La pelea de los libertarios por el control del partido en Río Negro enfrenta a la diputada Lorena Villaverde con Lule Menem, mano derecha de Karina Milei.
Villaverde es la presidenta de La Libertad Avanza en la provincia patagónica pero quedó muy cuestionada por su vinculación con el supuesto narco Fred Machado, una condición que le arruinó la carrera política a José Luis Espert.
La propia Villaverde se vio obligada a renunciar a la banca de senadora nacional que había ganado en octubre y se aferró a su banca de diputada, en la que tiene mandato hasta 2027.
Sin embargo, su rol como presidenta del partido local quedó seriamente cuestionado. Lule busca aprovechar esa situación para intervenirle el partido por medio del senador provincial Enzo Fullone.
Lorena Villaverde
En la última reunión del consejo de La Liberad Avanza de Río Negro, Fullone propuso un cambio en la conducción del partido local y empujó al farmacéutico Roberto Zgaib, para integrar el Tribunal Revisor de Cuentas. Ese es el ente que debe fiscalizar la legalidad y transparencia del manejo financiero del partido que conduce Karina a nivel nacional.
Su llegada se produce expresamente para correrla a Villaverde. El propio Zgaib dijo que a la diputada «hay que echarla a patadas» del partido junto al operador Julián Goinhex, que trabajó para Soria, Weretilneck, García Larraburu y ahora es libertario. A ambos los acusa de haber avalado la emisión de una factura trucha en la campaña por 73 millones de pesos. Con esa denuncia busca correrlos del partido.
En el sector de Villaverde, en tanto, objetan la llegada de Zgaib al Tribunal Revisor de Cuentas de La Libertad Avanza por incompatibilidades como vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos de Río Negro. Lo que cuestionan es que superpondría la función de controlar las finanzas del mismo partido de Gobierno nacional que decide sobre el pago de las deudas que el sector farmacéutico le reclama al PAMI, en donde Lule pisa fuerte.
«Quien controle las cuentas de un partido de gobierno no puede, al mismo tiempo, representar intereses comerciales que negocian y presionan a ese mismo gobierno», aseguran los detractores de Zgaib.
Javier Milei enfureció con la revelación de su contrato con Hayden Davis, el hacedor de la estafa de la cripto Libra, y amenazó con el cierre del diario Clarín.
El matutino publicó el viernes el contrato que firmó el presidente el año pasado en la Rosada con el «empresario» Davis, que entonces no conocía nadie. A raíz de esa revelación, los legisladores que integran la comisión Libra en el Congreso evalúan una segunda etapa investigativa, mientras padecen la parsimonia procesal del fiscal que «investiga» el caso, Eduardo Taiano.
Un día después de la nota de Clarín, Milei publicó un par de tuits furiosos contra el diario. «Masterclass» puso en un tuit en el que citaba otro que, de manera irónica, hablaba del cierre del Clarín. La explicación del «chiste» era que el diario cerraba como cada noche antes de imprimir su edición del día siguiente.
Es un chascarrillo que en boca de un presidente suena como una amenaza a la libertad de expresión, más aún considerando que Milei tiene desde hace 11 meses un tuit fijado en el que se refiere a Clarín como la «gran estafa argentina».
Luego Milei retuiteó a otro usuario que dijo que «Clarín sin pauta miente», junto a una enumeración de conceptos sobre el rol de los medios.
El enojo de Milei con el diario por la nota de Davis parece cuanto menos desmedido. La publicación no fue ni siquiera llevada a la tapa, como sin dudas hubiera pasado si un escándalo internacional de corrupción sacudía a la administración de Cristina Kirchner.
Quedaron en el pasado, al menos por el momento, las visitas de Milei al CEO de Clarín, Héctor Magnetto, acompañado de Sebastián Pareja.
El embate contra Clarín se da en un momento en el que una parte del establishment se está moviendo contra el libertario y en la misma semana de la pelea inédita con Techint, al que Milei le deseó la quiebra. El dueño de Techint, Paolo Rocca, comparte con Magnetto la conducción de la Asociación Empresaria Argentina (AEA).
Un día antes del ataque de Milei a Clarín, los libertarios se pelearon con el New York Times, que reveló una negociación entre con Donald Trump para que la Argentina reciba deportados de Estados Unidos.
El gobierno aún no desmintió tamaña información de manera oficial. El canciller Pablo Quirno, mencionado en el diario neoyorquino como el protagonista de la negociación, hizo silencio.
Milei se limitó a retuitear una desmentida del Gordo Dan y Agustín Romo, jefe de bloque de los libertarios en el Senado bonaerense, dijo que los del New York Times son unos «conchudos».
La Justicia de Rosario le puso un freno al gobierno santafesino respecto de las condiciones de detención de presos de alto perfil, lo que es uno de los puntales de la política de seguridad adoptadas y pregonadas por Maximiliano Pullaro.
La resolución de la Cámara Penal revocó una medida fundamental de movimientos de reclusos porque indica que su implementación es inconsulta hacia el Poder Judicial, de quien dependen los detenidos, y que supone regímenes de aislamiento contrarios a la Constitución Nacional y a tratados internacionales que regulan la legislación argentina.
La determinación la adoptó el camarista penal Javier Beltramone en una causa por homicidio calificado seguida contra nueve presos implicados en el asesinato de otro recluso en noviembre pasado. Lo que hace el fallo es marcar un límite hacia las restricciones carcelarias que prevé el modificado artículo 220 bis del Código Procesal Penal, que el gobierno de Pullaro adopta como herramienta de la política penitenciaria.
Es un aspecto sensible para el gobierno de Pullaro que endureció las condiciones de detención y aislamiento de los detenidos llamados de alto perfil, que son los considerados de mayor riesgo, por sus implicancias en la violencia que azotó Rosario, y que a criterio de la gestión bajó en gran medida en los dos últimos años por el mayor control de las prisiones.
Pero según diversos actores del sistema penal y también internacionales eso se hizo no sin controversia. A tal punto que el Comité de Tortura de la ONU en su último informe expresa advertencias y preocupación por el manejo de cárceles en Santa Fe. Lo que va de la mano con una tendencia marcada a dejar de lado, según lo que funcionarios de órganos de Justicia dicen a LPO, desde los mismos jueces las medidas que suponen dar beneficios en la ejecución penal, que en muchos casos impiden salidas legales hasta el cumplimiento total de la pena.
El fallo
El caso resuelto por el camarista Beltramone se refiere a una medida resuelta por el juez Fernando Sosa que en noviembre pasado formalizó la prisión preventiva contra nueve presos, acusados por distintos roles en el homicidio hace un año del interno Agustín de la Encina Capeletti, de 26 años, en la cárcel de Piñero, situada a 15 kilómetros de Rosario.
De la Encina Capeletti había sido apresado como dealer de cocaína de la banda de Yanina Alvarado, hermana del líder criminal Esteban Alvarado. El 13 de enero de 2025 un grupo de reclusos lo mataron a puñaladas y golpes un grupo de reclusos entre los que están Jorge González, Marcelo Andrés Chávez, Franco Darío Aguiar, Nahuel Yamir Clavero, Sebastián Gabriel Grondona, Adrián Candia Roldán, Darío Rodrigo Varela, Kevin Leandro Sosa y Jonatan Adrián Gauto. También fueron involucrados dos agentes penitenciarios por haber facilitado el crimen.
Pullaro en la cárcel de «El Infierno»
Después de la resolución del juez Sosa las defensas apelaron cuestionando en especial el régimen de incomunicación adoptado para los reclusos. Lo que hizo Beltramone al analizar el trámite como camarista no objeta la prisión preventiva dictada por el magistrado inicial pero ordena que los distintos imputados permanezcan alojados en pabellones distintos, sin contacto entre ellos durante 30 días o hasta el momento de que el caso siga judicialmente con la acusación formal.
Y fue terminante en dos puntos. Primero en prohibir que la medida se ejecute en celdas de aislamiento, celdas de castigo o regímenes de confinamiento solitario. Igual de categórico fue al decirle al Poder Ejecutivo que la situación de los presos depende de lo que dispongan los jueces y no discrecionalmente autoridades administrativas que manejan las cárceles.
Desde el Servicio Penitenciario de Santa Fe habían indicado que disponer a los presos en aislamiento se explicaba en un pedido de la fiscalía, y en que resultaba materialmente imposible cumplir con otra variante por la falta de infraestructura adecuada para presos de alto perfil y porque era imposible garantizar de otra manera la investigación penal.
Beltamone replicó que la ejecución de la medida de prisión preventiva había desnaturalizado lo solicitado, que se había sostenido de forma ilegal y gravosa para los derechos de los detenidos. Y marca además que el Servicio Penitenciario no está habilitado para reinterpretar o modificar el contenido de órdenes judiciales.
Por eso obliga al cese inmediato de la vigencia de las medidas de encierro en aislamiento. Y le hace saber al Servicio Penitenciario que las medidas restrictivas de la libertad dependen exclusivamente del Poder Judicial.
Un contexto complejo
Toda esta significativa controversia se monta en una tensión muy compleja que afecta a lo institucional pero también a la seguridad pública. Desde 2013 en adelante, cuando Rosario duplicó sus tasas de violencia altamente lesiva, hubo un papel notorio en los hechos de sangre que provenían de directivas en las cárceles. Fue muy notorio en audiencias judiciales: organizaciones criminales robustas o marginales ordenaban homicidios, extorsiones y balaceras desde las prisiones.
Al asumir en 2023 Pullaro impuso un régimen de fortísimas restricciones en las cárceles que afectaron a la ubicación de presos, los regímenes de visitas, los ingresos de mercaderías. Junto a otras medidas variadas y modificaciones normativas el primer año la violencia más grave declinó de una manera asombrosa con un 65 por ciento de homicidios menos. En 2025 la tasa de homicidios repuntó un 25 por ciento interanual pero los números, igualmente, se equiparan actualmente a las épocas previas al estallido violento.
Pero las violaciones a los derechos humanos en prisiones santafesinas fueron motivo de anclaje internacional. Las observaciones periódicas del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas indican preocupación por «los casos documentados en el penal de Piñero, en Santa Fe, el 2 de marzo de 2024, que incluyeron simulacros de ahogamiento en tanques de agua o «al seco» con bolsas de plástico, descargas eléctricas y abusos sexuales, así como la falta de información sobre las investigaciones realizadas al respecto».
El gobierno de Pullaro tienen en su política penitenciaria uno de los activos más fuertes en sus apelaciones políticas y lo usa de modo permanente, incluso en la cartelería pública dentro y fuera de las temporadas proselitistas. Hace diez días el gobernador resaltó que en sus cuatro años de gobierno se harán más de las 3.500 celdas que se hicieron en Santa Fe en los últimos cien años. A la nueva cárcel para 1.150 reclusos de alto perfil a alojarse en celdas individuales la misma gestión la denominó «El infierno». En el mismo predio habrá dos prisiones más para totalizar 1.950 detenidos en cada una.
Todo esto vino acompañado de un ajuste de políticas muy fuertes hacia la población carcelaria de la que el fallo de Beltramone resulta expresivo. Ese rigor también se manifiesta en el sistema penal, que de modo muy manifiesto en los últimos dos años se caracteriza, por lo que se advierte en audiencias de ejecución, que no se otorgan salidas de ningún tipo.
La ley nacional 24660 de ejecución de penas tiene como criterio la progresividad que implica que la persona condenadas va cumpliendo fases cuando tiene conducta aceptable y adquiere por ello espacios de mayor autonomía y responsabilidad. Y parte de la pena final, con obligaciones y controles, se cumple en libertad.
«Hoy la inmensa mayoría de las personas presas salen con condena cumplida. Los fiscales piden el régimen más duro. Y los jueces habilitan todo inclusive en presos que no son de alto perfil. Los informes de los organismos carcelarios además suelen tener argumentos que desaconsejan la excepción de prisión efectiva a veces de manera pueril», indica un importante funcionario de la Defensa Pública, lo que también corrobora a LPO un magistrado penal ya jubilado. «Esto de Beltramone es una excepción que expresa un muy fuerte contraste. Hoy los jueces en generla van poco más allá de dictar medidas de detención y exclusiones de hogar. Sobre la ejecución de penas niegan todas las salidas o pasan de largo», sostuvo.
La llegada de Carlos Presti al ministerio de Defensa está lejos de resolver la crisis de IOSFA, la obra social de los militares que desde la llegada del gobierno de Javier Milei acumula deudas millonarias que afectó progresivamente la cobertura social tanto de los activos como de los retirados.
Esta situación empeoró y fuentes afectadas por la situación revelaron que en Mar del Plata los afiliados de IOSFA se quedaron sin cobertura por una deuda de 800 millones de pesos con el Hospital Privado de la Comunidad.
Esta fuente afirmó que «hay un corte total de cobertura en Mar del Plata desde hace varios días sin solución a la vista.
Los afiliados deben pagar de su bolsillo «cifras astronómicas» en el HPC (donde normalmente tienen cobertura) y tienen problemas para conseguir turno».
El enojo y decepción arrastra a Presti porque, según afirman, se esperaba que el nuevo ministro saneara la obra social, pero «la realidad es que es peor todo y no ha servido de nada».
Esta fuente afirma que «en Mar del Plata están las tres fuerzas representadas, hay gente en actividad y retirados de las tres fuerzas y se quedaron sin obra social y sin alternativas porque en el HPC vas con problemas médicos o algún tipo de estudio».
«Tenés que ponerte tu bolsillo que en algunos casos llegan a los 400.000 pesos que te sale una tomografía o los 100.000 que te salen un análisis de sangre. Con los sueldos nuestros y sobre todo los que están con algún tema complejo o jerarquías bajas, imposible hacer frente a esos valores», remarca.
Tenés que ponerte tu bolsillo que en algunos casos llegan a los 400.000 pesos que te sale una tomografía o los 100.000 que te salen un análisis de sangre. Con los sueldos nuestros y sobre todo los que están con algún tema complejo o jerarquías bajas, imposible hacer frente a esos valores
«Es una situación muy compleja que no tiene viso de solución por el momento, a pesar de que habían hablado de que se iba a regularizar a través de un DNU y que se iban a separar las obras sociales con la fuerza de seguridad. De todo eso nada y con pagos muy a cuenta gotas que son insuficiente como para restablecer la prestación», lamenta.
Según esta fuente, otra ciudad con problemas similares es en el Hospital Italiano de Bahía Blanca y hay problemas con las farmacias que atendían IOSFA en todo el AMBA.
«CABA tiene otra situación porque también está el Hospital Militar Central, el Hospital Naval y el Hospital Aeronáutico como alternativas primarias. La situación está muy delicada, porque en este momento IOSFA no cuenta con caja como para hacer frente al pago de los prestadores, y entonces eso se va cortando», concluye.
El enojo es mayor porque consideran que las prioridades de Presti están desfasadas de estas necesidades. «Se preocupa más porque los militares de alto rango puedan tener cargos políticos sin pasar a disponibilidad en lugar de resolver estos problemas que son urgentes», reprochan.
LPO accedió a un comunicado en el que dice que «el Hospital Privado de Comunidad (HPC), a través de la Fundación Médica de Mar del Plata, notifica a la Base Naval que, debido a las deudas impagas por parte del Instituto Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), se suspenden la mayoría de los servicios programados» con la excepción de Oncología, Pediatría, Obstetricia y emergencias que pongan en riesgo la vida.
Una maniobra de Alberto Weretilneck complicó el mega proyecto para instalar un hotel de lujo y privatizar medio Cerro Catedral.
El gobernador de Río Negro buscó correr del medio a una concejal que se oponía a la inicitativa, pero no esperaba que su reemplazante tuviera una posición aún más contraria al masterplan de la empresa que controla el cerro.
La posición de CAPSA, concesionaria del Catedral hasta 2056 e impulsora del proyecto, es irreductible: hotel 6 estrellas a 1200 metros de altura y loteo de 70 hectáreas para desarrollo inmobiliario.
La iniciativa podría liquidar al comercio local, porque los visitantes ya no tendrían necesidad de pasar por la ciudad. También a los del cerro, porque la base se elevaría a 1200 metros. Si en lugar de hoteles se construyen departamentos de alquiler, el proyecto tampoco tendría impacto en la generación de empleo. Además, el costo de llevar electricidad y servicios debería ser absorbido por los vecinos.
El proyecto necesita el apoyo de ocho de los once concejales barilochenses y hoy reuniría solamente cinco. Hay otros cinco concejales que rechazan el proyecto con distintos matices: algunos podrían apoyar el hotel, pero ninguno el hotel y el loteo a un precio muy bajo.
El principal interesado en aprobar el proyecto es el gobernador, más aún que el intendente de Bariloche, Walter Cortés.
En Bariloche no entienden la jugada del gobernador, que se llevó a la concejal Natalia Almonacid al gobierno provincial sin tener la certeza de que su reemplazante apoyaría la privatización del cerro.
Hay quienes creen que el apuro está vinculado a las dificultades políticas crecientes que enfrenta el oficialismo provincial. «Si no pasa esta vez, es posible que después de 2027 le toque a otro partido», dijeron a LPO fuentes rionegrinas.
Antes de que pudiera abrirse la discusión, Glenda Cohen, quien debía suceder a Almonacid, presentó su «renuncia irrevocable» a la banca. El siguiente en la lista es Lucas Pérez, pero ya no pertenece a Juntos Somos Río Negro, el partido del gobernador, sino que adhirió a Creo, el partido que lidera Aníbal Tortoriello, aliado con los libertarios.
La falta de afinidad ideológica es el argumento de JSRN para pedir que no asuma, pero también tienen bajo la manga una causa por venta de licencias de conducir truchas que lo tuvo como involucrado.
Si JSRN logra apartar a Pérez, la próxima en asumir sería una dirigente jubilada, que no desea renunciar a su pensión. El último titular es Claudio Otano, qué sí pertenece a JSRN y no está jubilado, pero está alineado con Gustavo Gennuso, el ex intendente de Bariloche que en los últimos meses se alejó del gobernador.
Con seguridad, JSRN podría aportar dos votos, a los que se sumarían otro dos del PUL, el partido del intendente: el tercero de sus integrantes, Tomás Hercingonja, salió a criticar el proyecto. Comerciante barilochense, prometió no votar la iniciativa que podría traer graves dificultades a los locales del centro. El PRO aportaría un voto a la iniciativa que sumaría cinco escaños.
Del otro lado, Facundo Villalba, Leandro Costa Brutten, Julieta Wallace y Roxana Ferreyra ya anticiparon su rechazo.
El proyecto
En lo que se conoce como 1200m, en la línea de la actual aerosilla Cóndor habrá un hotel de lujo y ya visitaron el cerro enviados de importantes cadenas hoteleras para evaluar las posibilidades. Según fuentes al tanto del proyecto, Alberto Surace es el encargado de atraer a los inversionistas interesados. Se trata de un empresario ligado a la construcción y a concesiones viales y aeropuertos.
Muy cerca del futuro hotel, sobre el reservorio de agua que se utiliza para generar nieve artificial, el concesionario buscaría hacer un loteo vip.
En el estacionamiento sur de la base se instalaría otro de los loteos. Capsa propuso mudar el estacionamiento gratuito al actual puesto de la policía, ubicado a varios kilómetros. Además, en la zona conocida como Chapelquito se ubicaría otro desarrollo residencial.
Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, anunció que presentará ante la Asamblea Nacional una ley de amnistía general para liberar a los presos políticos detenidos desde 1999 hasta la fecha, periodo que cubre los gobiernos del chavismo.
«Quiero anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo político de violencia política de 1999 al presente», dijo Rodríguez en el acto del inicio del año judicial, en el Tribunal Supremo de Justicia.
La líder chavista encargó a la Comisión de Revolución Judicial y al Programa para la convivencia y la paz para que en las próximas horas presenten la ley ante la AN, así como la «máxima colaboración» al cuerpo legislativo para su aprobación.
«Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo, que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos», añadió.
Delcy pidió a los presos políticos del país, incluyendo a aquellos que ya han recibido medidas de excarcelación, que «no se imponga la venganza, la revancha ni el odio».
Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo, que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos
A su vez, indicó que esta propuesta de ley excluye a aquellos procesados o condenados por homicidios, tráfico de drogas y violaciones a los derechos humanos.
Cárcel del Helicoide, en Caracas.
Varias ONG han insistido desde hace años en una amnistía general para todos los presos políticos, presentando, al mismo tiempo, varias propuestas de ley. La última fue propuesta el martes pasado por la organización Surgentes y el Comité de Madres por la Verdad.
El texto de la ONG y el Comité incluía 12 artículos y proponía la amnistía para «todas esas personas que han sido perseguidas, luchadores sociales, periodistas, integrantes de comité de víctimas, militares y personas perseguidas o privadas de su libertad en el contexto de movilizaciones postelectorales».
A principios de mes, una fracción parlamentaria de Venezuela planteó también una ley de amnistía para, argumentó, llevarle «sosiego» a los familiares de las personas «que están injustamente detenidas».
Actualmente, según la ONG Foro Penal, hay 711 presos políticos, pero el Gobierno venezolano negaba que en el país hubiera personas detenidas por estos motivos y señalaba que los detenidos cometieron delitos, en su mayoría, relacionados al terrorismo.
La última vez que se promulgó una ley de amnistía en Venezuela fue en diciembre de 2007, cuando el fallecido presidente Hugo Chávez perdonó a personas involucradas en el golpe de Estado en su contra en 2002.
En 2016, el Parlamento, para entonces controlado por la oposición, aprobó una ley de amnistía, declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que es afín al chavismo, y nunca se pudo aplicar.
En agosto de 2020, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, otorgó, mediante decreto, 110 medidas de indultos a opositores, sindicalistas y actores sociales acusados de diversos delitos, de cara a elecciones legislativas que se celebraron en diciembre de ese año, un evento al que el grueso de la oposición no se presentó.
