En 2013, fruto de la movilización de vecinos y chacareros, se sanciona una ordenanza anti-fracking para evitar que se realice esta actividad en Allen, sin embargo es derogada tres meses más tarde por el superior tribunal de justicia de Rio Negro. Desde ese momento se instalan pozos de fracking en zonas rurales y pegado a barrios humildes, forzando a vecinos y chacras a convivir con muy diversos malestares. Sin embargo establecer algún tipo de acuerdo o acción legal contra las empresas es muy difícil. En 2017 después de un gran derrame en una chacra, se logra que la justicia condene a YPF por contaminación por primera vez.
Luego de la realización del 1er cortometraje documental “ALLEN, ZONA DE SACRIFICIO” estrenado en el año 2019, el realizador Rionegrino Alejo Estrabou en embarcó en la realización de una serie web de 10 capítulos que se estrena en redes a partir dehoy 23 de Agosto. La publicación será de un capítulo estreno por semana.
Sinopsis de la serie: En Allen, un pueblo productor de frutas se impone el fracking en 2013, a pesar de la oposición del pueblo y de conseguir una ordenanza anti-fracking, es derogada luego, por el superior tribunal de justicia de Rio Negro. A casi diez años de la llegada de las torres de fracking a la zona de chacras, la convivencia empieza a ser insostenible. Contaminación del agua, aire y tierra, ruidos molestos, enfermedades, tierra improductiva y un pueblo que económicamente agoniza.
Son diez capítulos que cuentan distintas temáticas de esta convivencia “forzosa” con el fracking a través del relato de vecinos, funcionarios, organizaciones sociales y material de archivo.
Desde 2013 que se instalan las torres, Allen fue cambiando, uno de los cambios significativos es que la gente dejó de consumir agua de red y de pozos, que antes tomaba sin problemas. Otro gran cambio se dio en su economía regional, la fruticultura, Allen es el mayor (o era) exportador de peras de Latinoamérica, cuando llegan las torres, se instalan sobre el terreno de los frutales. Desde el gobierno sostienen que puede convivir ambas actividades, sin embargo vecinos y fruticultores no están de acuerdo, porque ese terreno productivo queda “arrasado”. Otro cambio importante se produce en la vida cotidiana, las torres se instalan cerca de barrios y zonas habitadas, como es una actividad industrial intensiva trabaja las 24 horas del día. Produciendo ruido y vibraciones constantes. Los vecinos relatan la rotura de sus casas y que no pueden dormir de noche, además relatan enfermedades nuevas que aparecieron desde la llegada del fracking. El gobierno provincial y nacional, subsidian actualmente el fracking, en la búsqueda de dólares. Allen es el primer lugar en territorio rionegrino, pero ya se licitaron grandes zonas para extenderlo al resto de la provincia, también en zona de valles, compitiendo con la economía regional que es la agricultura. Este documental se propone preguntarse que pasa con la llegada del fracking a un lugar. ¿Y qué pasa si se contamina el agua del Rio Negro que alimenta de agua a toda la provincia?.
El secretario de Asuntos Estratégicos y virtual número dos de la Jefatura de Gabinete, Ignacio Devitt, impuso el lobby de la tabacalera Massalin Particulares y
logró el gobierno nacional habilite el vapeo.
Tras seis meses como funcionario, el exempleado y lobista de Philip Morris logró destrabar un viejo reclamo de sus antiguos empleadores y consiguió que se derogue la prohibición del cigarrillo electrónico, vigente desde 2011.
Devitt era destrabar el multimillonario negocio del vapeo, una medida que las tabacaleras habían querido colar en la ley Bases. Massalin ya había retomado esta iniciativa a fines de noviembre pasado, cuando a pocos días de que se le venciera el mandato como diputado, Ricardo López Murphy presentó un proyecto de ley para regular el negocio.
Además del vínculo con el Congreso -que es formalmente una de sus tareas-, Devitt activó contactos en las provincias para sumar apoyo político a la avanzada de Philip Morris a favor del vapeo y hasta se metió en la mesa política del gobierno. Pero finalmente no necesitó de una ley del Congreso y Milei le facilitó el trámite con una resolución simple del Ministerio de Salud.
La norma publicada este lunes con la firma de Mario Lugones establece los requisitos para el registro, la comercialización y fiscalización de vapeadores, tabaco calentado y bolsitas de nicotina.
El argumento oficial es que se pasa de un sistema de prohibición a uno de control de productos que igualmente circulan en el mercado de manera ilegal. «La prohibición no logró impedir el acceso ni el consumo de estos productos», deslizaron desde Salud.
Justamente esa habilitación es la que necesitaban las tabacaleras para meterse en un negocio millonario. La única limitante que les puso el gobierno de Milei es que no podrán vender productos con saborizantes, además de incorporar las advertencias sanitarias que tienen los paquetes de cigarrillos.
Una pelea por definir es el impuesto que se cobrará a los cigarrillos electrónicos. Durante el debate por la ley Bases, el proyecto de las tabacaleras incluía un impuesto del 20 por ciento a estos productos, una cifra muy por debajo de lo que tributan las empresas productoras de cigarrillos comunes, el 73 por ciento.
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El documento de 136 páginas en inglés que el FMI publicó el viernes a última hora dejó mucho más que la aprobación técnica del programa argentino. Entre gráficos, notas al pie y observaciones del staff, el organismo expuso una tensión profunda con la estrategia que Santiago Bausili viene ejecutando en el Banco Central.
La lectura que hacen en el mercado es contundente: Washington ya no discute sólo medidas puntuales. Está cuestionando toda la arquitectura monetaria. Detrás del lenguaje técnico hay un mensaje político claro: el Fondo quiere modificar la política cambiaria que hoy administra el Banco Central.
El propio documento plantea que «el marco monetario debería seguir evolucionando para apoyar la desinflación y una mayor flexibilidad cambiaria» y agrega que «la continuidad de la flexibilidad cambiaria» resulta «esencial para reconstruir de manera decisiva los colchones externos». O sea, piden la liberación total del cepo que Bausili se encargó de negar.
También sostiene el documento que «el tipo de cambio continuaría moviéndose de manera flexible dentro de la banda ampliada» y reclama «nuevas mejoras al esquema, incluidos esfuerzos para contener la volatilidad de las tasas de interés».
El informe funciona como una radiografía de las diferencias entre el manual clásico del Fondo y el esquema financiero que utilizó el Gobierno para estabilizar la economía sin detonar una crisis bancaria. El FMI avala el ajuste fiscal y la desaceleración inflacionaria, pero objeta casi todos los instrumentos utilizados para conseguirlos. Tasas negativas, atraso cambiario, controles de capitales y fusión operativa entre el Tesoro y el Banco Central aparecen bajo observación.
El documento remarca que «la política monetaria debería seguir enfocada en apoyar la desinflación» y que serán necesarias «medidas para contener aún más la volatilidad de las tasas de interés y mejorar la transmisión monetaria y la asignación del crédito». A la vez, advierte sobre «vulnerabilidades derivadas de descalces cambiarios y de plazos».
La primera crítica atraviesa la política de tasas. El staff técnico insiste en que una economía con inflación alta necesita tasas reales positivas para sostener la demanda de moneda local. Bausili hizo exactamente lo contrario durante buena parte del programa. Aplicó rendimientos negativos para licuar los pasivos remunerados heredados de las Leliqs y los Pases. La lógica oficial era desactivar la bomba cuasifiscal aunque el costo fuera castigar el ahorro en pesos.
El FMI avala el ajuste fiscal y la desaceleración inflacionaria, pero objeta casi todos los instrumentos utilizados para conseguirlos. Tasas negativas, atraso cambiario, controles de capitales y fusión operativa entre el Tesoro y el Banco Central aparecen bajo observación.
En el Fondo creen que esa estrategia resolvió un problema inmediato pero creó otro más delicado. Según el informe, las tasas negativas trasladan presión hacia el dólar y debilitan la demanda estructural de dinero. Por eso el staff viene reclamando desde hace meses una transición hacia retornos reales positivos y una política monetaria más ortodoxa.
El segundo foco de conflicto es el tipo de cambio. Tras la devaluación inicial de diciembre de 2023, el Banco Central utilizó el crawling peg como ancla antiinflacionaria. Primero al 2% mensual y luego todavía más retrasado frente a la inflación. Para Caputo y Bausili, esa estabilidad cambiaria era indispensable para frenar el pass through y evitar que el ajuste fiscal quedara pulverizado por una nueva escalada de precios. El FMI piensa distinto.
En Washington sostienen que el peso volvió a apreciarse de manera peligrosa y que el atraso cambiario complica la acumulación de reservas genuinas. El documento insiste varias veces con la necesidad de avanzar hacia un esquema más flexible y con menos intervención.
El staff afirma que «el peso se estabilizó, apreciándose alrededor de 13 por ciento en términos reales desde fines de 2025» y advierte que «el tipo de cambio debería actuar como amortiguador frente a shocks». De hecho, el propio Bausili reconoció en el último documento de política monetaria que el plan económico está expuesto a efectos muy graves si ocurre algún shock externo.
La tercera discusión toca un nervio todavía más sensible: la relación entre el Central y el Tesoro. El FMI históricamente defendió la independencia de los bancos centrales para evitar que funcionen como caja financiera de los gobiernos. Pero bajo la conducción de Bausili ocurrió exactamente lo contrario. Economía y el BCRA operan como una estructura integrada. La transferencia de deuda desde el Central hacia Lecaps y LeFi emitidas por el Tesoro fue la señal más evidente de esa fusión de balances.
En el Gobierno celebran esa ingeniería porque permitió limpiar el balance del Banco Central y eliminar emisión monetaria futura. En el Fondo creen que el riesgo simplemente se trasladó desde el BCRA hacia el Tesoro y los bancos comerciales, cada vez más cargados de deuda soberana. El problema no desapareció. Cambió de ventanilla.
En una nota al pie de la página 7, el organismo aclaró que el superávit financiero informado por el Gobierno excluye los intereses capitalizables de los bonos cupón cero, registrados «debajo de la línea». Y agregó un dato demoledor: si se incorpora ese componente, el resultado financiero de 2025 mostraría un déficit cercano al 0,8% del PBI.
El documento insiste en que «el balance del Banco Central y su marco de gobernanza deberían continuar fortaleciéndose». También reclama «fortalecer la independencia de las instituciones de supervisión» y mejorar «los marcos de gobernanza».
Por eso en la City algunos interpretan que el FMI está marcando límites a Bausili. No un pedido explícito de renuncia, pero sí un cuestionamiento integral al funcionamiento del Banco Central. «El Fondo les está diciendo que con este esquema llegaron hasta acá, pero que no quieren seguir así», comentó a LPO un analista del mercado.
El documento también dejó una bomba fiscal escondida en la letra chica. En una nota al pie de la página 7, el organismo aclaró que el superávit financiero informado por el Gobierno excluye los intereses capitalizables de los bonos cupón cero, registrados «debajo de la línea». Y agregó un dato demoledor: si se incorpora ese componente, el resultado financiero de 2025 mostraría un déficit cercano al 0,8% del PBI.
La nota al pie dice textualmente: «Esta medida excluye pagos de intereses de bonos cupón cero, que están registrados debajo de la línea. Incluyendo el componente real de los intereses capitalizados por encima de la línea, el déficit total ascendería a alrededor de 0,8 por ciento del PBI».
La observación cayó especialmente mal en Economía porque perfora el principal relato político de Milei. El Gobierno construyó toda su legitimidad económica alrededor del déficit cero. Pero el propio Fondo dejó asentado que parte de ese equilibrio fiscal se sostiene pateando intereses hacia adelante. El ejercicio de contabilidad creativa aparece escondido en una nota al pie mientras arriba en el textose celebra el superávit como si fuera verdad.
El documento sostiene que «el programa continúa sujeto a riesgos elevados» y reclama «planes de contingencia sólidos». También señala que «las vulnerabilidades siguen elevadas» y menciona específicamente «reservas débiles» y «la falta de acceso sostenido a los mercados internacionales».
Como sea, la publicación del staff report reveló algo más profundo que una discusión técnica. Milei llegó prometiendo destruir el Banco Central. Terminó dependiendo de un Banco Central hiperintervenido, coordinado con el Tesoro y sostenido financieramente por el FMI. Y ahora el organismo que mantiene vivo el programa empezó a exigir cambios justamente en el corazón de ese esquema.
La demora en la difusión completa del acuerdo alimentó todavía las sospechas sobre las diferencias internas. En el mercado recuerdan que Kristalina anunció el entendimiento el 14 de abril, mucho antes que apareciera la letra chica. En despachos oficiales reconocen que durante esas cinco semanas hubo discusiones ásperas sobre reservas, política cambiaria y velocidad de apertura financiera.
La demora en la difusión completa del acuerdo alimentó todavía más las sospechas sobre esas diferencias internas. En el mercado recuerdan que Kristalina Georgieva anunció políticamente el entendimiento el 14 de abril, mucho antes de que apareciera la letra chica técnica. En despachos oficiales reconocen que durante esas cinco semanas hubo discusiones ásperas sobre reservas, política cambiaria y velocidad de apertura financiera.
Ese desfasaje entre el respaldo político y las objeciones técnicas también fue leído como una señal de la tutela creciente de Estados Unidos y el Fondo sobre la política argentina. El propio texto refleja esa lógica, donde la democracia aparece reducida a una variable de riesgo que debe ser administrada para no alterar el plan económico.
El informe menciona «incertidumbres políticas de cara a las elecciones presidenciales de 2027» que podrían «provocar salida de capitales y frenar o revertir el impulso reformista». Además señala que será clave «sostener la continuidad de las políticas y el apoyo social al programa de reformas».
En ese contexto, el documento del viernes funcionó casi como una advertencia. El Fondo avaló el programa, pero dejó asentado que quiere otra política monetaria, otra dinámica cambiaria y otro funcionamiento del Banco Central.
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