Manuel Adorni se vio obligado este martes a decir que está dispuesto a concurrir al Senado para brindar su informe como jefe de gabinete, después que Patricia Bullrich lo bajó porque ningún senador está dispuesto a escucharlo sino que lo esperan para interpelarlo directamente.
El funcionario comunicó por Twitter un mensaje que sonó a una desautorización de la jefa de bloque libertario, por un lado, y reveló una preocupación creciente del gobierno: si Adorni no va, incumple la Constitución. Pese a que el apego de la administración libertaria a las normas no es su virtud, la fragilidad del jefe de gabinete, envuelto en sospechas de corrupción, pone en vilo a la Casa Rosada.
En efecto, una fuente al tanto de la situación reconoció ante LPO que «una cosa es que a Adorni lo bajen desde el Senado en un acuerdo con los aliados y otra es que se baje solo».
El mensaje de Adorni por Twitter fue lacónico. «Estoy a disposición para presentarme el día 2 de Julio próximo al Honorable Senado de la Nación para brindar el informe de gestión como marca la Constitución Nacional. Fin», dice el texto.
Pero tanto el momento de su divulgación como su significado son inseparables del enfrentamiento entre Karina Milei y la ex ministra de Seguridad. LPO informó que fue Patricia la que le planteó a la hermana presidencial que había que voltear el informe del jefe de Gabinete anunciado para el 2 de julio porque la oposición se preparaba para removerlo antes que para recibirlo. «No vengas, que nadie te quiere escuchar», fue lo que le dijo Bullrich al propio Adorni.
Más allá de la interna entre la senadora y Balcarce 50, lo cierto es que el plazo para enviarle preguntas al jefe de Gabinete vencía este miércoles 24 de junio pero, al cierre de esta nota, solo un senador habría remitido a las autoridades del Senado nada más que dos preguntas. Lo habitual es que los informes de un jefe de Gabinete tengan alrededor de mil páginas y 4 mil preguntas.
La noche de furia de Adorni se completó con su irrupción intempestiva en la Fundación Faro, en donde Milei dio un discurso luego de que Adrián Ravier debutara como nuevo vocero del presidente. La presencia insospechada del jefe de gabinete, convertido en la mancha venenosa, fastidió a los Peaky Blinders de Santiago Caputo.
De todos los datos e indicadores que vienen del frente económico, este es el que realmente le pega al plan. No es la industria en caída. No es la actividad partida. No es el consumo planchado. Es MSCI diciéndole a Toto Caputo que la Argentina todavía no está en condiciones de volver al radar de los fondos globales.
El golpe va directo al nervio del programa. El plan ya no depende solo del ajuste fiscal, de pisar el gasto o de administrar el dólar. Depende, sobre todo, del financiamiento externo. Caputo necesita volver a colocar deuda, renovar vencimientos, convencer a Wall Street de que esta vez la Argentina no es una excursión corta antes del próximo incendio.
Por eso la decisión de MSCI tiene otro peso. La firma mantuvo a la Argentina como mercado standalone, el escalón más bajo de su clasificación, y no la incluyó en ningún proceso de revisión para pasar a mercado de frontera o emergente. El mercado esperaba, al menos, entrar en una lista de seguimiento. Ni eso.
«MSCI concluyó que no hubo mejoras suficientes en materia de acceso al mercado respecto de 2024 y, además, confirmó que el país no ingresará al proceso formal de revisión, un requisito indispensable antes de cualquier reclasificación. Bajo este escenario, la ventana más probable para un ascenso recién aparece hacia 2028: el supuesto base es que durante 2027 se consoliden nuevas medidas de apertura, MSCI abra una consulta y Argentina sea incorporada a la lista de revisión», comentaron desde Puente.
El informe clave se llama MSCI 2026 Global Market Accessibility Review. Allí MSCI evaluó 79 mercados y miró cinco criterios: apertura a la propiedad extranjera, facilidad para el ingreso y salida de capitales, eficiencia operativa, disponibilidad de instrumentos de inversión y estabilidad del marco institucional. Además, desagregó esos criterios en 18 medidas concretas. En la planilla, la Argentina aparece con siete taches: restricciones al flujo de capitales, falta de liberalización cambiaria, problemas de compensación y liquidación, ausencia de stock lending, ausencia de short selling, baja disponibilidad de instrumentos de inversión y debilidad del marco institucional.
MSCI concluyó que no hubo mejoras suficientes en materia de acceso al mercado respecto de 2024 y, además, confirmó que el país no ingresará al proceso formal de revisión, un requisito indispensable antes de cualquier reclasificación. Bajo este escenario, la ventana más probable para un ascenso recién aparece hacia 2028.
La lectura es bastante menos amable que la traducción oficial. MSCI no está mirando solo el pasado argentino. Está mirando la institucionalidad actual. Las reglas de juego. La capacidad de entrar y salir. La estabilidad regulatoria. La información disponible. La calidad del mercado. La sensación, para un inversor grande, de que no entra a una autopista sino a un camino con peajes, desvíos y carteles escritos a mano.
Las observaciones fueron muy concretas. MSCI señaló que la repatriación de ganancias nuevas, aunque fue flexibilizada desde abril de 2025, sigue sujeta a requisitos documentales. Agregó que las ganancias anteriores todavía no pueden salir libremente. También apuntó que no existe un mercado de divisas offshore y que en la plaza local las operaciones cambiarias deben estar vinculadas con transacciones de valores.
La lista sigue. Para abrir cuentas, los documentos deben presentarse en español. La información bursátil detallada tampoco se divulga. No existe estatus de nominación. Las facilidades de sobregiro siguen prohibidas. La competencia entre brokers es limitada. En castellano básico: para Wall Street, Argentina todavía no ofrece un mercado.
«Messi sí, MSCI no». La frase que eligio la calificadora para el capítulo argentino resume la distancia entre la expectativa local y la devolución de afuera.
Ese palazo llega justo cuando Caputo intenta cerrar el blindaje financiero hasta 2027. La cuenta de 1816 es dura: entre lo que queda de 2026 y todo 2027, la Argentina debe afrontar unos USD 30.700 millones de deuda en moneda extranjera con privados, el FMI y el Club de París. Para cubrir ese calendario, el Gobierno tiene identificados unos USD 13.100 millones. Falta el resto: USD 17.600 millones.
Los US$ 13.100 millones salen de tres canillas. Primero, los dólares que juntó el Tesoro con las licitaciones quincenales de Bonares: USD 3.082 millones depositados en el BCRA. Segundo, las garantías del Banco Mundial y del BID, que permitirían conseguir financiamiento privado a seis años por unos USD 4.000 millones. Tercero, la renovación de los repos del BCRA por USD 6.000 millones, con vencimientos entre octubre de 2026 y abril de 2027.
La parte que falta es la más sensible. Según 1816, esos USD 17.600 millones podrían cubrirse con una combinación de nuevos Bonares, emisión internacional, rollover con el FMI o uso de reservas. Pero ninguna opción es gratis. Quedan apenas USD 366 millones por colocar del Bonar 2028, sobre un cupo de USD 2.000 millones. Los Globales largos rinden menos de 9%, lo que abre una ventana para deuda offshore. Pero esa ventana depende de que el mercado crea que la Argentina cambió de régimen, no solo de discurso.
El punto del FMI tampoco es menor. Los pagos netos al Fondo ascienden a USD 7.900 millones. Para rollearlos haría falta un nuevo programa, ya sea un EFF o un Stand By. La alternativa de usar reservas también tiene letra chica. La consultora calcula que las reservas netas a valor de mercado podrían subir a la zona de USD 10.000 millones si se renuevan los repos. Además, el Tesoro podría comprarle dólares al BCRA porque tiene depósitos en pesos en el Central por el equivalente a USD 8.800 millones.
El recuerdo incómodo es 2019. Después de las PASO, el gobierno de Mauricio Macri no pudo enfrentar los vencimientos de Letes y Lecap. Terminó reperfilando deuda y reponiendo el cepo antes de la elección general. La comparación no es automática, pero en la City aparece por una razón: el problema no es solo pagar. Es tener dólares para pagar, defender el tipo de cambio y atravesar el calendario sin que se dispare la demanda de cobertura.
La rueda financiera ya venía mostrando tensión antes de que saliera el comunicado de MSCI. Los ADRs argentinos cerraron con bajas generalizadas en Nueva York. Edenor cayó 4,4%, Galicia 3,9%, YPF 3,5%, BBVA 3,5%, Transportadora de Gas del Sur 3,4% y Central Puerto 3%. El S&P Merval perdió 2,7% medido en dólares y quedó cerca de los 2.089 puntos.
Los bonos también frenaron la recuperación. Los títulos soberanos en dólares bajaron entre 0,2% y 0,5%, con retrocesos en el Bonar 2041, el Global 2041 y el Global 2046. El Global 2030 logró sostener una leve mejora. La corrección se dio en una rueda mala para emergentes: el ETF EMB retrocedió 0,1%. En ese marco, el riesgo país de JP Morgan subió 2,9%, su mayor avance diario en casi un mes y medio, y cerró en 433 puntos básicos.
Ahí se entiende el verdadero mensaje de MSCI. No es un problema de marketing financiero. No alcanza con decir que Argentina volvió al mundo. El mundo financiero pide infraestructura legal, información, liquidez, idioma, salida de capitales y estabilidad institucional. Pide que el tablero no cambie cada vez que al Gobierno le falta una ficha.
Semanas después de adjudicarle a un consorcio de empresas el control de un nuevo paquete de rutas, el Gobierno nacional avanza con despidos masivos en peajes donde las nuevas concesiones tienen previsto aplicar cobro automatizado.
Este martes, se conoció que la empresa estatal Corredores Viales -que al momento controla las rutas nacionales que está privatizando Toto Caputo- desvinculó a 120 trabajadores que se desempeñaban en el tramo de la Ruta Nacional 226 que tiene como epicentro el peaje de Hinojo, en Olavarría.
Eso, previo a entregarle el manejo de esa traza por los próximos 20 años al consorcio de las constructoras Concret Nor, Marcalba, Pose y Coarco que, además, se quedó con el control de las rutas 3, 205 y la autopista Ricchieri y que planifica estaciones de cobro automático.
«Este hecho forma parte de una política que ya provocó más de 3.000 despidos en Olavarría durante la gestión Milei», acusaron los concejales de Fuerza Patria, que advirtieron que la privatización «no sólo pone en riesgo los puestos de trabajo actuales, sino que tampoco garantiza obras significativas en rutas».
Más allá de eso, los despidos no solo alcanzan al personal que se desempeñaba en las cabinas, sino que también afecta a los trabajadores de las áreas de emergencia vial, grúas, soporte técnico, maestranza y balanza.
«Nos indemnizaron y el 30 de este mes nos vamos todos a nuestras casas» dijo un trabajador a Infoeme. La mayoría de los afectados son vecinos de Olavarría, donde el bloque del peronismo salió al cruce de la medida.
«Este hecho no es aislado: forma parte de una política que ya provocó más de 3.000 despidos en Olavarría durante la gestión de Javier Milei», acusaron los concejales de Fuerza Patria, que advirtieron que la privatización «no sólo pone en riesgo los puestos de trabajo actuales, sino que tampoco garantiza obras significativas en rutas».
Como contó LPO, en las entidades de usuarios viales denuncian que en las rutas ya concesionadas hace meses recién comenzaron con obras menores de bacheo, mientras que en las recientemente adjudicadas apenas se contempla el mantenimiento y corte de pasto. Eso, a cambio de la multiplicación de los peajes.
Por caso, en el pliego de la licitación para el paquete de rutas que adjudicó recientemente, el Gobierno exige apenas 55,98 kilómetros de «ruta segura» en la Ruta 226, entre el empalme de la Ruta 55 y la 22. A pesar de eso, ya está confirmada la instalación de nuevas cabinas de peaje.
Patricia Bullrich bajó a Manuel Adorni del informe de gestión que el jefe de gabinete iba a dar ante el Senado el próximo 2 de julio, en otro abierto desafío a la autoridad de Karina Milei.
«No vengas, que nadie te quiere escuchar», le dijo Bullrich a Adorni el lunes. Al día siguiente, la jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta pegó el faltazo a la cumbre que convocó el jefe de gabinete con los senadores libertarios, en busca de apoyos previos a la interpelación que teme en el Congreso.
Los propios senadores libertarios no quieren que Adorni vaya a dar el informe si antes no hay una interpelación. «Nadie lo quiere escuchar como funcionario», dijeron a LPO en el bloque oficialista. Una muestra de eso es que este miércoles vencía el plazo para presentar preguntas para Adorni pero los senadores, que suelen mandar un millar en cada informe, esta vez solo mandaron dos.
La jugada de Patricia, que según fuentes al tanto de las conversaciones tuvo el aval resignado de la propia Karina, es un freno a las intenciones de Lule Menem y de Diego Santilli de entrar en el Senado.
En efecto, LPO reveló que la ex ministra de Seguridad se había plantado contra el subsecretario de la Presidencia y el ministro del Interior. «Al Senado no entran», fue la frase de Bullrich, marcial.
Sin embargo, fuentes de Casa Rosada comentaron que Lule y Santilli están empezando a intervenir en la Cámara Alta. Hasta ahora, el punto del riojano para canalizar los deseos de Karina había sido Juan Carlos Pagotto, quien por caso cajoneó durante semanas el pliego de la jueza María Verónica Michelli, pero el senador cuyano carece de la ascendencia necesaria sobre el resto de la bancada.
‘Nadie lo quiere escuchar como funcionario’, dijeron a LPO en el bloque oficialista. Una muestra de eso es que este miércoles vencía el plazo para presentar preguntas para Adorni pero los senadores, que suelen mandar un millar en cada informe, esta vez solo mandaron dos
En ese contexto, el golpe de Bullrich contra Adorni se convierte en una demarcación de territorio contra los emisarios de Balcarce 50 en general y la hermana presidencial en particular. «El gobierno armó la foto de Adorni para limar a Bullrich con el bloque pero ella ni siquiera fue y ahora le cierra el Senado para que no exponga», dijo un senador aliado casi como un elogio a la sagacidad de su colega libertaria.
Desde el entorno de Karina enfatizaban que la tanda de tres reuniones de legisladores oficialistas con Adorni «salió bien». No obstante, uno de los que participó de la cita reconoció que hubo abundantes scones, macarrones, chipas, masas finas y brownies pero ninguno hizo preguntas al jefe de Gabinete, por su situación judicial o patrimonial.
Al cierre de esta nota, era una incógnita la reacción que se produciría en la oposición por la estocada de Bullrich contra Adorni, a quien el peronismo pretende interpelar para luego remover del cargo.
De hecho, Patricia y los aliados se reunían en las oficinas de Victoria Villarruel, ausente por cuestiones de salud, para reescribir el plan de labor parlamentaria que se acordó la semana pasada, una acción que promete soliviantar los ánimos de la tropa de José Mayans.
El senador libertario Juan Carlos Pagotto estuvo este martes en la reunión que convocó Adorni
Ese manoseo de los acuerdos legislativos sellados para la sesión prevista para este jueves incluía la interpretación de que se podía votar la interpelación a Adorni, en los términos de la moción de censura, con mayoría absoluta, es decir, con 37 votos sobre 72 totales. Esa cifra alarmó a los hermanos Milei y Karina presionó a fondo a Patricia durante el fin de semana para que exija que la oposición busque su objetivo con dos tercios de las voluntades, una vara más alta.
Para eso, Bullrich habría copiado la estrategia de Martín Menem y Cristian Ritondo en la Cámara de Diputados, donde persuadieron a los aliados radicales y de los bloques provinciales abriendo la comisión de Asuntos Constitucionales para remitir los proyectos de interpelación. Así, la ex ministra buscaría desactivar la presión de la UCR, liderada por Eduardo Vischi, y los senadores colaboracionistas, como Carlos «Camau» Espínola.
La interna del peronismo ofreció este martes un menú cargado de agresiones arteras y de golpes por debajo del cinturón entre Juan Manuel Abal Medina, del Movimiento Evita, y Facundo Tignanelli, de La Cámpora.
Abal Medina fue jefe de gabinete de Cristina Kirchner pero es acusado de «traidor» por los camporistas, que sacaron de la alacena viejos rencores marinados a lo largo de una década y le facturaron su desembarco en la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau) durante el gobierno de Mauricio Macri.
El encargado de destapar esa olla fue el camporista Emmanuel González Santalla, el senador bonaerense que acusó a Abal de recibir un premio de Macri en la Coneau tras enfrentar a Cristina en 2017 con la lista de Florencio Randazzo.
Tignanelli citó el tuit de su compañero Santalla con el siempre insidioso emoji de una mano que señala hacia abajo. Abal no se la dejó pasar y respondió con una cucharada de picante: «Che! ¿Qué ganan con citar las fakes que ustedes mismos mandaron a publicar? Supongo que vos sabes que es mentira y si no infórmate. Los miembros de la CONEAU son propuestos por las cámaras y el Consejo de Rectores. Por eso ahora el peronismo sigue teniendo la mayoría y continua habiendo dos representantes de nuestro bloque del Senado. En mi caso me nombró el bloque del FPV de Pichetto y Mayans que era el bloque único de todo el peronismo», dijo el intelectual del Movimiento Evita.
Desubicado estas vos que tenés que salir a instalar mentiras viejas para llenarle la cabeza a Máximo para mantener tu lugarcito intrascendente
Tignanelli, que es la mano derecha de Máximo Kirchner y el jefe de los diputados del peronismo en la Legislatura bonaerense, aclaró que en La Cámpora no mandaron a hacer ninguna fake y, entre otras degradaciones, le pasó la cuenta a Abal por «no honrar la confianza» que le tuvieron Néstor y Cristina.
«Vos pediste ir a un acto por la libertad de Cristina que hablaba Máximo. Luego salis a decir que no te parece importante una cosa y que no te gusta lo que dijo quien habló. No sé entiende para que pedís ir a un lugar que nadie te había invitado», dijo Tignanelli en defensa del hijo de la ex presidenta.
El camporista de La Matanza se reservó el postre para el final y, mediante una metáfora con una pizca ricotera, se dio el lujo de usar el triple adjetivo consecutivo que patentó Osvaldo Soriano: «Estás políticamente como alguien que sale a comprar cerveza en calzoncillos a las 3 am por cualquier barrio porteño sin saber dónde hay un kiosco. Desubicado, perdido y desorientado», dijo.
Facundo Tignanelli
Pero Abal le subió el fuego al intercambio con una extensa respuesta de la que sólo pueden gozar quienes tienen el Twitter verificado. «Desubicado estas vos que tenés que salir a instalar mentiras viejas para llenarle la cabeza a Máximo para mantener tu lugarcito intrascendente», dijo el politólogo de la UBA, en la primera de una interesante serie de salpicaduras contra la lealtad acrítica que le achacó a Tignanelli.
«No pedí, fui a un acto por la libertad de Cristina y lo volvería a hacer, aunque vuelvan a salir algunos inútiles chupamedias a decirle a Máximo: ‘Maxi mirá, mirá como te pega este'», dijo Abal, acaso imitando una voz aniñada en el último tramo de ese párrafo destructor.
Tignanelli acusó a Abal de ser un ‘jefe de gabinete espantoso, vago, que le gustaba dormir hasta tarde’
«¿Pegarle a Máximo es decir que fue un discurso para mi gusto demasiado internista?? En tu obsecuencia le faltas el respecto, pregúntale a él qué es que le peguen. Cosa que seguro no sabes porque no tenes ninguna causa judicial y como no te conoce nadie tampoco te pegan los medios», dijo Abal, que luego se sumergió en un novedoso revoleo inverso de causas judiciales. «Sos encima una caradura cuando me hablas a mi de persecución judicial. ¿Sabes cuantas causas tengo? ¿Qué tengo todas mis cuentas embargadas desde hace años? ¿Que no puedo salir del país sin pedir permiso? ¿Que tuve muchos compañeros y amigos presos por el macrismo a los que iba a visitar a los penales?», enumeró.
«Y quédate tranquilo que estoy muy, muy orgulloso de las cosas que hice con Nestor y Cristina, cosas que están escritas en la Historia grande de nuestro pueblo. Ojala vos y otros chupamedias de tu estilo dedicaran la mitad del tiempo que ocupan en pegarle a los compañeros en defender a Cristina y a Máximo frente a la sociedad, no solo en sus propias redes que no ve nadie o en sus propios portales inexistentes», remató el ex jefe de gabinete.
Tignanelli buscó finalmente quedarse con la llave de la despensa y acusó a Abal de ser un «jefe de gabinete espantoso, vago, que le gustaba dormir hasta tarde».
La causa por los 200 mil dólares transferidos por el empresario aeronáutico Federico “Fred” Machado sumó un nuevo capítulo y golpea de lleno a uno de los principales referentes del oficialismo. La Justicia federal avanzó con la citación a indagatoria de José Luis Espert, investigado por presunto lavado de activos tras recibir fondos cuyo origen es cuestionado por la fiscalía.
Por Ramiro C. Ferrante para NLI
La situación judicial de José Luis Espert se complicó de manera significativa. El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, impulsó formalmente su declaración indagatoria en el marco de una investigación por presunto lavado de activos vinculada a una transferencia de 200.000 dólares proveniente de una estructura empresarial ligada a Federico “Fred” Machado, empresario que en Estados Unidos admitió delitos de fraude y lavado de dinero y que además estuvo investigado por narcotráfico.
La medida judicial representa un salto cualitativo en una causa que desde hace meses genera preocupación en el oficialismo. Según la investigación, los fondos recibidos por Espert habrían sido utilizados posteriormente para la adquisición de bienes de alto valor, entre ellos vehículos de lujo y participaciones inmobiliarias, movimientos patrimoniales que la fiscalía considera incompatibles con la explicación brindada por el dirigente libertario.
La fiscalía pone en duda la versión de Espert
El núcleo de la defensa de Espert se apoyó en la existencia de un supuesto contrato de consultoría para una empresa minera radicada en Guatemala. De acuerdo con esa versión, los 200 mil dólares habrían sido el adelanto de honorarios profesionales por tareas privadas realizadas para Machado.
Sin embargo, el fiscal Domínguez concluyó que la documentación presentada para justificar la transferencia presenta inconsistencias y sostuvo que el contrato utilizado como respaldo sería falso o, como mínimo, insuficiente para acreditar la legitimidad de la operación. La acusación sostiene que no existe evidencia económica consistente que respalde la prestación de los servicios declarados.
El expediente además investiga la participación de terceros vinculados a la operatoria financiera y alcanza a la firma Varianza S.A. y a un contador relacionado con los movimientos bajo análisis.
Un problema político para Milei
La causa judicial trasciende la situación personal de Espert porque afecta a una de las figuras más identificadas con Milei. El economista se transformó en uno de los principales voceros de las políticas de ajuste, desregulación y reducción del Estado impulsadas por el gobierno nacional.
La investigación también reaviva interrogantes sobre la relación entre sectores del oficialismo y empresarios que acumularon fortunas en actividades bajo sospecha. La denuncia original sostiene que Machado no sólo mantuvo vínculos económicos con Espert sino que también le brindó apoyo logístico en etapas anteriores de su carrera política.
El avance de la fiscalía ocurre además en un contexto especialmente delicado para el gobierno, golpeado por distintas controversias judiciales y por cuestionamientos sobre la transparencia de algunos de sus dirigentes más cercanos.
El dinero que nunca dejó de generar preguntas
La existencia de la transferencia dejó de ser materia de discusión hace tiempo. El propio Espert terminó reconociendo que recibió los 200 mil dólares. Lo que permanece bajo investigación es si esos fondos tuvieron un origen lícito y si fueron correctamente declarados ante los organismos correspondientes.
Para la fiscalía, las respuestas aportadas hasta el momento no alcanzan. Por eso solicitó la indagatoria y mantiene bajo observación el recorrido del dinero, las compras realizadas posteriormente y la documentación presentada para justificar la operación.
La citación a indagatoria no implica una condena, pero sí coloca a Espert en una situación procesal compleja. A partir de ahora deberá responder formalmente ante la Justicia sobre una transferencia que pasó de ser presentada como una simple consultoría privada a convertirse en uno de los expedientes más incómodos para el universo político de Milei.
