SIN PASO NO HAY PARAÍSO: la pelea por las reglas que puede definir la elección antes de que se vote

SIN PASO NO HAY PARAÍSO: la pelea por las reglas que puede definir la elección antes de que se vote

La pelea por las PASO es la primera batalla de 2027 y no es un trámite: define cómo va a elegir candidato cada espacio. Un oficialismo que conserva el voto más firme pero acumula rechazo, un peronismo con su jefa presa y su candidato mejor medido enfrentados, un centro que se desgrana, y outsiders que tantean sin partido. Radiografía de los jugadores, sus intereses y sus posibilidades reales.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

SIN PASO NO HAY PARAÍSO: la pelea por las reglas que puede definir la elección antes de que se vote

Falta casi un año para que los argentinos vuelvan a elegir presidente y la campaña ya empezó, aunque nadie la haya lanzado formalmente. Empezó en el Senado, donde este martes el Gobierno no consiguió las firmas para dictaminar la suspensión de las primarias. Empezó en La Plata, donde el kicillofismo y La Cámpora firman treguas que duran lo que dura una entrevista. Empezó en la Ciudad, donde el PRO y La Libertad Avanza se sacan fotos pero no cierran nada. Y empezó también afuera de la política, donde un pastor evangélico, un empresario de medios y un banquero se miden en las encuestas sin tener todavía un partido que los postule.

Para entender cómo llega cada uno conviene separar el ruido de los datos. Hay cosas que se saben: quién quiere ser candidato, qué reglas se están discutiendo, qué dicen las encuestas serias y cuánto se dispersan entre sí. Y hay cosas que nadie sabe todavía, empezando por la más importante: cómo va a estar la economía cuando la gente vote. Este análisis intenta ordenar lo primero sin disfrazar lo segundo.

Las reglas del juego: por qué las PASO valen una elección

La discusión sobre las primarias parece técnica, pero es la primera disputa de poder del ciclo. El proyecto que el Gobierno lleva al Senado ya no elimina las PASO para siempre: las suspende solo para 2027, de modo que cada partido tendría que definir sus candidatos según su propia carta orgánica. Para conseguir apoyos, la Casa Rosada sumó las listas colectoras, que permiten que una misma fórmula presidencial lleve colgadas hasta dos listas legislativas distintas en cada provincia, y una nueva versión de Ficha Limpia que impediría competir a quienes tengan una condena por delito doloso confirmada en segunda instancia.

Los números todavía no cierran. La Comisión de Asuntos Constitucionales tiene diecinueve integrantes y hacen falta diez firmas para el dictamen; el oficialismo tiene seis propias y depende de los tres radicales y de cuatro senadores provinciales. En el recinto, por tratarse de una ley electoral, necesita 37 votos. La Mesa Política que encabeza Karina Milei decidió este martes no forzar la firma y la comisión pasó a un cuarto intermedio, con la idea de votar en el recinto el jueves 26 de noviembre. El PRO acompaña la suspensión y pone Ficha Limpia como condición, mientras que en el propio bloque libertario hubo objeciones: Gerardo Milman, cercano a Patricia Bullrich, advirtió que las colectoras podrían ser inconstitucionales para la elección de senadores, porque alteran el reparto entre mayoría y primera minoría.

El oficialismo defiende la suspensión con un argumento de costo. «La Argentina no necesita PASO. No tiene ningún sentido que los contribuyentes paguen la interna de los partidos», sostuvo Martín Menem, que recordó que las primarias ya se habían suspendido en 2025. Pero el efecto político va mucho más allá del ahorro. Sin primarias obligatorias, la oposición pierde el mecanismo que le permitía competir adentro de un mismo frente y ordenarse con el voto de la gente. Cada interna tendría que resolverse en mesas cerradas, por encuestas o por la fuerza de los aparatos partidarios, y los que pierdan esa pulseada tendrían menos incentivos para quedarse. Para un gobierno que va a la reelección con una sola candidatura indiscutida, un adversario obligado a dirimir su liderazgo sin reglas públicas es un adversario más expuesto a la fragmentación.

Hay además un efecto que toca de lleno a Cristina Fernández de Kirchner. Su abogado, el exjuez español Javier Borrego, sostuvo públicamente que la expresidenta podría presentarse en una PASO a pesar de la inhabilitación, porque las primarias no son una elección para un cargo público. Con las PASO suspendidas, ese camino desaparece, y Ficha Limpia agregaría un segundo cerrojo legal. Por eso la discusión sobre las primarias es, al mismo tiempo, una discusión sobre la interna peronista.

El oficialismo: el voto más firme y el mayor rechazo

Javier Milei confirmó que va por la reelección y aseguró en agosto que ya tiene elegido a su compañero de fórmula, aunque se reservó el nombre. Lo que sí está claro es que no será Victoria Villarruel: la ruptura con la vicepresidenta es total, ella dejó trascender su aspiración presidencial y respondió a los pedidos de renuncia diciendo que ocupará su cargo hasta el 10 de diciembre de 2027.

El dato central del oficialismo es una paradoja que se repite en casi todos los relevamientos: Milei conserva el núcleo de apoyo más sólido del sistema político, pero también el rechazo más alto. La encuesta nacional de Tendencias, hecha sobre 5.578 casos entre el 26 de octubre y el 2 de noviembre, lo describe con precisión: el Presidente tiene el voto más firme y, a la vez, el mayor nivel de rechazo. Proyección Consultores, que relevó del 1 al 9 de noviembre, le da 38,9% de imagen favorable contra 56,1% de desfavorable, y AtlasIntel registró en el mismo período 36% de imagen positiva y 62% de negativa. Es un piso alto para una primera vuelta y un techo bajo para un balotaje.

Adentro, el oficialismo funciona como un sistema de tribus. Karina Milei conduce el partido y la Mesa Política, y se apoya en el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y en su primo Eduardo «Lule» Menem, que negocia con los gobernadores junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli. Del otro lado quedó Santiago Caputo, cuya guerra con los Menem estalló en público en mayo, con cruces en redes que dejaron prácticamente sin funcionar a la mesa política donde todos convivían. El otro polo de poder es Patricia Bullrich, jefa del bloque en el Senado, que se diferenció del Presidente cuando criticó su frase sobre «quemar en la hoguera» a los periodistas que investigaron el caso $LIBRA y que hoy no participa de la negociación con los gobernadores que llevan Santilli y Lule Menem.

El año dejó además heridas propias. Manuel Adorni tuvo que dejar la Jefatura de Gabinete a fines de junio, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, y Santilli, que llegó desde el PRO, asumió en su lugar el 30 de junio. Fue una señal doble: el Gobierno necesitó un armador con oficio para recomponer la relación con los gobernadores, y al mismo tiempo admitió que su elenco original no alcanzaba. Martín Menem fijó la regla de las alianzas para 2027: habrá acuerdos con los gobernadores que compartan la agenda de reformas del Presidente.

Todo eso descansa sobre una economía que no termina de despegar. La inflación de octubre fue de 2,2% y acumuló 26,3% en los primeros diez meses del año, mientras que el crecimiento esperado para 2026 se fue recortando: el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central lo bajó a 1,5% y varias consultoras lo ubican por debajo del 1%. La apuesta libertaria es llegar a 2027 con la desinflación como bandera. Su riesgo es que el bolsillo vote antes que las planillas.

El peronismo: una jefa presa, un candidato que mide y un árbitro que quiere jugar

El peronismo tiene el problema inverso al del oficialismo. Le sobran aspirantes y le falta una regla aceptada por todos para elegir entre ellos. En el centro está la situación de Cristina Fernández de Kirchner, que cumple prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111 desde que la Corte Suprema confirmó su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad. En una entrevista con The Washington Post, la primera con un medio internacional desde que está detenida, dejó la puerta abierta: «Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?». Su defensa recurrió al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para pedir la revisión de la causa y su habilitación electoral.

La Cámpora convirtió esa posibilidad en consigna. Máximo Kirchner dijo que Cristina tiene la voluntad de ser candidata y fue explícito: «Nosotros queremos que Cristina sea candidata en 2027». También denunció que dentro del peronismo hay «un boicot» a la figura de su madre. La lectura detrás de esa estrategia es clara: mientras el nombre de Cristina siga en juego, nadie puede reclamar para sí la conducción del espacio.

Enfrente está Axel Kicillof, que es el dirigente opositor que mejor mide y el que más claramente se anotó para la carrera. Ante un grupo de 43 intendentes y dirigentes dijo que está dispuesto a competir en una interna o en las PASO contra quien sea, incluidos Massa y la propia Cristina. Su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, respondió a la entrevista del Washington Post con una frase que resume la estrategia: «El pueblo peronista va a definir quién nos representa como candidato a presidente». Por eso el kicillofismo defiende las primarias: sin PASO, el que tiene los votos afuera pierde el instrumento para imponerse adentro frente a los que controlan el partido. Y el Partido Justicialista nacional lo preside Cristina.

En la provincia, la convivencia es una tregua administrada. Desde febrero Kicillof preside el PJ bonaerense y Máximo Kirchner conserva la presidencia del congreso partidario, que se reunirá este sábado 21 de noviembre en La Plata. Los dos se juntaron a principios de mes para bajar la tensión, pero la disputa por 2027 sigue abierta y se mezcla con otra igual de importante: quién sucede a Kicillof en la gobernación del distrito más grande del país.

El tercer vértice es Sergio Massa. El líder del Frente Renovador no lanzó formalmente nada, pero ordenó a su tropa reactivar el armado territorial distrito por distrito en la provincia de Buenos Aires y no descarta una candidatura presidencial propia. Su apuesta es llegar a una eventual interna con la mayor cantidad de territorio posible, que le sirva como carta de negociación tanto frente a Kicillof como frente al kirchnerismo. Massa se presenta como el que puede unir, pero en el propio peronismo hay quienes advierten sobre su imagen negativa y sobre el recuerdo de su paso por el Ministerio de Economía. En la lista de aspirantes también figuran Juan Grabois, que se lanzó como precandidato y pidió dirimir todo en una PASO, y el exgobernador sanjuanino Sergio Uñac.

Ya en octubre, la cumbre entre Kicillof, Máximo Kirchner y Massa había mostrado que los tres tienen algo que el resto necesita y que ninguno tiene todo. Esa ecuación sigue igual. El peronismo puede llegar a 2027 con una competencia interna ordenada, con una unidad negociada o fragmentado. Si las PASO se suspenden, la primera opción se vuelve mucho más difícil.

El centro que se desgrana: PRO, radicales y gobernadores

El espacio que alguna vez fue Juntos por el Cambio llega a 2027 sin candidato propio y sin estrategia común. Mauricio Macri decidió no ser candidato a presidente, según confirmó el secretario general del PRO, Fernando de Andreis, y el partido se propuso avanzar hacia un frente con La Libertad Avanza. Pero el propio Macri admitió a fines de octubre que en esa negociación «no se avanzó nada». El nudo es territorial: el PRO quiere preservar los distritos que gobierna, empezando por la Ciudad, y los libertarios quieren crecer justamente ahí.

La Ciudad es el ejemplo más claro. Jorge Macri busca la reelección y en La Libertad Avanza el nombre que más suena para enfrentarlo, o para negociar con él, es el de Bullrich. La senadora dijo que «no es imposible» que compita por la jefatura de Gobierno y que se tiene «una fe bárbara», aunque al mismo tiempo circularon versiones de que prefiere otro destino, sea la fórmula presidencial o un lugar nacional. La definición porteña va a decir mucho sobre si el PRO termina como socio menor del oficialismo o como fuerza con juego propio.

Los gobernadores que en 2025 lanzaron Provincias Unidas como tercera vía tampoco tienen hoy un proyecto nacional conjunto. Casi todos se juegan su propia continuidad en 2027 y priorizan la reelección en sus provincias. Maximiliano Pullaro volvió a reunir en septiembre a Martín Llaryora, Ignacio Torres y Juan Pablo Valdés y se habló otra vez de una alternativa de centro, pero en el entorno del santafesino no descartan una alianza con los libertarios. Las colectoras que ofrece la Casa Rosada están pensadas exactamente para ellos: les permiten apoyar la boleta presidencial de Milei sin entregarle sus listas legislativas.

Los outsiders y la izquierda

El desgaste de la polarización abrió una ventana para figuras de afuera de la política, aunque por ahora todas tienen el mismo problema: les falta partido. El pastor evangélico Dante Gebel, radicado hace años en Estados Unidos, tiene detrás un espacio, Consolidación Argentina, creado para impulsar su candidatura, y viene sumando contactos políticos, sindicales y empresariales, pero no confirmó que vaya a competir. El fundador de Infobae, Daniel Hadad, no descartó una candidatura presidencial y fijó su propio plazo: «Para el 28 de noviembre voy a tener todas las cartas en la mesa». El banquero Jorge Brito aparece mencionado como una opción de centro, y en esa misma lista de nombres que amagan figuran también el economista Carlos Melconian y el consultor Federico González.

En la izquierda, Myriam Bregman es la referente con más proyección. Proyección Consultores le asigna 7,9% de intención de voto presidencial, una cifra alta para el Frente de Izquierda, aunque para ser candidata primero tiene que imponerse en la interna de su propio frente. Su crecimiento es también un problema para el peronismo, que ve en ella un destino posible para parte del voto joven y desencantado.

Qué dicen las encuestas, y qué no

Las encuestas de noviembre coinciden en lo grueso y difieren en los detalles. Proyección Consultores ubica a Milei primero con 34,5% contra 31,2% de Kicillof. Tendencias registra un empate técnico, con Kicillof en 34% y Milei en 33,8%, pero en un eventual balotaje le da al gobernador 47,4% contra 36,9% del Presidente. RDT Consultores también da un empate técnico en segunda vuelta, con 37,2% para Kicillof y 36,2% para Milei; en un escenario de primera vuelta que incluye a Massa, Milei obtiene 28,9%, Kicillof 19,8% y Massa 11,4%. CELAG, por su parte, mide un balotaje prácticamente empatado: 42,7% para Kicillof y 42,5% para Milei.

Leídas en conjunto, las encuestas muestran tres cosas. La primera es que la elección hoy es de dos: Milei y Kicillof concentran la mayor parte de las preferencias y nadie más supera los diez puntos de manera consistente. La segunda es que la ventaja de Kicillof crece en el balotaje y no en la primera vuelta, lo que sugiere que el rechazo a Milei es más amplio que la adhesión al gobernador. La tercera es que la dispersión entre consultoras es grande: entre un empate y diez puntos de diferencia hay un mundo, y ninguna medición a un año de la elección es un pronóstico.

Las preguntas que van a definir 2027

Con todo lo que se sabe, el mapa se ordena alrededor de unas pocas preguntas abiertas. ¿Consigue el Gobierno suspender las PASO? Si lo logra, gana una ventaja estructural: llega con candidato único frente a una oposición que tendrá que resolver sus internas sin reglas públicas. ¿Recupera Cristina sus derechos políticos? Si no los recupera, la pregunta pasa a ser si respalda a Kicillof o si el kirchnerismo empuja a otro nombre, y si esa decisión llega a tiempo. ¿Se arma el frente entre el PRO y La Libertad Avanza o se divide el voto antiperonista en la Ciudad y en las provincias? ¿Algún outsider consigue un sello y una estructura antes del cierre de listas, o la ventana se cierra sola?

Y por encima de todas está la pregunta que ningún armado puede responder: cómo va a llegar el bolsillo de los argentinos a la segunda mitad de 2027. El oficialismo apuesta a que la desinflación alcance. La oposición apuesta a que el estancamiento y el rechazo pesen más. Lo que muestran hoy los números es una elección abierta, con un Presidente que tiene el piso más firme y el techo más bajo, y un peronismo que puede ganar o perder la elección antes de que se vote, según cómo resuelva su propia interna.

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  • En Los Ángeles irrumpe la agresión policial-militar de la administración Trump

     

    Tropas de la Guardia Nacional de California y agentes de Policía montan guardia mientras la gente asiste a una manifestación contra las redadas federales de inmigración, en Los Ángeles, California, EE. UU., el 9 de junio de 2025. © Reuters – David Ryder

    Hoy, cuando han transcurridos días de la ofensiva policial-militar del gobierno fascistoide de Trump, trabajadores migrantes se debaten entre salir de sus casas para buscar el sustento diario de los suyos corriendo el riesgo de ser arrestados y deportados o aumentar la situación de miseria en la que viven. Mientras tanto, las luces de neón de Hollywood le siguen mostrando al mundo un sueño de país y economía que dista mucho de la tragedia en la que viven los humildes que con esperanzas llegan a los Estados Unidos. Pero no todo está perdido: cada hora se eleva el número de nacionales norteamericanos, de la clase trabajadora de ese país, que se unen a las protestas y rechazan el fascismo trumpista. En lo inmediato, las manifestaciones – locales e internacionales – del 14 de junio deberán, como mínimo, demostrar la capacidad que tiene el pueblo estadounidense en lucha de movilizarse, y, de esa manera, aguarle no solo el cumpleaños a Donald Trump sino también su inhumana política migratoria. Por Luis Bonilla-Molina (1) y Jorge Lefevre Tavárez (2)*.


    Introducción

    José es un conductor hondureño, trabajador precario de la plataforma de Uber, quien ha tomado un servicio para buscar a Olivia en el distrito de Hollywood, de los Ángeles. Aunque hace más de una década obtuvo la ciudadanía norteamericana, no puede evitar sentir temor al percatarse que su pasajera es latina, así que enmudece para no asumir el riesgo de tener que hablar en el idioma prohibido del español.

    La ruta solicitada no pertenece a una de las zonas de acción del Servicio de Control de Inmigración de Aduanas (Immigration and Customs Enforecement, llamados en todos lados por sus siglas en inglés, ICE), ni las fuerzas policiales anti migrantes, pero prefiere tomar un par de desvíos por calles que acaba de comprobar que están exentas de operaciones policiales y protestas. El temor del conductor y la pasajera se expresan en las miradas que se cruzan en el retrovisor, como si ambos supieran que estaban en riesgo, como los centenares de migrantes detenidos los últimos días. Prende la radio y las noticias hablan de incidentes callejeros y el incremento de detenciones a la población trabajadora del Estado de California.

    Manifestantes se enfrentan con las autoridades en el centro de Los Ángeles, el domingo 8 de junio de 2025, tras las protestas contra las redadas migratorias de la noche anterior. (AP Foto/Jae Hong, Archivo)

    Miles de niños quedan atrapados en sus casas por temor a ser separados de sus padres, mientras la juventud latina prefiere perder el semestre en la universidad antes que ser tratados como delincuentes, por el único delito de ser hijos de trabajadores pobres que fueron tras el sueño americano. En estos días, enfermarse y tener que acudir al médico, puede convertirse en el boleto a una celda. La indignación recorre las calles de Los Ángeles y las ciudades de California.

    Antecedentes

    En su campaña electoral de 2024, Donald Trump prometió liderar la ¨mayor operación de deportación¨ en la historia de los Estados Unidos. Esto, como parte de su discurso reaccionario, nacionalista y xenofóbico, que culpa a la población migrante de robar empleos, y criminaliza esta población llamándoles ilegales y criminales. Esta promesa de campaña no impidió que, según Prensa Asociada, un 43% del voto latino haya sido emitido a favor de Trump en los comicios de noviembre. Esto en parte se debe a que la política del Partido Demócrata hacia los migrantes está lejos de ser un trato humano; Joseph Biden, como presidente, llegó a deportar a un número mayor de migrantes que Trump en su primera presidencia, y Barack Obama, más que George Bush, hijo. Pero la política de terror que ha implementado Trump en su segundo mandato no tiene precedente reciente.

    Luego de las elecciones, y habiendo triunfado, el proyecto racista de Trump arrancó desde el inicio de su mandato el 20 de enero de 2025, cuando aprobó la Ley Ejecutiva anti migrantes. Esta moviliza las fuerzas del estado, particularmente a ICE, para hacer redadas y prácticamente secuestrar a personas para procesarlas y deportarlas de Estados Unidos. Al ser política del gobierno federal, requiere la complicidad de los gobiernos estatales. Se ha dicho que en ocasiones se les ha puesto una cuota de deportaciones a las agentes federales. Ha habido, igual, detenciones de personas que cuentan con documentos para permanecer en territorio estadounidense, y son igualmente desplazados. Son verdaderas campañas de terror, que tienen a la población migrante en una situación de extrema vulnerabilidad, y que ha llevado a grandes ausentismos en los trabajos y en las escuelas por miedo al acecho.

    David Ryder / REUTERS.

    En los meses transcurridos desde que asumió su segundo mandato, Trump ha intensificado las acciones contra la población migrante, especialmente la latina. Una de las poblaciones más afectadas es la venezolana, que tiene una diáspora de cerca de 8 millones de ciudadanos, muchos de los cuales se encuentran en los Estados Unidos. A pesar de que Nicolás Maduro se ha convertido en el gran aliado energético de los Estados Unidos, entregando en condiciones coloniales el petróleo venezolano a los gringos, Trump usa el fantasma del enemigo ideológico para expulsar y devolver a Venezuela la población del país dirigido por su aliado seudo izquierdista.

    Ningún rincón del territorio estadounidense queda a salvo de esta política. Puerto Rico, colonia caribeña de Estados Unidos desde el 1898, con una población latina, también es víctima de esta política, en este caso, en particular la comunidad migrante de República Dominicana y de Haití. Esto, lamentablemente, con la complicidad del actual gobierno trumpista del Partido Nuevo Progresista y la gobernadora Jenniffer González. El Departamento de Transportación y Obras Públicas le entregó a ICE la dirección de 6,000 personas indocumentadas que contaban con licencias de conducir, desvirtuando una ley aprobada originalmente con la intención de incorporar a personas indocumentadas a la vida social del país. A esta fecha, ya ICE ha arrestado a 568 inmigrantes en Puerto Rico, de los cuales 421 son dominicanos.

    Después de eliminar, restringir y someter a evaluación los estatus de toda la población migrante, ahora ha lanzado una ofensiva policial-militar sobre California, el Estado con mayor población extranjera, quienes juegan un papel esencial en la economía regional; en 2022, California aportó 692 millones de dólares en impuestos federales, equivalente al 15% el total de los ingresos federales de los Estados Unidos, mientras que se estima que en 2023 California envió 78 millones de dólares más de lo que recibió de fondos federales.

    Narrativa de los hechos de junio 2025

    Las redadas masivas de captura de migrantes iniciadas el 6 de junio mostró que se estaba entrando en un escalamiento de las políticas anti migración. Las operaciones de ICE se ejecutaron con especial brutalidad y violación de los derechos de la población migrante. El despliegue de la Guardia Nacional de California, el 7 de junio, generó respuestas y resistencias sociales en Paramount, Compton y el propio centro de Los Ángeles. No es para menos: la Guardia Nacional, un cuerpo militar que cada estado tiene y que responde simultáneamente a cada estado y al gobierno federal, en los Estados Unidos no suele movilizarse para acciones como esta (la propia propaganda de reclutamiento indica que se espera que un miembro de la Guarda Nacional sea movilizado “una vez cada dos o tres años”). Esto ha llevado a una pugna entre el gobierno estatal de California, que repudia la movilización de la Guardia Nacional en estas protestas, y el gobierno federal que los movilizada. Esto explica, también, la razón por la que grandes sectores de la Guardia Nacional han ignorado el llamado de Trump y no se han dejado movilizar (se estima que de los 2000 efectivos de la Guardia Nacional que se pretendía movilizar, solo han podido hacerlo con 300).

    El 6 de junio, entre 8 y 10 de la mañana, agentes del ICE junto con agentes el Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS), el Buró Federal de Investigación (Federal Bureau of Investigation, FBI) y la Administración de Control de Drogas (Drug Enforcement Administration, DEA) realizaron redadas en un almacén textil arrestando a unos 44 trabajadores que fueron trasladados al Centro de Detención Edward R. Roybal, lo cual provocó protestas frente a este centro de confinamiento. Esto generó las primeras contradicciones en el establishment gringo.

    La policía de Los Angeles se enfrenta con manifestantes. Imagen: EFE / EPA / Caroline Brehman.

    En paralelo, ICE había tomado la Tienda Home Depot, en Paramount CA, deteniendo a latinos, a lo cual respondieron con protestas unos 400 manifestantes.  Surgieron las primeras denuncias respecto a la imposibilidad que tenían los prisioneros de acceder a un abogado, poniéndose de manifiesto la violación de los derechos humanos y las garantías mínimas procesales a quienes eran calificados como ilegales y sujetos a deportación.

    El 7 de junio, continuaron las operaciones anti migrantes en el Atlantic Boulevard, incrementando las detenciones, pero también las protestas que culminaron en la quema de un vehículo. Los protestantes marchaban con banderas nacionales de los países de la región. Algo similar ocurrió en Compton.

    Mientras la policía disparaba balas plásticas y gases lacrimógenos para dispersar las protestas, el funcionario de la administración Trump, Tom Homan, anunciaba el despliegue de 2.000 efectivos de la Guaria Nacional, lo cual generó que los concejales de Los Ángeles aprobaran 500 millones de dólares para fondos legales de protección a migrantes. Esa noche, centenares de manifestantes se concentraron frente al Edward R. Roybal Federal Building, vociferando la consigna de “¡ICE fuera de los Ángeles!”, a lo que Trump respondió en la red social Truth Social defendiendo las redadas.

    El capítulo de la American Civil Liberties Union (ACLU, una organización sin fines de lucro que vela por los derechos de la población) del Sur de California expresó su intención de retar las medidas represivas en los Tribunales, y calificó la jornada como un operativo militar.

    El 8 de junio, 300 guardias nacionales, armados hasta los dientes, con rifles largos y escudos anti motines, se apostaron frente al Metropolitan Detention Center en el propio centro de Los Ángeles. Mientras esto ocurría, al grito de “¡Paren las deportaciones!”, miles de manifestantes se reunían en la Mariachi Plaza con banderas de México, Honduras y El Salvador. La Policía de Los Ángeles (LAPD) y la Patrulla de Caminos de California (CHP) dispersaron con gases lacrimógenos a los manifestantes.

    Imagen: Daniel Cole.

    El gobernador de California, Kevin Newson, y el sheriff, Robert Luna, exigieron por la red social X que la Guardia Nacional debía retirarse. Esa noche, comenzaron los llamados a taxis autónomos (sin conductores) que al llegar al sitio eran quemados por pobladores indignados, como señal de protesta.

    El 9 de junio, las protestas continuaron frente a los centros de detención, con un saldo de 27 manifestantes detenidos. Mientras el gobernador Newson anunciaba que demandaría a Trump por movilizar a la Guardia Nacional del estado de manera ilegítima, la congresista Nanette Barragán por un distrito de California develaba que el gobierno federal intencionaba que las redadas en Los Ángeles continuarían por 60 días, apareciendo Nueva York como el próximo territorio a ser ocupado por las fuerzas anti migrantes.

    El 10 de junio el Pentágono confirmaba que desplegaría en Los Ángeles 700 marines, fuerzas militares con alta capacidad destructiva y aniquiladora de vidas humanas. Esto sería una nueva escala de las políticas migratorias que coloca a la clase trabajadora latina como enemigo ideológico de los Estados Unidos, no obstante, al parecer este contingente no ha podido ser movilizado por resistencias internas de efectivos de esta fuerza élite. Ante este anuncio el gobernador de California solicitó públicamente revertir la medida, lo que muestra la agudización de las contradicciones entre sectores del capital norteamericano, cuya evolución y correlación de fuerzas será determinante en los acontecimientos de los próximos días.

    Si bien los datos oficiales son escasos, es un hecho que las protestas ciudadanas y las contradicciones entre la administración federal de Trump y el liderazgo local, especialmente del Gobernador de California y la alcaldesa de la ciudad de Los Ángeles, han hecho disminuir el número de arrestos los días 10 y 11 de junio.

    Mientras tanto, se eleva el número de manifestantes que protestan las medidas, con pancartas que señalan Fuck ICE; ciudadanos norteamericanos salen de sus casas a evitar la deportación de vecinos, mostrando que el verde oliva y las armas de la Guardia Nacional no son suficientes para detenerlos

    Las resistencias antifascistas

    Las manifestaciones y choques de la población migrante contra el aparato policial-militar y ICE, si bien son un reflejo de sobrevivencia, son también signos de maduración política contra las políticas reaccionarias del gobierno federal, incluyendo sectores que incluso votaron a Trump. El alto apoyo de la población latina con voto hacia Trump, por ejemplo, que se mencionó al inicio de este artículo, ha decaído estrepitosamente, según encuestas recientes. Una parte importante de las movilizaciones en Los Ángeles ha sido de la comunidad latina, a la vez de las más vulnerables y de las más militantes. Se dice que las actuales movilizaciones pueden ser un presagio de un movimiento similar al “Black Lives Matter” de hace algunos años. Además, estas resistencias comienzan a ser expresión de enfrentamiento a las políticas fascistoides de la administración norteamericana.

    Si bien los sectores liberales se oponen a las políticas de Trump, ha habido una oposición igualmente insistente a la manera en que estas manifestaciones se han desarrollado. La alcaldesa de Los Ángeles se ha expresado en contra de las manifestaciones violentas. La policía de Los Ángeles declaró que las concentraciones en el centro de la ciudad, eran asambleas ilegales y los participantes serían castigados con el peso de la Ley. Bernie Sanders, incluso, ha manifestado simpatía con la resistencia no-violenta que promovía Marthin Luther King, en oposición a lo que se ha visto en Los Ángeles. Ante eso, conviene recordar las propias palabras de Marthin Luther King:

    “Y debo decir esta noche que un motín es el lenguaje de los que no son escuchados. ¿Y qué es lo que Estados Unidos no ha escuchado? … No ha escuchado que las promesas de libertad y justicia no se han cumplido. Y no ha escuchado que grandes segmentos de la sociedad blanca están más preocupados por la tranquilidad y el statu quo que por la justicia y la humanidad”.

    Imagen: Univisión.

    Ya hay una convocatoria para manifestaciones a nivel nacional para el 14 de junio, en el que los sectores en lucha han llamado a una protesta “No Kings”, o “sin reyes”. Si bien esta se había convocado con anterioridad a los motines en Los Ángeles, estos hechos han aumentado el interés y la participación en ella.

    El mismo 14 de junio, Trump pretende simultáneamente conmemorar su nacimiento – cumple 79 años – y celebrar los 250 años del ejército estadounidense, con un despliegue militar en Washington, D.C que se indica que costará unos $45 millones. Los sectores en lucha, para denunciar el autoritarismo de Trump, favoreciendo el llamado a un gobierno sin “rey” y la vuelta a la “democracia”, convocan a manifestaciones en cada uno de los 50 estados de los Estados Unidos para ese día. Sin embargo, las manifestaciones no se limitan a 50 ciudades, sino que ya superan en número a las 2,000, y también se celebran fuera del territorio estadounidense: en las Islas Vírgenes, en México, en Canadá, en países en Europa y en África y en Puerto Rico (donde el llamado es doble: contra Trump, contra la gobernadora Jenniffer González). A estas manifestaciones se han unido importantes sectores sindicales. Se acrecienta el entusiasmo y la militancia de camino a la manifestación.

    La amenaza de guerra civil para consolidar el poder

    Gaby Hinsliff advierte en una columna en The Guardian que el despliegue militar en Los Ángeles tendrá un impacto directo en la democracia norteamericana. En efecto, la intervención del gobierno federal en los estados, y el despliegue militar de estas semanas, demuestra la tendencia creciente del gobierno de Trump hacia el autoritarismo, impulsando el poder ejecutivo por encima del estatal e incluso de la rama judicial.

    El 9 de junio de 2025, Sunny Hostin señalaba en el programa de televisión The View que el caos fascistoide que genera esta situación está abriendo la posibilidad de una guerra civil en los Estados Unidos. Sin embargo, un escenario de guerra civil no pareciera estar planteado -al menos en el corto plazo- porque aún no se ha afectado de manera decisiva las cadenas productivas y los círculos de inversión en ese país. Solo una quiebra del modelo de acumulación de capital, en el cual los migrantes participan como mano de obra, podría plantear un riesgo de este tipo, pero en realidad no ha sido rota aún la proporción entre necesidades de absorber empleo y el ejército de reserva que sigue siendo aún muy numeroso.

    Ciudades y condados de California con políticas ‘santuario’ protegen inmigrantes al limitar la cooperación con ICE. | Composición: La República.

    Lo que es evidente, es que el caos le favorece a la consolidación del modo autoritario unipersonal que quiere implementar Trump. Este caos programado, le permitiría gobernar con poderes especiales, disminuyendo el margen de acción del Congreso y el poder judicial, especialmente con este último con el cuál se incrementan las tensiones a partir del desarrollo de la política anti migratoria.

    La urgencia de la solidaridad internacional

    Las políticas de ataque a la población migrante están en el corazón de las políticas de la nueva derecha mundial y los expresiones fascistas cada vez más comunes en gobiernos dirigidos por la ola neoconservadora mundial que encarna Trump. En ese sentido, la solidaridad hacia el pueblo estadounidense y hacia la comunidad de indocumentados debería incluir, no solo actividades y manifestaciones a favor de esta, sino también acciones y manifestaciones en contra de las expresiones reaccionarias y autoritarias en cada país. Todas las fuerzas progresistas, democráticas, defensoras de los derechos humanos y de izquierdas tienen que conformar un amplio frente mundial que enfrente con la movilización y las ideas este ataque a la clase trabajadora migrante.

    Esta alianza mundial alternativa no puede ocultar los acuerdos a los que han llegado muchos gobiernos de la región para servir de anillo de contención y apoyo a las políticas trumpistas, deteniendo y criminalizando a quienes se mueven por necesidades, hacia el norte imperialista. Tampoco se pueden ocultar las políticas anti clase trabajadora de gobiernos nacionales, aliados a sus burguesías de sus países, quienes sostienen niveles de precarización salarial que expulsan a los migrantes; muchos de estos gobernantes quieren pescar en río revuelto, criticando a Trump a la par que destruyen el salario de la clase trabajadora de sus connacionales. Por tanto, una expresión internacional alternativa tiene también que poner los puntos sobre las íes, y promover una visión democrática de la sociedad, lejos del irracionalismo reaccionario, pero también de las políticas anti obreras del establishment liberal. Esta alianza alternativa mundial tiene que ser construida, además, dialogando con la población migrante, organizando junto a ellos acciones internacionales de enuncia y protesta, que tengan en la movilización su estrategia central.

    Los migrantes no son números sino vidas humanas

    Hoy, cuando han transcurridos días de la ofensiva policial-militar del gobierno fascistoide de Trump, trabajadores migrantes como José, Olivia, Marcos, Raúl, Luis o Pepe, se debaten entre salir de sus casas para buscar el sustento diario de los suyos corriendo el riesgo de ser arrestados y deportados o aumentar la situación de miseria en la que viven. Mientras tanto, las luces de neón de Hollywood le siguen mostrando al mundo un sueño de país y economía que dista mucho de la tragedia en la que viven los humildes que con esperanzas llegan a los Estados Unidos.

    Pero no todo está perdido, cada hora se eleva el número de nacionales norteamericanos, de la clase trabajadora de ese país, que se unen a las protestas y rechazan el fascismo trumpista. Solo un despertar el pueblo norteamericano puede salvar al pueblo migrante de este ataque del complejo policial-militar liderado por Trump. En lo inmediato, las manifestaciones – locales e internacionales – del 14 de junio deberán, como mínimo, demostrar la capacidad que tiene el pueblo estadounidense en lucha de movilizarse, y, de esa manera, aguarle no solo el cumpleaños a Donald Trump sino también su inhumana política migratoria.


    [1] Profesor e investigador venezolano. Actualmente profesor visitante em la Universidad Federal de Sergipe (UFS) de Brasil. Integrante del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) e integrante del movimiento del Congreso Mundial contra el Neoliberalismo educativo.

    [2] Profesor universitário. Vicepresidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) y militante del Movimiento Político Victoria Ciudadana.

    Fuente: https://luisbonillamolina.com/2025/06/11/en-los-angeles-irrumpe-la-agresion-policial-militar-de-la-administracion-trump/

     

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