La crisis de la maquinaria agrícola se profundiza y golpea a otra empresa

Agro de Souza, una histórica empresa bonaerense dedicada a la comercialización de maquinaria agrícola, se presentó en concurso preventivo de acreedores y se suma al creciente listado de agroempresas que están al borde de la quiebra.

Con más de 50 años de historia, la compañía con base en Coronel Suárez acusó pasivos financieros por 12.735 millones, deudas con proveedores por 8.870 millones en deudas con proveedores y obligaciones fiscales por 652 millones, englobando compromisos por 22.857 millones de pesos.

El trámite que radica en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 8 de Bahía Blanca se da en un contexto de caída de la demanda, suba de costos y un impacto de las importaciones que viene repercutiendo en la industria de la maquinaria agrícola, con casos paradigmáticos como los de Pauny y Metalfor.

Metalfor va a concurso de acreedores y se agrava la crisis en Córdoba

Así, la firma expuso el peso de los compromisos acumulados en un contexto de ventas más ajustado. El encarecimiento del financiamiento golpeó con fuerza la estructura de costos de firmas que dependen del capital de trabajo.

«Durante 2025 y 2026 se produjo la reversión del escenario que sostenía contablemente el esquema», advirtieron en la firma.

La acopiadora Surco al borde de la quiebra y temen un nuevo Vicentin

La empresa también registra problemas para afrontarobligaciones corrientes. Según datos de la Central de Deudores del Banco Central, acumula 32 cheques rechazados por más de 377 millones.

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  • Uber ofrecerá hasta 25% de descuento para ir a votar el domingo

     

    La plataforma de movilidad Uber ofrecerá este domingo un beneficio especial para los usuarios que necesiten trasladarse hacia o desde los centros de votación en las elecciones legislativas. La promoción estará disponible entre las 6 y las 22 en las más de 50 ciudades donde la empresa opera en Argentina.

    El descuento puede alcanzar hasta un 25% y se activa ingresando en la aplicación, seleccionando ‘Cuenta’ → ‘Pago’ → ‘Promociones’ y agregando el código ELECCIONES2025.

    El padrón definitivo elaborado por la Cámara Nacional Electoral (CNE) indica que casi 36 millones de ciudadanos están habilitados para votar, muchos de los cuales deberán trasladarse hasta el lugar asignado. En el país, más de 8,4 millones de personas utilizan Uber, mientras que otras plataformas de transporte como DiDi y Cabify también reúnen cientos de miles de usuarios y conductores.

    “Desde Uber trabajamos para ser una opción de movilidad confiable en todo el país. En una jornada tan importante queremos acompañar a las personas en su traslado a los centros de votación, brindando una alternativa segura y accesible”, aseguró Eli Frías, directora de Uber para Argentina, Uruguay y Paraguay.

    El costo de los viajes varía según la ciudad, la demanda, la hora y el tipo de servicio (UberX, Comfort, entre otros), y se calcula combinando una tarifa base con kilómetros y minutos recorridos. La aplicación ofrece una estimación precisa del costo antes de confirmar el viaje.

    Todos los viajes con Uber cuentan con cobertura de Galicia Seguros por Accidentes Personales y Responsabilidad Civil, que se activa automáticamente desde que el conductor acepta el viaje hasta que el último pasajero desciende del vehículo.

    Además, la plataforma dispone de herramientas de seguridad como compartir el viaje en tiempo real, grabación de audio durante el recorrido, verificación por PIN para confirmar el vehículo, sistema RideCheck ante anomalías, botón 911 y soporte 24/7, diseñadas para una experiencia más segura y cómoda.

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  • Río Negro: ratifican condena contra cinco prefectos por el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel

     

    La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena contra Sergio Cavía, Francisco Javier Pinto, Juan Obregón, Carlos Sosa y Sergio García, los cinco efectivos del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina acusados de haber asesinado a tiros por la espalda al joven mapuche de 22 años Rafael Nahuel cuando escapaba de una brutal represión en la Lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi (Bariloche), el 25 de noviembre de 2017. La cámara consideró que «cometieron el delito de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa». Tras el fallo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), querellante en la causa, afirmó que si bien «aprecia el fallo condenatorio, la sentencia no alcanzó a las autoridades de entonces, claramente involucradas en el hecho y, por tanto, responsables últimos de aquella acción criminal», en referencia a quien fuera en esos años la titular del Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich. Por ANRed.


    El fallo de Sala III de la Cámara Federal de Casación confirmó la condena dictada en diciembre de 2023 por el Tribunal Oral Federal de General Roca contra Sergio Cavía, Francisco Javier Pinto, Juan Obregón, Carlos Sosa y Sergio García, los cinco prefectos del Grupo Albatros acusados por haber asesinado a tiros por la espalda al joven mapuche de 22 años cuando escapaba de una brutal represión en la Lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi (Bariloche), el 25 de noviembre de 2017, en el marco de un operativo para desalojar un predio de Parques Nacionales recuperado por la comunidad mapuche.

    La cámara consideró que «cometieron el delito de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa«. La condena también implicó la inhabilitación de los cinco condenados para ejercer cargos públicos.

    Rafael Nahuel en una manifestación el jueves 23 de noviembre en Bariloche. Foto: Eugenia Neme, Colectivo al Margen.

     

    El asesinato de Rafael Nahuel había sido juzgado en debate oral y público a instancias del Tribunal Oral Federal de General Roca – con la integración de los magistrados Alejandro Silva, Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava – durante los últimos meses de 2023.

    Según su grado de participación en el crimen, todos recibieron la máxima pena para el delito imputado, pero ninguno fue condenado a penas superiores a cinco años y ocho meses de prisión, ya que ese es el límite previsto para la autoría del homicidio agravado con exceso de legítima defensa.

    La causa estuvo plagada de irregularidades y manipulaciones de parte de los propios prefectos y los medios comerciales masivos, que intentaron plantar pruebas y culpar a los/as manifestantes, incluso a quienes asistieron a Rafael Nahuel cuando fue herido con las balas de plomo de los prefectos, como Fausto Jones Huala y Lautaro González Curruhuinca.

    «La sentencia no alcanzó a las autoridades políticas»

    Tras la noticia, en un comunicado la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), querellante en la causa, afirmó que si bien «aprecia el fallo condenatorio, la sentencia no alcanzó a las autoridades de entonces, claramente involucradas en el hecho y, por tanto, responsables últimos de aquella acción criminal«, en referencia a Patricia Bullrich, en ese momento también ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri.

    Foto: Roxana Sposaro.

    En la misma línea, señaló que el fallo de la Cámara «estableció inequívocamente el obrar delictivo de esa fuerza de seguridad al mando de Bullrich» y «desmiente las afirmaciones que al momento de los hechos formulasen Patricia Bullrich y Mauricio Macri para encubrir y justificar la brutal acción represiva del Grupo Albatros», que fue realizada el 25 de noviembre de 2017, le costó la vida a Rafael Nahuel y dejó heridas de gravedad a Johana Micaela Colhuan y Gonzalo Coña.

    «Bullrich sigue incitando a quienes integran las fuerzas a su mando a que mantengan conductas violentas, violatorias del orden jurídico vigente, a sabiendas de que son ellos los únicos que terminan respondiendo ante los jueces por hechos execrables, que parecen desconocer que delinque no sólo quien cumple órdenes inmorales e ilegales sino también quien las ordena», agregó la APDH.

    En tanto, en declaraciones a ANDAR, el abogado Guillermo Torremare, miembro de la CPM y vicepresidente de la APDH agregó: «hay que considerar el contexto histórico en el que se inició y desarrolló la causa por el asesinato de Rafael Nahuel, con Patricia Bullrich y Germán Garavano como ministros de Seguridad y de Justicia de la Nación, respectivamente, y con discursos políticos que diariamente planteaban la absoluta inocencia de los prefectos implicados».

    «Lo que ocurrió es una verdadera cacería en la que se efectuaron más de 150 disparos de armas de fuego reglamentarias mientras las personas intentaban alejarse. El fallo de Casación sobre el asesinato de Rafael Nahuel, si bien no adoptó el criterio que pedíamos las querellas respecto a la calificación legal, es una crítica al accionar punitivo del Estado», consideró.

     

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