BALDAZO DE AGUA FRÍA PARA MILEI: Bessent aseguró que no habrá fondos frescos, sólo un swap
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BALDAZO DE AGUA FRÍA PARA MILEI: Bessent aseguró que no habrá fondos frescos, sólo un swap

 

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ratificó su respaldo a la gestión de Milei pero descartó tajantemente el envío de dinero nuevo a la Argentina. El mercado festejó temprano, pero el entusiasmo se desplomó en minutos.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para Noticias La Insuperable

El gobierno de Milei volvió a recibir un respaldo en palabras, pero no en hechos. El secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, cercano a Donald Trump, utilizó sus redes sociales para renovar su apoyo a la administración libertaria y al ministro Luis “Toto” Caputo. Sin embargo, a las pocas horas, en una entrevista televisiva, aclaró que no habrá fondos frescos para la Argentina y que lo único que se firmará será un swap de monedas.

El tuit que ilusionó al mercado

“En los días que vienen espero que el equipo del ministro venga a Washington para avanzar significativamente con nuestras discusiones en persona acerca de las opciones para darles el apoyo financiero”, escribió Bessent en su cuenta de X.

El funcionario aseguró que el Tesoro “está totalmente preparado para hacer lo que sea necesario”. Ese mensaje fue rápidamente celebrado por Caputo y produjo un rebote inmediato en los bonos argentinos, que llegaron a subir cerca de un 2%.

Pero la euforia duró poco.

La marcha atrás en vivo

Minutos después del posteo, Bessent habló con la cadena CNBC y le bajó el tono a su propio anuncio. “Sólo para que quede claro: les estamos dando un swap, no estamos poniendo dinero en la Argentina”, declaró.

La semana pasada, señalan desde LPO, el funcionario había deslizado que, además del intercambio de monedas por unos 20 mil millones de dólares, se evaluaba un crédito del Fondo de Estabilización del Tesoro y hasta la compra de deuda argentina. Estas opciones implicaban inyectar fondos frescos, algo que ahora negó con contundencia.

Fisura en el equipo de Trump

La corrección pública de Bessent no fue casual. Según reveló La Política Online, el anuncio inicial de ayuda directa a Milei desató una tormenta interna en el círculo de Trump.

Los sojeros norteamericanos reaccionaron furiosos porque, mientras Milei eliminaba retenciones beneficiando a China, el ex presidente prometía asistencia a la Argentina. A esto se sumó la secretaria de Agricultura, que envió un mensaje directo a Bessent marcando su desacuerdo, y las resistencias del propio secretario de Estado, Marco Rubio, que semanas atrás había pedido tomar distancia de Milei y rechazar cualquier rescate.

Geopolítica y “estado fallido”

Intentando justificar el cambio de postura, Bessent ensayó una explicación geopolítica: “America First no significa America Alone”. Según el funcionario, la movida busca apuntalar a Milei como “el único aliado de Trump en la región”, en un contexto donde “muchos gobiernos se movieron hacia la izquierda”.

El cierre de su intervención encendió aún más alarmas: “No queremos otro estado fallido como Venezuela”, dijo, dejando claro que el interés de Washington no es económico sino estratégico.

Otra ilusión fugaz

La novela dejó a Milei y a Caputo con una foto incómoda: el apoyo ruidoso en redes sociales, pero la plata nunca aparece. Mientras tanto, el gobierno sigue apostando al relato del respaldo internacional, aunque en la práctica lo que llega son swaps, promesas difusas y más condicionamientos.

 

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    La brisa de esperanza que trajo el triunfo del peronismo en las elecciones legislativas bonaerenses es un gran triunfo colectivo. El respiro que produjo el resultado electoral nos permite ver desde otra perspectiva el fondo de olla en el que estamos: discutimos cuestiones políticas en el tercer subsuelo moral de la historia reciente de la sociedad argentina. En las semanas previas a la elección, el presidente Javier Milei vetó una ley que garantizaba protecciones vitales para las personas con discapacidad, consiguió un fallo judicial que avalaba el bullying y el escarnio público contra un niño con autismo y repitió las declaraciones más obscenas y delirantes sobre el genocidio en Gaza. 

    En el siglo pasado los fascismos recurrieron a las prácticas y las retóricas de la crueldad para entretener, distraer y quebrar la moral de la población. La estetización de la violencia callejera, las campañas discriminatorias contra grupos vulnerables y las leyes raciales buscaban construir una mayoría de individuos cómplices de sus aberraciones, una comunidad sin ningún vínculo moral significativo. El objetivo de su estrategia de legitimación no era imponer una nueva serie de valores, sino bloquear en cada individuo la reflexión moral, esa posibilidad que todos tenemos de reconocer la vulnerabilidad de los otros y hacernos responsables por los efectos de nuestros actos sobre ellos. Si una política logra normalizar la crueldad como un hecho aceptable de la vida social, esa sociedad ya está viviendo en un régimen fascista, aún antes de que las masas comiencen a declamar su credo o saludar a sus líderes. Afortunadamente, los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires no aceptaron esta invitación de la política de la crueldad de la extrema derecha argentina. 

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    Pudimos constatar de qué está hecha una buena parte de la legitimación política del Gobierno al día siguiente de la derrota electoral. Espontáneamente empezaron a fluir en público, sin pudor, todos los tropos del neo-fascismo. Los adherentes al gobierno de Milei comentaban que usaron mensajes violentos para llamar la atención y para expresar la rabia por el fracaso político. El que se destacó en esas faenas fue el empresario cordobes Lucas Salim, simpatizante “apolítico” del gobierno de Milei. Después de acusar de burros y brutos a los ciudadanos bonaerenses, pidió para todos ellos “25% de inflación, desabastecimiento y más desnutrición infantil”. Todas estas obsesiones perversas hacia la vida de los otros tienen explicaciones psico-sociales que son pertinentes y deben ser analizadas, pero desde el punto de vista político terminan encarnando en la vida pública el reservorio subjetivo para el resurgimiento de regímenes autoritarios. Si observamos los resultados electorales del domingo enfocándonos en el 33 por ciento de La Libertad Avanza, queda claro el desafío que representa para el sistema político el hecho de que se haya tornado habitual que entre un tercio y un cuarto de la población participe del juego democrático promoviendo abiertamente creencias anti-democráticas. 

    Hay que reconocerlo: el peronismo cumplió un papel clave en la defensa de la democracia. En un contexto en el que el Gobierno sólo quería hablar de finanzas y del control de la inflación, el peronismo bonaerense logró articular una sensibilidad múltiple hacia el malestar económico y construyó una voluntad política que le puso un freno a Milei. Frente a un presidente despiadadamente monotemático, creció la voz polifónica del gobernador Axel Kicillof, que no sólo legitimó una gestión pública contrapuesta a la de Milei, sino que logró abrir el espacio para otra lógica de construcción política. 

    Muchos partidos políticos del centro hacia la derecha ya habían sucumbido a la idea de que la política se iba a dirimir entre Milei y alguna alternativa que propusiera la misma política de Milei pero sin la crueldad. En cambio, Kicillof logró que la sociedad de la provincia de Buenas Aires encontrara el canal institucional adecuado para señalar con mucha nitidez que la política de Milei es la crueldad y una alternativa real a todo el daño que provocó no puede partir de sus mismas bases. Con ese posicionamiento también se logró que la participación ciudadana —el 63 por ciento del padrón— fuera superior a la de elecciones locales anteriores. 

    El desafío sigue abierto. El fantasma del autoritarismo no es una eventualidad del futuro. Ya estamos dentro de un proceso de autocratización en marcha y para enfrentarlo hay que ser muy claros en el diagnóstico de todos sus desvaríos institucionales. Quienes siguen el deterioro de la calidad democrática y de la vigencia de los derechos humanos en nuestro país registraron durante 2025 más de 20 eventos graves. Sólo en julio de este año el gobierno cometió cinco violaciones de principios democráticos que incluyeron: 1) represión, detención y respuestas desproporcionadas frente a la protesta social; 2) sus simpatizantes y funcionarios realizaron amenazas abiertas al orden democrático; 3) continuaron los ataques y asedios sistemáticos del presidente y otros dirigentes políticos del partido de gobierno contra el periodismo; 4) se reportó el aumento de los crímenes de odio contra la comunidad LGBT+; y 5) la relatora especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados denunció en su informe los reiterados ataques del gobierno de Milei sobre los jueces que fallaron contra la policía para hacer respetar el estado de derecho.

    Este proceso de deterioro de la democracia responde también a causas globales que son fáciles de entender pero difíciles de enfrentar. Muchas de ellas inciden sobre la vida cotidiana de las personas: provocan temores y ansiedades económicas que luego son canalizados por el mesianismo autoritario de las extremas derechas, tal como está sucediendo en muchos países, desde los Estados Unidos de Trump hasta la resiliencia del bolsonarismo en Brasil. Dos de estas causas están muy activas en la actualidad: la globalización sin normas de la economía y el cambio tecnológico acelerado. Ambos procesos ponen a los trabajadores de los países democráticos frente a la experiencia radical de su propia fungibilidad, la amenaza de poder ser reemplazados sin pérdidas funcionales para el sistema y sin noticias de los daños subjetivos que esa sustitución provoca. En el plano de la regulación del proceso económico ambos fenómenos hacen posible que las grandes empresas diseñen estrategias que se basan en lo que los economistas denominan “race to the bottom” (se podría traducir como “carrera hacia el abismo”): atraer inversiones promoviendo cada vez peores regulaciones, especialmente en materia de presión tributaria y justicia fiscal, derechos laborales, libertad sindical, vigencia de los derechos humanos en las cadenas de valor y protección del medio ambiente. Hace tiempo que se volvió relativamente evidente que el race to the bottom económico iba a terminar provocando un race to the bottom institucional en el sistema político democrático. Y es finalmente esto lo que estamos viviendo a nivel global en las diferentes historias de debilitamiento y fractura de la legitimidad de la democracia. 

    Para decirlo de un modo simplificado: si las democracias no les pueden subir los impuestos a los billonarios para financiar al Estado y no pueden regular los daños que provoca el proceso productivo sobre el mundo de la vida de los trabajadores, efectivamente el contrato democrático se debilita y el espacio público parece hundirse en discusiones farsescas sobre la solución de los problemas económicos a través de las deportaciones masivas o la reducción de los servicios sociales de las personas con discapacidad. 

    En la Argentina a esta problemática general se le agrega la necesidad de reducir los escandalosos niveles de informalidad económica, las demandas para volver más razonables y eficaces las políticas del Estado de bienestar y la urgencia de poder contar con una política monetaria realmente profesionalizada. Pero encauzar esta discusión, la experiencia reciente así lo demuestra, no es nada fácil. Para regular democráticamente al sistema económico global se requiere, al mismo tiempo, participación ciudadana en temas poco atractivos como la política tributaria o la política comercial, coordinación internacional en un momento de desconfianza geopolítica y un compromiso por parte de los dirigentes con reformas que no siempre responden a sus intereses políticos de corto plazo. Para poner sólo un ejemplo entre muchos: los impuestos a las compañías globales (el intento que comienza a regir lentamente de imponer un 15 por ciento sobre sus ganancias) o a los super-billonarios (la idea de un tributo que logre recaudar el 3 por ciento sobre su patrimonio) avanzan mucho más lentos que el malestar social que genera la desigualdad y la precarización.    

    Esta es la encrucijada en la que se encuentran los ciudadanos y los dirigentes políticos de las democracias contemporáneas. Ya no pueden seguir jugando –sin consecuencias catastróficas– el juego de la política habitual, pero tampoco disponen de las herramientas institucionales para resolver los problemas del sistema económico que están a la vista de todos. 

    En un escenario relativamente parecido a este, en la política del siglo XX apareció una gran disyuntiva: recurrir a un líder extraordinario que sea capaz de proveer con su decisión inescrutable aquello de lo que la realidad objetiva carece o abocarse a la experimentación de la construcción democrática de nuevas instituciones. En la escena política contemporánea vemos que, un siglo después, algunos de nuestros dilemas políticos vuelven a ser muy similares a los de las grandes crisis del siglo XX. 

    La entrada Un límite a la brutalidad se publicó primero en Revista Anfibia.

     

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    De los 4.000 milllones de dólares de crédito para la Argentina que prometió acelerar el Banco Mundial, la generadora Central Puerto de Nicky Caputo, primo del ministro de Economeia que negocia los préstamos, recibirá 300 millones para comprar las baterías gigantes que se instalarán en el área metropolitana, como paliativo ante la crisis energética generada por la decisión del gobierno de no terminar las obras proyectadas.

     Con un opaco sistema de licitaciones exprés adelantado por LPO, Nicky Caputo logró posicionarse como el gran ganador de la licitación que habilitó finalmente la Secretaría de Energía. 

    El primo del ministro se quedó con dos proyectos: el primero es para Central Costanera para el área de Edesur, por un almacenaje de energía eléctrica por 55 MW con un precio 10.161 USD/MW por mes. El segundo es para el área de Edenor, por 159 MW por 11.147 USD/MW por mes. 

    Caputo adjudica a Uribelarrea y Nicki Caputo el negocio de las pilas gigantes que duplica el costo del mega en dólares

    Estas pilas gigantes despertaron muchas críticas en el sector. Lo llamativo es que fue desde la mismísima Central Puerto que reconocieron que la instalación de baterías es una solución menos “eficiente y estable” que sumar nueva potencia térmica.

    Nada de esto pareció incomodar al secretario de Finanzas, Pablo Quirno, que lo celebró en un tuit en el que llegó al extremo de considerar a estas pilas gigantes como “energías renovables”.

    Siguen los anuncios de más inversión y financiamiento al sector privado por parte de @IFC_LAC. En esta ocasión potencial financiamiento de hasta US$300 millones para energías renovables para Central Puerto. Argentina crea las condiciones para la inversión y desarrollo del… https://t.co/z7qKCwf27x

    — Pablo Quirno (@pabloquirno) September 25, 2025

    El director de Asuntos Corporativos de Central Puerto, Adrián Salvatore, explicó en un encuentro del sector, que esta tecnología se utiliza en otras partes del mundo para estabilizar las redes pero en el caso argentino busca “darle a la ciudad de Buenos Aires un cubrimiento de pico de alta demanda por el verano”.

    Detalle no menor es que los equipos son fabricados en China. La operación pone sobre la mesa un juego geopolítico incómodo: El gobierno de Donald Trump, a través del Banco Mundial, terminaría financiando a un proveedor chino. 

    La operación pone sobre la mesa un juego geopolítico incómodo: El gobierno de Donald Trump, a través del Banco Mundial, terminaría financiando a un proveedor chino. 

    El financiamiento, además, enfrenta otro desafío: los tiempos. En el mercado dudan de que el desembolso llegue antes del verano, cuando el sistema eléctrico suele crujir al límite. Y si se trata de un proveedor chino, el trámite se multiplica en revisiones. 

    “Cuando la plata termina en empresas de Beijing, cada decisión pasa por veinte escritorios en el Banco Mundial”, confiesa un consultor que suele trabajar con multilaterales. Es un secreto a voces que el Banco Mundial responde en última instancia a los lineamientos del Tesoro norteamericano. 

    Milei y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, este jueves en Washington.

    Ahí aparece otro interrogante: ¿Qué pensará Scott Bessent de estar financiando a empresas chinas tras haber brindado un respaldo tan contundente a la Argentina?. En Washington la narrativa de los halcones republicanos es clara: no se puede sostener con dólares norteamericanos el avance de China en América Latina.

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    El tablero energético ofrece otro capítulo de la misma película. El proyecto Argentina LNG, la gran apuesta de YPF para exportar gas licuado, también mira a Oriente. Según reveló el sitio Mosca, los barcos licuefactores que requiere el plan serán construidos por astilleros chinos. Son buques estratégicos: sin ellos, el gas no cruza el océano. 

    El acuerdo de YPF con la empresa china Wison es para incorporar dos buques licuefactores flotantes (FLNG), con capacidad para producir 6 millones de toneladas de gas natural licuado por año cada uno. 

    Otra dato que generó suspicacias es que la negociación avanzó por contratación directa, sin proceso licitatorio. Según palabras del propio presidente de YPF, Horacio Marín, la idea fue “acelerar los tiempos”. La vieja excusa.

     

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