Autor: Invitad@ Especial

 

El pánico de los poderosos: jueces debatieron entre el home office y francotiradores mientras el pueblo marchaba por Cristina.

En una escena digna de una distopía judicial, los jueces de Comodoro Py entraron en pánico al enterarse de la masiva movilización que el peronismo preparaba para acompañar a Cristina Fernández de Kirchner hasta los tribunales. Según reveló el portal La Política Online, la conmoción entre los camaristas fue tal que, en una reunión de Superintendencia de la Cámara de Casación, se evaluó insólitamente la posibilidad de adoptar el home office… o incluso instalar francotiradores en el edificio.

La absurda discusión expone el nivel de desconexión de una casta judicial que no midió el impacto político y social de una decisión que pretende encarcelar a la dirigente más importante del país, con nula legitimidad popular y evidentes motivaciones políticas.

El temor a la multitud

Todo comenzó con la notificación del juez Jorge Gorini, quien había enviado un oficio advirtiendo que los días 17 y 18 de junio se harían efectivas las detenciones en la causa Vialidad. La reacción fue inmediata: preocupación, llamados desesperados y un despliegue de seguridad inédito, como si se tratara de una amenaza militar.

Daniel Petrone, presidente de la Cámara de Casación, informó que Gorini pedía “medidas de seguridad suficientes”. Esto generó una cascada de llamados entre jueces, fuerzas de seguridad, el Ministerio de Seguridad porteño y hasta funcionarios del Gobierno nacional. El objetivo: blindar Comodoro Py.

Tan desbordante fue el nerviosismo que se desplegó una unidad especial de la Policía Federal, camiones celulares y hasta el Grupo Especial de Operaciones (GEOP), encargado de revisar el edificio durante el fin de semana previo.

¿Francotiradores para contener una marcha?

La paranoia alcanzó un nivel grotesco cuando, según relataron fuentes judiciales a LPO, se planteó la opción de colocar francotiradores en los techos del edificio judicial. La jueza Ángela Ledesma se opuso categóricamente al despliegue de fuerzas armadas y logró frenar el delirio represivo. La propuesta, sin embargo, demuestra el grado de desconexión institucional frente a una manifestación pacífica en defensa de los derechos políticos de una dirigente proscripta.

Un fiscal citado por el mismo medio señaló que incluso el juez Carlos Mahiques expresó temor porque en la ciudad bonaerense de Mercedes aparecieron volantes agraviantes hacia su persona y su familia. “Se pasaron de rosca, no midieron las consecuencias, es como el 2×1”, comparó uno de los jueces, recordando el repudio generalizado que despertó el intento de beneficiar con un cómputo de penas al represor Luis Muiña en 2017.

“No jodan con Cristina”: el mensaje que incomodó a los jueces

El clamor popular retumbó con fuerza en los pasillos de tribunales. Una imagen en particular incomodó especialmente a los magistrados: la columna de La Cámpora, encabezada por una bandera que decía sin eufemismos “Jueces macristas, no jodan con Cristina”. La frase, directa y potente, no dejó margen a la interpretación.

“El repudio en la calle no le gusta a nadie. Menos cuando es de este alcance. Y eso que frenaron los micros”, confesó un juez.

Mientras el aparato judicial y político que sustenta al gobierno de Javier Milei intenta disfrazar de “independencia judicial” lo que no es más que una operación de persecución política, las calles hablaron con claridad. El pueblo argentino sigue demostrando que no se resigna a ver cómo encarcelan a sus referentes por medio de una justicia servil, sin pruebas ni legitimidad.

Entre el lawfare y el miedo a la calle

Este nuevo capítulo del lawfare en Argentina no solo confirma la intención de proscribir a Cristina Fernández de Kirchner, sino que también deja en evidencia algo más profundo: el temor visceral de los jueces al pueblo movilizado. Cuando la Justicia deja de impartir justicia y se convierte en instrumento del poder económico, no es extraño que sus operadores tiemblen frente a una multitud que exige democracia y soberanía.

El desvarío de discutir francotiradores para enfrentar una manifestación política deja al desnudo que el problema no es la seguridad del edificio de Retiro, sino el pánico de una cúpula judicial que sabe que sus decisiones ya no tienen respaldo social.

Porque cuando los pueblos marchan, los poderosos tiemblan.

(EnOrsai)

 

 

El vocero dio nombres y hablo de presunto espionaje.

La Embajada de la Federación de Rusia en Argentina expresó su preocupación por las declaraciones realizadas el pasado 18 de junio por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien mencionó el descubrimiento de “un grupo de residentes rusos en Argentina que estarían realizando tareas sospechosas en favor de intereses geopolíticos de Rusia”.

Según indicó la representación diplomática rusa, Adorni mencionó en su conferencia de prensa a dos ciudadanos identificados como Lev Andriashvili e Irina Yakovenko como presuntos líderes del grupo.

Sin embargo, la Embajada afirmó que estas personas “no están registradas en la sección consular” y que, ante esta situación, “se ha enviado una Nota Verbal al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina solicitando aclaraciones sobre su estatus legal”.

Desde la sede diplomática lamentaron que “esta no es la primera oleada de una manía de espionaje relacionada con los intentos de los adversarios de nuestro país de perjudicar las relaciones ruso-argentinas”.

Las autoridades rusas evitaron realizar mayores comentarios hasta recibir una respuesta oficial del Gobierno argentino, aunque reafirmaron su disposición al diálogo y al fortalecimiento de los lazos bilaterales.

Hemos prestado atención a la declaración de Manuel Adorni sobre el descubrimiento de un “grupo de residentes rusos que estarían realizando tareas sospechosas”. Lamentablemente esta no es primer intento de perjudicar las relaciones ruso-argentinas.

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— Embajada de Rusia,AR (@EmbRusiaEnArgEs) June 18, 2025