El Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Villa Regina Guillermo Carricavur participó el miércoles del acto de asunción del arquitecto Pedro Molina como Director del Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo (COPLADE).
En la oportunidad estuvieron presentes el presidente del Concejo Deliberante Edgardo Vega, los concejales integrantes de la Comisión de Planificación y Desarrollo Martín Vesprini, Silvio Rodríguez y Carlos Rodríguez, y otros ediles.
Durante el acto el titular del cuerpo legislativo destacó que “se trata de la finalización de un proyecto y el comienzo de otro, tras la aprobación de la ordenanza que sentó las bases de un nuevo COPLADE y que determinó el llamado a concurso para cubrir el cargo de Director”.
Tras destacar y reconocer el trabajo realizado durante el último tiempo por la arquitecta Rosana Cisint, se dio lectura a la Resolución que formalizó el nombramiento y puesta en funciones de Molina.
La escena se repite cada vez con más frecuencia y expone una realidad alarmante. Este mediodía, estudiantes que intentaban viajar con el boleto estudiantil secundario en la línea 8 recibieron una respuesta tan contundente como preocupante: «No hay más secundario», les dijo el chofer del interno 722. A partir de allí, los jóvenes quedaron ante una disyuntiva imposible: pagar una tarifa que muchos no pueden afrontar o descender de la unidad y perder la posibilidad de llegar a la escuela o retornar a sus hogares.
Por Tomás Palazzo para NLI
El episodio no aparece como un hecho aislado. Según denuncian usuarios y familias, situaciones similares comienzan a multiplicarse en distintas líneas de transporte, en un contexto marcado por el aumento permanente de los combustibles, la crisis financiera que atraviesa el sector y la reducción de la asistencia estatal. Sin embargo, detrás de cada estudiante obligado a pagar o a bajarse de un colectivo existe una pregunta de fondo: ¿quién debe garantizar el acceso a la educación, las empresas privadas o el Estado?
Cuando la crisis la pagan los estudiantes
El boleto estudiantil no es un beneficio comercial ni una concesión graciosa de las empresas. Se trata de una herramienta destinada a garantizar el acceso a la educación pública, evitando que el costo del transporte se transforme en una barrera para miles de familias trabajadoras.
Cuando una empresa decide desconocer ese derecho o limitar su aplicación, el impacto no recae sobre balances empresariales ni sobre funcionarios. Lo sufren directamente los estudiantes. Cada viaje que deja de estar cubierto implica un gasto adicional para hogares que ya enfrentan aumentos constantes en alimentos, tarifas, alquileres y servicios.
La consecuencia es tan sencilla como brutal: estudiar se vuelve más caro. Y cuando la educación pública comienza a incorporar costos que antes estaban garantizados por políticas estatales, quienes terminan pagando son los sectores populares.
La situación remite inevitablemente a una larga historia de luchas estudiantiles. El reclamo por el boleto estudiantil forma parte de una tradición de organización juvenil que tuvo uno de sus capítulos más trágicos durante la dictadura con la recordada Noche de los Lápices, cuando estudiantes secundarios fueron secuestrados, torturados y desaparecidos tras participar, entre otras reivindicaciones, de la defensa de ese derecho. Por eso, cada retroceso en esta materia tiene una carga simbólica que trasciende la discusión económica.
El Estado se corre y los derechos quedan a merced de privados
La situación también expone una tendencia cada vez más visible durante la gestión de Milei: la retirada del Estado de áreas sensibles y la transferencia de responsabilidades públicas hacia actores privados.
Desde NLI ya habíamos advertido sobre este fenómeno el pasado 26 de mayo, cuando se conoció la eliminación de compensaciones para los pasajes gratuitos de personas con discapacidad, en una decisión que no tuvo la trascendencia necesaria ni la dimensión esperada, oculta tras el mando de discusiones internas o Declaracines Juradas no presentadas. En aquel caso, el Gobierno dejó de financiar una política pública y trasladó la carga económica a las empresas, convirtiéndolas de hecho en administradoras de un derecho que debería estar garantizado por el Estado.
Ahora el mecanismo parece repetirse. Mientras el transporte enfrenta aumentos de costos y problemas de financiamiento, los controles estatales brillan por su ausencia y los usuarios quedan atrapados en el medio. En lugar de garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos adquiridos, el Gobierno parece optar por correrse y dejar que cada empresa resuelva la situación como considere conveniente.
El resultado es previsible: cuando los números no cierran, quienes primero sufren las consecuencias son los sectores más vulnerables.
Un nuevo golpe contra la educación pública
La negativa a reconocer el boleto estudiantil no puede analizarse únicamente como un conflicto de transporte. También constituye un nuevo capítulo en el deterioro de las condiciones de acceso a la educación pública.
Durante los últimos meses, estudiantes, docentes y universidades protagonizaron múltiples reclamos frente a recortes presupuestarios, pérdida salarial y reducción de programas de asistencia. Ahora, a ese escenario se suma la incertidumbre sobre una herramienta fundamental para que miles de jóvenes puedan asistir a clases.
Detrás de cada estudiante obligado a pagar un pasaje que antes estaba cubierto existe una definición política. Porque cuando el Estado abandona su rol de garante y permite que derechos básicos queden sujetos a la capacidad económica de empresas privadas, lo que está en discusión ya no es solamente una tarifa de colectivo. Lo que está en juego es la igualdad de oportunidades.
Y una vez más, quienes terminan soportando el peso del ajuste son aquellos que menos tienen y más necesitan de la presencia estatal para ejercer derechos que deberían estar fuera de cualquier discusión.
En la mañana de hoy, en la vereda del Paseo del Arroyo, se encontraron bolsas de basura rotas y se pueden observar varias jeringas usadas entre otra tanta suciedad. Se pide suma responsabilidad a los vecinos y que este tipo de elementos como jeringas, agujas, vidrios rotos, etc, sean descartados con las medidas de precaución…
Todo arrancó con una jugada muy calculada dentro del mundo fabril. Martín Rappallini le reclamó una reunión urgente al ministro Toto Caputo e hizo circular en grupos empresarios un texto explosivo titulado «¡RIGI Industrial ya!», donde cuestionaba abiertamente el rumbo económico de Javier Milei y reclamaba beneficios especiales para la industria tradicional.
La versión que se difundió internamente era durísima. Hablaba de «caída de ventas», «fuerte presión sobre márgenes» y pedía políticas sectoriales para evitar el deterioro industrial. Pero además contenía una frase especialmente sensible para el Gobierno: «Hoy gran parte de la industria argentina está financiando el Estado, jubilaciones y educación».
Según reveló el periodista Leandro Renau, el texto atacaba además uno de los núcleos discursivos del mileísmo. Rappallini sostenía que el Gobierno había terminado aceptando, con el «Súper RIGI», algo que durante años negó: que ningún sector compite globalmente sin protección, incentivos y condiciones especiales. Y a partir de ahí planteaba la tesis central de su ofensiva: si el Estado reconoce que ciertos sectores necesitan beneficios extraordinarios, entonces la industria tradicional también debe recibirlos.
La circulación no fue accidental. El propio Rappallini lo mandó a grupos de Whatsapp empresarios y al foro «Info Industrial», donde participan cientos de industriales de todo el país. Buscaba generar clima interno y mostrar volumen político. Las respuestas fueron de entusiasmo. Muchos empresarios sintieron que, finalmente, la conducción de la UIA decía públicamente lo que buena parte del sector venía discutiendo en privado desde hacía meses.
Mientras Rappallini endurecía el discurso usando a toda la industria como argumento, el Gobierno buscaba contenerlo con beneficios concretos para su propio grupo empresario. La minera de su familia consiguió un RIGI justo cuando el jefe de la UIA decidió moderar un comunicado durísimo contra Milei y Caputo.
Pero pocas horas después apareció otro movimiento. El texto finalmente publicado ya no era el mismo. Conservaba el planteo general del «RIGI industrial», pero habían desaparecido buena parte de las frases más agresivas y del tono confrontativo. Las referencias más explosivas sobre la industria financiando al Estado, el costo de la apertura y el deterioro de los sectores transables quedaron suavizadas o directamente borradas.
Ahí aparece la maniobra completa. Primero circuló una versión incendiaria como mensaje al Gobierno. Después vino la moderación pública. El mensaje pasó de una denuncia frontal sobre el desastre que el modelo de Milei y Caputo causa a la industria argentina a un texto negociado. En el medio, Rappallini consiguió un RIGI para su minera. Un extraordinario beneficio que Toto Caputo maneja a discreción.
Rappallini es considerado dentro de la UIA como un dirigente alineado históricamente con Paolo Rocca. El líder de Techint viene escalando su tensión con Milei, lo que achica el margen de Rappallini para hacer el oficialismo blue que hizo etos casi tres años de Milei en los que desaparecieron miles de fábricas, ante la tibieza de la UIA.
Rocca viene denuncinando la apertura indiscriminada de importaciones y la inclinación del Gobierno por favorecer negocios extractivos mientras expone a la industria tradicional a una apertura comercial sin flitros.
Pero mientras Rappallini endurecía el discurso usando a toda la industria como argumento, el Gobierno buscaba contenerlo con beneficios concretos para su propio grupo empresario.
En efecto, la empresa vinculada a la familia Rappallini consiguió ingresar al esquema de beneficios del RIGI. Y eso cambió completamente la lectura interna de la secuencia. Porque muchos industriales interpretaron que el presidente de la UIA utilizó el malestar genuino del sector como herramienta de presión para negociar ventajas específicas para sí mismo.
«Ahora con Rappallini calmado seguro que se termina concretando la reunión con Toto Caputo, que imagino no pasará del algunos reclamos para la tribuna», afirmó resignado un industrial, en diálogo con LPO.
Brasil rebasó este domingo la barrera de los 50.000 muertos por coronavirus tras registrar 632 nuevos fallecidos diarios y alcanzar 50.608 en total, a poco más de tres meses de la confirmación de la primera muerte en el país, según datos oficiales de las Secretarías regionales de Salud. Esta semana Brasil registró cinco jornadas consecutivas…
El crimen de la adolescente Agostina Vega en Córdoba derivó en cortes de calle, reclamos y pedidos de justicia que tensionó el clima social con fuertes cuestionamientos al sistema institucional provincial que complican desde el ministro de Seguridad de Llaryora, al fiscal que atendió la causa y el jefe de la procuración provincial.
Pero todo se fue a la banquina cuando Raúl Garzón, el fiscal a cargo de la investigación, comenzó a elogiar el trabajo de un perro de policía que fue le que terminó descubriendo el cuerpo de la joven. En ese momento, fue interrumpido por Laura Vilches, ex concejala del FIT que lo increpó: «puede ahorrarse el cinismo señor fiscal, estamos hablando de una niña asesinada de 14 años y usted felicita a los canes», dijo.
Para peor, fuentes al tanto de Tribunales confiaron a LPO que el jefe de los fiscales de Córdoba, Carlos Lezcano, está de viaje en República Dominicana. El dato termina de enrollar los vericuetos institucionales que derivan del horroroso crimen.
Es que después de una semana desaparecida, en los rastrillajes que se realizaron este sábado se dio con restos óseos en el extremo sur de la ciudad de Córdoba y ello derivó en el llamado de urgencia a una conferencia de prensa encabezada por el fiscal del caso, Raúl Garzón, y el ministro de Seguridad del gobierno de Llaryora, Juan Pablo Quinteros.
Si hay que entregarle una medalla a alguien es a ese perro de gran capacidad que bajo la superficie llegó con su olfato.
Con varios idas y vueltas, entre la sede del contacto con los medios y el horario en el arrancó la conferencia, después de las 19 el fiscal confirmó el hallazgo y monopolizó la rueda de prensa con un tono imperativo que rápidamente lo convirtió en tendencias en redes sociales atado a una palabra: soberbia.
A su lado, un extrañamente hermético Quinteros acompañó el contacto con los medios y no emitió palabra alguna. Dejando ese rol al fiscal Garzón que descartó cualquier tipo de autocrítica. «No hacemos ningún tipo de autocrítica», dijo Garzón con un visiblemente incómodo Quinteros a su lado y descartó errores en la investigación cuando le preguntaron sobre alguna demora en el allanamiento al domicilio de Claudio Barrelier, el único detenido hasta ahora. Y sobre quien puede haber un cambio de carátula en la acusación en las próximas horas.
Recordando además que Barrelier era empleado municipal del área de Tránsito en la gestión de Daniel Passerini y había sido pasado de becario a planta hace poco más de diez días.
Puede ahorrarse el cinismo señor fiscal, estamos hablando de una niña asesinada de 14 años y usted felicita a los canes.
El tema le pega de lleno al cordobesismo y en el microclima que define esa relación entre el Ejecutivo provincial y el Ministerio Público Fiscal. Desatando, además, preocupaciones por la tensión social que se vive en la zona norte de la capital cordobesa, en inmediaciones de la avenida Circunvalación de donde era oriunda la joven.
Todo este escenario absolutamente complejo para el gobierno provinicial abre una preocupación por el clima social en general; y sobre todo por el futuro político de Quinteros, quien era uno de los anotados en la carrera por la sucesión de Passerini en el Municipio.
Dardos que cayeron sobre el ministro no por la investigación, que corre por cuenta de Garzón, quien quedó en la mira de los legisladores opositores que quieren empujar un jury en la Unicameral; sino porque en el arranque de la desaparición de Agostina el integrante del gabinete llaryorista estuvo pendiente del operativo de Belgrano. Tanto en el partido en el Kempes, como así también con los festejos durante el feriado del 25 de mayo.
A partir de allí, y cuando empezó a crecer en la conversación pública el caso de la adolescente de 14 años hubo hermetismo y silencio en el ministro, que reapareció ya en la jornada del viernes.
El malestar creció en las últimas horas, hay máxima seguridad en las comisarías de zona norte por la presencia de allegados a la familia de Agostina con piedras y quemando cubiertas; también hay máxima custodia en el domicilio de Barrelier en barrio Cofico por temor a un escrache y no se descartan otras movilizaciones como la que hizo la familia de la joven en la tarde del viernes.
Los invito a hacer un repaso por la experiencia uruguaya sobre abortos inseguros y la mortalidad materna, en donde la interrupción voluntaria del embarazo es legal desde 2012. El mejor ejemplo está cruzando el río. Uruguay se encuentra según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el segundo lugar con la…
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