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CAP. 6 «JUSTICIA» Estreno serie web

Allen, Zona de sacrificio

En 2013, fruto de la movilización de vecinos y chacareros, se sanciona una ordenanza anti-fracking para evitar que se realice esta actividad en Allen, sin embargo es derogada tres meses más tarde por el superior tribunal de justicia de Rio Negro. Desde ese momento se instalan pozos de fracking en zonas rurales y pegado a barrios humildes, forzando a vecinos y chacras a convivir con muy diversos malestares. Sin embargo establecer algún tipo de acuerdo o acción legal contra las empresas es muy difícil. En 2017 después de un gran derrame en una chacra, se logra que la justicia condene a YPF por contaminación por primera vez.

Luego de la realización del 1er cortometraje documental “ALLEN, ZONA DE SACRIFICIO” estrenado en el año 2019, el realizador Rionegrino Alejo Estrabou en embarcó en la realización de una serie web de 10 capítulos que se estrena en redes a partir dehoy 23 de Agosto. La publicación será de un capítulo estreno por semana.

Sinopsis de la serie:
En Allen, un pueblo productor de frutas se impone el fracking en 2013, a pesar de la oposición del pueblo y de conseguir una ordenanza anti-fracking, es derogada luego, por el superior tribunal de justicia de Rio Negro. A casi diez años de la llegada de las torres de fracking a la zona de chacras, la convivencia empieza a ser insostenible. Contaminación del agua, aire y tierra, ruidos molestos, enfermedades, tierra improductiva y un pueblo que económicamente agoniza.

Son diez capítulos que cuentan distintas temáticas de esta convivencia “forzosa” con el fracking a través del relato de vecinos, funcionarios, organizaciones sociales y material de archivo.

Desde 2013 que se instalan las torres, Allen fue cambiando, uno de los cambios significativos es que la gente dejó de consumir agua de red y de pozos, que antes tomaba sin problemas. Otro gran cambio se dio en su economía regional, la fruticultura, Allen es el mayor (o era) exportador de peras de Latinoamérica, cuando llegan las torres, se instalan sobre el terreno de los frutales. Desde el gobierno sostienen que puede convivir ambas actividades, sin embargo vecinos y fruticultores no están de acuerdo, porque ese terreno productivo queda “arrasado”. Otro cambio importante se produce en la vida cotidiana, las torres se instalan cerca de barrios y zonas habitadas, como es una actividad industrial intensiva trabaja las 24 horas del día. Produciendo ruido y vibraciones constantes. Los vecinos relatan la rotura de sus casas y que no pueden dormir de noche, además relatan enfermedades nuevas que aparecieron desde la llegada del fracking. El gobierno provincial y nacional, subsidian actualmente el fracking, en la búsqueda de dólares.
Allen es el primer lugar en territorio rionegrino, pero ya se licitaron grandes zonas para extenderlo al resto de la provincia, también en zona de valles, compitiendo con la economía regional que es la agricultura. Este documental se propone preguntarse que pasa con la llegada del fracking a un lugar. ¿Y qué pasa si se contamina el agua del Rio Negro que alimenta de agua a toda la provincia?.

@invitado-especial Alejo Estrabou

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    Milei puso al frente de la ANMAT al CEO de OSDE

     

    El gobierno de Milei avanzó un paso más en la entrega de las áreas sensibles del Estado a los intereses privados: designó al ahora ex CEO de OSDE como máxima autoridad de la ANMAT, el organismo encargado de controlar medicamentos, vacunas, alimentos y tecnologías sanitarias. Un nombramiento que despierta serias sospechas por los conflictos de intereses y los antecedentes del sector.

    Por Celina Fraticiangi para NLI

    La decisión quedó formalizada este lunes con la publicación del Decreto 3/2026, mediante el cual Milei aceptó la renuncia de Nélida Agustina Bisio y designó a Luis Eduardo Fontana como nuevo Administrador Nacional de la ANMAT, un organismo clave dentro del sistema de salud pública. No se trata de un cargo menor: la ANMAT tiene bajo su responsabilidad el control y la fiscalización de medicamentos, vacunas, alimentos, productos médicos y tecnologías sanitarias, funciones que quedaron especialmente bajo la lupa tras el escándalo del fentanilo.

    La elección de Fontana, de 71 años, no es inocente ni técnica. Fontana es el reciente CEO de OSDE, una de las principales prepagas del país, beneficiada de manera directa por la desregulación del sector impulsada por el propio Milei a través del DNU 70/23. En otras palabras, el gobierno colocó a un representante del negocio privado de la salud a controlar un organismo que debería actuar como contrapeso y garante del interés público.

    El Estado regulador en manos del mercado

    Con este nombramiento, el Ejecutivo refuerza una lógica que ya es marca registrada de la gestión Milei: vaciar al Estado desde adentro y ponerlo al servicio de las corporaciones. La ANMAT no solo autoriza medicamentos y vacunas, sino que define estándares de seguridad, evalúa riesgos sanitarios y puede frenar productos peligrosos. Entregar ese poder a alguien con intereses directos en el sistema privado de salud rompe cualquier principio de independencia regulatoria.

    La preocupación no es teórica. OSDE fue protagonista central de los aumentos desmedidos en las cuotas de la medicina prepaga durante el primer semestre de 2024, con subas de hasta 400%, habilitadas por la desregulación total del sector. En ese contexto, una jueza federal, María Caccioppoli, falló a favor de las personas afiliadas y ordenó la devolución de los incrementos, además de pedir que se investigara un posible accionar delictivo de los directivos de OSDE.

    OSDE, negocios cruzados y causas judiciales

    El fallo de Caccioppoli fue incómodo para el poder económico. Tanto, que la jueza terminó siendo apartada de la causa luego de que OSDE la recusara. Según denunciaron abogadas que representan a personas afiliadas, el apartamiento estuvo directamente vinculado con su decisión de enfrentarse a la corporación y proteger, en su mayoría, a personas jubiladas afectadas por los aumentos.

    Detrás de OSDE hay una estructura que dista mucho de la imagen de “prepaga solidaria” que intenta mostrar. Aunque se presenta como empresa de medicina prepaga, OSDE tiene la figura jurídica de una obra social sin fines de lucro, lo que le permite no pagar impuestos como Ganancias o Ingresos Brutos. Sin embargo, administra un presupuesto mensual cercano a los 360 millones de dólares y funciona como un “financiador puro” del sistema, contratando prestaciones a empresas privadas muchas veces vinculadas a sus propios directivos.

    En ese entramado aparecen sociedades compartidas, clínicas, prestadoras y empresas de importación de tecnología médica donde se repiten los mismos nombres: directivos de OSDE que, a la vez, son proveedores del sistema. Fontana no es ajeno a ese esquema, y su desembarco en la ANMAT despierta alertas inevitables.

    Un mensaje político claro

    El mensaje del gobierno es contundente: el control estatal es un obstáculo a remover, no una herramienta para cuidar a la población. Colocar al ahora ex CEO de una prepaga en la conducción del organismo que debe regular medicamentos y tecnologías sanitarias no es una casualidad ni un error de cálculo. Es una definición ideológica.

    Mientras Milei habla de “libertad”, el Estado queda capturado por los mismos actores que deberían ser controlados. La ANMAT, una institución clave para la salud pública, pasa a estar conducida por alguien con intereses directos en el negocio sanitario privado. Una decisión peligrosa, que expone hasta qué punto este gobierno está dispuesto a subordinar la salud de la población a las reglas del mercado.

     

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    Numerosos intendentes de la provincia de Buenos Aires acusan un panorama de rojo financiero que genera serias complicaciones para el pago del aguinaldo, al punto que el escenario incierto ya empieza a disparar protestas.

    Frente a eso, hay quienes ya tienen decidido redirigir fondos afectados y otros intentan gestionar la llegada de fondos de la Provincia a último momento.

    La situación es transversal y golpea aún más en las comunas que se hacen cargo del sistema sanitario través de centros de salud municipales.

    Un caso paradigmático en ese sentido es San Pedro, donde el peronista Cecilio Salazar enfrenta desde la medianoche de este viernes un paro total de los médicos del hospital municipal.

    «Estamos haciendo todo lo posible para ver cómo convencemos al gobierno de la provincia para que nos dé una ayuda por lo menos para pagar los aguinaldos. El año pasado nos ayudaron con un anticipo de coparticipación», dijo Salazar días atrás a una radio local para admitir las complicaciones financieras de su municipio.

    Intendente alerta «asfixia» financiera y quiere vender una deuda de Techint por 5.000 millones

    La medida de fuerza encarada por el gremio Cicop en San Pedro es por tiempo indeterminado hasta tanto se abonen las guardias y el aguinaldo.

    Esta semana, Cicop también expuso una situación conflictiva en Bahía Blanca, donde médicos del hospital municipal hicieron una medida de fuerza por reclamos salariales, frente a la cual el intendente peronista Federico Susbielles decidió descontarles los días de paro.

    Esa reacción del intendente tensionó aún más el panorama y los médicos, además de recordar su determinante rol en los temporales que devastaron la ciudad, salieron a exponer en redes sus salarios.

    En enero existían 102 municipios con superávit corriente y 33 con déficit. En junio, los municipios en rojo pasaron a ser 80. Aunque aún restan conocerse los datos anuales, hay intendentes que no dudan que, a diciembre, la situación se agravó 

    «Trabajo 30 horas semanales. Sin descuentos, el valor de mi hora es de $5.633», dijo una médica en una carta abierta a Susbielles que se viralizó en la ciudad y donde le reclamó «condiciones dignas, diálogo real y reconocimiento».

    Otro distrito complicado que cuenta con hospital municipal es Arrecifes. Ahi, fuentes cercanas a la gestión de Fernando Bouvier (PRO) señalaron a LPO que llegan a fin de año con «un déficit importante» y que la comuna cubrirá los aguinaldos reasignando fondos afectados a otras áreas.

    En el caso de los radicales, esta semana representantes del Foro de Intendentes UCR estuvieron en el Ministerio de Economía bonaerense para gestionar la llegada de recursos desde la Provincia antes de fin de año, para poder capear los compromisos salariales.

    Intendentes radicales advirtieron a Kicillof que están complicados para pagar aguinaldos

    El reclamo general de los radicales es por deudas de Ioma y otros organismos, pero hay un especial interés por la cancelación de la cuota pendiente de descentralización, demorada a partir del atraso del último vencimiento de la cuota del Impuesto Inmobiliario.

    «Eso es significativo para nosotros», dijo un intendente radical a LPO, que detalló que se está tramitando con el gobierno de Kicillof la distribución de una parte de esos recursos antes de que termine el año, posiblemente el lunes 29.

    Algunos municipios dependen de la llegada de esos recursos para poder cumplir con los aguinaldos e, incluso, algunos admiten que con eso aún no llegan. Es ahí donde también aparece la posibilidad de recurrir a fondos afectados.

     Frente un panorama de caída en la cobrabilidad de tasas y derrumbe de la coparticipación a raíz de la baja recaudación por impuestos nacionales como el IVA, los intendentes advierten que el peso de hacerse cargo de los hospitales municipales «es el gran problema». 

    Buena parte de los municipios del interior tienen a cargo el sistema de salud público, que registró una suba exponencial en la demanda a partir del crecimiento del desempleo y, por ende, el derrumbe en la cobertura de obras sociales.

    Frente un panorama de caída en la cobrabilidad de tasas y derrumbe de la coparticipación a raíz de la baja recaudación por impuestos nacionales como el IVA, los intendentes advierten que el peso de hacerse cargo de los hospitales municipales «es el gran problema».

    Luego de un 2024 complejo, la agudización de la recesión en 2025 expuso un deterioro sin precedentes de las finanzas municipales.

    De acuerdo a informes que maneja la Provincia, en enero existían 102 municipios con superávit corriente y 33 con déficit. En junio, los municipios en rojo pasaron a ser 80. Aunque aún restan conocerse los datos anuales, hay intendentes que no dudan que la situación se agravó y ese número de municipios deficitarios creció. 

     

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