

Una ocupación sostenida por una estructura militar permanente

El reclamo de nuevos refuerzos tampoco parte de una presencia militar simbólica. El Reino Unido mantiene desde hace décadas una infraestructura permanente en las islas cuyo eje es el Mount Pleasant Complex, construido después de la guerra de 1982. La propia Royal Air Force informa actualmente que allí se encuentran desplegados cuatro cazas Typhoon FGR4, además de un avión cisterna Voyager y un transporte militar Atlas A400M. Londres define oficialmente a las British Forces South Atlantic Islands como una estructura destinada a realizar una “demostración visible” de su soberanía sobre Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

El Ministerio de Defensa británico evita informar públicamente la cantidad exacta de efectivos actualmente destinados en el Atlántico Sur alegando razones de seguridad operativa. En marzo de este año, ante una pregunta formal presentada en el Parlamento británico sobre el nivel de fuerzas existente en Mount Pleasant, el gobierno se negó expresamente a proporcionar las cifras. Lo que sí sostiene Londres es que revisa periódicamente el despliegue y que su presencia militar posee, según su interpretación, carácter “defensivo”.

Esa caracterización resulta inevitablemente discutible desde la perspectiva argentina. Para Buenos Aires, las islas forman parte del territorio nacional ocupado ilegalmente por una potencia extranjera desde 1833, mientras que la disputa de soberanía permanece reconocida en el sistema de Naciones Unidas y la Argentina sostiene constitucionalmente que su recuperación debe realizarse respetando el derecho internacional y los intereses de los habitantes. Londres, en cambio, fundamenta su posición en el principio de autodeterminación y en el referéndum celebrado entre los habitantes de las islas en 2013. La existencia de esas posiciones contrapuestas es precisamente la razón por la que Naciones Unidas ha reclamado históricamente negociaciones entre ambos Estados.

El elemento nuevo es que la disputa dejó nuevamente de ser exclusivamente diplomática. La próxima explotación de hidrocarburos convierte al Atlántico Sur en un espacio donde se cruzan soberanía, petróleo, rutas marítimas, proyección antártica y presencia militar. El yacimiento Sea Lion tendría recursos estimados en alrededor de 1.700 millones de barriles, una dimensión suficiente para modificar estructuralmente la economía de las islas y consolidar todavía más la ocupación británica mediante ingresos provenientes de recursos cuya explotación la Argentina considera ilegítima.

El límite de las afinidades ideológicas

La reacción de Johnson deja además una enseñanza política que excede la coyuntura. Durante buena parte de su carrera, Milei subordinó numerosas definiciones internacionales a afinidades ideológicas y personales: su cercanía con Trump, su admiración por Thatcher o su identificación con dirigentes conservadores europeos y británicos fueron presentadas como herramientas capaces de mejorar la inserción argentina. Pero los Estados actúan primordialmente según intereses nacionales, y Malvinas vuelve a ofrecer una demostración difícilmente más gráfica.

Johnson puede elogiar el programa económico de Milei, compartir su discurso contra el Estado y celebrar su admiración por Thatcher. Nada de eso impide que, frente al reclamo argentino, pida más cazas, más soldados y más barcos británicos en territorio cuya soberanía reclama la Argentina. La afinidad partidaria desaparece allí donde Londres considera comprometido un interés estratégico propio.

El episodio también obliga a administrar cuidadosamente el nuevo giro discursivo del Gobierno argentino. Milei aseguró en su cadena nacional que la Argentina no busca una resolución militar y que su estrategia continuará dentro de los canales diplomáticos. La respuesta británica, sin embargo, demuestra cómo cualquier escalada retórica puede ser utilizada por los sectores más duros de Londres para justificar una mayor militarización del Atlántico Sur. Johnson cerró su planteo recuperando una máxima de tradición militar: la paz, sostuvo, exige estar preparado para la guerra.

Para la Argentina, el desafío es exactamente el inverso: fortalecer el reclamo soberano sin entregar argumentos para consolidar la ocupación militar que pretende cuestionar. Eso supone recuperar capacidad diplomática, construir apoyos internacionales, impedir jurídicamente la explotación unilateral de recursos y sostener una política de Estado consistente en el tiempo. Porque la respuesta de Boris Johnson acaba de recordarlo con una claridad brutal: detrás de las sonrisas, los elogios y las coincidencias ideológicas, cuando Londres escucha la palabra Malvinas, responde todavía pensando en términos de poder, recursos y control territorial.