En 2013, fruto de la movilización de vecinos y chacareros, se sanciona una ordenanza anti-fracking para evitar que se realice esta actividad en Allen, sin embargo es derogada tres meses más tarde por el superior tribunal de justicia de Rio Negro. Desde ese momento se instalan pozos de fracking en zonas rurales y pegado a barrios humildes, forzando a vecinos y chacras a convivir con muy diversos malestares. Sin embargo establecer algún tipo de acuerdo o acción legal contra las empresas es muy difícil. En 2017 después de un gran derrame en una chacra, se logra que la justicia condene a YPF por contaminación por primera vez.
Luego de la realización del 1er cortometraje documental “ALLEN, ZONA DE SACRIFICIO” estrenado en el año 2019, el realizador Rionegrino Alejo Estrabou en embarcó en la realización de una serie web de 10 capítulos que se estrena en redes a partir dehoy 23 de Agosto. La publicación será de un capítulo estreno por semana.
Sinopsis de la serie: En Allen, un pueblo productor de frutas se impone el fracking en 2013, a pesar de la oposición del pueblo y de conseguir una ordenanza anti-fracking, es derogada luego, por el superior tribunal de justicia de Rio Negro. A casi diez años de la llegada de las torres de fracking a la zona de chacras, la convivencia empieza a ser insostenible. Contaminación del agua, aire y tierra, ruidos molestos, enfermedades, tierra improductiva y un pueblo que económicamente agoniza.
Son diez capítulos que cuentan distintas temáticas de esta convivencia “forzosa” con el fracking a través del relato de vecinos, funcionarios, organizaciones sociales y material de archivo.
Desde 2013 que se instalan las torres, Allen fue cambiando, uno de los cambios significativos es que la gente dejó de consumir agua de red y de pozos, que antes tomaba sin problemas. Otro gran cambio se dio en su economía regional, la fruticultura, Allen es el mayor (o era) exportador de peras de Latinoamérica, cuando llegan las torres, se instalan sobre el terreno de los frutales. Desde el gobierno sostienen que puede convivir ambas actividades, sin embargo vecinos y fruticultores no están de acuerdo, porque ese terreno productivo queda “arrasado”. Otro cambio importante se produce en la vida cotidiana, las torres se instalan cerca de barrios y zonas habitadas, como es una actividad industrial intensiva trabaja las 24 horas del día. Produciendo ruido y vibraciones constantes. Los vecinos relatan la rotura de sus casas y que no pueden dormir de noche, además relatan enfermedades nuevas que aparecieron desde la llegada del fracking. El gobierno provincial y nacional, subsidian actualmente el fracking, en la búsqueda de dólares. Allen es el primer lugar en territorio rionegrino, pero ya se licitaron grandes zonas para extenderlo al resto de la provincia, también en zona de valles, compitiendo con la economía regional que es la agricultura. Este documental se propone preguntarse que pasa con la llegada del fracking a un lugar. ¿Y qué pasa si se contamina el agua del Rio Negro que alimenta de agua a toda la provincia?.
Un decreto publicado este martes modifica el mecanismo creado en 2003 para la designación de integrantes de la Corte Suprema, el Procurador General y el Defensor General. Aunque el Gobierno sostiene que busca agilizar los plazos, la decisión reaviva el debate sobre el equilibrio entre el Poder Ejecutivo y el control democrático que ejerce el Senado.
Por Ramiro C. Ferrante para NLI
La publicación de hoy del Decreto 467/2026 no pasa inadvertida en el mundo judicial ni en los pasillos de la política. La norma modifica varios artículos del Decreto 222/03, el procedimiento impulsado hace más de dos décadas para dotar de mayor publicidad y participación ciudadana a la designación de ministros de la Corte Suprema, Procurador General y Defensor General de la Nación.
La principal novedad es que el Poder Ejecutivo queda obligado a publicar, dentro de un plazo máximo de treinta días desde que se produzca una vacante, el nombre y los antecedentes de las personas que estén siendo consideradas para ocupar el cargo. La difusión deberá realizarse durante tres días en el Boletín Oficial y en la página del Ministerio de Justicia.
Un cambio que acelera los tiempos políticos
Hasta ahora, el decreto de 2003 regulaba el procedimiento de publicidad y participación, pero no establecía un límite temporal tan preciso para que el Ejecutivo iniciara formalmente el proceso. Con la modificación, el Gobierno busca transmitir la idea de que las vacantes no podrán permanecer indefinidamente sin un candidato oficial.
La norma también endurece las exigencias de transparencia para los postulantes. Además de la declaración patrimonial prevista por la Ley de Ética Pública, deberán presentar una declaración detallando las asociaciones civiles y sociedades de las que forman o formaron parte, los estudios jurídicos donde trabajaron y la nómina de clientes o contratistas de los últimos ocho años, en la medida permitida por las normas de ética profesional.
El texto fundamenta estas modificaciones afirmando que la designación de magistrados constituye «un acto institucional complejo» en el que el Senado cumple la función de controlar públicamente la idoneidad de los candidatos y garantizar la representación federal prevista por la Constitución. El propio decreto reconoce expresamente ese papel de la Cámara alta.
El impacto político detrás del cambio
Más allá del contenido técnico, el decreto llega en un contexto de fuerte disputa por la integración de la Corte Suprema y por el funcionamiento del Ministerio Público.
La decisión puede interpretarse como una señal de Milei de que pretende acelerar futuras nominaciones y evitar que las vacantes permanezcan abiertas durante largos períodos, especialmente en un escenario donde la negociación parlamentaria se volvió uno de los principales obstáculos para el Gobierno.
Sin embargo, el decreto no modifica el requisito constitucional más importante: los candidatos siguen necesitando el acuerdo del Senado, por lo que el Ejecutivo no obtiene una vía alternativa para completar los nombramientos.
En términos políticos, el Gobierno intenta instalar un discurso de mayor transparencia y rapidez administrativa, mientras que la oposición probablemente pondrá el foco en la oportunidad elegida y en la posibilidad de que el nuevo esquema funcione como un mecanismo para presionar sobre futuras negociaciones judiciales.
Una reforma limitada pero con alto contenido simbólico
El Decreto 467/2026 no altera la Constitución ni elimina instancias de participación ciudadana. Tampoco modifica el control legislativo sobre las designaciones. Su alcance es reglamentario y reorganiza los plazos y la información que deberán presentar los candidatos.
Sin embargo, en un escenario donde la integración de la Corte Suprema se convirtió en uno de los ejes centrales de la disputa institucional, cualquier cambio en el procedimiento adquiere una dimensión política mucho mayor que su contenido administrativo.
La decisión de fijar un plazo de treinta días para iniciar el proceso de cobertura de vacantes y ampliar las declaraciones juradas de los postulantes puede ser presentada como una medida de transparencia, pero también funciona como un mensaje político: el Gobierno busca marcar el ritmo de una discusión que inevitablemente terminará otra vez en el Senado y en el centro del debate público.
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El último adiós al Indio Solari logró lo que parecía imposible. Ordenar, aunque sea por 48 horas, a Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Jorge Ferraresi detrás de una misma urgencia. La despedida pública del músico se realizará este domingo 7 de junio, desde las 11, en el Polideportivo Municipal José María Gatica, dentro del Parque de los Derechos del Trabajador, más conocido como Parque Domínico, en Villa Domínico, Avellaneda.
El predio está ubicado sobre Avenida Bartolomé Mitre al 5000. Allí se montará una ceremonia que, según estiman los organizadores, podría extenderse durante 48 horas. La familia pidió que nadie quede sin la posibilidad de despedirse. El dato no es menor: se espera una movilización de escala histórica para la cultura popular argentina.
La seguridad quedó en manos del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. El operativo es coordinado por el ministro Javier Alonso y, según confiaron fuentes del armado, por la conducción de la Policía Bonaerense encabezada por el comisario mayor Javier Villán. Al realizarse en Avellaneda, la Provincia y el municipio asumieron la responsabilidad operativa completa del evento.
El despliegue será enorme. La provincia dispuso más de 1.500 policías bonaerenses fijos en las inmediaciones del Parque Domínico. Habrá personal de Caballería, Infantería y Bomberos. También postas sanitarias, puntos de hidratación y baños químicos. La prioridad es evitar que la marea ricotera se transforme en una encerrona.
Los operarios municipales terminaron de colocar un vallado perimetral sobre Avenida Mitre. La idea es encauzar las filas peatonales y ordenar el ingreso de los fanáticos. El recuerdo inmediato fueron los desbordes del viernes en Parque Leloir, cuando miles de seguidores se acercaron a la casa del músico apenas se conoció su muerte.
La seguridad quedó en manos del Ministerio de Seguridad de la provincia. El operativo es coordinado por el ministro Javier Alonso y, según confiaron fuentes del armado, por la conducción de la Policía Bonaerense encabezada por el comisario mayor Javier Villán. Al realizarse en Avellaneda, la Provincia y el municipio asumieron la responsabilidad operativa completa del evento.
El municipio decretó cortes totales de tránsito en los alrededores del predio. El acceso principal se ordenará desde la zona de Avenida Mitre y General Otero. En Avellaneda comparan la logística con un operativo «superior al de un Superclásico». La frase circuló entre los organizadores como advertencia y como orgullo municipal.
La elección de Villa Domínico tuvo una razón política y otra práctica. El predio está a pocas cuadras de la estación del Tren Roca. Eso permite que las columnas que lleguen desde Constitución y desde el Conurbano sur ingresen de manera directa. No hay que cruzar media ciudad ni montar un rompecabezas imposible de micros, combis y autos particulares.
Seguidores del Indio Solari este viernes por la noche en Plaza de Mayo.
Pero la mudanza del velatorio a la provincia de Buenos Aires se destrabó por una negociación política veloz. Participaron Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Jorge Ferraresi, en diálogo con la familia del Indio. Cada uno ocupó un lugar distinto en una escena cargada de sensibilidad popular y de cálculo político.
La Gobernación bonaerense y la AFA ya habían evaluado alternativas para absorber el despliegue. En esa mesa se barajaron el Estadio Único de La Plata y la cancha de Racing. Pero fue la familia la que descartó que la despedida se hiciera en un estadio de fútbol.
«No es que no querían hacer el velorio en una cancha. Lo que no quería era la utilización política de la AFA. Para ellos, la garantía era que Máximo participara de la decisión del lugar y lo estaban dejando afuera», dijo a LPO una fuente que siguió de cerca las conversaciones. La frase resume el corazón del acuerdo: la familia no quería una puesta en escena ajena.
La Gobernación bonaerense y la AFA ya habían evaluado alternativas para absorber el despliegue. En esa mesa se barajaron el Estadio Único de La Plata y la cancha de Racing. Pero fue la familia la que descartó que la despedida se hiciera en un estadio de fútbol.
Máximo Kirchner fue el nexo con el círculo íntimo del músico. Tras confirmarse la muerte del Indio, se acercó a la casa de Parque Leloir para acompañar a Virginia, la viuda, y a Bruno, el hijo del cantante. Desde ahí quedó ubicado como interlocutor de confianza de la familia. En ese rol transmitió las condiciones del entorno.
El jefe de La Cámpora también fue quien movió las primeras fichas. Primero se comunico con Axel Kicillof y despues llamó al intendente de Avellaneda, según reconstruyeron fuentes cercanas a la negociación
El intendente de Avellaneda ofreció el Polideportivo Gatica. Fue la contraoferta que terminó de ordenar el tablero. Ferraresi mostró que el predio tenía un perímetro cerrado, accesos simples, cercanía con el tren y una avenida amplia para contener filas largas. Era menos épico que una cancha, pero bastante más gobernable.
El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi.
Kicillof puso el blindaje institucional y financiero. Con la Casa Rosada afuera de la organización y con el Congreso descartado por el presidente de la Cámara de Diputados Martin Menem, el gobernador bonaerense habilitó toda la estructura provincial. La orden fue clara: si la familia elegía Avellaneda, la Provincia ponía seguridad, recursos y logística.
El detalle político es que los tres dirigentes arrastran diferencias profundas. Kicillof, Máximo y Ferraresi vienen de tensiones por el armado electoral, el control del PJ bonaerense y el reparto de poder territorial. Sin embargo, la muerte del Indio abrió una tregua rara. Una de esas que sólo ocurren cuando la calle ordena más que las candidaturas electorales.
En el fondo, el velatorio funciona como una postal del conurbano político. Un artista que evitó durante décadas la domesticación institucional tendrá una despedida organizada por el Estado provincial, un intendente del sur y el dirigente que la familia eligió como garantía. El pueblo ricotero caminará detrás de su propio santo laico, mientras la dirigencia intenta que el río no desborde.
Durante dos días, Avellaneda será el centro de una ceremonia civil gigantesca. No habrá escenario ni pogo autorizado. Habrá filas, vallas, policías, trenes llenos, banderas gastadas y canciones cantadas como contraseña. El Indio se va en territorio bonaerense, con el peronismo haciendo de acomodador de una multitud que nunca necesitó permiso para existir.
El sábado 17 de mayo de 2025 a las 18:00 horas, en la sede de la Biblioteca Popular Mariano Moreno de Villa Regina, ubicada en Monseñor Esandi 44, se realizara la Asamblea General Ordinaria (Fuera de Término) para considerar la aprobación de los Ejercicios N° 88 (2022-2023) y N° 89 (2023-2024). Difunde esta nota
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