La Municipalidad de Villa Regina informa las medidas que se aplicarán de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nacional 334/2021 firmado por el Presidente Alberto Fernández, teniendo en cuenta que la ciudad está incluida dentro del Departamento General Roca, considerado de ALARMA EPIDEMIOLOGICA Y SANITARIA.
Las mismas regirán desde el 22 al 30 de mayo inclusive, y los días 5 y 6 de junio. Vale aclarar que las restricciones y los alcances del DNU son de CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO, lo que deja sin facultad al Municipio de flexibilizar algunas de las medidas adoptadas por el gobierno nacional.
Lo establecido en el Decreto de Necesidad y Urgencia es lo siguiente:
ACTIVIDADES ECONOMICAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES, DE SERVICIOS, CULTURALES, DEPORTIVAS, RELIGIOSAS, EDUCATIVAS, TURÍSTICAS, RECREATIVAS Y SOCIALES: Sin presencialidad, en todos los casos que sea posible se deberán realizar las tareas bajo la modalidad de teletrabajo.
PERMANENCIA EN DOMICILIOS: Las personas deberán permanecer en sus residencias habituales y solo podrán desplazarse para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos y artículos de necesidad en comercios esenciales y retiro de compras autorizadas, siempre en cercanía a sus domicilios.
SALIDAS DE ESPARCIMIENTO: Podrán realizarse salidas de esparcimiento en espacios públicos al aire libre de cercanía, en horario autorizado para circular, y dando cumplimiento a las reglas de conducta generales y obligatorias. No es necesario tramitar permiso para circular para estas actividades.
ACTIVIDADES RECREATIVAS: no se podrán realizar reuniones de personas, ni concentraciones, ni prácticas recreativas grupales.
CIRCULACION: No se podrá circular afuera del límite del partido, departamento o jurisdicción del domicilio de residencia.
PROHIBICION DE CIRCULACION: Desde las 18 horas hasta las 6 horas del día siguiente.
GASTRONOMIA: Sólo mediante delivery y take away.
TRANSPORTE PUBLICO: Quedan habilitadas para su uso las personas expresamente autorizadas para el desempeño de sus actividades (1) , los casos especiales, atención de salud y vacunación.
PERMISOS: Todas las personas exceptuadas de la prohibición de circular (1) y (2), deberán portar el “Certificado Único Habilitante para Circulación – Emergencia COVID-19” que las habilite a circular. Los desplazamientos de las personas exceptuadas deberán limitarse al estricto cumplimiento de la actividad autorizada.
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El gobierno habilitó la designación de la tucumana Sandra Mendoza en la poderosa Comisión de Acuerdos del Senado, que dictamina los pliegos de los jueces. Esa decisión busca ablandar la resistencia de los senadores que responden a Cristina Kirchner, que traban el nombramiento de los dos cargos vacantes en la Corte Suprema y más de 200 jueces federales.
La aparición de Mendoza en la nómina de integrantes de esa comisión empoderó al gobernador de su provincia, Osvaldo Jaldo, que ya había colado allí a Beatriz Ávila. LPO reveló a mediados de enero el interés del tucumano por el nombramiento de jueces federales, algo que comparte con el resto de los gobernadores.
En efecto, la impericia de la Rosada para completar las vacantes de más de 200 juzgados federales se debe a que los estrategas del gobierno en materia judicial intentaron una «negociación global» con el kirchnerismo, vía Wado de Pedro, pero fracasaron. El camino que ahora ensayan con Jaldo busca hacer una gesto a los gobernadores peronistas más dialoguistas, para correr al cristinismo de la discusión por los ministros de la Corte Suprema, un tema que empezaría a debatirse otra vez a partir de marzo. Un anticipo de esa diagonal se vio en la extensión del mandato d euna camarista de Misiones, negociada con Rovira.
Para los miembros de la bancada Convicción Federal (CF) del peronismo disidente que preside el puntano Fernando Salino e integra Mendoza, la estrategia kirchnerista de vaciar las comisiones ante el despojo de lugares para el peronismo que lleva adelante Bullrich, deja a la oposición sin política y al oficialismo con el terreno despejado para sacar leyes. La explicación de José Mayans es que, por la cantidad de votos en las urnas, al peronismo le corresponderían 7 senadores en vez de los 5 que le ofrece la jefa de bancada de LLA.
La impericia de la Rosada para completar las vacantes de la Corte Suprema y más de 200 juzgados federales se debe a que los estrategas del gobierno en materia judicial intentaron una «negociación global» con el kirchnerismo, vía Wado de Pedro, pero fracasaron.
Por eso, el formoseño no mandó la lista de sus colegas para la comisión de Trabajo, sus sillas quedaron vacías en diciembre y la reforma laboral salió por una mayoría abultada esta semana. «Nos robaron 7 senadores», fue la excusa que esgrimió en su discurso de cierre contra el proyecto oficialista.
Desde su entorno, alegan que la configuración impuesta por la exministra «es ilegal porque no respeta la representación popular en la integración proporcional de las comisiones», y aseguran que se evalúa el camino de la judicialización de las normas que se sancionen con esta aritmética. La judicialización de derrotas parlamentarias no es parte de la tradición peronista, que siempre estuvo del lado de la imposición de las mayorías.
El jefe del bloque peronista José Mayans, en el recinto.
Un senador le confirmó a LPO que Salino le avisó a Mayans durante la sesión de este miércoles que mandaría a Mendoza para la comisión de Acuerdos y también a Guillermo Andrada, hombre de Raúl Jalil, para la de Relaciones Exteriores. El formoseño, que aspiraba a retener la facultad de negociar nombres y lugares, insistió con su rechazo de plano a convalidar la reducción de espacios para su fuerza política y el puntano le recordó que ya son bloques separados y, por lo tanto, enviaría a esos dos senadores a esas comisiones.
El problema de Mayans es que la decisión de bloque de peronistas disidentes, que incluye a Carolina Moisés y Fernando Rejal además de Salino, Mendoza y Andrada, le termina restando una plaza al kirchnerismo. La cuenta de Bartolomé Abdala, presidente provisional de la cámara y firmante de la nota de conformación de las comisiones, es que el peronismo ya designó un miembro en cada una y le quedarían cuatro más. «Si a ellos no les gustan los nombres que mandaron, problema de ellos», afirmó.
Según el bloque de Salino, la estrategia kirchnerista de vaciar las comisiones ante el despojo de lugares para el peronismo que lleva adelante Bullrich deja a la oposición sin política y al oficialismo con el terreno despejado para sacar leyes.
El giro es evidente, lo que pierde el kirchnerismo lo ganan los gobernadores. En este caso, Jaldo y Jalil, pero la diáspora no terminaría allí: se especula que el santiagueño Gerardo Zamora también se tienta con mandar su nombre o el de su colega del Frente Cívico, Elia Moreno, para sumarse a alguna comisión.
Gerardo Zamora y Elia Moreno.
La maniobra desplegada por Salino desbarata cualquier posibilidad del kirchnerismo para trabar pliegos de jueces en la comisión de Acuerdos o bloquear su aprobación en recinto con más de un tercio del total de senadores. Al designar a Mendoza, Jaldo se quedó con dos senadoras en una comisión de 17 miembros y le arrebató un lugar a Mayans dentro del lote que pretendía administrar.
El movimiento habría sido tan violento que Villarruel se negó a firmar la nota formal de integración. «Ni el peronismo le hizo esto a la oposición cuando fue gobierno», habría advertido la vicepresidenta delante de Bullrich, Abdala y el secretario parlamentario, Agustín Giustinian.
Ni el peronismo le hizo esto a la oposición cuando fue gobierno.
Con la temeridad que la caracteriza, Bullrich argumentó que compensarían al kirchnerismo con lugares en la comisión de Banca de la Mujer y, como Villarruel no se allanó, la exministra miró a Abdala y encontró la solución: «No importa, firma Bartolomé». El puntano agachó la cabeza y estampó su firma.
Uno de los senadores que ya figura en las comisiones explicó a LPO que «Villarruel busca poner racionalidad a las decisiones pero Bullrich sostiene que es una decisión del peronismo no participar». La Vicepresidenta habría deslizado la chance de que el kirchnerismo tenga 6 sillas si no acepta 5 pero la ex ministra descartó esa salida.
Las luces amarillas que vienen encendiéndose en distintas empresas ligadas al agro ahora alcanzaron a Metalfor, una de las fábricas de maquinaria agrícola más emblemáticas del interior productivo, que dejó un tendal de cheques rechazados por 120 millones.
El presidente de la empresa, Eduardo Borri, admitió que sufrieron episodios de «estrés financiero», pero en diálogo con LPO dijo que «el problema está resuelto». Lo curioso es que los problemas financieron coincidieron con el anuncio de un crédito por USD 50 millones de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC).
Como sea, Borri atribuyó los cheques impagos a «una combinación de factores», entre los que mencionó el encarecimiento abrupto del crédito, el cierre del mercado de capitales y un efecto contagio provocado por la crisis de otras firmas del sector.
Borri es un entusiasta de la administración de Milei y suele retuitear a los ministros, incluso a Federico Sturzenegger, uno de los más enfáticos en afirmar que la industria argentina debe desaparecer, si no logra ser competitiva.
Metalfor no es una empresa menor. Con más de 50 años de trayectoria, especializada en pulverización y fertilización, construyó un modelo de negocios poco habitual en la industria: integra toda la cadena comercial, con locales propios en lugar de concesionarios, toma máquinas usadas como parte de pago, las reacondiciona y las vuelve a colocar en el mercado entre pequeños productores y contratistas.
La empresa tiene dos plantas en Marcos Juárez, una en Noetinger y una unidad industrial en Ponta Grossa, en el estado brasileño de Paraná. En total emplea a unas 1.100 personas, muchas de ellas en localidades de menos de 10 mil habitantes. «Nuestro impacto se multiplica por cuatro en los lugares donde estamos», subrayan en la compañía, conscientes del peso político y social que tiene cualquier ruido financiero en el interior profundo.
Borri es un entusiasta de la administración de Milei y suele retuitear a los ministros, incluso a Federico Sturzenegger, uno de los más enfáticos en afirmar que la industria argentina debe desaparecer, si no logra ser competitiva.
Según Borri, el punto de quiebre llegó a fines de 2024 y comienzos de 2025, cuando varias empresas ligadas al agro empezaron a mostrar dificultades para refinanciarse. «Fue una especie de efecto puerta 12. Una estampida que nos terminó arrastrando», explicó. Entre diciembre de 2024 y julio de 2025, Metalfor canceló cerca de 20 millones de dólares en obligaciones negociables y recibió una capitalización adicional de 10 millones de dólares por parte de sus accionistas.
En paralelo, la empresa gestionaba un crédito clave con la Development Finance Corporation (DFC), el banco de desarrollo del Tesoro de Estados Unidos. El financiamiento, por unos 50 millones de dólares, terminó llegando más tarde de lo previsto, luego de completar su aprobación en el Senado norteamericano. «Fuimos la única empresa argentina aprobada en 2025», remarcan en Metalfor. Esos fondos se destinaron a cubrir el financiamiento que la firma tiene colocado en clientes y a ordenar su exposición en el mercado de capitales.
Una de las plantas de Metalfor.
El episodio de los cheques rechazados, que volvió a instalar el ruido en los últimos días, se dio en medio de un clima general de desconfianza y dificultades en la cadena de pago. La semana pasada, el presidente de Adeba advirtió públicamente sobre el fuerte aumento de cheques rechazados en el sistema, un dato que golpea de lleno a las empresas que dependen del financiamiento comercial para sostener ventas.
El punto de quiebre llegó a fines de 2024 y comienzos de 2025, cuando varias empresas ligadas al agro empezaron a mostrar dificultades para refinanciarse. Fue una especie de efecto puerta 12. Una estampida que nos terminó arrastrando.
Además, en el complejo industrial apuntan contra el funcionamiento del pagaré bursátil, un instrumento que se expandió con fuerza en los últimos años. «Cuando emitís una obligación negociable sabés a quién le debés. Con el pagaré bursátil no, y hubo una exageración en el uso de ese producto», contó a LPO un empresario de Santa Fe.
El tema se complicó aún más luego de la sequía histórica de 2023 que agregaron malas calificaciones crediticias y el escenario se terminó de entorpecer con reacomodamiento posterior a la devaluación del cambio de gobierno.
El caso Metalfor vuelve a exponer una tensión de fondo que recorre al agro y a la industria: empresas con facturación relevante -en este caso, unos 125 millones de dólares anuales- que dependen cada vez más de un mercado de capitales chico, caro y volátil, y que quedan expuestas a cualquier sacudón sistémico. «Si se eliminan las retenciones, el gringo compra de todo», resumen en la firma, como síntesis brutal de un problema estructural que va mucho más allá de un cheque rechazado.
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