El Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Villa Regina Guillermo Carricavur participó el miércoles del acto de asunción del arquitecto Pedro Molina como Director del Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo (COPLADE).
En la oportunidad estuvieron presentes el presidente del Concejo Deliberante Edgardo Vega, los concejales integrantes de la Comisión de Planificación y Desarrollo Martín Vesprini, Silvio Rodríguez y Carlos Rodríguez, y otros ediles.
Durante el acto el titular del cuerpo legislativo destacó que “se trata de la finalización de un proyecto y el comienzo de otro, tras la aprobación de la ordenanza que sentó las bases de un nuevo COPLADE y que determinó el llamado a concurso para cubrir el cargo de Director”.
Tras destacar y reconocer el trabajo realizado durante el último tiempo por la arquitecta Rosana Cisint, se dio lectura a la Resolución que formalizó el nombramiento y puesta en funciones de Molina.
Se está terminando el bacheo y una vez finalizado, se efectuará una carpeta asfáltica de 4 centímetros. En cuanto a la calle Juan XXIII, se está gestionando con la empresa Quidel, para llevar a cabo el bacheo. Por el momento, se cubrió con calcáreo y cemento y se avanza con las banquinas. #ReginaResponde #VillaRegina #OraziIntendente #Obras #Pavimentacion Difunde esta…
Por enésima vez, los que odian el Estado te demuestran que sólo saben vivir a sus expensas.
Por Tomás Palazzo para NLI
El escándalo volvió a impactar en el corazón del Gobierno libertario: **el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto adjudicó un contrato por $114.044.133 —casi USD 78.000 al tipo de cambio actual— para la capacitación en inglés de su propio personal a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad dirigida por María Josefina Rouillet, esposa del actual ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
El expediente —formalizado mediante adjudicación simple por especialidad y publicado en el sistema COMPR.AR— activó los mecanismos de control previstos en el Decreto 202/2017 por el vínculo familiar entre la directora ejecutiva de la AACI y el funcionario responsable de parte del ajuste estatal, con intervención de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
Contra viento y ajuste Resulta inevitable el contraste: mientras Sturzenegger se presenta como el ejecutor de una política de recortes masivos, ventas de activos y “motosierra” a programas estatales, el Estado decidió asignar más de 114 millones de pesos a la asociación de su propia pareja en un contrato directo y sin licitación competitiva.
Las críticas políticas no tardaron: la senadora del bloque Justicialista Juliana di Tullio anunció que denunciará formalmente ante la Justicia a Sturzenegger y a Rouillet por considerar “irregular” el contrato, pese a que el propio canciller Pablo Quirno negó irregularidades y afirmó en redes que la contratación “cumplió con todos los mecanismos de control y transparencia”.
Viejas prácticas, nuevo escándalo
Este episodio no surge de la nada. Desde hace años Noticias La Insuperable ya había documentado la trayectoria de Rouillet en espacios públicos vinculados a la “casta” política:
En abril de 2017, el portal reveló que su nombramiento en un cargo oficial se oficializó con un año de demora, en medio de cuestionamientos por nepotismo y falta de transparencia.
Más recientemente, en diciembre de 2023, también en NLI y en exclusiva pusimos en evidencia el “increíble kiosquito” que armó Rouillet en el Programa de Mecenazgo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde manejó millones de pesos del presupuesto cultural porteño y desde donde incluso promovió proyectos vinculados a su rol posterior en la AACI.
Aquellas investigaciones muestran un patrón persistente: constante tránsito entre cargos públicos, interferencias privadas y negocios con recursos del Estado, con un denominador común que hoy se repite bajo el gobierno de Milei.
El doble estándar
Mientras en el discurso oficial se habla de “quitar privilegios”, “ajustar el Estado” y recortar gastos, este contrato deja al descubierto que el ajuste no siempre aplica a círculos cercanos al poder. En plena ola de privatizaciones de servicios estatales y cierre de organismos, la decisión de destinar fondos públicos a la asociación que dirige la esposa del ministro que implementa esos recortes expone un flagrante doble estándar que alimenta la crítica política y judicial.
¿Una moda de campaña o una regla de gobierno?
Con denuncias judiciales en puerta, defensas públicas desde el Gobierno y una oposición que promete ir hasta las últimas consecuencias, este caso podría convertirse en un emblema de lo que NLI desde hace años señalamos: la persistencia del amiguismo y la falta de transparencia dentro de las estructuras del poder, sin importar quién gobierne.
La controversia está abierta. Y mientras los mecanismos de control se activan, lo que queda claro es que la motosierra sí corta para los trabajadores y programas sociales, pero parece no llegar al círculo íntimo del propio ministro encargado de llevarla adelante.
El peronismo entró en una intensa deliberación sobre el nombre del auditor que reclamarán gobernadores y senadores para ocupar el lugar que le corresponde en la Auditoría General de la Nación (AGN). Pese a que se descontaba que continuara en esa silla Javier Fernández, un histórico del organismo, en los últimos días ganó terreno el rumor de que lo desplace Ricardo Guerra, el exlegislador riojano que completó el mandato de Carlos Menem cuando el expresidente falleció.
Ese movimiento solo se podría lograr con el apoyo de la bancada oficialista y sus aliados, que suman 44 senadores, contra lo que pretendía hasta el momento el kirchnerismo. Por eso, se especulaba que la ruptura de los senadores Carolina Moisés, Sandra Mendoza y Guillermo Andrada era más que oportuna para confluir en un acuerdo con LLA para una votación que le reste poder al interbloque liderado por José Mayans.
De consumarse, la jugada sería una estocada letal contra los senadores kirchneristas, que hasta la última conformación del colegio de auditores controlaban dos plazas por la Cámara Alta, contando también la de Graciela De la Rosa. Al cierre de esta nota, sin embargo, las negociaciones seguían abiertas y fuentes parlamentarias aseguraban que Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil y Gustavo Sáenz, al igual que los senadores que les responden, juntaban voluntades para Fernández.
Pero como informó LPO en noviembre pasado, el bloque de Convicción Federal, bajo la integración que también incluía al puntano Fernando Salino y Fernando Rejal, promovía la incorporación al organismo del riojano Guerra. Por aquellos días, Mayans defendía la revalidación de Fernández, auditor desde 2001, y proponía también a Carlos Raúl Gutiérrez Ortíz, un asesor de UP que se supo ganar la confianza del formoseño.
Mientras que Mayans apuraba a su par de la UCR, Eduardo Vischi, para completar la formación de la AGN, metiendo a dos peronistas y un radical cuando todavía lideraban bloques de 34 y 13 bancas respectivamente, Ezequiel Atauche y Bartolomé Abdala se negaban a discutir el tema antes del recambio parlamentario. Ahora, la Casa Rosada explora la posibilidad de acordar con los gobernadores Jaldo, Jalil y Sáenz la designación de un auditor para los de Vischi, otro para los libertarios y uno para el peronismo federal, que podría ser Guerra.
La jugada, que se charló este lunes en la reunión de Mesa Política en Balcarce 50, requiere extrema audacia. Tal como explicó LPO, Patricia Bullrich sabe que pudo hasta acá controlar la furia de Mayans reduciéndole lugares en las comisiones pero interpreta como un riesgo quitarle al peronismo cargos de representación entre las autoridades del Senado o los órganos de contralor.
Por eso, el lote de 44 senadores que se aglutinaron contra el kirchnerismo desde que asumió la exministra de Seguridad hizo este lunes una reunión por Zoom para coordinar los pasos a seguir. Una posibilidad que se conversaba era que, durante la sesión preparatoria, se mocionara la continuación de la jornada parlamentaria con otra en la que se votaran los integrantes de la AGN.
Patricia Bullrich.
Como ese movimiento parece reñido en términos reglamentarios, también se barajó la chance de elegir los miembros del colegio de auditores en la sesión del próximo jueves, cuyo temario incluía la ley de Glaciares, Régimen Penal Juvenil y el pliego de Fernando Iglesias como embajador. La extensión del debate podría facilitar un desenlace «más cubierto» en la madrugada para aquellos que se sientan expuestos.
La AGN cuenta en este momento con el peronista Juan Manuel Olmos como presidente del colegio y fueron designados en diciembre, a través un escandaloso acuerdo entre La Cámpora y los libertarios, Juan Ignacio Forlón por el kirchnerismo, Mónica Almada por el oficialismo y la exdiputada Pamela Calletti por los gobernadores.
Más allá de la pulseada entre Guerra y Fernández, los nombres en danza para ocupar los lugares en representación del Senado serían el de Luis Naidenoff o Víctor Zimmermann por la UCR y Santiago Viola o algún tapado por LLA. Si el nombramiento del riojano se concretara, Sáenz y los gobernadores terminarían con dos auditores, igual que los libertarios, mientras que el radicalismo y el kirchnerismo se repartirían uno para cada uno.
Un sector del peronismo dejaba abierta la puerta para que Fernández mantuviera su lugar, bajo la suposición de que «puede reunir consensos», aunque reconoció que se alentaba el ascenso de Guerra no solo por sus cualidades técnicas sino también como un pase de facturas a La Cámpora, por la derrota del PJ en las elecciones de este domingo en Mendoza.
Por la mañana el gobierno anunció que levantaba las sanciones disciplinarias contra policías que habían abandonado el servicio. Era una acción concertada frente a la dureza de la protesta de uniformados que no aflojaba. Pero una vez más ese anticipo fue un búmeran que volvió duro. Quizá la imagen más elocuente fue que el jefe de policía de la provincia recibió insultos y hasta fue escupido por grupos que estaban frente a la Jefatura de Rosario. Los patrulleros siguieron hasta las 17 de la tarde estacionados, los efectivos a cara limpia sin prestar tareas y sus familiares en inmediaciones.
Así estaban a las 17.45 cuando Maximiliano Pullaro habló desde la Casa de Gobierno para anunciar por segunda vez en cinco días una recomposición salarial. La primera más que atemperar las protestas pareció echarles más leña.
La de este miércoles a la tarde todavía está en proceso de ser digerida pero implicó un desembolso más notorio. Ningún policía de Santa Fe que tenga tareas iniciales en la fuerza percibirá menos de 1.350.000 pesos. Los que presten tareas en la calle en las ciudades de mayor riesgo ganarán más de 2.300.000 pesos.
Eso implicó que tras una semana de protestas de intensidad sostenida el conflicto se levantara. Los policías apostados en Jefatura celebraron con expresiones de júbilo y abrazos el reconocimiento salarial que pasó a ser sustancial. Y que pese a ser más suculento para el personal que asume más riesgos, el que está en la calle, también alcanza a los efectivos no operativos, que son más del 60 por ciento del plantel de 25 mil policías santafesinos.
El aumento salarial se decidió frente a una crisis que parecía haber roto la cadena de mando policial y que arrinconó al gobierno santafesino, al que una protesta inorgánica pero masiva y muy visible socavó en su capacidad de negociación política. También deja en pie incógnitas sobre cuestiones de manejo de la autoridad.
La decisión de dar marcha atrás con las sanciones supone un problema ante una fuerza basada en un principio vertical de obediencia. Una especie de instructivo para la próxima vez ya que ante las medidas disciplinarias hubo primero desafío y después concesiones en el sentido de lo demandado.
Queda en pie una situación contradictoria. El gobierno de Pullaro aceptó levantar los pases a disponibilidad de 20 efectivos a los que señaló por abandono de servicio. Pero las denuncias penales que el mismo gobierno promovió ya tramitan por otra vía que es la del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Este jueves a la mañana 11 de estos policías están citados por la Unidad Fiscal Especializada en Corrupción Funcional y Violencia Institucional. Al mismo tiempo que Pullaro hacía los anuncios, los fiscales Pablo Socca y José Luis Caterina elaboraban la imputación que en unas horas formularán ante un juez.
Este es un capítulo que seguirá frente a un tema complicado. Hubo una demanda laboral de parte de la policía reconocida por el gobernador. Pero en el marco de esos reclamos por condiciones de trabajo y de ingresos hubo policías sancionados que ahora serán imputados. La incógnita poderosa en términos políticos es si cometieron actos dolosos al demandar mejoras de trabajo que el mismo gobernador reconoce aunque su gestión los denunció penalmente.
En el mayor escenario de la protesta, el portón de Jefatura de Rosario por calle Ovidio Lagos, había una atmósfera de fiesta. Los policías sentían que habían torcido a su favor una demanda justa donde había efectivos que estaban por debajo de la línea de pobreza para un grupo familiar con sus ingresos por debajo del millón de pesos.
«Es un aumento histórico», decía un comisario a LPO frente a la estación de servicio YPF. «Personas del escalafón técnico que no portan armas pasan de ganar 780 mil pesos a 1.300.000. Es más de un 50 por ciento de suba», graficó. Un comisario con veinte años de antigüedad pasa según los cálculos rápidos que se hacían en la zona de 3.500.000 a cinco millones de pesos.
Un día agitado
Este miércoles Pullaro se presentó a hacer los anuncios flanqueado por su ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y el jefe de policía de provincia, Luis Maldonado. El gobernador dijo a la prensa que sostener al jefe de policía a su lado en los anuncios era una revalidación explícita de su conducción. Por la mañana había sido insultado de arriba abajo cuando ingresaba a la Jefatura de Rosario y hasta hubo quien lo escupió. Pullaro deslizó que eso no lo hicieron policías activos sino actores mezclados en la protesta.
El piso salarial pasó a ser para policías y penitenciarios santafesinos iniciales de 1.350.000 pesos. «Ningún policía que esté en funciones operativas va a ganar menos de $ 1.438.835», dijo Pullaro en la conferencia de prensa que dio en la tarde del miércoles. Si ese mismo suboficial cumple tareas de calle en Rosario, Santa Fe, Villa Gobernador Gálvez, Granadero Baigorria o Santo Tomé, las zonas de mayor demanda de servicio de seguridad en la provincia, recibirá un plus de 500 mil pesos, por lo que su ingreso total será de $ 1.938.835.
«Si este policía maneja el vehículo policial, con el riesgo que eso implica, va a ganar $ 2.188.835 por mes a partir de febrero», dijo Pullaro. Para el personal del Comando Radioeléctrico, el Cuerpo de Guardia de Infantería y otras secciones con adicionales específicos, precisó que percibirán $ 2.084.000 si no conducen y $ 2.334.535 si manejan patrullero. Los suplementos se estratifican en tres niveles. «No es lo mismo patrullar una zona de alta violencia que otra de menor tensión», dijo el gobernador.
Pullaro hizo un reconocimiento a la policía a la que consideró fundamental para bajar los niveles de violencia. Dijo que en lo que va del año hay 13 homicidios. Y que hace solo tres años a la misma altura había 60. «Estamos profundamente agradecidos del trabajo realizado en los últimos dos años y casi dos meses para reducir los indicadores de violencia y de inseguridad que padecían los rosarinos», dijo el gobernador. «No fueron casualidad, sino producto de una estrategia sostenida y del compromiso de miles de hombres y mujeres de la fuerza», dijo.
Las idas y vueltas
El martes por la noche el gobierno asistía a dos jornadas de protestas sostenidas, como más de 60 patrulleros estacionados en la Jefatura de Rosario, un acuartelamiento a cielo abierto que obligó a que se utilizaran fuerzas especiales y hasta agentes penitenciarios para las tareas de custodia. En ese contexto a las 23.30 el ministro de Seguridad Cococcioni y su par de Economía Pablo Olivares acudieron a una reunión en Jefatura con referentes tras las negociaciones trabadas previamente.
Tras esa cita los ministros dijeron que la seguridad pública nunca se había resentido, que la operatividad siempre se mantuvo al 90 por ciento sin hechos graves y con todas las incidencias atendidas.
Pero Cococcioni marcó, como lo haría más tarde Pullaro, que todos los reclamos eran atendibles. Y entonces hizo el anuncio crucial en relación a las medidas disciplinarias, es decir, los veinte efectivos puestos en disponibilidad en Rosario. También había inicialmente 42 efectivos de la Policía Motorizada en Santa Fe con inicio de trámites para su desafectación provisoria.
«A quienes fueron notificados de medidas administrativas les solicitamos que se presenten, tomen su arma y su chaleco y se reincorporen de inmediato al servicio ordinario. Esto implica que salen de inmediato de la situación preventiva en la que habían sido colocados», sostuvo el titular de Seguridad. Su colega de Economía ponderó «la alta dedicación y la elevada carga horaria» del personal policial.
Ahí está un asunto que entronca casi en la definición sociológica del conflicto. Todo el gobierno reconoce que se trató de una crisis laboral donde los policías hicieron reivindicaciones por ingresos y mejoras de trabajo. «Entendemos que fue un reclamo justo y genuino por parte de las fuerzas de seguridad», dijo Pullaro en la conferencia de prensa.
Solo que en una fuerza no sindicalizada la explicitación de los reclamos que esta vez estallaron es esporádica. ¿En qué lugar quedan entonces los que fueron denunciados por el mismo gobierno y mañana serán imputados? ¿Es conciliable que estuvieran haciendo una demanda laboral y al mismo tiempo cometieran actos dolosos por los que en unas horas serán imputados?
En materia de bienestar policial, Pullaro detalló que se ampliaron las frecuencias de transporte para agentes del norte provincial que trabajan en Rosario -hoy son doce recorridos- y que se avanza en soluciones para los «fines de ruta» hacia Casilda, Constitución y Cañada de Gómez. Indicó que «no hay inconveniente en sumar más servicios si son necesarios».
Asimismo, señaló que se reforzó el gabinete psicológico de la Dirección de Bienestar Policial, que ya atiende a 570 efectivos, y que la tarjeta alimentaria pasó de $ 84.000 a $ 168.000. Además, explicó que se habilitarán lugares de pernocte para quienes viajan largas distancias: «Si el personal estaba estresado por la carga de trabajo y el traslado, podrá quedarse a dormir aquí, como lo hacen las fuerzas federales».
Finalmente, cerró con un mensaje político claro: «Habiendo atendido todas las demandas, creemos y entendemos que no hay ninguna razón para que siga habiendo una movilización pacífica fuera de la Unidad Regional II».
De la conferencia, realizada en la sede de Gobierno en Rosario, participaron también el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, y el jefe de la Policía de la Provincia de Santa Fe, Luis Maldonado.
La Oficina de Empleo de la Municipalidad de Villa Regina viene trabajando a través de distintos programas con el objetivo de otorgar herramientas para acceder al mundo laboral a personas de distintas edades. Uno de ellos es ‘Promover Igualdad’ que está destinado a desocupados mayores de 18 años que tengan certificado de discapacidad. A través…
El Intendente Marcelo Orazi y el Ministro de Salud de Río Negro Fabián Zgaib recorrieron el hospital de Villa Regina, oportunidad en la que destacaron las obras que se llevan adelante que permitirán aumentar el número de camas provistas con la red completa de gas, aire comprimido y oxígeno. Al respecto, el Ministro señaló que…
Difunde esta nota
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.
