En 2013, fruto de la movilización de vecinos y chacareros, se sanciona una ordenanza anti-fracking para evitar que se realice esta actividad en Allen, sin embargo es derogada tres meses más tarde por el superior tribunal de justicia de Rio Negro. Desde ese momento se instalan pozos de fracking en zonas rurales y pegado a barrios humildes, forzando a vecinos y chacras a convivir con muy diversos malestares. Sin embargo establecer algún tipo de acuerdo o acción legal contra las empresas es muy difícil. En 2017 después de un gran derrame en una chacra, se logra que la justicia condene a YPF por contaminación por primera vez.
Luego de la realización del 1er cortometraje documental “ALLEN, ZONA DE SACRIFICIO” estrenado en el año 2019, el realizador Rionegrino Alejo Estrabou en embarcó en la realización de una serie web de 10 capítulos que se estrena en redes a partir dehoy 23 de Agosto. La publicación será de un capítulo estreno por semana.
Sinopsis de la serie: En Allen, un pueblo productor de frutas se impone el fracking en 2013, a pesar de la oposición del pueblo y de conseguir una ordenanza anti-fracking, es derogada luego, por el superior tribunal de justicia de Rio Negro. A casi diez años de la llegada de las torres de fracking a la zona de chacras, la convivencia empieza a ser insostenible. Contaminación del agua, aire y tierra, ruidos molestos, enfermedades, tierra improductiva y un pueblo que económicamente agoniza.
Son diez capítulos que cuentan distintas temáticas de esta convivencia “forzosa” con el fracking a través del relato de vecinos, funcionarios, organizaciones sociales y material de archivo.
Desde 2013 que se instalan las torres, Allen fue cambiando, uno de los cambios significativos es que la gente dejó de consumir agua de red y de pozos, que antes tomaba sin problemas. Otro gran cambio se dio en su economía regional, la fruticultura, Allen es el mayor (o era) exportador de peras de Latinoamérica, cuando llegan las torres, se instalan sobre el terreno de los frutales. Desde el gobierno sostienen que puede convivir ambas actividades, sin embargo vecinos y fruticultores no están de acuerdo, porque ese terreno productivo queda “arrasado”. Otro cambio importante se produce en la vida cotidiana, las torres se instalan cerca de barrios y zonas habitadas, como es una actividad industrial intensiva trabaja las 24 horas del día. Produciendo ruido y vibraciones constantes. Los vecinos relatan la rotura de sus casas y que no pueden dormir de noche, además relatan enfermedades nuevas que aparecieron desde la llegada del fracking. El gobierno provincial y nacional, subsidian actualmente el fracking, en la búsqueda de dólares. Allen es el primer lugar en territorio rionegrino, pero ya se licitaron grandes zonas para extenderlo al resto de la provincia, también en zona de valles, compitiendo con la economía regional que es la agricultura. Este documental se propone preguntarse que pasa con la llegada del fracking a un lugar. ¿Y qué pasa si se contamina el agua del Rio Negro que alimenta de agua a toda la provincia?.
El Gobierno logró construir algunos puntos de apoyo para desplegar su modelo económico. El resultado fiscal es el más sólido. La política monetaria y el frente cambiario aportaron otros, bastante más movedizos. Pero al programa le falta el protagonista capaz de hacer de la estabilización una cuestión sostenible: las inversiones. Y los números muestran que, lejos de llegar, están retrocediendo.
«Toda política fiscal, monetaria o cambiaria es discutible. No sólo por sus resultados. También porque inevitablemente distribuye costos y beneficios, define ganadores y perdedores y modifica la relación entre sectores. Pero cualquier modelo que pretenda crecer de manera sostenida necesita inversión. Sin capital que amplíe la capacidad productiva, incorpore maquinaria, construya infraestructura y genere empleo, la estabilidad tiene patas cortas», comentó a LPO un ex ministro de economía.
Ahí aparece uno de los datos más incómodos del programa de Javier Milei. La Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF) cayó 11,6% interanual. La inversión no está acompañando la estabilización: se está achicando.
La gran apuesta del Gobierno para llenar ese vacío es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Pero la información que obtuvo LPO mediante un pedido de acceso a la información pública permite mirar debajo del número de anuncios.
Al cierre del primer trimestre había 12 proyectos aprobados, por una inversión total declarada de 26.436 millones de dólares. De ese monto, 24.691 millones fueron considerados «activos computables» para acceder a los beneficios del régimen.
Ese concepto es clave. Los activos computables no son un registro de dólares que ya ingresaron al país ni de inversiones efectivamente realizadas desde la aprobación del RIGI. Son los gastos que la normativa admite para determinar si un proyecto alcanza el piso de inversión necesario para entrar al régimen.
Lo que estoy viendo, y esta es la parte que me preocupa, es que no estoy viendo inversiones grandes. La inversión cae, el empresario está viendo que esto no levanta.
Economía aclaró incluso que pueden computarse inversiones realizadas desde la entrada en vigencia del RIGI aunque sean anteriores a la adhesión formal del vehículo empresario. Es decir, una parte del número puede corresponder a inversiones que ya estaban en marcha.
Los anexos muestran además qué hay adentro de esos montos. No todo consiste en nuevas plantas construidas con producción y trabajo local. Los planes incluyen compra de equipamiento, maquinaria, materiales, ingeniería, logística, instalaciones eléctricas, software, servicios y construcción. En varios de los grandes proyectos, una porción relevante corresponde a bienes de capital y equipos que pueden ser importados.
El detalle entregado por Economía, sin embargo, no discrimina qué porcentaje será de origen nacional y cuál importado, por lo que tampoco permite traducir automáticamente los millones anunciados en impacto sobre proveedores o empleo local.
El caso del parque solar El Quemado sirve para entenderlo. Sus 211,6 millones de dólares de costos de construcción incluyen 42,7 millones en paneles, 22,3 millones en trackers, 9,4 millones en inversores, 8,3 millones en la estación de potencia, 7,9 millones en transformadores y otros equipos.
El RIGI contabiliza esas erogaciones como inversión del proyecto, pero la documentación oficial no informa dónde se fabricarán esos bienes ni cuánto valor agregado quedará en Argentina.
Hay casos todavía más contundentes. El proyecto Rincón de litio presenta 2.299 millones de dólares en activos computables dentro de una inversión total de 2.744 millones. Allí aparecen 320 millones en paquetes tecnológicos, 254 millones en equipamiento mecánico, 106 millones en materiales e instalaciones eléctricas y sólo 85 millones en mano de obra directa. El desglose permite ver por qué el monto de inversión no puede leerse linealmente como generación de empleo: son variables distintas.
También hay inversiones que no nacieron con el RIGI. VMOS declara un plan total de 2.900 millones de dólares, pero el anexo identifica 42 millones como inversiones previas a la vigencia de la ley. El Gobierno, además, aprobó como ampliaciones proyectos que ya existían, como Veladero y Fénix.
La concentración sectorial termina de achicar la foto. De los 26.436 millones de dólares aprobados, 15.156 millones corresponden solamente al proyecto de licuefacción de Southern Energy y otros 2.900 millones a VMOS. Después aparecen los grandes proyectos mineros que buscan financiamiento. Fuera de hidrocarburos, minería y generación eléctrica, la lista se reduce prácticamente a la acería de Sidersa y la Terminal Multipropósito Timbúes.
El RIGI consiguió volumen anunciado, pero todavía no muestra una ola de inversión. Y existe un problema adicional para medir cuánto de todo eso ya ocurrió. Economía reconoció ante el pedido de LPO que el seguimiento está distribuido entre distintas áreas técnicas y que, por el «volumen, dispersión y heterogeneidad» de los datos, no tiene sistematizada una información integral sobre los mecanismos de control.
Los mismos empresarios creen que la economía va a crecer, pero no prevén aumentar la inversión. El 74% espera crecimiento del PBI y el 68% proyecta una inflación menor. Pero apenas el 43% prevé aumentar sus inversiones.
Tampoco realizó revisiones posteriores del ratio exigido a los proyectos frente a eventuales cambios de precios, costos, cronogramas o generación de caja. En otras palabras, el Gobierno puede informar con precisión cuánto prometieron invertir las empresas para entrar al RIGI, pero la respuesta oficial no ofrece una cifra consolidada de cuánto de esa inversión ya se ejecutó.
«Lo que estoy viendo, y esta es la parte que me preocupa, es que no estoy viendo inversiones grandes», dijo el economista Fausto Spotorno en el stream Ahora Play. «La inversión cae, cae, cae», agregó. Para Spotorno, el fenómeno tampoco puede explicarse simplemente por desconfianza política. «El empresario está viendo que esto no levanta», sostuvo.
Spotorno también puso el foco en la distancia entre los anuncios del RIGI y el volumen de capital efectivamente desplegado. «No es que no hay, hay. Pero que eso esté puesto en la cancha y genere volumen grande todavía no lo vemos», explicó. Y marcó una excepción: «El sector energético es lejos el que está invirtiendo más. Está invirtiendo fangotes».
Según los cálculos que maneja el economista, el sector energético recibe un flujo anualizado del orden de los 12.000 millones de dólares. Parece una montaña hasta compararla con las necesidades de capital del conjunto de la economía.
Spotorno estima que Argentina necesita inversiones cercanas a los 120.000 millones de dólares por año. Incluso el sector que más capital atrae representa así alrededor de una décima parte de ese volumen.
En el mercado hacen una lectura parecida, con un agregado importante: Vaca Muerta juega un campeonato bastante separado del resto de la economía. «Vaca Muerta mueve las mismas inversiones con cualquier gobierno porque está despegada del ciclo económico. Son 12 mil millones por año. Así y todo la cuenca necesita cerca de 20 mil millones para desarrollar su potencial», explicó a LPO una fuente que sigue de cerca las inversiones del sector.
La cautela aparece también entre los propios empresarios. La última Encuesta de Expectativas de Ejecutivos de IDEA, realizada entre 218 directivos, mostró que la proporción de empresas que trabaja cerca de su capacidad máxima aumentó del 36% al 46%. Sin embargo, la inversión anual como porcentaje de la facturación cayó del 14% al 10%.
El contraste es mayor porque esos mismos empresarios creen que la economía va a crecer, pero no prevén aumentar la inversión. El 74% espera crecimiento del PBI y el 68% proyecta una inflación menor. Pero apenas el 43% prevé aumentar sus inversiones.
Alejandro «Topo» Rodríguez, ex diputado nacional y economista, introduce otra diferencia clave para leer los números. «Hay que distinguir entre las inversiones que ‘se anuncian’ y las que efectivamente se realizan. Con Milei, se inició un proceso de desinversión que se explica por la contracción de la demanda y la caída de la rentabilidad esperada», dijo a LPO.
El planteo toca uno de los problemas centrales del programa: la inversión no depende solamente de bajar impuestos o conceder beneficios. Una empresa invierte cuando espera vender lo suficiente como para recuperar el capital y obtener rentabilidad. Ese es el agujero que queda detrás de los avances que el Gobierno exhibe en la macro.
Una encuesta de la Universidad de San Andrés ubica al peronismo primero en intención de voto para 2027, mientras LLA queda tercera y el 25% todavía no sabe a quién votar.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
El escenario electoral de cara a 2027 empieza a mostrar señales incómodas para el gobierno de Javier Milei. Una nueva encuesta de la Universidad de San Andrés (UDESA) ubicó al peronismo en el primer lugar de la intención de voto presidencial, con el 26%, apenas un punto por encima del enorme universo de ciudadanos que todavía no sabe o no contesta qué fuerza elegiría. La Libertad Avanza quedó tercera, con el 24%, en un escenario de extrema paridad que, a esta altura, parece bastante más abierto de lo que el oficialismo pretende mostrar.
El relevamiento fue realizado entre el 5 y el 11 de agosto sobre 1.000 personas de todo el país, con un margen de error de +/- 3,15%. Por eso, metodológicamente, la propia fotografía debe ser leída como un escenario de empate técnico entre el peronismo, los indecisos y LLA. Sin embargo, hay un dato político que resulta imposible ignorar: después de casi tres años de la irrupción electoral de Milei, el espacio que el Gobierno pretendió dejar definitivamente atrás vuelve a aparecer en el primer lugar de una medición nacional.
El dato que más preocupa al Gobierno
Más allá del primer puesto del peronismo, hay otro número que probablemente merezca todavía mayor atención: uno de cada cuatro encuestados todavía no tiene decidido su voto. Ese 25% de indecisos se convierte en la segunda fuerza electoral del relevamiento, apenas por debajo del peronismo y por encima de La Libertad Avanza.
La lectura política es clara: no existe todavía un escenario consolidado de cara a 2027. La elección presidencial está lo suficientemente lejos como para que una parte muy importante del electorado mantenga abierta su decisión y, al mismo tiempo, ninguna de las fuerzas aparece con una ventaja capaz de garantizar un resultado. El 26% del peronismo, el 25% de los indecisos y el 24% de LLA configuran una fotografía prácticamente partida en tres.
Para el oficialismo, el dato puede resultar especialmente sensible porque contradice el relato de una fuerza política destinada a convertirse en el eje permanente del sistema político argentino. LLA no está fuera de competencia, pero tampoco domina el escenario. Con un año todavía por delante hasta el próximo gran turno electoral presidencial, cualquier movimiento en la economía, el empleo, los ingresos, la conflictividad social o la propia interna política puede modificar sustancialmente ese tablero.
El resto de las fuerzas aparece bastante más lejos. El Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad y el PRO empatan con 5%, mientras que otras opciones quedan todavía más atrás: partidos provinciales y Provincias Unidas reúnen 2% cada uno, la UCR alcanza el 1%, un 4% se inclina por «otros», mientras que 3% manifiesta que no votaría y otro 3% optaría por el voto en blanco.
Un escenario abierto y con un voto todavía en disputa
La encuesta también permite observar diferencias interesantes según género. Entre los hombres, LLA alcanza el 27%, mientras que entre las mujeres llega al 21%. El peronismo presenta el comportamiento inverso: registra 25% entre los hombres y 27% entre las mujeres. Es decir, aun con una diferencia pequeña, el estudio muestra que las preferencias políticas no se distribuyen de manera homogénea dentro del electorado.
Pero sería un error interpretar estos números como una elección ya definida. Falta muchísimo para 2027 y, sobre todo, todavía no están definidos los candidatos ni la arquitectura electoral con la que competirán los distintos espacios. El peronismo, además, tiene por delante el desafío de transformar una intención de voto agregada en una propuesta política concreta y competitiva, capaz de contener distintas identidades y sectores que hoy pueden aparecer agrupados estadísticamente pero no necesariamente coincidir en una eventual interna.
Para Milei, en cambio, el problema pasa por otro lado: el oficialismo necesita convertir su gestión en una expectativa electoral sostenible. El hecho de que un cuarto del electorado todavía no sepa a quién votar significa que existe un enorme territorio político en disputa. Pero también implica que una parte importante de la sociedad aún no tiene definido si quiere prolongar el rumbo iniciado en diciembre de 2023 o buscar una alternativa.
La elección de 2027, por lo tanto, comienza a aparecer como una competencia mucho más abierta de lo que podría sugerir el discurso triunfalista de cualquiera de los espacios. El peronismo tiene hoy una pequeña ventaja estadística, LLA conserva un caudal importante y los indecisos representan una reserva electoral capaz de modificar completamente el resultado.
El dato más importante de esta encuesta quizás no sea entonces quién ocupa circunstancialmente el primer lugar, sino que ninguna fuerza consiguió apropiarse todavía del futuro. El electorado argentino continúa en movimiento y, a poco más de un año de la próxima elección presidencial, una porción enorme de la sociedad todavía está esperando señales para decidir hacia dónde inclinar su voto.
El canciller Pablo Quirno confirmó que el gobierno de Lula da Silva echó al embajador argentino en Brasil como parte de la decisión de reducir la relación diplomática a nivel de encargado de negocios, el mínimo posible.
La invitación a irse de Brasil del embajador argentino, Daniel Raimondi, se daba por descontada con el anuncio del martes, pero a nivel diplomático se requiere el retiro de las credenciales o la declaración como persona no grata para expulsar a un diplomático de alto nivel. Evidentemente el gobierno de Lula no quiso escalar a ese punto y le recomendó a Raimondi que vuelva a Buenos Aires.
«La Cancillería brasileña llamó a nuestro embajador, determinó que la relación es a nivel de encargado de negocios y pidió que nuestro embajador se retire de Brasil. Es una decisión unilateral que lamentamos», dijo Quirno.
El canciller argentino volvió a culpar a Lula de la escalada diplomática, aunque todo empezó con Milei yendo a San Pablo a insultarlo en un acto de campaña de Bolsonaro. El libertario volvió a atacarlo después en varias entrevistas que dio a medios argentinos.
«Es lamentable que se quejen de injerencias en procesos electorales cuando Lula visitó, previo a las elecciones del año pasado, a Cristina Kirchner en la prisión domiciliaria y no hubo de nuestra parte ningún tipo de problema, ni ninguna queja de injerencia. Son las reglas del juego», señaló Quirno.
Es lamentable que se quejen de injerencias en procesos electorales cuando Lula visitó, previo a las elecciones del año pasado, a Cristina Kirchner en la prisión domiciliaria y no hubo de nuestra parte ningún tipo de problema, ni ninguna queja de injerencia. Son las reglas del juego
«Lula ha proferido insultos a nuestro presidente, que no han sido contestados», agregó sin especificar cuáles fueron los supuestos insultos.
Daniel Raimondi.
El canciller además acusó a Lula de poner en riesgo vidas de ciudadanos argentinos cuando retiró la representación diplomática en Venezuela, una decisión que en su momento había tomado ante el asedio del régimen de Nicolás Maduro a la embajada argentina. Sin embargo, Brasil tuvo que hacerse cargo de los intereses argentinos en Caracas cuando Milei rompió con el régimen sin medir consecuencias.
«Nosotros fuimos informados, a cinco días de que Maduro fue retirado del poder, que Brasil dejaba la representación nuestra en Venezuela. Cuando Argentina tenía ciudadanos en riesgo de vida, presos políticos en riesgo de vida», se quejó Quirno, que luego confesó que fue una reacción de Brasil ante otro ataque de Milei.
Nosotros fuimos informados, a cinco días de que Maduro fue retirado del poder, que Brasil dejaba la representación nuestra en Venezuela. Cuando Argentina tenía ciudadanos en riesgo de vida, presos políticos en riesgo de vida
«Eso fue resultado de una foto que reposteó el presidente de Lula con Maduro. Ahí se nos fue informado que por esa razón se retiraba la representación, yo creo que eso es un hecho mucho más grave que cualquier cosa que haya pasado», completó.
En la embajada argentina en Brasil dicen que Raimondi no fue expulsado porque para eso hay que declararlo persona no grata pero los hechos confirman que la salida fue decisión de Brasil en una crisis inédita en 203 años de historia de las relaciones bilaterales.
Después de 30 años terminó la concesión privada de las represas hidroeléctricas de Tucumán. Milei abrió una transición y crecen las incógnitas sobre su futuro.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
Treinta años después de haber sido entregadas en concesión durante la ola privatizadora del menemismo, las represas hidroeléctricas de Tucumán llegaron al final del contrato que las mantenía bajo administración privada. La decisión del Gobierno de Javier Milei de establecer un período de transición, en lugar de renovar automáticamente la concesión o anunciar una nueva licitación, abre un escenario de incertidumbre sobre el destino de un conjunto de activos estratégicos para la generación eléctrica y para el manejo del recurso hídrico de la provincia.
El final de una concesión nacida al calor del modelo privatizador de los años 90
La resolución de la Secretaría de Energía que puso en marcha la transición de las centrales El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo marca un nuevo capítulo en la larga historia de las privatizaciones argentinas, un proceso que comenzó a principios de la década del noventa y que transformó profundamente la relación entre el Estado y los servicios considerados estratégicos.
Durante el gobierno de Carlos Menem, y luego de la sanción de la Ley de Reforma del Estado en 1989, la Argentina ingresó en una etapa de transferencia al sector privado de empresas y activos que durante décadas habían sido administrados por organismos estatales. Bajo la promesa de mejorar la eficiencia, atraer inversiones y reducir la participación estatal en la economía, el Gobierno nacional avanzó sobre sectores como telecomunicaciones, transporte, energía y servicios públicos.
En ese contexto, la generación hidroeléctrica también fue alcanzada por el proceso privatizador. Muchas de las obras construidas durante décadas con financiamiento público fueron entregadas bajo esquemas de concesión a empresas privadas, que pasaron a administrar la explotación comercial de centrales que seguían teniendo una importancia estratégica para el sistema energético nacional.
Así nació Hidroeléctrica Tucumán S.A., la empresa que recibió la concesión de los complejos hidroeléctricos El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo, tres instalaciones fundamentales para la provincia. El contrato firmado en 1996 estableció un plazo de explotación privada de 30 años, período que comenzó formalmente el 30 de julio de ese año y llegó a su vencimiento en julio de 2026.
La fecha de finalización no fue una sorpresa ni una decisión política tomada de manera repentina: estaba contemplada desde el inicio del contrato. Sin embargo, su llegada obliga ahora al Estado a definir qué hacer con un patrimonio energético que vuelve a quedar bajo su órbita después de tres décadas.
Qué decidió el Gobierno de Milei y por qué no implica una estatización
La Resolución 168/2026 de la Secretaría de Energía publicada hoy en el Boletín Oficial, no dispuso una estatización de las represas ni anunció la creación de una nueva empresa pública para administrarlas. Lo que hizo fue activar el mecanismo previsto en el contrato de concesión para garantizar la continuidad operativa durante una etapa intermedia, evitando que el vencimiento del vínculo privado genere un vacío de gestión sobre instalaciones que requieren supervisión permanente.
El Gobierno estableció un período de transición hasta el 15 de diciembre de 2026, durante el cual Hidroeléctrica Tucumán S.A. continuará operando las centrales bajo un régimen especial, mientras la autoridad energética nacional supervisará el funcionamiento de los complejos.
Para esa tarea fue designada la Subsecretaría de Energía Eléctrica como veedor estatal, con la responsabilidad de controlar la operación, verificar el cumplimiento de las obligaciones técnicas y garantizar que las condiciones de seguridad de las represas permanezcan intactas. Además, se invitó a la Provincia de Tucumán a participar mediante la designación de un representante.
La medida responde a una cuestión central: una central hidroeléctrica no puede simplemente cambiar de manos de un día para otro. Se trata de infraestructura compleja, vinculada no sólo a la generación de electricidad sino también al manejo del agua, la seguridad de las poblaciones ubicadas aguas abajo y la planificación energética de largo plazo.
Por eso, aunque la concesión terminó formalmente, la operación continúa bajo un esquema transitorio mientras el Gobierno define el próximo paso.
Los bienes vuelven al Estado después de 30 años
Uno de los aspectos más relevantes del proceso es que el vencimiento de la concesión implica el retorno al Estado de los bienes afectados al servicio, tal como estaba establecido en el contrato original firmado durante la década del noventa.
No se trata de una expropiación ni de una compra. La lógica contractual establecía que, al finalizar el período de explotación privada, las instalaciones, equipamientos y activos vinculados al funcionamiento de las centrales debían quedar nuevamente bajo control estatal.
Ese punto resulta significativo porque muestra una diferencia entre el discurso político que acompañó las privatizaciones de los años 90 y la realidad jurídica de muchos de esos contratos: las concesiones privadas no implicaban una transferencia definitiva de la propiedad de los recursos estratégicos, sino un derecho temporal de explotación.
Ahora, tres décadas después, el Estado vuelve a estar frente a la responsabilidad de decidir cómo administrar esos activos.
La paradoja de un Gobierno que busca privatizar frente al vencimiento de una privatización
El caso tucumano presenta además una particular contradicción política para la administración de Javier Milei.
Desde su llegada al poder, el Gobierno libertario impulsó una agenda basada en la reducción del Estado, la apertura económica y la privatización de empresas públicas consideradas ineficientes. Sin embargo, en este caso específico, una concesión privada heredada de la década menemista llegó a su fin y obligó al Estado a asumir nuevamente un rol de supervisión directa.
La administración nacional tenía distintas alternativas frente al vencimiento: extender la concesión, avanzar rápidamente hacia una nueva licitación o establecer un esquema transitorio. Finalmente optó por esta última opción, dejando abierta la definición sobre el futuro de las centrales.
La resolución no determina si habrá una nueva privatización, si se buscará un esquema mixto con participación estatal y privada o si el Estado mantendrá algún tipo de control directo sobre las represas. Esa indefinición será uno de los puntos centrales del debate energético en los próximos meses.
Un recurso estratégico que vuelve al centro de la discusión
Más allá de la discusión contractual, las represas tucumanas representan un activo estratégico que excede la generación eléctrica. Los complejos de El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo cumplen funciones vinculadas al almacenamiento y regulación del agua, al desarrollo productivo regional y a la infraestructura energética de la provincia.
Por eso, la discusión sobre su futuro no es solamente empresarial: implica definir qué papel tendrá el Estado en la administración de recursos considerados esenciales y cuál será la relación entre la inversión privada y la planificación pública en áreas sensibles.
La resolución publicada por el Gobierno marca el cierre formal de una etapa iniciada durante el menemismo, cuando una parte importante del patrimonio energético argentino pasó a manos privadas mediante contratos de concesión de largo plazo. Ahora comienza una nueva fase, todavía abierta, en la que deberá definirse si el final de aquella privatización será simplemente el comienzo de otra concesión o si representará un cambio más profundo en la forma de administrar la energía hidroeléctrica tucumana.
MARTES LEMUSIC se va a Fiske… MIÉRCOLES EXPONIÑO esta tarde en Cumelen a partir de las 15hs… La cartelera del cine teatro Círculo Italiano de miércoles a miércoles… JUEVES MICROMUNDO, el mundo microscópico a través del arte. Jueves y viernes a partir de las 15hs… El artista reginense DIEGO ARDENGHI estará junto a BÁRBARA BECKER…
De noche, en el patio de mi hogar, con celular en mano, abro facebook y leo una reflexión de un amigo de Valcheta que dice: “Quiero volver a sonreír y ver rostros alegres por la calle. Quiero sentir olor a asado los fines de semana en casas de los vecinos. Quiero sentir que este país…
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