Aunque llegó la nieve, San Martín vive el invierno más seco en 30 años

El gobierno nacional avanza con la venta de acciones de las represas del Comahue al convocar a licitación y disponer la tasación del paquete accionario por un banco público, mediante la Resolución 1200/2025 publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

La normativa del ministerio de Economía inicia formalmente el procedimiento de privatización de las sociedades operadoras de los complejos hidroeléctricos Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, ubicados en la región del Comahue.

La cartera que encabeza Luis Caputo autorizó el llamado a Concurso Público de alcance Nacional e Internacional para la operación privada de las centrales hidroeléctricas e instruyó a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas a coordinar todas las acciones del proceso y a encargar la tasación de las acciones a una entidad bancaria del sector público.

El plazo para realizar consultas a los pliegos es hasta el 13 de octubre a las 17 horas. Mientras que el límite para la presentación de ofertas por parte de los interesados es el 23 de octubre a las 16 horas. La apertura de ofertas se realizará inmediatamente finalizado el periodo estipulado.

La convocatoria será publicada en el portal del Ministerio de Economía y en la plataforma internacional DGMarket del Banco Mundial. El proceso se llevará adelante a través de la plataforma CONTRAT.AR, en cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto 416/2025, y tendrá como fecha límite para su finalización el 31 de diciembre de 2025.

De esta manera, la intención gubernamental es adjudicar las nuevas concesiones antes de fin de año, cuando caduca la extensión de la operatoria a las actuales empresas, que tienen los contratos vencidos desde hace dos años.

Los nuevos concesionarios tendrán la posibilidad de disponer libremente de un porcentaje creciente de la energía generada en las centrales, contratando en el mercado a término o en el mercado spot, en línea con los lineamientos de normalización fijados por la Secretaría de Energía.

Desde Economía remarcaron que “el proceso fue consensuado en estrecha colaboración con los gobiernos de las provincias de Neuquén y Río Negro; los pliegos de condiciones y los nuevos contratos de concesión incorporan una serie de modificaciones solicitadas por las provincias que atienden demandas históricas sobre la operación de los últimos 30 años”.

Además, puntualizaron que “esta medida forma parte de la segunda etapa del proceso de privatización de ENARSA, establecido por el Decreto 286/2025, que contempla la venta por etapas de sus activos con el objetivo de promover un esquema energético más eficiente, competitivo y con mayor participación del sector privado”.

Al valorar la decisión, destacaron que “el Gobierno Nacional avanza en la transformación del sector energético, priorizando la inversión privada, la transparencia en los procesos licitatorios y la eficiencia en la gestión de los recursos estratégicos del país”.

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El piloto argentino Franco Colapinto no correrá la primera práctica de este viernes en el marco del Gran Premio de Monza que se disputará el domingo. En el horario de 8.30 a 9.30, el auto del equipo Alpine estará a cargo del estonio Paul Aron, piloto de reserva que cumplirá de esta manera con una disposición de la organización de la Fórmula 1.

La entidad fiscalizadora de todos los grandes premios de la máxima categoría automovilística mundial prevé que cada equipo de lugar a un piloto de reserva para realizar una práctica durante la temporada.

El comunicado oficial de Alpine

“El piloto de pruebas y reserva, Paul Aron, tendrá su primera oportunidad de pilotar para el equipo durante un fin de semana de Gran Premio, en los Entrenamientos Libres 1. Será la tercera participación de Paul en la FP1 de la temporada y la primera con BWT Alpine Formula One Team. Ha pilotado para el equipo en el simulador durante todo el año, además de participar en el programa TPC (Prueba de Coches Anteriores), las Pruebas de Neumáticos Pirelli y la Prueba de Pilotos Jóvenes de postemporada en Abu Dabi la temporada pasada. Paul pilotará el coche de Franco en esta sesión”, citó el comunicado de Alpine para confirmar que el estonio estará al frente en lo que será la primera actividad del fin de semana en el histórico circuito italiano.

Los horarios del Gran Premio de Monza

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La periodista Agustina Peñalva presentó una denuncia formal contra su acosador, Walter Graciano, a quien señaló previamente en transmisiones en vivo y redes sociales. La comunicadora, conocida también como locutora y referente de San Lorenzo de Almagro, relató que el acusado llegó a contactarse con su entorno cercano y le envió mensajes intimidantes a través de distintas plataformas digitales.

La denuncia se radicó en la Comisaría 14 de la Ciudad de Buenos Aires, donde Peñalva permaneció “un rato bastante largo” realizando el procedimiento. El hecho ocurrió recientemente, y la acusación fue caratulada bajo la Ley 1472, que tipifica el delito de “hostigar e intimidar”, con intervención del Ministerio Público Fiscal de Primera Instancia. 

Según el escrito y las pruebas presentadas, Graciano utilizó varias cuentas para comunicarse con la periodista, además de protagonizar encuentros en lugares que ella frecuentaba, lo que derivó en la decisión de llevar el caso a la justicia.

La denuncia fue presentada en la comisaría

En una nueva historia de la misma red social, la comunicadora explicó: “recién vuelvo de la comisaría, estuve un rato bastante largo y quiero agradecerles a todos porque me mandaron muchos mensajes y estuvieron. La denuncia ya está hecha en la comisaría 14 que se portaron muy bien”.

En el escrito de la entidad de la Ciudad de Buenos Aires, la acusación formal indicó la contravención a la Ley 1472, correspondiente al delito de “Hostigar, intimidar” y, según el texto, con “intervención del juzgado Ministerio Público Fiscal de Primera Instancia”.

“Había varias cuentas más que yo no había notado que tenía esta persona, a través de las que me escribía y no sólo por X,  así que todas esas pruebas están con la justicia”, indicó Peñalva con notable angustia. 

“No me entra en la cabeza cómo alguien puede hacer algo así, es alguien que claramente no está bien”, relató la jóven que en el escrito formal fue calificada como “víctima de hostigamiento”, en la causa donde reveló, por lo menos, dos anécdotas alarmantes.

Entre los hechos, refirió al momento en que se “encontraba en un restaurante frente a la Facultad de Derecho”, cuando se acercó un “masculino de 50 a 55 años de edad, le refiere que la felicitaba por su trabajo y que la veía siempre”.

Lo que parecía un simple admirador de su trabajo terminó con lo relatado anteriormente, entre mensajes subidos de tonos y distintos acercamientos en lugares que la periodista frecuenta.

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Un joven que estudió buceo en Puerto Madryn se accidentó haciendo apnea en Bahamas y lucha por su vida. Un traslado a un nosocomio especializado de Miami requiere de ayuda económica que su familia busca desesperadamente.

Juan Cruz Zanaboni, oriundo de Temperley, en la provincia de Buenos Aires, que cursó sus estudios y se profesionalizó en buceo en Puerto Madryn, sufrió un accidente mientras practicaba apnea en profundidad en las islas Bahamas.

La práctica, que consiste en sumergirse a grandes profundidades conteniendo la respiración sin asistencia de equipos de oxígeno, derivó en un cuadro crítico que lo mantiene internado y entubado en un centro de salud local.

Según trascendió a través de publicaciones en las redes sociales, hay una campaña que busca recaudar fondos. Entre las alternativas, se menciona que se evalúa con ese dinero su traslado inmediato a la ciudad de Miami, donde puede recibir atención en un centro especializado y ser conectado a un equipo ECMO (oxigenación por membrana extracorpórea). Este dispositivo cumple la función de corazón y pulmón artificial, bombeando y oxigenando la sangre en pacientes cuyos órganos no pueden hacerlo por sí mismos.

Un posible traslado a un centro especializado de Miami, que no estaría cubierto por el seguro con que cuenta el joven buzo, demanda la colaboración de quienes puedan aportar económicamente. Para ello, la hermana del joven publicó en las redes virtuales cómo colaborar:

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Imagen ilustrativa

El gobierno de Javier Milei oficializó el Decreto 366/2025, mediante el cual se implementa una profunda reforma a la Ley de Migraciones, la misma fue votada en el año 2004 por amplia mayoría por el Congreso de la Nación. La medida, publicada en el Boletín Oficial, introduce modificaciones significativas en las condiciones de ingreso, permanencia y acceso a servicios sociales como educación, salud, residencia y trabajo. Entre los principales cambios, se destacan nuevas exigencias para la regularidad migratoria, ciudadanía argentina y cambios en tiempos administrativos y judiciales para la ejecución de expulsiones. Por Pablo Cossio para ANRed. 

La nueva categorización para el acceso a derechos sociales abre un camino de división entre el propio sector migrante: los residentes permanentes con derechos y los residentes nuevos sin ningún piso de acceso a derechos básicos. El carácter social de la nueva política migratoria abre un paradigma de exclusión para cientos de miles de migrantes que se encuentran tramitando su residencia en el país. 

Salud y educación

Uno de los puntos más sensibles es la modificación en el acceso a los servicios públicos de salud. A partir de ahora, a través de una declaración jurada, los extranjeros no residentes que ingresen al país deberán contar con un seguro o abonar la atención en los hospitales públicos nacionales, excepto en casos de emergencia. Es decir, los únicos que podrán acceder de manera gratuita son los residentes permanentes. 

En el plano educativo, las universidades de gestión estatal establecerán aranceles para los estudiantes que no posean la categoría de residencia permanente. Aunque aún no se ha definido cómo se implementará esta medida, tampoco se conoce la adhesión, por sí o por no, de las instituciones educativas universitarias frente al decreto 366/2025. El cambio de fondo es claro: el acceso igualitario a salud y educación queda ahora supeditado a la categoría migratoria con carácter permanente. 

Cambios en residencia y ciudadanía

La validez inicial de la residencia precaria se reduce de 180 a 90 días y su renovación solo podrá realizarse mediante resolución fundada, es decir, presentando un criterio de radicación que valide la estadía en el país. Esta medida refuerza el rol de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), que mantiene la facultad de determinar el cambio de categoría migratoria.

El acceso a la residencia permanente será más restrictivo: ahora se exige acreditar medios económicos suficientes (tener un contrato de trabajo o ingresos comprobables). A su vez, imitando el modelo de EEUU, se crea la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, en el ámbito del Ministerio de Economía, que evaluará el otorgamiento de la nacionalidad argentina a extranjeros que realicen inversiones calificadas como “relevantes”. Esta medida, totalmente economicista, privilegia a quienes traen dinero al país transformando el derecho a la residencia en una cuestión meritocrática y sujeta al poder adquisitivo (un cipayismo de primera línea). 

Ingreso, permanencia y expulsiones

También se amplían los motivos de inadmisión y expulsión, incluyendo la posibilidad de expulsar del país sin necesidad de condena firme, violando el debido proceso y el acceso a un juicio justo. Como todo en este gobierno, la medida roza la inconstitucionalidad y el estado de derecho.

Además, se establece de forma expresa que quienes hayan ingresado con residencia temporaria o transitoria deberán abandonar el país al finalizar el plazo autorizado. El incumplimiento conlleva sanciones previstas en el artículo 61 de la Ley, que incluyen la expulsión inmediata. 

El decreto prohíbe expresamente el trabajo remunerado para quienes estén en situación migratoria irregular. Esta medida apunta directamente contra el trabajador migrante que emprende en el espacio público.

Otro aspecto controvertido es la facultad de la DNM para suspender trámites de residencia en casos en que el migrante esté siendo investigado penalmente, pudiendo otorgar sólo una residencia precaria y restringida. También se incorpora la posibilidad de solicitar la retención preventiva mientras se revisa judicialmente una orden de expulsión.

En materia administrativa, se elimina la posibilidad de interponer recursos como el de alzada. El único camino será recurrir judicialmente a, por ejemplo, la decisión de expulsión dentro de un plazo de 15 días hábiles judiciales, lo que reduce sustancialmente las garantías procedimentales y el derecho a la defensa. 

Con la entrada en vigencia del decreto 366, la política migratoria argentina cambia de rumbo de manera drástica, se recortan derechos fundamentales para la población migrante y se avala, una vez más, la criminalización y discriminación. Un país que históricamente se definió como tierra de acogida, enfrenta ahora un paradigma más restrictivo y securitista, con consecuencias directas sobre la vida de miles de trabajadores migrantes que aportan con su fuerza de trabajo al desarrollo del país. Ayer el gobierno de Milei decidió desconocer estos aportes y recortar los pocos derechos sociales, económicos y políticos de miles de migrantes.

El congresista de derecha colombiano Julio César Triana denunció que sufrió un ataque en el municipio de La Plata, en el suroeste de Colombia, cuando viajaba en auto junto a policías y otros funcionarios, según informaron medios internacionales.

“Estamos en el vehículo. Nos acaban de atentar, nos acaban de disparar con fusil, pistolas… Recibimos varios impactos”, expresó el político en un video que publicó inmediatamente después del hecho, de acuerdo con el informe publicado en el sitio Newsweek Argentina.

“A pesar de los impactos de bala, gracias a Dios, mi equipo de trabajo y yo salimos ilesos”, agradeció enseguida Triana.

El congresista elaboró su comunicado de su bancada y comentó:  “Varios hombres armados intentaron detener el vehículo en el que se  movilizaba el congresista. Ante la negativa de detenerse, los  atacantes abrieron fuego con fusiles y pistolas 9 mm, impactando en  ocho ocasiones la camioneta”.

El congresista, un fuerte crítico del Gobierno de Gustavo Petro, denunció que ya había recibido otras amenazas en las que lo tildaban de ser “enemigo de la paz” y lo declararon como “objetivo militar”.

“En más de tres ocasiones hemos solicitado a la UNP reforzar  nuestra seguridad, pero todas han sido negadas. La acción no puede llegar sólo después de la tragedia. Quienes ejercemos oposición  tenemos miedo de qué nos silencien con balas”, expresó en un posteo en su cuenta de X.

El lunes pasado, el senador y prcandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay falleció a los 39 años a raíz de las graves heridas sufridas tras recibir varios disparos el sábado 7 de junio pasado mientras realizaba un acto de campaña en la ciudad de Bogotá.

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