Bullrich, Diego Iglesias, Espert y un blooper que da más miedo que risa
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Bullrich, Diego Iglesias, Espert y un blooper que da más miedo que risa

 

En un nuevo papelón político, Patricia Bullrich volvió a demostrar su desorientación y torpeza.

Por Roque Pérez para Noticias La Insuperable

Intentando averiguar detalles sobre la causa que involucra al narco Fred Machado —y que compromete al candidato libertario José Luis Espert—, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich confundió al fiscal de narcocriminalidad con el periodista homónimo Diego Iglesias, a quien llamó para pedirle “información sobre la extradición”.
El episodio deja al descubierto la desesperación dentro del oficialismo y la falta de idoneidad de una funcionaria que no da pie con bola.


Un llamado que revela mucho más que un error

El jueves por la mañana, el periodista Diego Iglesias recibió una llamada desde un número que tenía agendado como “Patricia Bullrich”. La sorpresa fue inmediata: del otro lado de la línea, la ministra de Seguridad le preguntaba sin preámbulos “cómo venía el tema de la extradición de Machado”.

“Me sorprendió muchísimo”, relató Iglesias en su programa de radio. “Atiendo, y me dice directamente: ‘Ah, ¿qué hacés? ¿Cómo andás? Escuchame, ¿cómo viene el tema este de la extradición de Machado?’”.

El periodista, atónito, tardó unos segundos en entender que Bullrich lo había confundido con el fiscal Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR).

Cuando se lo aclaró, la ministra reaccionó con un desconcierto que ya se volvió marca registrada: “Se pone nerviosa, me dice ‘uy, no, no’, se ríe y me repite varias veces ‘disculpá, disculpáme, disculpáme’”.
La charla terminó abruptamente con un “beso, chau”.


El blooper de una ministra desbordada

Más allá del chiste fácil, el episodio refleja algo mucho más serio: la ministra de Seguridad de la Nación llamando personalmente para interiorizarse sobre una causa judicial que involucra al narco Federico (Fred) Machado, detenido y con pedido de extradición a Estados Unidos, acusado de lavado y tráfico de drogas a gran escala.

El interés de Bullrich no es casual. Machado aparece vinculado al financiamiento de la campaña de José Luis Espert, que reconoció haber recibido 200 mil dólares del empresario. Ambos comparten boleta en las elecciones del 26 de octubre dentro del armado de Milei.

El error telefónico no solo expone la torpeza de Bullrich, sino también su preocupación por un caso que puede detonar en el corazón del oficialismo. En plena campaña, con el escándalo Espert–Machado creciendo, la ministra quedó al desnudo intentando “saber de primera mano” qué rumbo toma la investigación.


Del papelón al síntoma político

No es la primera vez que Bullrich muestra un nivel de improvisación incompatible con la función que ocupa. Desde los operativos mal coordinados hasta sus declaraciones erráticas sobre seguridad interior, la actual ministra parece más preocupada por cuidar los intereses de su espacio que por cumplir con su deber institucional.

El blooper de esta semana la vuelve a dejar en evidencia: una ministra que confunde un periodista con un fiscal, que interviene indebidamente en causas judiciales sensibles, y que actúa movida por el pánico electoral más que por la prudencia de Estado.


La torpeza que marca al Gobierno de Milei

En el entorno libertario intentan minimizar el episodio, pero lo cierto es que el “caso Bullrich” se sumó al cúmulo de errores que jaquean la imagen de un gobierno que parece vivir en un estado de improvisación permanente.

Mientras Milei sostiene a Espert a pesar de las pruebas y los escándalos, su ministra de Seguridad demuestra día a día una incapacidad manifiesta para ejercer el cargo.

A esta altura, no se trata solo de un blooper: se trata de un síntoma.
Y de una funcionaria que, en su intento por controlar el daño político, termina agravándolo con su propia torpeza.

 

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    Milei avanza en el desguace del Estado: se publico el decreto para la privatización de Nucleoeléctrica

     

    Hoy se publicó el decreto en el Boletín Oficial

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para Noticias La Insuperable

    El Gobierno formalizó la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), la empresa estatal que opera las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse. El Decreto 695/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial con las firmas de Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, habilita la venta del 44% de las acciones a través de una licitación nacional e internacional.


    Un paso más en la entrega de recursos estratégicos

    La medida, que había sido anticipada por el vocero presidencial Manuel Adorni, deja al Estado con el 51% del capital accionario —a través de la Secretaría de Energía y la CNEA— y un 5% destinado a trabajadores bajo el Programa de Propiedad Participada.

    Nucleoeléctrica fue creada en 1994 mediante el Decreto 1540/94, asumiendo la generación de energía en Atucha I y Embalse, además de la construcción de Atucha II. Su rol siempre fue estratégico: garantizar la soberanía energética y mantener bajo control estatal el manejo de la energía nuclear, un recurso sensible no solo por razones económicas sino también de seguridad nacional.


    La lógica privatizadora de Milei

    El decreto justifica la medida con los mismos argumentos que en los ’90: la supuesta “ineficiencia estatal” y la necesidad de “incorporar capitales privados”. El texto afirma que la intervención del Estado “no ha dado los resultados esperados”, desconociendo que Nucleoeléctrica alcanzó en 2024 un récord histórico de generación de más de 10.4 millones de MWh netos, con un factor de carga del 73,3%, un indicador de excelencia en términos internacionales.

    Pese a esa performance, el Gobierno insiste en que es necesario privatizar parte de la compañía para “diversificar riesgos” y “fortalecer su gestión”, abriendo las puertas a capitales nacionales y extranjeros en un sector clave de la matriz energética.


    Riesgos de perder soberanía

    El avance privatizador sobre Nucleoeléctrica se suma a la ofensiva de Milei contra Empresas públicas estratégicas en áreas como energía, comunicaciones y transporte. La decisión no es neutra: mientras se transfieren recursos vitales al mercado, se compromete la soberanía tecnológica y la capacidad del Estado de definir su política energética a largo plazo.

    La energía nuclear no es un rubro cualquiera. Atucha y Embalse no solo garantizan suministro eléctrico a millones de hogares, sino que forman parte de un entramado científico y tecnológico que costó décadas de inversión pública. Entregar acciones a privados significa exponer información, decisiones operativas y proyectos estratégicos a intereses ajenos al país.


    De Atucha I a Milei: tres décadas en disputa

    En la década del ’90, bajo el menemismo, ya se había declarado sujeta a privatización la generación nucleoeléctrica. Sin embargo, las resistencias políticas y sociales impidieron que se concretara por completo. Con la llegada de los gobiernos kirchneristas, se retomaron obras paralizadas y se reimpulsó el sector nuclear argentino como ejemplo de política de desarrollo con autonomía.

    Hoy, Milei intenta retomar el libreto noventista: abrir al capital privado incluso aquellas áreas que fueron protegidas durante décadas como patrimonio estratégico nacional.


    El decreto en detalle

    El artículo 1 del Decreto 695/2025 autoriza la venta del 44% de las acciones de Nucleoeléctrica mediante licitación pública nacional e internacional.
    El artículo 2 instruye al Ministerio de Economía y a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas a organizar el proceso de privatización y el programa de propiedad participada.
    El artículo 3 faculta a la cartera económica a dictar normas complementarias.

    El texto también instruye transferencias internas de acciones entre ENARSA y la Secretaría de Energía, con el objetivo de reordenar la composición societaria antes de la licitación.


    El futuro de Atucha y Embalse en manos privadas

    El decreto menciona la necesidad de financiamiento externo para proyectos como la Extensión de Vida de Atucha I y el Almacenamiento en Seco de Combustibles Gastados II (ASECG II). Pero en lugar de garantizarlo con fondos estatales —como ocurrió históricamente—, se opta por abrir la puerta a la privatización parcial de la empresa.

    En palabras simples: el Gobierno reconoce la capacidad técnica y operativa de Nucleoeléctrica, pero en lugar de fortalecerla, decide vender parte de ella para atraer capitales.


    Otra pieza del rompecabezas del ajuste

    La privatización parcial de Nucleoeléctrica no es un hecho aislado. Forma parte del plan de desguace del Estado que Milei viene ejecutando desde el inicio de su gestión, bajo la bandera del “equilibrio fiscal”. El resultado: pérdida de soberanía, transferencia de activos públicos a privados y una política energética atada a intereses de mercado.

    El futuro de la energía nuclear argentina, que supo ser orgullo regional y motor de desarrollo científico, queda ahora condicionado a la lógica privatizadora de Milei y Caputo.

     

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