CAP. 6 «JUSTICIA» Estreno serie web
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CAP. 6 «JUSTICIA» Estreno serie web

Allen, Zona de sacrificio

En 2013, fruto de la movilización de vecinos y chacareros, se sanciona una ordenanza anti-fracking para evitar que se realice esta actividad en Allen, sin embargo es derogada tres meses más tarde por el superior tribunal de justicia de Rio Negro. Desde ese momento se instalan pozos de fracking en zonas rurales y pegado a barrios humildes, forzando a vecinos y chacras a convivir con muy diversos malestares. Sin embargo establecer algún tipo de acuerdo o acción legal contra las empresas es muy difícil. En 2017 después de un gran derrame en una chacra, se logra que la justicia condene a YPF por contaminación por primera vez.

Luego de la realización del 1er cortometraje documental “ALLEN, ZONA DE SACRIFICIO” estrenado en el año 2019, el realizador Rionegrino Alejo Estrabou en embarcó en la realización de una serie web de 10 capítulos que se estrena en redes a partir dehoy 23 de Agosto. La publicación será de un capítulo estreno por semana.

Sinopsis de la serie:
En Allen, un pueblo productor de frutas se impone el fracking en 2013, a pesar de la oposición del pueblo y de conseguir una ordenanza anti-fracking, es derogada luego, por el superior tribunal de justicia de Rio Negro. A casi diez años de la llegada de las torres de fracking a la zona de chacras, la convivencia empieza a ser insostenible. Contaminación del agua, aire y tierra, ruidos molestos, enfermedades, tierra improductiva y un pueblo que económicamente agoniza.

Son diez capítulos que cuentan distintas temáticas de esta convivencia “forzosa” con el fracking a través del relato de vecinos, funcionarios, organizaciones sociales y material de archivo.

Desde 2013 que se instalan las torres, Allen fue cambiando, uno de los cambios significativos es que la gente dejó de consumir agua de red y de pozos, que antes tomaba sin problemas. Otro gran cambio se dio en su economía regional, la fruticultura, Allen es el mayor (o era) exportador de peras de Latinoamérica, cuando llegan las torres, se instalan sobre el terreno de los frutales. Desde el gobierno sostienen que puede convivir ambas actividades, sin embargo vecinos y fruticultores no están de acuerdo, porque ese terreno productivo queda “arrasado”. Otro cambio importante se produce en la vida cotidiana, las torres se instalan cerca de barrios y zonas habitadas, como es una actividad industrial intensiva trabaja las 24 horas del día. Produciendo ruido y vibraciones constantes. Los vecinos relatan la rotura de sus casas y que no pueden dormir de noche, además relatan enfermedades nuevas que aparecieron desde la llegada del fracking. El gobierno provincial y nacional, subsidian actualmente el fracking, en la búsqueda de dólares.
Allen es el primer lugar en territorio rionegrino, pero ya se licitaron grandes zonas para extenderlo al resto de la provincia, también en zona de valles, compitiendo con la economía regional que es la agricultura. Este documental se propone preguntarse que pasa con la llegada del fracking a un lugar. ¿Y qué pasa si se contamina el agua del Rio Negro que alimenta de agua a toda la provincia?.

@invitado-especial Alejo Estrabou

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    El Banco Nación de Milei, bajo la lupa: quisieron prestar $52.600 millones y trasladaron al gerente que se negó a firmar

     

    Un crédito de más de $52.600 millones para una empresa creada en 2024, sin ingresos declarados y con inconsistencias en sus antecedentes terminó convertido en un escándalo dentro del Banco Nación. El dato político es inevitable: la operación fue impulsada desde la Casa Central en Buenos Aires, durante la administración de Milei, y el gerente que se negó a firmarla denunció presiones y terminó con un traslado a 1.300 kilómetros de su casa. La Justicia frenó la medida. El potencial beneficiario, Mariano Jinkis, acaba de admitir ante la Justicia estadounidense el pago de sobornos en el escándalo FIFAgate.

    Por Roque Pérez para NLI

    Hay una contradicción que atraviesa buena parte de la gestión de Milei: el Gobierno habla permanentemente de eficiencia, austeridad, mérito y cuidado de los recursos públicos, pero cuando se mira el funcionamiento concreto de algunas estructuras estatales aparecen episodios que obligan a formular preguntas mucho más incómodas. El caso que acaba de salir a la luz en el Banco Nación es uno de ellos y tiene una cifra imposible de ignorar: más de $52.600 millones que estuvieron en proceso de evaluación para financiar un emprendimiento inmobiliario en Mar del Plata.

    No se trata de una operación menor ni de una pyme buscando capital de trabajo. Se trataba de un proyecto inmobiliario compuesto por dos torres de 23 y 16 pisos, con 238 unidades funcionales, promovido por Jardines de Chauvín SA, una sociedad constituida en junio de 2024. Según la investigación de Hugo Alconada Mon, la propia auditoría interna del Banco Nación detectó que la empresa no tenía experiencia comprobable en construcción, no presentaba ingresos durante el ejercicio analizado y tenía un balance negativo. Más todavía: en la documentación presentada aparecían como antecedentes obras de 2014, 2017, 2020 y 2021, pese a que la sociedad había sido constituida recién en 2024.

    El Estado que quería prestar $52.600 millones

    El dato que debería encender todas las luces amarillas es que el crédito no comenzó en Mar del Plata porque el empresario hubiera llegado con una carpeta a golpear las puertas del banco. Según una auditoría interna citada por LA NACION, fue un área de la Casa Central del Banco Nación, en Buenos Aires, la que contactó al estudio de arquitectos vinculado con el emprendimiento para conseguir el contacto de Jardines de Chauvín. El banco ofrece otra versión sobre el origen de la relación, pero la propia auditoría dejó registrado que el proceso se inició desde Buenos Aires.

    Es decir, la discusión no es solamente por quién pidió el préstamo. Lo verdaderamente relevante es quién dentro de la estructura estatal tomó la decisión de avanzar, quién evaluó el proyecto y por qué una operación de semejante magnitud llegó hasta las instancias superiores del banco cuando existían elementos que ya generaban dudas.

    Durante 2025, funcionarios de la entidad consideraron que el proyecto tenía una “factibilidad financiera favorable” y una capacidad de repago consistente. Inicialmente se hablaba de unos $35.600 millones, pero una tasación externa ubicó el valor del emprendimiento en US$35,6 millones, equivalente entonces a unos $52.638 millones.

    Y aquí aparece una de las partes más llamativas del expediente: mientras el proceso avanzaba desde Buenos Aires, el gerente de la Gerencia Zonal Atlántica, Pablo Pourrere, empezó a plantear objeciones. Cuestionó los antecedentes de la empresa, observó su situación económica y pidió una evaluación externa.

    También apareció otro dato sensible. El principal accionista de Jardines de Chauvín era Mariano Jinkis, dueño del 90% de la sociedad. Jinkis y su padre, Hugo, habían quedado involucrados en el escándalo internacional FIFAgate y el 26 de agosto de este año admitieron ante la Justicia estadounidense haber pagado sobornos a dirigentes del fútbol sudamericano entre 2010 y 2015. El acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense contempla un pago de US$50 millones.

    Ante ese antecedente, la Subgerencia General de Integridad del propio Nación había recomendado aplicar un “criterio reforzado de debida diligencia” antes de avanzar con la operación.

    Pero el problema es que esa advertencia no llegó inmediatamente al gerente que debía analizar el crédito. El informe fue elaborado el 19 de febrero y, según la investigación, recién llegó a Pourrere el 26 de marzo.

    El gerente dijo que no y después llegó el traslado

    La secuencia es la que convierte un expediente crediticio en un problema político.

    El 3 de marzo, desde el área de Productos Hipotecarios de Buenos Aires enviaron a Pourrere un modelo de resolución para avanzar con el crédito. La instrucción pedía continuar con la propuesta formal para el cliente, incluyendo incluso la apertura de cuentas y otros productos bancarios.

    Pourrere se negó a firmar.

    Pocos días después comenzó otro capítulo: el gerente fue notificado de su traslado a una sucursal de menor categoría en Reconquista, Santa Fe, a unos 1.300 kilómetros de Mar del Plata. La resolución del Directorio estaba fechada el 20 de febrero, antes de la negativa formal, un argumento que el Banco utiliza para rechazar cualquier relación entre ambas cuestiones. Pero Pourrere denunció presiones y sostuvo que el traslado constituía una represalia por haberse negado a impulsar la operación.

    Aquí es donde el caso adquiere una dimensión que excede al Banco Nación: ¿qué mensaje recibe un funcionario público cuando formula objeciones frente a una operación millonaria y poco después se encuentra con un traslado que lo aleja 1.300 kilómetros de su familia?

    El Banco sostiene que ambos procesos fueron independientes. La Justicia, por ahora, no cerró esa discusión, pero sí consideró que había elementos suficientes para suspender el traslado. El juez federal subrogante de Mar del Plata, Bernardo Bibel, señaló que la medida, “prima facie”, no parecía estar debidamente fundada en razones objetivas y técnicas y tomó en consideración las inconsistencias detectadas en la operación, las presuntas presiones y las observaciones de la propia auditoría interna.

    El discurso libertario frente a la caja del Estado

    Y acá aparece el problema político para Milei.

    El Banco Nación no es una entidad privada. Es una institución estatal que administra recursos públicos. Por eso, aunque todavía no exista ninguna prueba que permita afirmar que el Presidente haya intervenido personalmente en esta operación, sí resulta absolutamente legítimo preguntarle al Gobierno qué controles políticos y administrativos existen sobre lo que ocurre dentro de una institución estratégica que forma parte del aparato estatal nacional.

    Más todavía cuando el relato oficial de La Libertad Avanza construyó buena parte de su identidad política alrededor de una supuesta superioridad de la gestión privada sobre el Estado, de la eliminación de la “casta”, de la eficiencia y de la reducción del gasto público.

    El episodio del Nación expone una paradoja difícil de esconder: el mismo Estado que el mileísmo presenta como ineficiente cuando tiene que garantizar derechos sociales aparece, en este expediente, intentando canalizar decenas de miles de millones de pesos hacia un emprendimiento privado.

    Y no hacia cualquier empresa. Hacia una sociedad creada apenas dos años antes, sin ingresos declarados en el ejercicio analizado, con antecedentes documentales que despertaron objeciones y cuyo principal accionista acaba de admitir ante la Justicia norteamericana el pago de sobornos vinculados al fútbol internacional.

    El crédito finalmente fue rechazado. Y ese dato es importante. No hay que decir que los $52.600 millones fueron entregados porque no lo fueron. Pero tampoco alcanza con decir que “no pasó nada” porque el dinero nunca salió.

    Pasó que la Casa Central impulsó la operación. Pasó que hubo funcionarios que evaluaron favorablemente el proyecto. Pasó que aparecieron inconsistencias. Pasó que un informe de integridad recomendó extremar los controles. Pasó que documentación clave llegó con semanas de demora. Pasó que desde Buenos Aires se pidió avanzar con la propuesta formal. Pasó que un gerente se negó a firmar. Pasó que ese gerente recibió una orden de traslado a 1.300 kilómetros de distancia. Pasó que denunció presiones. Pasó que el propio Banco abrió una auditoría. Y pasó que esa auditoría encontró “deficiencias”, “inconsistencias”, debilidades documentales y ausencia de evidencia sobre experiencia comprobable en construcción.

    Finalmente, el 18 de mayo, el propio Banco Nación terminó rechazando el financiamiento por cuestiones vinculadas con el riesgo reputacional y de integridad.

    Por eso, el interrogante político no debería reducirse a si “Milei ordenó el crédito”, porque eso no está probado. La pregunta es mucho más seria: ¿cómo funciona el Banco Nación bajo la administración de Milei para que una operación de más de $52.600 millones pueda avanzar hasta semejante instancia pese a las objeciones internas que ya estaban planteadas?

    Porque si el Gobierno pretende convencer a los argentinos de que el Estado debe retirarse de todo aquello que pueda hacer el sector privado, entonces tendrá que explicar también por qué la estructura estatal que administra el dinero de todos llegó a evaluar con semejante entusiasmo un crédito multimillonario para un emprendimiento privado rodeado de advertencias.

    Y si la respuesta oficial es que los controles funcionaron porque finalmente el crédito fue rechazado, queda otra pregunta todavía más incómoda: ¿por qué fue necesario que un gerente se plantara, que aparecieran denuncias de presiones, que interviniera la Justicia y que una auditoría interna detectara inconsistencias para que esos controles terminaran funcionando?

    En el Banco Nación de Milei, por ahora, los $52.600 millones no salieron. Pero el expediente dejó algo mucho más difícil de esconder: una radiografía de cómo se toman algunas decisiones dentro del Estado que el Gobierno dice querer hacer desaparecer.

     

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    Así como las afirmaciones terraplanistas no modifican el hecho de que la Tierra sea redonda, así como los movimientos antivacunas no cambian la naturaleza contagiosa del Covid, el conservadurismo cultural, expresado hoy por fuerzas como las que lideran Javier Milei y Donald Trump, no modifica esta realidad: las sociedades humanas son constitutivamente diversas, heterogéneas y desiguales; en todas las comunidades humanas, pero aun más en aquellas donde existen el dinero y el Estado, hay multiplicidades y hay disparidades.

    Qué hacer con esta diversidad es un debate que viene concentrando la mayor parte de la historia ideológica, filosófica y política, y que por supuesto no está saldado. Dentro de estas controversias, uno de los capítulos centrales es el concepto de libertad, que ha sido utilizado por la extrema derecha como una de sus banderas. Para los conservadores, hoy llamados libertarios, la libertad se basa en la idea de que somos todos iguales: un rico y un pobre son consecuencia del modo distinto en que cada uno usó sus posibilidades. En esta mirada, la desigualdad fáctica es una consecuencia de una igualdad ontológica. Para las corrientes conservadoras, la libertad agiganta desigualdades. El rol del Estado, además de garantizar seguridad y justicia, debe ser restringir la diversidad: el Estado, que no debería cobrar impuestos, sí debe decretar que hay dos géneros, que la familia debe estar constituida de cierta manera y que las mujeres no pueden disponer de sus cuerpos.

    Desde una mirada democrática y progresista que asume que las sociedades son por naturaleza diversas, en cambio, la igualdad es algo a construir. Pero esa perspectiva hoy está a la defensiva. A través de una serie de subterfugios de ingenieros del caos, la posición histórica que conjuga liberalismo cultural, pluralismo político y justicia social ha sido estigmatizada como “woke” o “progresista”. La expresión “woke” surgió en Estados Unidos, un territorio de alta intensidad en la batalla cultural, en referencia a “despertar” (awake) ante la discriminación (“despierto” en el sentido de “concientizado”); pero hoy se usa de modo despectivo, que es la connotación que le dio Milei en su discurso en Davos. Como si las personas que descienden de esclavos o de pueblos originarios, como si las mujeres, que hasta hace setenta años no podían votar, hoy, justamente porque se reconocieron algunas de esas desigualdades, contaran con privilegios.

    La derecha conservadora está presente en distintas corrientes políticas, del mismo modo que la corriente que defiende las diversidades está presente –aunque no de modo uniforme– en partidos distintos. En Argentina, el peronismo, el radicalismo, el socialismo y la izquierda cuentan entre sus integrantes con personas que defienden este punto de vista. Se trata de una corriente que busca principalmente dos metas: que las personas y los grupos sean cada vez más libres, y que esa libertad se sostenga en formas igualitarias que la hagan real y no puramente declarativa o formal. Es una corriente de opinión que pone en escena grandes tradiciones culturales de la modernidad, heredadas de la Revolución Francesa y la Estadounidense, y que no tiene una única posición en materia de desarrollo económico, justicia distributiva o lucha por la igualdad. Ese “progresismo” no está en contra de ninguna religión, pero sí lucha por una separación completa de cualquier religión y del Estado. Ninguna ley puede sustentarse en creencias religiosas. Pero sí debe haber leyes que, por motivos universalistas, exijan el respeto de todas las religiones. Esta perspectiva, sometida hoy a una fuerte ofensiva, merece una reflexión autocrítica.

    Acerca de la autocrítica

    La hegemonía cultural de la extrema derecha impacta en el campo progresista. ¿Los movimientos por la libertad de las diversidades se “pasaron de rosca”? La ofensiva cultural de Milei y las derechas extremas, la derrota electoral del peronismo y los niveles de inflación y pobreza que dejó el gobierno de Alberto Fernández han planteado ese debate. ¿Hay una incidencia de la lucha por las diversidades en el oscurantismo que estamos viviendo hoy? ¿No habremos ido demasiado lejos? ¿Se puede seguir sosteniendo la defensa del colectivo LGTBQi+ en el contexto actual?

    Los procesos sociales y políticos siempre son imperfectos. Conocer esas imperfecciones, practicar la autorreflexión, es clave para mejorarlos. Por otro lado, se trata de movimientos profundos y de larga duración. En Argentina, por ejemplo, el movimiento masivo de mujeres de los últimos años comenzó en 2015 con el “Ni Una Menos”, una gigantesca movilización contra la violencia de género. ¿Frenar el reclamo contra los asesinatos de mujeres hubiera sido “menos radicalizado”? Y hoy, ¿qué está más vigente? ¿El reclamo de que no mueran más mujeres por el hecho de ser mujeres o la propuesta oficial de retirar del Código Penal el agravante por femicidio?

    La autocrítica no equivale a autoflagelación; debe ser una reflexión sobre prácticas y políticas que nos implican. Entre las múltiples causas que produjeron esta nueva etapa histórica global de las derechas extremas están, en efecto, los profundos déficits de la izquierda, la centroizquierda y los partidos tradicionales. Pero no coincido con quienes, subidos a la marea reaccionaria, afirman que la culpa es del progresismo, de un supuesto “wokismo” o de una “excesiva” ampliación de derechos civiles. Ese argumento puede terminar en diputados que voten con Milei regresiones culturales o puede llevar a un catolicismo de gobierno en contra de la libertad de las personas y los grupos. Empieza cuestionando el DNI no binario y termina aboliendo el divorcio.

    Pero entonces, ¿cuáles son esos errores de la izquierda? Si hubiera que elegir uno, diría lo siguiente: mientras las vocaciones igualitarias y de justicia social se tornaban cada vez más difíciles de lograr, en gran parte por no tener una alternativa concreta al capitalismo neoliberal, la izquierda avanzó con leyes y políticas tendientes a garantizar derechos civiles. Dependiendo de los países, se avanzó en materia de identidad de género, aborto, discriminación positiva, educación sexual, matrimonio igualitario, derechos de los pueblos originarios y los migrantes. Cuantas más dificultades aparecían en materia económica y social, cuanto más complicado se hacía sostener el horizonte de movilidad social, más se acentuaron estos derechos como compensación.

    La autocrítica no equivale a autoflagelación: debe ser una reflexión sobre prácticas y políticas que nos implican.

    Ese fue el gran problema. Las libertades civiles no pueden compensar el fracaso económico o social. Si son las únicas banderas que se agitan cuando se desfinancia el Estado de Bienestar, se retiran regulaciones públicas o se producen escaladas inflacionarias, como en el caso argentino, se corre el riesgo de que las fuerzas democráticas queden reducidas y debilitadas. Los límites para corregir o superar el neoliberalismo los terminan pagando los avances en materia de diversidad o pluralismo.

    Mi primera tesis es que, frente a quienes creen que la ampliación de libertades favoreció a la derecha extrema, creo que su causa es el fracaso económico.

    En segundo lugar, la cuestión de los particularismos. Mientras Martin Luther King buscó cambios que mejoraran la desigualdad estructural de la sociedad norteamericana, muchas políticas de la identidad del siglo XXI se concentraron en derechos particulares. Y es difícil pedirles algo más que simpatía pasiva o inactividad a quienes no están directamente involucrados en la conquista de un derecho. Esto no implica que movimientos como “Ni Una Menos”, “Black Lives Matter” o la “Marcha anti-fascista” de febrero de 2025 no hayan sido señales contundentes en la dirección correcta, sino simplemente llamar la atención sobre cuál puede ser el alcance de esas convocatorias.

    Algo similar ocurre con el “lenguaje inclusivo”. Se trata de un cambio cultural crucial, que busca ampliar libertades e incluir diversidades. Pero debe expandirse a partir de la posibilidad, no como imposición. Los mayores fracasos del cambio cultural ocurrieron cuando se pretendió imponer a través de prescripciones. El liberalismo cultural busca ampliar, no restringir, las posibilidades de las personas.

    El caso de las cuotas

    Muchas veces, en lugar de luchar por cambiar una legislación, una política o un presupuesto, las reivindicaciones progresistas se enfocaron en personas concretas: los varones blancos, incluyendo casos de punitivismo extra-judicial, como escraches a adolescentes, altamente polémicos. En aquellos casos, hubo voces feministas potentes que alertaron que el feminismo no surgió para cambiar al dueño del poder del patriarcado, sino para modificar un tipo de poder y de dominación. El punitivismo y la cultura de la cancelación fueron algunos de los errores más graves. Pero no es verdad que sean inherentes a los reclamos por la diversidad y la libertad: fueron casos minoritarios en causas justas.

    Detrás de este tipo de cuestiones aparece un problema que vale la pena debatir a futuro: la tensión entre lo particular y lo universal. Si cada uno de los grupos discriminados reclamara sólo para sí mismo, si todo se tradujera en una simple cuota por grupo, a largo plazo se terminarían socavando algunos de los consensos culturales necesarios para mantener las políticas de acción afirmativa. Un ejemplo es el de las universidades. En la mayoría de los países del mundo existe un sistema de examen de ingreso a la universidad y cupos por carrera. Al observar las universidades se hacía evidente que la abrumadora mayoría de los alumnos eran varones blancos. Eso llevó a reclamar políticas de cuotas raciales, étnicas y nacionales, como las que se terminaron concretando en Estados Unidos y Brasil. Este sistema garantizaba una mayor presencia de diversidades, restando lugares a los blancos. Pero, ¿qué quedaba, por ejemplo, para los blancos pobres? ¿Quién se preocupó de su situación? En muchos casos fueron los grandes olvidados, lo que contribuyó a que volcaran su respaldo a fuerzas políticas conservadoras que dicen defenderlos. ¿Qué hubiera ocurrido si se hubiera incluido una cuota general para los estudiantes de colegios públicos de bajos recursos en el ingreso a la universidad? Mientras en un terreno puramente cultural la especificidad por grupo es adecuada, en cuotas vinculadas a desigualdades puede no producir las consecuencias buscadas.

    En un mundo dominado por la incertidumbre económica, en el que se achican los recursos públicos, muchos países optaron por un modelo de cuotas para asegurar la presencia de los grupos discriminados no sólo en el acceso a la universidad sino también al empleo público –y en ocasiones al empleo privado–. Esto implica que los logros de la ampliación hacia los sectores discriminados se hicieron sobre la base de una reducción relevante de la participación de los sectores anteriormente privilegiados. Y esta estrategia, correcta desde un punto de vista filosófico, se topa con un problema político. Las personas de carne y hueso que se ven afectadas, que no logran ingresar a la universidad o no consiguen empleo, se van pasando en masa al ejército del “contragolpe cultural”, esperando el surgimiento de un Trump, un Milei o cualquier otro líder que proponga revertir la situación.

    Se trata de un error recurrente del progresismo: no percibir el dolor de las víctimas de sus políticas, y no elaborar una respuesta. Mi punto es sencillo: si se presuponen las restricciones económicas, como de hecho las aceptaron la mayoría de las fuerzas de centroizquierda en Europa y América, que los perdedores de la discriminación positiva pasen al otro lado es inexorable. Pero si se cuestiona un modelo que reduce los impuestos a la riqueza y desfinancia al Estado, y se usa ese dinero para ampliar el acceso a la universidad y el empleo, logrando mejorar la diversidad sin afectar drásticamente los espacios previos, la base política de la derecha extrema quedará reducida. Es cierto que esto no es posible para los varones privilegiados, que inexorablemente se verán afectados: será necesario pensar una política cultural específica para ellos.

    La defensa de la libertad

    Estamos ante un feroz ajuste a las libertades y es urgente emprender una fuerte defensa de políticas por la libertad basada en igualdades. La libertad, convertida en el eslogan hueco de la extrema derecha, no puede ser resignada por las fuerzas democráticas y progresistas. El principio básico de la lucha por la libertad es maravilloso: que las personas y los grupos puedan autorrealizarse en todas las dimensiones de la vida. Esto incluye su identidad de género, étnica, nacional, local, religiosa, así como su libertad de expresión, en la familia, en el trabajo…

    Esas libertades tienen un requisito: un piso de igualdad, porque quien sufre desnutrición no puede ser libre, quien no puede acceder a la escuela no puede ser libre. Una comunidad libre es aquella que garantiza un piso de igualdad para todos sus miembros.

    Los libertarios conservadores de la extrema derecha afirman que ser iguales es que cada uno se las arregle como pueda. Es una propaganda basada en la negación de la historia tal como sucedió. Los esclavos existieron hasta el siglo XIX bajo el imperio de la ley, y los afrodescendientes continúan siendo discriminados en prácticamente todos los países de América y Europa hasta hoy. La conquista colonial existió. El patriarcado y la desigualdad de géneros existieron… y todavía existen. En muchos países las mujeres votan recién desde hace algunas décadas. Y en la mayoría de los países europeos y americanos jamás hubo una presidenta o una primera ministra mujer. El capitalismo, por su parte, tiene mecanismos poderosos para reproducir la desigualdad de clases entre generaciones: a través de la herencia y también de la “herencia de clase”. La mayoría de los hijos de personas pobres son pobres. La movilidad social ascendente está en crisis en la mayoría de los países, y los mecanismos sociales que la hacían posible se están debilitando a un ritmo vertiginoso. Los libertarios conservadores quieren liquidar esos mecanismos, del mismo modo que se proponen atacar las leyes que tienden a asegurar libertades vinculadas a la diversidad y la disidencia. Esto implicará también contrarrestar su ofensiva individualista poniendo en valor la solidaridad, lo común y lo público. Enfrentar políticamente aquel proyecto exige autorreflexión y determinación.

     

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