Buscan desesperadamente a una joven en Neuquén

Buscan desesperadamente a una joven en Neuquén

 

Una joven de 30 años es buscada intensamente por familiares, allegados y la policía del Neuquén. Se trata de Carla Agustina Canale, de la que no se tienen noticias desde el pasado jueves aproximadamente a las 21.

La policía neuquina emitió una orden de “ubicación y paradero”, tras la denuncia realizada por Carlos Canale en la Comisaría 41 del barrio Don Bosco de Neuquén capital.

Se indicó que la joven es de tez morena, tiene cabellos largos rubios y ojos marrones, con una altura de 1,67 metros.

Al momento de ausentarse vestía ropa deportiva, indicaron sus familiares al momento de realizar la presentación ante la dependencia policial.

Para cualquier información, se pueden contactar los efectivos policiales en la vía pública, en los móviles o en el teléfono de la comisaría ubicada en el barrio Don Bosco: 0299 4431931. Interviene la fiscalía de Delitos contra las Personas.

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  • Vuelos afectados: el paro de controladores pone en vilo a pasajeros y cargas

     

    El conflicto entre la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) pone en vilo a pasajeros y transporte de cargas en todo el país. Por el momento, las medidas de fuerza se realizan por la noche, afectando las cargas y logística, pero no se descarta que se profundicen para el fin de semana largo entre el viernes 21 y el lunes 24 de este mes.

    Dentro del calendario de paros escalonados anunciados por ATEPSA para el mes, los días 21 y 24 de noviembre se presentan como jornadas de potencial afectación a la actividad aerocomercial.

    Las medidas de fuerza se están llevando a cabo en franjas horarias específicas, principalmente durante la noche (entre las 22:00 y las 06:00 horas), e impactan directamente sobre el transporte de carga. En este lapso, el gremio ha instruido la no autorización de despegues de aeronaves destinadas exclusivamente a esta actividad ni la recepción de sus planes de vuelo.

    El sindicato, que nuclea a más de mil trabajadores esenciales para la seguridad aérea, reclama el incumplimiento de acuerdos laborales y paritarios firmados por la EANA, entidad dependiente del Estado Nacional.

    Impacto en la cadena logística

    La interrupción de las operaciones de carga en horario nocturno ya está generando demoras y complicaciones en la cadena logística y comercial del país. Productos de alto valor o perecederos que dependen de la celeridad del transporte aéreo se ven afectados, lo que puede tener un efecto dominó en los plazos de importación y exportación.

    Según un comunicado difundido por el gremio, a pesar de que las medidas buscan «evitar afectar las operaciones de pasajeros», la «falta de gestión» de EANA «agrava la situación» y profundiza el conflicto colectivo.

    Advertencia de profundización del conflicto

    La tensión podría escalar, mañana se realizará un plenario nacional de delegados de ATEPSA. En esta instancia, los controladores analizarán si profundizan el plan de lucha ante la falta de respuestas de la empresa.

    El sindicato ha advertido que, si EANA no cumple con los compromisos asumidos y no convoca al diálogo, se verán obligados a incrementar las «medidas legítimas de acción sindical». Esto podría implicar una ampliación de los horarios de paro o la extensión de las restricciones a los vuelos comerciales de pasajeros, un escenario que las aerolíneas y los viajeros esperan evitar, especialmente en la víspera del fin de semana largo.

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  • Figueroa impulsa el mayor plan vial provincial

     

    Neuquén ejecuta 19 obras viales y avanza con el plan de pavimentación más grande de su historia.

    La provincia del Neuquén avanza con el plan de pavimentación más ambicioso de su historia, con 19 obras viales actualmente en ejecución y otras cuatro ya finalizadas. El gobernador Rolando Figueroa destacó que, al finalizar su gestión, se habrán sumado 600 kilómetros de asfalto, más del doble de lo realizado en los últimos 16 años. El objetivo principal es mejorar la conectividad interna, fortalecer el turismo y optimizar la logística productiva vinculada a Vaca Muerta.

    En menos de dos años, las obras en marcha abarcan rutas estratégicas de norte a sur, desde la cordillera hasta las zonas petroleras. Entre las más relevantes se destacan los avances en la Ruta Provincial 23, que conectará tres pasos fronterizos, y el bypass de Añelo para desviar el tránsito pesado. También sobresalen los trabajos en la RP 65 hacia Villa Traful y la repavimentación de tramos claves de las rutas 5, 23 y 46.

    El gobierno proyecta 600 km de nuevos asfaltos para el final del mandato.
    El gobierno proyecta 600 km de nuevos asfaltos para el final del mandato.

    Las obras buscan potenciar corredores turísticos como Siete Lagos, el Parque Nacional Lanín y destinos del Pehuén como Aluminé, Villa Pehuenia, Moquehue y Caviahue-Copahue. Varias pavimentaciones, como las de la RP 62 y 61, están orientadas a mejorar el acceso a lagos y áreas naturales de alto valor ambiental. Otras iniciativas, como la pavimentación de la RP 21, RP 26 y RP 63, apuntan a mejorar la seguridad vial y facilitar el desarrollo urbano en distintas localidades.

    El plan incluye además proyectos clave para la producción y el transporte regional, como la pavimentación de la RP 7 en Cortaderas, que reducirá en 100 km el trayecto asfaltado entre Chos Malal y Neuquén capital. La repavimentación de la RP 6 incorporará por primera vez asfalto AM2, diseñado para soportar el tránsito pesado de la actividad hidrocarburífera. En paralelo, continúa la remediación del Cerro de la Virgen, obra esencial para restablecer la conectividad en el Alto Neuquén.

    Tramos turísticos como Siete Lagos, Lago Lolog, Huechulafquen y circuitos del Pehuén reciben mejoras estructurales.
    Tramos turísticos como Siete Lagos, Lago Lolog, Huechulafquen y circuitos del Pehuén reciben mejoras estructurales.

    Para financiar este paquete de infraestructura, la provincia recurrió a una combinación de fondos propios, aportes de empresas y créditos internacionales. La Legislatura aprobó recientemente un préstamo de 150 millones de dólares del Banco Mundial para completar rutas estratégicas como la 65 y la 54, además de avanzar en estudios para futuros proyectos fronterizos como el Paso Pichachén. Neuquén es hoy la única provincia del país que mantiene simultáneamente financiamientos activos con CAF, BID y Banco Mundial.

    Finalmente, el gobierno ratificó acuerdos con operadoras petroleras para completar la circunvalación de Ruta 8 y mejorar la conectividad en la zona de Añelo, punto neurálgico de Vaca Muerta. Este proceso incluyó renegociaciones de contratos y articulación con municipios para priorizar los tramos más urgentes. En conjunto, las obras representan un salto histórico para la infraestructura vial neuquina, con impacto directo en el turismo, la producción y la calidad de vida.

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  • En casa de Obrero: un centro clandestino de detención en pleno barrio de Almagro

     

    En una investigación especial de El Grito del Sur, develamos la existencia de un centro clandestino de detención que funcionó durante la última dictadura en el pasaje Obrero Roberto Núñez, en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires. Por Yair Cybel (El Grito del Sur).


    Un pasaje en Almagro Hollywood

    El pasaje es cortito, apenas una cuadra. Puede pasar desapercibido incluso para los vecinos del barrio. Durante varios años fue una de las calles más oscuras de la zona hasta que hace un tiempo, en una de sus esquinas, se instaló un cafecito de especialidad, de esos que ofrecen machiatto y roll de canela. La palermización es inevitable: bienvenidos a Almagro Hollywood. 

    En el cartel de una de las esquinas se consigna el nombre de pila. En la otra solo dice Obrero Núñez. La denominación llama la atención. En la ciudad de las avenidas Bullrich, Pueyrredón y Lugones, suena extraño el prefijo que subraya la condición de clase del tal Núñez. Huelga decirlo: es más fácil tener calle propia cuando se nace en cuna de oro.

    El garaje no llama la atención. Es una puerta alta, una más, de galpón, de unos cinco metros de alto y pintada de color marrón. Enfrente, la escuela República de Jujuy, casi la única excusa por la que alguna gente transita la cortada.

    En la década de 1970 era una cuadra parecida: empedrada, con pocos árboles y tal vez menos iluminada, pero apenas un callejón oscuro en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Que no llamaría la atención de ningún cronista. A no ser que en ese lugar hubiese funcionado un centro clandestino de detención.

    Roberto Nuñez, obrero de prensa

    El 12 de abril de 1951, Juan Domingo Perón expropió el diario oligárquico La Prensa. Una definición osada y de fondo en favor del sindicato de canillitas, que desde hacía meses sostenía una protesta exigiendo la participación en las ganancias de los avisos clasificados.

    El periódico había sido fundado en 1869 por un tal José C. Paz (la C es por Clemente) y desde su origen adoptó la vocería de las clases dominantes del país. Consecuentemente, fue una ferviente tribuna de oposición al gobierno de Perón: se opuso al pago del aguinaldo y apoyó públicamente la llegada del embajador estadounidense Sprille Braden.

    En enero de 1951, el sindicato de Vendedores de Diarios, Revistas y Afines elevó una solicitada donde exigía que el 20 por ciento de las ganancias de los avisos clasificados se destinaran a la obra social de los trabajadores. Días después, una patota sin identificación atacó a balazos la redacción de Azopardo y Chile asesinando a Roberto Núñez, un obrero gráfico y padre de familia de apenas 36 años que trabajaba en el área de expedición del diario y que desde 1960 le da su glorioso nombre al pasaje en cuestión.

    Nadie investiga solo

    La investigación -como toda actividad humana- es un laburo colectivo. Un oficio que requiere de paciencia, de constancia, de cierta obstinación. De recuperar relatos orales, leer comentarios entre líneas y descubrir indicios. De charlar con el portero y rebotar, con el carnicero y rebotar, y de finalmente encontrar una pista, un pequeño hilo del que tirar.

    En la última dictadura cívico-militar en Argentina, funcionaron unos 800 centros clandestinos de detención a lo largo y ancho del país: apenas unas decenas fueron recuperados como espacios de Memoria y, del resto, solo un puñado más está señalizado. De centenares de ellos no tenemos casi información. Apenas un testimonio en un juicio, un comentario al pasar, el recuerdo de una conversación.

    Uno piensa donde los pies pisan. Desde hace un tiempo, con El Grito del Sur empezamos a investigar estos espacios en nuestro territorio: la Ciudad de Buenos Aires. La redacción de nuestra cooperativa funcionaba (hasta su reciente desalojo) en el ex Centro Clandestino de Detención Virrey Cevallos. Ante la amenaza de su cierre, decidimos contraatacar y salir a recorrer los inmuebles que aún no están señalizados: la casona de Franklin en Caballito, la mansión de la calle Bacacay en Floresta o la maternidad del Hospital Naval, frente al Parque Centenario. De todos ellos hay testimonios, alguna voz, unas pocas notas periodísticas. De la casa de Obrero Roberto Núñez no había nada. Hasta ahora.

    La casa de Obrero

    Primero fue el testimonio oral de una militante de Derechos Humanos. Después, los aportes dispersos de un abogado dedicado a la temática. Más tarde nos escribieron un comentario en el Instagram, reforzando estas versiones. Luego, los vecinos del barrio, los comerciantes y hasta los ex alumnos de la escuela República de Jujuy -ubicada en este pasaje porteño y frente a la casa en cuestión- nos confirmaron la información. Y sumaron precisiones.

    Pero necesitábamos algo más: una declaración oficial, un documento, un relato en boca de alguien que hubiera pasado por allí. Finalmente, tras una búsqueda colectiva, dos testimonios judiciales de ex servicios de Inteligencia terminaron de cerrar la historia.

    En Obrero Roberto Nuñez al 4330, funcionó un centro de detención clandestino. Existen barcos, maternidades, hospitales, talleres mecánicos, mansiones y casonas que oficiaron como reclusorios ilegales. Pero el de Obrero Roberto Núñez es particular: consiste en la combinación de dos inmuebles, el galpón del mentado pasaje y la propiedad contigua que se encuentra en Palestina al 638.

    La casa de Núñez fue el galpón de atrás de una sede del Batallón de Inteligencia 601, una suerte de espacio donde se hacía lo que no podría hacerse en público. Grupos de tareas que operaban de civil entraban por Palestina y salían por Núñez. Operativos a plena luz del día, una presencia silenciosa de los militares en la cuadra y los testimonios de quienes recuerdan algunos gritos.

    “Almagro, lugar de idilio y de poesía”, cantaba Gardel. Nada más lejano.

    El 601

    En ese entonces, la calle Estado de Palestina se llamaba Rawson. A la vuelta de Obrero Núñez, en una casa colonial blanca, de ventanas altas y puertas de madera, funcionaba una Sede del Batallón de Inteligencia 601. Era un centro de operaciones, un bunker en el cual hacían base los comandos civiles-militares que -entre otras cosas- infiltraban organizaciones, secuestraban, torturaban y desaparecían personas.

    De la puerta para afuera simulaba ser una vivienda más. De la puerta para adentro era la División Inteligencia del 601, que funcionó entre el 76 y el 78 a cargo de Luis Ángel Firpo. Según los testimonios judiciales de los propios militares, se encargaba únicamente de prestar custodia a PMI (Personas Muy Importantes, como se los conoce en la jerga): ex militares y militares en servicio con altas responsabilidades políticas. De Lanusse a Viola.Sin embargo, allí se realizaban pagos, se coordinaban operaciones y se prestaban servicios para la Contrainteligencia. En su interior operaban agentes encubiertos vestidos de civil que colaboraban en la lucha contra las organizaciones revolucionarias.

    Según los testimonios recabados, en el comedor de la casa de Rawson había un armario grande que ocultaba una puerta que daba a un garaje, donde habría funcionado el centro de detención clandestino. Es el portón de Núñez. Los vecinos más viejos cuentan que durante los setenta, allí se veían movimientos extraños, entradas y salidas apresuradas. Los testimonios de ex alumnos del colegio señalan que las veces que las pelotas de fútbol se iban para el lado de la propiedad, los chicos eran amedrentados. Acá no hay nada que mirar.

    Testimonios que hablan

    «Había un lugar en la calle Rawson -hoy Palestina-, entre Corrientes y Sarmiento, en la que los vecinos veíamos situaciones que hacían pensar que era un lugar de detención», nos escribieron en nuestra cuenta de Instagram. «Tengo entendido que frente a la escuela Provincia de Jujuy, (donde fui de pequeña) había un portón de garaje que funcionó como centro clandestino… Las veces que pagamos pelotas ahí…. No sé si está señalizado. En la cortada Roberto Núñez». Los testimonios coinciden.

    El Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) es una organización de inspiración cristiano-ecuménica que vela por los Derechos Humanos y la Justicia. Un militante del espacio (del cual formó parte, entre otros, el premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel), aportó otros testimonios sobre Obrero Núñez. De la misma manera lo hizo Alba Pereyra Lanzilloto, quien declaró que en la parte del frente funcionaba un comercio minorista de productos agropecuarios como fachada del centro clandestino.

    Alejandro es el verdulero de la esquina de Obrero Núñez y Palestina. Su familia llegó acá en 1970 cuando se construyó el edificio que todavía habitan. Él nació en el año 1963 y recuerda que cuando era pibe, los oficiales que usaban el inmueble le avisaron que se venía un enfrentamiento entre las fuerzas, que bajaran las persianas y se tiraran al piso. Fue un día de terror, donde pensaron que la muerte podría golpear a la puerta. Finalmente, el tiroteo no se sucedió, aunque toda la jornada se registraron movimientos extraños, cuenta en diálogo con este cronista. Fuera de ese detalle, los militares siempre fueron muy corteses, destaca.

    Se le suma a esto un quinto testimonio, esta vez del hijo de un detenido oriundo de Mar del Plata. Como tantos otros, había ido a la escuela República de Jujuy y contó que, al momento de subirse al techo del colegio, veían movimientos extraños en la casa de enfrente. Recordó que una vez los iluminaron desde el lugar y les pidieron que dejaran de mirar. De hecho, la Dirección Nacional del ex Programa Verdad y Justicia informó en 2020 que durante la dictadura hubo militares apostados en el techo de la escuela.

    Obrero Núñez, dijo el teniente

    Hasta ahí una serie de testimonios de vecinos, de militantes de Derechos Humanos, de investigadores. Pero el gran hallazgo reside aquí: el 3 de septiembre de 2020, en el marco del juicio Contraofensiva, declaró el ex personal Civil de Inteligencia Eduardo Donato Caporaso. El espía señaló que prestó servicio entre 1976 y 1980 en la División Seguridad del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército, bajo el nombre Daniel Camaño. Y destacó haber cumplido tareas en una «casona» de la calle Rawson.Caporaso describió un inmueble con una o dos habitaciones grandes al frente, alguna oficina, pasillo, cocina y un patio. Y se encargó de señalar que el lugar se conectaba con otro inmueble, el de Obrero Núñez. Por si fuera poco, especificó que los espías se movilizaban en un Ford Falcon, siempre vestidos de civil.

    “Los vehículos sólo eran para trasladarse al lugar donde tenían que ir a cubrir la seguridad. Iban dos personas. Uno manejaba (…) Los autos eran Ford Falcon. Había uno celestito y uno blanco. Y también había un Dodge 1500 de color verde”, reseña la cobertura del juicio que hizo la periodista Martina Noailles para otro medio popular, La Retaguardia.

    El testimonio de Caporaso coincide con el del oficial de inteligencia José Ramón Pereiro, que en el marco de otra causa (de expediente N° 16307/06 de la Secretaría N° 8 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, caratulado «Guerrieri Pascual Oscar y otros s/ Privación ilegal de la libertad personal») señaló que en el año 1980 fue trasladado a trabajar en la casona de Obrero Nuñez.

    Por si hacían falta otras voces oficiales que confirmaran el uso del lugar, se suma una de jerarquía: en el mismo juicio Contraofensiva, el teniente coronel retirado Luis Ángel Firpo admitió que en esta casa había funcionado bajo su mando la División Seguridad del 601. Cartón lleno.

    Eduardo Donato Caporaso en el juicio Contraofensiva. Fuente: La Retaguardia

    Los 90s

    Durante los años 90, esa casa de la calle Obrero Nuñez fue utilizada por la empresa Azúcar Méndez. Anteriormente, vivió allí una familia que alquilaba la propiedad.

    En Palestina al 638 se instaló el Centro de Salud Mental Malvinas Argentinasbajo la órbita del Ejército Argentino. De hecho, en 2013 se anunció la licitación para la realización de una obra en el sitio con la carátula de “Remodelación del anexo al Casino de Suboficiales en calle Palestina 638”, dependiente del Ejército Argentino.

    Actualmente, en el galpón de obrero Núñez funciona la empresa ARTEC Ingeniería. Y en el inmueble de Palestina una «residencia para militares». Así lo confirmó un hombre de unos 40 años, pelo al ras y cigarrillo en mano, que salió del lugar a tomar un poco de aire.

    Lo que falta por encontrar

    La casa de Obrero Roberto Nuñez sigue sin señalizar e incluso sin notas periodísticas al respecto. Lo mismo sucede con centenares de inmuebles que funcionaron como centro clandestino, base operativa o aguantadero de los grupos parapoliciales que sembraron el terror en nuestro país y dejaron un saldo de 30 mil detenidos desaparecidos y cientos de bebés robados que aún desconocen su identidad.

    Con más de ocho testimonios, todos de jerarquía y algunos de los propios responsables del lugar, podemos afirmar que aquí, en pleno barrio de Almagro, funcionó un centro clandestino de detención que respondía al Batallón de Inteligencia 601 y que permanecía totalmente invisibilizado. Hasta hoy.

    Fuente: https://elgritodelsur.com.ar/2025/05/centro-clandestino-de-detencion-obrero-roberto-nunez-almagro/

     

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  • Río Negro: ratifican condena contra cinco prefectos por el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel

     

    La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena contra Sergio Cavía, Francisco Javier Pinto, Juan Obregón, Carlos Sosa y Sergio García, los cinco efectivos del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina acusados de haber asesinado a tiros por la espalda al joven mapuche de 22 años Rafael Nahuel cuando escapaba de una brutal represión en la Lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi (Bariloche), el 25 de noviembre de 2017. La cámara consideró que «cometieron el delito de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa». Tras el fallo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), querellante en la causa, afirmó que si bien «aprecia el fallo condenatorio, la sentencia no alcanzó a las autoridades de entonces, claramente involucradas en el hecho y, por tanto, responsables últimos de aquella acción criminal», en referencia a quien fuera en esos años la titular del Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich. Por ANRed.


    El fallo de Sala III de la Cámara Federal de Casación confirmó la condena dictada en diciembre de 2023 por el Tribunal Oral Federal de General Roca contra Sergio Cavía, Francisco Javier Pinto, Juan Obregón, Carlos Sosa y Sergio García, los cinco prefectos del Grupo Albatros acusados por haber asesinado a tiros por la espalda al joven mapuche de 22 años cuando escapaba de una brutal represión en la Lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi (Bariloche), el 25 de noviembre de 2017, en el marco de un operativo para desalojar un predio de Parques Nacionales recuperado por la comunidad mapuche.

    La cámara consideró que «cometieron el delito de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa«. La condena también implicó la inhabilitación de los cinco condenados para ejercer cargos públicos.

    Rafael Nahuel en una manifestación el jueves 23 de noviembre en Bariloche. Foto: Eugenia Neme, Colectivo al Margen.

     

    El asesinato de Rafael Nahuel había sido juzgado en debate oral y público a instancias del Tribunal Oral Federal de General Roca – con la integración de los magistrados Alejandro Silva, Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava – durante los últimos meses de 2023.

    Según su grado de participación en el crimen, todos recibieron la máxima pena para el delito imputado, pero ninguno fue condenado a penas superiores a cinco años y ocho meses de prisión, ya que ese es el límite previsto para la autoría del homicidio agravado con exceso de legítima defensa.

    La causa estuvo plagada de irregularidades y manipulaciones de parte de los propios prefectos y los medios comerciales masivos, que intentaron plantar pruebas y culpar a los/as manifestantes, incluso a quienes asistieron a Rafael Nahuel cuando fue herido con las balas de plomo de los prefectos, como Fausto Jones Huala y Lautaro González Curruhuinca.

    «La sentencia no alcanzó a las autoridades políticas»

    Tras la noticia, en un comunicado la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), querellante en la causa, afirmó que si bien «aprecia el fallo condenatorio, la sentencia no alcanzó a las autoridades de entonces, claramente involucradas en el hecho y, por tanto, responsables últimos de aquella acción criminal«, en referencia a Patricia Bullrich, en ese momento también ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri.

    Foto: Roxana Sposaro.

    En la misma línea, señaló que el fallo de la Cámara «estableció inequívocamente el obrar delictivo de esa fuerza de seguridad al mando de Bullrich» y «desmiente las afirmaciones que al momento de los hechos formulasen Patricia Bullrich y Mauricio Macri para encubrir y justificar la brutal acción represiva del Grupo Albatros», que fue realizada el 25 de noviembre de 2017, le costó la vida a Rafael Nahuel y dejó heridas de gravedad a Johana Micaela Colhuan y Gonzalo Coña.

    «Bullrich sigue incitando a quienes integran las fuerzas a su mando a que mantengan conductas violentas, violatorias del orden jurídico vigente, a sabiendas de que son ellos los únicos que terminan respondiendo ante los jueces por hechos execrables, que parecen desconocer que delinque no sólo quien cumple órdenes inmorales e ilegales sino también quien las ordena», agregó la APDH.

    En tanto, en declaraciones a ANDAR, el abogado Guillermo Torremare, miembro de la CPM y vicepresidente de la APDH agregó: «hay que considerar el contexto histórico en el que se inició y desarrolló la causa por el asesinato de Rafael Nahuel, con Patricia Bullrich y Germán Garavano como ministros de Seguridad y de Justicia de la Nación, respectivamente, y con discursos políticos que diariamente planteaban la absoluta inocencia de los prefectos implicados».

    «Lo que ocurrió es una verdadera cacería en la que se efectuaron más de 150 disparos de armas de fuego reglamentarias mientras las personas intentaban alejarse. El fallo de Casación sobre el asesinato de Rafael Nahuel, si bien no adoptó el criterio que pedíamos las querellas respecto a la calificación legal, es una crítica al accionar punitivo del Estado», consideró.

     

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  • Lanzan campaña para impulsar Proyecto de Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria

     

    El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y gremios docentes y no docentes lanzaron una campaña para juntar un millón de firmas para que el Congreso Nacional trate el Proyecto de Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria. Cualquier persona lo puede firmar. El proyecto apunta a recomposición salarial; convocatoria a paritarias; garantizar anualmente el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas; financiamiento mensual para el desarrollo de la educación superior con fondos provenientes de la Coparticipación Federal; crear un fondo anual para carreras estratégicas para el desarrollo del país; ampliar las becas; y que el presupuesto destinado a la educación universitaria se incremente progresivamente hasta alcanzar, en 2031, una participación mínima del 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI) anual. También impulsan la iniciativa Universidad Pública Argentina, Conadu y Conadu Histórica, la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), la Asociación Gremial de Docentes de la UTN (FAGDUT), CTERA, la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y la Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN). Por ANRed.


    La idea es llegar al millón de firmas. Para leer el proyecto y adherir a la presentación de la Ley de Financiamiento Universitario en el Congreso Nacional elaborada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y gremios docentes y no docentes, y así apoyar la defensa de la universidad pública, se puede acceder aquí: https://acortar.link/fXtP5d.

    También impulsan la iniciativa Universidad Pública Argentina, Conadu y Conadu Histórica, la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), la Asociación Gremial de Docentes de la UTN (FAGDUT), CTERA, la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y la Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN).

    Con el fin de «garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las instituciones universitarias públicas en todo el territorio de la República Argentina», centralmente, el proyecto apunta a:

    ▶ Recomposición salarial: «convocar a paritarias para recomponer los salarios docentes y no docentes de las universidades nacionales, garantizando la recuperación del poder adquisitivo, tomando como base la variación acumulada de la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la presente ley», señala. «Todo aumento salarial deberá ser remunerativo y bonificable, y deberá asegurarse la completa incorporación de las sumas no remunerativas y no bonificables dentro de los básicos de la convención colectiva correspondiente», agrega.

    ▶ Convocatoria a paritarias: «convocar a paritarias a las representaciones sindicales docente y no docente del sector universitario con una periodicidad que no podrá exceder los tres meses calendario, asegurando una actualización mensual no inferior a la inflación publicada por el INDEC, salvo acuerdo más favorable para las y los trabajadoras y trabajadores».

    ▶ Garantizar anualmente el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas: en este punto, el proyecto centraliza en garantizar la asistencia financiera para «el funcionamiento universitario», «hospitales universitarios”, el «fortalecimiento de la ciencia y la técnica en las universidades» y de la «actividad de extensión universitaria».

    Foto: La Capital.

    ▶ Financiamiento mensual para el desarrollo de la educación superior con fondos provenientes de la Coparticipación Federal: «el Poder Ejecutivo Nacional transferirá mensualmente lo ingresado según el inciso a) del artículo 3 de la Ley N° 23.548 “Coparticipación federal de recursos federales” al programa 26 de “Desarrollo de la Educación Superior”, del servicio 330 “Secretaría de Educación” de la subjurisdicción 4 “Secretaría de Educación” de la jurisdicción 88 Ministerio de Capital Humano, la “Proporción Universitaria”. Esta “Proporción Universitaria” se calculará según el último presupuesto aprobado por el Congreso de la Nación teniendo como numerador el crédito para financiar los gastos de funcionamiento, la inversión y los programas especiales de las universidades nacionales y, como denominador, el monto proyectado de ingresos en la proporción que hace referencia al artículo 3° inciso a) de la Ley N° 23.548/88 de coparticipación federal, fondos nacionales provenientes de la coparticipación, sin impactar sobre la distribución de dichos fondos a las provincias ni a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que la misma ley establece», detalla el artículo 6° de la iniciativa.

    ▶ Crear un fondo anual para carreras estratégicas para el desarrollo del país: «créase un fondo anual de$ 10.000.000.000 (diez mil millones de pesos) actualizable anualmente por la variación del IPC informado por el INDEC, con el fin de generar y/o incrementar carreras con vacancia que se definan fundamentales para el desarrollo del país y aquellas áreas de conocimiento para la aplicación y gestión de la inteligencia artificial», propone el proyecto. Y especifica: «el fondo será administrado por la Subsecretaría de Políticas Universitarias o el organismo que la reemplace en el futuro, con acuerdo expreso del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y se destinará a nuevas carreras, al desarrollo de investigaciones, a convenios con universidades de otros países y a becas para estudiantes de esas áreas».

    Imagen: archivo Protesta contra el ajuste presupuestario en las universidades públicas de Argentina, convocada en Buenos Aires el 2 de octubre de 2024.

    ▶ Ampliar las becas: «encomiéndese al Poder Ejecutivo Nacional la ampliación anual y progresiva del monto y el número de personas beneficiarias de las becas estudiantiles para las instituciones universitarias públicas».

    ▶ Que el presupuesto destinado a la educación universitaria se incremente progresivamente hasta alcanzar, en 2031, una participación mínima del 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI) anual.

    Leer el proyecto completo

     

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  • Guardafaunas hallaron una puma atropellada en la Ruta 6 de Roca

     

    Miembros de la Fundación Guardafaunas Honorarios de Río Negro encontraron una puma hembra muerta a la vera de la Ruta 6, en el tramo norte de Roca. El ejemplar presentaba lesiones compatibles con un atropellamiento y fue trasladado al Museo Patagónico de Ciencias Naturales para su análisis.

    El hallazgo ocurrió este martes, luego de que vecinos de la zona alertaran sobre un animal tendido junto a la ruta, pasado el mediodía, en un sector de banquinas amplias y tránsito constante. Al llegar al lugar, los guardafaunas confirmaron la muerte del puma y, ante la falta de respuesta de autoridades provinciales, decidieron retirar el cuerpo y llevarlo al Museo Patagónico de Ciencias Naturales “Juan Carlos Salgado”, para su registro biológico y estudios sobre fauna nativa.

    Desde la organización contaron que intentaron comunicarse con las autoridades provinciales de fauna “pero no nos atienden el teléfono y no responden notas formales”. También mencionaron que no pudieron recurrir a los guardafaunas estatales porque “no cuentan con vehículo para atender ninguna situación”.

    Antecedente reciente

    El episodio se suma al hallazgo registrado el domingo pasado, cuando una vecina encontró un gato montés muerto cerca del desagüe del barrio J.J. Gómez, a pocos metros de la Ruta 22. El animal presentaba heridas compatibles con un atropello y la imagen fue difundida por la agrupación Ranhu. Vecinos y proteccionistas manifestaron su preocupación por la recurrencia de estos hechos.

     

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