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BARBIJOS QUIRÚRGICOS Y MASCARILLAS HIGIÉNICAS

Ya rige en Villa Regina el decreto 40/20 que estipula la obligatoriedad del uso de barbijos (mascarillas higiénicas/tapa bocas) para quienes deban circular en la vía púbica y no puedan guardar el distanciamiento social mínimo, para quienes se desempeñen en lugares donde se manipulen alimentos y en galpones de empaque donde deberán proveerse por sus empleadores. Siendo recomendación para el resto de las personas.

También la gobernadora Arabela Carreras realizó una publicación en sus redes sociales donde también promueve el uso de mascarillas higiénicas caseras

» Insisto con esto: #QuedateEnCasa. Pero si estás en la lista de personas que realizan actividades exceptuadas o salís a comprar alimentos al comercio más cercano a tu domicilio, usá siempre tapabocas o barbijos caseros»

A raíz de estas nuevas medidas se generó cierta confusión por el uso o no de barbijos: Existen los barbijos quirúrgicos y las mascarillas higiénicas. A continuación te aclaramos algunas dudas:

DIFERENCIAS

RECOMENDACIONES DE USO DE BARBIJOS

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS BARBIJOS CASEROS/MASCARILLAS HIGIÉNICAS/TAPA BOCAS

VIDEO TUTORIAL CÓMO HACER UN BARBIJO CASERO

BARBIJO CASERO EN IMÁGENES

Fuente: CONICET/IPATEC

Portada: Germán Busín
Texto: Emiliano Piccinini

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    La interna de La Libertad Avanza en Tigre suma un foco de tensión a partir del pedido que hizo el dirigente Maximiliano Picco, alineado a Segundo Cernadas, para que se haga una «inmediata subsanación» del procedimiento por el que asumió como concejal Milagros Rodríguez, en reemplazo del fallecido Mariano Pelayo y, a partir de eso, asumir él esa banca.

    Picco alude al respeto a la paridad de género y aduce que, al dejar vacante un varón esa banca, la misma debe ser ocupada en el suplente varón que sigue en la lista, lugar que reclama para sí.

    Más allá de las discusiones interpretativas de la Ley de Paridad, el planteo expone la áspera interna de La Libertad Avanza en Tigre, donde las pretensiones de Nicolás Scioli de cara al año que viene generan malestar tanto en los concejales que responden directamente a Sebastián Pareja, como en aquellos que reportan a Segundo Cernadas.

    Como contó LPO, Nicolás Scioli quiere en 2027 lo que intentó pero no pudo en 2015, cuando su hermano fue candidato presidencial del peronismo: postularse a la intendencia de Tigre.

    El hermano de Scioli quiere ser candidato de Milei en Tigre y detona la interna libertaria 

    Para eso, abrió locales y sumó presencia territorial en busca de encabezar las legislativas de 2025, pero Karina le bajó el pulgar y puso a quien había encabezado en 2023, Claudio Baumgarten.

    Pero en noviembre pasado, el fallecimiento del concejal Mariano Pelayo hizo que, en su lugar, asuma Milagros Rodríguez, alineada a Nicolás Scioli, que se encargó de mostrar ese dato al posar junto a ella tras su jura.

    Ahora, el reagrupamiento de los espacios libertarios en el distrito (que incluye a dos concejales que el año pasado jugaron con el Partido Libertario) hace que en los espacios alineados a Pareja y Cernada busquen correr de escena al hermano de Scioli.

     

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    Revocan los procesamientos por el escrache a la casa de Espert y la Cámara expone a la jueza Arroyo Salgado

     

    La Cámara Federal de San Martín dejó sin efecto los procesamientos contra tres militantes acusados por el escrache a la casa de José Luis Espert y dictó la falta de mérito. El fallo cuestiona con dureza a la jueza Sandra Arroyo Salgado y desarma una causa que había sido presentada como un caso de gravedad institucional.

    Por Ramiro C. Ferrante para NLI

    La Cámara Federal de San Martín resolvió revocar los procesamientos dictados contra Eva Mieri, Alexia Abaigar e Iván Díaz Bianchi, los tres militantes acusados por el escrache realizado en 2025 frente al domicilio de José Luis Espert. En su lugar, los jueces dictaron la falta de mérito, lo que implica que, hasta el momento, no hay pruebas suficientes para sostener las acusaciones penales.

    La decisión judicial representa un giro significativo en una causa que había sido inflada mediática y políticamente, y que había derivado incluso en detenciones con fuerte impacto público. Según surge del fallo, las imputaciones no lograron ser acreditadas y los hechos no encuadran en los delitos graves que se pretendían aplicar.

    Un fallo que desarma la hipótesis de “sedición”

    Los camaristas Néstor Barral y Alberto Lugones fueron contundentes: no existió una organización destinada a imponer ideas por la fuerza, ni se configuraron los delitos de atentado al orden público o incitación al odio que había impulsado el juzgado de primera instancia.

    En ese sentido, el fallo advierte que las acciones dirigidas contra Espert no alcanzan para poner en riesgo la estabilidad institucional ni la tranquilidad social, desmontando así el argumento central de la acusación.

    Tampoco se probó la existencia de una asociación ilícita ni la intención de generar violencia política organizada, elementos que habían sido utilizados para justificar imputaciones de extrema gravedad.

    Duras críticas a Arroyo Salgado

    Uno de los puntos más relevantes de la resolución es el fuerte cuestionamiento a la actuación de la jueza Sandra Arroyo Salgado, a quien la Cámara le reprochó haber excedido el objeto procesal y avanzar con interpretaciones forzadas.

    Los jueces señalaron que la magistrada amplió indebidamente el alcance de la investigación y utilizó figuras penales desproporcionadas para los hechos analizados.

    Además, el fallo deja entrever críticas al tratamiento mediático inicial del caso, que acompañó la construcción de una narrativa judicial de alto impacto antes de contar con pruebas sólidas.

    El origen del caso: un escrache político

    El episodio ocurrió en junio de 2025, cuando un grupo de manifestantes realizó un escrache frente a la vivienda de Espert, colocando un pasacalle, panfletos y arrojando excremento en la vereda.

    El hecho se produjo pocos días después de que el propio dirigente libertario realizara declaraciones insultantes contra Florencia Kirchner en un ámbito público, lo que generó repudio inmediato.

    Desde el inicio, la defensa de los acusados sostuvo que se trataba de una acción política simbólica, sin violencia ni afectación de bienes, y que su criminalización implicaba un avance sobre el derecho a la protesta.

    De “terrorismo” a falta de mérito

    La causa había escalado rápidamente con acusaciones que incluían delitos como atentado contra el orden público, amenazas agravadas e incitación al odio, figuras que incluso suelen aplicarse en contextos de extrema gravedad institucional.

    Sin embargo, la Cámara desmontó esa construcción: no hubo pruebas de que los hechos encuadraran en esos tipos penales, ni de que existiera un peligro real derivado de la protesta.

    El contraste entre la imputación original y la resolución final expone una dinámica cada vez más frecuente en el actual contexto político: la utilización del aparato judicial para disciplinar la protesta social y luego su desarticulación en instancias superiores.

    Un mensaje político-judicial

    Más allá de la situación procesal de los imputados, el fallo deja un mensaje claro: no todo conflicto político puede ser traducido en delito penal, y menos aún mediante interpretaciones expansivas que vulneren garantías básicas.

    En un clima atravesado por la polarización y la persecución selectiva, la resolución de la Cámara Federal de San Martín funciona como un límite —al menos parcial— a los intentos de judicializar la militancia.

    La causa seguirá abierta, pero con un dato central ya establecido: las acusaciones que pretendían convertir un escrache en un caso de gravedad institucional no pudieron sostenerse ante el mínimo rigor jurídico.

     

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