En el marco de la campaña de forestación impulsada por la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Villa Regina, se comenzó con la distribución de las estacas de sauce llorón y de podos de rosas a juntas vecinales e instituciones de la ciudad.
En la mañana de este jueves, el Secretario de Coordinación Ariel Oliveros junto al Director del área Hugo Curzel procedieron a la entrega de los mismos en loteo de la Asociación Civil ‘Hogar’, ARA San Juan, El Frutillar, La Unión, Antártida, Tierra del Fuego, Businelli, Nuevo, Melipal, Don Bosco, 86 Viviendas.
En total se distribuyen más de 1000 plantas, entre sauce llorón y rosas.
¿Cómo se organiza la lista de vacunación en Villa Regina? El vacunatorio de Villa Regina se organiza por edad (más allá de las listas que puedan llegar de los organismos provinciales como el Ministerio de Educación, etc.)Primero se vacunaría a mayores de 80, luego de 70 y decreciendo. ¿Quiénes son consideradas personas con factores de…
El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti advirtió que existe un «entramado muy complejo» en el ámbito de Rosario que no se agota con el delincuente que está en la cárcel. Adujo que se debe apuntar hacia quienes le brindaron protección. En ese sentido, envió un claro mensaje a los integrantes de la Justicia que «honran» su cargo y afirmó que «los que no honran el cargo deben merecer el condigno castigo».
El titular del máximo tribunal dijo esto en un contexto muy significativo que no solo incluye a los sectores que omitieron o suavizaron la persecución a los factores de la violencia. Con sus palabras también posó la mirada en el sector empresarial que en los últimos años sacó todo tipo de ventajas con el blanqueo de dinero de origen delictivo. Lo que no solo conecta con el narcotráfico.
Justamente esta semana cinco fiscales federales avanzaron con detenciones que dejan al desnudo una formidable y sistemática maquinaria de blanqueo de dinero que tuvo eje en el puerto concesionado de Rosario. Y que muestra cómo empresarios y profesionales del establishment rosarino sacaron provecho con el traspaso de acciones hacia sociedades fantasma para lavar activos trasnacionales, promovidos por los adjudicatarios de la concesión de Terminal Puerto Rosario (TPR), la empresa Puerto de Tarragona. Su titular, Jordi Pujol i Ferrusola, tiene librado por esto un pedido de captura.
«Hay mucho que corregir, hay mucho que limpiar todavía y lo vamos a seguir haciendo. Ese es nuestro compromiso, porque ahora también sabemos que hay muchísimo acompañamiento institucional y eso hace que podamos redoblar nuestros esfuerzos en ese camino», dijo Rosatti.
El presidente del máximo tribunal argentino hizo este discurso en la Cámara Federal de Rosario, donde le tomaron juramento al flamante camarista federal Florentino Malaponte, un ex fiscal y juez provincial rosarino que se suma desde este viernes a ese órgano. Rosatti declaró no conocer previamente a Malaponte. «Hay muchas tentaciones en esta ciudad. Le pido que no pierda la humildad y honestidad porque se es juez las 24 horas del día, los 365 días del año», lo aconsejó.
Antes de Rosatti, el presidente de la Cámara Federal de Rosario, Aníbal Pineda resaltó la actividad de autodepuración ya que «hay dos jueces con prisión preventiva», en alusión a Marcelo Bailaque, procesado por lavado de dinero y quien renunció antes de ser destituido, y Gastón Salmain, procesado por cobrar coimas a cambio de resoluciones, quien afrrontará un juicio político desde el próximo 6 de octubre.
Pineda justamente acaba de disponer, en un fallo controvertido que fue muy criticado por los fiscales federales, la suspensión del proceso que llevaba al juicio oral y público a Bailaque, por tres hechos de corrupción. El magistrado señala que no puede avanzar hasta que la Corte Suprema no defina si esos hechos se juzgan con el vigente código procesal federal que dispone oralidad en todas las etapas o con el anterior sistema escrito de tipo inquisitivo. Los fiscales le replicaron que decidió al menos erróneamente y que dispuso actos que nadie le había pedido.
Florentino Malaponte, el nuevo nuevo camarista, con Aníbal Pineda, Rosatti y Mahiques
Rosatti recordó un encuentro de la Justicia Federal en Rosario durante 2022 para enviar un mensaje en la lucha contra el narcotráfico, y señaló que esa tarea enfrenta «un entramado muy complejo que no se agota con el delincuente que puede hoy estar en la cárcel», porque ese sistema organizado «se vincula con el que lava el dinero, con el que protege al que lava el dinero y, como también se dijo muy bien aquí, con actitudes que probablemente no sean de colaboración, pero sí son de mirar para otro lado».
Justamente esto es lo que está encontrando novedades recientes con los procesos que incluyeron detenciones contra el empresario Leandro «Lelo» Pérez y especialmente con los hechos del Puerto de Rosario que sucedieron entre 2009 y 2020 sin que la Justicia Federal actuara, y que hoy están en revisión por un equipo de fiscales federales que actúan desde hace poco tiempo en la jurisdicción de Rosario.
En referencia al comercio urbano de drogas y la violencia, el titular de la Corte dijo: «Las estadísticas dicen que se ha mejorado, y se ha mejorado. Pero yo creo que falta mucho».
Rosatti declaró reconocimiento a los fiscales provinciales, a los jueces provinciales, a los fiscales federales y a los jueces federales de distinto grado que habían honrado el cargo. También indicó que agradecía a las autoridades políticas, a la corte local y al intendente, porque en el momento de máxima violencia en Rosario habían percibido que sin una respuesta institucional conjunta era muy difícil revertir la situación.
Pero el ministro dijo que también se debe enfocar el aspecto sombrío, «porque en ese evento de hace cuatro años dijimos «vamos a poner el reflector» y, cuando uno pone el reflector, cuando uno ilumina algo, lo que está claro se hace más claro y lo que es oscuro queda más oscuro. Hay mucho que corregir, hay mucho que limpiar todavía y lo vamos a seguir haciendo. Ese es nuestro compromiso».
El Intendente Marcelo Orazi participó el miércoles de la presentación de la tercera edición del South American Rally Race que se pondrá en marcha el 15 de febrero en La Rioja, recorrerá más de 4.000 kilómetros uniendo las provincias de San Juan, Mendoza y Río Negro. Dentro de Río Negro Villa Regina será una de…
El dato surge de las estadísticas oficiales de mortalidad y muestra un salto de 21.276 fallecimientos entre 2023 y 2024 entre las personas de 65 años y más. El fenómeno adquiere mayor relevancia cuando se compara la mortalidad observada con un nivel esperado construido sobre años no pandémicos: para 2024, el cálculo arroja unas 33.500 muertes por encima de ese valor de referencia. Las cifras no permiten atribuir cada fallecimiento a una política determinada, pero sí muestran un deterioro sanitario que merece ser investigado.
Por Roque Pérez para NLI
La discusión sobre las condiciones de vida de los jubilados argentinos acaba de adquirir una dimensión que ya no puede reducirse a la evolución del haber mínimo, al precio de los medicamentos o a las protestas frente a las oficinas del PAMI. Las estadísticas oficiales de mortalidad muestran que en 2024 murieron 284.798 personas de 65 años y más, frente a 263.522 en 2023: son 21.276 fallecimientos adicionales en apenas un año. El dato surge de los Anuarios de Estadísticas Vitales de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS), organismo dependiente del Ministerio de Salud de la Nación encargado de producir, analizar y difundir las estadísticas sanitarias oficiales del país.
La magnitud del salto merece ser observada con cuidado. El aumento equivale a aproximadamente 8,1% en un solo año en el número absoluto de defunciones de personas de 65 años y más. Entre los mayores de 80 años, según la comparación de las estadísticas oficiales, el incremento fue todavía más pronunciado y alcanzó aproximadamente 9,46%. No se trata, por lo tanto, de una diferencia estadística marginal ni de una fluctuación de unas pocas centenas de casos: son decenas de miles de fallecimientos adicionales dentro de la población de mayor edad.
Qué significa realmente hablar de exceso de mortalidad
Para interpretar correctamente estos números hay que introducir un concepto fundamental de epidemiología: el exceso de mortalidad. No consiste simplemente en comparar un año contra el anterior, porque la cantidad de personas que mueren naturalmente puede variar por envejecimiento poblacional, estructura etaria, tamaño de la población y otros factores. La pregunta estadísticamente más interesante es otra: ¿cuántas muertes podían esperarse razonablemente en 2024 y cuántas ocurrieron efectivamente?
Tomando como referencia los valores que venimos analizando para 2017, 2018, 2019 y 2023, es decir, años que permiten evitar el comportamiento extraordinario producido por la pandemia de COVID-19, el promedio de defunciones de personas de 65 años y más se ubica en torno de 251.255 muertes anuales. Frente a las 284.798 efectivamente registradas en 2024, la diferencia alcanza aproximadamente 33.543 fallecimientos.
Ese cálculo debe ser presentado con precisión: 33.543 significa que la cantidad observada en 2024 estuvo aproximadamente 33.500 por encima del nivel obtenido mediante esa referencia estadística. Un salto de semejante magnitud entre la mortalidad esperada y la observada constituye una señal sanitaria que requiere explicación. Y la explicación no puede construirse solamente mirando las estadísticas de mortalidad: hay que cruzarlas con el acceso a medicamentos, consultas, tratamientos, vacunación, alimentación, ingresos previsionales, internaciones y utilización efectiva del sistema sanitario.
El dato aparece en el primer año completo de Milei
La dimensión política de la cifra surge de una circunstancia temporal imposible de ignorar: 2024 fue el primer año calendario completo de la presidencia de Javier Milei. El nuevo gobierno asumió el 10 de diciembre de 2023 y durante 2024 implementó una política económica caracterizada por una fuerte reducción del gasto público, contracción de distintas partidas sociales y modificaciones en los mecanismos de acceso a medicamentos para los afiliados del PAMI.
La coincidencia temporal, por sí sola, no prueba que las políticas implementadas por el Gobierno hayan provocado las muertes. Pero sí establece un período concreto para investigar. La pregunta relevante deja de ser simplemente cuántos jubilados murieron y pasa a ser qué ocurrió con las causas de esas muertes y con las condiciones sanitarias y económicas de esa población durante el mismo período.
La ausencia de datos oficiales de mortalidad correspondientes a 2025 constituye hoy una limitación importante. La DEIS ya tiene publicado el anuario de Estadísticas Vitales 2024, pero la serie oficial de 2025 todavía no está disponible.
Medicamentos, ingresos y salud: la explicación que todavía debe investigarse
La cuestión de los medicamentos ocupa un lugar central en el debate porque para una parte importante de la población mayor el tratamiento farmacológico no constituye un gasto prescindible sino una condición para mantener bajo control enfermedades crónicas. Hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares, patologías respiratorias y múltiples afecciones propias de edades avanzadas requieren tratamientos sostenidos y, en muchos casos, combinaciones de medicamentos.
Por eso, una interrupción, reducción o postergación de tratamientos puede tener consecuencias sanitarias. La propia estadística sanitaria permite avanzar en esa dirección. Hay además un elemento demográfico que obliga a ser todavía más rigurosos: una población envejecida naturalmente registra más fallecimientos, aun cuando las condiciones sanitarias no empeoren. Por eso, comparar solamente 2023 contra 2024 puede sobreestimar o subestimar la dimensión real del fenómeno. El análisis de exceso de mortalidad intenta justamente corregir parcialmente esa dificultad mediante una referencia histórica.
Lo que muestran los números disponibles es, en consecuencia, más serio que una simple consigna política. Argentina registró en 2024 un aumento excepcional de las muertes entre las personas de 65 años y más respecto de 2023, después de la salida de los años extraordinarios de la pandemia. Y cuando se utiliza una referencia estadística no pandémica, la mortalidad observada queda muy por encima del promedio utilizado como línea de comparación.
Eso no permite mirar hacia otro lado frente a 33.543 muertes por encima de ese nivel de referencia y atribuirlas simplemente al azar demográfico. La discusión política, en definitiva, debería empezar por reconocer ese dato. La vida de las personas mayores no puede medirse solamente por cuánto aumenta nominalmente una jubilación o por cuánto dice el Gobierno que gasta en una obra social. También debe medirse por su capacidad efectiva de acceder a medicamentos, controles, tratamientos, alimentación y atención médica. Si en el primer año completo del gobierno de Milei la mortalidad de los mayores de 65 años saltó en más de 21.000 casos respecto del año anterior y alcanzó un nivel aproximadamente 33.500 fallecimientos superior a la referencia estadística utilizada en este análisis, el fenómeno exige una investigación sanitaria profunda.
Y esa investigación tiene que continuar: cuánto de este exceso responde a la estructura demográfica, cuánto a las secuelas de la pandemia y cuánto podría estar asociado con el deterioro de las condiciones sociales y sanitarias de los adultos mayores durante la nueva etapa económica.
Por ahora, el dato oficial ya plantea una pregunta incómoda para el Gobierno: en 2024 murieron 21.276 personas de 65 años y más que el año anterior. Y una democracia que pretende proteger a sus mayores debería considerar ese número no como una molestia estadística, sino como una señal que merece ser explicada con la máxima rigurosidad.
Fuentes principales: Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS), Ministerio de Salud de la Nación, Estadísticas Vitales – Año 2023 y Estadísticas Vitales – Año 2024; registros oficiales de mortalidad y análisis estadístico de exceso de mortalidad. La DEIS es el organismo nacional responsable de producir y analizar las estadísticas vinculadas con las condiciones de vida y los problemas de salud.
La Municipalidad de Villa Regina y la Comisión Administradora de la Feria del trueque y usado informan que la feria no se realizará durante los próximos fines de semana. Esto se debe a que se decidió reajustar los protocolos establecidos para su funcionamiento en el marco de la pandemia por COVID-19. Para ello, en el…
A partir de hoy, se suman actividades permitidas en 11 ciudades rionegrinas. La medida fue dispuesta por el Gobierno Provincial a través del Ministerio de Salud en base a los parámetros sanitarios y epidemiológicos correspondientes y alcanza a Bariloche, Cipolletti, Catriel, Cinco Saltos, Villa Regina, Barda del Medio, Allen, Mainque, Chichinales, Godoy y Fernández Oro….
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