Caputo acumula demandas por recorte de obras y acusan a un funcionario clave de Economía

Caputo acumula demandas por recorte de obras y acusan a un funcionario clave de Economía

Crecen los frentes judiciales que golpean la puerta del Ministerio de Economía acusando a Toto Caputo por el desvío de recursos provenientes del Impuesto a los Combustibles y el desfinanciamiento de áreas sensibles como ferrocarriles, Aysa y el saneamiento del Riachuelo.

Ante eso, en sectores del Gobierno surgen acusaciones contra el funcionario a cargo del área en el Ministerio, el secretario de Coordinación de Infraestructura, Fernando Herrmann, que asumió en abril pasado, cuando eyectaron a Carlos Frugoni por no declarar al menos seis propiedades en Miami, en una jugada del Gobierno para pegarle a Mauricio Macri en medio del escándalo de Adorni.

Antes, Herrmann estuvo apenas un par de meses al frente de Transporte, donde fue resistido por los gremios del sector que denunciaban su inexperiencia, ya que es un arquitecto que se desempeñó durante más de tres décadas en su estudio (Herrmann & Arquitectos Asociados), sin antecedentes en Transporte.

Caputo proyecta usar más de 113 mil millones del fondo para obras hídricas en operaciones financieras

Aunque en los papeles su actual rol se ajusta más a su actividad profesional, Herrmann vuelve a estar en el centro de las controversias, pero ahora por el avance de las denuncias por desvío de fondos y desfinanciamiento.

El frente de conflicto más fuerte tiene que ver con la subejecución del fondo hídrico y del fondo vial, financiados por ley por los recursos provenientes del Impuesto a los Combustibles.

Según datos publicados este martes por la Oficina de Presupuesto del Congreso, el Impuesto a los Combustibles registró una recaudación de 2 billones de pesos, lo que representó una variación positiva interanual de casi 17 puntos.

Caputo proyecta usar más de 113 mil millones del fondo para obras hídricas en operaciones financieras

Sin embargo, en el gobierno de Axel Kicillof acusan que el Gobierno no utilizó más del 85% de los recursos destinados a obras contra inundaciones y que los redirigió a Letras del Tesoro. Por eso, presentó días atrás una denuncia penal.

Las acusaciones no son solo del oficialismo bonaerense, también diputados de otras extracciones, como Silvina Vaccarezza, alineada a Emilio Monzó, advirtió que en el Ministerio de Economía nacional destinaron «en la timba financiera» 354 mil millones para obras hídricas.

Caputo acumula demandas por recorte de obras y acusan a un funcionario clave de Economía

Fernando Herrmann (Der.) junto al embajador de la UE.

Del impuesto a los combustibles se nutre también el fideicomiso para obras viales SISVIAL con el que se deberían realizar obras de mantenimiento de rutas.

En medio del colapso de las rutas nacionales, la diputada Victoria Tolosa Paz y el gobernador riojano Ricardo Quintela impulsaron acciones judiciales por el presunto desvío de recursos. En esas presentaciones, se plantearon posibles delitos de malversación de fondos públicos, administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La Justicia rechazó levantar la cautelar que impide la privatización de AySA

Otro frente de conflicto que recrudeció con Herrmann tiene que ver con los trenes, que registran un derrumbe del 33% en las frecuencias del AMBA. La Fraternidad advirtió sobre los recortes en infraestructura ferroviaria.

También el gobierno bonaerense denunciaron un recorte presupuestario del 74% y 350 despidos en Acumar, el ente encargado del saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo. En ese sentido, se estima un recorte nacional que impactará en la limpieza del cauce principal y 35 puntos de residuos en el sur del conurbano.

Lo mismo sucede con AySA, donde la Defensoría del Pueblo bonaerense denunció en la Justicia que el plan de privatización sobre el que avanza el Gobierno puede impactar sobre el plan de obras a 2028 para las que deberían destinarse más de 2.400 millones.

Cerca del Gobierno hay quienes advierten que estos focos de conflicto representan un desgaste político e institucional para la gestión libertaria y es ahí donde surgen críticas por el manejo de esos temas por parte de la secretaría a cargo de Herrmann.

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    Los sucesos que están pasando simultáneamente en Estados Unidos durante el año en el que Donald Trump comenzó por segunda vez un mandato presidencial son espantosos, crueles y disparatados. Solamente en junio hubo: Cacería y deportaciones de trabajadores migrantes, una congresista pro derechos humanos asesinada, un senador silenciado a la fuerza a la hora de preguntarle a la Secretaria de Seguridad Nacional sobre las redadas de la policía migratoria, corte de derechos a personas con asilo político, militarización y represión en las calles, desfile militar por el aniversario 250 de la armada estadounidense con cumpleaños de Trump incluido, y acusaciones de drogadicto y pedófilo entre el empresario Elon Musk y el presidente. El ambiente que se vive en Estados Unidos es de incertidumbre cotidiana, miedo, preocupación, perplejidad, pero también se percibe indignación, más atención y reacción popular saliendo a las calles de todas las ciudades del país. Por Lorena Mans desde Estados Unidos para ANRed.


    La ciudad californiana de Los Ángeles tiene un 48 por ciento de la población de origen latino. Es ahí que durante días empezaron las redadas despiadadas de la policía migratoria conocida como «ICE» (Immigration and Customs Enforcement) en inglés. Aproximadamente 51.000 inmigrantes indocumentados que residían en LA permanecen detenidos por ICE según datos de principios de junio. ICE espera a los migrantes a la salida del trabajo, en la puerta de la escuela, e incluso a la salida de las oficinas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, donde las personas tramitan su estatus migratorio de manera legal. Los agentes actúan con la cara tapada. Literalmente están separando familias donde lxs niñxs se quedan sin un padre o madre o con ninguno de los dos. Lo peor es que ya se está volviendo cotidiano ver videos de las detenciones crueles en los noticieros.

    Tras las redadas, los vecinos reaccionaron protegiéndose mutuamente, comunicándose por donde va “la migra”, cortando las calles y movilizándose en sus barrios y en el centro de la ciudad. La reacción de lucha en la calle fue inmediata. Salen los que pueden, es decir los que tienen papeles. Se ven muchos hijos de migrantes que solo hablan inglés o spanglish manifestando por sus padres y madres que no pueden ir. Se observa mucha solidaridad, porque no solo hay familiares de migrantes en las marchas, hay una gran parte de la comunidad de Los Ángeles apoyando a sus vecinos y rechazando las demostraciones de poder del gobierno nacional.

    Para reprimir las protestas, Trump ordenó 4 mil miembros de la Guardia Nacional y 700 de la Marina. El despliegue no fue bienvenido por el gobernador de California, Gavin Newsom, y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, porque la intervención militar fue sin su consentimiento y argumentan que la situación estaba bajo control local y que la presencia militar podría intensificar las tensiones. En el “frenesí de tener todo bajo control”, la alcaldesa ordenó un toque de queda que todavía está activo, de 8pm a 6am. Estas manifestaciones durante la semana pasada, han terminando con presos y represión

    Mientras tanto, el presidente Trump, ordenó un festival con marcha militar en Washington DC el sábado 14 de junio por el aniversario 250 de la Armada Estadounidense, el US Army. También el mismo día, era el cumpleaños 79 del mandatario. El evento contó con la interacción de los militares con los ciudadanos que se acercaron, simbología patriótica y una exhaustiva promoción al reclutamiento. Podríamos decir que el clima nublado a punto de llover de ése día nubló el evento, pero en realidad, no mucha gente concurrió al desfile. Se podía escuchar el ruido de las ruedas de los tanques de guerra rechinando porque no había suficiente gente celebrando en las gradas que habían puesto sobre las calles de la capital de EEUU. El evento costó alrededor de 45 millones de dólares.

    V, Barbosa. Imagen en Santa Cruz, California

     

    Muchos estadounidenses se avergonzaron de este desfile porque según ellos, sólo los países autoritarios hacen esa demostración de poder bélico. “Este no es el gobierno norcoreano de Kim Jong-un” y “No somos la Unión Soviética ni China”, salía de la boca de los comentaristas de algunos medios de comunicación. También decían que andar mostrando su fuerza bélica puede ser un gesto de debilidad. La última vez que se realizó este tipo de eventos fué luego del fin de la guerra del golfo en 1991. Pero este fin de semana, a quien se le mostraba el ejército? “Ser libre no es gratis”, declaró una voluntaria del US Army. La pregunta es libre de qué y quiénes son los libres?

    Mientras tanto, en 2170 ciudades del país ese mismo día se organizaron protestas a las que llamaron No King day donde las consignas fueron en contra del autoritarismo, el cese de deportaciones y persecuciones a los trabajadores migrantes, y en defensa de la democracia estadounidense. Recuerden que para el ciudadano promedio de este país, su democracia es excepcional, libre y ejemplificadora, y un personaje como Donald Trump con su gobierno, les parece una pesadilla de país tercermundista. Se estima que hubo 6 millones de personas protestando en todo el país, eso es casi el dos por ciento de la población en las calles en contra de Trump.

    Pero este sábado no solo ocurrieron estos dos sucesos contrapuestos. La legisladora demócrata de Minnesota Melissa Hortman fue asesinada a balazos junto a su esposo en su casa. El ejecutador es Vance Luther Boelter, un hombre dueño de una empresa de seguridad, que expresaba posturas anti aborto y anti LGBTQ+, mantiene creencias evangélicas y es simpatizante de Trump. No es casual que la haya elegido a ella para ejecutarla, ya que Hortman se destacaba por impulsar políticas en educación, energía solar, derechos ambientales, acceso a abortos y a derechos de la comunidad LGBTQ+. También ella fue clave en la reforma policial de Minnesota tras el asesinato de George Floyd. En el coche de Boelter había un manifiesto y una lista de 70 personas defensoras del aborto y volantes de la marcha No King Day. Por el momento, se refleja que es un asesinato con connotaciones de odio político realizado por un individuo no organizado.

    Tantos hechos de impunidad y autoritarismo están ocurriendo de parte del gobierno que no alcanza con un artículo periodístico para mencionarlos. El jueves, agentes federales sacaron por la fuerza al senador californiano Alex Padilla de una conferencia de prensa ofrecida por la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, por preguntar sobre las redadas de Ice y las represiones a manifestantes en Los Ángeles. Lo echaron del lugar a los empujones, lo tiraron al piso y lo esposaron mientras la conferencia continuaba. Padilla declaró que si así responde esta administración a un senador con una pregunta, imagínense lo que les están haciendo a los trabajadores agrícolas, a los cocineros, a los jornaleros de la comunidad de Los Ángeles, de toda California y de todo el país”.

    Otro sector que está sufriendo las políticas de odio del gobierno son los exiliados cubanos y venezolanos, los cuales gran cantidad de ellos simpatizan y votaron a Trump. Muchos latinos que justificaban su apoyo al presidente argumentaban que los migrantes que vinieron de forma ilegal se tendrían que ir del país y que se deberían deportar a los migrantes que cometieron algún delito. Sin embargo, en la lista de deportados hay cubanos y venezolanos que esperaban sus trámites migratorios. De hecho 238 venezolanos fueron deportados y transferidos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel de El Salvador construida por Nayib Bukele, conocida por sus condiciones abusivas.

    Al haber suspendido el Estatus de Protección Temporal (TPS), un beneficio migratorio temporal otorgado a ciudadanos de ciertos países que enfrentan situaciones extraordinarias como desastres naturales o conflictos armados, permitiéndoles permanecer en Estados Unidos legalmente y obtener permisos de trabajo, muchos venezolanos y cubanos han quedado a la deriva. Ni hablar de la prohibición de la entrada a personas de 12 países: Venezuela, Cuba, Afganistán, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Myanmar, Somalia, Sudán, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Yemen. Esta proclamación afecta a los venezolanos y cubanos que querían entrar legal al país para reencontrarse con sus familias en EEUU.

    Un caso a analizar aparte es la ausencia total de derechos para las personas trans desde que el gobierno de Trump dió la orden ejecutiva de que solo hay dos sexos, masculino y femenino con su ley anti transgenero. La comunidad LGTBQ+, en especial lxs trans son lxs que también han salido a la calle a reclamar por sus existencias.

    En medio de la perplejidad y la incertidumbre que da este gobierno, la reacción de mucha gente es indignarse y salir a la calle a protestar. Otros se arrepienten de su voto a Trump basado en la mejora de la economía y se sienten traicionados. El clima social es de enojo y tensión y por otro lado, de envalentonamiento e impunidad. Esperemos cuales son los próximos acontecimientos en el país de la libertad.

     

     

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