Autor: Invitad@ Especial

 

En una jugada que mezcla ironía y agenda social, Juan Grabois presentó su idea de un nuevo impuesto a los patrimonios más abultados, al que decidió bautizar “Proyecto Karina”, en referencia a la secretaria general de la Presidencia.

El dirigente social y tercer candidato a diputado nacional de Fuerza Patria adelantó que impulsará un proyecto que apunta a cobrar un 3% sobre los patrimonios mayores a los US$10 millones, con el objetivo de que los sectores más ricos aporten en tiempos de ajuste. “Yo estoy armando un proyecto que se llama Proyecto Karina, porque es el 3%”, dijo con sorna en declaraciones a Radio con Vos.

Escalas y montos

Si bien todavía trabaja en los detalles, Grabois explicó que la iniciativa establecería distintas escalas:

• 3% para quienes tengan fortunas declaradas por más de US$10 millones (o $10.000 millones).
• 2% para patrimonios de hasta US$5 millones.
• 1% para quienes posean hasta US$2,5 millones.

El referente de Patria Grande aclaró que se trata de aplicar el tributo sobre lo declarado: “Después habrá que poner sobre la mesa lo que no está declarado”. Y subrayó que “el 99,5% de los argentinos” quedaría exceptuado.

Una reedición del aporte solidario

La propuesta recuerda al aporte extraordinario y solidario que en 2020 impulsó Máximo Kirchner para enfrentar la crisis derivada de la pandemia, que gravó patrimonios superiores a los $200 millones.

El guiño a Karina Milei

El nombre elegido no es casual: Grabois aludió al “3%” que, según audios atribuidos al titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, habría sido exigido en supuestos pedidos de coimas que involucrarían a Karina Milei y a su mano derecha, Eduardo “Lule” Menem. El dirigente lo utilizó como chicana, dejando en claro que, para él, ese porcentaje debería destinarse a financiar políticas públicas, no a negocios turbios.

Con su Proyecto Karina, Grabois reaviva el debate sobre la contribución de los más ricos, mientras dispara una flecha cargada de ironía al corazón del mileísmo.

 

 

El ministro de Defensa, Luis Petri, enfrenta un nuevo frente de cuestionamientos tras el intento de desprenderse de 13.000 hectáreas del Ejército en La Calera, Córdoba. Mientras tanto, lidia con denuncias por mala gestión, sospechas de corrupción y su doble rol como funcionario y candidato.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para Noticias La Insuperable

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Un negocio inmobiliario que sacude al Congreso

La noticia del plan para vender 13.000 hectáreas en La Calera encendió las alarmas en el Parlamento. Se trata de un área de altísimo valor inmobiliario, rodeada de barrios privados y emprendimientos de lujo, que podría transformarse en una mina de oro para algunos sectores… pero en un golpe patrimonial para el Estado.

El diputado del PRO Oscar Agost Carreño pidió formalmente que el ministro explique los motivos de la operación, advirtiendo que nunca fue oficializada y que hay serias dudas sobre su trasfondo. El interrogante que atraviesa a los bloques legislativos es evidente: ¿qué beneficio real tendría el Estado desprendiéndose de tierras estratégicas de las Fuerzas Armadas en una zona tan codiciada?
La sospecha de una privatización encubierta, bajo el discurso de “optimización de recursos”, gana terreno en los pasillos del Congreso.

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Un ministerio con demasiadas sombras

El conflicto por las tierras, señalan desde EnOrsai, no es un hecho aislado. Petri ya carga con otros frentes que golpean su gestión.
La obra social de las Fuerzas Armadas atraviesa un colapso financiero que los propios altos mandos militares atribuyen a la mala administración del área.

A esto se suman las investigaciones sobre contrataciones con la droguería Suizo-Argentina, en las que se analizan posibles irregularidades dentro del ministerio.
Todo ocurre mientras el funcionario mantiene una doble agenda: la de ministro de Defensa y la de candidato a diputado por Mendoza, un cruce de intereses que erosiona todavía más su credibilidad.

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Riesgo patrimonial y golpe político

La polémica venta de La Calera promete calentar el debate parlamentario. Distintos bloques ya exigen explicaciones detalladas y alertan sobre el riesgo de desprenderse de bienes militares en beneficio de privados.

Lo que está en juego no es solo el patrimonio del Ejército. También se discute la transparencia en un ministerio que acumula denuncias por todos lados y que parece más enfocado en operaciones políticas que en cuidar los recursos del Estado.

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Un ministro en el ojo de la tormenta

En este escenario, la figura de Luis Petri aparece tambaleante, atrapada entre sospechas, crisis institucionales y oportunismo electoral.
Lo que debería ser una conducción clara y una defensa firme del interés nacional se convierte en un terreno plagado de negocios opacos y conflictos de interés.

La credibilidad del gobierno de Milei se resiente con cada nueva polémica que golpea al Ministerio de Defensa.

 

 

Tras las declaraciones de su pareja en la justicia, su nombre quedó en boca de todos.

Por Tomás Palazzo para Noticias La Insuperable

A fines de la semana pasada, Fernando Cerimedo declaró, oculto en las sombras de la medianoche del jueves, ante el fiscal Franco Picardi y confirmó el relato de Diego Spagnuolo que se destapó con la filtración de los audios de las coimas en la ANDIS que involucran a la hermana presidencial, asegurando que lo que decía el hasta entonces amigo del presidente, ya lo había escuchado personalmente por parte del abogado.

Pero para entender cabalmente la relación entre el quien fuera el jefe de los trolls de Milei y Director de «La Derecha Diario» no hay que desconocer que su esposa, Natalia Belén Basil, trabajó bajo las órdenes de Spagnuolo en la misma Agencia Nacional de Discapacidad.

En mayo del año pasado, a través de la Decisión Administrativa 323/2024, el gobierno de Milei designó de forma transitoria a Natalia Belén Basil como directora de la Agencia Nacional de Discapacidad. Basil es ingeniera química y no tenía, al igual que Spagnuolo, experiencia profesional ni educativa sobre discapacidad: solo venían a despedir trabajadores y quitar derechos. Pero, parece que en el medio, también quisieron participar de las cometas que iban y venían.

Designada directora nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas de la ANDIS, el área que maneja pensiones y beneficios para personas con discapacidad, su nombramiento generó comentarios por su falta de antecedentes en políticas específicas de discapacidad y, como dijimos, su gestión coincidió con un proceso de supuesta revisión de expedientes y ajustes presupuestarios que despertaron resistencia en sectores gremiales y en asociaciones de usuarios.

Pero para fines de 2024, en silencio, se produjo su salida de la Agencia. Pero la misma no implicó un repliegue completo: siguió vinculada al ecosistema libertario, colaborando con proyectos de comunicación y asesoría ligados al oficialismo y, más importante aún, cobrando un sueldo del gobierno, esta vez dentro de la plantilla de Aysa donde continúa en funciones, tal cual asegura su Linkedin.

Testigo de primera mano de lo sucedido con las coimas de Karina, su nombre debería resonar fuerte para ser prontamente citada por una Justicia que, al menos por ahora, parece estar más enfocada en la pata empresaria.