AGENDA CULTURAL en La Tapa

Una encuesta de Carlos Sicchar, uno de los consultores que suele trabajar para el oficialismo cordobés, encendió luces amarillas en El Panal: Martín Llaryora conserva un núcleo duro, pero una eventual unificación opositora pondría a la reelección del gobernador en un escenario de máxima tensión política.

El trabajo, realizado entre el 16 y el 18 de mayo sobre 1.000 casos en toda la provincia, muestra un dato que inquieta al Gobierno: aunque Llaryora sigue siendo el dirigente con mayor intención de voto individual, la fragmentación opositora es hoy su principal aliada.

En el escenario de «todos contra todos», el gobernador alcanza 31% de intención de voto, mientras que Luis Juez aparece con 14%, Rodrigo de Loredo con 9% y Gabriel Bornoroni con 4%. Más atrás quedan la izquierda y García Elorrio, ambos con 3%. Pero el dato central está en otro lado: el 13% todavía no sabe a quién votar y otro 9% asegura que votaría en blanco.

En otras palabras, si Juez, De Loredo y La Libertad Avanza lograran confluir en un armado común, la suma opositora quedaría prácticamente en línea con el gobernador y abriría una pelea completamente distinta hacia 2027.

Llaryora tiene piso, pero la gran duda es cuál es su techo. Sicchar lo plantea de manera explícita en las conclusiones preliminares del informe: «Martín Llaryora logra retener su núcleo duro, estableciendo un piso competitivo sólido».

Ese dato explica buena parte de la estrategia política que viene desplegando el gobernador desde comienzos de año. Mientras el Gobierno de Milei profundiza el ajuste, Llaryora aceleró las recorridas por el interior provincial, reforzó el vínculo con intendentes y volvió a poner el eje en la gestión territorial.

En El Panal, se baraja como principal hipótesis adelantar las elecciones provinciales para abril o mayo de 2027. Pese al poco tiempo, consideran que todavía hay tiempo para reconstruir una mayoría electoral más amplia. Pero admiten que el desafío ya no pasa solamente por conservar el aparato político que construyó el peronismo cordobés en más de dos décadas de poder. Ahora necesitan reconectar con sectores medios que comenzaron a tomar distancia.

La encuesta ofrece una pista precisa sobre dónde está ese problema.

El segmento de indecisos aparece concentrado principalmente en mujeres, menores de 30 años y hogares de ingresos medio-bajos. El 57% de los indecisos son mujeres y el 31% tiene entre 16 y 30 años. Además, la mayor parte pertenece a hogares que no logran superar cómodamente la línea de pobreza.

Ese universo es justamente el que más sufrió el deterioro económico de los últimos meses.

El informe también registra un cambio importante en el clima político general de Córdoba. Javier Milei, que había alcanzado niveles de aprobación cercanos al 61% a comienzos de año, cayó al 48%, mientras que la desaprobación subió al 46%.

En cambio, Llaryora logró sostener su evaluación positiva pese a las crisis con docentes, jubilados y las altas tarifas de luz y agua. Según el estudio, el gobernador tiene 49% de aprobación y 42% de desaprobación, mejorando incluso cuatro puntos su imagen negativa respecto de la medición anterior.

Ese diferencial es el principal activo político del cordobesismo: la percepción de gestión provincial todavía resiste mejor que la evaluación nacional.

Pero el problema para el oficialismo es que la oposición, aun desordenada, empieza a detectar que existe una oportunidad real de disputar el poder.

Luis Juez conserva volumen político después de haber quedado a apenas tres puntos de derrotar al PJ en 2023. Rodrigo de Loredo sigue siendo el radical con mejor instalación provincial y apuesta a un perfil menos confrontativo. Y Gabriel Bornoroni intenta capitalizar el peso electoral que todavía mantiene Milei en Córdoba y convertirse en el armador de una coalición libertaria-pro. La pelota está en esa cancha.

La encuesta de Sicchar deja otro mensaje para Llaryora: el gobernador deberá seducir a ese electorado independiente, joven y golpeado económicamente que hoy mira la política con distancia y todavía no decidió su voto.

Máximo Kirchner aseguró que el próximo gobierno deberá reestructurar la deuda externa para poder dar prioridad a políticas productivas y servicios públicos esenciales como salud y educación.

«Si la Argentina no reestructura su deuda externa no tiene posibilidades de cumplir con lo que muchos le dicen a la gente que van a hacer si son gobierno», dijo el diputado.

Kirchner planteó que los recursos del Estado no son elásticos y que por el contrario son finitos. «Gran parte de lo que se lleva la deuda externa argentina entre acreedores privados y el FMI y los organismos multilaterales de crédito es lo que no se pone en los hospitales, en las escuelas, en la Universidad, en el cuidado de las Pymes», planteó en una entrevista con la señal C5N.

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Además, dijo que La Cámpora hará todo lo posible para que Cristina Kirchner sea candidata a presidenta. «Queremos que Cristina pueda ir a elecciones. Y si la sociedad quiere elegirla, que la vote y el que no quiera votarla, que no la vote», dijo Máximo y siguió: «Hay un montón de argentinos que quieren votarla, no quieren votar otra cosa. No quieren votar candidatos por default».

«Vamos a hacer todo lo posible para que ella pueda competir, porque de lo contrario terminamos aceptando cualquier cosa. Aceptamos que Cristina esté proscripta, la dejamos ahí, no puede participar, está proscrita», dijo Máximo y siguió: «Nosotros vamos a intentar que pase. Vamos a dejar la piel y la vida para que Cristina pueda ser candidata».

LPO había contado que, si finalmente se eliminaban las PASO, la definición de las candidaturas quedaría en los partidos y con su control total del sello del PJ podía imponer su propia postulación.

Las versiones que circularon en los últimos días daban cuenta de la posibilidad de anotar el nombre de Cristina en la boleta, aunque esté inhabilitada de por vida por la justicia. El plan se completaría con la postulación a vicepresidente de un ex gobernador como Sergio Uñac, que terminaría siendo el candidato frente a la inhabilitación de la ex presidenta.

Queremos que Cristina pueda ir a elecciones. Y si la sociedad quiere elegirla, que la vote y el que no quiera votarla, que no la vote. Hay un montón de argentinos que quieren votarla, no quieren votar otra cosa. No quieren votar candidatos por default.

Máximo remarcó que Cristina aparece «primera o segunda en todas las encuestas» pese a lo que describió como una proscripción, y advirtió que el sistema judicial debería prestar atención a ese dato.

Sobre el primer aniversario de la detención, el diputado afirmó: «A un año de la detención de Cristina, se ve lo que se ha ido construyendo. Cuando vino acá y anunció que iba a ser candidata por la tercera sección electoral, de allí en más ya ni siquiera se sonrojaron, sino que avanzaron de una manera descarada».

Por otra parte, el diputado sostuvo que la situación judicial que atraviesa Adorni «muestra la verdadera cara» del gobierno libertario. Además, señaló que en este momento «gobierna la antipolítica», y que tiene funcionarios que son «arribistas». «Se da una situación de impunidad judicial garantizada que hace que vayan tomando decisiones bajo la premisa de que el poder económico los va a proteger eternamente», remarcó.

«El oficialismo «está haciendo añicos la soberanía argentina, preparando todos los días la entrega de los bienes naturales argentinos». «Maltrataron mucho a las personas, hablaron despectivamente de los trabajadores, se reían de todo el mundo y le sacaron derechos a la gente, con un grado de soberbia pocas veces visto», declaró y agregó: «Hoy tienen esta realidad como respuesta a esa soberbia y tendrán que ir al Poder Judicial, que no me despierta ningún tipo de confianza».

 Estados Unidos refuerza su poder sobre Cuba. El Departamento de Justicia reveló la imputación de Raúl Castro, el expresidente cubano de 94 años y hermano de Fidel Castro, y de otras cinco personas.

La acusación es de asesinato y conspiración con el fin de matar a ciudadanos estadounidenses y se deriva del derribo de dos aviones del grupo de ayuda humanitaria Brothers to the Rescue cerca de las costas de la isla. 

El ministro de Justicia interino, Todd Blanche, dijo que «hay orden de arresto y esperamos que se presente voluntariamente o por otros medios». En caso de condena, algunos de los acusados podrían enfrentar la pena de cadena perpetua.

Raúl Castro, que el próximo 3 de junio cumplirá 95 años, en cambio, se expone a hasta cinco años de prisión por cada uno de los cargos que se le formulan por la destrucción de los aviones. «El intento de imputación es una acción política sin fundamento jurídico», denunció el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. 

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«Es un circo que montan para justificar una agresión militar contra Cuba», añadió el embajador de Cuba ante la ONU, Ernesto Soberón Guzmán, al New York Times. 

Sin embargo, la imputación contra Castro es un gesto más simbólico dado que después de haber sido ministro de Defensa durante 49 años y presidente durante 12 años, Raúl Castro ya no tiene actualmente ningún cargo oficial, más de un posible poder interno, especialmente sobre las fuerzas armadas.

La acusación es de asesinato y conspiración con el fin de matar a ciudadanos estadounidenses y se deriva del derribo de dos aviones del grupo de ayuda humanitaria Brothers to the Rescue cerca de las costas de la isla.

En este marco, la denuncia alimenta otra teoría como es la de una intervención militar  similar a la que Washington hizo en Caracas para sacar de poder a Nicolás Maduro. 

La pasada, el gobierno de Cuba informó que el director de la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. (CIA), John Ratcliffe, se reunió con su contraparte en el Ministerio del Interior en La Habana.

Raúl Rodríguez Castro con su abuelo, Raúl.

Según informó la BBC inglesa y su socia estadounidense CBS, participaron en la reunión Raúl Rodríguez Castro conocido como «El Cangrejo» (nieto del expresidente Raúl Castro), el ministro del Interior, Lázaro Álvarez Casas, y el jefe de la Dirección de Inteligencia.

En el encuentro se «discutió la cooperación en materia de inteligencia, la estabilidad económica y cuestiones de seguridad, todo ello con el telón de fondo de que Cuba ya no puede ser un refugio seguro para los adversarios en el hemisferio occidental», dijo la fuente de la CIA.

La isla lleva tiempo en el punto de mira de la administración Trump, que nunca ha descartado de manera definitiva una posible acción militar. Hasta ahora, Washington ha impulsado sanciones económicas. 

En paralelo, ha mantenido conversaciones con algunos representantes de cubanos, con los que también discutió la oferta de 100 millones de dólares de ayuda a la isla. Con su estrategia, la Casa Blanca busca valerse de los cubanos y de sus dificultades para que se vuelvan contra el régimen.

 En un duro revés político para Donald Trump, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles una resolución que busca restringir la capacidad de la Casa Blanca para continuar las operaciones militares contra Irán sin autorización expresa del Congreso. 

La medida fue aprobada por 215 votos a favor y 208 en contra, convirtiéndose en la primera iniciativa legislativa exitosa contra la estrategia bélica de Trump desde el inicio del conflicto hace más de tres meses. 

La resolución, impulsada por legisladores demócratas y respaldada por un pequeño grupo de republicanos, invoca la War Powers Resolution de 1973, una ley diseñada para limitar el poder presidencial de involucrar al país en conflictos armados sin la aprobación del Congreso. 

El texto exige que Estados Unidos cese las hostilidades contra Irán salvo que exista una declaración formal de guerra o una autorización específica del Poder Legislativo. La votación representa un cambio significativo respecto de intentos anteriores que habían fracasado por estrecho margen. En marzo, una iniciativa similar fue derrotada por 219 a 212 votos, mientras que en mayo otra propuesta terminó empatada 212 a 212. 

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Esto confirma el creciente desgaste político del capital de Trump por una guerra que dijo que duraría 4 o 5 semanas y ya lleva tres meses sin indicios de resolución. Además, generó un aumento de los costos de combustibles y un repunte de la inflación. 

La resolución, impulsada por legisladores demócratas y respaldada por un pequeño grupo de republicanos, invoca la War Powers Resolution de 1973, una ley diseñada para limitar el poder presidencial de involucrar al país en conflictos armados sin la aprobación del Congreso

El presidente de la Cámara, el republicano Mike Johnson, había postergado previamente el debate para evitar una derrota de la Casa Blanca. Sin embargo, la presión bipartidista y el deterioro del apoyo al conflicto hicieron inevitable la votación. 

Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes.

El secretario de Estado, Marco Rubio, cuestionó la iniciativa y advirtió que podría ser interpretada por Teherán como una señal de debilidad estadounidense. Rubio sostuvo ante el Congreso que limitar las opciones militares de Washington podría fortalecer la posición negociadora iraní en medio de las conversaciones diplomáticas que continúan paralelamente al conflicto. 

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Pese al impacto político de la votación, el futuro de la resolución sigue siendo incierto. La medida deberá ser considerada por el Senado, donde ya existen señales de creciente descontento con la guerra, aunque todavía no está garantizada su aprobación definitiva. Incluso si superara ese obstáculo, enfrentaría la probable oposición de Trump mediante un veto presidencial. 

Más allá de sus efectos prácticos inmediatos, la votación marca uno de los mayores cuestionamientos institucionales a la política exterior de Trump en su segundo mandato y reabre el histórico debate sobre quién debe tener la última palabra cuando Estados Unidos entra en una guerra: el presidente o el Congreso.