La Municipalidad de Villa Regina invita a participar de la capacitación sobre ‘Buenas prácticas de manipulación de alimentos y protocolos de COVID-19 para deliverys’ organizada por la Universidad Nacional de Río Negro.
La misma está destinada a personas que desarrollan la actividad en el Alto Valle y Valle Medio de la provincia. Contará de cuatro encuentros que se llevarán a cabo los días 18, 19, 25 y 26 de marzo de 9 a 11 horas mediante la plataforma Zoom.
Los interesados podrán inscribirse a través del siguiente link: https://bit.ly/3bVR5vL
Pasaron años para que el pedido de quienes utilizan el skatepark se oiga.Chicos y chicas (riders) de la ciudad como también quienes nos visitan de ciudades vecinas llevan años practicando en el skatepark de la ciudad ubicado en la Av 9 de Julio. Desde la Dirección de Cultura, se pidió la colaboración y el asesoramiento para…
La sospecha de soja transgénica HB4 en un cargamento argentino encendió las alarmas del complejo agroexportador y expuso nuevamente las debilidades de los controles en argentina. El tema se está investigando en los Países Bajos donde llegó un barco con harina de soja que estaría contaminada con el grano patentado por Bioceres que está prohibido en el viejo continente.
El episodio generó temor entre exportadores por posibles rechazos y un endurecimiento de controles que termine afectando el acuerdo comercial entre el Mercosur y la UE que después de décadas comenzaba a formalizarse.
En el sector agroexportador reconocen que desde hace semanas agricultores, acopios y terminales portuarias trabajan para aislar la soja HB4 del circuito destinado a Europa y evitar una contaminación cruzada que complique operaciones multimillonarias.
Sin embargo, detrás de la alarma aparece un tema recurrente que tiene que ver con el vaciamiento de los controles estatales en los puertos y la creciente privatización de las inspecciones sanitarias.
El problema salta en medio del desguace de los controles estatales impulsado por el ministro de desregulación Federico Sturzenegger. Por ello, el SENASA dejó de realizar los controles físicos en puertos y buques y las tareas fueron delegadas a empresas privadas sin ningún tipo de auditoría.
En rigor, desde el gobierno de Mauricio Macri que se comenzó con el plan de desregulación estatal se le fue reduciendo el campo de acción al SENASA. En ese momento aparecieron en la zona portuaria muchas empresas privadas que buscaban entrar en el jugoso negocio donde la tarifa por la inspección de cada bodega de barco supera los cuatro mil dólares.
Desde el gobierno de Mauricio Macri que se comenzó con el plan de desregulación estatal se le fue reduciendo el campo de acción al SENASA. En ese momento aparecieron en la zona portuaria muchas empresas privadas que buscaban entrar en el jugoso negocio donde la tarifa por la inspección de cada bodega de barco supera los cuatro mil dólares
En el gobierno de Alberto Fernández el SENASA recuperó las tareas de supervisión y se obligó a los privados a inscribirse en el RITE -Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades- dependiente de la Oficina Anticorrupción. El registro era obligatorio para todas las operadoras en puertos que realizaban tareas de control, certificación o asistencia sanitarias.
Pero con la panacea libertaria se profundizó el vaciamiento de organismos de controles y «el Estado terminó convertido en un convidado de piedra», resumió un especialista en comercio exterior que habló con LPO.
Previo al desguace, los inspectores del SENASA subían a las bodegas de los buques y verificaban las condiciones sanitarias de las bodegas, los olores, restos de mercadería, contaminación, limpieza y estado general del compartimiento. Todo quedaba asentado en actas oficiales y registrado en el sistema del organismo.
En caso de controversias entre el capitán del barco, exportadores y el inspector estatal, las diferencias se resolvían en instancias administrativas con documentación respaldatoria y trazabilidad de cada inspección: «Si una bodega estaba sucia, tenía restos o no cumplía condiciones, quedaba asentado. Hoy eso prácticamente desapareció», sostuvo una fuente del organismo.
Ahora, el problema es que el Estado emite certificados sobre controles que ya no realiza en un esquema donde los controladores son empresas privadas contratadas por quienes deben ser auditados.
En el complejo agroexportador temen que el episodio HB4 podría convertirse en un caso testigo sobre los riesgos de flexibilizar controles en un mercado internacional cada vez más exigente.
Axel Kicillof empezó a pagar la lealtad de referentes de peso que el año pasado jugaron fuerte para armar una línea interna dentro del peronismo. Este lunes formalizó al ex intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo, al frente de Provincia Seguros, una de las empresas más importantes del holding del Grupo Bapro.
Descalzó es uno de los armadores políticos del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y controla Ituzaingó, un enclave importante en el oeste del conurbano.
El ahora director de Provincia Seguros había sido enviado por el gobernador a Corrientes en marzo junto con Julio Pereyra, puntualmente a la ciudad de Empedrado donde encabezaron un acto político.
La semana pasada, Kicillof designó al intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, al frente del Consejo Provincial de la Economía del Conocimiento (COPEC) un área que buscará potenciar a la provincia como un polo de innovación y desarrollo tecnológico.
Tras la elección de septiembre, cuando el desdoblamiento de Kicillof demostró ser una jugada exitosa, se especuló durante con la posibilidad de cambios importantes en el gabinete. En particular, los referentes del axelismo esperaron durante meses que el gobernador saque a La Cámpora de su gobierno. Algo que no ocurrió.
Pablo y Alberto Descalzo.
Trascendieron algunos pases de factura de los dirigentes hacia el gobernador. Sin embargo, desde el Ejecutivo siempre dijeron que no hay cuestionamientos de gestión hacia los ministros de La Cámpora y por lo tanto, el gobernador no iba a pedirles la renuncia.
Ahora, la elección de Descalzo y Sujarchuk para ocupar cargos en el Ejecutivo distiende a muchos dirigentes del MDF que mascullaban bronca en silencio por el esfuerzo del año pasado. En tanto, que la elección de un referente de Escobar y otro de Ituzaingó es una muestra de la importancia que le da el gobernador al conurbano, en detrimento del interior.
COMUNICADO DE LA COMUNIDAD CIENTÍFICA Y UNIVERSITARIA DE RIO NEGRO: Conscientes de la catástrofe socio ambiental y energética que enfrenta la Humanidad, quienes formamos parte de la comunidad científica y universitaria de Río Negro, investigadoras, estudiantes, docentes y personal no docente, graduadas de las universidades nacionales e institutos terciarios de la provincia de Río Negro,…
La crisis del comercio en Rosario se profundiza a diario al punto tal que la Federación Gremial le solicitó formalmente a ARCA, la agencia de recaudación, que suspensión transitoriamente las ejecuciones fiscales y los embargos contra las pequeñas y medianas empresas, en medio de un derrumbe del consumo y crecientes dificultades financieras en el sector.
A través de un comunicado oficial, la entidad expresó su «profunda preocupación» por la situación que atraviesan las pymes y reclamó medidas urgentes para evitar cierres y preservar el empleo formal:
«Dichas medidas permitieron en su momento preservar el capital de trabajo, evitar cierres de empresas y sostener el empleo formal, objetivos que hoy recobran plena vigencia frente a la coyuntura actual», señalaron desde la entidad en referencia a la crisis del 2001 que impactó de lleno en Rosario.
Además del freno a juicios y embargos, la Federación Gremial pidió que ARCA diseñe regímenes de regularización acordes a la capacidad real de pago de las empresas que al igual que un gran porcentaje de la población se endeudó a tasas astronómicas para enfrentar necesidades urgentes.
El planteo se da en un contexto crítico para el comercio rosarino. Como publicó LPO, las ventas vienen en caída y crece la cantidad de locales vacíos en el centro y macrocentro de la ciudad. Según datos del Observatorio Económico de la Federación Gremial, ya hay unos 325 locales desocupados sobre un universo de 4.000, lo que representa cerca del 8% de vacancia.
La entidad expresó su «profunda preocupación» por la situación que atraviesan las pymes y reclamó medidas urgentes para evitar cierres y preservar el empleo formal
Miguel Rucco, vocero del Observatorio Económico de la Federación Gremial, describió un escenario de fuerte deterioro del poder adquisitivo que golpea especialmente a los rubros no esenciales:
«La inflación, sobre todo en alimentos, se llevó puesta la capacidad de consumo de las familias», explicó. Según detalló, las ventas en unidades físicas cayeron en promedio un 6,5%, aunque algunos sectores muestran desplomes de hasta el 10%.
El titular de la Federación Gremial junto a Miguel Tessandori, secretario general de la Intendencia de Rosario y Cervio de la Bolsa de Comercio
A la caída de ventas se suman costos operativos cada vez más difíciles de sostener. De acuerdo al relevamiento de la Federación Gremial, un pequeño comercio con un empleado necesita facturar alrededor de 8 millones de pesos mensuales sólo para cubrir gastos básicos.
Los alquileres en el macrocentro oscilan entre 3 y 20 millones de pesos, empujando a muchos comerciantes a consumir ahorros o directamente abandonar locales para pasar a esquemas informales de venta desde el hogar.
La situación financiera también es alarmante y los comerciantes ya hablan de una ruptura de la cadena de pagos con aumento de cheques rechazados y mayor morosidad en cuentas corrientes.
La situación financiera también es alarmante y los comerciantes ya hablan de una ruptura de la cadena de pagos con aumento de cheques rechazados y mayor morosidad en cuentas corrientes
A eso se suma que la mora en tarjetas de crédito se triplicó porque muchas familias comenzaron a utilizarlas para comprar alimentos o afrontar gastos fijos en lugar de consumir bienes.
En ese marco, desde la Federación Gremial advirtieron que la presión impositiva terminó de asfixiar al sector. Los comerciantes deben afrontar impuestos nacionales como el IVA y cargas laborales, además de tributos provinciales y tasas municipales, en un contexto donde las pymes generan cerca del 72% del empleo privado.
La Cámara Nacional de Casación Penal rechazó todos los planteos del escribano santafesino Santiago Busaniche, un operador judicial que actúa como lobista de la Justicia Federal que está implicado en causas de corrupción que involucran a jueces federales, financistas y funcionarios del aparato estatal.
Los defensores de Busaniche buscaban que se declaren nulas todas las causas judiciales en su contra, entre ellas las que tiene implicado por extorsión al ex juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, y que se apartaran de las investigaciones a todos los fiscales federales intervinientes.
Según las posiciones de un caso que implica una interna judicial al más alto nivel, la salida se interpretó como la decisión o de bajarle el pulgar o bien de soltarle la mano a Busaniche, un lobista que gravitó en designaciones de empleados a partir del intercambio de influencias y favores con funcionarios de jerarquía en la Justicia Federal, un hombre ligado al aparato de inteligencia estatal que tiene domicilio en el Palacio Paz, y estrecho conocimiento de magistrados de Comodoro Py, Santa Fe y Rosario.
Con su decisión de este martes, Casación mantuvo la pesquisa iniciada por los investigadores aunque con el voto en disidencia del camarista Mariano Borinsky que tuvo planteos a favor de Busaniche, por considerar que la acción penal está extinguida. Los que desnivelaron fueron los vocales Guillermo Yacobucci y Carlos Mahiques, quienes dieron importancia a que la investigación de la que Busaniche supone corrupción institucional y que Argentina es suscriptor de pactos internacionales que imponen perseguirla.
Uno de los casos que más comprometen a Busaniche es el que lo liga a Bailaque, juez federal que el año pasado renunció a su cargo acorralado por una denuncia por extorsión contra dos agentes de bolsa de Rosario, a uno de los cuales exigieron 200 mil dólares para frenar una causa en su contra por lavado de dinero. En esa trama delictiva, según los fiscales del caso, estuvieron también el financista Fernando Whpei y el ex director regional de la AFIP en Santa Fe Carlos Vaudagna. Los tres están con una causa penal. Los dos primeros en prisión domiciliaria y el último en libertad bajo medidas restrictivas.
Los defensores de Busaniche Carlos Pirotta y Débora Lichtmann señalaban que no hay razones para considerar un caso complejo esta investigación y que los fiscales tuvieron una conducta selectiva al formular sus imputaciones «por razones políticas». Para justificar esto dijeron que los acusadores obviaron citar por ejemplo a Héctor Daniel Marchi, ex administrador general de la Corte Suprema, quien según el antiguo director de la AFIP Carlos Vaudagna instigaba a Busaniche a impulsar las extorsiones a los empresarios.
Esa posición chocó contra los argumentos de los jueces que prevalecieron. «En el caso se encuentra involucrado al menos un funcionario público e integrante del Poder Judicial de la Nación, lo que impone reparar en los compromisos internacionales asumidos por Argentina en punto a la lucha contra actos de corrupción, que imponen un deber de debida diligencia reforzada en su investigación, juzgamiento, sanción y erradicación de este tipo de criminalidad en el ámbito público», afirmó Mahiques.
Para el magistrado es un imperativo «habilitar el avance en el juzgamiento de personas sospechadas de haber intervenido en presuntos hechos de corrupción conforme la obligación asumida en compromisos internacionales por el Estado Argentino en relación con dicha materia».
Santiago Busaniche.
En coincidencia con su colega, el camarista Yacobucci sostuvo que las decisiones objetadas, que habían sido validadas en las instancias judiciales previas, «cuentan con fundamentos válidos y suficientes y los agravios de la defensa sólo muestran una mera disconformidad con lo resuelto, habiéndose garantizado en el caso la doble conformidad judicial».
Los fiscales federales cuestionan a Busaniche en diferentes causas. Una es la aludida que tiene implicados también a Bailaque, Vaudagna y Whpei. Bailaque tiene un pedido de de diez años de prisión y a Busaniche le solicitan seis años de pena.
«Los hechos atribuidos fueron originariamente subordinados legalmente a los tipos penales de prevaricato, en concurso ideal con allanamiento ilegal, a su vez en concurso material con falsedades ideológicas de documento público reiteradas, todos ellos en calidad de partícipe necesario. En tales condiciones y a tenor de la imputación efectuada por el acusador público, no merece reparos la modificación a ‘complejo’ del presente proceso. En efecto, en este legajo se investiga a una pluralidad de sujetos, algunos de ellos funcionarios públicos de alto rango, por hechos de significativa entidad criminógena, que conllevan además significativa proyección y gravedad institucional», sostuvo Mahiques.
El segundo hecho analizado por Casación es la gestión atribuida a Busaniche para que el juez federal Gastón Salmain ordenara al BCRA el pago de 10 millones de dólares durante la vigencia del cepo cambiario para que el administrador de un fideicomiso, el ya mencionado Whpei, pagara una deuda con el exterior. A cambio de esa infrecuente resolución, cuestionada por el BCRA, Salmain habría solicitado un retorno del diez por ciento.
Al imputarlo, el fiscal Juan Argibay Molina sostuvo que Busaniche, es el escribano con la matrícula 320 de la provincia de Santa Fe que está ubicada en Hipólito Yrigoyen 2600 de la ciudad de Santa Fe. Según el fiscal desde 2023 la actividad principal declarada al fisco es servicios notariales. Busaniche estuvo en relación de dependencia en distintos poderes del Estado. Entre 1995 y 1997 en el Consejo de la Magistratura Nacional. Luego en relación de dependencia de la Cámara de Diputados de la Nación. Posteriormente en la Cámara de Senadores de Santa Fe. Está casado con una hija del ex diputado santafesino Julio Gutiérrez, que es primo político del ex gobernador Carlos Reutemann y fue su armador en la Legislatura provincial en los 90. Es hermano del camarista federal de Paraná Mateo Busaniche.
«Es importante saber que al inicio de los hechos que se investigan, agosto 2019, Busaniche no era funcionario del poder Judicial de Santa Fe ni del Ministerio Público ni de AFIP. Mantenía un vínculo laboral con la Cámara de Senadores de Santa Fe. Ejercitó este rol por fuera de relaciones laborales», indicó Argibay Molina en audiencia.
En este sentido es significativa la relación que Busaniche construyó según los investigadores con la Justicia Federal donde acredita notoria influencia sin ser ni empleado ni funcionario.
La defensa de Busaniche pedía apartar a los fiscales Federico Reynares Solari, Diego Velasco, Juan Argibay Molina, Matías Scilabra, Sergio Leonardo Rodriguez y Esteban Venditti, que pertenecen a distintas procuradurías y jurisdicciones.
El camarista Borinsky entendió que no es Casación la instancia donde recurrir como hacen los defensores pero sí le reconoce que hubo de parte del trámite acusatorio una «anormal forma de proceder respecto a Busaniche» y que eso «conllevó a que se continuara con el desarrollo de la imputación ampliándose los plazos legalmente previstos -que como se viene explicando la defensa no tuvo la oportunidad real de cuestionar y de recibir una respuesta jurisdiccional adecuada». Quedó en minoría.
Difunde esta nota
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.
