Toto Caputo confirmó que el macrista Carlos María Frugoni es el nuevo secretario de Coordinación de Infraestructura, la oficina que maneja la obra pública, como había anticipado LPO el mes pasado.
La designación de Frugoni fue publicada este viernes en el Boletín Oficial y de esta forma se confirma que reemplaza a Martín Maccarone, el «secretario fantasma» que manejaba desde hace meses la secretaría de Infraestructura sin haber sido nombrado oficialmente.
Frugoni es un hombre de Mauricio Macri que hasta marzo del año pasado presidió AUSA, la oficina encargada de las autopistas porteñas. El flamante funcionario libertario trabajó desde 2008 en AUSA y fue ferviente militante del PRO, donde participó en las campañas de Horacio Rodríguez Larreta y Jorge Macri.
Como contó LPO, Frugoni como titular de AUSA le entregó un millonario negocio a los hijos de Nicky Caputo con un terreno top en Barrio Parque por 2 mil dólares hasta 2049 y fue el artífice de la polémica adjudicación del Paseo del Bajo, donde resultó favorecida la constructora de Ángelo Calcaterra.
Frugoni, ex alumno del Newman como Macri y los Caputo, llegó al gobierno libertario en agosto del año pasado tras el acuerdo entre el PRO y LLA para las elecciones de octubre. En ese momento fue nombrado titular Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, el organismo que absorbió la ex CNRT y también las concesiones de rutas nacionales.
Personal de la Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina trabajó en la reparación del caño que impulsa los líquidos cloacales desde la red troncal de bombeo de barrio Belgrano hasta la laguna. Las tareas se centraron a la altura de la plaza César Rondini en barrio Don Bosco. De acuerdo…
La escuela secundaria ESRN N° 145 invita a los vecinos de B° Islas Malvinas, este 20 de octubre en el SUM de la escuela a la charla “Puertas Abiertas”, que se desarrollará a las 18 hs. Sobre el Proyecto “Te Damos Una mano de Color “. Este proyecto se sustentará sobre aprender a conocer, aprender…
Hace muy bien a la mente ver una serie mala porque mientras la ves pensás en cómo seria esa serie si fuera buena o pensás en algún verso suelto que se te ocurrió ayer a la mañana.
Después de meses de dilaciones, excusas presupuestarias y reclamos de organizaciones, el Gobierno finalmente reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad. Lo hizo mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial y con anexos clave, pero no por voluntad política: fue empujado por la Justicia.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
El Decreto publicado este martes reglamenta por fin la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma que había sido sancionada por el Congreso y ratificada tras el rechazo al veto presidencial, pero que permanecía virtualmente congelada por decisión del Ejecutivo. La reglamentación llega tarde y bajo presión, luego de una orden judicial que obligó al Gobierno a cumplir con la ley vigente.
Una ley vigente que el Gobierno se negaba a aplicar
La ley de emergencia en discapacidad se encuentra plenamente vigente desde el año pasado. Sin embargo, el Gobierno había optado por no reglamentarla, argumentando supuestas dificultades fiscales y administrativas. Esa omisión tuvo consecuencias concretas: prestaciones demoradas, pensiones paralizadas y miles de personas con discapacidad sin respuestas del Estado.
La falta de reglamentación derivó en acciones judiciales impulsadas por organizaciones y familias, hasta que un juzgado federal ordenó al Ejecutivo reglamentar la ley en un plazo perentorio. Recién entonces el Gobierno avanzó con el decreto.
Qué establece el decreto reglamentario
El decreto reglamenta la ley mediante dos anexos centrales que definen la estructura operativa del sistema. Entre los puntos más relevantes, se dispone:
La puesta en marcha del régimen de emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional.
La reorganización del sistema de pensiones no contributivas por discapacidad, bajo la denominación de pensiones para la protección social.
La intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad, que queda a cargo de la aplicación, fiscalización y dictado de normas complementarias.
Además, se instruye a convocar al Consejo Federal de Discapacidad, con participación de las provincias, para coordinar criterios y políticas comunes.
Auditorías y controles: el eje del enfoque oficial
Uno de los aspectos centrales del decreto es la insistencia en auditorías, controles y evaluaciones socioeconómicas. El texto establece que se deberán implementar mecanismos periódicos de revisión sobre las prestaciones otorgadas.
Si bien el control estatal es una obligación, organizaciones del sector advierten que el énfasis casi exclusivo en auditorías genera preocupación, especialmente en un contexto donde ya se denunciaron recortes encubiertos, demoras administrativas y obstáculos para acceder a derechos adquiridos.
Reglamentación tardía y sin debate presupuestario
El decreto reglamenta la ley, pero no resuelve el problema de fondo: el financiamiento. El Gobierno sigue sin detallar cómo se garantizarán los recursos necesarios para sostener las prestaciones en un contexto de ajuste generalizado.
La emergencia en discapacidad implica mayor presencia del Estado, algo que choca con la lógica de recorte que impulsa Milei desde el inicio de su gestión. Por eso, la reglamentación aparece más como una respuesta obligada que como una decisión política genuina.
Un avance formal que no despeja las dudas
La reglamentación representa un paso necesario para que la ley pueda empezar a aplicarse. Sin embargo, el verdadero desafío será su implementación real, sin recortes encubiertos ni trabas administrativas que vacíen de contenido la norma.
Después de meses de incumplimiento, el Gobierno reglamentó la ley porque no le quedó otra. Ahora, la atención está puesta en si garantizará efectivamente los derechos de las personas con discapacidad o si la emergencia quedará, una vez más, solo en el papel.
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La Municipalidad de Villa Regina participó del lanzamiento virtual del programa “La UNS en la región”. Este programa dispone de un mecanismo de acompañamiento a estudiantes de la Universidad Nacional del Sur procedentes de siete municipios, que incluye a Villa Regina y toda la zona de influencia. De esta manera, los estudiantes que debieron permanecer…