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CAP. 6 «JUSTICIA» Estreno serie web

Allen, Zona de sacrificio

En 2013, fruto de la movilización de vecinos y chacareros, se sanciona una ordenanza anti-fracking para evitar que se realice esta actividad en Allen, sin embargo es derogada tres meses más tarde por el superior tribunal de justicia de Rio Negro. Desde ese momento se instalan pozos de fracking en zonas rurales y pegado a barrios humildes, forzando a vecinos y chacras a convivir con muy diversos malestares. Sin embargo establecer algún tipo de acuerdo o acción legal contra las empresas es muy difícil. En 2017 después de un gran derrame en una chacra, se logra que la justicia condene a YPF por contaminación por primera vez.

Luego de la realización del 1er cortometraje documental “ALLEN, ZONA DE SACRIFICIO” estrenado en el año 2019, el realizador Rionegrino Alejo Estrabou en embarcó en la realización de una serie web de 10 capítulos que se estrena en redes a partir dehoy 23 de Agosto. La publicación será de un capítulo estreno por semana.

Sinopsis de la serie:
En Allen, un pueblo productor de frutas se impone el fracking en 2013, a pesar de la oposición del pueblo y de conseguir una ordenanza anti-fracking, es derogada luego, por el superior tribunal de justicia de Rio Negro. A casi diez años de la llegada de las torres de fracking a la zona de chacras, la convivencia empieza a ser insostenible. Contaminación del agua, aire y tierra, ruidos molestos, enfermedades, tierra improductiva y un pueblo que económicamente agoniza.

Son diez capítulos que cuentan distintas temáticas de esta convivencia “forzosa” con el fracking a través del relato de vecinos, funcionarios, organizaciones sociales y material de archivo.

Desde 2013 que se instalan las torres, Allen fue cambiando, uno de los cambios significativos es que la gente dejó de consumir agua de red y de pozos, que antes tomaba sin problemas. Otro gran cambio se dio en su economía regional, la fruticultura, Allen es el mayor (o era) exportador de peras de Latinoamérica, cuando llegan las torres, se instalan sobre el terreno de los frutales. Desde el gobierno sostienen que puede convivir ambas actividades, sin embargo vecinos y fruticultores no están de acuerdo, porque ese terreno productivo queda “arrasado”. Otro cambio importante se produce en la vida cotidiana, las torres se instalan cerca de barrios y zonas habitadas, como es una actividad industrial intensiva trabaja las 24 horas del día. Produciendo ruido y vibraciones constantes. Los vecinos relatan la rotura de sus casas y que no pueden dormir de noche, además relatan enfermedades nuevas que aparecieron desde la llegada del fracking. El gobierno provincial y nacional, subsidian actualmente el fracking, en la búsqueda de dólares.
Allen es el primer lugar en territorio rionegrino, pero ya se licitaron grandes zonas para extenderlo al resto de la provincia, también en zona de valles, compitiendo con la economía regional que es la agricultura. Este documental se propone preguntarse que pasa con la llegada del fracking a un lugar. ¿Y qué pasa si se contamina el agua del Rio Negro que alimenta de agua a toda la provincia?.

@invitado-especial Alejo Estrabou

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    El ministro de Seguridad de Martín Llaryora, Juan Pablo Quinteros, salió a cuestionar públicamente decisiones judiciales tras la liberación exprés del vecino que el jueves a la noche, en el marco de un procedimiento policial, asesinó al suboficial Luis Azabal cuando éste ingresaba a la casa del tirador, que era víctima de un asalto.

    En un mensaje cargado de tono político, el funcionario sugirió que algunos fallos generan la percepción de que la ley «no se aplica con la misma vara». El vecino involucrado en el crimen es un empresario habilitado para tener armas. De hecho, poseía un arsenal.

    Las declaraciones de Quinteros llegaron en un momento particularmente sensible: Córdoba será el lunes sede de una nueva reunión del Consejo Federal de Seguridad Interior, el ámbito que reúne a ministros del área de todo el país.

    El encuentro será encabezado por la ministra nacional Alejandra Monteoliva y se espera que también participe el ministro de Interior, Diego Santilli.

    En ese contexto, Quinteros publicó una «reflexión personal» en la que se refirió al crimen del suboficial y apuntó contra decisiones judiciales que, según su mirada, debilitan el mensaje de apoyo hacia las fuerzas de seguridad.

     Decisiones tomadas con esta celeridad, en un caso donde murió un policía en servicio, generan una señal inquietante para quienes tenemos la responsabilidad de conducir la fuerza 

    «Quiero hacer una reflexión personal tras el asesinato del suboficial principal Luis Alejandro Azabal, un hombre de nuestra Policía que perdió la vida cumpliendo su deber», comenzó el ministro. Y enseguida planteó una de las consignas que suelen repetir los sectores más duros de la política criminal: «El que las hace, las paga».

    Pero el corazón de su crítica estuvo en lo que consideró una respuesta judicial demasiado rápida frente a un caso de extrema gravedad. «En este caso, quien comenzó imputado por un delito gravísimo recuperó la libertad en apenas tres horas. Tres horas», remarcó Quinteros.

    Cuando un policía (investigado por su accionar) es tratado con presunción de culpabilidad, mientras quien dispara y mata puede recuperar la libertad en cuestión de horas, existe la percepción de que la ley no se aplica con la misma vara 

    Sin mencionar al fiscal del caso, el ministro sugirió que esa clase de resoluciones generan desconfianza dentro de la fuerza. «Decisiones tomadas con esta celeridad, en un caso donde murió un policía en servicio, generan una señal inquietante para quienes tenemos la responsabilidad de conducir la fuerza», advirtió.

    Quinteros señaló que «cuando un policía (investigado por su accionar) es tratado con presunción de culpabilidad, mientras quien dispara y mata puede recuperar la libertad en cuestión de horas, existe la percepción de que la ley no se aplica con la misma vara».

    Quinteros publicó estas declaraciones tras el sepelio del policía abatido; un mensaje directo al Ministerio Público Fiscal. Aunque el Gobierno provincial exhibe una baja «histórica» en los homicidios, en el horizonte asoma un aumento de la conflictividad social y el postergado debate por la prohibición de los cuidacoches («naranjitas»). 

     

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