Adorni no despejó dudas sobre su patrimonio ni acorraló a la oposición

Adorni no despejó dudas sobre su patrimonio ni acorraló a la oposición

 

Manuel Adorni se fue derrotado del Congreso. Sin contestar a las preguntas de los diputados sobre la incongruencia entre su patrimonio y su nivel de ingresos, el jefe de Gabinete se limitó a leer un libreto aburrido, preparado por sus asesores, y pidió un cuarto intermedio después de cada tanda de preguntas para consultar las respuestas.

Pese al despliegue de Javier Milei, su hermana Karina y el gabinete nacional, Adorni estuvo lejos de ser el funcionario canchero que se burlaba de los periodistas en sus conferencias de prensa. Su exposición ante la Cámara Baja fue apenas un tortuoso trámite burocrático, sazonado con las arengas de la tropa oficialista en el recinto y la hinchada que llevó Sebastián Pareja a las bandejas.

En ese contexto, hubo un acierto del peronismo, que no se dejó arrastrar por las chicanas contra los gobiernos kirchneristas ni las alusiones a la corrupción atribuida a Cristina Kirchner. Como anunciaron en la previa, los opositores hicieron el esfuerzo de coordinar mínimamente que cuidarían las formas para que Adorni no huyera de la sesión como Guillermo Francos cuando brindó su informe ante el Senado.

El PRO y la UCR no hicieron uso del tiempo que les correspondía como interbloque, salvo el correntino Diógenes González, que preguntó sobre una ruta en su provincia, y la bonaerense Karina Banfi, que repreguntó ante la respuesta por escrito de Adorni a su consulta por el rechazo de miles de solicitudes de habitantes de Bahía Blanca para acceder al beneficio para reparar los daños del temporal. Eso que a priori se leyó como una contribución de los bloques de Cristian Ritondo y Pamela Verasay hasta podría computarse como un vacío sutil contra el jefe de Gabinete: ni lo cuestionan ni lo defienden.

Karina le puso custodia presidencial a Adorni y su esposa la usó de Uber para ir a bares con amigas

Por eso, la intervención de Germán Martínez resultó letal. «Nunca debería haber existido esta sesión», dijo de movida y agregó que Adorni «debería haber renunciado».

Pero, además, expuso las especulaciones políticas del oficialismo y sus aliados cuando deslizó: «Soy prudente y no digo las cosas que me dicen en los pasillos». Adorni sabe que hay dirigentes libertarios que lo consideran «un peso» e, incluso, sobran postulantes desinhibidos para sucederlo en el cargo.

Ritondo, Banfi y Fernando De Andreis.

Entonces, Martínez fue a fondo. «Usted se sostiene por una decisión política, la del presidente Milei», le dijo a Adorni, y después de preguntarle si terminaría como José Luis Espert o si recalaría en el directorio de YPF como Francos o Lisandro Catalán, le enrostró que «no coordina el gabinete, no tiene la confianza del Congreso y no tiene confianza de la sociedad». 

El jefe del bloque peronista remarcó que Adorni «le genera más perjuicios que beneficios al gobierno que integra». «La figura del jefe de gabinete no fue creada para que el Presidente venga a defenderlo sino para que usted defienda al Presidente. Creemos que la Argentina necesita otro jefe de Gabinete en el cual la gente crea y no un meme de redes sociales», aseguró y adelantó que la oposición seguirá trabajando para conseguir la interpelación y una moción de censura contra Adorni, lo que significaría echarlo.

Después del cuarto intermedio, el jefe de Gabinete volvió a sentarse en su silla, repitió que no contestaría a preguntas que implicaban la causa judicial por la que se lo investiga y se quejó de la intención de removerlo con un mecanismo incorporado a la Constitución con la Reforma del 94′. «Desde que existe la figura, nunca se removió a un jefe de Gabinete», sostuvo como si eso lo eximiera de ese desenlace, y señaló que la iniciativa la impulsa «un bloque con el peor prontuario delictivo desde el retorno de la democracia».

Creemos que la Argentina necesita otro jefe de Gabinete en el cual la gente crea y no en un meme de redes sociales.

Tampoco en ese momento respondió a las preguntas de Juan Marino acerca de dónde saca dinero para mover USD 100 mil al año cuando su sueldo es de 3 millones de pesos. Mucho menos atinó a lanzar carpetazos a los opositores como los libertarios se habían encargado de anunciar dos semanas atrás: el socialista Esteban Paulón hasta llevó copias de sus escrituras al recinto para taparle la boca si lo atacaba como los trolls lo hicieron por redes sociales.

Sin embargo, Adorni aprovechó al final para cargar contra Rodolfo Tailhade por preguntarle si correspondía que la custodia presidencial que le otorgó Karina Milei cuando todavía era vocero trasladara a su empleada doméstica para hacer las compras o que su esposa, Bettina Angeletti, y sus amigas la utilizaran como si fuera un servicio de Uber para irse de copas a un bar de Palermo.

Un diputado acaba de precisar el itinerario diario de mi mujer con un nivel de detalle sospechoso y con información que, en caso de que fuera cierta, sería de dudosa procedencia.

Con sus últimas energías, apuntó: «No se me pasa por alto que un diputado acaba de precisar el itinerario diario de mi mujer con un nivel de detalle sospechoso y con información que, en caso de que fuera cierta, sería de dudosa procedencia». «Esa insinuación está peligrosamente cerca de ser una amenaza a la integridad física de mi esposa», dijo -leyendo lo que sus asesores le habían escrito- y concluyó: «sé que están acostumbrados a manejarse como si Argentina fuera un país bananero pero lo que están sugiriendo es que alguien estuvo espiando al jefe de gabinete de ministros de la Nación y su familia».

Acaso la bronca de Adorni por las revelaciones de la supuesta corrupción que lo hunde cada vez más no sea el problema más grave. Después de su fallida incursión parlamentaria, queda claro que no sabe que son los padres de la escuela de sus hijos, las amigas de su esposa y los propios funcionarios de su gobierno quienes aportan información a la prensa, la oposición y el Poder Judicial.

 

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    Quequén es de los pocos puertos donde continúa abierta la discusión que plantearon los transportistas, quienes exigieron un aumento d ela tarifa que cobran por la suba del precio de los combustibles por la guerra. 

    La suba del 14% que proponen las exportadoras es rechazada por los transportistas, que piden de base un 17% de aumento. «Tienen cosecha récord, no hay excusas para no otorgar el aumento que pedimos», dijo a LPO uno de los dirigentes involucrados en la discusión.

    Ante la extensión del conflicto, la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) le reclamó este jueves al gobierno de Milei que intervenga en el conflicto y, de ser necesario, que haga «uso de la fuerza pública».

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    En el sector sostienen que por este conflicto el circuito económico de Quequén registró pérdidas más de 300 millones de dólares. 

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    En el sector sostienen que por esta situación el circuito económico de Quequén registró pérdidas por más de USD 300 millones. Por todo eso, en la CPPC le avisaron a Herrmann que irán a la Justicia ante «el hipotético supuesto que este reclamo no sea atendido». Una desenlace muy problable con el gobierno libertario.

    Las federaciones de transportistas Fatrac, Fetra, Atcade y Camioneros rechazaron la presión empresaria y ratificaron su «apoyo y total sintonía en el rechazo del 14% propuesto en la última reunión, por considerarlo insuficiente para cubrir los costos reales del sector».

    Llama mucho la atención que tengan que salir las federaciones de transportistas y la CGT a pedir la intermediación de la Provincia, teniendo un consorcio de gestión conducido por alguien nombrado por la Provincia.

    Ante la escalada del conflicto, reclamaron la mediación del gobierno de Axel Kicillof: «Que asuma la responsabilidad que le corresponde, tomando las medidas pertinentes que sea necesarias para lograr una tarifa justa y acorde a la realidad», señalaron.

    También la CGT Regional Necochea pidió una intervención «urgente» de la Provincia y planteó interrogantes sobre el rol del presidente interino del consorcio portuario, el dirigente de Uatre, Mariano Carrillo.

    «Llama mucho la atención que tengan que salir las federaciones de transportistas y la CGT a pedir la intermediación de la Provincia, teniendo un consorcio de gestión conducido por alguien nombrado por la Provincia», dijo a LPO el titular de la CGT Necochea, Demian Ledesma.

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    En esa línea, fuentes cercanas a los transportistas afirmaron que Carrillo mantiene un acuerdo con las cerealeras exportadoras y lo asocian a las intenciones del dirigente alineado a José Voytenco por quedarse más allá del actual interinato al frente del puerto.

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    La última prórroga está cerca de expirar y en el puerto creen que Carrillo concederá una nueva prórroga.

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    «Carrillo no llegó ahí por mérito ni por conocimiento del sector. Es parte de la red política y sindical vinculada a José Voytenco, Jorge Giani y Julio Comparada, el entramado que se alimenta de negocios, favores y relaciones de poder», acusaron en el opositor Movimiento de Recuperación de Uatre.

    En el medio, también generó discordia el viaje a España que, en medio de esta crisis inédita, realizan miembros del directorio portuario con pasajes adquiridos con recursos del consorcio.

     Carrillo no llegó ahí por mérito ni por conocimiento del sector. Es parte de la red política y sindical vinculada a José Voytenco, Jorge Giani y Julio Comparada, el entramado que se alimenta de negocios, favores y relaciones de poder. 

    Fuentes del puerto señalaron a LPO que el propio Carrillo tenía sus pasajes para participar del encuentro de «líderes portuarios latinoamericanos» en Barcelona, pero que se tuvo que bajar frente a la escalada del conflicto. No obstante, otros funcionarios del puerto viajaron a la soleada capital catalana.

    «No se sabe si juega para los sindicatos o para los exportadores», dijo sobre Carrillo otra fuente del puerto consultada.

    Como sea, en las exportadoras aumentan la presión para sacar los granos hoy retenidos en Quequén. En el sitio de la Asociación de Cooperativas Argentinas están en espera 7 buques para cargar 208 mil toneladas de graneles agropecuarios. En el sitio 4/5 de embarque de Terminal Quequén S.A. están esperando cargar 95 mil toneladas en 4 buques y en el Sitio 0 de Quequén esperan 6 buques para cargar 148 mil toneladas.

     

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    CAP. 6 «JUSTICIA» Estreno serie web

    En 2013, fruto de la movilización de vecinos y chacareros, se sanciona una ordenanza anti-fracking para evitar que se realice esta actividad en Allen, sin embargo es derogada tres meses más tarde por el superior tribunal de justicia de Rio Negro. En 2013, fruto de la movilización de vecinos y chacareros, se sanciona una ordenanza anti-fracking para evitar que se realice esta actividad en Allen, sin embargo es derogada tres meses más tarde por el superior tribunal de justicia de Rio Negro. Desde ese momento se instalan pozos de fracking en zonas rurales y pegado a barrios humildes, forzando a vecinos y chacras a convivir con muy diversos malestares. Sin embargo establecer algún tipo de acuerdo o acción legal contra las empresas es muy difícil. En 2017 después de un gran derrame en una chacra, se logra que la justicia condene a YPF por contaminación por primera vez.

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  • Denuncian a dos camaristas por maniobras para favorecer a Bunge en una mega causa por evasión

     

    La Justicia federal de Córdoba está en estado de shock. Fiscales ordenaron investigar a Abel Sánchez Torres y su pareja, Graciela Montesi, ambos camaristas sospechados de manipular la conformación de las salas para intervenir en dos expedientes por evasión tributaria que involucran a ejecutivos de la cerealera Bunge.

    El planteo promovido por los fiscales Nicolás Turano y Maximiliano Hairabedián incluye delitos como abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público, falsedad ideológica y coacción.

    El juez Alejandro Sánchez Freytes, a cargo del caso, ya decretó el secreto de sumario y deberá definir si avanza con las indagatorias. El punto neurálgico del caso remite a una práctica tan técnica como decisiva: quiénes integran el tribunal que juzga.

    En la estructura de la Justicia Federal, las cámaras de apelaciones se dividen en salas que deben conformarse con sorteos y subrogancias reguladas por ley. Ese mecanismo busca garantizar imparcialidad y evitar que los jueces elijan -o sean elegidos- para fallar en determinados expedientes.

     Según los fiscales, Montesi y Sánchez Torres habrían retenido o hecho circular expedientes hasta que la rotación de subrogancias les permitiera coincidir en la misma sala y votar en los casos «Padilla» y «Humanes», que tenían en común su conexión con la causa Bunge . 

    Sin embargo, la denuncia sostiene que esas reglas habrían sido alteradas en 2023 aprovechando vacantes en la Cámara. Según los fiscales, Montesi y Sánchez Torres habrían retenido o hecho circular expedientes hasta que la rotación de subrogancias les permitiera coincidir en la misma sala y votar en los casos «Padilla» y «Humanes».

    Ambos expedientes, radicados en Río Cuarto y Villa María respectivamente, tenían en común su conexión con la causa Bunge y su alto contenido económico.

    En una de las causas, Sánchez Torres habría emitido su voto en apenas un minuto, en coincidencia plena con el criterio de Montesi, lo que derivó en una falta de mérito para el imputado.

    El dato que más ruido genera en Tribunales es la velocidad con la que se resolvió uno de esos expedientes.

    En la causa «Padilla», Sánchez Torres habría emitido su voto en apenas un minuto, en coincidencia plena con el criterio de Montesi, lo que derivó en una falta de mérito para el imputado.

    Para los investigadores, ese nivel de sincronización refuerza la sospecha de que la integración del tribunal no fue azarosa. La gravedad institucional del caso radica en las consecuencias de una eventual manipulación.

    En la cabecera, Abel Sánchez Torres y, a su derecha, su pareja y también camarista Graciela Montesi. Ambos, están sospechados de ejecutar maniobras para favorecer a la cerealera Bunge.

    Si se altera la composición de una sala, se rompe el principio del juez natural. En un expediente como el de Bunge, esa distorsión puede traducirse en beneficios concretos para los imputados, desde demoras hasta resoluciones favorables.

    La existencia de vocalías sin cubrir en la Cámara Federal de Córdoba habría facilitado -según los fiscales- una concentración de poder interno a la pareja Sánchez Torres-Montesi que permitió estas maniobras.

    La denuncia original fue presentada por la secretaria de Cámara Celina Laje Anaya, quien se habría negado a convalidar la integración de salas que consideraba irregular. A partir de allí, según el relato fiscal, comenzó una escalada de hostigamiento atribuida a Sánchez Torres.

     En los últimos meses, Sánchez Torres hizo un fuerte lobby para meterse en la lista corta de candidatos para la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

    El expediente describe un cuadro de presión sistemática que incluyó gritos, humillaciones y decisiones administrativas que afectaron la carrera de la funcionaria.

    Incluso se detalla que fue forzada a aceptar un cambio de cargo que implicó una degradación salarial y profesional. Los fiscales encuadraron estos hechos como lesiones graves en un contexto de violencia de género.

    En paralelo, la investigación sumó a otros actores del tribunal. El secretario penal Mario Olmedo fue señalado por su presunta participación necesaria en las maniobras, mientras que el secretario de superintendencia Gustavo Flores fue imputado por falso testimonio, ante inconsistencias detectadas en su declaración.

     La denuncia original fue presentada por la secretaria de Cámara Celina Laje Anaya, quien se habría negado a convalidar la integración de salas que consideraba irregular. A partir de allí, según el relato fiscal, comenzó una escalada de hostigamiento atribuida a Sánchez Torres. 

    En los últimos meses, Sánchez Torres hizo un fuerte lobby para meterse en la lista corta de candidatos para la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Según le contó a un importante empresario con el que se reunió en un bar de Nueva Córdoba, su plan A era que los gobernadores de Provincias Unidas lo propongan.

    El resultado electoral tiró por tierra la estrategia. Entonces, «el Gordo Abel» recurrió a sus contactos con importantes empresarios para que hagan fuerza por él. 

     

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    El próximo domingo a partir de las 18 horas se podrán apreciar algunos de los talleres que ofrece la Escuela Municipal de Arte para este año. En el espacio denominado ‘Escuela Abierta’, la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina propone a los vecinos disfrutar, en este caso, de canto, piano, ukelele, guitarra,…

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