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BARBIJOS QUIRÚRGICOS Y MASCARILLAS HIGIÉNICAS

Ya rige en Villa Regina el decreto 40/20 que estipula la obligatoriedad del uso de barbijos (mascarillas higiénicas/tapa bocas) para quienes deban circular en la vía púbica y no puedan guardar el distanciamiento social mínimo, para quienes se desempeñen en lugares donde se manipulen alimentos y en galpones de empaque donde deberán proveerse por sus empleadores. Siendo recomendación para el resto de las personas.

También la gobernadora Arabela Carreras realizó una publicación en sus redes sociales donde también promueve el uso de mascarillas higiénicas caseras

» Insisto con esto: #QuedateEnCasa. Pero si estás en la lista de personas que realizan actividades exceptuadas o salís a comprar alimentos al comercio más cercano a tu domicilio, usá siempre tapabocas o barbijos caseros»

A raíz de estas nuevas medidas se generó cierta confusión por el uso o no de barbijos: Existen los barbijos quirúrgicos y las mascarillas higiénicas. A continuación te aclaramos algunas dudas:

DIFERENCIAS

RECOMENDACIONES DE USO DE BARBIJOS

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS BARBIJOS CASEROS/MASCARILLAS HIGIÉNICAS/TAPA BOCAS

VIDEO TUTORIAL CÓMO HACER UN BARBIJO CASERO

BARBIJO CASERO EN IMÁGENES

Fuente: CONICET/IPATEC

Portada: Germán Busín
Texto: Emiliano Piccinini

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  • Narrar las ciudades

     

    Durante gran parte del siglo XX, las ciudades pudieron narrarse a sí mismas como promesa. El progreso, la planificación, la expansión de derechos y la modernización ofrecían un horizonte que ordenaba el tiempo urbano. Había un pasado que explicaba, un presente que transformaba y un futuro que justificaba el esfuerzo colectivo. Es decir, identidad, comunidad y un horizonte compartido.

    Hoy, sin embargo, ese hilo narrativo aparece fracturado, o al menos deshilachado. En tiempos acelerados, se vuelve difícil contar una historia de manera continua. La experiencia urbana suele presentarse como escenas fragmentadas sin correlato histórico y sin integración, como si la ciudad se contase en un presente continuo, donde lo vivido pierde densidad y lo cotidiano ya no se enmarca en una trama más extensa. La ciudad que no se recuerda, se acumula. Se trata de experiencias intensas pero tan breves como historias de instagram que no logran dejar huella en una memoria compartida.

    La Plata, nacida como promesa moderna, como ciudad del porvenir, también es atravesada por la fragmentación que diluye el relato de futuro. El espíritu fundacional persiste como fantasma urbano. Está en el trazado, en los edificios, en la memoria institucional, pero ya no ordena por sí solo el horizonte colectivo, ni garantiza una proyección compartida.

    Alguien podría decir que estamos en presencia de otra manera de contar las cosas. Pero esa fragmentación y esos saltos desdibujan y atentan contra la necesaria construcción de un relato gubernamental que cuente con la también necesaria complicidad ciudadana.

    Cuando se observan las rupturas y continuidades en los proyectos de ciudad que expresan los sucesivos gobiernos locales, la ausencia de una narrativa que ordene juega un rol determinante, porque es esa ausencia la que dificulta la durabilidad de un proyecto más allá de los períodos de gestión.

    La Plata ciudad compacta o ciudad extendida. Ciudad que sostiene a los espacios públicos como identidad o avanza hacia mayor cantidad de barrios cerrados. Un cordón verde productivo que se defiende y estimula o que retrocede frente a la urbanización. 

    Esta tensión se manifiesta no solo en la práctica sino también en los discursos: los propios gobiernos locales, cuando describen el modelo de ciudad que imaginan, revelan esas contradicciones. Byung-Chul Han habla de una verdadera crisis de la narración. Ese relato, que durante siglos permitió a las sociedades articular pasado, presente y futuro en una historia compartida, ha sido desplazado por el flujo incesante y enloquecido de información. Mientras una narración construye sentido, continuidad e identidad, la información fragmenta, acelera y disuelve la trama. Donde no hay relato, no hay experiencia histórica, sino un presente perpetuo o desorientación temporal. Esta mutación cultural afecta de lleno a la vida urbana, donde la ciudad se vuelve escenario de acontecimientos sucesivos y simultáneos, pero donde cuesta pensarse como proceso y como proyecto.

    Para Alejandro Galliano, el capitalismo contemporáneo no sólo reorganizó la economía y la cultura, sino también la experiencia del tiempo. Así, el futuro dejó de funcionar como promesa estructurante y el presente se impuso como un continuo sin horizonte. Esta dificultad para proyectar y para inscribir la experiencia en una trama histórica afecta de manera directa a las ciudades, que ya no se perciben como procesos sino como superficies de acontecimientos. La ciudad se vive, se recorre, se consume, pero se vuelve muy difícil narrarla como una historia que articule sentido y dirección.

    La ciudad como texto, mito y fantasma

    Walter Benjamin advirtió, tempranamente, que la modernidad urbana se manifiesta en constelaciones, ruinas y fantasmas. El pasado no desaparece, sino que irrumpe de manera fragmentaria, espectral, exigiendo ser leído e interpretado. Las ciudades son archivos vivos donde se superponen capas de sentido, proyectos inconclusos, promesas truncas y mitos persistentes que retornan bajo nuevas formas.

    Aparece, entonces, la idea de los mitos. Roland Barthes pensó la ciudad como un sistema de signos. El mito, para él, no es una fábula arcaica sino un dispositivo que naturaliza construcciones históricas, que vuelve “evidente” lo que en realidad es producto de determinadas relaciones de poder y de sentido. Las ciudades están atravesadas por mitologías urbanas, relatos que organizan identidades, expectativas y jerarquías, muchas veces de manera silenciosa y transformando en “naturales” determinadas formas de habitar, de circular y de imaginar el futuro.

    Desde el campo de la comunicación política, Mario Riorda ha insistido en que la narrativa no es un adorno ni una técnica de difusión, sino la arquitectura que ordena una gestión. Los mitos de gobierno no son ficciones, son relatos que construyen horizonte, producen legitimidad y articulan decisiones en torno a una idea de futuro. Sin narrativa gubernamental no hay proyecto, no hay conducción de un proceso histórico; hay administración de lo dado.

    Esto implica que gobernar no es sólo gestionar servicios o ejecutar obras, sino producir un relato que vuelva inteligible el tiempo urbano: de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde queremos ir. La narrativa no reemplaza a la política pública, pero le da sentido, dirección y coherencia estratégica.

    Riorda es, precisamente, quien más indaga en la idea de mito de gobierno como un proyecto que debe ser apropiado por la sociedad, e implica coherencia entre relato y políticas públicas a nivel institucional y, a la vez, compartido por la comunidad. Si no hay complicidad social, no hay posibilidad de trascender la gestión. O ni siquiera de que el mito funcione.

    La Plata, espíritu fundacional

    La Plata, ciudad planificada, capital administrativa y universitaria, encarna de modo singular esta tensión entre mito, tiempo y proyecto. La ciudad funciona, crece, se transforma, y requiere de una narrativa integradora que articule su pasado planificado con un proyecto capaz de convocar a la comunidad, a la dirigencia y a las instituciones en torno a un mismo horizonte. Garantía de no ser víctima de rupturas permanentes.

    Francisco Colom González recuerda que las ciudades no sólo se habitan, sino que son construcciones narrativas que articulan memoria, experiencia y promesa. Cuando esa capacidad de relato se debilita, el espacio urbano pierde espesor histórico y se reduce a una suma de fragmentos funcionales. Narrar una ciudad es, en este sentido, un acto político que define qué pasado se recuerda, qué presente se interpreta y qué futuro se imagina como posible.

    Hay instancias en que las ciudades se ven en ese tiempo de redefinición, como les pasó a Barcelona y a Bilbao. Cuando su mito fundacional se ve agotado y da paso a una transformación con otro horizonte. Pero se narra un proceso que, sin desentenderse de su historia, explica el cambio e intenta otorgar un sentido compartido. 

    Barcelona tuvo su momento de quiebre en los Juegos Olímpicos de 1992, aunque ya a fines de la década del 70 había iniciado un proceso de cambio. A partir de entonces logró construir una narrativa de ciudad innovadora, creativa y mediterránea. 

    Bilbao, por su parte, tuvo una reconversión postindustrial. Un caso un tanto más traumático producto de la crisis de los años 70 y 80 con la caída de la industria pesada. Asociada a las chimeneas, el humo industrial, el color gris, y cierta decadencia, tuvo también un giro notable. Al principio, con muchos reparos por parte de sus habitantes. 

    El giro llegó hacia fines del siglo XX con el llamado “efecto Guggenheim”: el museo se instaló en el marco de una estrategia urbana previa que ya venía transformando la ciudad.

    Por caso, recrear una narrativa para La Plata no significaría, entonces, repetir nostálgicamente su mito de origen, sino reescribirlo a la luz de sus desafíos contemporáneos, como su expansión y metropolización, las desigualdades territoriales, la cuestión ambiental, la economía del conocimiento, los cambios y tendencias demográficas, la identidad bonaerense y la inserción regional, entre otras tantas dimensiones que impactan en su devenir.  

    Aunque todavía no se presenta como tal, está cada vez más presente la idea de pensar a La Plata como capital de la provincia de Buenos Aires. Navega en la tensión de quedar asociada al conurbano —con todas las connotaciones que eso conlleva— o construir su identidad de región capital junto a Berisso y Ensenada.  

    Significa, entonces, volver a articular pasado, presente y futuro en una trama que permita pensarla como proyecto histórico y no sólo como administración de lo existente. Pero es cierto también que el presente de una ciudad está atravesado por sus espectros: ideales fundacionales, promesas de progreso, traumas sociales y modelos de futuro que no se cumplieron, pero que siguen ordenando el imaginario. Esos fantasmas no son decorativos sino que estructuran el modo en que se gobierna, se planifica y se legitima el poder. El pasado no está detrás, camina al lado, como una sombra que orienta y condiciona el rumbo. Dardo Rocha y el proyecto fundacional acompañan, de algún modo, a cada gestión de gobierno y a la propia comunidad.  

    Cuando el tiempo parece haberse vuelto plano y el futuro incierto, la narrativa urbana se convierte en una herramienta central de gobierno. No como propaganda, sino como construcción de sentido y de horizonte. Porque una ciudad sin relato es apenas un territorio que funciona; una ciudad con narrativa es una comunidad que se reconoce en su historia, interpreta su presente y se anima a proyectarse hacia un futuro compartido.Sin narrativa no hay proyecto. Y sin proyecto, no hay ciudad como comunidad histórica capaz de pensarse a sí misma en el tiempo.

    La entrada Narrar las ciudades se publicó primero en Revista Anfibia.

     

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    Invap: «Esta tecnología nos permite ser competitivos internacionalmente»

    La empresa estatal rionegrina firmó un contrato para construir dos radares de uso civil que serán exportados a Nigeria y emplazados en el principal aeropuerto de ese país. La construcción de dos radares de uso civil por el Instituto de Investigaciones Aplicadas (Invap), que serán exportados a Nigeria y emplazados en el principal aeropuerto de…

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  • El gobierno logró avanzar en comisiones con el proyecto de las patentes de medicamentos

     

    La libertaria Juliana Santillán anunció este martes, durante el plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores, Legislación General e Industria, que el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT, por su sigla en inglés) alcanzaba 57 firmas y se convertía en dictamen de mayoría para ser tratado en recinto en la próxima sesión. Con este trámite, Federico Sturzenegger avanzó un paso más en su pelea contra Hugo Sigman y los laboratorios locales.

    La Libertad Avanza obtuvo los apoyos de la UCR, Provincias Unidas, los tucumanos de Independencia, el santacruceño José Garrido, Karina Banfi e Innovación Federal, representado en la reunión por el misionero Alberto Arrúa. Los integrantes de las comisiones por el PRO, Emmanuel Bianchetti, Martín Yeza, Florencia de Sensi, Daiana Fernández Molero y Antonela Giampieri, respaldaron pero en disidencia, acaso influidos por la directiva de Mauricio Macri quien mandó a su bloque a votar contra Manuel Adorni si llega la ocasión de removerlo de su cargo.

    LPO informó el mes pasado que el gobierno no llegaría a darle sanción al PCT antes del 30 de abril, tal como se había comprometido con Estados Unidos. Incluso, los laboratorios llevaron de viaje a un evento del MIT a los legisladores que integran la RAP, una excursión que las empresas, los funcionarios del gobierno y los diputados aprovecharon para ponerse de acuerdo en la reserva -o apartamiento- del título II del proyecto para mitigar la resistencia de la industria farmacéutica local.

    En efecto, esa parte del articulado regula «el examen de patentabilidad» a nivel internacional antes de habilitar la producción en el plano nacional, algo que conspiraría contra la producción de genéricos en el ámbito local.

    El secretario de Modernización y ex diputado radical, Alejandro Cacace, uno de los que viajó con la RAP y los laboratorios el mes pasado, dijo en pleno debate que la iniciativa «implica cooperación y no resigna la soberanía en patentes». «Le estamos dando (la oportunidad) a los inventores argentinos que no tengan que andar peregrinando y hagan una sola solicitud», argumentó.

    Sturzenegger se impuso a Sigman y desreguló las patentes de medicamentos 

    El diputado Maximiliano Ferraro le salió al cruce en seguida. «Le diría que estamos frente al episodio de los desreguladores más locos del mundo, que se brindan a los pies del lobby de la industria farmacéutica con nombre y apellido», expresó en referencia a los laboratorios argentinos.

    Aunque el legislador lilito admitió que comparte con el oficialismo la intención de «bajar el precio de los laboratorios de la Argentina», objetó «la reserva del título II» e impugnó que se la comparase con la decisión que tomó el parlamento uruguayo en 2024. «No es comparable en la escala con respecto a Uruguay, la adhesión parcial representaría una señal totalmente negativa», sostuvo Ferraro al fundamentar la presentación de su propio dictamen, sin tachar el título II.

    Alejandro Cacace, secretario de Modernización.

    El ex canciller Santiago Cafiero y el ex jefe de Gabinete Agustín Rossi, actualmente diputados de UP, fueron los encargados de informar sobre el dictamen de rechazo del peronismo. Cafiero consideró que el gobierno se movía con «urgencia» para sostener el acuerdo de Javier Milei con Scott Bessent: «para nosotros es un acuerdo que ya se cayó porque la Corte Suprema de Estados Unidos le dijo a Donald Trump que no podía negociar sobre las bases que había negociado con Argentina», indicó.

    Además, objetó el argumento de Cacace acerca de «la cantidad de investigadores y centros universitarios que solicitaron durante 20 años patentes bajo este paraguas del tratado internacional». «¿Saben dónde están hoy todas esos centros universitarios? No están presentando patentes, están reclamando en la plaza el presupuesto que ustedes les chorean», dijo.

    Le diría que estamos frente al episodio de los desreguladores más locos del mundo, que se brindan a los pies del lobby de la industria farmacéutica con nombre y apellido.

    Rossi, por su parte, recordó que la versión original del PCT se produjo en 1970, durante el apogeo de la dictadura de Juan Carlos Onganía, y recordó que su objetivo fue desmontar las regulaciones que diseñó Arturo Oñativia, el ministro de Salud de Arturo Illia entre 1963 y 1966. «La historia cuenta que las decisiones que tomó Illia en materia de medicamentos y laboratorios fueron una de las causantes del golpe de 1966. La ley trataba de no generar que las empresas multinacionales tuvieran posiciones dominantes y reconocía procesos de producción», expuso.

    También apuntó que el 29 de diciembre de 1997 se terminó votando en el Senado, por unanimidad, la media sanción del PCT. El defensor del proyecto por el oficialismo fue en aquel momento Eduardo Menem, padre del actual presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, y el líder opositor era José Genoud, presidente de la UCR.

    ¿Van a bajar los precios de los medicamentos o no van a bajar? Porque ese es el debate central que hoy deberíamos tener. Este apuro corresponde a una exigencia para ver si alguna vez podrá el gobierno tener el acuerdo con Estados Unidos.

    Sin embargo, Rossi repuso que en 2001 el PCT tuvo una adenda. «¿Qué es lo que estamos tratando? ¿El PCT de Menem y Genoud o el PCT con la adenda de 2001? Si estamos tratando la versión con la adenda, no estamos tratando la media sanción y esta sería la cámara de origen. Y si estamos tratando la media sanción, no estamos tratando el tratado vigente», explicó.

    El santafecino consideró que se asistía a «una enorme irregularidad parlamentaria» pero señaló que lo más preocupante era que nadie aclaraba si los precios de los medicamentos bajarían. «¿Van a bajar los precios de los medicamentos o no van a bajar? Porque ese es el debate central que hoy deberíamos tener. Este apuro corresponde a una exigencia para ver si alguna vez podrá el gobierno tener el acuerdo con Estados Unidos», concluyó.

     

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    De la “hojarasca” a las patentes: las leyes estratégicas que Milei quiere borrar detrás del ajuste silencioso

     

    Mientras el Gobierno vende la derogación de normas “ridículas” como parte de una limpieza burocrática, en el paquete aprobado en Diputados aparecen leyes vinculadas a soberanía tecnológica, producción pública de medicamentos y control estatal sobre contratos con multinacionales. Detrás de la motosierra administrativa emerge otro objetivo: desmontar herramientas históricas de regulación sobre sectores estratégicos.

    Por Celina Fraticiangi para NLI

    Federico Sturzenegger eligió una puesta en escena eficaz. Habló de leyes sobre palomas mensajeras, registros absurdos, microfilmaciones olvidadas y regulaciones de otra época para justificar la llamada “Ley Hojarasca”. El relato oficial funciona porque mezcla normas efectivamente obsoletas con otras que, lejos de ser decorativas, todavía expresan una determinada idea de soberanía económica y tecnológica.

    Entre esas normas aparece una de las menos discutidas públicamente pero más sensibles del paquete: la Ley 22.426 de Transferencia de Tecnología, sancionada en 1981 y orientada a regular contratos entre empresas locales y compañías extranjeras vinculados a patentes, marcas, licencias industriales, asistencia técnica y know how. La norma obligaba a registrar esos acuerdos y permitía al Estado intervenir frente a cláusulas consideradas abusivas o perjudiciales para el interés nacional. En otras palabras, el Estado conservaba capacidad de supervisión sobre relaciones comerciales donde históricamente existieron enormes asimetrías entre corporaciones multinacionales y empresas argentinas.

    La derogación podría pasar inadvertida si no fuera porque uno de los sectores más atravesados por contratos de transferencia tecnológica es justamente el farmacéutico. Patentes, fórmulas, licencias, propiedad intelectual y derechos de fabricación forman parte del corazón económico de los grandes laboratorios internacionales. Y ahí es donde el proyecto libertario empieza a mostrar una coherencia política mucho más profunda que la simple eliminación de “normas viejas”.

    El Gobierno no sólo impulsa la caída de la Ley 22.426. También busca derogar la Ley 26.688, que declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos y respalda jurídicamente a laboratorios estatales nacionales y provinciales. La combinación resulta difícil de leer como una casualidad: menos capacidad estatal para controlar contratos tecnológicos, menor respaldo político a la producción pública y una apertura cada vez más amplia a corporaciones extranjeras en sectores estratégicos.

    La cuestión farmacéutica ocupa desde hace décadas un lugar central en la política exterior de Estados Unidos. Washington históricamente impulsó esquemas de protección de propiedad intelectual favorables a grandes laboratorios multinacionales, especialmente en debates sobre patentes, genéricos y regulación sanitaria. En Argentina, esas tensiones reaparecieron una y otra vez alrededor del acceso a medicamentos, la fabricación estatal y la capacidad del país para desarrollar tecnología propia sin depender completamente de compañías extranjeras.

    En ese contexto, las derogaciones promovidas por Milei adquieren otra dimensión. Ya no se trata solamente de “desregular”. Lo que emerge es un cambio de paradigma: pasar de un modelo donde el Estado retenía herramientas de control sobre sectores estratégicos a otro donde esas relaciones quedan prácticamente libradas al mercado y a la capacidad de negociación de grandes actores privados.

    La narrativa de la “hojarasca” cumple entonces una función política precisa. Mientras la discusión pública gira alrededor de leyes extravagantes y normas olvidadas, avanzan modificaciones sobre estructuras sensibles vinculadas a medios de comunicación, soberanía tecnológica, patrimonio cultural y producción sanitaria. El paquete aparece diseñado para licuar el debate político detrás de una estética antipolítica basada en la idea de “limpiar privilegios” y eliminar regulaciones absurdas.

    La Ley 22.426 nació en un período marcado por discusiones sobre dependencia tecnológica y fuga de divisas. En aquellos años, buena parte de América Latina debatía cómo impedir contratos abusivos donde empresas extranjeras imponían regalías excesivas, restricciones productivas o mecanismos de subordinación económica a compañías locales. Con el tiempo, varias de esas herramientas fueron perdiendo peso práctico por reformas posteriores, pero su existencia seguía representando una concepción política concreta: entender la tecnología y el conocimiento como áreas estratégicas y no simplemente como mercancías sujetas al poder del mercado.

    Ahí aparece el verdadero núcleo ideológico del proyecto libertario. Muchas de las normas incluidas en la “Ley Hojarasca” no son derogadas porque hayan quedado inútiles, sino porque expresan principios incompatibles con la lógica política de Milei: intervención estatal, regulación económica, protección de sectores estratégicos y defensa de herramientas de soberanía nacional.

    Por eso, detrás de la supuesta limpieza administrativa, empieza a asomar algo bastante más profundo que una depuración burocrática. Empieza a discutirse qué margen de autonomía conserva un país cuando renuncia voluntariamente a regular áreas donde se juegan salud, tecnología, comunicación y poder económico.

     

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    SOMOS LO QUE SOMOS GRACIAS AL GRUPO HUMANO QUE ARMAMOS

    El reginense Facundo Aldrighetti comienza un nuevo desafío, del 2 al 4 de abril en el “Oscar y Juan Galvez” saldrá a la pista con el mercedes de JLS Motorsports y Corsi Sports en el inicio de una nueva temporada del Top Race V6, luego de completar un gran año en el Series donde demostró…

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