Se apaga una fábrica histórica: Tía Maruca deja de producir y expone la crisis del modelo Milei
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Se apaga una fábrica histórica: Tía Maruca deja de producir y expone la crisis del modelo Milei

 

La emblemática marca nacional de galletitas dejó de fabricar en su planta principal y pasó a tercerizar su producción en medio de la caída del consumo, el aumento de costos y la falta de financiamiento. Otro golpe a la industria argentina que desnuda el impacto real del ajuste.

Por Celina Fraticiangi para NLI

La postal se repite con una insistencia alarmante: fábricas que se achican, líneas de producción que se apagan y marcas históricas que dejan de fabricar. Esta vez, el golpe lo da Tía Maruca, una de las firmas más reconocidas del rubro alimenticio, que decidió dejar de producir en su planta principal de San Juan y migrar a un esquema de tercerización para intentar sobrevivir.

Detrás de la decisión, lejos de cualquier relato épico empresarial, aparece un combo conocido: caída del consumo interno, aumento sostenido de costos y dificultades para acceder al crédito. Una radiografía que coincide, punto por punto, con el deterioro económico que atraviesa el país bajo el modelo de Milei.

La planta de Albardón, que llegó a emplear a cerca de 300 trabajadores, ya no producirá las clásicas galletitas que supieron ganar mercado frente a gigantes del sector. En su lugar, funcionará elaborando productos para terceros, mientras la marca intentará sostenerse mediante producción externalizada.

No es un cierre total en términos formales, pero sí un retroceso industrial evidente: la pérdida de producción propia implica menor valor agregado, menor integración productiva y mayor dependencia de terceros.

La industria en retirada

El caso de Tía Maruca no es aislado ni repentino. La empresa arrastraba problemas desde hace años, incluyendo un concurso preventivo en 2019 y el cierre de otra planta en Chascomús en 2025 con despidos incluidos.

Sin embargo, el contexto actual aceleró el desenlace. La caída del consumo masivo —producto del ajuste, la pérdida del poder adquisitivo y la recesión— impactó de lleno en alimentos básicos, incluso en segmentos populares como las galletitas.

A eso se suma el incremento de insumos clave como harina y azúcar, que comprimió márgenes hasta volverlos inviables, y un sistema financiero que no ofrece crédito accesible para sostener o modernizar la producción.

El resultado es previsible: empresas que, ante la imposibilidad de sostener la producción, optan por achicarse, tercerizar o directamente cerrar.

El “costo invisible” del ajuste

El discurso oficial insiste en mostrar orden fiscal y equilibrio macroeconómico. Pero detrás de esos números, la economía real muestra otra cara: desindustrialización progresiva y pérdida de capacidad productiva nacional.

Cuando una empresa deja de producir, aunque siga existiendo como marca, el daño es profundo. Se pierden encadenamientos productivos, se debilitan economías regionales y se precariza el empleo, incluso cuando no hay despidos inmediatos.

En San Juan, la planta seguirá operativa, pero ya no como motor de una marca nacional, sino como proveedor para terceros. Es decir: menos industria propia y más lógica de subsistencia.

El caso de Tía Maruca se suma así a una lista cada vez más extensa de empresas que retroceden en su escala productiva. Y plantea una pregunta incómoda: ¿cuántas “reconversiones” más hacen falta para reconocer que el problema no es empresarial, sino estructural?

La respuesta, por ahora, se cocina en silencio, mientras otra línea de producción se apaga.

 

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    CASTA: Adorni y los ministros se duplicaron los sueldos

     

    Ahora gana más de 7 millones.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    El discurso de la “casta” vuelve a quedar en entredicho. Mientras el gobierno de Javier Milei sostiene un ajuste feroz sobre jubilaciones, salarios y presupuesto público, un decreto firmado por el propio Ejecutivo habilitó que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el resto de los ministros duplicaran —y en algunos casos superaran— sus ingresos en pocos meses.

    Lejos de tratarse de un aumento menor, los números son contundentes: los ministros pasaron de cobrar alrededor de $3,5 millones en diciembre a más de $7 millones en enero, con una escalada que los llevó a superar los $8 millones en los meses siguientes.

    Un decreto que desarma el relato

    La suba fue posible gracias a un decreto firmado a comienzos de 2026 que terminó con el congelamiento salarial que regía desde el inicio de la gestión libertaria. La medida alcanzó a ministros, secretarios y subsecretarios, y también impactó directamente en el salario de Adorni, quien quedó equiparado a los ministros.

    El incremento no fue simbólico: en apenas meses, los haberes crecieron más de un 100%, llegando en algunos casos al 123%.

    La explicación oficial se apoyó en la necesidad de “recomponer” salarios que venían atrasados frente a la inflación. Sin embargo, el contexto político vuelve esa justificación difícil de sostener: el propio Milei construyó su identidad política denunciando a la “casta” por sus privilegios y sus ingresos.

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    El contraste es evidente. Mientras los funcionarios de primera línea del gobierno veían duplicados sus ingresos, el promedio salarial de los trabajadores argentinos se mantiene muy por debajo, con fuertes pérdidas frente a la inflación.

    El dato no es menor: la recomposición se dio en simultáneo con recortes en áreas sensibles como educación, salud y políticas sociales, lo que profundiza la percepción de una doble vara.

    En otras palabras, el ajuste no fue “para todos”. Fue selectivo.

    Adorni en el centro de la escena

    La figura de Adorni aparece particularmente expuesta. No solo porque su salario creció al mismo ritmo que el de los ministros, sino porque su situación patrimonial ya estaba bajo la lupa judicial en paralelo a estos incrementos.

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    La pregunta incómoda

    El caso abre un interrogante político inevitable: si el gobierno justificó despidos, recortes y pérdida de ingresos en nombre de combatir a la “casta”, ¿cómo se explica que sus propios funcionarios dupliquen sus sueldos por decreto?

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    La respuesta, por ahora, no aparece. Pero el contraste entre el discurso y los hechos empieza a ser cada vez más evidente.

     

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  • Continúan las inscripciones para participar de la Escuela de canotaje

    La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Regina informa que continúan abiertas las inscripciones para participar de las clases de la escuela de canotaje que se dictan de lunes a viernes de 16 a 18 horas en la Isla 58. Los interesados deberán dirigirse con fotocopia del DNI al polideportivo Cumelen (Colón 107)…

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  • Los intendentes fueron a reclamar fondos a Capital Humano y Pettovello les dejó un cartel contra Kicillof

     

    Un grupo de intendentes de la provincia de Buenos Aires fueron al ministerio de Capital Humano a reclamar fondos para planes alimentarios, pero Sanda Pettovello les dejó un cartel con chicanas y críticas a Axel Kicillof.

    «Intendentes, diríjanse a quien corresponda. Si su gobernador no sabe administrar, que se deje paso a quienes saben», decía un cartel enorme con letras blancas y un fondo azul ubicado en uno de los accesos a la cartera.

    La movida buscó replicar la acción que días atrás los propios intendentes hicieron en el ministerio de Economía. Esta vez, la decisión surgió en la última reunión del PJ bonaerense, donde también se acordó actualizar y ampliar el padrón de afiliados.

    El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, viene planteando que la deuda de la Nación a la provincia es de 220.000 millones de pesos por el Servicio Alimentario Escolar (SAE).

    El reclamo se da en un contexto en el que el gobierno provincial cortó los fondos del Módulo Extraordinario para Seguridad Alimentaria (MESA)

    Unos 70 intendentes de distintos sectores políticos se movilizaron junto a funcionarios del gobierno de Kicillof primero a la sede de la Federación Argentinos Municipios (FAM) y desde allí a la cartera que comanda Pettovello.

    Al llegar se encontraron con el cartel con chicanas y un operativo de la Policía Federal que blindaba la entrada. En ese momento, la ministra participaba de la exposición de Manuel Adorni ante el Congreso.

    Ishii incomodó a Larroque con un proyecto para declarar la emergencia alimentaria 

    Kicillof no estuvo en el ministerio de Pettovello, pero sí se reunió con los intendentes en la sede de la FAM. «El Gobierno nacional no puede hacerse más el distraído: al mismo tiempo que provoca una crisis económica muy profunda, recorta presupuestos en asistencia alimentaria y otras áreas muy sensibles», dijo.

    La actividad también buscó calmar algunas diferencias hacia el interior del peronismo. La semana pasada Mario Ishii presentó un proyecto en la Legislatura para declarar la emergencia alimentaria por un plazo de 18 meses.

    El proyecto surgió cuando los intendentes se enteraron del recorte del programa Mesa, una asistencia de módulos alimentarios que reciben familias de estudiantes en situación de vulnerabilidad.

    De la actividad participaron la vicegobernadora Verónica Magario y los jefes comunales Julio Alak (La Plata), Fabián Cagliardi (Berisso), Mario Secco (Ensenada), Fernando Espinoza (La Matanza), Gustavo Barrera (Villa Gesell), Andrés Watson (Florencio Varela), Jorge Ferraresi (Avellaneda), cercanos a Kicillof.

    En tanto, por el cristinismo estuvieron Juani Ustarroz (Mercedes), Juan Mancini (Suipacha), Maximiliano Wesner (Olavarría), Leonardo Boto (Luján), Eva Mieri (Quilmes), Nelsón Sombra (Azul) y Waldermar Giordano ( Colón).

    Marisa Fassi (Cañuelas), Alejandro Granados (Ezeiza), Federico Achaval (Pilar), Juan Mantegazza (San Vicente), Juan De Jesús (partido de la Costa), Gustavo Cocconi (Tapalqué), Ricardo Curutchet (Marcos Paz) y Cecilio Salazar (San Pedro) son otros líderes que dijeron presente.

     

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  • La fiscalía rechazó una cautelar contra la Hidrovía que buscaba suspender la privatización

     

    La fiscalía rechazó el pedido de medida cautelar presentado por la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad que pretendía suspender de manera inmediata el avance de la licitación de la Vía Navegable Troncal, el plan del gobierno nacional para privatizar el dragado y señalización de la Hidrovía.

    La organización, representada por Jonatan Baldiviezo, había solicitado que se ordene a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación frenar todo acto de avance, consolidación o ejecución de la Licitación Pública Nacional e Internacional N°1/2025, justo antes de la apertura de las ofertas económicas prevista para este martes.

    El pedido estaba basado en el informe elaborado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), donde se advertían presuntas irregularidades en el procedimiento licitatorio, entre ellas deficiencias ambientales, restricciones a oferentes, cuestionamientos sobre la audiencia pública y problemas en distintas cláusulas del pliego.

    Sin embargo, el fiscal explicó que el expediente actual «se ciñe» a investigar una posible deuda de la ex Administración General de Puertos con la empresa Compañía Sudamericana de Dragados y un supuesto direccionamiento vinculado a una licitación anterior, correspondiente al año 2024.

      El fiscal explicó que el expediente actual «se ciñe» a investigar una posible deuda de la ex Administración General de Puertos con la empresa Compañía Sudamericana de Dragados y un supuesto direccionamiento vinculado a una licitación anterior, correspondiente al año 2024 

    Por ese motivo, consideró que el informe de la PIA sobre la licitación 2025 «no encuentra correspondencia con la investigación que aquí se lleva adelante» en relación a esta compulsa y remarcó que ese no es donde debe discutirse el planteo de la ONG.

    Además, el fiscal cuestionó la fuerte repercusión mediática que tuvo el informe de la PIA. «Tampoco resulta comprensible la inusitada difusión y trascendencia que los medios periodísticos otorgaron al mencionado informe», sostuvo en el dictamen refiriendo a una nota publicada por La Nación el 15 de mayo. Según indicó, el documento todavía no había sido incorporado al sistema informático cuando comenzó a circular públicamente.

    El Ministerio Público también concluyó que no estaban acreditados los requisitos legales necesarios para frenar el proceso licitatorio mediante una cautelar contra el Estado. En ese sentido, afirmó que no se logró demostrar ni la «verosimilitud del derecho invocado» ni la existencia de una «manifiesta arbitrariedad» por parte de la administración pública.

    Tampoco consideró probado un «peligro concreto, actual e inminente» que justificara suspender la licitación antes de una sentencia definitiva.

    En el dictamen (ver abajo) también se recordó que la misma organización ya había impulsado una acción similar en los tribunales federales de Santa Fe, donde también fueron rechazadas medidas cautelares para intentar detener el proceso de privatización de la Hidrovía.

     

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