LA PROVINCIA DECRETÓ ASUETO ADMINISTRATIVO EN INGENIERO HUERGO POR EL 107° ANIVERSARIO
La Gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, decretó asueto para el personal de la Administración Pública Provincial y docentes que presten servicios en Ingeniero Huergo para el viernes 14 de mayo, día en que se conmemora el 107° aniversario de la localidad.
La medida fue dispuesta a través del Decreto 388, el cual invita a su vez a los demás Poderes del Estado Provincial, al comercio, la industria, entidades crediticias y financieras nacionales y/o provinciales, que desarrollan sus actividades en esta localidad, a adherir a la medida.
El decreto establece que quedan exceptuados del asueto todos aquellos trabajadores de actividades que hayan sido declaradas esenciales en el marco de la emergencia sanitaria.
A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno de Milei eliminó el Centro Nacional de Investigaciones Nutricionales (CNIN), un organismo clave en el estudio de la alimentación y la salud pública. La medida, presentada como una “reorganización”, despierta fuertes críticas por el impacto en la ciencia y en un contexto de creciente deterioro social.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
Un cierre que no es técnico, sino político
La decisión de disolver el Centro Nacional de Investigaciones Nutricionales (CNIN) quedó formalizada hopy mediante el Decreto 192/2026, en el marco de una reestructuración más amplia de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS–Malbrán).
Según el texto oficial, las funciones del organismo serían absorbidas por otras áreas, bajo el argumento de mejorar la eficiencia y evitar superposiciones. Pero detrás de ese lenguaje administrativo se esconde una realidad más profunda: el avance de un modelo de ajuste que recorta capacidades estratégicas del Estado en áreas sensibles.
No se trata de una oficina más. El CNIN era un espacio especializado en el estudio de la nutrición, la calidad alimentaria y su impacto en la salud de la población argentina.
Reorganización o desmantelamiento encubierto
El decreto no solo elimina el CNIN, sino que también fusiona otros institutos dentro de la ANLIS, en una lógica de concentración que ya se repite en distintas áreas del Estado.
El Gobierno sostiene que busca “optimizar recursos”. Sin embargo, la experiencia indica que estos procesos suelen derivar en menos equipos, menos investigación y menor capacidad operativa. En otras palabras: menos Estado donde más se lo necesita.
En el campo de la salud pública, esto no es un detalle menor. Es un cambio estructural que puede afectar la capacidad del país para producir conocimiento propio y diseñar políticas basadas en evidencia.
En un país con hambre, se elimina investigación sobre nutrición
La medida resulta especialmente preocupante si se la analiza en contexto. Argentina atraviesa un escenario donde:
Crece la pobreza
Se deteriora el acceso a alimentos de calidad
Aumentan los problemas de malnutrición
En ese marco, cerrar un organismo dedicado específicamente a estudiar la alimentación de la población no parece una decisión casual, sino profundamente ideológica.
El CNIN no solo producía investigaciones: también aportaba datos clave para políticas públicas, diagnósticos sanitarios y estrategias de intervención.
Eliminarlo implica dejar al Estado con menos herramientas para entender qué comen —y qué dejan de comer— millones de argentinos.
El modelo Milei: ajuste, ciencia en retroceso y Estado mínimo
La disolución del CNIN se inscribe en una política más amplia del gobierno de Milei: reducir el tamaño del Estado incluso en áreas críticas como salud y ciencia.
El problema es que estas decisiones no son fácilmente reversibles. Desarmar equipos de investigación, interrumpir líneas de trabajo y dispersar profesionales tiene efectos que pueden durar años o décadas.
Mientras tanto, las problemáticas que esos organismos abordaban —como la nutrición y la salud alimentaria— no desaparecen. Al contrario: se agravan.
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La brutal embestida de los jueces federales de Comodoro Py le dejó al gobierno de Milei bastante claro que no cayó bien la designación de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia y acaso sea necesario reabrir la discusión por los lugares en la Corte Suprema y la Procuración, para alcanzar una «paz judicial» que tranquilice a Karina.
Los jueces Mariano Borinsky, Ariel Lijo, Marcelo Martínez de Giorgi y hasta María Servini de Cubría lideran un grupo más amplio de jueces federales que se sintieron destratados por la hermana de Milei, como reveló LPO, y ahora mueven todas las causas que la complican a ella, su hermano y su jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
La revelación de los nombres de otras dos mujeres que «prestaron» 100.000 dólares a Manuel Adorni para comprar su casa en el country Indio Cua en base a una hipoteca en su departamento de Parque Chacabuco, en una maniobra espejo del departamento de Caballito, es parte de esa tensión. Hoy se supo que Graciela Isabel Molina de Cancio le «prestó» al vocero 85.000 dólares y Victoria María José Cancio 15.000 dólares. El escándalo interminable del jefe de Gabinete sumó así otro hecho digno de investigación penal.
La lectura extendida en Comodoro Py es que los hermanos Milei «están desbordados» y necesitan urgente una «paz judicial». Esto coincide con el interés de los jueces federales que se completen las vacantes del máximo tribunal y la Procuración General de la Nación este año. A la que se suma la vocación por ocupar juzgados federales que ya está en marcha. Luego de enviar el pliego de la mujer de Martínez de Giorgi, este lunes el gobierno mandó los pliegos para juezas de Laura Kvitko y Jessica Sircovich, secretarias de Borinsky.
Borinsky es uno de los nombres que circula en Comodoro Py para sumarse a la Corte Suprema. Si avanza esa línea de acción, se pondría en crisis el supuesto compromiso que Mahiques asumió con el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, para que la designación de los nuevos ministros de la Corte se realice en el próximo mandato. Esa es al menos la teoría del grupo de Comodoro Py que se ampara en las declaraciones del propio ministro, que dijo que no es prioridad del gobierno completar el máximo tribunal.
Es muy difícil que la Corte Suprema pueda garantizar un acuerdo de toda la justicia con un gobierno, eso no pasa.
Un fiscal federal explicó a LPO que Comodoro Py buscó demostrar al Gobierno que tener buena relación con la Corte no alcanza. «Es muy difícil que la Corte Suprema pueda garantizar un acuerdo de toda la justicia con un gobierno, eso no pasa», afirmó.
Ahora, los jueces de Comodoro Py ven la oportunidad de expandirse hasta la Corte. La jugada se da en un contexto de reacomodamientos en la cabeza del Poder Judicial: como informó LPO, Rosenkrantz y Lorenzetti apuraron a Rosatti con un proyecto para cambiar la reglamentación de la selección de jueces en el Consejo de la Magistratura, órgano que también conduce el ex intendente de Santa Fe. Un deslizamiento inquietante.
El juez federal, Mariano Borinsky.
Por eso, el grupo de Lijo, Borinsky, Martínez De Giorgi y Servini no abandona el diálogo con Sergio Massa y los gobernadores peronistas, en el entendimiento que cualquier designación de jueces en la Corte y el procurador va a necesitar una proción importante del bloque de senadores del PJ.
La filtración de los audios y los documentos del teléfono de Mauricio Novelli con el presunto contrato firmado por Javier Milei para cobrar 5 millones de dólares a cambios de promocionar la criptoestafa, sumados a la investigación sobre el patrimonio de Adorni y ahora la causa de los créditos del banco Nación que también recaló en Lijo, habrían mostrado los límites de la estrategia de Karina y los Menem, que impulsaron la designación de Mahiques en lugar de Guillermo Montenegro, el candidato de Comodoro Py.
Mariano Borinsky, Ariel Lijo, Marcelo Martínez De Giorgi y hasta María Servini integran un lote de magistrados interesados en que se completen las vacantes del máximo tribunal y la Procuración General de la Nación este año.
«El error fue bochar a Montenegro porque era cercano a Santiago Caputo, sin darse cuenta que atrás estaba Comodoro Py», afirmó a LPO un juez federal. Ahora el gobierno tiene que lidiar con una realidad muy incómoda: la causa Libra esté en manos de Martínez de Giorgi y la investigación sobre la presunta corrupción de Adorni se concentró en el juzgado de Lijo.
El problema es que tampoco es seguro que el peronismo preste sus votos en el Senado para que los impulsores del copamiento de la Corte logren su objetivo. «¿Por qué el PJ le daría un procurador o un juez de la Corte a Milei, justo cuando pasa su peor momento?», se preguntó ante LPO un experimentado operador judicial.
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
El otro gran inconveniente para concretar la jugada es que el gobierno carece de una figura de volumen político para tejer la trama de acuerdos imprescindibles entre la Casa Rosada, el Poder Judicial y el Congreso. De hecho, ya hizo agua en 2024 con Santiago Caputo y Sebastián Amerio a la cabeza, cuando lo convencieron a Milei que Lijo y Manuel García-Mansilla serían ministros de la Corte y fracasaron de manera estrepitosa.
Paradójicamente, una de las fuentes consultadas no descartó que Lijo apueste a su propia revancha por un sillón en el máximo tribunal. También suena el nombre de Borinsky para ocupar alguna de las vacantes.
Cuando esté jugando la Selección, más si al equipo argentino le va bien, podría ser un buen momento para meter los pliegos para la Corte.
El deadline para enviar los pliegos de los nuevos candidatos a la Corte sería entre el Mundial a disputarse en junio próximo y no muchos después. «Cuando esté jugando la Selección, más si al equipo argentino le va bien, podría ser un buen momento para meter los pliegos para la Corte», dijo a LPO un funcionario judicial al tanto de las conversaciones.
«El año que viene imposible mandar los pliegos de la Corte porque es año electoral», agregó un importante juez de Comodoro Py, que sigue con interés el tema.
El ex viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, que no logró coronar los jueces en la Corte Suprema.
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