La Municipalidad de Villa Regina invita a participar de la capacitación sobre ‘Buenas prácticas de manipulación de alimentos y protocolos de COVID-19 para deliverys’ organizada por la Universidad Nacional de Río Negro.
La misma está destinada a personas que desarrollan la actividad en el Alto Valle y Valle Medio de la provincia. Contará de cuatro encuentros que se llevarán a cabo los días 18, 19, 25 y 26 de marzo de 9 a 11 horas mediante la plataforma Zoom.
Los interesados podrán inscribirse a través del siguiente link: https://bit.ly/3bVR5vL
Si algo le faltaba a este bendito país para estar un poco más cerca del apocalipsis era una final de copa libertadores entre los dos clubes más trascendentes del país. Y como es sudamérica (y Argentina) es lógico que lo programado por la entidad superior del fútbol se modifique. Que éste día no se juega,…
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, hizo saber este viernes que el nuevo modelo penal de enjuiciamiento se posterga hasta febrero de 2027. Es el tercer atraso en la implementación de un modelo que ayudaría a reducir la politización de los juzgados federales y que fue la bandera del ex ministro Mariano Cúneo Libarona, que dejó el gobierno sin lograr su instrumentación.
Ahora, Mahiques adujo razones ligadas a los recursos para justificar esta nueva postergación, cuando hace unos días había indicado que no era ese motivo para suspender su inicio. El modelo ya se aplica en doce provincias pero se posterga en el fuero más sensible, porque juzga los casos de corrupción de los funcionarios del gobierno nacional.
Definido por la Constitución de 1994, el acusatorio lleva un retraso de 31 años en su aplicación. Su implementación provoca un cambio total de funciones y de influencias. Los todopoderosos jueces federales pierden su poder de investigar que pasa a los fiscales. Los tiempos eternos de las causas se terminan. Los trámites dejan de ser secretos y cada acto se transparenta en una audiencia pública.
Comodoro Py no tiene ninguna urgencia por cambiar esa realidad. Hoy los jueces de Retiro reciben una denuncia, la pisan años y la usan como herramienta de negociación política. «La saco y en un minuto tengo sentado a un diputado, a un ministro o al jefe de gabinete. La meto en un cajón y consigo que me deban algo», le dice un juez santafesino a LPO.
Otro tema central que también complica su instrumentación es la interna que existe para elegir el fiscal coordinador del nuevo sistema. Una suerte de mini procurador que tendrá peso en la definición de quien tomará cada causa.
Un tema central que también complica la instrumentación del sistema acusatorio es la interna que existe para elegir el fiscal coordinador del nuevo sistema. Una suerte de mini procurador que definirá quien tomará cada causa.
En el acusatorio son los fiscales los que, al controlar las investigaciones, toman el poder de los jueces. Lo que vienen rosqueando entre el Ministerio de Justicia y la Procuración General de la Corte es quién se queda con el rol de fiscal coordinador que define la línea de persecución y la asignación de cargas de trabajo. La interna se disputa entre tres exponentes del Ministerio Público Federal porteño.
Uno es Diego Luciani, fiscal de la causa Vialidad, que terminó en condena contra Cristina Kirchner. El otro es Carlos Stornelli, el fiscal de instrucción de la causa Cuadernos con una historia polémica, como estar en rebeldía en la causa por espionaje ilegal donde fue condenado Marcelo D’Alessio. El tercero es Ramiro González, el que celebró su cumpleaños con una fiesta de lujo en la que cantó Cristian Castro, y en la que estuvieron jueces federales, el operador macrista Daniel Angelici y hasta el ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti.
Los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña.
«La pelea sigue siendo la misma, quién dirige la Procuración y el fiscal responsable. Hasta que ellos no tengan el nombre de quien va a alinear la tropa en Comodoro Py no van a hacer nada», dice un analista y funcionario que tiene su despacho en Retiro.
Coincide con esto Javier Alfie, director Ejecutivo del Instituto en Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip). «No hay nada más allá que una lucha de tribus al interior de la Procuración para definir cómo se tramitan causas que involucran corrupción. En esta pelea intervienen mafias judiciales que controlan Comodoro Py por quien se queda con la manija. Esta indefinición rutinaria que traba el acusatorio lo que hace es buscar que se prolongue un modelo garante de impunidad sistémica», le dijo a este medio.
En el Inecip indican que van 13 años desde que se aprobó el Código Procesal Penal. Son tres años desde que el gobierno reactivó su implementación en todo el país, que anunció que lo haría en dos años. Y dos años desde que por primera vez se anunció una fecha de entrada en vigencia para Comodoro Py.
Esta indefinición rutinaria que traba el acusatorio lo que hace es buscar que se prolongue un modelo garante de impunidad sistémica.
Es esto, y no la mentada cuestión de recursos no asignados para el cambio, la que llevó a Mahiques a postergar el arranque de un sistema que, sin que se definieran nombramientos especiales, funciona en la mitad de la Argentina. Cuneo Libarona lo hizo dos veces. Debía empezar el 11 de agosto de 2025, lo cambió al 10 de noviembre del mismo año y al llegar esa fecha lo volvió a diferir para el 27 de abril de este año.
El calendario vuelve a estirarse. La Procuración General de la Corte a cargo de Eduardo Casal, que lleva un interinato de ocho años, indica que para cambiar el modelo judicial primero hay que garantizar recursos humanos, tecnológicos y edilicios.
Los problemas y justificativos que se dan para solicitar y obtener la venia del poder político para no empezar nunca con el acusatorio en Comodoro Py son materia pendiente de resolución en las 12 provincias que arrancaron con este sistema. Es un pretexto.
«Es un pretexto absoluto ese planteo», dice un funcionario desde adentro de la Justicia Federal de Rosario. «Los problemas y justificativos que se dan para solicitar y obtener la venia del poder político para no empezar nunca con el acusatorio en Comodoro Py son materia pendiente de resolución en las 12 provincias que arrancaron con este sistema». Que rige en Mendoza, Rosario, Mar del Plata, Salta, Corrientes y Bahía Blanca entre otras jurisdicciones.
En ningún lugar tienen resuelto los temas de nombramientos. En Rosario los jueces de garantías que afrontan las audiencias iniciales donde se imputa a un detenido son magistrados de Tribunales Orales que cubren esa función. En Corrientes para los juicios orales actúan un juez de General Roca y otro de Formosa.
Los jueces Ercollini y Martínez di Giorgi.
Los que en la Procuración definen con Casal para ver quién es el ungido como fiscal coordinador son Juan Manuel Olima y Juan Manuel Casanova. Pero nada saldrá sin la anuencia de la Casa Rosada o, por lo menos, una negociación.
En ese rumbo la que está tratando de tender puentes con Comodoro Py es Karina Milei, quien tiene preocupación e interés en que les frenen las causas en contra en camino. Con una gestión que ya atraviesa los últimos dos años la sensibilidad y el poder de presión de los jueces federales se activa. Mahiques y Santiago Viola, como delegados de Karina, van a querer incidir en los nombramientos de fiscal coordinador y fiscal revisor con el fin de suavizar los compromisos judiciales en la Casa Rosada.
La puja por poner el procurador de la Corte que conduce a los fiscales federales también es parte de esta martingala. Los que buscan sentarse en la silla de Casal son los jueces Ariel Lijo y Mariano Borinsky, que también suena como posible candidato a la Corte Suprema.
Hay fiscales que se bancan sin una palabra que un juez federal tenga un pedido de indagatoria sin citar a los implicados durante siete años. Hay una morosidad tremenda del trabajo judicial en Comodoro Py, que tiene récord nacional en demoras y en cantidad de funcionarios.
Lo que hace doblarse de ironía a funcionarios judiciales que siguen esta rosca eterna es la preocupación que, tanto en la Procuración como en el ámbito de los jueces federales, alegan por los posibles inconvenientes de la entrada del acusatorio.
«Lo dicen muy serios fiscales que se bancan sin una palabra que un juez federal, por ejemplo, tenga un pedido de indagatoria sin citar durante siete años a los implicados. Hay una morosidad tremenda del trabajo judicial en Comodoro Py, que tiene récord nacional en demoras y en cantidad de funcionarios», dice el juez rosarino que habla con LPO.
Esa capacidad política de jugar con los tiempos en el sistema acusatorio se termina. Los fiscales federales investigan desde el inicio, deben llevar de inmediato a audiencia de imputados a breve lapso, que no deciden ellos sino una oficina de gestión judicial. Los jueces solo valoran las pruebas en una sala frente a público que entra sin restricciones.
Los jueces Borinsky y Hornos.
El Inecip consignó en un documento del año pasado que los fiscales federales de la CABA tienen la carga de trabajo más baja de todo el país. «Solo el 1 % de las condenas de Comodoro Py corresponden a delitos de alto impacto. El sistema acusatorio es imprescindible para optimizar el uso de los recursos y mejorar la actual tasa de 1 % de eficacia político-criminal».
Aunque después Comodoro Py le dobló el brazo, el año pasado a esos números Cuneo Libarona se los refregó a los fiscales que pedían prórroga porque no podrían enfrentar delitos complejos sin recursos. Le mandó una carta a Casal diciendo que solo el 3% de las causas que manejan son por delitos relevantes. Por ejemplo, en Comodoro Py las causas por narcocriminalidad representaron en 2024 el 0,84% del total, las de corrupción el 0,51% y las de criminalidad económica el 0,08%.
«Y eso pasa en un fuero en CABA con una cantidad desproporcionada hacia otros distritos en relación a sus recursos humanos», dice Alfie. «Incluso las fiscalías por la cantidad de empleados son incomparables a las jurisdicciones del interior del país».
El modelo extractivista se impone a la fuerza, Rio Negro no está exento de este tipo de políticas antidemocráticas. Las empresas demandan y los gobiernos cumplen. La sociedad defiende el medio ambiente. Para construir el oleoducto y el puerto exportador en Punta Colorada, el Estado provincial se vio obligado a derogar la Ley 3.308 que…
La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina presenta una gran propuesta para los amantes del ‘Flaco’ Spinetta: ‘Retrospectiva Spinetta’, este sábado 25 a las 21 horas en el Galpón de las Artes. Los artistas que participan de esta producción son Rock FCP, integrado por Guillermo Pérez y Ángel Pino, guitarra y canto;…
El clima político que rodea la reforma de la Ley de Glaciares sumó un nuevo episodio de tensión en la Patagonia: el diputado libertario Jairo Guzmán fue escrachado en El Calafate luego de lanzar declaraciones ofensivas contra quienes se movilizan en defensa del ambiente. La escena —huevazos, insultos y repudio popular— expone no solo el rechazo a sus palabras, sino el creciente malestar frente a una política que muchos sectores identifican como un retroceso ambiental.
Por Roque Pñerez para NLI
Un insulto que encendió la mecha
El detonante del conflicto fue una frase que sintetiza el tono con el que sectores del oficialismo vienen abordando el debate. Guzmán se refirió a quienes participaron de un abrazo simbólico al Glaciar Perito Moreno asegurando que “no desarrollaron mucho conocimiento o les faltó ácido fólico cuando eran chiquitos”, un comentario que fue rápidamente repudiado por amplios sectores sociales.
La respuesta no tardó en llegar. Vecinos autoconvocados, junto a organizaciones sindicales y culturales, se concentraron frente a un local partidario en El Calafate, donde el legislador tenía previsto participar de una actividad. Allí, el rechazo se expresó con insultos, cánticos y el lanzamiento de huevos, obligando al dirigente a esquivar la protesta en un contexto de fuerte tensión.
Lo ocurrido no es un hecho aislado. Es, en todo caso, la manifestación concreta de un conflicto político más profundo: el choque entre un modelo de desarrollo basado en la expansión minera y una sociedad que percibe esa avanzada como una amenaza directa sobre recursos estratégicos como el agua.
El diputado libertario Jairo Guzmán votó a favor de la ley de Glaciares y no había vuelto aún a El Calafate; pero un día iba a tener que volver… Parece que va a tener que pasar su estadía recluido en su casa y sin poder ni asomarse a la vereda… pic.twitter.com/TznosASq42
El trasfondo del episodio es la reciente modificación de la Ley de Glaciares impulsada por el gobierno de Milei, que fue aprobada en Diputados tras una sesión marcada por insultos, cruces y una fuerte polarización política.
La reforma redefine la protección de las zonas periglaciares, habilitando actividades productivas —principalmente mineras— en áreas que antes estaban restringidas. El argumento oficial gira en torno al “desarrollo” y al “federalismo”, pero desde la oposición, el ámbito científico y organizaciones ambientales advierten que se trata de un retroceso en la protección de reservas hídricas clave para millones de argentinos.
No es menor el dato de que más de 100 mil personas se inscribieron para participar en las audiencias públicas, en una muestra clara del interés social que despierta el tema, aunque con mecanismos de participación fuertemente limitados por el oficialismo.
En ese contexto, las declaraciones de Guzmán no solo resultan ofensivas, sino también reveladoras de una lógica política: deslegitimar la protesta social y minimizar la preocupación ambiental.
Un conflicto que recién empieza
El escrache en El Calafate anticipa lo que puede venir. La reforma ya enfrenta cuestionamientos judiciales y, en algunas provincias, incluso fue frenada de manera provisoria.
Pero más allá de lo institucional, lo que está en juego es un debate estructural: quién decide sobre los bienes comunes y en función de qué intereses. La reacción social frente a Guzmán muestra que, lejos de apagarse, el conflicto por la Ley de Glaciares está entrando en una nueva fase, donde la disputa ya no es solo parlamentaria, sino también territorial.
Porque cuando la política responde con insultos a una demanda social masiva, lo que se profundiza no es el consenso, sino la crisis. Y en ese terreno, el oficialismo empieza a mostrar una dificultad creciente para sostener su relato frente a una realidad que —como quedó claro en El Calafate— ya no está dispuesta a callarse.
El tatuador Diego Staropoli, de “Madinga Tattoo Studio”, estará en Villa Regina los días 29 y 30 de enero en el Galpón de las Artes “Benedicta Cipolletti” a partir de las 18hs para reconstruir mamas mediante tatuajes de areola y pezón. Lleva tatuadas 1700 mujeres. El tatuador Diego Staropoli viene a Regina, o mejor dicho…
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