Adorni no despejó dudas sobre su patrimonio ni acorraló a la oposición

Adorni no despejó dudas sobre su patrimonio ni acorraló a la oposición

 

Manuel Adorni se fue derrotado del Congreso. Sin contestar a las preguntas de los diputados sobre la incongruencia entre su patrimonio y su nivel de ingresos, el jefe de Gabinete se limitó a leer un libreto aburrido, preparado por sus asesores, y pidió un cuarto intermedio después de cada tanda de preguntas para consultar las respuestas.

Pese al despliegue de Javier Milei, su hermana Karina y el gabinete nacional, Adorni estuvo lejos de ser el funcionario canchero que se burlaba de los periodistas en sus conferencias de prensa. Su exposición ante la Cámara Baja fue apenas un tortuoso trámite burocrático, sazonado con las arengas de la tropa oficialista en el recinto y la hinchada que llevó Sebastián Pareja a las bandejas.

En ese contexto, hubo un acierto del peronismo, que no se dejó arrastrar por las chicanas contra los gobiernos kirchneristas ni las alusiones a la corrupción atribuida a Cristina Kirchner. Como anunciaron en la previa, los opositores hicieron el esfuerzo de coordinar mínimamente que cuidarían las formas para que Adorni no huyera de la sesión como Guillermo Francos cuando brindó su informe ante el Senado.

El PRO y la UCR no hicieron uso del tiempo que les correspondía como interbloque, salvo el correntino Diógenes González, que preguntó sobre una ruta en su provincia, y la bonaerense Karina Banfi, que repreguntó ante la respuesta por escrito de Adorni a su consulta por el rechazo de miles de solicitudes de habitantes de Bahía Blanca para acceder al beneficio para reparar los daños del temporal. Eso que a priori se leyó como una contribución de los bloques de Cristian Ritondo y Pamela Verasay hasta podría computarse como un vacío sutil contra el jefe de Gabinete: ni lo cuestionan ni lo defienden.

Karina le puso custodia presidencial a Adorni y su esposa la usó de Uber para ir a bares con amigas

Por eso, la intervención de Germán Martínez resultó letal. «Nunca debería haber existido esta sesión», dijo de movida y agregó que Adorni «debería haber renunciado».

Pero, además, expuso las especulaciones políticas del oficialismo y sus aliados cuando deslizó: «Soy prudente y no digo las cosas que me dicen en los pasillos». Adorni sabe que hay dirigentes libertarios que lo consideran «un peso» e, incluso, sobran postulantes desinhibidos para sucederlo en el cargo.

Ritondo, Banfi y Fernando De Andreis.

Entonces, Martínez fue a fondo. «Usted se sostiene por una decisión política, la del presidente Milei», le dijo a Adorni, y después de preguntarle si terminaría como José Luis Espert o si recalaría en el directorio de YPF como Francos o Lisandro Catalán, le enrostró que «no coordina el gabinete, no tiene la confianza del Congreso y no tiene confianza de la sociedad». 

El jefe del bloque peronista remarcó que Adorni «le genera más perjuicios que beneficios al gobierno que integra». «La figura del jefe de gabinete no fue creada para que el Presidente venga a defenderlo sino para que usted defienda al Presidente. Creemos que la Argentina necesita otro jefe de Gabinete en el cual la gente crea y no un meme de redes sociales», aseguró y adelantó que la oposición seguirá trabajando para conseguir la interpelación y una moción de censura contra Adorni, lo que significaría echarlo.

Después del cuarto intermedio, el jefe de Gabinete volvió a sentarse en su silla, repitió que no contestaría a preguntas que implicaban la causa judicial por la que se lo investiga y se quejó de la intención de removerlo con un mecanismo incorporado a la Constitución con la Reforma del 94′. «Desde que existe la figura, nunca se removió a un jefe de Gabinete», sostuvo como si eso lo eximiera de ese desenlace, y señaló que la iniciativa la impulsa «un bloque con el peor prontuario delictivo desde el retorno de la democracia».

Creemos que la Argentina necesita otro jefe de Gabinete en el cual la gente crea y no en un meme de redes sociales.

Tampoco en ese momento respondió a las preguntas de Juan Marino acerca de dónde saca dinero para mover USD 100 mil al año cuando su sueldo es de 3 millones de pesos. Mucho menos atinó a lanzar carpetazos a los opositores como los libertarios se habían encargado de anunciar dos semanas atrás: el socialista Esteban Paulón hasta llevó copias de sus escrituras al recinto para taparle la boca si lo atacaba como los trolls lo hicieron por redes sociales.

Sin embargo, Adorni aprovechó al final para cargar contra Rodolfo Tailhade por preguntarle si correspondía que la custodia presidencial que le otorgó Karina Milei cuando todavía era vocero trasladara a su empleada doméstica para hacer las compras o que su esposa, Bettina Angeletti, y sus amigas la utilizaran como si fuera un servicio de Uber para irse de copas a un bar de Palermo.

Un diputado acaba de precisar el itinerario diario de mi mujer con un nivel de detalle sospechoso y con información que, en caso de que fuera cierta, sería de dudosa procedencia.

Con sus últimas energías, apuntó: «No se me pasa por alto que un diputado acaba de precisar el itinerario diario de mi mujer con un nivel de detalle sospechoso y con información que, en caso de que fuera cierta, sería de dudosa procedencia». «Esa insinuación está peligrosamente cerca de ser una amenaza a la integridad física de mi esposa», dijo -leyendo lo que sus asesores le habían escrito- y concluyó: «sé que están acostumbrados a manejarse como si Argentina fuera un país bananero pero lo que están sugiriendo es que alguien estuvo espiando al jefe de gabinete de ministros de la Nación y su familia».

Acaso la bronca de Adorni por las revelaciones de la supuesta corrupción que lo hunde cada vez más no sea el problema más grave. Después de su fallida incursión parlamentaria, queda claro que no sabe que son los padres de la escuela de sus hijos, las amigas de su esposa y los propios funcionarios de su gobierno quienes aportan información a la prensa, la oposición y el Poder Judicial.

 

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    Censura en la Casa Rosada: el gobierno de Milei prohibe el ingreso a todos los medios

     

    El gobierno de Javier Milei volvió a quedar en el centro de la polémica tras una decisión que encendió alarmas en todo el sistema democrático: prohibir el ingreso a la Casa Rosada de periodistas acreditados, una medida sin antecedentes en la historia reciente del país y que expone un patrón cada vez más evidente de autoritarismo e intolerancia frente a la prensa crítica.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    La decisión, confirmada por fuentes oficiales, implicó dejar sin efecto las acreditaciones vigentes y bloquear el acceso de cronistas a la sede del Poder Ejecutivo, bajo el argumento de una supuesta investigación por “espionaje ilegal”. Sin embargo, no se estableció un plazo ni criterios claros para revertir la medida, lo que profundiza la preocupación sobre su carácter discrecional.


    Un gobierno que responde con castigo

    Lejos de tratarse de un hecho aislado, la medida se inscribe en una lógica de confrontación sistemática del gobierno con el periodismo. En este caso, la restricción surge tras denuncias vinculadas a investigaciones mediáticas que incomodaron al oficialismo, lo que refuerza la lectura de que la respuesta estatal fue castigar a quienes informan.

    El propio Ejecutivo justificó la decisión como “preventiva”, pero evitó detallar a quiénes alcanza exactamente y bajo qué criterios. Ese nivel de opacidad no es menor: implica que el acceso a la información pública —un derecho básico en democracia— queda sujeto a la voluntad política del gobierno de turno.

    Más grave aún, distintas reconstrucciones periodísticas señalan que la medida se tomó directamente desde Casa Militar y que implica, en los hechos, cerrar las puertas de la Casa Rosada a la prensa hasta nuevo aviso.


    Antecedentes que marcan un patrón

    Lo ocurrido no es un episodio aislado sino parte de una escalada. Ya en abril, el gobierno había restringido el ingreso a periodistas de medios críticos, en el marco de una polémica por supuestas campañas internacionales contra Milei.

    A esto se suman otras decisiones que consolidan un clima hostil hacia el periodismo: desde la creación de oficinas estatales para “desenmascarar” medios hasta propuestas para silenciar preguntas incómodas en conferencias de prensa.

    Incluso organismos internacionales y entidades como Amnistía Internacional ya habían advertido sobre un deterioro en la libertad de expresión y un patrón de hostigamiento desde el poder.


    Intolerancia, relato único y disciplinamiento

    La decisión de impedir el ingreso a periodistas acreditados no solo limita el trabajo profesional: busca disciplinar el flujo de información y consolidar un esquema donde solo circulen voces afines.

    En ese contexto, el gobierno de Milei parece avanzar hacia un modelo donde el periodismo independiente es visto como enemigo, no como un actor esencial del sistema democrático. La lógica es clara: quien investiga, incomoda o cuestiona, queda afuera.

    El problema de fondo no es únicamente la medida en sí, sino lo que representa: la construcción de un poder cada vez más cerrado, intolerante y reacio al control público.


    Una señal de alerta para la democracia

    La historia argentina ofrece suficientes ejemplos de lo que ocurre cuando el poder político decide controlar o limitar la prensa. Por eso, la gravedad de esta decisión trasciende el hecho puntual: marca un precedente peligroso.

    Porque cuando un gobierno decide quién puede entrar, preguntar y contar lo que pasa, no solo restringe a periodistas: restringe el derecho de toda la sociedad a estar informada.

    Y en ese punto, la discusión deja de ser sectorial para convertirse en una cuestión central: qué tipo de democracia se está construyendo bajo la gestión de Milei.

     

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    Lola Berthet: «El objetivo de este gobierno es que la gente se muera»

     

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    Por Lola Santacreta para NLI

    La actriz Lola Berthet lanzó una de las críticas más contundentes contra el Gobierno tras conocerse el avance de una nueva iniciativa sobre discapacidad. En declaraciones públicas, sostuvo que “el objetivo es que la gente se muera”, en referencia a lo que considera un recorte sistemático de derechos y prestaciones esenciales para el sector.

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