La Municipalidad de Villa Regina informa que la Cooperativa Río Negro brindará información y asesoramiento para todos aquellos interesados que no poseen viviendas y deseen interiorizarse del Plan 150 viviendas anunciadas por el gobierno provincial.
La convocatoria es a partir de la semana próxima, de martes a viernes de 8,30 a 13,30 horas en instalaciones de la Cooperativa La Hormiga Circular.
Se les solicita a quienes asistan respetar las medidas de prevención en el marco de la pandemia por COVID-19, como el uso obligatorio de tapabocas y el distanciamiento social.
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Lejos de ser un marino británico al servicio del Imperio, Enrique Jones fue un comerciante y capitán dedicado a la actividad privada, protestante de origen, que se integró plenamente a la sociedad porteña tras la Revolución. Casado dos veces en Buenos Aires, dedicado a la pesca lobera y al comercio marítimo en la Patagonia y el Atlántico Sur, su nombre quedó ligado a Malvinas por un documento clave de 1813 que hoy incomoda al relato colonial británico.
Por Guillermo Carlos Delgado Jordan para NLI
Un inglés común, no un agente imperial
Enrique Libanus Jones —también citado como Henry Jones en documentos de época— no fue un oficial de la Corona ni un aventurero enviado por Londres, sino un comerciante privado que se declaró nacido en Londres (aunque algunos investigadores lo dan nacido en Gales), hijo legítimo de William (Guillermo) Jones y Mary (María) Tildesley o Tisley, de religión protestante, como él mismo declaró formalmente ante la Iglesia Católica en Buenos Aires en 1817.
Del Atlántico Norte al sur del mundo
Para comienzos de la década de 1810, Jones ya estaba instalado en Buenos Aires y participaba activamente del circuito marítimo y comercial del Atlántico Sur, especialmente en la pesca de lobos marinos, una actividad lucrativa en la época por el valor del cuero y la grasa.
Era propietario y capitán del bergantín El Rastrero, una nave de uso comercial, típica de la navegación lobera. En 1812, El Rastrero realizó un viaje exitoso a bahía San José, en la actual Península Valdés, de donde regresó con miles de cueros de lobo marino. Ese antecedente explica el paso siguiente.
El documento de 1813 y el vínculo con Malvinas
El 30 de enero de 1813, Enrique Jones presentó una solicitud formal ante el gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata para que su bergantín pudiera dirigirse a las Islas Malvinas y las costas del sur con fines de pesca lobera.
Estos barcos eran típicos del comercio marítimo de fines del siglo XVIII y principios del XIX: de vela, relativamente pequeños, rápidos y maniobrables, adecuados para faenas en costas agrestes y abiertas como las de la Patagonia y el Atlántico Sur, alejadas de rutas comerciales regulares.
El dato es central: Jones pidió permiso, reconoció autoridad y actuó dentro del marco administrativo del Estado rioplatense. No navegó “por su cuenta” ni bajo respaldo británico.
Ese documento, conservado en el Archivo General de la Nación, es una de las pruebas históricas más incómodas para el discurso colonial posterior: un súbdito británico solicitando autorización a Buenos Aires para operar en Malvinas, veinte años antes de la ocupación militar inglesa de 1833.
Comerciante
Toda la trayectoria conocida de Jones lo muestra como un empresario marítimo, no como un actor político ni militar. Tras sus viajes con El Rastrero, continuó participando en emprendimientos comerciales vinculados a la Patagonia, incluso asociándose con otros comerciantes del período.
Algunas de sus expediciones terminaron en naufragios y pérdidas, algo habitual en una actividad riesgosa y sin respaldo estatal. Aun así, su figura aparece reiteradamente en documentos locales, lo que refuerza su condición de vecino conocido y tolerado por las autoridades.
La continuidad de la actividad económica de Enrique Jones después de 1813 puede seguirse con bastante precisión en los registros del período. En 1814, su nombre aparece asociado al naufragio de la goleta Bella Elisa (o Lovely Eliza) en el golfo San Jorge, cuando la nave se dirigía hacia la Patagonia en una nueva expedición vinculada a la pesca de lobos marinos, un episodio que ilustra tanto la persistencia de Jones en el negocio como los riesgos extremos de esa navegación. Lejos de retirarse, en 1815 volvió a emprender viajes comerciales, esta vez en sociedad con otros comerciantes, entre ellos Carleton Allsopp, operando embarcaciones como el bergantín Antílope en tareas combinadas de pesca y transporte marítimo.
Al año siguiente, en 1816, amplió aún más el alcance de sus operaciones, participando en expediciones que incluían el traslado de caballos y peones a la Patagonia para la captura de ganado cimarrón, una actividad complementaria destinada a abastecer y sostener las tripulaciones de los buques loberos. En ese mismo entramado de negocios, Jones se integró en sociedades comerciales con otros empresarios y colonos de la región, entre ellos Luis Vernet, figura que años más tarde tendría un rol central en los intentos de colonización y regulación de la pesca en las Islas Malvinas, lo que vuelve a situar a Jones dentro de un circuito económico plenamente inserto en la órbita rioplatense y previo a cualquier pretensión británica sobre el archipiélago.
La conversión religiosa y el arraigo porteño
El 11 de abril de 1817, Enrique Jones firmó un acto de reconciliación con la Iglesia Católica Romana en la entonces Catedral de Buenos Aires. Allí declaró:
ser protestante,
haber nacido en Londres,
ser hijo legítimo de Guillermo Jones y María Tildesley.
El motivo era claro y habitual en la época: contraer matrimonio con una mujer católica porteña.
El 1.º de mayo de 1817, Jones se casó con Bonifacia Falcón Martínez Fontes, su primera esposa. Este paso marca un punto de inflexión: Jones deja de ser solo un comerciante extranjero y se integra formalmente a la sociedad local.
Tras quedar viudo, Enrique Jones volvió a casarse, esta vez con María Isabel de Elía Warnes, también porteña. Con ella tuvo descendencia en Buenos Aires que llega hasta nuestros días, consolidando su arraigo definitivo.
Este dato es clave para entender su figura: Jones no regresó a Inglaterra, no fue un aventurero ocasional y no actuó como emisario de ningún poder colonial. Su vida familiar, su descendencia y sus vínculos sociales quedaron en el Río de la Plata.
Tal vez nacido en Londres, británico sin dudas, reconoció al Estado argentino en formación, se convirtió al catolicismo para casarse, formó familia en Buenos Aires y desarrolló su actividad económica bajo reglas locales.
Cuando Gran Bretaña ocupó Malvinas en 1833, Enrique Jones llevaba años de vida porteña, matrimonios locales y descendencia argentina. Su pedido de 1813 queda así como una prueba documental previa, incómoda y concreta, de que las islas eran administradas desde Buenos Aires y reconocidas como tales incluso por súbditos británicos.
Fuentes y bibliografía consultadas
Archivo General de la Nación (Argentina) Solicitud presentada por Enrique (Henry) Jones ante el gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata para que el bergantín El Rastrero pueda dirigirse a las Islas Malvinas y costas del sur con fines de pesca lobera, 30 de enero de 1813.
Registros parroquiales de Buenos Aires
Harambour, Alberto Lobos, pieles y capitales. La economía lobera en el Atlántico Sur (siglos XVIII y XIX). Publicaciones académicas sobre la explotación lobera en Patagonia y el Atlántico Sur.
Destéfani, Laurio H. Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur: antecedentes históricos y jurídicos. Análisis documental sobre la administración rioplatense previa a 1833.
Bonicatto, Carolina; Canclini, Arnoldo Estudios sobre comerciantes y navegantes extranjeros en Buenos Aires durante el período revolucionario.
CONICET – Repositorio Digital Trabajos académicos sobre la pesca lobera, comerciantes británicos y circuitos económicos en la Patagonia oriental y el Atlántico Sur durante las primeras décadas del siglo XIX.
Observatorio Malvinas – Universidad Nacional de Lanús Compilaciones documentales y análisis históricos sobre soberanía argentina en Malvinas y antecedentes administrativos previos a la ocupación británica de 1833.
Las tensiones generadas la semana pasada en la policía santafesina tuvieron un marcado rebrote la noche del lunes. Grupos de familiares y allegados a efectivos activos volvieron a congregarse en la Jefatura de Rosario. Esta vez la situación fue más grave porque hubo patrulleros que no salieron a cumplir el servicio. También una decisión del jefe de policía de la provincia, Luis Maldonado, de desalojar por la fuerza a los que bloqueaban el ingreso del edificio policial. Lo que generó corridas, gritos y situaciones de conflictividad que se mantuvieron durante la madrugada.
Temprano a la mañana el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, anunció medidas drásticas. Separó dos circunstancias que calificó como claras. Por un lado, dijo que se debía diferenciar los reclamos legítimos de aumento y bienestar policial, que el gobierno había acompañado con medidas hace siete días, que admitió deben profundizarse. Pero remarcó que estos malestares fueron aprovechados por actores separados de la fuerza por corrupción que se plegaron a las manifestaciones.
Anunció que a veinte policías que hicieron abandono de servicio se los puso en disponibilidad, con quite de arma reglamentaria, chaleco y credencial. Y que se impulsaron denuncias penales en fiscalía porque se resintió el servicio de seguridad con un perjuicio a la comunidad. También admitió el ministro que esta vez aunque no se dieron situaciones graves el servicio resultó afectado porque unos 20 patrulleros sobre 80 del turno nocturno no salieron a la calle.
Tras los anuncios la situación no pareció desinflarse. Personas cercanas a los policías permanecían en el portón de la Jefatura rosarina donde había estacionados en el exterior no menos de 40 patrulleros.
También la medida tuvo su correlato en la ciudad de Santa Fe, donde unos 60 efectivos de la Policía Motorizada, del Comando Radioeléctrico y de la Brigada de Orden Urbano, fueron llevados hacia la División Judiciales de la Jefatura de la capital provincial, donde se les retiraron las armas, según contó la periodista Ivana Fux. Desde el lunes familiares, retirados y personas de civil se habían concentrado para protestar en la Plaza 25 de Mayo frente a la Casa de Gobierno. Fuentes del Ministerio de Seguridad dijeron a LPO que la Subsecretaría de Control no había iniciado actuaciones en esa ciudad.
En Rosario la situación mostró escenas de mayor convulsión aunque no se llegó a hechos de violencia física, aunque sí hubo contacto cuerpo a cuerpo cuando efectivos de custodia dispersaron del portón de Jefatura a los manifestantes, que a viva voz los insultaban por no reconocerlos como camaradas y hacer reclamos que aglutinan a todo el personal.
La semana pasada con los reclamos escalando el gobierno otorgó 500 mil pesos a los policías de calle, 250 mil a los choferes de patrulleros y anunció medidas para la contención policial, en especial luego de que el suicidio de Oscar Valdez, un efectivo de 32 años en la Jefatura de Rosario generara demandas explícitas de atención a situaciones de precariedad de salud integral de las fuerzas de seguridad.
«La protesta legítima, el reclamo legítimo por mejorar las condiciones de trabajo, nosotros los seguimos acompañando. Toda policía que hace correctamente su trabajo y que nos ha permitido llevar adelante una política de seguridad que ha bajado drásticamente los niveles de violencia que azotaban esta provincia la vamos a seguir defendiendo», dijo Cococcioni.
«Ahora sobre este reclamo legítimo se montaron y tenemos detectada a sectores desplazados de la policía de Santa Fe, en algunos casos vinculados a gravísimos delitos de corrupción, cuyos perpetradores hoy están privados de libertad. Esto nosotros no lo vamos a dejar pasar. Utilizar a la institución policial y a sus funcionarios para directamente minar la política de seguridad, que tanto trabajo nos costó poner en orden en la provincia de Santa Fe, es una línea que nosotros no vamos a dejar cruzar», sostuvo.
El ministro de Seguridad dijo que al menos 20 funcionarios policiales, «y seguramente algunos más que irán siendo identificados mediante labores investigativas que se están desarrollando», fueron puestos en disponibilidad. «Además, estamos haciendo actuaciones de todo, en coordinación con el Ministerio Público de la Acusación para que investigue posibles ilícitos penales de los funcionarios policiales y de estos grupos marginales y desplazados de la Policía de Santa Fe, que claramente no se resignan a que han perdido la posición de poder y de privilegio que obtuvieron en otro momento».
Cococcioni dijo que esta madrugada, a diferencia de la semana pasada, hubo afectación de la prestación de tareas. «Si bien no ha afectado sustancialmente la seguridad esta medida, si objetivamente no menos de 20 unidades de patrulla urbana abandonan su servicio en plena jornada, objetivamente eleva los niveles de riesgo. Y hasta me atrevería a decir que le acarrea responsabilidad penal si llegara a ocurrir un delito que no pudo ser evitado por culpa de esa acción de incumplimiento de sus deberes funcionales».
«Se puede dialogar para mejorar las condiciones de trabajo, se puede organizar mejor las jornadas de trabajo, totalmente de acuerdo. Ahora, no estamos dispuestos a poner sobre la mesa de negociación la seguridad pública, la seguridad de todos los habitantes de la provincia de Santa Fe. Estas acciones ilícitas, antijurídicas y en algunos casos violentas, entendemos que quieren golpear la política de seguridad, que es una política de seguridad exitosa. A quien le guste, esta es la política que en conjunto con el gobierno nacional y con el Ministerio de Seguridad Nacional, está bajando el delito y está bajando la violencia, en la ciudad de Rosario y en toda la provincia de Santa Fe. Así que acá es donde trazamos una raya que no estamos dispuestos a permitir que se cruce», subrayó el ministro.
En Rosario la situación mostró escenas de mayor convulsión aunque no se llegó a hechos de violencia física, aunque sí hubo contacto cuerpo a cuerpo cuando efectivos de custodia dispersaron del portón de Jefatura a los manifestantes, que a viva voz los insultaban por no reconocerlos como camaradas
Tras el anuncio de sanciones y el duro mensaje del ministro no dispersó durante la mañana a los allegados a los familiares y cercanos que seguían apostados frente a la Jefatura de Rosario. En ellos los reclamos eran de mejoras salariales, de prestaciones integrales para la salud mental en una profesión sometida a altos niveles de estrés, y a que resuelva cambios en el régimen horario, que complican el descanso adecuado para una enorme cantidad de suboficiales que están en las ciudades del sur de la provincia pero que son oriundos del norte y tienen que cubrir distancias de hasta 800 kilómetros cuando retornan. El policía con carpeta médica que se suicidó el sábado pasado en Jefatura era de Vera que está a 450 kilómetros de Rosario donde estaba asignado.
«Intentaron dividir con los anuncios, alimentos para unos pocos. Estamos pidiendo que el aumento sea para toda la policía, no para unos pocos», declaró el abogado Gabriel Sarla, un ex policía santafesino que estuvo la semana pasada como interlocutor de los que protestaban en las conversaciones ante el Ministerio de Seguridad que derivaron en los anticipos de beneficios no remunerativos.
«El conflicto ha tomado una escala que no queríamos», reconoció. «Era pacífico pero un hecho desafortunado anoche, cuando el señor Maldonado decidió reprimir, lo que hizo que los policías vengan a apoyar a sus familiares. Una mujer embarazada recibió gas pimienta», comentó el abogado a Cadena 3 Rosario.
Pero como resaltó LPO el día que se hicieron los anuncios, las mejoras económicas no llegan a la totalidad de la fuerza sino a un 40 por ciento que es la que realiza las prestaciones operativas de seguridad en calle. Y además se trata de sumas no remunerativas. Desde la zona de la protesta, un oficial le comentó a este medio por qué el cortafuegos ensayado por la provincia no satisface.
«Todos se dieron cuenta de que esto fue maquillaje. Un policía está en el Comando y tiene los plus que prometieron. Pero el mes que viene lo cambian de destino a una comisaría y vuelve a cobrar el sueldo pelado. El plus es eso, no es aumento de básico, no impacta en el salario. Esto a los policías que tienen que viajar seis o siete horas ida y vuelta hacia sus destinos no les resuelve gran cosa», dijo el oficial con veinte años de servicio.
Todos se dieron cuenta de que esto fue maquillaje. Un policía está en el Comando y tiene los plus que prometieron. Pero el mes que viene lo cambian de destino a una comisaría y vuelve a cobrar el sueldo pelado. El plus es eso, no es aumento de básico, no impacta en el salario
Esta es una de las protestas más fuertes surgidas en Rosario desde la muerte en 2005 del agente Diego Navarro cuando custodiaba un supermercado, que tuvo sin embargo una magnitud incomparable, porque la ciudad quedó entonces sin servicio policial, bajo el gobierno de Jorge Obeid. Lo que derivó en que más de 300 gendarmes fueran transferidos a Rosario para realizar tareas de patrullaje urbano.
Según fuentes de la Casa de Gobierno santafesina, la administración de Pullaro se propone cortar de raíz cualquier situación que implique una escalada del conflicto. En la calle pese a los anuncios disciplinarios la tensión no se había disipado.
«Yo estuve en el acuartelamiento cuando mataron a Navarro en el súper Azul en 2005», decía un policía con mando medio a LPO desde el lugar donde siguen los familiares. «Esa vez nos conformaron con un par de borcegos, con el retiro de las viejas pistolas 11.25 que se trababan como le pasó a Navarro y con el aumento del adicional. Pero ahora es distinto. La policía está mejor soportada en sus demandas y además hay una situación económica que vuelve comprensibles los reclamos», le comentó a La Política Online otro policía cercano a los 50 años desde las inmediaciones a Jefatura rosarina.
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