Autor: Invitad@ Especial

 

El debate por la barrera sanitaria en la Patagonia sumó un giro clave luego de que la Justicia Federal de Río Grande ordenara la suspensión inmediata de la resolución que permitía el ingreso de carne con hueso desde el norte del Río Colorado.

La jueza Mariel Borruto resolvió frenar la Resolución 460/2025 del Senasa al considerar que la medida podía generar un daño irreparable en la economía regional y en la industria ganadera.

Sin embargo, para que la restitución de la barrera se haga efectiva por 30 días, la Asociación Rural de Tierra del Fuego —que presentó el amparo— deberá abonar un seguro de caución de 5 millones de pesos dentro de un plazo de 48 horas.

En su fallo, la magistrada remarcó que la apertura del mercado podía afectar no solo la producción local, sino también el estatus internacional de la Patagonia como zona libre de fiebre aftosa sin vacunación, un sello que le abrió puertas a mercados de exportación.

Incluso recordó que Chile suspendió ese reconocimiento y prohibió el ingreso de carne argentina tras la decisión del Senasa, desmintiendo además que ese país y la Unión Europea hubieran dado su “conformidad” a la medida.

La Asociación Rural había planteado que el levantamiento de la barrera ponía en riesgo a la fauna silvestre y que se había tomado sin consulta pública ni evaluación ambiental. Desde el Senasa, en cambio, defendieron que la resolución buscaba “modernizar el sector” y que no había peligro sanitario porque el virus de la aftosa no circula en el país desde 2006.

Tras evaluar ambas posiciones, el Tribunal entendió que existía “verosimilitud en el derecho” y justificó la cautelar. La jueza sostuvo que el regreso de la barrera sanitaria protege el interés público y previene daños económicos y sanitarios de difícil reversión. Si la Asociación Rural cumple con el pago del seguro de caución, la suspensión de la medida del Senasa se hará efectiva por un mes.

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El caso por las estafas con planes sociales en Neuquén sumó este jueves un nuevo capítulo clave. En la audiencia de alegatos, los fiscales del caso aseguraron que lograron probar la existencia de una asociación ilícita que durante casi dos años montó un engranaje delictivo dentro del Estado para desviar fondos públicos.

Según la acusación, entre septiembre de 2020 y julio de 2022, un grupo de funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y colaboradores externos llevaron adelante un esquema piramidal que concretó más de 9.300 estafas, con un perjuicio económico histórico de 153 millones de pesos, cifra que actualizada superaría los 1.160 millones.

La maniobra se apoyaba en la utilización de tarjetas de débito de beneficiarios de planes sociales. En muchos casos, esas personas ni siquiera sabían que tenían asignado un subsidio; en otros, les dejaban una mínima parte —unos 49 mil pesos— y el resto del dinero terminaba en manos de dirigentes políticos ligados al Movimiento Popular Neuquino.

“Mes a mes estaba todo coordinado y cada uno cumplía su rol”, afirmó el fiscal Juan Narvaez en el cierre de la exposición. El fiscal jefe Pablo Vignaroli, por su parte, subrayó que la estructura funcionaba con jerarquías propias, independientes de las administrativas, y que el destino final de los fondos era una “caja azul” manejada por los principales acusados.

En el centro de la organización, la fiscalía ubicó a cinco exfuncionarios de Desarrollo Social: Ricardo Soiza, Néstor Pablo Sanz, Marcos Ariel Osuna, Abel Di Luca y Tomás Siengentharler, a quienes consideró jefes de la red. Por debajo, el esquema se completaba con reclutadores, recaudadores y colaboradores, todos con tareas precisas para sostener el fraude.

No todos los imputados seguirán en el banquillo. La fiscalía retiró la acusación contra dos personas y pidió la absolución de otra por falta de pruebas. De todas maneras, once siguen comprometidos y podrían recibir duras condenas por asociación ilícita y fraude contra la administración pública.

El juicio, que comenzó el 21 de julio, se encuentra en su etapa final. La próxima semana será el turno de los alegatos de las defensas, antes de que el tribunal integrado por los jueces Juan Manuel Kees, Luciano Hermosilla y Juan Guaita dicte su veredicto.

Este proceso no es el único derivado de la causa: nueve imputados ya aceptaron condenas de prisión condicional y reparaciones económicas antes de llegar al debate oral. La Fiscalía de Estado, además, anticipó que seguirá reclamando el dinero desviado por vías administrativas.

Lo que resta ahora es saber qué decisión tomará el tribunal frente a una de las mayores estafas registradas en la provincia.

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Peritos que trabajan en la extracción de datos de los celulares secuestrados en el marco de la causa por supuesto pago de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), confirmaron que los mensajes borrados del teléfono del ex titular del organismo Diego Spagnuolo no podrán recuperarse.

Se trata de uno de los dos teléfonos entregados por Spagnuolo, del cual se hizo la extracción de datos y se detectaron mensajes borrados, algunos de ellos con el presidente Javier Milei -de quien el ex funcionario fue abogado- y Karina Milei.

Estos mensajes «no podrán ser recuperados por la manera en que se borraron», precisaron peritos de la DATIP en la causa a cargo del fiscal federal Franco Picardi y del juez Sebastián Casanello, que estará bajo secreto de sumario por otros diez días hábiles contados desde hoy.

En un operativo hecho en su casa de Pilar, se secuestró otro celular que no tiene información de interés porque estaba sin uso. Además, en estos días comenzará el estudio de otros celulares incautados, los de los accionistas de la droguería Suizo Argentina Eduardo y Jonathan Kovalivker, y el del ex funcionario de ANDIS Daniel Garbellini.

Otro celular, el de Emannuel Kovalivker no pudo peritarse porque es un teléfono de última generación y el investigado no proporcionó la clave de acceso. Casanello tiene que resolver pedidos de nulidad de la causa presentados por la defensa de los Kovalivker, a cargo del abogado Martín Magram.

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El ministerio de Economía, a través de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, dispuso que todos los proveedores que comercialicen bienes y servicios a distancia deberán habilitar en sus páginas web un “Botón de Arrepentimiento” y un “Botón de Baja de Servicios”, de fácil acceso y sin trámites adicionales.

La medida quedó formalizada en la Disposición 954/2025 publicada en el Boletín Oficial, que unifica y actualiza la normativa vinculada a la contratación a distancia y el comercio electrónico.

El “Botón de Arrepentimiento” permitirá al consumidor revocar la aceptación de un producto o servicio dentro de los diez días corridos de realizada la operación, mientras que el “Botón de Baja de Servicios” servirá para rescindir contratos sin necesidad de registración previa ni requisitos adicionales.

La norma fija un plazo de 24 horas para que las empresas informen al usuario el código de identificación de la gestión realizada y efectivicen la baja o revocación. También establece que la atención al cliente por canales telefónicos o digitales no podrá ser inferior a ocho horas diarias en días hábiles.

La disposición contempla modalidades especiales para entradas a espectáculos, eventos deportivos y servicios turísticos con fechas determinadas, que deberán ser canceladas con al menos 24 horas de anticipación. Además, fija excepciones en productos perecederos, bienes consumidos o contrataciones con fines de reventa o producción.

Los proveedores tendrán 60 días corridos para adecuar sus plataformas digitales y el incumplimiento será sancionado bajo lo previsto en la Ley de Defensa del Consumidor (24.240).

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El gobierno nacional dispuso que los kioscos de revistas en la vía pública puedan realizar servicios de correo. En el marco de la desregulación de la venta y distribución de diarios, revistas y afines en la vía pública, se emitió el decreto 629, publicado en el Boletín Oficial.

La normativa disolvió el Registro Nacional de Vendedores y Distribuidores de Diarios y Revistas creado por el decreto 1025. Busca promover un “mercado abierto e incentivar la libre competencia”. La medida entrará en vigencia este viernes 5 de septiembre.

“Corresponde derogar el régimen jurídico aplicable a la venta y distribución de diarios, revistas y afines en la vía pública y lugares públicos de circulación de personas, aprobado por el decreto 1025/00 y su modificatorio», indica el decreto 629.

Las autoridades justificaron que ese régimen “deviene innecesario, obsoleto y genera limitaciones que afectan a los actores que intervienen en dicha actividad”.

Con las modificaciones que aplicó la gestión de Javier Milei, los puestos de diarios podrán prestar servicios de casilla de correo. Para ello, deberán ser registrados como operadores postales ante el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) o por convenio con uno ya autorizado.

Desde este viernes 5, podrán realizar la entrega de correspondencia general, papelería, paquetería, y hasta tarjetas de crédito y débito, y documentos de identidad y pasaportes.

En 2024, el Gobierno desreguló el servicio de correos con el objetivo de “fomentar la competencia entre las empresas y facilitar a los usuarios el envío de telegramas, cartas documento y encomiendas”.

Así, los operadores postales que desarrollen actividades en el mercado postal local e internacional fijan “con total libertad” la dotación de personal, la modalidad, los tipos de servicios prestados, los equipos, medios de transporte y locales que requieran para su actividad.

La medida entrará en vigencia este viernes 5 de septiembre. Podrán hacer entrega de:

Correspondencia general;

Papelería, paquetería;

Servicio de guarda, depósito;

Reparto de productos adquiridos mediante el comercio electrónico;

Tarjetas de crédito y débito,

DNI y Pasaporte.

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Hace un año Franco Colapinto ingresó a la pasión automovilística argentina y de buena parte del mundo, debutando en el circuito de Monza, Italia, con un Williams. El 1 de septiembre del 2024, en el mismo circuito donde se correrá el próximo domingo, el nacido en Pilar obtuvo un meritorio 12° lugar en el debut en la Fórmula 1.

Tras conseguir su mejor puesto, en el Gran Premio de Países Bajos, desde que llegó a Alpine, el argentino no formará parte de la primer práctica libre en Italia y se subirá a su auto a las 12 de este viernes, en el inicio de la segunda tanda de prácticas libres.

El pilarense llega de remontar desde el decimosexto puesto hasta finalizar undécimo, quedando a tan solo 0.448 milésimas de ingresar en la zona de puntos.

Su actuación en Zandvoort le valió elogios, pero también dejó un sabor amargo, ya que Colapinto apuntó contra la estrategia de su escudería y contra su compañero Pierre Gasly, quién le quitó muchos segundos al no dejarlo pasar.

“Era muy fácil hacerme sumar un punto hoy. Siento que estuvimos mal en no haberlo sumado, porque no había que esforzarse mucho”, había declarado el argentino.

Por qué se pierde la primera práctica

En la previa al Gran Premio de Italia, Alpine confirmó que Colapinto no participará de la FP1 en Monza, ya que su auto será ocupado por Paul Aron, piloto reserva de la escudería. Será la primera vez que el estonio maneje el A525 en un Gran Premio oficial, luego de haber sumado experiencia en sesiones previas con Sauber.

Para Colapinto, la actividad comenzará recién en la FP2 del viernes, con lo cual tendrá menos tiempo de preparación en un circuito tan exigente como el italiano. Esta decisión se debe a la normativa de la Fórmula 1, que obliga a todos los equipos a otorgar al menos dos prácticas libres por temporada a pilotos rookies.

En el caso de Alpine, ya habían cumplido con una sesión con Hirakawa en lugar de Jack Doohan en Suzuka y ahora era el turno de liberar el asiento de Colapinto, aunque aún restan dos oportunidades más en el auto de Gasly para completar la reglamentación.

El pilarense se enfrentará a una nueva carrera, en donde volverá a tratar de sumar puntos, el domingo a las 10 (hora argentina) en el marco del Gran Premio de Italia.

Los horarios del Gran Premio de Italia

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