ATUCHA II: Julia Strada desenmascara al discurso libertario
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ATUCHA II: Julia Strada desenmascara al discurso libertario

 

La diputada desenmascaró una vez más a las mentiras del oficialismo.

Por Roque Pérez para NLI

El Gobierno salió a festejar en redes sociales que Atucha II volvió a operar al 100% de su potencia, intentando presentarlo como un logro propio y como una muestra del supuesto “Plan Nuclear Argentino” que pregona La Libertad Avanza. Sin embargo, la diputada y economista de Unión por la Patria Julia Strada desarmó punto por punto el relato oficial y expuso lo que calificó directamente como humo libertario.

La celebración oficial llegó de la mano de Demian Reidel, presidente de Nucleoeléctrica Argentina y hombre de extrema confianza de Milei, quien publicó una imagen de un tablero de control que marcaba 100,2% de potencia. Ante las críticas y las burlas, el funcionario salió a explicar que el 100% es un valor nominal y que el reactor puede operar dentro de un margen técnico de tolerancia sin violar ninguna ley de la física.

Un “logro” que no es del gobierno actual

Strada fue tajante: Atucha II no llegó al 100% por decisiones del actual gobierno. Según explicó, se trata de un proceso operativo normal del sector nuclear que estaba previsto desde hace años. La central había estado detenida por un desperfecto técnico grave, cuya reparación se resolvió en 2023, con una inversión significativa y el desarrollo de un sistema robótico específico para intervenir dentro del reactor en una zona inaccesible para personas.

Una vez solucionado el problema, el protocolo indica un arranque con potencia gradual creciente. En ese marco, ya estaba previsto que Atucha II alcanzara el 100% de potencia en 2025, independientemente de quién gobernara. No hubo milagro libertario ni giro de timón: hubo continuidad técnica y trabajo previo.

El Plan Nuclear que no existe

Para la diputada, el llamado “Plan Nuclear Argentino” que promociona Reidel no existe como política real, sino como consigna propagandística. El funcionario anuncia inversiones que no son de su gestión, se apropia de resultados construidos durante años y los usa para legitimar un discurso que, en los hechos, va en sentido contrario.

Porque mientras se sacan fotos con tableros y slogans sobre el “futuro nuclear”, el Gobierno avanzó formalmente en la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina, la empresa estatal que opera Atucha I, Atucha II y Embalse.

Privatizar lo que funciona

Tal como ya había advertido NLI, el objetivo de Milei siempre fue avanzar sobre las empresas estratégicas del Estado, incluso aquellas que funcionan bien y son ejemplo a nivel internacional. Nucleoeléctrica es una de ellas.

El Decreto 695/2025, firmado por Milei y Luis Caputo, habilita la venta del 44% de las acciones de la empresa mediante licitación nacional e internacional. El Estado conservaría el 51% y un 5% quedaría para los trabajadores, bajo el Programa de Propiedad Participada.

El argumento es el mismo de los años noventa: supuesta ineficiencia estatal y necesidad de capital privado. Pero los datos desmienten el relato. En 2024, Nucleoeléctrica alcanzó un récord histórico de generación, con más de 10,4 millones de MWh netos y un factor de carga del 73,3%, un indicador de excelencia a nivel internacional.

Soberanía energética en riesgo

Strada subrayó un punto clave que el Gobierno evita mencionar: Nucleoeléctrica demostró que puede reparar y volver a poner en funcionamiento una central nuclear compleja con recursos propios. Eso es soberanía tecnológica, capacidad estatal y planificación a largo plazo. Exactamente lo que Milei quiere desarmar.

La energía nuclear no es un negocio cualquiera. Involucra seguridad nacional, desarrollo científico, control de información sensible y una política energética que no puede quedar librada a la lógica del mercado ni a intereses privados, muchos de ellos extranjeros.

El libreto noventista, otra vez

La historia no es nueva. En los años ’90, bajo el menemismo, la generación nucleoeléctrica fue declarada sujeta a privatización. La resistencia política y social frenó ese avance. Con los gobiernos kirchneristas, el sector fue reimpulsado, se retomaron obras paralizadas y la energía nuclear volvió a ser una política de Estado.

Hoy, Milei retoma ese libreto noventista, maquillado con discursos “tecnológicos” y posteos en redes. Se celebra lo que no hicieron, se oculta lo que quieren vender y se intenta convencer a la sociedad de que el problema es el Estado, incluso cuando los resultados muestran lo contrario.

Mucho tablero, poco proyecto

El caso Atucha II expone con claridad la contradicción central del gobierno libertario: se cuelga medallas ajenas mientras prepara la entrega de un sector estratégico. Julia Strada lo resumió sin vueltas: no hay plan, hay humo. Y detrás del humo, avanza la privatización.

Atucha II volvió al 100%, sí. Pero no gracias a Milei ni a Reidel. Volvió por décadas de inversión pública, conocimiento acumulado y trabajadores altamente calificados. Justamente esos mismos pilares que hoy el Gobierno pone en riesgo.

 

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    Macri desalojó a cartoneros y Grabois lo cruzó con dureza

     

    El jefe de Gobierno porteño ordenó el desalojo de una cooperativa de recicladores en Parque Avellaneda y celebró la medida como “recuperación” de un predio. Juan Grabois respondió con una durísima crítica política y social, denunciando un ataque contra trabajadores humildes.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    El conflicto estalló luego de que Jorge Macri anunciara el desalojo de la cooperativa El Amanecer de los Cartoneros, vinculada al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que funcionaba desde hace años en un predio de Parque Avellaneda. Desde la Ciudad justificaron la acción como una recuperación de propiedad pública.

    Macri eligió las redes sociales para exhibir la medida como un logro de gestión, asegurando que la cooperativa había “usurpado” el lugar durante una década y que el operativo se inscribía en una política de orden y legalidad. Incluso contabilizó el procedimiento como la propiedad número 553 recuperada, en un mensaje con tono celebratorio.

    La respuesta no tardó en llegar. El diputado nacional de Unión por la Patria y referente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, salió al cruce y acusó al jefe de Gobierno de ensañarse con los sectores más vulnerables, en lugar de enfrentar problemas estructurales de la Ciudad.

    El desalojo como política

    Desde el entorno porteño sostienen que “los usurpadores no tienen lugar” y que el Estado debe garantizar el cumplimiento de la ley. Sin embargo, organizaciones sociales remarcan que se trata de trabajadores de la economía popular que reciclan, generan ingresos y cumplen una función ambiental clave, muchas veces supliendo la ausencia estatal.

    La cooperativa desalojada forma parte del entramado cartonero que sostiene el reciclado urbano en la Ciudad, con miles de familias que viven de esa tarea y que, en muchos casos, operan bajo convenios y marcos de reconocimiento institucional.

    La reacción de Grabois

    Grabois fue directo y sin eufemismos. Calificó a Jorge Macri como una “rata de segunda marca” y sostuvo que el problema no es un ataque personal, sino la decisión de ir contra gente humilde que trabaja y no le hace daño a nadie. En su descargo, subrayó que los cartoneros actúan en el marco de la legalidad y con organización colectiva.

    El dirigente social también cuestionó lo que definió como una estrategia política conocida: personalizar el conflicto para ocultar una política de exclusión contra los de abajo, y denunció una lógica de crueldad disfrazada de orden.

    Un modelo de Ciudad en disputa

    El episodio vuelve a poner en evidencia el choque entre dos modelos. Por un lado, una gestión porteña que prioriza el marketing del “orden” y la recuperación de espacios sin contemplar el impacto social. Por el otro, organizaciones que reclaman reconocimiento, diálogo y políticas públicas inclusivas para quienes sostienen la economía popular.

    Lejos de ser un hecho aislado, el desalojo en Parque Avellaneda se inscribe en una avanzada contra cooperativas y organizaciones sociales, mientras la Ciudad evita discutir soluciones de fondo para el trabajo, la vivienda y el reciclado urbano.

    En ese contexto, la pelea verbal entre Macri y Grabois expone algo más profundo que un cruce en redes: la disputa por quiénes tienen derecho a la Ciudad y quiénes son expulsados en nombre de una legalidad selectiva.

     

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  • Las tres decisiones de Milei que agravaron los incendios de la Patagonia

     

    El fuego avanza sin control en la Patagonia y tres decisiones de Javier Milei contribuyeron a agravar la situación. El desfinanciamiento de Parques Nacionales, el abandono de un proyecto clave que estaba finalizado al 80% y la negación del cambio climático quitaron capacidad de prevención y respuesta ante la tragedia.

    Para coordinar los 39 parques nacionales de la Argentina, el gobierno libertario eligió a un arquitecto que venía de administrar los trenes del estado y sin ninguna experiencia en conservación de recursos naturales.

    Sergio Martín Álvarez reemplazó a mediados de 2025 a Cristian Larsen, ex yerno de Hernán Lombardi que tampoco tenía conocimiento del sector, sino que se especializa en derecho tributario.

    Álvarez fue nombrado ad honorem y no puso ninguna objeción al recorte de fondos para Parques. En 2025 la poda de recursos había sido de 68,9% en términos reales respecto de 2023. Para 2026 la situación siguió agravándose: el gobierno dispuso un aumento del 0,08% que no logró compensar el desfinanciamiento e implicó una caída de 28,5%. El presupuesto para 2026 es de 111.459 millones de pesos.

    Cumbre de los gobernadores de la Patagonia para exigirle a Milei que declare la emergencia nacional por los incendios

    Álvarez tampoco criticó la disolución del «Fideicomiso Financiero y de Administración para la administración del ‘Fondo Nacional del Manejo del Fuego'», que dejó sin recursos al Plan Nacional de Manejo del Fuego. Ese dinero pasó a manos del Ministerio de Seguridad que en ese entonces conducía Patricia Bullrich.

    En diciembre, tras los primeros focos, varias cámaras empresarias de la Patagonia denunciaron a Álvarez por negligencia y reclamaron su renuncia. Hoy son 35 mil las hectáreas incendiadas en Chubut.

    Ante la catastrófica situación, el Parque Nacional Los Alerces fue intervenido el sábado 24 de enero. Los incendios de la zona comenzaron entre el 6 y el 8 de diciembre y se habrían originado por un rayo. Sin embargo, el fuego fue detectado recién el 9 de diciembre.

    Los pobladores de la zona denunciaron penalmente a los principales funcionarios de Los Alerces. Aseguran que desplegaron una dotación muy limitada para combatir el incendio de solo 30 brigadistas. Además, descartaron la participación de guardaparques especializados que estaban disponibles para intervenir.

    Milei también desactivó el proyecto Comando Unificado para combatir incendios forestales en la Patagonia que incluye a Río Negro, Neuquén y Chubut. Se trata de otra cuestión clave a la hora de controlar el fuego.

    El plan preveía cámaras de detección de incendios desarrolladas por INVAP, un avión observador equipado con tecnología infrarroja que podía ser utilizado por las provincias miembro, camiones cisterna, maquinaria vial y también drones policiales para el monitoreo aéreo.

    El proyecto había comenzado bajo el gobierno de Alberto Fernández y estaba listo en un 80%. Pero Milei decidió discontinuar los recursos y fueron las provincias quienes debieron financiarlo con recursos propios sin llegar a concretar el plan original.

    La tercera decisión del presidente que perjudicó el combate del fuego es ideológica. Está vinculada al negacionismo del cambio climático: la Patagonia se seca y en los últimos años disminuyeron entre 30% y 40% las precipitaciones en las altas cumbres según un informe del INTA.

    El déficit hídrico lleva 15 años y se nota en el paisaje. La cuestión no solo afecta las represas, sino que la falta de lluvias volvió más seco el sotobosque, que está a merced de fenómenos naturales o incendios intencionales.

    El descreimiento en el cambio climático, del que Milei se jactó en la cumbre de Davos del año pasado, imposibilitó políticas eficientes de prevención del fuego. 

     

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